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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05370-00

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05370-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el proveído de 15 de septiembre Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05370-00 Actora: ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ de 2022, proferido por la SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-42-000-2021-00475 -01. En consecuencia, ORDENAR a la SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte una decisión de reemplazo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05370-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05370-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ

TESIS: AMPARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA ACTORA.
LA AUTORIDAD JUDICIAL INCURRIÓ EN EL DEFECTO MATERIAL O
SUSTANTIVO, POR CUANTO INAPLICÓ LAS MODIFICACIONES
EFECTUADAS A LOS ARTÍCULOS 20 Y 21 DE LA LEY 640 DE 2001 EN
LO RELACIONADO CON LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL
TRÁMITE DE LAS CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A CARGO DE
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN VIGENCIA DEL
DECRETO 491 DE 2020.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

1
En adelante la Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05370-00
Actora: ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la

SECCIÓN SEGUNDA, al proferir el auto de 15 de septiembre de

2022 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-

42-000-2021-00475 -01.

I.2. Hechos

Manifestó que promovió demanda en ejercicio del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho contra la FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin de obtener la nulidad del acto

administrativo por el cual se aceptó su renuncia y, a título de

restablecimiento del derecho, el reintegro al cargo que venía

desempeñando y el pago de las acreencias dejadas de percibir.

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Actora: ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ

Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 25000-23-42-000-2021-00475 -01 y, correspondió por

reparto a la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN C- del TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 2 que, en proveído de 4

de agosto de 2021, rechazó la demanda por caducidad.

Indicó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación

ante la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante auto de 15 de

septiembre de 2022, confirmó la decisión del a quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la providencia emitida por la SECCIÓN SEGUNDA

incurrió en defecto material o sustantivo, al desconocer e

inaplicar el artículo 9 del Decreto 491 de 2020, a través del cual se

modificó el plazo de los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 y,

extendió a 5 meses el plazo para que la Procuraduría General de la

Nación celebrará las audiencias de conciliación extrajudicial.

Señaló que la demanda fue radicada dentro del término legal y

oportuno y que la autoridad judicial accionada no efectuó un análisis

jurídico de la disposición normativa idónea y vigente al momento de

2
En adelante el Tribunal.

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la expedición de la providencia objetada, vulnerando directa e

inminentemente sus derechos fundamentales.

Igualmente, sostuvo que la decisión cuestionada incurrió en

violación directa de la Constitución, pues, a su juicio, la autoridad

judicial omitió la advertencia presentada por el Ministerio Público,

quien, en ejercicio de sus funciones de rango constitucional, allegó

un escrito al plenario informando sobre la posible vulneración de los

derechos fundamentales si se mantenía incólume la decisión de

primera instancia.

I.4. Pretensiones

La actora solicita que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO. - En atención a los argumentos antes expuestos
solicito se amparen los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia a favor de la ciudadana
ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ, identificada con cedula de
ciudadana número 39.684.801 de Bogotá.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, solicito se
ordene REVOCAR Y DEJAR SIN EFECTO la providencia judicial
(Auto), dentro del expediente 2021-475-01 proferido con fecha
15 de septiembre del año 2022, y notificada vía correo electrónico
con fecha 05 de Octubre del año 2022,y por estado del día 07
de octubre del año 2022, por la sala de decisión de la Sala
de lo contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, conformada así: Consejero Ponente. Rafael Francisco Suarez
Vargas, Integrantes de sala, William Hernández Gil y Gabriel

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Valbuena Hernández, por medio de la cual se confirmó la decisión
adoptada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C Magistrado
ponente: Dr. Carlos Alberto Orlando Jaiquel, expediente 2021- 475,
de dar por rechazada la demanda al operar el fenómeno de la
caducidad.

TERCERO. - Ordenar a la Sala de lo contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, que
profiera una nueva providencia, en la cual se haga una valoración
adecuada sobre el objeto de apelación de acuerdo a las reglas
normativas y jurisprudenciales vigentes para y aplicables a su
resolución, teniendo para tal efecto en cuenta la intervención del
recurrente y la del Ministerio Publico obrantes en el expediente.
[…]”.

