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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05555-00

Fecha
16 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05555-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte actora en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Huila y la DIAN. SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2022 05555 00 Accionante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-05555-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

16 de diciembre de 2022

Radicación: 11001 03 15 000 2022 05555 00
Accionante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022-05555-00
Accionantes: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO
Accionado: SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO Y OTROS

Tesis: No es procedente la acción de tutela que se interpone
más de seis meses después de que fue notificada la
decisión que se considera violatoria de derechos
fundamentales, si la parte actora no presenta
argumentos válidos que expliquen la tardanza en la
interposición de la solicitud de amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela interpuesta por Fredy Antonio
Aldana Castro, el 19 de octubre de 2022, en contra de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo del Huila y la DIAN.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Fredy Antonio Aldana Castro, actuando por medio de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, para que se dejen sin efectos los
autos de 21 de mayo de 2021 y 31 de marzo de 2022, este último
notificado el 8 de abril de 2022, dictados por el Tribunal Administrativo
del Huila y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, respectivamente,
dentro del proceso identificado con el número de radicado 41001-23-33-
000-2020-00846-01, con los cuales se rechazó la demanda que interpuso

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Accionante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO

en contra de la DIAN con pretensiones de (i) nulidad y restablecimiento
del derecho, y (ii) reparación directa, por indebida acumulación.

La parte actora inició el referido proceso ordinario con el fin de lograr, por
una parte, la nulidad de los actos administrativos dictados por la DIAN en
el proceso de cobro coactivo número 2017-2006-9501, adelantado en su
contra por la obligación de pago del impuesto de renta del año 2014, y
por la otra, la declaratoria de responsabilidad del Estado por la falla del
servicio en que habría incurrido la DIAN al no notificar en debida forma
las decisiones adoptadas en el proceso de cobro coactivo número 2015-
04039.

I. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El Magistrado ponente admitió esta acción constitucional mediante
auto de 15 de noviembre de 2022 y ordenó efectuar las notificaciones
correspondientes.

2.2. La DIAN pidió que se declarara improcedente la acción de tutela
toda vez que advertía incumplidos los requisitos generales de
procedibilidad de subsidiariedad y relevancia constitucional.

2.3. La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó “que se declare
improcedente el amparo, pues la intención del tutelante es convertir la
tutela en una instancia adicional, para insistir en la procedencia de la
demanda incoada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo
que desnaturaliza la función que cumple esta clase de acción
constitucional”.

2.4. El Tribunal Administrativo del Huila y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, pese a haber sido debidamente notificados, guardaron
silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

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De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de
2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a esta Sección el
conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente
para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El 31 de marzo de 20221, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
dictó auto dentro del proceso identificado con el número de radicado
41001-23-33-000-2020-00846-01, por medio del cual confirmó el
proveído de 21 de mayo de 2021, con el cual el Tribunal Administrativo
del Huila rechazó la demanda instaurada por Fredy Antonio Aldana Castro
en contra de la DIAN, por indebida acumulación de pretensiones de
nulidad de actos administrativos particulares y concretos con
reclamaciones por reparación directa.

3.2.2. Inconforme con tales decisiones, la parte actora radicó la presente
acción de tutela mediante escrito remitido al correo electrónico de la
Secretaría General de esta corporación el 19 de octubre de 20222.

3.3. ANALISIS DE LA SALA

3.3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, la
jurisprudencia constitucional adoptó los siguientes requisitos de carácter
general, los cuales han sido acogidos por esta corporación3:

“(…) a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma

1
Notificado el 8 de abril del mismo año, según consta en el índice número 17 del expediente digital
visible en el aplicativo Samai.
2
Según consta en el índice número 1 del expediente digital visible en el aplicativo Samai.
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C.
P. María Elizabeth García González).

3
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expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de
las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta
exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento
de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva,
se tornan definitivas.”

