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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2020-00846-01

Fecha
31 de marzo de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2020-00846-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO POR VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE NOTIFICACIÓN y por ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA A FAVOR DE TERCERO que afectó de manera grave el patrimonio del demandado FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO, identificado con C.C. 5.888.830 y a la familia de él, con las decisiones tomadas en el proceso de jurisdicción coactiva de la DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPUESTOS “DIAN” SECCIONAL 13 - NEIVA, bajo el RAD. 2015-04039. TERCERO: Como consecuencia se ordene a la DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPUESTOS “DIAN” SECCIONAL 13 - NEIVA pagar por concepto de reparación integral de perjuicios materiales e inmateriales por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, por concepto de: 1). Por PERJUICIOS MORALES SUBJETIVADOS, la suma de dinero necesaria para adquirir en la época de la sentencia, o en su lugar, en la de la liquidación de perjuicios así: Para FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO identificado con C.C. 5.888.830, en calidad victima directa el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la época de la sentencia como mínimo o en su defecto aplicando el sistema o fórmula que les resulte más favorable, liquidados así: (100 MLV. *828116. * 100= ($82.511.600). 2.- Por concepto de PERJUICIOS VIDA DE RELACIÓN, por ser esposo y padre cabeza de familia, la suma de dinero necesaria para adquirir en la época de la sentencia o, en su lugar, en la de la liquidación de perjuicios así: para FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO edificado con C.C. 5.888.830 el equivalente a cien (100) salarios mínimos 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador Radicado: 41001-23-33-000-2020-00846-01 (26367) Demandante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO Y OTROS AUTO legales mensuales vigentes a la época de la sentencia o en su defecto aplicando el sistema o fórmula que les resulte más favorable, liquidados así: (100 SMLV. *828116. * 100= ($82.816.600). […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 41001-23-33-000-2020-00846-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

31 de marzo de 2022

Radicado: 41001-23-33-000-2020-00846-01 (26367)
Demandante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO Y OTROS
AUTO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: MEDIOS DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO Y DE REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 41001-23-33-000-2020-00846-01 (26367)
Demandante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO Y OTROS
Demandado: UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES-
DIAN

Temas: Rechazo demanda – acumulación de pretensiones - actos no
demandables

AUTO- RESUELVE RECURSO DE APELACIÓN

Proveniente de la Sección Primera de esta Corporación 1, la Sección Cuarta avoca
conocimiento del asunto con el propósito de decidir el recurso de apelación interpuesto
por los demandantes contra el auto de 21 de mayo de 2021, proferido por el Tribunal
Administrativo del Huila, por el cual se rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y de reparación directa.

ANTECEDENTES

FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO y MELBA AVILÉS CARDONA, en nombre
propio y como representantes legales de sus hijos menores KAREN JULIETH, JUAN
SEBASTIÁN, FREDY ANDRÉS, IVÁN MAURICIO ALDANA AVILÉS y DIANA LICETH
ALDANA AVILÉS, ejercieron demanda en la que formulan pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho y de reparación directa, de la siguiente manera 2:

“PRIMERA: Como NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se declare la
responsabilidad administrativa y patrimonial por parte de la DIRECCIÓN NACIONAL
DE IMPUESTOS “DIAN” SECCIONAL 13 - NEIVA, por los actos administrativos
constitutivos de violación al debido proceso expedidos en el proceso de jurisdicción
coactiva de la DIAN bajo el RAD. 2015-04039 contra el demandante Fredy Antonio
Aldana Castro.

A). Como primera consecuencia se declare la nulidad del acto administrativo
20170205000106 de fecha 05/06/2017 mediante el cual se ordenó el embargo del
inmueble con matrícula inmobiliaria 200-71056 finca Altamira ubicada en el municipio
de Aipe vereda Santa Helena, registrado mediante ANOTACIÓN Nro. 012 Fecha: 08-
06-2017, radicación: 2017-200-6- 9501, doc. OFICIO 20170206000106 DEL 05-06-
2017 DIAN DE NEIVA: ESPECIFICACIÓN MEDIDA CAUTELAR: 0444 EMBARGO
POR JURISDICCIÓN COACTIVA.