I.5. Defensa

I.5.1. La SECCIÓN SEGUNDA indicó que las razones de hecho y de

derecho que sustentan la providencia cuestionada, se encuentran

debidamente señaladas en su parte motiva.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El TRIBUNAL aseguró que la decisión cuestionada fue

proferida con prevalencia de los principios de la sana crítica y la

buena fe, por lo que los motivos que llevaron a rechazar la demanda

por caducidad se encuentran debidamente consignados

I.6.2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN manifestó que la

tutela es improcedente, por cuanto la parte actora no sustentó las

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causales específicas de procedibilidad y no acreditó la configuración

del defecto alegado, por lo que concluyó que no existe mérito para

amparar los derechos fundamentales.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y

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de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al

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momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la

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tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia de 15 de septiembre de 2022,

proferida por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del proceso de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 25000-23-42-000-2021-00475 -01.

A la citada providencia la actora atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,

la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos material o

sustantivo y violación directa de la Constitución.

Los disensos de la actora radican en que la decisión incurrió en el

defecto material o sustantivo, al desconocer e inaplicar el artículo

9 del Decreto 491 de 2020, a través del cual se modificó el plazo de

los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 y, extendió a 5 meses el

plazo para que la Procuraduría General de la Nación celebrará las

audiencias de conciliación extrajudicial.

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Señaló que la demanda fue radicada dentro del término legal y

oportuno y que la autoridad judicial accionada no efectuó un análisis

jurídico de la disposición normativa idónea y vigente al momento de

la expedición de la providencia objetada, vulnerando directa e

inminentemente sus derechos fundamentales.

Sostuvo que la decisión cuestionada, igualmente incurrió en

violación directa de la Constitución, pues, a su juicio, la autoridad

judicial omitió la advertencia presentada por el Ministerio Público,

quien en ejercicio de sus funciones de rango constitucional allegó un

escrito al plenario informando sobre la posible vulneración de los

derechos fundamentales, si se mantenía incólume la decisión de

primera instancia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si la SECCIÓN SEGUNDA vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos endilgados.

La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con

suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su

criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos

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endilgados y vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión

cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las

causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y

ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss.,

ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable3 y, por

último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman

lesionados.

Ahora bien, visto que el presente caso cumple con los requisitos

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial, la Sala hará mención del marco jurídico de los defectos

alegados, para posteriormente analizar los reproches de la actora de

forma conjunta en el caso concreto.

Del defecto material o sustantivo

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU- 573 de 2017

señaló que:

[…] El defecto sustantivo puede presentarse cuando, por ejemplo,
el juez: “(i) Fundamenta su decisión en una norma que (a) no es
pertinente; (b) no está vigente en razón de su derogación; (c) es
inexistente; (d) se considera contraria a la Carta Política; y
(e) a pesar de estar vigente y [ser] constitucional, resulta

3
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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inadecuada su aplicación a la situación fáctica objeto de revisión”4;
“(ii) Basa su decisión en una norma evidentemente inaplicable al
caso concreto porque resulta inconstitucional o no se adecúa a la
circunstancia fáctica; (iii) el fallo carece de motivación material o
es manifiestamente irrazonable; (iv) presenta una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; (v) la
interpretación desconoce Sentencias con efectos erga omnes que
han definido su alcance y que constituyen cosa juzgada; (vi)
interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones
normativas aplicables5; (vii) desconoce la normatividad
aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la autonomía
judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea”6
(Resaltado fuera de texto).

En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una
norma, recientemente, en la Sentencia T-344 de 2015, reiterada
en la SU-050 de 2017, se precisó que este defecto se ha presentado
cuando: (a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se
encuentra dentro del margen de razonabilidad o proporcionalidad7;
(b) es adaptada una disposición de forma contraevidente o contra
legem; (c) es evidentemente perjudicial para los intereses de una
de las partes, a pesar de la legitimidad de que estos gocen8; (d) es
manifiestamente errada y desatiende los parámetros de juridicidad
y aceptabilidad; (e) resulta injustificadamente regresiva9 o
contraria a la Constitución10; o (f) cuando dejan de aplicarse
normas constitucionales o legales pertinentes.

Según la jurisprudencia, no cualquier interpretación o aplicación
puede considerarse un defecto sustantivo. El error judicial debe ser
ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior
debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma
en que el juez ordinario tiene que decidir, “pues pueden existir vías
jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también]
son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales”11.[…]

Así las cosas, la Corte Constitucional ha precisado que el defecto

sustantivo puede configurarse cuando la autoridad judicial: a)

4
T-176 de 2015.
5
T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
6
SU-770 de 2014.
7
T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009.
8
T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
9
T-018 de 2008.
10
T-086 de 2007.
11
SU-050 de 2017.

