Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2002-02611-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-31-000-2002-02611-02
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 68001-23-31-000-2002-02611-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 68001-23-31-000-2002-02611-02
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: MIGUEL SERRANO GÓMEZ Y BEATRIZ ISABEL
SERRANO GULFO
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Tema: NULIDAD APROBACIÓN DE REMATE
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada, en
contra de la sentencia de 13 de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
de Santander.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La demanda1
1. Los señores Miguel Serrano Gómez y Beatriz Isabel Serrano Gulfo, actuando a
través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo [en
adelante CCA], acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
elevar las siguientes pretensiones:
“[…] PRETENSIONES
1) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 900158 del 8 de abril de 2002
expedida por la Administración de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga,
División de Cobranzas, por medio de la cual se anuló el Auto No. 901231 del 20
de noviembre de 2001, aprobatorio del remate realizado el 31 de octubre de
2001 dentro del proceso de cobro coactivo seguido contra el contribuyente
GARCÍA VEGA Y CIA LIMITADA (expediente No. 9602413), en el cual mis
poderdantes fueron los rematantes adjudicatarios del bien inmueble distinguido
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 300-227868 ubicado en la Carrera 39A
# 44-209, apartamento 1802, de la ciudad de Bucaramanga, y como
consecuencia de la anulación del mencionado Auto, ordenó la devolución a mis
poderdantes de las sumas de dinero depositadas.
2) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 900233 del 24 de mayo de
2002 de la División de Cobranzas de la Administración de Impuestos y Aduanas
de Bucaramanga, a través de la cual se resolvió el recurso de reposición
interpuesto por los demandantes contra la decisión contenida en la Resolución
No. 900158 del 8 de abril de 2002 y que confirmó la anulación del Auto
1
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 09. Anexos 8 y Demanda .pdf
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
Aprobatorio del remate y ordenó la devolución de las sumas consignadas como
consecuencia del remate.
3) Que se declare la nulidad de la Resolución No. 900331 del 24 de junio de
2002 expedido por la Jefe de la División de Cobranzas de la Administración de
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, a través de la cual se resolvió el recurso
de apelación contra la decisión contenida en el acto administrativo No. 900158
del 8 de abril de 2002, confirmando la anulación del Auto Aprobatorio del remate
y ordenando la devolución de las sumas consignadas como consecuencia del
remate.
4) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de
restablecimiento del derecho, se condene a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES a reconocer y pagar a mis poderdantes, los daños y
perjuicios ocasionados con el actuar antijurídico, consistentes en:
a) Los gastos en que incurrieron mis poderdantes como consecuencia exclusiva
y directa del giro de los dineros que debieron depositar por instrucciones de la
DIAN para y con ocasión del remate, consistentes en el pago del Gravamen a
los Movimientos Financieros (sic).
b) Los gastos y costos en que incurrieron como adjudicatarios del mencionado
inmueble, una vez se realizó la diligencia de entrega del bien rematado, tales
como los vinculados con el pago de los servicios públicos del inmueble.
c) La pérdida del poder adquisitivo de los dineros depositados a órdenes de la
DIAN para y como consecuencia del remate, los cuales fueron devueltos sin
actualización.
d) El valor de $7.140.000 actualizado, correspondiente al pago del impuesto al
remate, establecido en el artículo 7° de la Ley 11 de 2987 (sic), el cual no ha
sido devuelto por la DIAN a la fecha de presentación de esta demanda, a pesar
de las diligencias administrativas que se han adelantado hasta el momento.
e) Las sumas de dinero que resultan de la pérdida de la oportunidad por haber
sido despojados del inmueble rematado al que legítimamente tenían derecho.
f) Los gastos y costos en que incurrieron para defender la legalidad del Auto
Aprobatorio del remate y adelantar todas las gestiones para el debido
agotamiento de la vía gubernativa.
g) Los daños morales que se prueben en este proceso.
5) Que se ordene el pago de las condenas, actualizando las sumas desde el
momento en que, de conformidad con la ocurrencia de los hechos, debieron
haberse pagado, hasta la fecha en que se cancele efectivamente el monto de
la condena, de conformidad con los índices de precios al por mayor certificados
por el DANE y a las mismas se aplique una tasa de interés moratorio equivalente
al doble del interés bancario corriente, debidamente certificados por la
Superintendencia Bancaria.
6) La ejecución de la sentencia se hará en un todo de acuerdo a las
disposiciones de los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso
Administrativo.
7) Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada […]”.
3
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
I.1.1. Los hechos
2. Afirmaron que, dentro del expediente de cobro coactivo núm. 9602413, tramitado
por la División de Cobranzas – Cobro Coactivo de la Administración Local de
Bucaramanga, Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales
-en adelante DIAN-, seguido en contra del contribuyente “[…] GARCÍA VEGA Y CIA
LTDA […]”, el día 31 de octubre de 2001, se llevó a cabo la diligencia de remate del
bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria núm. 300-227868 ubicado
en la Carrera 39 A # 44 – 209, apartamento 1802, Conjunto Casa Hacienda de la
ciudad de Bucaramanga, de propiedad de aquella sociedad.
3. Señalaron que consignaron, el mismo 31 de octubre de 2001, la suma de
$54.712.000 para hacer postura dentro de la diligencia de remate del precitado
inmueble y que, finalmente, les fue adjudicado, tras haber presentado una oferta por
la suma de $238.000.000, con lo cual la DIAN procedió a “[…] elaborar la
correspondiente acta de la diligencia de remate […]”, que fue suscrita por quienes
participaron en ella.
4. Aseveraron que, como “[…] rematantes adjudicatarios […]”, pagaron el saldo del
precio del inmueble -la suma de $183.288.000- y el impuesto previsto en el artículo
7°. de la Ley 11 de 27 de enero de 19872, el día 2 de noviembre de 2001, de acuerdo
con el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, señalando que:
“[…] A partir de esta fecha se hicieron acreedores del Auto Aprobatorio del
Remante (sic), por haberse cumplido todos los requisitos exigidos por la
ley para la expedición del mismo (Arts. 523 a 528 y 530 del C.P.C.) de manera
tal que a partir de ella la Administración de Impuestos y Aduanas de
Bucaramanga no tenía otra obligación legal distinta que expedir el
mencionado Auto.
5.El mismo 2 de noviembre de 2001, mis poderdantes entregaron las copias
correspondientes de las consignaciones a la Dra. Luz Helena Ramírez,
Ejecutora Delegada de la División de Cobranzas de la Administración de
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga.
6. Adicionalmente, el 6 de noviembre de 2001, pagaron en bancos la
Retención en la Fuente del 1%, que corresponde al vendedor, en
cumplimiento de las instrucciones dadas por la División de Cobranzas de la
Administración de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga. […]” (Negrilla del
texto)
5. Apuntaron, siguiendo la Resolución núm. 900158 de 8 de abril de 2002 -uno de
los actos administrativos demandados-, que la Superintendencia de Sociedades –
Regional Bucaramanga, el 6 de noviembre de 2001, ofició a la DIAN informando
que la sociedad “[…] García Vega y Cía. Ltda. […]” había sido admitida para iniciar
las negociaciones dentro del esquema regulado en la Ley 550 de 30 de diciembre
2
“[…] por la cual se reglamenta el manejo y aprovechamiento de los depósitos judiciales y se dictan otras disposiciones. […]”
4
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
de 19993, comunicación que fue recibida “[…] el 7 de noviembre de 2001, según
consta en el folio 992 del Expediente de cobro coactivo No. 9602413. (sic) […]”.
6. Expusieron que:
“[…] 9. Desde el mismo 2 de noviembre de 2001, los Rematantes Demandantes
se hicieron acreedores de la expedición del correspondiente Auto Aprobatorio
del Remate. Como bien lo señala la DIAN – Bucaramanga en la Resolución No.
900331, “[u]na vez adjudicado el bien en la diligencia misma, el 02 de noviembre
del 2001, los rematantes consignaron el saldo del valor del remate dentro del
término en el artículo 529 (sic) del C. De Procedimiento Civil (sic), tal como se
aprecia en los folios 960 a 962 del Expediente, razón por la cual la Ejecutora
Delegada que tenía a cargo el expediente, mediante Auto No. 901231 del 20 de
noviembre aprobó la diligencia de remate referido”.
(…)
12. También como consecuencia de expedición (sic) del Auto Aprobatorio del
remate y de su presunción de legalidad, el 23 de noviembre de 2001 se adelantó
la diligencia de entrega del Inmueble por parte del secuestre, Sr. José Pedraza
Granados a mis poderdantes.
13. De igual manera, amparados en la presunción de legalidad del Auto
Aprobatorio del remate, el cual junto con el acta de remate constituyen el título
de la “venta forzada”, mis poderdantes pagaron una serie de recibos o facturas
que las empresas públicas había expedido por la prestación de sus servicios al
Inmueble adjudicado a los rematantes. De esta manera, pagaron $6.600 a la
empresa Gasoriente S.A. ESP por el consumo de gas de octubre de 2001 con
un mes de atraso; $474.193 a la Compañía del Acueducto Metropolitano de
B/manga S.A. ESP (sic) por consumo de septiembre de 2001 con 6 meses de
atraso y $297.840 a la Empresa de Telecomunicaciones de B/manga S.A. ESP
(sic), por el período de 01 de octubre a 31 de octubre de 2001 con 6 meses de
atraso, para un gran total de $778.633. Estas sumas no han sido devueltas a
mis poderdantes. […]”
7. Sostuvieron que la Superintendencia de Sociedades dio respuesta, mediante
oficio núm. 155-005848 de 21 de febrero de 2002, a las comunicaciones de 17 de
diciembre de 2001 -número 2001-01-123925- y 23 de enero de 2002 -número 2002-
01-004872-, presentadas por la DIAN y por ella misma, en la cual concluye,
equivocadamente, que:
“[…] si bien pudo haber habido (sic) pago de un remate con anterioridad al inicio
de las negociaciones ello no significa la terminación del proceso y por tanto se
debe suspender de pleno derecho. Este concepto fue usado como argumento
por parte de la DIAN, desconociendo el carácter informativo […]”.
8. Mencionaron, siguiendo la Resolución núm. 900158 del 8 de abril de 2002 -uno
de los actos administrativos demandados-, que el promotor de la sociedad García
Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S., solicitó la nulidad de las actuaciones
3
“[…] por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los
entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan
disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley […]”
5
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
realizadas dentro del proceso administrativo de cobro coactivo realizadas con
posterioridad a la fecha de la iniciación de las negociaciones y, “[…] por tanto, se
revoque la diligencia de remate. […]”.