1 Por auto de 18 de enero de 2022 remite por competencia a la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Puede

consultarse el proceso en el aplicativo SAMAI, índice 4.
2 El expediente digital puede consultarse en aplicativo SAMAI, índices 2 y 3.

1
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través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

Radicado: 41001-23-33-000-2020-00846-01 (26367)
Demandante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO Y OTROS
AUTO

B). Como segunda consecuencia se declare la nulidad de la diligencia de secuestro
realizada mediante despacho comisorio # 2887 de fecha 4 de mayo de 2018 efectuada
por el Juzgado Único Promiscuo de Aipe Huila de la finca Cascarillo ubicada en la
vereda El Olimpo del municipio de Aipe Huila, de propiedad de Fredy Antonio Aldana
Castro.

C). Como tercera consecuencia se declare la nulidad del acto administrativo #
20180502000032 de fecha 22/06/2018, de avalúo del inmueble finca Altamira,
realizado por la gestora Liliana Manrique Ruiz identificada con C.C. 55.057.858, sin
cumplir con los presupuestos legales para tal fin.

D). Como cuarta consecuencia se declare la nulidad de la diligencia de remate
realizada mediante acto administrativo # 201806050000001 de fecha 24/10/2018, por
estar viciada de nulidad por falta de notificación al demandado.

F). Como quinta consecuencia se declare la nulidad del acto administrativo #
201806069015399 de fecha 06/11/2018 que aprobó el remate sin cumplir con los
presupuestos legales, que afectó la finca Altamira con matrícula inmobiliaria 200-71056
código catastral 41016- 000200110006000 ubicada en la vereda Santa Helena del
municipio de Aipe Huila a nombre del demandante Fredy Antonio Aldana Castro.

G)- Como sexta consecuencia se declare la nulidad del acto administrativo que efectuó
la entrega material de la finca Cascarillo realizada por el secuestre Héctor Joaquín
Gutiérrez Murcia recibida por Jhon Gilbert Peña Cano apoderado de la adjudicataria
Aura del Pilar Serrano Almanza identificada con C.C.1.077.860.164.

H). Como séptima consecuencia se ordene pagar a los demandantes los daños y
perjuicios a título de daño emergente presente y futuro, lucro cesante y daños morales,
los cuales se encuentran tasados en el proceso.

SEGUNDA: Como REPARACIÓN DIRECTA se declare la FALLA DEL SERVICIO POR
VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE NOTIFICACIÓN y por
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA A FAVOR DE TERCERO que afectó de manera
grave el patrimonio del demandado FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO, identificado
con C.C. 5.888.830 y a la familia de él, con las decisiones tomadas en el proceso de
jurisdicción coactiva de la DIRECCIÓN NACIONAL DE IMPUESTOS “DIAN”
SECCIONAL 13 - NEIVA, bajo el RAD. 2015-04039.

TERCERO: Como consecuencia se ordene a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
IMPUESTOS “DIAN” SECCIONAL 13 - NEIVA pagar por concepto de reparación
integral de perjuicios materiales e inmateriales por vulneraciones o afectaciones
relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, por
concepto de:

1). Por PERJUICIOS MORALES SUBJETIVADOS, la suma de dinero necesaria para
adquirir en la época de la sentencia, o en su lugar, en la de la liquidación de perjuicios
así: Para FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO identificado con C.C. 5.888.830, en
calidad victima directa el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la época de la sentencia como mínimo o en su defecto aplicando el sistema
o fórmula que les resulte más favorable, liquidados así: (100 MLV. *828116. * 100=
($82.511.600).

2.- Por concepto de PERJUICIOS VIDA DE RELACIÓN, por ser esposo y padre cabeza
de familia, la suma de dinero necesaria para adquirir en la época de la sentencia o, en
su lugar, en la de la liquidación de perjuicios así: para FREDY ANTONIO ALDANA
CASTRO edificado con C.C. 5.888.830 el equivalente a cien (100) salarios mínimos
2
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Radicado: 41001-23-33-000-2020-00846-01 (26367)
Demandante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO Y OTROS
AUTO

legales mensuales vigentes a la época de la sentencia o en su defecto aplicando el
sistema o fórmula que les resulte más favorable, liquidados así: (100 SMLV. *828116.
• 100= ($82.816.600).