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efectúa una interpretación normativa fuera del rango de

razonabilidad, b) adapta disposiciones legales contrarias a derecho,

c) el desarrollo de la exégesis es abiertamente prejudicial a los

intereses de los intervinientes y d) es manifiestamente contraria,

injustificada e inconstitucional.

Igualmente, la Corte consideró que el defecto sustantivo deber ser

indudablemente arbitrario e incongruente respecto al

desconocimiento de los lineamientos normativos relacionados con el

caso particular, además, hizo énfasis en los límites del juez

constitucional el cual no puede subrogar al juez natural en el análisis

jurídico en el ejercicio de la autonomía interpretativa y la

independencia para fallar, considerando las vías jurídicas

compatibles con las garantías fundamentales de las partes

intervinientes.

Violación directa de la Constitución

En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, es

menester advertir que la Corte Constitucional en su sentencia SU-

024 de 5 de abril de 201812, manifestó que:

12
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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«[...] Todas las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales conllevan en sí mismas un
quebrantamiento de la Carta Fundamental; sin embargo, esta
Corte estableció una causal denominada violación directa de la
Constitución, originada en la obligación que le asiste a todas
las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del
mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual “la Constitución es norma de normas”. De
manera que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales. […]» (Resaltado fuera de texto).

Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela se

estructura cuando el Juez adopta una decisión que desconoce la

Carta Política, ya sea porque: “(i) deja de aplicar una disposición ius

fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la Ley al margen

de los dictados de la Constitución”13.

En el primer caso, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede

la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la

Constitución: (a) cuando en la solución del caso se dejó de

interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el

precedente constitucional; (b) cuando se trata de un derecho

fundamental de aplicación inmediata y; (c) cuando el Juez en sus

resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el

principio de interpretación conforme a la Constitución14. En el

13
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012. Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto Vargas
Silva.
14
Ver entre otras, Sentencias T – 199 de 2005, Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-590 de 2009, Magistrado ponente: doctor Luís Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010,
Magistrado ponente: doctor Juan Carlos Henao Pérez.

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segundo caso, ha dicho esa Corporación que, en virtud del artículo

4º Superior, el Juez debe aplicar las disposiciones constitucionales

con preferencia a las legales, mediante el ejercicio de la excepción

de inconstitucionalidad, cuando advierta incompatibilidad entre estas

y aquellas.

Ahora bien, corresponde determinar si la SECCIÓN SEGUNDA

incurrió en los defectos endilgados, para lo cual realizará el siguiente

análisis: i) de la caducidad del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho y la suspensión del término de

caducidad y, ii) análisis del caso concreto.

De la caducidad del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho y la suspensión del término de

caducidad.

El literal d) del numeral 2, del artículo 164 de la ley 1437 de 2011

modificada por la ley 2080 de 2021, estableció la oportunidad para

presentar la demanda a través del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, así:

“[…] Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La
demanda deberá ser presentada: […]

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2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho,
la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo,
según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales; […]

Así las cosas, cuando se trate de pretensiones encaminadas a

obtener la nulidad de actos administrativos de contenido particular,

el término para acudir al juez de lo contencioso administrativo será

de cuatro (4) meses que se contarán a partir del día siguiente a la

comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto

administrativo acusado, según sea el caso, so pena de operar la

caducidad del medio de control.

Asimismo, el artículo 16115 ibídem establece como requisito previo

para demandar el agotamiento del trámite de conciliación extrajudicial,

en aquellos asuntos en los que se formulen pretensiones relativas a la

nulidad con restablecimiento del derecho, a la reparación directa y, a

las controversias contractuales.

15
“Artículo 161. Requisitos Previos Para Demandar. La presentación de la demanda se someterá al
cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:
1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito
de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con
restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.”

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Por su parte, el artículo 2116 de la Ley 640 de 2001 reguló la suspensión

del término de caducidad a partir de la solicitud de conciliación ante el

ente conciliador hasta que acontezcan cualquiera de los siguientes

supuestos a saber: i) hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta

que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este

trámite sea exigido por la ley; ii) hasta que se expidan las constancias

de agotamiento de la etapa de conciliación; o iii) hasta que se venza

el término de tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud

de conciliación, lo que ocurra primero.

Ahora bien, la Sala considera pertinente recordar que, con ocasión al

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica causada por el

Covid 19, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 491 de 28 de

marzo de 202017, por medio del cual se adoptaron medidas de

urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios

por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones

públicas, entre otros.