9. Indicaron que:
“[…] De manera unilateral y contraviniendo claras disposiciones vigentes, sin
trámite previo alguno y sin el consentimiento expreso y escrito de mis
poderdantes, el 8 de abril de 2002, la DIAN – Bucaramanga, mediante
Resolución No. 900158, decide anular el Auto Aprobatorio del remate (sic), en
total desconocimiento de lo señalado en los artículos 29 de la Constitución
Nacional, y 2, 3, 28, 35 y 74 del Código Contencioso Administrativo, pues al
violar el debido proceso, desconoció el derecho de defensa que le asiste a todo
tercero con legítimo interés sobre los actos administrativos de contenido
particular que declaren o constituyan derechos en su favor. En efecto, con la
expedición del Auto Aprobatorio del remate (sic) se reconoció, desde el punto
de vista formal, el derecho de mis poderdantes a la propiedad sobre el inmueble
rematado, por haberse cumplido todos los requisitos señalados en el artículo
530 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el D.E. 2282 de 1989.
De acuerdo con el mencionado artículo, una vez se cumplen todos los requisitos
señalados en él, el juez (en este caso, el funcionario encargado del proceso de
cobro coactivo) debe expedir el Auto Aprobatorio del remate […]” (Negrilla del
texto)
10. Comentaron que, dentro de la oportunidad legal, presentaron recurso de
reposición en contra de la Resolución núm. 900158, la cual fue confirmada por la
autoridad administrativa, en la Resolución núm. 900233 de 24 de mayo de 2002, en
la cual:
“[…] a pesar de reconocer en su planteamientos que el Auto Aprobatorio es “una
consecuencia del remate en sí mismo considerado” y se reafirma en su error de
extender los alcances de la admisión a negociaciones, bajo el esquema legal
planteado en la Ley 550 de 1999, a hechos y actuaciones procesales existentes
con anterioridad al inicio de negociaciones, al declarar sin efecto el remate
y ordenar la devolución únicamente de las sumas legal y válidamente
consignadas por mis poderdantes el 31 de octubre y el 2 y 6 de noviembre de
2001. Con la anterior actuación la DIAN causó un perjuicio adicional al surgido
con ocasión de la violación al derecho adquirido sobre la propiedad del
inmueble, pues no debió dejar a mis poderdantes en una situación económica
y financiera inferior a la existente antes de la fecha del remate, esto es, al menos
debió haber reconocido a mis poderdantes el pago de las otras sumas pagadas
con ocasión del remate tales como el Gravamen a los Movimientos Financieros,
los servicios públicos del bien rematado pagados por mis poderdantes y la
devolución actualizada de todas las sumas de dinero pagadas con ocasión del
remate y de la expedición del Auto Aprobatorio del remate. […]”
11. Señalaron, asimismo, que la DIAN, mediante la Resolución núm. 900331 de 24
de junio de 2002, resolvió el recurso de reposición presentado en contra de la
Resolución núm. 900158 de 8 de abril de 2002, confirmándola en todas sus partes.
12. Llamaron la atención a que, a pesar de haberse expedido, el 24 de junio de 2002,
la resolución que resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la
6
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
Resolución núm. 900158 de 8 de abril de 2002, tan sólo el 30 de agosto de 2002 les
fueron entregados dos títulos por valor de $54.712.000 y $183.288.000.
13. Hicieron hincapié, igualmente, en que solo hasta el 2 de octubre de 2002 se les
citó para adelantar el procedimiento para la devolución de las sumas consignadas
a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura y, además, que, a la fecha de
presentación de la demanda, aún estaba pendiente la devolución de la suma
consignada en cumplimiento de lo señalado en el artículo 7°. de la Ley 11 de 1987,
a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura, esto es, $7.140.000, “[…] sin su
correspondiente actualización ni intereses de mora […]”.
I.1.2. Las causales de nulidad invocadas
14. Los demandantes estimaron que la DIAN desconoció, con las expedición de las
resoluciones demandadas, las normas en que han debido fundarse.
I.1.2.1. Las normas violadas
15. Aseguró que la parte demandada, con la expedición de las resoluciones
acusadas, quebrantó, en particular, i) los artículos 2, 6, 29, 83, 121 y 209 de la Carta
Política; ii) los artículos 1, 2, 3, 28, 33, 34, 35 y 74 del CCA; iii) los artículos 823,
833 y 839-2 del Estatuto Tributario4; iv) los 530 y 537 del Código de Procedimiento
Civil; y, v) los artículos 14 y 55 de la Ley 550.
I.1.2.2. El concepto de violación
i) Violación del debido proceso
16. Aseguraron que, con la expedición de la Resolución núm. 900158 de 8 de abril
de 2002, se habrían desconocido los artículos 2, 29 y 209 de la Carta Política, así
como los artículos 2, 3, 28, 34, 35 y 74 del CCA por cuanto no fueron notificados de
la iniciación del procedimiento de revocatoria “[…] de la resolución en mención […]”,
a fin de ejercer su derecho de defensa y contradicción y, adicionalmente, la
autoridad administrativa -la DIAN- no pidió el consentimiento expreso y escrito para
revocar el acto que “[…] les reconoció el derecho a adquirir la propiedad del
inmueble en los términos señalados en la diligencia de remate llevada a cabo el 31
de octubre de 2001 […]”.
17. Indicaron que el Auto Aprobatorio núm. 901231 de 20 de noviembre de 2001
reconoció la validez del remate efectuado el 31 de octubre de 2001, a través del
cual adquirieron “[…] derechos sobre el inmueble […]”, y del pago realizado por este
-con sus correspondientes impuestos-, lo cual tuvo lugar con anterioridad a la fecha
de iniciación de las negociaciones de la sociedad García Vega Y Cía. Ltda. en
desarrollo de la Ley 550.
4
Decreto 624 de 30 de marzo de 1989, “[…] "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por
la Dirección General de Impuestos Nacionales […]”.
7
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
18. Aseguraron que el auto aprobatorio citado reconoció derechos en su favor,
debiéndose considerar como “[…] un acto administrativo de carácter particular y
concreto […]”, en el que se reconoce, insistió, la legalidad y validez de la diligencia
de remate y de los pagos efectuados, lo cual llevó a que se cancelaran las medidas
cautelares y se levantaron los gravámenes que pesaban sobre el inmueble
rematado, se expidieran copias del acta de remate y del auto aprobatorio para su
protocolización y registro en la oficina de registro de instrumentos públicos, con el
fin de que pudieran gozar del derecho de propiedad que les asistía sobre el
inmueble rematado.
19. Señalaron, en tal sentido que:
“[…] a raíz de la expedición del Auto Aprobatorio, la DIAN emite la comunicación
No. 81-04-065-007644 del 22 de noviembre dirigida al Registrador de
Instrumentos Públicos de Bucaramanga con la cual le remite las copias del acta
de remate y del Auto Aprobatorio para que se sirva registrar el remate. Es decir,
perfeccionado el título de la compraventa por diligencia de remate (venta
forzada, como la llama nuestra Corte Suprema de Justicia) faltaba tan solo el
modo de la transferencia. De manera que no se puede negar el carácter de acto
administrativo de carácter particular y concreto del Auto Aprobatorio […]”
20. Resaltaron, siguiendo el artículo 833-1 del Estatuto Tributario, que el auto
aprobatorio del remate es un “[…] acto administrativo de trámite […]” y, añadió,
siguiendo el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil, que el funcionario que
lo expide está limitado en su actuación, puesto que debe aprobar o declarar la
invalidez del remate.
21. Reiteraron que, previamente a la expedición de la Resolución núm. 900158 de 8
de abril de 2002, la autoridad administrativa omitió comunicarles el inicio de una
actuación administrativa que los afectaría despojándolos de un derecho adquirido
de buena fe, sin posibilidad alguna de defensa, con lo cual se desconoció el artículo
209 Constitucional que establece, entre otros, los principios de publicidad y
contradicción de las actuaciones administrativas, reconocidos igualmente en el
artículo 3 del CCA, así como los artículos 28, 34, 35 y 74 del CCA, pues no gozaron
de la posibilidad de allegar, pedir y solicitar la práctica de pruebas.
22. Cuestionaron la posición de la DIAN, expuesta en la Resolución núm. 900233 de
24 de mayo de 2002, que negó violación alguna al debido proceso, considerando
que los rematantes no eran parte del proceso coactivo y que, en todo caso, se les
notificó la decisión tomada conforme el artículo 14 del CCA, en razón a que “[…] si
bien mis poderdantes efectivamente no eran partes (sic) del proceso de cobro
coactivo, no es menos cierto que si eran particulares sobre los cuales la DIAN tenía
conocimiento que podían “resultar afectados en forma directa” de la actuación
administrativa iniciada de oficio (Art. 28 CCA). […]”.
ii) Falta de competencia para revocar el auto aprobatorio del remate.
“[…] Normas Constitucionales Violadas: Artículos 6 y 121 de la
Constitución Nacional (…) Normas Legales Violadas: Artículos 1 y
8
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
33 del Código Contencioso Administrativo, 823 y 833-1 del Estatuto
Tributario y 14 y 55 de la Ley 550 de 1999 […]”
23. Advirtieron que la DIAN carecía de competencia para revocar, unilateralmente,
el “[…] Auto Aprobatorio 901231 del 20 de noviembre de 2001 […]”, puesto que el
pronunciamiento sobre la legalidad de un acto administrativo de carácter particular
y concreto, le corresponde a esta jurisdicción, de tal forma que, si la autoridad
administrativa consideraba que existía causa legal para decretar la nulidad del
citado acto, agotado el trámite previsto para el efecto en el CCA, debió acudir ante
la jurisdicción, “[…] en ejercicio de la acción de lesividad, con el fin de alegarla y
solicitar la nulidad de su propio acto […]”.
24. Aseguraron, con sustento en la Sentencia T-445 de 1994, proferida por la Corte
Constitucional, y en los artículos 823 y 833-1 del Estatuto Tributario, que los
procesos de jurisdicción coactiva tienen naturaleza administrativa y no judicial y
apuntó que:
“[…] Al notificarle la Superintendencia de Sociedades sobre el inicio de las
negociaciones que señala la Ley 550 de 1999 por parte de GARCÍA VEGA Y
CIA LTDA, la DIAN debió informarle a ella, al promotor y al representante de la
mencionada sociedad la imposibilidad de participar en las negociaciones, en la
parte correspondiente a las sumas pagadas por mis poderdantes, por cuanto el
remate ya se había realizado y pagado, de manera que no podría negociar
sobre la base de las mencionadas sumas, por cuanto ya se había satisfecho la
obligación, es decir, no había objeto de negociar el pago de una obligación ya
satisfecha, si bien no directamente por el contribuyente deudor, sí
indirectamente como producto del remate del inmueble embargado previamente
dentro del proceso de cobro coactivo, y su correspondiente pago por las
personas que de acuerdo con la ley aplicable al momento del pago eran las
únicas competentes para pagar. Igualmente, al ser requerida por el promotor
para anular el Auto Aprobatorio, la DIAN, debió informarle (sic) que no era la
competente para tomar tal decisión y debió dar aplicación a lo establecido en el
artículo 33 del CCA. […]” (Negrilla del texto)
25. Sostuvieron que se aplicó indebidamente el artículo 14 de la Ley 550 y se dejó
de aplicar el artículo 55 de la misma ley, en razón a que:
“[…] nótese que el mencionado artículo 14 señala en forma clara que en el
evento que no se suspenda un proceso de ejecución, el promotor y el
empresario quedan facultados para solicitar la nulidad al juez competente. Si
el promotor consideró que la DIAN no debió expedir el Auto Aprobatorio a quien
debió acudir fue al juez competente, que en el caso de un acto administrativo
de carácter particular y concreto es el juez contencioso administrativo.