Por concepto de PERJUICIOS MATERIALES:
3.- Por DAÑO EMERGENTE: de acuerdo al avalúo pericial.
3.1. Por el valor de los lotes de terrenos 1, 4 y 5 avaluados EN CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/C ($464.916.250,oo), los cuales que hacen parte del
inmueble de mayor extensión denominado Altamira.
3.2. Por el valor de la finca Cascarillo avaluada en la suma de DOSCIENTOS QUINCE
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS. M/ CTE.
($215´677.500,00).

4.- Por LUCRO CESANTE PRESENTE: por las cosechas de café en los lotes 1, 4 y 5
que pertenecen al inmueble de mayor extensión denominado finca Altamira conocida
con matrícula inmobiliaria 200-71056 41016- código catastral 41016-
000200110006000 ubicada en la vereda Santa Helena del municipio de Aipe Huila
desde la fecha de los hechos hasta el año 2020 así:

1.- El valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO PESO
M/C ($454.694.928,oo). 2.- Por la finca CASCARILLO: para Fredy Antonio Aldana
Castro 1.- Por cultivo de café. A LA FECHA DEL INFORME PERICIAL:
$105´492.508,00 SON CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE.
2.- Por cultivo de plátano A LA FECHA DEL INFORME PERICIAL: $14´398.890,oo
SON: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (…)

4.1 LUCRO CESANTE FUTURO: Los que se causen y tasen en la liquidación teniendo
en cuenta el dictamen pericial aportado o el que ordene el señor juez y se haga efectivo
el fallo que ordene pagar.”

Mediante auto del 21 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo del Huila rechazó la
demanda y ordenó el archivo del expediente.

La decisión quedó notificada en estado electrónico. La demandante interpuso recurso
de apelación. El Tribunal, por auto de 13 de octubre de 2021, concedió el recurso en
el efecto suspensivo y ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado.

AUTO APELADO

El Tribunal rechazó la demanda por las siguientes razones:

No es procedente la acumulación de pretensiones de nulidad de actos administrativos
particulares y concretos con reclamaciones por reparación directa porque no se
cumplen los requisitos del artículo 165 del CPACA.

Además, los actos cuya nulidad se pide no tienen control judicial por haberse expedido
en un proceso de cobro coactivo, conforme lo previsto en el artículo 101 del CPACA.
Aunque fueran demandables, al verificar la fecha en que se profirieron (2017-2018) ya
operó la caducidad si se tiene en cuenta que la demanda se instauró el 10 de diciembre
de 2020.
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Demandante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO Y OTROS
AUTO

Respecto de las pretensiones de reparación directa que se fundamentan en que la
DIAN incurrió en una falla del servicio en el proceso de cobro coactivo (la falta de
notificación de los actos dictados en el proceso de cobro) y que el daño se concretó el
20 de febrero de 2019, cuando el rematante del bien inmueble contactó al señor Fredy
Antonio Aldana Castro para exigirle la entrega de este, el medio de control de
reparación directa no es el adecuado para obtener indemnización.

Lo anterior, porque el alegado daño, según sostuvo la parte demandante, se deriva de
la expedición irregular de una serie de actos administrativos, por lo que solo es posible
analizarlo bajo la cuerda procesal del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, siempre que los actos que se ataquen sean objeto de control judicial y se
demanden en la oportunidad legal correspondiente.

RECURSO DE APELACIÓN

Los actores interpusieron recurso de apelación contra la decisión del Tribunal, en los
siguientes términos:

Procede la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que, según el
artículo 138 del CPACA, en virtud de ese medio de control puede solicitarse la
reparación del daño. Y, también es procedente la demanda de reparación directa, en
los términos del artículo 140 ib, puesto que puede demandarse directamente la
reparación del daño antijurídico producido por un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de
trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública.