16
“Artículo 21. Suspensión de la Prescripción o de la Caducidad. <Ley derogada a partir del 30 de
diciembre de 2022 por el artículo 146 de la Ley 2220 de 2022> La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación
se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las
constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres
(3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una
sola vez y será improrrogable.”

17
Esta normatividad estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2022, fecha en la que finalizó el estado de
emergencia sanitaria.

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El artículo 9° de la citada disposición, introdujo modificaciones al

término señalado en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001,

ampliando el plazo para el trámite de las conciliaciones

extrajudiciales a cargo de la Procuraduría General de la Nación, de la

siguiente manera:

“[…] ARTÍCULO 9. CONCILIACIONES NO PRESENCIALES ANTE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. <Emergencia vigente
hasta el 30 de junio de 2022. Resolución MINSALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL 385 de 2020> En la radicación de solicitudes de
convocatoria y en el trámite de las conciliaciones que sean de
competencia de la Procuraduría General de la Nación, se
promoverán y privilegiarán los procedimientos no presenciales, de
acuerdo con las instrucciones administrativas que imparta el
Procurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las
tecnologías de la comunicación y la información. Los acuerdos
conciliatorios gestionados mediante audiencias no presenciales se
perfeccionarán a través de los medios electrónicos utilizados o
mediante el uso de correos electrónicos simultáneos o sucesivos.

Con lo anterior, el procurador de conocimiento suscribirá el acta en
la que certificará los acuerdos alcanzados o emitirá las constancias,
según corresponda y cuando sea necesario las remitirá para
aprobación a la autoridad judicial competente.

El Procurador General de la Nación de acuerdo con la valoración de
las circunstancias específicas de salubridad y capacidad
institucional podrá suspender la radicación y/o el trámite de
solicitudes de convocatoria de conciliaciones en materia civil, de
familia y comercial que se lleven a cabo en los centros de
conciliación de la Procuraduría General de la Nación a nivel
nacional, así como de la conciliación extrajudicial en materia
contencioso administrativo adelantada por los agentes del
Ministerio Público.

En el evento en que se suspenda la posibilidad de radicación de
solicitudes de convocatoria de conciliaciones, no correrá el término
de prescripción o caducidad de las acciones o de los medios control,
respectivamente, hasta el momento en que se reanude la
posibilidad de radicación o gestión de solicitudes.

Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la
Ley 640 de 2001 para el trámite de las conciliaciones

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extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo
contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría
General de la Nación, el cual será de cinco (5) meses.
Presentada copia de la solicitud de convocatoria de
conciliación extrajudicial en asuntos contencioso
administrativos ante la entidad convocada, el Comité de
Conciliación contará con treinta (30) a partir de su recibo
para tomar la correspondiente decisión.

Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables
también a las solicitudes de convocatoria de conciliación
extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente
decreto y que aún se encuentren en trámite al momento de la
expedición del mismo.

Lo dispuesto en el presente artículo tendrá vigencia hasta
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. […]”
(Destacado fuera del texto)

En ese sentido, el término previsto para el trámite de la conciliación

extrajudicial fue ampliado de tres (3) a cinco (5) meses,

extensión que se mantuvo hasta que concluyó la declaratoria del

estado de emergencia sanitaria, esto es, hasta el 30 de junio de

2022.

Análisis del caso concreto

Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,

se debe examinar lo decidido en la providencia de 15 de septiembre

de 2022 proferida por la SECCIÓN SEGUNDA, aquí cuestionada, en

la cual se indicó lo siguiente:

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[…] Atendiendo que el medio de control incoado por la señora López
Gutiérrez es el de nulidad y restablecimiento del derecho se debe
indicar, en primera medida, que el término establecido por el
legislador para su oportuna interposición, es de 4 meses, contados
a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, es decir que para
el caso objeto de estudio dicho término inició el 8 de septiembre
de 2020, comoquiera que la notificación del acto acusado se
produjo el 7 de septiembre de ese año.

Dado que se radicó solicitud de conciliación extrajudicial el 11 de
diciembre de 2020, se entiende que, a partir de ella, se suspendió
el término de caducidad, de conformidad con lo preceptuado por el
artículo 21 de la Ley 640 de 2001; sin embargo, dicha suspensión
no es de carácter permanente, pues la norma en cita identificó 4
supuestos de hecho en los cuales se reanuda el término, así:

1. Hasta que se logre el acuerdo conciliatorio.
2. Hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos
en que este trámite sea exigido por la ley.
3. Hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo
2o. de la presente ley.
4. Hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere
el artículo 20 de la Ley 640 de 2001.