Expresamente el mencionado artículo habla de juez competente.
Mal puede autorizar el artículo 14 que en los procesos de cobro coactivo sea el
funcionario (en palabras del artículo 55) el que anule un acto administrativo
(sic). No se puede olvidar que el propio legislador es conciente (sic) del carácter
administrativo del proceso coactivo, pues así lo reconoce en la redacción del
artículo 55. El artículo 14 no le otorgó la competencia de anular sus propios
actos al funcionario de la DIAN que adelanta los procesos de cobro coactivo,
por ello, al hacerlo la Administración de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga,
9
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
violó, además los artículos ya citados, los artículos 6 y 121 de la Constitución
Nacional y el 1° del CCA […]” (Negrilla del texto)
26. Explicaron, siguiendo el artículo 1°. del CCA, norma según la cual los
procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se rigen por estas y,
en lo no previsto, se deben aplicar las normas de la primera parte del CCA, que la
DIAN ha debido indicarle al promotor su falta de competencia para anular la
actuación administrativa, aplicando el artículo 33 del CCA, y, adicionalmente,
reiteró, iniciar el procedimiento de revocatoria directa de un acto administrativo de
contenido particular y concreto, si consideraba que su actuación estaba viciada, al
cabo del cual, si no obtenía el consentimiento para tal efecto, debía acudir ante la
jurisdicción, en ejercicio de la acción de lesividad, para solicitar la nulidad de su
propio acto.
iii) Legalidad del auto aprobatorio del remate. “[…] Normas
Constitucionales Violadas: Artículos 2, 83 y 209 de la Constitución
Nacional (…) Normas Legales Violadas: Artículo 2, 3, del Código
Contencioso Administrativo (sic), 823 y 839-2 del Estatuto Tributario,
14 y 55 de la Ley 550 de 1999 y 530 y 537 del Código de
Procedimiento Civil […]”
27. Recalcaron que, efectuada la diligencia de remate y pagadas las sumas de dinero
exigidas para que el funcionario competente aprobara el remate realizado “[…] con
anterioridad a la fecha de iniciación de negociaciones de la empresa deudora
[…]”, no existía fundamento legal para declarar la ineficacia de la diligencia de
remate pues esto supuso la aplicación retroactiva de los efectos de la iniciación de
las negociaciones de la Ley 550 de 1999, desconociendo el principio constitucional
de respeto de los derechos adquiridos “[…] y por consiguiente, en directa violación
de los artículos 2, 83 y 209 de nuestra Constitución Política; 2 y 3 del CCA y 14 y
55 de la Ley 550 de 1999 […]”.
28. Recordaron que la normatividad tributaria no estableció todo el procedimiento
para llevar a cabo la ejecución de deudas fiscales, anotando que el artículo 839-2
del Estatuto Tributario, determinó que, en los aspectos compatibles y no previstos
en aquel estatuto, se debía observar, en el procedimiento administrativo de cobro
coactivo, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil “[…] que regulan el
embargo, secuestro y remate de bienes […]”.
29. Alegaron que, conforme a la doctrina y la jurisprudencia, una vez realizado el
remate y adjudicado el bien, dentro del procedimiento administrativo de cobro
coactivo, no se podían suspender las diligencias posteriores al remate como la
aprobación de este “[…] argumentando el inicio de negociaciones dentro de un
acuerdo de reestructuración del deudor tributario, cuando su iniciación es de
fecha posterior a la diligencia de remate, por cuanto el inicio de la realización
de la venta se entiende en la diligencia de remate.[…]”, pues en la diligencia de
remate se logró el cumplimiento de la obligación adeudada y no puede hablarse de
una deuda insoluta.
10
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
30. Anotaron que la legislación colombiana, específicamente en el artículo 537 del
Código de Procedimiento Civil, ha establecido expresamente que el deudor puede
pagar y con ello terminar el proceso ejecutivo, siempre y cuando no se haya
celebrado la diligencia de remate, de lo cual deduce, en concordancia con el artículo
841 del Estatuto Tributario, que solo es posible la celebración de acuerdos de pago,
la suspensión del procedimiento de cobro y el levantamiento de medidas
preventivas decretadas con anterioridad a esa diligencia.
31. Apuntaron que, la satisfacción de los intereses de los acreedores dentro de la
negociación de un acuerdo de reestructuración que se llegue a celebrar, solo es
posible:
“[…] si para la fecha de negociaciones el deudor está en capacidad procesal de
efectuar el pago o un acuerdo de pago. Nótese que la norma procesal sólo le
permite “pagar” directamente antes de la diligencia de remate, o después si el
remate se declara sin efecto […]” (Negrilla del texto)
32. Cuestionaron las apreciaciones de la Superintendencia de Sociedades según las
cuales:
“[…] en el procedimiento administrativo de cobro coactivo el pago del remate no
se verifica hasta tanto la entidad acreedora no las aplique a la acreencia en
contra del ejecutado. Como lo señalamos en párrafos anteriores, la apreciación
de la Superintendencia de Sociedades es equivocada por cuanto
desconoce el carácter especial del proceso de cobro coactivo adelantado
por la propia administración. En éste, a diferencia de lo que sucede en el
proceso ejecutivo, el pago que realiza el rematante es a órdenes de la propia
DIAN, acreedora de las sumas que se pretenden cobrar dentro del proceso; en
tanto que en el proceso ejecutivo, el pago del remate se realiza a órdenes del
juzgado y no del acreedor, razón por la cual es necesario que el juez civil expida
el Auto Aprobatorio, dando traslado de los dineros al acreedor, una vez realiza
la liquidación de las sumas adeudadas. […]” (Negrilla del texto)
33. Llamaron la atención en cuanto a que el pago, en el procedimiento administrativo
de cobro coactivo, se “[…] verifica cuando el rematante consigna la suma del
remanente en la cuenta que la DIAN (verdadera acreedora en el proceso) ha
señalado previamente […]”, por lo que, una vez pagado el valor del remate y las
sumas contempladas en el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil, la DIAN
no podía hacer cosa distinta que verificar que dicha diligencia -el remate- fue válida
y que el pago fue efectuado, para efectos de impartirle su aprobación, con lo cual,
en su concepto, el auto aprobatorio del remate es declarativo de situaciones de
hecho -validez del remate y del pago- y no constitutivo.
34. Subrayaron, desde esa perspectiva, que la Resolución núm. 900158 del 8 de
abril de 2002 era ilegal por cuanto le dio efectos retroactivos a un acuerdo de
negociación que se inició con posterioridad a la diligencia de remate y al pago
mismo. Durante esa etapa, aseveró, no podía la empresa deudora buscar una
negociación para un pago pues tal oportunidad había precluido, siguiendo para el
efecto el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil.
11
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
35. Enfatizaron en que, aunque pudiera argumentarse la nulidad del auto aprobatorio
del remate, aquella diligencia -el remate- se encontraba en firme, lo cual dejaría “[…]
en un limbo jurídico a la DIAN […]”, puesto que el bien le pertenece al rematante,
pues la diligencia de remate “[…] surte los efectos de venta forzada […]”, situación
que debió solucionarse con una interpretación armónica de los fines y propósitos
perseguidos por la Ley 550 y las normas especiales que regulan el procedimiento
administrativo de cobro coactivo, la diligencia de remate y los actos posteriores a
esta.
iv) Alcance Extralegal y Retroactivo del inicio de las negociaciones del
deudor “[…] Normas Constitucionales Violadas: Artículos 2 y 6 de la
Constitución Nacional (…) Normas Legales Violadas: Artículos 2 del
Código Contencioso Administrativo, 14 y 55 de la Ley 550 de 1999,
537 del Código de Procedimiento Civil y 833-1 del Estatuto Tributario
[…]”
36. Objetaron la decisión adoptada por la DIAN de dejar sin efecto la diligencia de
remate, insistiendo en que la autoridad administrativa ya había satisfecho su interés
en la recuperación de su acreencia, sumado a que, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 537 del Código de Procedimiento Civil, la deudora no podía negociar el pago
de una obligación que ya había sido pagada por ello, una vez acaecida la precitada
diligencia -diligencia de remate- “[…] por ser los postores quienes entran a satisfacer
el interés de la DIAN, por cuanto han adquirido en pública subasta los derechos que
el deudor tenía sobre el inmueble […]”.
37. Hicieron hincapié en que la DIAN obvió la aplicación del artículo 833-1 del
Estatuto Tributario “[…] sobre el carácter de trámite de las actuaciones
administrativas en los procedimientos de cobro coactivo […]”, toda vez que, si
hubiera reconocido al auto aprobatorio del remate ese carácter, habría “[…]
afirmado la legalidad del Auto No. 901231 del 20 de noviembre de 2001, en la
medida en que para las fechas de la diligencia del remate y de pago del mismo aún
no había entrado la sociedad deudora en negociaciones de un acuerdo de
reestructuración […]” pues el análisis de legalidad debía observar las condiciones
al momento en se produjeron tales hechos -el remate y el pago. Insistieron en que
la autoridad administrativa dio aplicación retroactiva al inicio de las negociaciones,
trasgrediendo sus derechos adquiridos con ocasión de la diligencia de remate,
interpretando, erróneamente, la Ley 550.
I.2. Trámite de la demanda
38. El magistrado instructor del proceso, a través de auto de 25 de agosto de 20035,
admitió la demanda y, en consecuencia, i) ordenó la notificación personal al ente
demandado y al agente del Ministerio Público; ii) fijó el negocio en lista por el término
5
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 10. Admisorio, notificaciones y contestacion.pdf
12
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
de diez (10) días para los fines previstos en “[…] el artículo 207-5 del C.C.A.,
modificado por el artículo 58 de la ley 446 de 1998 […]”; y, iii) solicitó a la
demandada el envío de los antecedentes administrativos del acto administrativo
demandado.
39. La DIAN, dentro del término previsto para el efecto, contestó la demanda6. El
magistrado instructor del proceso, en auto de 25 de agosto de 2004 7, decretó las
pruebas a practicar dentro del proceso, y, en auto de 23 de marzo de 20118, corrió
traslado a las partes y al agente del Ministerio Público, por el término de diez (10)
días, para que presentaran sus alegatos de conclusión y rindiera concepto,
respectivamente.
