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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06898-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06898-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 6 de febrero de 2025, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado que negó el amparo deprecado por el señor Luis Carlos Pareja, de acuerdo con las razones expuesta previamente. SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Luis Carlos Pareja, con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud de expedición de la constancia electrónica de ejecutoria del auto del 16 de septiembre de 2021, dictado dentro del proceso de solicitud de extensión de jurisprudencia 11001-03- 25-000-2017-00610-00. En consecuencia: TERCERO. ORDENAR a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de la presente decisión, dé una respuesta clara y de fondo a la solicitud elevada por el señor Luis Carlos Pareja el 25 de octubre de 2024, dentro del proceso de solicitud de extensión de jurisprudencia con radicado 11001-03-25-000-2017- 00610-00. CUARTO. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06898-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

27 de marzo de 2025

Demandante: Luis Carlos Pareja
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06898-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06898-01
Demandante: LUIS CARLOS PAREJA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Tema: Derecho de petición ante autoridades judiciales. Ampara.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida en primera instancia el 6 de febrero de 2025 por la Sección
Primera del Consejo de Estado. En esa providencia se negó la solicitud de
amparo por no encontrar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Luis Carlos Pareja, actuando en nombre propio, presentó acción
de tutela contra la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado. Con
la solicitud de amparo pretende la protección de su derecho fundamental al
debido proceso.

2. La anterior garantía la estimó vulnerada con ocasión de la falta de
respuesta a su solicitud de expedición de la constancia electrónica de ejecutoria
del auto que puso fin al proceso de extensión de jurisprudencia 11001-03-25-000-
2017-00610-001, elevada el 25 de octubre de 2024.

1.2. Pretensiones

3. El accionante solicitó lo siguiente:

1 En el escrito inicial de la acción de tutela se informó que el radicado del proceso es 11001-33-

35-029-2020-00259-01. Sin embargo, dicho radicado no se encuentra registrado en el aplicativo
Samai, por lo que el juez de primera instancia realizó una búsqueda en la que encontró un único
proceso de extensión de jurisprudencia donde funge el señor Luis Carlos Pareja como parte,
identificado con el radicado 11001-03-25-000-2017-00610-00, sobre el cual se hizo el análisis de
procedencia del amparo. El accionante no manifestó reparo alguno sobre esta circunstancia.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Luis Carlos Pareja
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06898-01

1. Se me tutele los derechos fundamentales del Debido Proceso, y se declare que
el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO –
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, ha vulnerado el
derecho fundamental mencionado a quien aquí tutela.
2. Con base en la anterior declaración, se ordene al CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A, proceder a entregarme copia de los siguientes documentos:
2.1. La certificación electrónica de constancia de ejecutoria del auto.
2.2. Las copias auténticas en formato electrónico de la (s) respectiva (s)
sentencia (s).
2.3. Todos los documentos anteriores por separado cado uno de ellos y en
copias simples y en formato digital2.

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. El 19 de julio de 2017, el accionante presentó una solicitud de extensión
de jurisprudencia, que fue repartida a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, identificada con el radicado 11001-03-25-000-2017-00610-
00 y decidida de fondo por medio de auto del 16 de septiembre de 2021.

6. El 24 de octubre de 2024, el accionante radicó memorial a través del portal
Samai en el que requirió la expedición de la constancia digital de ejecutoria del
citado auto, sin que, al 16 de diciembre de 2024, fecha de radicación de la
solicitud de amparo de la referencia, se hubiere atendido lo solicitado.

1.4. Sustento de la vulneración

7. La parte actora considera que la autoridad accionada ha incurrido en una
mora judicial injustificada, pues se ha negado de manera negligente a expedir la
constancia de ejecutoria de la providencia del 16 de septiembre de 2021.
Además, sostuvo que se ha superado el tiempo prudencial para la expedición de
«un documento tan simple».

8. Expuso que la falta de la constancia de ejecutoria le genera un perjuicio
por el que la Rama Judicial puede incurrir en una responsabilidad
extracontractual, toda vez que no ha podido «presentar la cuenta de cobro a la
entidad y [está] perdiendo la causación de los intereses a que tiene derecho».

1.5. Trámite de primera instancia

9. Por medio del auto del 14 de enero de 2025, la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó

2 Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.

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Demandante: Luis Carlos Pareja
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notificar en calidad de accionada a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y, como terceros con interés, a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado3.