Teniendo en cuenta lo anterior, y ante las distintas posibilidades
que existen para que se reanude el conteo del término de
caducidad, el legislador dispuso que se deberá tener en cuenta la
que ocurra primero.

Pues bien, en el presente caso lo primero que se configuró fue el
vencimiento de los 3 meses a los que se refiere el artículo 20 de la
Ley 640 de 2001, comoquiera que el acta en que consta que la
conciliación extrajudicial fue fallida, tan solo se expidió el 15 de
abril de 2021, es decir, superado el término antes mencionado,
teniendo en consideración que la conciliación se radicó el 11 de
diciembre de 2020.

En razón de lo anterior, el término para que se configurara la
caducidad se reanudó el 12 de marzo de 2021, es decir, el día
siguiente al vencimiento de los 3 meses de que trata la norma antes
citada, y, a partir de ahí, se debía contabilizar el tiempo que faltaba
para completar los 4 meses previstos por el legislador para la
presentación oportuna de la demanda.

En síntesis, la notificación del acto acusado se produjo el 7 de
septiembre de 2020, el 8 de septiembre empezó a correr el término
de 4 meses para la interposición del medio de control, el 11 de
diciembre de 2020 se suspendió ese término —debido a la
radicación de la solicitud de conciliación— es decir, cuando habían

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transcurrido 3 meses y 2 días, el 12 de marzo de 2021 se reanudó
el conteo de los 28 días que hacían falta para completar los 4
meses, lo que quiere decir que la señora López Gutiérrez podía
interponer, oportunamente, el medio de control hasta el 8 de abril
de 2021; sin embargo, como la radicación del libelo ocurrió el 7 de
mayo de 2021, se debe concluir que se configuró la caducidad, tal
como lo dispuso el a quo.

Siguiendo esa línea argumentativa, no es de recibo el
planteamiento de la parte demandante, dirigido a que el conteo del
término se debería haber reanudado únicamente al momento de
proferirse el acta que declaró fallida la conciliación, pues, como lo
estableció el legislador en forma clara, aquel se reanuda cuando
ocurra cualquiera de los supuestos ya señalados, y se debe dar
prelación al que suceda primero en el tiempo que, en este caso,
fue el transcurso de los 3 meses posteriores a la radicación de la
conciliación.

En consecuencia, se confirmará el auto proferido el 4 de agosto de
2021, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, a través del cual se rechazó la demanda
por caducidad. […]”

De los apartes transcritos, la Sala observa que la autoridad judicial

accionada para adoptar su decisión tuvo en cuenta lo preceptuado

por el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y, de acuerdo con dicho

postulado normativo, consideró que se configuró la caducidad de la

acción en tanto el conteo del término de caducidad se reanudó luego

del vencimiento de los tres (3) meses con los que contaba la

Procuraduría General de la Nación para efectuar la diligencia de

conciliación.

Igualmente, señaló que no podría efectuarse el conteo del término

de caducidad a partir de la expedición de la constancia que declaró

fallida la conciliación, en tanto lo que ocurrió primero fue el supuesto

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relacionado con el vencimiento de los tres (3) meses sin que se

llevara a cabo la diligencia de conciliación.

Por lo anterior, la Sala realizará un recuento de las actuaciones

desplegadas desde la expedición del acto administrativo hasta la

radicación de la demanda, así:

• El acto administrativo acusado, esto es, la Resolución

00001782 del 7 de septiembre de 2020, fue notificada a la

actora personalmente el 7 de septiembre de 2020, según lo

manifestó en el escrito de demanda18.

• Posteriormente, la actora radicó la solicitud de conciliación

extrajudicial ante la Procuraduría 127 Judicial ll para Asuntos

Administrativos el 11 de diciembre de 2020, esto es,

faltando 28 días para el vencimiento inicial del término de

caducidad.

• Ahora bien, en aplicación al artículo 9° del Decreto 491 de 2020

-vigente en el momento de la presentación de la solicitud-, el

trámite de la diligencia de conciliación debió intentarse dentro

18
Índice No. 2 expediente digital, aplicativo Samai.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002342000
202100475011100103

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de los cinco (5) meses siguientes a la presentación de la

solicitud, es decir, hasta el 11 de mayo de 2021.