40. Las partes presentaron sus alegatos de conclusión9 y el agente del Ministerio
Público se abstuvo de intervenir en esta etapa del proceso.
41. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 16 de febrero de
201210, resolvió:
“[…] PRIMERO. DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución No. 900158 de
abril 8 de 2002, Por medio del cual (sic) se decide una nulidad dentro del
Proceso Administrativo Coactivo seguido contra GARCÍA VEGA Y CIA LTDA,
de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
SEGUNDO.DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución No. 900233 del 24 de
mayo de 2002, por la cual se resuelve un recurso de reposición, interpuesto
contra la Resolución No. 900158 de abril 8 de 2002, de conformidad a lo
expuesto en la parte motiva del presente fallo.
TERCERO. DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución No. 900331 del 24
de junio de 2002, Por medio del cual se decide el recursos de apelación
interpuesto en subsidio contra la Resolución No. 900158 de abril 8 de 2002, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.
CUARTO. Como consecuencia de lo anterior y a título de Restablecimiento del
Derecho se ORDENA a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANA
NACIONALES devolver a los accionantes el valor correspondiente al pago del
Gravamen de Movimientos Financieros, previa certificación de las entidad (sic)
financiera en la cual se efectuaron los depósitos a efectos de hacer postura y
pago del valor del inmueble rematado. El valor correspondiente a los gastos y
costos en que incurrieron los adjudicatarios del inmueble, una vez realizada la
diligencia de entrega del bien rematado vinculado con el pago de servicios
públicos del inmueble que se encuentran acreditados en el plenario que
ascienden a la suma de CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS ($427.898,oo). El reconocimiento y pago de la
Pérdida del Poder Adquisitivo de los dineros depositados a órdenes de la DIAN
para y como consecuencia del remate desde la fecha en que se efectuó el
depósito hasta la fecha en que efectivamente se hizo la devolución de los
6
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 10. Admisorio, notificaciones y contestacion.pdf
7
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 11. Pruebas y tramite 1.pdf
8
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 13. tramite 3 y alegatos.pdf
9
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 13. tramite 3 y alegatos.pdf
10
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 14. Sentencia 1ra instancia.pdf
13
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
dineros a los actores. Al pago de la suma de $7.140.000 que corresponde al
valor cancelado por los libelistas por el impuesto al remate, establecido en el
artículo 7° de la Ley 11 de 1987, el cual según lo manifestado en el petitum no
había sido devuelta por la DIAN al momento de presentar la demanda.
QUINTO. Deniéguese las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO. La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los
términos previstos en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. para efectos de la
actualización económica o indexación de las sumas reconocidas, se aplicará la
fórmula consignada en la parte motiva de la este proveído (sic). Dicha
liquidación deberá realizarla la entidad demandada.
SEPTIMO. Ejecutoriado el presente fallo archívese el expediente y desanótese
(sic) de los libros radicadores […]” (Negrilla del texto)
42. La DIAN, mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2012 11, solicitó la nulidad de
todo lo actuado en el proceso a partir del auto que admitió de la demanda, en razón
a que:
“[…] 1°. El día 29 de octubre de 2002, los señores Miguel Serrano Gómez y
Beatriz Isabel Serrano Gómez, presentaron demanda en acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que solicitan la nulidad de unos actos
proferidos por la DIAN, dentro del Proceso Administrativo de Cobro adelantado
en contra de la sociedad García Vega y Cia Ltda.
2°Por cuanto la decisión que se tomara en dicho proceso, tenía incidencia en el
proceso administrativo y especialmente respecto a los intereses que le asistían
a la sociedad ejecutada, esto es a García Vega y Cia Ltda, los demandantes
solicitaron en el libelo introductorio (hoja 28 del escrito de la demanda, folio 386
del expediente), se conformara litis consorcio necesario y en tal sentido se
vinculara al proceso a dicha sociedad, petición que no fue resuelta por el
Honorable Tribunal.
(…)
5°Que el 16 de febrero de la presente anualidad, el Honorable Tribunal profirió
sentencia acogiendo parte de las súplicas de la demanda, cuyos efectos inciden
en los intereses de la sociedad García Vega y Cia Ltda, lo cual evidencia la
necesaria conformación del litis consorcio necesario, so pena de violar el debido
proceso y el derecho a la defensa de la sociedad en comento […]”
43. La DIAN, asimismo, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de
16 de febrero de 201212, en el cual, como cuestión previa, manifestó que:
“[…] mediante escrito presentado el día 26-03-2012, mediante incidente,
solicitamos al Honorable Tribunal decretar la nulidad de todo lo actuado a partir
del auto admisorio de la demanda, por no haberse integrado un litis consorcio
necesario, solicito a los Honorables Magistrados que previo a la concesión del
recurso se decida sobre dicho tópico. […]”
11
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 15. Notificacion, recursos y nulidad.pdf
12
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 15. Notificacion, recursos y nulidad.pdf
14
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
44. Los demandantes, igualmente, presentaron recurso de apelación 13, “[…]
únicamente en contra de los numerales Quinto, Sexto y Séptimo de la sentencia de
fecha 16 de febrero de 2012 […]”.
45. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia de 22 de enero
de 201414, rechazó, por improcedente, la solicitud de nulidad presentada por el
apoderado judicial de la DIAN; igualmente, en providencia de 16 de mayo de 2014 15,
no accedió a la solicitud de corrección del numeral cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia de 16 de febrero de 2012
46. La magistrada sustanciadora del proceso, en auto dictado en audiencia de 4 de
agosto de 201416, concedió los recursos de apelación presentados por las partes
demandante y demandada.
47. El Consejero de Estado instructor del proceso en segunda instancia, en auto de
30 de octubre de 201417, admitió los recursos de apelación interpuestos por los
apoderados de las partes demandante y demandada, en contra de la sentencia de
16 de febrero de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander; y,
mediante auto de 14 de enero de 201518, corrió traslado a las partes y al agente del
Ministerio Público, para que alegaran de conclusión. Solo la parte demandada
presentó sus alegatos de conclusión19.
48. El Consejero de Estado instructor del proceso en segunda instancia, en auto de
5 de junio de 202020, ordenó:
“[…] PONER EN CONOCIMIENTO de la Sociedad García Vega y Cía. Ltda. la
configuración de la causal de nulidad prevista en el numeral 9° del artículo 140
del CPCA, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación que
se le haga de esta providencia, se pronuncie como considere, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”
49. La sociedad García Vega S.A.S., por medio de su representante legal, solicitó21:
“[…] que se declare la nulidad identificada por el despacho y solicitada por el
apoderado de la DIAN, conforme a lo previsto en los artículos Art. 140 CPC Nral
9 (sic) / 133 CGP Numeral 8, por no haberse notificado y decidido en debida
forma en relación con la vinculación de la empresa que represento en el proceso
que se indica en el auto de traslado y bajo la advertencia del despacho respecto
13
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 15. Notificacion, recursos y nulidad.pdf
14
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 16. Nulidad.pdf
15
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 16. Nulidad.pdf
16
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 16. Nulidad.pdf
17
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 17. Cuaderno Consejo de Estado.pdf
18
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 17. Cuaderno Consejo de Estado.pdf
19
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 17. Cuaderno Consejo de Estado.pdf
20
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 17. Cuaderno Consejo de Estado.pdf
21
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 17. Cuaderno Consejo de Estado.pdf
15
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
a que la decisión que se tome dentro del proceso podría afectar los derechos
de la empresa.
Solicito de esta forma que se notifique la demanda en los términos procesales
correspondientes y se concedan los términos para manifestarnos sobre la
misma, presentar recursos y en general adelantar la defensa de nuestros
intereses en el proceso. […]”
50. El Consejero de Estado instructor del proceso en segunda instancia, en auto de
30 de octubre de 202022, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la sentencia proferida el 16 de
febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Santander, así como de las
actuaciones anteriores a su expedición incluyendo el auto que admitió la
demanda, para que proceda a integrar el contradictorio con todas aquellas
personas que debieron ser citadas como partes a este proceso, en particular, a
la sociedad García Vega Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S. […]” (Negrilla del
texto)
51. El magistrado instructor del proceso, en primera instancia, mediante auto de 16
de febrero de 2021, dispuso obedecer y cumplir lo resuelto en la providencia de 30
de octubre de 202023 proferida por esta Sección y, en auto de 6 de septiembre de
202224, admitió la demanda y, en consecuencia, i) ordenó la notificación personal a
los representantes legales de la DIAN y de la sociedad García Vega S.A.S., al
agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del
Estado; y, ii) fijó el negocio en lista por el término de diez (10) días para los fines
previstos en “[…] el numeral 5° del artículo 207 del C.C.A. […]”.
I.3. La contestación de la demanda
I.3.1. La DIAN
52. La DIAN, a través de su apoderado, contestó la demanda 25, oponiéndose a sus
pretensiones, pues los actos administrativos demandados gozan de la presunción
de legalidad, la cual debe ser desvirtuada por la parte demandante.
53. Estimó, una vez se pronunció sobre los hechos de la demanda, que el problema
jurídico que debía resolverse consistía en:
“[…] determinar si la DIAN era competente para declarar la nulidad de las
actuaciones proferidas en el proceso de cobro coactivo adelantado a la
Sociedad GARCIA VEGA Y CIA LTDA, con posterioridad a la admisión de dicha
sociedad a un acuerdo de reestructuración empresarial establecida en la Ley
550 de 1999; frente a lo cual nuestra tesis es positiva, toda vez que el artículo
14 de la Ley 550 de 1999, adicionó el artículo 170 del C.P.C., estableció que: “a
partir de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido
22
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 17. Cuaderno Consejo de Estado.pdf
23
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 01. (16 Feb 22) AUTOS DE OBEDECER Y CUMPLIR.pdf
24
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 03. (06 Sep 22) AUTO ADMITE LA DEMANDA.pdf
25
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 06. (16 Nov 22) Memorial contestación de la demanda DIAN.pdf
16
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
los cuatro (4) meses previstos en el artículo 27” de dicha ley, se suspenderán
los procesos que se encuentren en curso y por su parte el artículo 140 del
C.P.C., señala como una de las causales de nulidad, adelantar procesos
después de ocurrida cualquiera de las causales de suspensión, supuestos
fácticos que se presentaron en el sub judice, tal como lo demostraremos a
continuación […]”
54. Adujo, frente al cargo de violación del debido proceso, que no era procedente tal
objeción puesto que la actuación de la autoridad administrativa no se redujo a
revocar el auto aprobatorio del remate practicado dentro del proceso ejecutivo
coactivo, toda vez que consistió en la declaratoria de nulidad procesal originada en
que la ejecutada, la sociedad García Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S.,
fue aceptada para la promoción de un acuerdo de reestructuración, en los términos
de la Ley 550, ante la Superintendencia de Sociedades, lo cual le fue informado, el
día 6 de noviembre de 2001, mediante oficio núm. 640-1597, razón por la que,
siguiendo el artículo 14 de la mencionada ley, resultaba obligatorio la suspensión
del proceso ejecutivo coactivo; sin embargo, se continuó con su trámite, expidiendo
el auto aprobatorio del remate, el día 20 de noviembre de 2001, “[…] fecha posterior
a la información recibida de la Superintendencia de Sociedades, por lo que a
petición de los interesados, reconoció tal irregularidad y procedió de conformidad
con la ley, a declarar la nulidad del proceso a partir de la fecha de aprobación del
acuerdo de restructuración […]”.