Igualmente, puede existir acumulación de pretensiones porque se cumplen los
requisitos del artículo 88 del CGP, pues las pretensiones no dependen una de la otra,
porque los daños y perjuicios antijurídicos ya se materializaron. El artículo 140 del
CPACA prevé que se puede pedir la indemnización de manera directa, pero por
economía procesal se pidieron los perjuicios en la misma demanda de nulidad y
restablecimiento. Así, por error, el Tribunal rechazó la demanda por indebida
acumulación de pretensiones, cuando debió inadmitirla para que pudiera ser
subsanada.

No existe caducidad, pues la DIAN no notificó a Fredy Antonio Aldana Castro de la
existencia del proceso de cobro coactivo, a pesar de que pudo hacerlo en el mismo
inmueble objeto de medida cautelar o de secuestro, para garantizarle el derecho de
defensa técnica y contradicción. Tal omisión implica una falla del servicio que generó
un enriquecimiento sin causa a favor de un tercero y la afectación grave del patrimonio
del demandado.

En este caso, el señor Aldana Castro tuvo conocimiento de la existencia del proceso
de cobro coactivo solo hasta el 20 de febrero de 2019, pero las presuntas
irregularidades se evidenciaron el 28 de febrero del mismo año, cuando se obtuvieron
las copias del expediente ordenadas por la División de Gestión de Recaudo y
Cobranza de la DIAN. Y, aunque el 11 de abril de 2019, solicitó la nulidad procesal de
los actos de secuestro y remate, la DIAN nunca dio respuesta a dicha petición.

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Demandante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO Y OTROS
AUTO

En consecuencia, el señor Fredy Antonio Aldana Castro desconocía la existencia del
proceso de cobro coactivo adelantado por la DIAN y cuando tuvo conocimiento de
este ya había operado la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho respecto de los actos administrativos dictados en esa actuación. Así que
se faltaría a la justicia material al castigar a los demandantes, a pesar de que respecto
a ellos no se aplica la caducidad por no haber estado a su alcance ejercer ese
derecho.

No existe prueba de que la DIAN haya requerido al señor Aldana Castro para que
pagara el impuesto a la renta por $623.773. Y para cobrar este valor sí se causó un
perjuicio de más de $1.000.000.000, de acuerdo con el dictamen pericial aportado al
proceso.

Con el medio de control de reparación directa se pretende pedir la reparación de unos
daños antijurídicos en más de $1.000.000.000, causados a los demandantes. Esa
reparación patrimonial no depende de la prosperidad de las pretensiones de nulidad
y restablecimiento del derecho.

CONSIDERACIONES
1. Competencia

La decisión que rechaza la demanda es apelable conforme con el numeral 1 del
artículo 243 del CPACA 3, por tratarse de un auto que pone fin al proceso. Como la
providencia la dictó en primera instancia el Tribunal Administrativo del Huila, es
competente el Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación, de acuerdo
con el artículo 150 ib. 4 y la decisión corresponde a la Sala, según lo dispuesto en el
numeral 2, literal g) del artículo 125 ib.5.

Las citadas normas son aplicables en este caso, en sus textos modificados, porque el
recurso de apelación se interpuso después de las modificaciones introducidas por la
Ley 2080 de 2021 6, en sus artículos 62, 26 y 20. Ello, en virtud de lo previsto en el

3
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ARTÍCULO 243.
APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Son
apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. […]”.
Nota: Este texto corresponde al modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, aplicable para la fecha en la
que se interpuso el recurso de apelación.
4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “ARTÍCULO 150. COMPETENCIA

DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN. <Inciso modificado por el
artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en
el artículo 245 de este código. […]” Nota: Este texto corresponde al modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de
2021, aplicable para la fecha en la que se interpuso el recurso de apelación.
5 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “ARTÍCULO 125. DE LA