En consideración a lo expuesto, la Sala advierte que, cuando se cuestiona
una providencia judicial por medio de una acción de tutela, el demandante
debe cumplir con los requisitos de procedencia. En este sentido, el éxito
de la solicitud de amparo en estos eventos se encuentra supeditado al
cumplimiento de los denominados requisitos generales de procedencia, a
la verificación de al menos una de las “causales específicas de

4
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procedibilidad” que representan las razones concretas por las cuales se
puede acusar una providencia judicial de infringir derechos
fundamentales, y a que el actor despliegue una carga argumentativa
consistente en explicar las anomalías de la providencia, las cuales se
pueden enmarcar dentro de las siguientes categorías: a) Defecto material
o sustantivo; b) Violación directa de la Constitución; c) Defecto fáctico;
d) Defecto procedimental; e) Decisión sin motivación; f) Defecto
orgánico; g) Desconocimiento del precedente, y h) Error inducido, o,
como mínimo, que en la petición de amparo haga una exposición
suficientemente clara de los hechos y derechos que la fundamentan, de
forma tal que el juez constitucional pueda deducir, sin elucubraciones,
cuál es el defecto que la parte actora reprocha de la providencia.

3.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

De conformidad con lo anterior, el análisis de las acciones de tutela contra
providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento
excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial.

En ese orden, corresponde a la Sala analizar, en primer lugar, si es
procedente decidir de fondo la acción de tutela instaurada por la parte
actora en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el Tribunal
Administrativo del Huila y la DIAN, con ocasión de los autos de 21 de
mayo de 2021 y 31 de marzo de 2022, dictados dentro del proceso
judicial ordinario identificado con el número de radicado 2020-00846-01.

3.3.3. El requisito de inmediatez en la acción de tutela contra
providencias judiciales

3.3.3.1. La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la
finalidad de la tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos

5
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fundamentales del solicitante, éste debe formularla en un plazo razonable
y proporcionado contado a partir del hecho que originó la amenaza o
vulneración de tales derechos, pues aceptar lo contrario desvirtuaría el
carácter excepcional de la acción de tutela.

Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación, mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 20144,
en lo concerniente a la verificación del cumplimiento del requisito de
inmediatez en los casos que se controvierten providencias judiciales,
consideró que dicha exigencia, por regla general, se debe tener por
cumplida cuando la acción se interpone dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia que se pretende controvertir.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la
naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las
mismas y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. Este plazo, en todo caso, es indicativo, por lo que
deberá ser analizado en cada caso particular, teniendo en consideración
las circunstancias especiales de modo, tiempo y lugar en que se encuentre
el accionante.

A este respecto, en sentencia SU-354 de 2017, la Corte Constitucional
destacó que la importancia de exigir un término razonable entre la
notificación de la sentencia que se controvierte y la interposición de la
acción de tutela radica en que dicho requisito: “[…] (i) garantiza una
protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a
atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y
(iv) desestima las solicitudes negligentes[…]”. En adición, la corporación
reiteró que no existe un término de caducidad para acudir al amparo
constitucional, de manera que cada caso debe ser analizado en concreto,

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Rad.11001-03-15-

000-2012-02201-01 (M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

6
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teniendo en cuenta todos los matices y circunstancias que puedan
presentarse en el curso de los hechos.

Por lo mismo, la Corte Constitucional ha establecido criterios
excepcionales para valorar la admisibilidad de una acción de tutela
presentada luego de que hubiese transcurrido un largo período respecto
de la vulneración o amenaza de derechos5. En ese orden de ideas,
tratándose de los criterios excepcionales para evaluar la presentación
proporcional en el tiempo de la acción de tutela, resulta necesario que el
escrito de tutela despliegue un mínimo de carga argumentativa en aras
de acreditar: (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes; (ii) si esta inactividad vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados, y (iv) si el fundamento de la acción de tutela
surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha
de interposición6.