55. Enfatizó, desde la anterior perspectiva, que su actuación no fue la de revocar un
acto administrativo, sino la de reconocer la ocurrencia de una causal de nulidad y,
por ello, adoptar las decisiones necesarias para enderezar la irregularidad cometida,
acudiendo al ordenamiento jurídico y siguiendo el debido proceso.
56. Insistió, en lo relativo a la falta de competencia para revocar el auto aprobatorio
del remate, en que la actuación adelantada no fue la de revocar o anular un acto
administrativo, sino la de declarar la nulidad de un procedimiento que no se
tramitaba conforme a la ley, puesto que, a pesar de existir una causa legal para la
suspensión del proceso ejecutivo, se continuó su trámite, en perjuicio del debido
proceso.
57. Así, aseveró que el artículo 14 de la Ley 550, dispuso que a partir de la fecha de
iniciación de la negociación y hasta transcurridos los cuatro (4) meses previstos en
el artículo 27 de la misma ley, no podría iniciarse ningún proceso de ejecución contra
el empresario y se suspenderían los que estuvieran en curso, con lo cual aquel y el
promotor, estarían habilitados para alegar la nulidad del proceso o pedir la
suspensión de tales procesos al juez competente.
58. Añadió que:
17
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
“[…] si bien es cierto que las actuaciones que se profieran dentro de un proceso
ejecutivo coactivo, son verdaderos actos administrativos, no lo es menos que
en la expedición de los mismos y en sus fundamentación (sic) se debe acudir a
normatividades diferentes como el C. de P. C. (sic) para el caso de todo lo
referente a las medidas cautelares, sus decretos (sic), la práctica de secuestro,
y todo lo contentivo con el remate (sic), y además debemos aplicar otras leyes
que regulan en forma especial algún punto específico, como lo es en este caso
lo ordenado por el artículo 14 de la Ley 550 de 1.999 (sic) […]”
59. Citó el contenido del artículo 839-2 del Estatuto Tributario, según el cual, en los
aspectos compatibles y no contemplados por esa norma, se aplicarían al proceso
administrativo coactivo, las disposiciones del Código de Procedimiento Civil;
igualmente, aludió al artículo 14 de la Ley 550, el cual habría adicionado una causal
de suspensión del proceso, consistente en que a partir de la fecha de iniciación de
la negociación y hasta que hayan transcurrido los cuatro (4) meses previstos en el
artículo 27 de esa misma ley, no podía iniciarse ningún tipo de proceso de ejecución
contra el empresario y se suspenderían los que se encontraren en curso.
60. Mencionó, asimismo, el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, norma
que establece como causal de nulidad, entre otras, cuando el proceso se adelanta
después de ocurrida cualquiera de las causales de interrupción o suspensión, razón
por la que:
“[…] al haberse proferido una actuación posterior a la admisión a la promoción
(sic) de un acuerdo de reestructuración empresarial establecida en la Ley 550
de 1999, a la sociedad GARCÍA VEGA Y CIA LIMITADA, se adecuaba la causal
de nulidad contemplada en la referida norma, siendo la dependencia de la DIAN
competente para declararla, pues era la autoridad administrativa que
adelantaba el proceso de cobro coactivo.
Cabe señalar igualmente que de acuerdo a lo señalado por el art. 142 del
C.P.C., las causales de nulidad “podrán alegarse en el proceso ejecutivo donde
ocurran, mientras no hayan terminado por el pago total a los acreedores, o por
causa legal” y en el subjudice (sic) el proceso no había terminado. […]”
61. Estimó, respecto de la legalidad del auto aprobatorio del remate, bajo el
argumento de que se realizó una aplicación retroactiva de la Ley 550, que la
revocatoria de actuaciones anteriores a dicha ley, no modificó ni revocó o declaró
nulas actuaciones ocurridas con anterioridad a la fecha de iniciación de
negociaciones amparadas en la Ley 550, agregando que la declaratoria de nulidad
del procedimiento posterior a la diligencia de remate tiene un fundamento distinto
del expuesto por el accionante, “[…] es más, se reconoce que la diligencia de remate
se llevó de conformidad con las ritualidades señaladas en el C. de P.C., más a pesar
de ello, por lo comentado anteriormente se daba lugar a suspender el proceso
ejecutivo coactivo so pena de nulidad, ocasionada por violación al debido proceso
[…]”.
18
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
62. Cuestionó la posición de la parte demandante, en la cual no es posible, una vez
practicada la diligencia de remate, la suspensión del proceso ejecutivo y, en
consecuencia, debe expedirse el auto aprobatorio del mismo, asegurando que:
“[…] lo que no podría la DIAN era suspender el proceso o anularlo, por una
causal distinta a la expuesta por esta Entidad, entendiendo que la misma DIAN
acepta, que la diligencia de remate se llevó a cabo, cumpliendo las exigencias
del C. de P.C. y del Estatuto Tributario. Pero ello no obsta para que, por una
causal diferente y señalada en una ley, se pueda llegar a la suspensión del
proceso coactivo.
La diligencia de remate y la adjudicación solo son una mera expectativa de
derecho, que se consolida con el auto aprobatorio de remate y su posterior
registro, si existe una causal legal que impida estos actos, no puede hablarse
indefectiblemente, de que el participar en un remate y obtener adjudicación por
mejor postura, se adquirió el dominio del bien, mucho menos en el caso de los
inmuebles cuya tradición está sujeta a la solemnidad del registro.
Tampoco es válido, traer a colación la interpretación de unas normas como la
contemplada en el artículo 537 del C. de P.C, que hace referencia a la
terminación del proceso por pago y el artículo 841 del Estatuto Tributario, que
trata sobre la suspensión del proceso de cobro coactivo por la suscripción de
un acuerdo de pago, aspectos que no son objeto de análisis en el caso sub
judice. […]”
63. Alegó que no debía prosperar la objeción del demandante relacionada con el
alcance extralegal y retroactivo del inicio de las negociaciones del deudor, pues
advierte que mediante el Auto núm. 900158 de 8 de abril de 2002, lo que decretó
fue la nulidad del auto aprobatorio del remate, de fecha 20 de noviembre de 2001,
tras evidenciar que el inicio de las negociaciones dentro del proceso de
reestructuración adelantado por la sociedad García Vega Y Cía. Ltda. se dio el 6 de
noviembre de 2001.
I.3.2. La sociedad García Vega S.A.S.
64. La sociedad García Vega S.A.S., a través de su apoderado, contestó la
demanda26, oponiéndose a sus pretensiones, puesto que, en su concepto, los actos
proferidos por la DIAN, habrían atendido las normas que impedían la continuidad de
los trámites del remate ordenado por esa misma autoridad.
65. Sostuvo, una vez se pronunció sobre los hechos de la demanda, en relación con
la violación del debido proceso, que las decisiones demandadas no son el resultado
del procedimiento de revocatoria de actos administrativos, puesto que aquellas
declararon la nulidad del proceso con ocasión de la existencia de una irregularidad
por el desconocimiento, en la aprobación del remate, de la “[…] de la notificación de
insolvencia recibida […]”, la cual prevalecería sobre la ejecución en curso y ordena
la suspensión de ese tipo de procesos.
26
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 09. (05 Dic 22) Memorial contestacion dda Garcia vega.pdf
19
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
66. Reiteró, en punto de la falta de competencia alegada, que la DIAN no acudió a
procedimiento de revocatoria alguno, pues la autoridad administrativa declaró fue la
irregularidad del procedimiento de remate por desconocer la notificación de la
suspensión de los procesos de ejecución, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley
550; y, en lo que respecta a la legalidad del remate, señaló que:
“[…] basta destacar que la presentación de la DIAN en su decisión, reconoce
plenamente la ausencia de un requisito para continuar el trámite cual era la
existencia de una orden perentoria de suspender la ejecución recibida el 6 de
Noviembre, antes del momento de la aprobación.
En los mismos argumentos de la demanda, se tiene, que las decisiones dentro
del contexto de un trámite de ejecución coactiva, son administrativas, sin
embargo ellas deben respetar el debido proceso y para el caso, la omisión de
la orden de suspender el proceso, no pertenece a la voluntad del deudor o su
reconocimiento por el juez de ejecución es una orden por ejecutar de naturaleza
inmediata, que suspende para todos los interesados la competencia eso sí para
darle efectos a temas que no podían.
La legalidad de la decisión de aprobar el remate carecía de competencia y por
ello no podía menos la DIAN, que efectivamente dejar sin efectos lo actuado
respecto a lo actuado una vez (sic) se recibió la orden, esta norma es el
fundamento primero para el logro de los efectos de la insolvencia, por cuanto
logra la protección de un patrimonio que va a conjugar las acreencias en forma
integral en pro de lograr la subsistencia de la empresa y la garantía de la justa
distribución de los recursos entre los acreedores, dichos principios superan
cualquier pretensión particular aún la de la DIAN en su propia persecución tal
como se evidencia de los contenidos de los acuerdos finales. […]”
67. Propuso como excepciones las de “[…] 1. AUSENCIA DE EFECTOS DE LA
SENTENCIA FRENTE A GARCIA VEGA S.A.S. (antes GARCIA VEGA Y CIA
LTDA), CONFORME A LOS HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA […]”;
“[…] 2. INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y ELECCIÓN DE LA
ACCIÓN POR LOS DEMANDANTES […]”; “[…] 3. IMPOSIBILIDAD
DECLARACIÓN DE EFECTO DE LA NULIDAD FRENTE AL REMATE DEL
INMUEBLE POR RECIBO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ORDENADA EN LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS […]”; “[…] 4. LEGALIDAD DE LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS POR TANTO AUSENCIA DE
OBLIGACIÓN DE PAGO DE PERJUICIOS […]”; y, “[…] 5. EXCEPCIÓN GENÉRICA
[…]”.
68. Consideró, en relación con la primera excepción, que, de acuerdo con los hechos
y pretensiones de la demanda, ninguna se orienta a obtener reconocimiento alguno
a cargo de la sociedad y, por el contrario, se pretende el pago de sumas dejadas de
pagar por la DIAN con ocasión de la resolución del trámite de ejecución en virtud de
la negociación a la que se acogió. Solicitó, en todo caso, ser excluida de cualquier
pago con ocasión de los hechos que se reclaman.