1.6. Intervenciones

10. La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, a pesar de haber sido debidamente notificadas4,
guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

11. Mediante sentencia del 6 de febrero de 2025, la Sección Primera del
Consejo de Estado concluyó que el radicado suministrado por el accionante en
el escrito introductorio como consecutivo de la solicitud de extensión de
jurisprudencia es incorrecto, pues tal número no está registrado en el sistema de
gestión judicial Samai.

12. Sin embargo, logró establecer que el proceso de extensión de
jurisprudencia al que se refiere el señor Luis Carlos Pareja es el 11001-03-25-
000-2017-00610-00, pues es el único en el que coindicen los datos e información
suministrada por el tutelante.

13. El a quo explicó que la mora judicial solo puede predicarse de la
configuración de dos elementos a saber: (i) el objetivo, relativo al incumplimiento
o vencimiento de un término judicial, y (ii) el subjetivo, predicable de la falta de
diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial.

14. De acuerdo con lo anterior, estimó que no se reúnen los aludidos
elementos, pues el tiempo transcurrido desde la solicitud de expedición de la
constancia de ejecutoria no es irrazonable. Además, explicó que el accionante no
probó la existencia de un perjuicio irremediable o de una circunstancia particular
de la que pueda advertirse que su solicitud debe ser tramitada a la mayor
brevedad posible.

1.8. Impugnación

15. El señor Luis Carlos Pareja radicó memorial de impugnación con el
siguiente contenido literal: «le pido que se reconsidere la decisión, necesito con
carácter urgente ese [documento] para poder presentar proceso ejecutivo y evitar
la pérdida del derecho que se me dio».

3 En los términos que establece el artículo 610 del CGP.
4 Constancia de notificación en el documento 8 del expediente digital de la primera instancia.

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Demandante: Luis Carlos Pareja
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

16. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 6 de febrero de
2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera. Lo anterior, de conformidad con
lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado pro el
Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

17. El señor Luis Carlos Pareja solicitó el amparo de su derecho fundamental
al debido proceso, por lo que considera como una mora judicial por parte de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que no ha emitido
la constancia de ejecutoria del auto del 16 de septiembre de 2021, solicitada por
medio de memorial del 24 de octubre de 2024.

18. De acuerdo con lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado, que
conoció el presente asunto en primera instancia, estudió la procedencia del
amparo reclamado a la luz de la aparente mora judicial alegada por el accionante,
la cual estimó no configurada.

19. De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que la presente solicitud de
amparo no debe resolverse en los términos de la alegada mora judicial, sino del
derecho fundamental de petición, en atención que lo pedido no guarda relación
con una actuación o trámite del proceso judicial, sino que se refiere a un asunto
netamente administrativo. Así lo ha considerado esta Sección en otras
oportunidades5.

20. En ese sentido, se adecuará el estudio de este asunto a la presunta
vulneración del derecho fundamental de petición, en aras de salvaguardar los
intereses superiores del tutelante.

2.3. Legitimación en la causa

21. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

5 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 3 de noviembre de 2022, radicado 11001-

03-15-000-2022-05407-00; 28 de septiembre de 2023, radicado 11001-03-15-000-2023-04743-
00; 26 de octubre de 2023, radicado 11001-03-15-000-2023-05631-00; y 14 de diciembre de
2023, radicado 11001-03-15-000-2023-07074-00.

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22. La Sala advierte el señor Luis Carlos Pareja está legitimado en la causa
por activa por ser quien promovió la solicitud de extensión de jurisprudencia con
radicado 11001-03-25-000-2017-00610-00, cuya mora judicial se predica a través
de este mecanismo constitucional.

23. Asimismo, se evidencia que la Sección Segunda, Subsección A, del
Consejo de Estado está legitimada en la causa por pasiva, por ser la autoridad
judicial ante quien se presentó la solicitud de extensión de jurisprudencia sobre
la cual la parte actora sostiene que ha incurrido en mora judicial.

2.4. Problema jurídico

24. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
problema jurídico a resolver en este caso es el siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, vulneró el
derecho fundamental de petición del señor Luis Carlos Pareja al no haber
expedido la constancia de ejecutoria del auto del 16 de septiembre de 2021
dictado en el proceso de extensión de jurisprudencia con radicado 11001-03-25-
000-2017-00610-00?

25. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) derecho de petición, (iii) el
derecho de petición ante autoridades judiciales y (iv) el caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

26. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.

27. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

2.6. Derecho de petición

28. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución»6. El mismo artículo superior

6 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.

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precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

29. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho: «El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»7.

30. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la
contestación de la petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general
a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala un término de
15 días para resolver8, y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término
en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de
razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en
cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

31. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado lo
siguiente9:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por
la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse
libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial
de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego,
este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada.