EXPEDICIÓN DE PROVIDENCIAS. <Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto
es el siguiente:> La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas:
[…]
2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: […]
g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan
el recurso de apelación contra estas; […]”. Nota: Este texto corresponde al modificado por el artículo 26 de la Ley
2080 de 2021, aplicable para la fecha en la que se interpuso el recurso de apelación.
6 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –

Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan
ante la jurisdicción.
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Demandante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO Y OTROS
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inciso 4 del artículo 86 de la citada Ley 2080, sobre el régimen de vigencia y transición
normativa, en el que se precisa que los recursos presentados se rigen por las leyes
vigentes cuando se interpusieron 7.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si debe revocarse la decisión de rechazar la demanda
frente a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación
directa formuladas por el señor Fredy Antonio Aldana Castro y otros.

3. Solución del caso

En el caso en estudio, los demandantes promovieron demanda en la que se
acumularon pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación
directa, en forma principal.

De una parte, las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho se dirigen
contra los siguientes actos, dictados por la DIAN en el proceso de cobro coactivo No.
2017-2006-9501, adelantado contra el señor Fredy Antonio Aldana Castro por la
obligación de pago del impuesto de renta, año 2014:

1. Acto 20170205000106 de 5 de junio de 2017 que ordenó el embargo de la finca
Altamira, ubicada en la vereda Santa Helena del municipio de Aipe (Huila).
2. Diligencia de secuestro de la finca Cascarillo, ubicada en la vereda El Olimpo,
adelantada por el Juzgado Único Promiscuo de Aipe, ordenada mediante
Despacho Comisorio 2887 de 4 de mayo de 2018.
3. Acto 20180502000032 de 22 de junio de 2018, que corresponde al avalúo de la
finca Altamira, realizado por un funcionario de la DIAN.
4. Diligencia de remate 201806050000001 de 24 de octubre de 2018.
5. Acto 201806069015399 de 6 de noviembre de 2018, que aprobó el remate de
la finca Altamira.
6. Acto de entrega material de la finca Cascarillo.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los anteriores actos, los
demandantes pidieron que se ordene el pago de los daños y perjuicios, a título de daño
emergente presente y futuro, lucro cesante y daños morales.

De otra parte, las pretensiones de reparación directa se dirigen a que se declare la
falla del servicio por falta de notificación de las decisiones adoptadas por la DIAN en
el proceso de cobro coactivo No. 2015-04039 y por enriquecimiento sin causa de un
tercero. En consecuencia, los demandantes pidieron que se ordene la reparación
integral de los perjuicios materiales e inmateriales causados.

7 L. 2080 de 2021. “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. […] En estos mismos procesos,

los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas,
los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo,
se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse
las notificaciones.”
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Demandante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO Y OTROS
AUTO

Pues bien, aunque de la interpretación armónica de los artículos 835 del Estatuto
Tributario8 y 101 del CPACA 9 se puede determinar que del proceso administrativo de
cobro únicamente son demandables los actos administrativos por medio de los cuales
i) se resuelven las excepciones, ii) se ordena llevar adelante la ejecución y iii) se liquida
el crédito, por vía jurisprudencial se han ampliado las actuaciones que pueden ser
objeto de control jurisdiccional.

En reiteradas oportunidades, esta Sección 10 ha considerado que en los procesos de
cobro coactivo existen decisiones, además de las previstas en el artículo 835 del ET,
que pueden ser objeto de control jurisdiccional, porque, por sus especiales
condiciones, son diferentes de aquellas que simplemente ejecutan obligaciones
tributarias y que pueden modificar las situaciones particulares de los administrados,
quienes deben tener la posibilidad de controvertirlas. Tal es el caso del auto
aprobatorio del remate de bienes del deudor 11.

En reciente pronunciamiento, la Sala estudió la legalidad de un auto aprobatorio del
remate, como se ha aceptado en oportunidades anteriores, y, en concreto, precisó lo
siguiente12:

“[…] si bien, el artículo 835 del ET prescribe que solo son «demandables ante la
Jurisdicción Contencioso–Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y
ordenan llevar adelante la ejecución», esta Sección ha precisado que el control judicial
se amplía a otras actuaciones que establezcan una obligación distinta a la simple
ejecución de la deuda tributaria, a partir de lo cual se ha admitido la posibilidad de
demandar el auto que aprueba la diligencia de remate13, motivo por el cual, se procede
al estudio correspondiente. […]”

De lo anterior, se concluye que el Acto 201806069015399 de 6 de noviembre de 2018,
que aprobó el remate de un inmueble, es un acto administrativo susceptible de control
jurisdiccional.