20
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
69. Anotó, respecto de la segunda excepción, que la situación que define la
existencia del daño, no es la corrección de la irregularidad del remate, sino las
actuaciones posteriores de incumplimiento, lo cual implica que dichas
reclamaciones deben rechazarse pues debieron tramitarse por otra vía procesal.
70. Adujo, en lo que tiene que ver con la tercera excepción, que:
“[…] En efecto, en el eventual reconocimiento de ilegalidad de los actos
administrativos, es aceptado y conocido por todas las partes, que dentro del
desarrollo de las decisiones de la DIAN dentro del trámite de ejecución coactiva
(sic), se ordenó la devolución del valor pagado por los demandantes y
efectivamente dicho dinero fue recibido por ellos (con reserva del derecho a
reclamar perjuicios), de esta forma, se renuncia expresamente a retrotraer la
decisión a este respecto, motivo por el cual se excepciona de nuestra parte, que
hay cierre pleno de la decisión de revocación del remate conforme a la renuncia
tácita de insistir en el remate frente a los hechos cumplidos de la orden de
devolución y el recibido de las sumas canceladas para efecto del negocio
correspondiente. […]”
71. Alegó, en lo que a la cuarta excepción se refiere, que los actos administrativos
expusieron ampliamente los fundamentos que llevaron a la entidad a dejar sin
efectos las decisiones tomadas a partir del 6 de noviembre de 2001, en especial, la
aprobación de la diligencia de remate, y, no obstante, que la decisión le resulta
ajena:
“[…] comparte junto con los demandantes (sic) la vocación de legalidad de la
decisión y la necesidad de darle plena aplicación a la decisión de la
SuperSociedades al notificar las negociaciones y ordenar la suspensión de las
actuaciones, tal y como se desprende de la solicitud y recibo de los dineros
cancelados en el remate por los señores MIGUEL SERRANO GOMEZ y
BEATRIZ ISABEL SERRANO GULFO, quienes no solo los recibieron, sino que
durante el tiempo en que se mantuvo vigente la decisión de aprobación del
remate 20 de Noviembre del 2001 y Abril del 2002, mantuvieron prudencia
frente al inmueble conociendo de la decisión de la SuperSociedades y no
llevaron a conclusión las decisiones de mismo, en un claro reconocimiento de
la legalidad.
Es más el texto de la demanda evidencia que su objetivo es volver las cosas a
su estado anterior con el pago de todos y cada uno de los perjuicios que la
decisión les implicó, por cuanto la DIAN, dejo de avisa (sic) oportunamente de
la notificación del 6 de Noviembre y con ello causó un daño, aunado al tiempo
que se tomó en la devolución del recurso cancelado; hechos que sin embargo
parecieran más pertenecientes a la naturaleza de un proceso de reparación
directa que una nulidad y restablecimiento, por cuanto se ordenó la devolución
y pago, sin que ella se produjera completa y oportunamente, circunstancia que
se planteara a continuación.
Se destaca en este punto además, que frente a la legalidad, vigencia y
procedencia de la suspensión de los procesos en virtual la ley 550 (sic), ninguna
observación se hace por parte de los demandantes, sino solo en relación con la
oportunidad y efectos derivados de la notificación. […]”
21
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
72. Finalmente, solicitó la declaración de todo hecho que resultare probado en el
curso del proceso y que constituyera causal eximente de responsabilidad para la
sociedad.
I.4. Tramite del proceso
73. El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 16 de enero de 202327,
decretó las pruebas a practicar en el proceso; y, en auto de 30 de enero de 202328,
corrió traslado a las partes y al agente del Ministerio Público por el término de diez
(10) días, para que presentaran “[…] alegaciones finales y concepto de fondo
respectivamente […]”.
74. Las partes demandante -Miguel Serrano Gómez y Beatriz Isabel Serrano Gulfo29-
y demandada -la DIAN30 y la sociedad García Vega S.A.S.31- presentaron alegatos
de conclusión. El agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa del
proceso.
I.5. La sentencia de primera instancia32
75. El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia de 13 de abril de 2023,
resolvió:
“[…]Primero. DECLÁRESE NO PROBADA la excepción de
inepta demanda formulada por la DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-,
acorde con lo expuesto en la parte considerativa
de la presente sentencia.
Segundo. DECLARASE la nulidad de la Resolución No.
900158 de abril 8 de 2002, Por (sic) medio de la
cual se decide una nulidad dentro del Proceso
Administrativo Coactivo adelantado en contra de
GARCÍA VEGA Y CIA LTDA, acorde con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. DECLARASE la nulidad de la Resolución No.
900233 del 24 de mayo de 2002, por la cual se
resolvió un recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución No. 900158 de abril 8 de
2002, acorde con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Cuarto. DECLARSE la nulidad de la Resolución No.
900331 del 24 de junio de 2002, por la cual se
resolvió un recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución No. 900158 de abril 8 de
27
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 11. (16 Ene 2023) AUTO QUE DECRETA PRUEBAS.pdf
28
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 12. (30 Ene 2023) AUTO QUE CORRE TRASLADO PARA ALEGAR.pdf
29
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 13. (14 Feb 23) Memorial alegatos Dte.pdf
30
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 15. (14 Feb 23) Memorial alegatos DIAN.pdf
31
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 14. (14 Feb 23) Memorial alegatos Gracia Vega SAS.pdf
32
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 16. Sentencia de primera instancia.pdf
22
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
2002, acorde con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Quinto. A título de restablecimiento del derecho se
ORDENA a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES DIAN, cancelar a favor
de los demandantes, los siguientes valores:
• Devolver a los demandantes el valor correspondiente al pago del
Gravamen de Movimientos Financieros. Para lo anterior, los actores
deberán allegar ante la DIAN certificación de la entidad financiera en la
cual se efectuó el respectivo depósito a efectos de hacer postura y el
pago del inmueble rematado.
• La suma de $427.898,oo que corresponde a los gastos en que
incurrieron por concepto de servicios públicos del inmueble distinguido
con el folio de matrícula inmobiliaria No. 300-227868.
• La suma de $7.140.000 que corresponde al valor cancelado por
concepto de Impuesto al remate, establecido en el art. 7° de la Ley 11
de 1987.
Las anteriores sumas serán actualizadas de conformidad con la fórmula
plasmada en la parte motiva de esta providencia.
Sexto. DENIÉGUENSE las restantes súplicas de la
demanda.
Séptimo. Sin condena en costas.
Octavo. La entidad demandada dará cumplimiento a la
sentencia en los términos previstos en los artículos
176, 177 y 178 del C.C.A.
Noveno. En firme esta decisión procédase al archivo de las
diligencias, previas las constancias de rigor en el
Sistema Justicia XXI. […]” (Negrilla del texto)
76. La primera instancia, inicialmente, resolvió las excepciones propuestas.
77. Afirmó, respecto de la excepción de “[…] INDEBIDA ACUMULACIÓN DE
PRETENSIONES Y ELECCIÓN DE LA ACCIÓN POR LOS DEMANDATES […]”,
con sustento en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por
remisión del artículo 145 del CCA, y en el artículo 85 del CCA, que no se presentaba
tal irregularidad puesto que, en principio, las pretensiones invocadas a título de
restablecimiento del derecho eran conexas con la pretensión de nulidad de los actos
administrativos demandados.
78. Lo anterior, por cuanto se pretende el pago de unas sumas de dinero que los
demandantes no habrían gastado de no haberse expedido la Resolución núm.
900158 de 8 de abril de 2002 -acto administrativo demandado-. Situación similar
ocurre con la reclamación “[…] a título de pérdida de ganancia […]”, pues está ligada
al despojo del bien adjudicado en subasta pública, todas pretensiones respecto de
23
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
las cuales la primera instancia era competente para resolver, subrayando que no
observaba contradicción en las pretensiones invocadas en la demanda, todas ellas
susceptibles de ser tramitadas por la vía del procedimiento ordinario.
79. Estimó, respecto de las demás excepciones propuestas por la parte pasiva, que
serían resueltas de forma conjunta con el fondo del asunto, pues pretenden discutir
el derecho reclamado por la parte demandante.
80. Abordó, posteriormente, el estudio de legalidad de los actos administrativos
demandados.
81. Explicó que, si bien el artículo 835 del Estatuto Tributario señala que solo son
demandables, en el proceso administrativo de cobro coactivo, las resoluciones que
deciden las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, y, además, que,
conforme al artículo 833-1 del mismo estatuto, las actuaciones realizadas en el
marco de ese procedimiento son de trámite, el auto de aprobación de la diligencia
de remate es pasible de control judicial mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, citando para el efecto, la sentencia de 26 de
noviembre de 2009, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación, en el
expediente núm. 25000 23 27 000 2007 00184 01 (17.426).
82. Indicó, luego de referirse a los hechos probados en el proceso y a la naturaleza
jurídica de la diligencia de remate, que, conforme a los artículo 527 y 530 del Código
de Procedimiento Civil, solo era posible alegar nulidades que afecten la validez del
remate hasta antes de la adjudicación, lo cual se produce al finalizar la diligencia de
remate, so pena de considerarse saneadas, criterio que “[…] prevalece hoy en
vigencia de la Ley 1395 de 2010 […]”.
83. Resaltó que la nulidad del remate puede ser declarada de oficio cuando el juez
advierte el incumplimiento de las formalidades prescritas en los artículos 523 a 528
del Código de Procedimiento Civil o como consecuencia del trámite de un incidente
de nulidad conforme el artículo 141 del citado código.
84. Coligió, de todo lo expuesto, que la DIAN carecía de competencia para declarar
la nulidad del auto aprobatorio del remate, comoquiera que, para el momento en
que tal decisión se adoptó, en la Resolución núm. 900158 de 8 de abril de 2002, e
incluso para la época en que el promotor del acuerdo de reestructuración de la
sociedad García Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S., presentó la petición de
nulidad, lo cual ocurrió el 20 de diciembre de 2001, el bien objeto de remate ya había
sido adjudicado, el auto aprobatorio del remate se encontraba en firme y se había
hecho entrega material del bien, “[…] por lo que, puede afirmarse entonces que, el
bien rematado ya no hacía parte del proceso administrativo de cobro coactivo. […]”.
24
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
85. Apuntó que la sociedad García Vega Y Cía. Ltda. dio inicio a un trámite para
lograr un acuerdo de reestructuración de pasivos en los términos de la Ley 550, con
lo cual no era posible iniciar o tramitar procesos ejecutivos en su contra.
