Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05407-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05407-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05407-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
3 de noviembre de 2022
Demandante: Harwin Armando Romero Barros
Demandados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05407-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05407-00
Demandante: HARWIN ARMANDO ROMERO BARROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN “B” Y OTRO
Tema: Derecho de petición ante autoridades judiciales. Ampara.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala procede a resolver la acción de tutela ejercida por Harwin Armando Romero
Barros contra la Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Secretaría de dicha autoridad judicial.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda.
1. El señor Harwin Armando Romero Barros, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra la Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría de dicha corporación. Con la petición
de amparo pretende la protección de su derecho fundamental de petición.
2. Consideró vulnerada la mencionada garantía, en vista de que las autoridades
accionadas no habían dado respuesta a la petición que elevó el 12 de agosto del
2022 con el fin de que le fueran expedidas copias del algunas piezas procesales y la
constancia de ejecutoria de las sentencias dictadas en el medio de control de
reparación directa número 11001-33-43-060-2020-00011-00.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora pidió:
En efecto de manera respetuosa me dirijo a su señoría para solicitar que se TUTELE el
derecho fundamental de PETICIÓN vulnerado por parte de la autoridad judicial
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Demandante: Harwin Armando Romero Barros
Demandados: Tribunal Administrativo de
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accionada, y en efecto se ordene a la entidad dar respuesta de fondo al derecho de
petición incoado.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala expone los siguientes hechos relevantes para la decisión que se adoptará en
la sentencia:
4. El actor, por medio de su apoderado, presentó una solicitud el 12 de agosto
del 2022 con el fin de que las autoridades accionadas expidieran copias de unas
piezas procesales del proceso de reparación directa número 11001-33-43-060-2020-
00011-00, así como la constancia de ejecutoria de los fallos dictados en ese proceso.
5. Sin embargo, el actor manifestó que a la fecha de presentación de esta tutela,
no ha recibido respuesta alguna.
1.4. Fundamentos de la solicitud
6. El actor consideró vulnerado su derecho de petición, pues a pesar de que
presentó la solicitud el 12 de agosto del 2022, para la fecha de la presentación de la
tutela no había recibido respuesta alguna. Por lo tanto, alegó que debe ampararse la
mencionada garantía, en vista de que se vencieron los términos legales que tenía la
entidad para responder.
1.5. Trámite de la acción de tutela
7. Mediante auto del 12 de octubre del 2022, el magistrado ponente admitió la
tutela. Dispuso la notificación de la Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y a la Secretaría de esa autoridad judicial.
8. Igualmente, ordenó a la Secretaría General de esta Corporación que publicara
en su página web el escrito de tutela, los anexos y el auto admisorio. Lo anterior con
el fin de que cualquier persona con interés pudiera intervenir en el trámite del
proceso.
1.6. Intervención
9. El Secretario de la Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca manifestó que el pasado 14 de octubre se
registró una actuación en el sistema Samai en la que se puede apreciar que el
apoderado del actor fue citado para el 18 del mismo mes y año, con el fin de retirar
las copias solicitadas. Por lo tanto, consideró que la presente tutela carece de objeto,
pues cesó la vulneración aducida por la parte actora.
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10. Por su parte, la Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca guardó silencio, a pesar de haber sido notificado del auto admisorio
de esta tutela.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
11. El Consejo de Estado es competente para conocer de la presente tutela, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
12. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
13. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii)
a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa.
14. Con fundamento en el marco conceptual expuesto1, la Sala advierte que el
tutelante es el titular del derecho fundamental que reclama, en consideración a que
fue quien elevó, por conducto de apoderado, la petición del 12 de agosto del 2022
que alega como desatendida. En consecuencia, goza de legitimación en la causa por
activa.
15. Por otro lado, se observa que la Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Secretaría de dicha corporación están
igualmente legitimadas en la causa por pasiva, por ser las autoridades a las que les
correspondía pronunciarse sobre la referida petición.
1 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha
venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de
tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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2.3. Problema jurídico
16. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y
las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado, el informe y
argumentos esgrimidos por las autoridades demandadas, corresponde a esta Sala
resolver el siguiente problema jurídico que subyace al caso en concreto:
• ¿Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado en la presente
solicitud de amparo, teniendo en cuenta que en el trámite de la tutela la
Secretaría de la Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca afirmó haber respondido la solicitud elevada por el
accionante?
17. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) el derecho de petición; (iii) el derecho de
petición ante autoridades judiciales y (iv) el análisis del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
18. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
19. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a
la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
2.5. Del derecho de petición
20. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución”2. El mismo artículo superior precisa que el
Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.
21. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El
2 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
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núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”3.
22. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de
la petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala un término de 15 días para resolver
la misma4, y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o
el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.
23. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante
o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al
peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación
de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración
plena de la respuesta dada”5.
24. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”6.
25. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En palabras
de la Corte Constitucional: “(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso,
3 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
4
Ese es el término que aplica, ya que la Ley 2207 del 2022 derogó los artículos 5 y 6 del
Decreto Legislativo 491 del 2020 que habían ampliado los términos para responder las
solicitudes invocadas en ejercicio del derecho de petición y hoy aplican nuevamente las
disposiciones de la Ley 1755 del 2015.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
6
Ibidem.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia
de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada”7.
26. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información,
a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia
entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la
pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su
sentido sea positivo o negativo8.
27. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca9.
28. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota
en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento
o no del derecho subjetivo.