No puede predicarse la misma consideración frente a los demás actos cuya nulidad
pidió la demandante, porque son de ejecución o de trámite, en la medida en que su
único objetivo es hacer efectivas las ordenes de la autoridad tributaria con las que se

8 “Artículo 835. Intervención del Contencioso Administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo
coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las
excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro,
pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.”
9 “Artículo 101. Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las
excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito.(…)”
10 Entre otras providencias, ver sentencias de 28 de agosto de 2013, exp. 18567, C.P. Hugo Fernando Bastidas

Bárcenas y de 26 de noviembre de 2009., exp. 17426, C.P. Héctor J. Romero Díaz.
11 Entre otras, ver sentencias de 26 de noviembre de 2009, Exp. 17426, C.P. Héctor J. Romero Díaz, del 12 de abril

de 2012, exp. 18720, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 28 de agosto de 2013, exp. 18567, C.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, del 12 de noviembre de 2015, Exp. 20881, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia
y del 24 de septiembre de 2020, Exp. 21178, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
12
Sección Cuarta, exp.25373, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
13
Criterio reiterado en las sentencias del 26 de noviembre de 2009, Exp. 17426, C.P. Héctor J. Romero
Díaz, del 12 de abril de 2012, Exp. 18720, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 28 de agosto
de 2013, Exp. 18567, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 12 de noviembre de 2015, Exp.
20881, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 24 de septiembre de 2020, Exp. 21178, C.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO Y OTROS
AUTO

busca ejecutar la obligación adeudada. Por esa razón, no pueden ser objeto de control
jurisdiccional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del CPACA 14.

Precisado lo anterior, corresponde verificar si respecto del acto que podía demandarse
(el que aprobó el remate) se cumple el requisito de oportunidad para acudir ante esta
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Pues bien, de las pruebas aportadas con la demanda no es posible establecer la fecha
de notificación del acto que aprobó el remate al señor Fredy Antonio Aldana Castro,
quien precisamente alega que no tuvo conocimiento del proceso de cobro coactivo
adelantado en su contra y que solo el 28 de febrero de 2019 logró obtener copia del
expediente.

Teniendo en cuenta lo dicho en la demanda y en el recurso de apelación, para
contabilizar el término de caducidad, la Sala tiene como fecha de notificación por
conducta concluyente el 28 de febrero de 2019. Significa esto que los demandantes
tenían hasta el 1º de julio de 2019 para presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. No obstante, la demanda se presentó el 26 de noviembre
de 2020, según se observa del acta de reparto del proceso, lo que impide la admisión
de la demanda por haber operado la caducidad del medio de control frente al acto que
aprobó el remate.

En consecuencia, es procedente el rechazo de la demanda frente a las pretensiones
de nulidad y restablecimiento del derecho. Por tanto, respecto a este rechazo, la Sala
confirma el auto apelado, pues, como se precisó, frente a los actos cuya nulidad se
solicita, unos no son susceptibles de ser demandados y el auto aprobatorio del remate
no puede ser acusado porque operó la caducidad del medio de control.

En relación con las pretensiones de reparación directa formuladas por los
demandantes, la Sala precisa lo siguiente:

En general, la demandante sustenta la generación de un daño patrimonial en la falta
de notificación por parte de la DIAN de los actos dictados en el proceso de cobro
coactivo No. 2015-04039 y por enriquecimiento sin causa de un tercero, lo que le
impidió ejercer la defensa de sus intereses y causó perjuicios materiales e
inmateriales, cuya reparación integral pretende en esta oportunidad.

Para el Tribunal, el daño alegado por el demandante se deriva de la expedición
irregular de unos actos administrativos dictados en el proceso de cobro, por lo que el
medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho.