86. Anotó que, si bien el artículo 14 de esa ley, estableció como efectos de la
iniciación de la negociación, la suspensión de los procesos en contra del deudor, no
era menos cierto que:
“[…] acorde con la mencionada norma, los procesos pasibles de ser
suspendidos son estrictamente aquellos que se encuentren en curso, situación
ésta que contrasta con lo ocurrido al interior del proceso coactivo adelantado
por la DIAN bajo la radicación No. 9602413, el cual, ya había cursado la etapa
de remate y adjudicación […]” (Negrilla y subrayado del texto)
87. Llamó la atención que, para el momento en que la Superintendencia de
Sociedades comunicó a la DIAN que la sociedad García Vega Y Cía. Ltda., hoy
García Vega S.A.S., había sido admitida para la promoción de un acuerdo de
reestructuración empresarial, así como para el momento en que se presentó la
solicitud de nulidad por parte del promotor, ya se había efectuado la subasta del
bien dentro del proceso de cobro coactivo, luego “[…] no puede aseverarse, como
lo pregona la DIAN, que el proceso coactivo contra la Sociedad GARCIA VEGA Y
CIA LTDA estuviera en curso y, por esta misma razón, tampoco podía darse
aplicación a la suspensión de que trata el art. 14 de la Ley 550 de 1999 […]”.
88. Hizo hincapié en que no se daban las condiciones previstas en el artículo 14 de
la Ley 550, para disponer la suspensión del proceso y, por tal razón, el bien
subastado y adjudicado no podía ser parte del acuerdo de reestructuración en razón
a que, reiteró, la solicitud de nulidad presentada por el promotor del acuerdo de
reestructuración fue posterior a la finalización del proceso administrativo de cobro
coactivo tramitado por la DIAN en contra de la sociedad García Vega Y Cía. Ltda.
89. Asevero, así las cosas, que:
“[…] adjudicado el inmueble subastado, proferido el auto aprobatorio del remate
y entregado el bien a los postores una vez cumplidas las formalidades de Ley,
se finiquitaba el proceso administrativo y con ello, la competencia de la DIAN
para emitir decisiones en torno de bienes que, se reitera, ya no hacían parte del
procedimiento coactivo precisamente por haber sido adjudicados y entregados.
En estos términos, el auto No. 901231 del 20 de noviembre de 2001, aprobatorio
del remate, gozaba de presunción de legalidad que no podía ser desconocida
por la DIAN so pretexto de una causal de nulidad que no resultaba aplicable al
caso precisamente en razón a que, el trámite administrativo no se encontraba
en curso, como lo exige la norma. […]”
90. Explicó que declararía la nulidad de los actos administrativos demandados y, a
título de restablecimiento del derecho, ordenaría a la DIAN, i) la devolución del pago
25
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
del gravamen de movimientos financieros, para lo cual los demandantes debían
allegar a la DIAN la certificación de la entidad financiera en la cual se efectuó el
depósito para hacer postura y se abonó el valor del inmueble rematado; ii) pagar la
suma de $427.898, por los gastos en que incurrieron los demandantes por concepto
de servicios públicos del inmueble subastado y adjudicado; y, iii) pagar la suma de
$7.140.000 que corresponde al valor cancelado por concepto del impuesto al remate
previsto en el artículo 7° de la Ley 11 de 1987. Indicó que las sumas anteriores
deberían ser actualizadas.
91. Decidió, por el contrario, negar el reconocimiento de lo pedido por la “[…] pérdida
de la oportunidad por haber sido despojados del inmueble rematado […]”, por ser
incierto y no aparecer acreditada la destinación que se daría al bien, lo cual impidió
establecer cuál era la expectativa que se frustró a los demandantes, así como los
perjuicios morales por no allegarse prueba de su causación.
I.6. El recurso de apelación33
92. La DIAN, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso de
apelación con el fin de que se revocara y, en su lugar, se denegaran las
pretensiones de la demanda, exponiendo para el efecto, los siguientes argumentos.
i) “[…] LA DIAN SI TENÍA COMPETENCIA PARA DECRETAR LA
NULIDAD DEL AUTO APROBATORIO DEL REMATE […]”
93. Insistió en que la actuación de la autoridad administrativa no se redujo a revocar
un auto o declarar la nulidad de un acto administrativo, sino a declarar una nulidad
procesal de un procedimiento, originada en que la sociedad García Vega Y Cía.
Ltda., hoy García Vega S.A.S., fue aceptada para la promoción de un acuerdo de
reestructuración en los términos de la Ley 550, ante la Superintendencia de
Sociedades, lo cual le informado, el 6 de noviembre de 2001, mediante el oficio núm.
640-1597.
94. Adujo que, siguiendo lo anterior y en aplicación del artículo 14 de la Ley 550, era
procedente suspender el proceso administrativo de cobro coactivo adelantado
contra dicha sociedad; sin embargo, se continuó su trámite, en perjuicio del debido
proceso, expidiéndose el auto aprobatorio de remate, el 20 de noviembre de 2001,
razón por la cual, a petición de los interesados, reconoció la irregularidad cometida
y, en consecuencia, procedió a declarar la nulidad del proceso “[…] a partir de la
fecha de aprobación del acuerdo de reestructuración […]”.
95. Indicó que los actos administrativos demandados eran legales explicando que el
artículo 14 de la Ley 550 disponía que, a partir de la fecha de iniciación de la
negociación y hasta que hubiesen transcurrido los cuatro (4) meses previstos en el
33
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 19. (19 de may 23) memorial ddo allega apelación sentencia.pdf
26
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
artículo 27 de esa misma ley, no podía iniciarse procesos de ejecución contra el
empresario y se suspenderían los que se encontraren en curso, quedando
facultados el promotor del acuerdo de reestructuración y el empresario para alegar
individual o conjuntamente la nulidad del proceso o pedir la suspensión al juez
competente.
96. Alegó, por otro lado, que si bien las actuaciones llevadas a cabo dentro de un
“[…] proceso ejecutivo coactivo […]” eran verdaderos actos administrativos, también
era cierto que para su expedición se debía acudir a normatividades como lo era el
Código de Procedimiento Civil y la misma Ley 550.
97. Citó los artículo 839-2 del Estatuto Tributario, 14 de la Ley 550 y 140 del Código
de Procedimiento Civil, para afirmar que
“[…] al haberse proferido una actuación posterior a la admisión a la promoción
(sic) de un acuerdo de reestructuración empresarial establecida en la Ley 550
de 1999, a la Sociedad García Vega y Cía. Ltda., se adecuaba a la causal de
nulidad contemplada en la referida norma, siendo la dependencia de la DIAN
competente para declararla, pues era la autoridad administrativa que
adelantaba el proceso de cobro coactivo.
Cabe señalar igualmente que de acuerdo a lo señalado (sic) por el art. 142 del
C.P.C., las causales de nulidad “podrán alegarse en el proceso ejecutivo donde
concurran, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores, o por
causa legal” y en el subjudice (sic) el proceso no había terminado […]”
98. Cuestionó la posición de la primera instancia según la cual había perdido
competencia porque el auto aprobatorio del remate finiquitaba el proceso
administrativo de cobro coactivo, puesto que, esto no correspondía a la realidad
procesal, en la medida en que puesto que aquel procedimiento, luego de que se
apruebe un remate:
“[…] siguen una infinidad de actuaciones como la liquidación del crédito, la
decisión de los recursos interpuesto (sic) contra dicha actuación, posterior a
ello, la expedición del auto que aprueba la liquidación del crédito y en fin, una
serie de actuaciones, hasta que se llegue a la orden de aplicación de los títulos
judiciales a la deuda y dependiendo si de dicha aplicación se cubre la totalidad
del crédito, se expide el auto de terminación por pago o en caso contrario se
continuará con el proceso administrativo de cobro, en tal sentido, no es cierto
que con el auto aprobatorio del remate se hubiese finiquitado el proceso
administrativo y por ende, consideramos que el argumento utilizado por el a quo
(sic) para declarar la nulidad de los actos demandados, es infundado, razón por
la cual consideramos que son razones suficientes para revocar el fallo apelado
[…]”
ii) “[…] DEFECTO FACTICO POR INDEBIDA VALORACIÓN
PROBATORIA DE LA ORDEN DE DEVOLUCIÓN DE LOS $7.140.000
CONSIGNADO A ORDENES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA […]”
27
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
99. Advirtió que el fallo apelado le ordenó devolver a los demandantes, la suma de
$7.140.000 correspondientes al valor cancelado por concepto del impuesto al
remate establecido en el artículo 7° de la Ley 11 de 1987, la cual, conforme a las
pruebas que aportó en la contestación de la demanda:
“[…] ya fueron devueltas a los interesados, por parte de la Subdirección de
Operaciones, de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dependencia competente para realizar
tales trámites.
En efecto, con la contestación de la demanda se aportó certificación expedida
por el Subdirector de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y
Tesoro Nacional, mediante la cual informa que la solicitud de devolución de la
suma de $7.140.000, consignados a órdenes del Consejo Superior de la
Judicatura, culminó el 9 de diciembre de 2002, con el giro de un cheque a
nombre del Señor Miguel Serrano, tal como se puede corroborar a folios 14 y
siguientes del archivo No. 10 del expediente digital, documento decretado como
prueba, sin que el demandante lo haya tachado de falso. […]”
100. Aseveró que existió un defecto fáctico por indebida valoración probatoria puesto
que se dejaron de apreciar pruebas que obraban en el expediente que acreditaban
que los demandantes ya recibieron la suma de $7.140.000 por concepto del
impuesto de remate establecido en la norma citada supra.
iii) “[…] DEL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO RESPECTO A LA
ORDEN A LA DIAN DE DEVOLVER A LOS DEMANDANTES OTRAS
SUMAS DE DINERO […]”
101. Controvirtió el reconocimiento realizado por la primera instancia respecto del
gravamen a los movimientos financieros y de los servicios públicos del inmueble
rematado.
102. Mencionó, frente al gravamen a los movimientos financieros, que no existía
prueba de esta erogación dentro del expediente, con lo cual ha debido rechazarse
por carecer de soporte probatorio. Argumentó, frente al pago de los servicios
públicos del bien rematado, que no estaba acreditado en el plenario, la persona que
los realizó:
“[…] aspecto que no puede suponerse o probarse, con allegar fotocopia simple
de unos recibos cancelados y adicionalmente, quien finalmente se benefició de
los supuestos pagos, fue la propietaria del inmueble, es decir la sociedad
GARCÍA Y VEGA LTDA, a quien se le debería trasladar dicha obligación […]”.
iv) “[…] INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA – EFECTOS PRACTICOS
DEL FALLO EN ALZADA […]”
28
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
103. Alegó que, pese a que la sentencia fue congruente con las pretensiones del
actor:
“[…] los efectos prácticos de la mismo no, por cuanto al declararse la nulidad
de las actuaciones de la DIAN, el auto aprobatorio del remate queda vigente
con las consecuencias que de ello se derivan, como la entrega del inmueble
rematado, situación que va en contra vía (sic) con las demás decisiones
tomadas, como la devolución de los dineros pagados por los rematantes, por
diferentes conceptos y que son requisito esencial para la aprobación de una
diligencia de remate; sumas que en su mayoría fueron devueltas a los
demandantes desde el mismo instantes en que se determinó la anulación del
auto aprobatorio del remate y que son hechos aceptados por los mismos
actores.