Una vez verificado lo anterior, el juez constitucional deberá examinar las
circunstancias propias del caso objeto de su estudio, en aras de establecer
si éstas se adecúan a los criterios excepcionales fijados por la Corte
Constitucional, los cuales pueden responder a parámetros de índole
subjetiva u objetiva según corresponda, a saber: El subjetivo, es aquel
que se circunscribe a las condiciones especiales del sujeto o sujetos que
instauran la acción de tutela. Así pues, el juez constitucional deberá
evaluar: (i) si el demandante pertenece a un grupo vulnerable; (ii) si de
conformidad con la situación personal o coyuntural del actor no era
posible acudir de forma inmediata al juez constitucional; (iii) si el
accionante se encuentra en condiciones de aislamiento geográfico o de
vulnerabilidad económica que le impidieron ejercer la tutela; (iv) si está
en estado de indefensión que le impidió hacer uso de la acción de tutela,

5 Sentencias T-584 de 2011 y SU-499 de 2016 entre otras.
6 En ese sentido, ver sentencias SU-961 de 1999 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-814 de 2004 (M. P. Rodrigo Uprimny

Yepes), T-743 de 2008 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-172 de 2013 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).

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y (v) si la vulneración a los derechos fundamentales ha sido permanente
en el tiempo. Por su parte, el criterio objetivo hace referencia a aquellos
eventos en que la Corte Constitucional haya expresamente determinado
un plazo especial para la interposición del amparo dada las condiciones
propias del caso en concreto, como sucede cuando se discuten pensiones
de sobrevivientes.

En conclusión, este requisito implica, como regla general, que la acción
de tutela debe interponerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la
notificación de la providencia que se pretende controvertir. Sin embargo,
si de conformidad con las explicaciones y circunstancias expuestas por el
demandante en el escrito de tutela, el juez constitucional evidencia que
existe una causal de justificación para que el actor no haya acudido al
procedimiento de amparo en ese plazo, deberá acudir a los criterios
excepcionales para el cumplimiento del requisito de inmediatez, esto es,
el objetivo o subjetivo, para analizar si el tiempo de presentación y la
fecha en que fue instaurada la tutela es proporcional a las condiciones del
caso en concreto.

3.3.3.2. En el caso bajo examen, la Sala advierte que, entre la fecha de
notificación (8 de abril de 2022) del último auto dictado por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado el 31 de marzo de 2022, dentro del proceso
identificado con el número de radicado 41001-23-33-000-2020-00846-
01, que se pretende dejar sin efectos, y la interposición de la presente
acción de tutela (19 de octubre de 2022) transcurrieron más de los 6
meses que la jurisprudencia constitucional ha estimado como plazo
razonable para la interposición de las acciones de tutela contra providencias
judiciales. Por su parte el actor, al presentar esta acción, no dio ninguna
explicación particular sobre las razones de su tardanza.

En ese orden de ideas, para la Sala la actuación desplegada por la parte
actora no resulta razonable ni proporcional, pues lo que se persigue a
través de la acción de tutela es la protección urgente e inmediata de los
derechos fundamentales del solicitante, lo cual supone y amerita una

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gestión diligente de su parte. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta
que la parte actora no adujo ni menos demostró encontrarse en una
situación especial de vulneración de derechos, encuadrable en alguno de
los criterios arriba reseñados, que eventualmente hiciera
desproporcionada la exigencia de acudir ante el juez constitucional con
antelación suficiente.

Así las cosas, debe recordarse que, como se expuso en el acápite
precedente, el primer presupuesto para la prosperidad de una acción de
tutela contra providencias judiciales consiste en la acreditación del
cumplimiento de la totalidad de los requisitos generales de procedencia
de este mecanismo constitucional antes explicados. En esa medida, el
incumplimiento del requisito de inmediatez en el presente caso, aspecto
que no fue desvirtuado a partir de los argumentos expuestos en el escrito
de tutela, torna innecesario el análisis sobre los restantes requisitos
generales.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela
interpuesta por la parte actora en contra de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, el Tribunal Administrativo del Huila y la DIAN.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la parte actora en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
el Tribunal Administrativo del Huila y la DIAN.

SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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