32. Igualmente, se tiene que la contestación debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de
ello». Así, «la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que
cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud
por el solicitante»10.

33. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de
petición la Corte Constitucional ha explicado lo siguiente11:

7 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.

8 Ese es el término que aplica, ya que la Ley 2207 del 2022 derogó los artículos 5 y 6 del Decreto

Legislativo 491 del 2020 que habían ampliado los términos para responder las solicitudes
invocadas en ejercicio del derecho de petición y hoy aplican nuevamente las disposiciones de la
Ley 1755 del 2015.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.

10 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013.

11 Corte Constitucional, Sentencia T-161 del 2011.

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i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información,
a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia
entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la
pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su
sentido sea positivo o negativo.

34. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en
orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

35. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y
agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.

2.7. Derecho de petición ante autoridades judiciales

36. No puede perderse de vista que tanto la Corte Constitucional, como esta
Corporación de manera reiterada han señalado que las solicitudes presentadas
en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance diferente a las del
derecho de petición, lo que implica ciertas limitaciones. Por ello, se ha
especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los
jueces, de la siguiente manera:

(i) Las referidas al contenido mismo de la litis, que por tal razón se encuentran
reguladas dentro de una codificación y tienen su procedimiento respectivo,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para el efecto; y

(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

37. En otras palabras, si bien es posible presentar peticiones ante las
autoridades judiciales, para que esta se entienda ejercida en el marco del
derecho de petición, es necesario que no recaiga sobre los procesos judiciales

7
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que el funcionario adelanta. En caso de que ello sea así, tales “peticiones” deben
entenderse como memoriales radicados en el proceso, y que, por consiguiente,
se rigen por la normatividad aplicable a la Litis12.

38. Lo anterior significa que no es dado a las personas afirmar que los jueces
vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a
obtener la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar
el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido
de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo
las reglas correspondientes al trámite de un determinado proceso judicial 13.

2.8. Caso concreto

39. La Sala amparará el derecho fundamental de petición de la parte actora,
de conformidad con lo que pasa a explicarse.

40. Como puede corroborarse con el historial del proceso 11001-03-25-000-
2017-00610-00 en el aplicativo Samai, el 24 de octubre de 2024, el actor, por
medio de su apoderado judicial, solicitó ante la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que se expida la constancia electrónica de
ejecutoria del auto del 16 de septiembre de 2021, por medio del cual se accedió
a la solicitud de extensión de jurisprudencia.

41. En ese orden, la citada solicitud debe regirse por las normas generales
que regulan el derecho de petición por tratarse de cuestiones ajenas al proceso
de extensión de jurisprudencia. En virtud de lo anterior, el término para atender
lo pretendido por el accionante está dado por las Leyes 1437 de 2011 y 1755 de
2015. Este último antecedente normativo dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 14. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS
MODALIDADES DE PETICIONES: Salvo norma legal especial y so pena de
sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución
de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de
los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30)
días siguientes a su recepción.

42. Así las cosas, como la solicitud elevada por el señor Luis Carlos Pareja

12 Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2016.

13 Ibidem.

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tiene como fin la expedición de un documento, la autoridad accionada contaba
con un plazo de 10 días hábiles para atender dicha petición, plazo que venció el
12 de noviembre de 2024, sin que se haya atendido lo pedido por el interesado.

43. Por consiguiente, la Sala amparará el derecho fundamental de petición del
señor Luis Carlos Pareja, toda vez que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado ha superado ampliamente el término que le concede el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, para atender solicitudes relacionadas con la
expedición de documentos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia del 6 de febrero de
2025, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado que negó el amparo
deprecado por el señor Luis Carlos Pareja, de acuerdo con las razones expuesta
previamente.

SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Luis Carlos
Pareja, con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud de expedición de la
constancia electrónica de ejecutoria del auto del 16 de septiembre de 2021,
dictado dentro del proceso de solicitud de extensión de jurisprudencia 11001-03-
25-000-2017-00610-00. En consecuencia:

TERCERO. ORDENAR a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que, en el término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de
la presente decisión, dé una respuesta clara y de fondo a la solicitud elevada por
el señor Luis Carlos Pareja el 25 de octubre de 2024, dentro del proceso de
solicitud de extensión de jurisprudencia con radicado 11001-03-25-000-2017-
00610-00.

CUARTO. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

9
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Demandante: Luis Carlos Pareja
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06898-01

Ausente con excusa
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

10
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