No obstante, el demandante insiste en que el daño proviene de la falta de notificación
o conocimiento de la existencia del proceso de cobro coactivo adelantado en su contra,
con lo que, en su entender, existió una omisión de la administración tributaria que
constituye falla en el servicio.

En realidad, el presunto daño que sufrió la parte actora tiene su origen en el proceso
de cobro coactivo No. 2015-04039, iniciado en su contra por la DIAN, del cual, según
advirtió, no tuvo conocimiento sino hasta el 28 de febrero de 2019, fecha en que se

14
Sentencia de 19 de octubre de 2017, exp. 20099, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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entiende notificada por conducta concluyente. Así, la inconformidad de fondo es contra
las decisiones que se expidieron en el proceso administrativo de cobro.

Cabe insistir en que de los actos que se demandaron en este asunto, el auto
aprobatorio del remate podía ser demandado, dentro del término de cuatro (4) meses
siguientes a su notificación por conducta concluyente. Sin embargo, no sucedió así.

Por tanto, como lo precisó el Tribunal, el medio de control idóneo era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, puesto que la fuente del daño son los actos
administrativos dictados en el proceso de cobro.

En relación con los requisitos de procedencia de los medios de control de reparación
directa y de nulidad y restablecimiento del derecho, en providencia del 27 de febrero
de 2019, la Sección Tercera de esta Corporación señaló15:

“De conformidad con lo previsto en los artículos 135 a 148 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la jurisprudencia de esta
Corporación16, la escogencia de los medios de control en ejercicio de los cuales se
deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta Jurisdicción no depende de la
discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin
pretendido.

Así, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho procede en aquellos
eventos en los cuales los perjuicios alegados son consecuencia de un acto
administrativo que se considera ilegal, en tanto que el medio de control de la reparación
directa procede en los casos en los que la causa de las pretensiones se deriva de un
hecho, una omisión, una operación administrativa17. […]”

En consecuencia, como lo dispuso el Tribunal, también procede el rechazo de las
pretensiones de reparación directa formuladas por la demandante, en atención a que
el origen del posible perjuicio o daño que se alega es la expedición de unos actos en
el proceso administrativo de cobro y lo que se pretende es que dichos actos
desaparezcan del ordenamiento jurídico, por lo que no es procedente el medio de
control de reparación directa.

15 Exp 08001-23-33-000-2015-00721-01 (60161), M.P. María Adriana Marín.
16
Al respecto, y en relación con los supuestos de procedencia de las acciones de reparación directa y
de la de nulidad y restablecimiento del derecho esta Sala en providencia del 19 de julio de 2007,
expediente 33628, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, señaló:
“Con la acción de reparación directa en los términos del artículo 86 del C.C.A. se busca la declaratoria
de responsabilidad del Estado, cuando con un hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra causa, se
ocasione un daño antijurídico que se le pueda imputar y, por ende, tiene el deber jurídico de indemnizar.
Jurisprudencialmente se ha establecido, además, como la acción idónea para demandar la
indemnización por el daño causado por el acto legal, cuando este rompe el principio de la igualdad frente
a las cargas públicas.
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, es procedente cuando el daño
proviene del acto administrativo ilegal y para lograr su reparación es menester que el juez declare su
nulidad, porque solo entonces el daño causado por éste será antijurídico y comprometerá la
responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, que siempre que exista un acto administrativo con el
cual se afirma haber causado un perjuicio, y del cual se acusa su ilegalidad, ésta será la acción correcta ”.
En vigencia de la Ley 1437 de 2011 véase: auto del 12 de mayo de 2016, exp. 68001-23-33-000-2015-
00511-01 (55032); auto del 10 de diciembre de 2014, exp. 76001-23-33-000-2014-00387-01 C.P.
Hernán Andrade Rincón (E).
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril
de 2006, expediente 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
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Demandante: FREDY ANTONIO ALDANA CASTRO Y OTROS
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Por lo expuesto, la Sala confirma la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la providencia apelada.

2. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

10
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