Al respecto, en el expediente digital se observa que la

Procuraduría 127 Judicial ll para Asuntos Administrativos,

estando dentro del plazo que fijó la norma en comento, el día

15 de abril de 2021 llevó a cabo la diligencia de conciliación

extrajudicial declarándola fallida por falta de ánimo

conciliatorio.

• Una vez expedida la constancia por parte del ente conciliador,

el 16 de abril de 2021 se reanudaron los 28 días restantes

para el vencimiento del término de caducidad.

• Finalmente, la actora radicó la demanda de nulidad y

restablecimiento del derecho ante los Juzgado Administrativos

de Bogotá el 7 de mayo de 202119.

En síntesis, el conteo del término de caducidad del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de controversia, se

vislumbra de la siguiente manera:

19
Índice No. 2, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 2021-00475 -01. Actuación 02 acta
de reparto.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=250002342000
202100475011100103

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Notificación de la Resolución
00001782 del 7 de septiembre de 7 de septiembre de 2020
2020:

Término inicial de caducidad de la Desde el 8 de septiembre
acción: de 2020 hasta el 8 de
enero de 2021.

Solicitud de conciliación extrajudicial 11 de diciembre de 2020
radicada ante la Procuraduría 127 - suspendiendo el
Judicial ll para Asuntos término de caducidad
Administrativos: por 28 días

Plazo de 5 meses para el trámite de Desde el 11 de diciembre
la diligencia de conciliación, según el de 2020 hasta el 11 de
artículo 9 del Decreto 491 de 2020 mayo de 2021.

Diligencia de conciliación
extrajudicial declarada fallida por 15 de abril de 2021
falta de ánimo conciliatorio.

Reanudación del término de Desde el 16 de abril de
caducidad por 28 días restantes 2021 hasta el 13 de
mayo de 2021

Radicación de la demanda 7 de mayo de 2021

Conforme con lo anterior, para la Sala, la SECCIÓN SEGUNDA

incurrió en defecto material o sustantivo, por cuanto inaplicó las

modificaciones efectuadas a los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de

2001, en lo relacionado con la ampliación del plazo para el trámite

de las conciliaciones extrajudiciales a cargo de la Procuraduría

General de la Nación en vigencia del Decreto 491 de 2020.

Al respecto, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada al

resolver el caso sub examine, efectuó una interpretación normativa

sin tener en cuenta las disposiciones legales vigentes y aplicables al

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asunto, pues al tenor de lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto

491 de 2020, la diligencia de conciliación se llevó a cabo dentro de

los 5 meses siguientes a la presentación de la solicitud y, en

concordancia con el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, en el asunto,

lo que ocurrió primero fue la expedición de la constancia de

agotamiento de la etapa conciliatoria y, no el vencimiento del plazo

para el trámite de la diligencia de conciliación como

desacertadamente lo consideró la autoridad judicial accionada.

En ese orden de ideas, una vez surtido el trámite de conciliación el

término restante de caducidad debió ser contabilizado a partir del día

siguiente al que se expidió la certificación de agotamiento del

requisito de procedibilidad por parte de la Procuraduría General de la

Nación, esto es, 16 de abril de 2021.

Con fundamento en lo anterior, la Sala concederá el amparo de los

derechos deprecados y, por lo tanto, dejará sin efecto el auto de 15

de septiembre de 2022, proferido por la SECCIÓN SEGUNDA, en el

que confirmó el rechazo por caducidad de la demanda promovida,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el numero único de radicación 25000-23-42-000-

2021-00475 -01.

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En consecuencia, se ordenará que la autoridad judicial aludida,

dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta

providencia, dicte una decisión de reemplazo en la que tenga en

cuenta las consideraciones aquí expuestas, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Por último, comoquiera que se encontró configurado el defecto

material o sustantivo, la Sala se relevará de pronunciarse sobre el

presunto defecto por violación directa de la Constitución

invocado en la presente acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora

ÁNGELA MARÍA LÓPEZ GUTIÉRREZ, por las razones expuestas en

la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el proveído de 15 de septiembre

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de 2022, proferido por la SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A”

DEL CONSEJO DE ESTADO, dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 25000-23-42-000-2021-00475 -01. En consecuencia,

ORDENAR a la SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A” DEL

CONSEJO DE ESTADO que, dentro de los diez (10) días siguientes

a la notificación de esta providencia, dicte una decisión de reemplazo

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de noviembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente en comisión

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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