2.6. Derecho de petición ante autoridades judiciales
29. No puede perderse de vista que tanto la Corte Constitucional10, como esta
Corporación11 de manera reiterada han señalado que las solicitudes presentadas en
7
Corte Constitucional, Sentencia T-230 del 2020.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-161 del 2011.
9 Sobre el tema, ver sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta. Fecha 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor: Robert
Wilson Molina Sambony. M.P. Susana Buitrago Valencia.
10 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
11 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de 13 de
julio de 2017. MP: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. MP. Alberto Yepes
Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00 y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
25 de abril de 2019, radicación Nº11001-03-15-000-2019-00971-00 MP. Alberto Yepes Barreiro,
sentencia de 15 de agosto de 2019 proferida dentro del expediente 11001-03-15-000-2019-03399-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
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el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance diferente a las del derecho de
petición, lo que implica ciertas limitaciones. Por ello, se ha especificado que deben
diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, de la siguiente manera:
(i) Las referidas al contenido mismo de la litis, que por tal razón se encuentran
reguladas dentro de una codificación y tienen su procedimiento respectivo,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos
para el efecto; y
(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales,
deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas generales del derecho
de petición que rigen la administración, esto es, el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
30. En otras palabras, si bien es posible presentar peticiones ante las autoridades
judiciales, para que esta se entienda ejercida en el marco del derecho de petición, es
necesario que no recaiga sobre los procesos judiciales que el funcionario adelanta.
En caso de que ello sea así, tales “peticiones” deben entenderse como memoriales
radicados en el proceso, y que, por consiguiente, se rigen por la normatividad
aplicable a la Litis12.
31. Lo anterior significa que “no es dado a las personas afirmar que los jueces
vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a obtener
la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar el derecho al
debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros
fijados por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas
correspondientes al trámite de un determinado proceso judicial”13.
2.7. Caso concreto
32. La Sala amparará el derecho fundamental de petición de la parte actora, de
conformidad con lo que pasa a explicarse.
33. Se tiene acreditado que el 12 de agosto del 2022 el actor, por medio de su
apoderado, presentó una solicitud de copias y unas constancias de ejecutoria de las
sentencias dictadas en el medio de control con radicado 11001-33-43-060-2020-
00011-00. Esto lo hizo ante las autoridades accionadas. En ese orden, se trata de
una solicitud que se rige por las normas generales que regulan el derecho de
petición, por tratarse de cuestiones ajenas al proceso de reparación directa.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2016.
13 Ibídem.
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34. Se pone de presente que la Ley 2207 del 2022 derogó los artículos 5 y 6 del
Decreto Legislativo 491 del 2020 que habían ampliado los términos para responder
las solicitudes invocadas en ejercicio del derecho de petición. Tales disposiciones
están vigentes desde el día siguiente a la promulgación de dicha ley, tal como lo
dispuso el artículo 4. Es decir, entraron a regir a partir del 18 de mayo del 2022.
35. Así, como la petición elevada por el actor fue presentada el 12 de agosto del
2022, es decir, luego de que entró a regir la disposición normativa antes señalada, se
tiene que aplican las disposiciones de la Ley 1437 del 2011, en concordancia con la
Ley 1755 del 2015:
ARTÍCULO 14. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES
DE PETICIONES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El
nuevo texto es el siguiente>: Salvo norma legal especial y so pena de sanción
disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes
a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud
ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega
de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
36. Así las cosas, como la solicitud del 12 de agosto del 2022 presentada por el
accionante tenía como fin que las entidades accionadas remitieran unos documentos
y una información del proceso de reparación directa. En ese sentido, las autoridades
demandadas tenían hasta el 29 de agosto del 2022 para atender la petición.
37. Ahora, en el curso de esta tutela el secretario de la Sección Tercera,
Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó que habían
citado al apoderado del actor el 18 de octubre del 2022 para que retirara las copias
solicitadas.
38. En el sistema Samai aparece registrada esa actuación el 14 de octubre del
14
2022 y como se puede apreciar, no tiene ningún documento adjunto, sino
únicamente la anotación que el apoderado fue citado para entrega de copias:
14https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001334306020200
0011012500023
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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39. En ese orden de ideas, se aprecia que si bien obra dicha anotación en el
sistema, lo cierto es que la secretaría de la Sección Tercera, Subsección “B” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no aportó alguna constancia en la cual se
acredite que el actor conoció de la cita para retirar las copias y las constancias
solicitadas.
40. En efecto, en el informe que dio el secretario, no se hizo ninguna apreciación
sobre el modo de comunicar al actor sobre la cita, ya sea de manera electrónica o
telefónica, por lo cual no existe certeza de que haya conocido de esta citación. De
ese modo, como no hay constancia de que el actor se enteró de la cita, existe
vulneración al derecho de petición.
41. Así las cosas, esta Sala amparará el derecho fundamental de petición de la
parte actora, para que, en caso de que la secretaría de la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no lo haya hecho,
comunique al actor la cita programada para la entrega de las copias y las
constancias solicitadas. Para cumplir lo dicho, la Secretaría tendrá un plazo de 48
horas a partir de la notificación de esta decisión.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Harwin
Armando Romero Barros.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Tercera, Subsección “B” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, en caso de no haberlo hecho,
comunique al actor la cita programada para la entrega de las copias y las
constancias solicitadas. Para cumplir lo dicho, la Secretaría tendrá un plazo de 48
horas a partir de la notificación de esta decisión.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, luego de la ejecutoria de esta
providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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