Insistimos entonces en que el fallo apelado, no puede de una parte anular las
actuaciones de la DIAN y de otra, ordenar que se devuelvan dineros que hacen
parte de los requisitos para que el acto que queda vigente fuese expedido, con
la gravedad de que adicionalmente el precio de remate fue devuelto a los
rematantes, luego si bien, es cierto en la sentencia no se ordena la entrega del
inmueble, los efectos prácticos del fallo, conducen a tal determinación, pues
tampoco hubo modulación de la sentencia en dicho sentido. […]”.
I.7. Trámite del recurso de apelación
104. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, mediante auto de
10 de julio de 202334, requirió a las partes para efectos de que, conforme el artículo
70 de la Ley 1395 de 12 de julio de 201035, dentro del término de tres (3) días
siguientes a su notificación, indicaran si existía ánimo conciliatorio y, si era del caso,
presentaran las correspondientes propuestas.
105. Asimismo, decidió que, en caso de existir ánimo conciliatorio por una de las
partes, por auto separado, fijaría fecha para la realización de la audiencia de
conciliación prevista en la norma citada supra y, adicionalmente, que:
“[…] En caso de NO existir ánimo conciliatorio, por sustracción de materia y
dando aplicación a los principios de celeridad y economía procesal, el despacho
considera innecesaria la celebración de la audiencia de conciliación referida y
se prescindirá de ella, concediéndose desde ya la alzada en el efecto
suspensivo […]”.
106. La apoderada judicial de los demandantes36 indicó que:
“[…] en cumplimiento del auto de fecha 10 de julio de 2023, para lo cual me
permito manifestar que la parte demandante se atiene a la sentencia proferida
por su Despacho y, por ende, estará atenta a la propuesta que eventualmente
pueda presentar la DIAN […]”.
34
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 21. (10 Jul 23) AUTO PREVIO CONCEDER RECURSO.pdf
35
“[…] Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Por la cual se adoptan medidas en materia de
descongestión judicial. […]”.
36
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 23. (18 de jul 23) Memorial dte allega respuesta .pdf
29
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
107. El consejero de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en segunda
instancia, mediante auto de 23 de febrero de 202437, admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada; y, en auto de 21 de marzo de 202438, se ordenó
correr traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión y,
vencido este término, correr traslado del expediente al agente del Ministerio Público,
para que emita concepto.
108. El apoderado judicial de la DIAN, presentó alegatos de conclusión39, en los
cuales “[…] Reiteramos (…) lo expresado en el escrito de apelación; en el cual
demostramos la legal expedición de los actos demandados […]”.
109. El agente del Ministerio Público, en concepto núm. 136 – 2440, solicitó i) la
revocatoria del inciso 3°. del numeral 5. del fallo recurrido, por considerar que no
era procedente la devolución de la suma de $7.140.000, que correspondía al valor
cancelado por concepto de impuesto al remate establecido en el artículo 7°. de la
Ley 11 de 1987, ii) así como la confirmación de los demás numerales de la sentencia
apelada.
110. El agente del Ministerio Público consideró que el auto de aprobatorio del remate
sí era susceptible de control judicial por la vía de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho “[…] acorde a lo dispuesto en el Art. 530 del CPC y
admite el recurso de apelación, conforme se pronunció el Consejo de Estado41 […]”.
111. Explicó, siguiendo los artículos 527 y 530 del Código de Procedimiento Civil,
que la DIAN carecía de competencia para declarar la nulidad del auto aprobatorio
del remate, puesto que para la fecha en que profirió la Resolución núm. 900158 de
8 de abril de 2002, así como para la fecha en que el promotor del acuerdo de
reestructuración de la sociedad García Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S.,
presentó la solicitud de nulidad, el bien ya había sido adjudicado y entregado a los
postores, encontrándose en firme el citado auto, siendo improcedente retrotraer la
actuación, en razón a que con ello se violaría el debido proceso, el principio de
legalidad y certeza jurídica de los demandantes.
112. Aseveró que, para el presente asunto, al haberse culminado el remate y
adjudicado el bien, no era viable la suspensión contemplada en la Ley 550.
113. Subrayó, en lo que se refiere al restablecimiento del derecho, que el valor
correspondiente al pago del gravamen de movimientos financieros por valor de
$7.140.000 ya había sido devuelto como constaba en los documentos aportados
con la contestación de la demanda, por lo que el cargo formulado por el apelante
debía prosperar; sin embargo, estimó que la condena por la suma de $427.898, por
37
Índice 5, SAMAI. Expediente digital.
38
Índice 10, SAMAI. Expediente digital.
39
Índice 15, SAMAI. Expediente digital.
40
Índice 14, SAMAI. Expediente digital.
41
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA. C.P.: HÉCTOR J.
ROMERO DÍAZ. Bogotá, D.C., 26 de noviembre de 2009. Radicación: 25000-23-27-000-2007-00184-01. Número interno:
17426. Actor: Distribuidora Subaru de Colombia S.A. (en liquidación). Demandado: U.A.E. DIAN
30
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
el pago de servicios públicos del inmueble rematado, estaba plenamente justificada,
luego no debía accederse a la inconformidad alegada.
114. Finalmente, se mostró de acuerdo con lo ordenado por la primera instancia
respecto del pago del gravamen de movimientos financiero.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
115. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandante, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; y, iv) el caso concreto.
II.1. La competencia
116. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA42 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.
II.2. Los actos administrativos acusados
117. Los actos administrativos demandados43 son:
117.1. La Resolución núm. 900158 de 8 de abril de 2002, “[…] Por medio de la cual
se decide una solicitud de nulidad dentro del proceso administrativo coactivo
seguido contra GARCIA VEGA Y CIA LTDA […]”, expedida por el “[…] EJECUTOR
DELEGADO DE LA DIVISIÓN DE COBRANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUCARAMANGA […]”, cuyo contenido, es el
siguiente:
“[…] CONSIDERANDO
Que en escrito presentado el día 20 de diciembre del 2001, el Doctor JAIME
REINA ARENAS (…), en su condición de PROMOTOR del cuerdo (sic) de
Reestructuración de la sociedad GARCÍA VEGA Y CIA LTDA (…) solicita que
se decrete la nulidad de las actuaciones surtidas con posterioridad a la iniciación
de la negociación del acuerdo de reestructuración de la sociedad mencionada,
y que como consecuencia de ello, se revoque el auto mediante el cual se aprobó
la diligencia de remate llevada a cabo dentro del proceso administrativo coactivo
seguido contra la sociedad mencionada.
Basa el promotor sus pedimentos en las siguientes razones de hecho:
42
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
43
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 02. anexos 1.pdf
31
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
1. Que mediante oficio No. 640-001600 del 6 de noviembre del 2001, emanado
de la Superintendencia de Sociedades Regional Bucaramanga, que la sociedad
GARCIA VEGA Y CIA LTDA había sido admitida a la promoción de un acuerdo
de Reestructuración Empresarial (sic) de conformidad con la Ley 550 de 1999.
2. Que la Admisión (sic) a la negociación del Acuerdo de Reestructuración de
la sociedad GARCIA VEGA Y CIA LTDA, fue la consecuencia de la solicitud
elevada por la misma, la cual terminó con el nombramiento del peticionario
como promotor del acuerdo.
3. Que de conformidad con el artículo 14 de la Ley 550 de 1.999, a partir de la
fecha de la negociación y hasta que hayan transcurrido los cuatro (4) meses
previstos en el artículo 27 de la citada Ley, no podrá iniciarse ningún proceso
de ejecución contra el empresario y se suspenderán los que se encuentren en
curso.
4. Que mediante auto No. 901231 del 20 de noviembre de 2001, se aprobó la
diligencia de remate efectuado el día 31 de octubre de 2001, es decir, con
posterioridad a la fecha de admisión al acuerdo de reestructuración y de la
notificación a la DIAN, hecho que está afecto de nulidad procesal, pues el
proceso se hallaba suspendido por mandato de la Ley 550 de 1.999.
PARA RESOLVER SE PLANTEA
En primer lugar, está debidamente establecido, que en desarrollo del proceso
Administrativo Coactivo seguido contra la sociedad GARCIA VEGA Y CIA
LTDA, se señaló, mediante auto No. 900851 del 21 de septiembre de 2001, el
día 31 de octubre para llevar a cabo diligencia de remate del inmueble
identificado con matrícula inmobiliaria No. 300-227868, de propiedad de la
sociedad referenciada.
Consta así mismo, que llegado el día señalado, se realizó la correspondiente
diligencia de remate, en el cual se adjudicó el bien, como mejores postores a
los señores MIGUEL SERRANO GÓMEZ y BEATRIZ ISABEL SERRANO,
quienes, dentro de la oportunidad legal, consignaron el saldo del valor del
remate, como también lo concerniente al Consejo Superior de la Judicatura y el
valor del 1% por concepto del valor de la retención en la fuente correspondiente.
Aparece igualmente demostrado dentro del expediente, que la
Superintendencia de Sociedades, con oficio No. 640-1597 del 6 de noviembre
del 2001, aceptó a la sociedad GARCIA VEGA Y CIA LTDA, a la promoción de
un acuerdo de reestructuración en los términos y con las formalidades previstas
en la Ley 550 de 1.999 y que tal determinación fue comunicada a esta División
con oficio No. 640-001600 de la misma fecha, el cual según consta en el mismo
fue recibida el día de noviembre de 2001 (sic) (f. 992). Igualmente, que el 20 de
noviembre de 2001, se aprobó la diligencia de remate efectuada el día 31 de
octubre de 2001.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 550 de 1.999, a partir
de la fecha de iniciación de la negociación y hasta que hayan transcurrido los
cuatro meses previstos en el artículo 27 de a Ley (sic), no podrá iniciarse ningún
proceso de ejecución contra el empresario, señalando la norma mencionada,
igualmente, que se suspenderán los que se encuentren en curso, y que quedan
facultados el promotor (se subraya) y el empresario para alegar individual o
conjuntamente la nulidad del proceso.
32
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
Por lo tanto, interpretando la norma en comento, debe entenderse que todas las
actuaciones surtidas con posterioridad a la fecha de la iniciación de la
negociación, son nulas y ese fue el criterio adoptado por la Supersociedades en
el concepto de fecha 21 de febrero de 2002, en el que se señaló, en uno de sus
apartes: “Así las cosas y toda vez que la negociación de un acuerdo de
reestructuración constituye un mecanismo de reactivación empresarial
universal y colectivo al que deben concurrir todos los acreedores de la empresa
deudora, a fin de que satisfagan sus intereses dentro del escenario propio del
acuerdo que se llegue a celebrar, es lógico concluir que todo el proceso de
cobro que curse en contra de la compañía se suspende de pleno derecho y las
actuaciones procesales ejecutadas dentro el mismo (sic) con posterioridad a la
fecha de iniciación de la negociación estarán viciadas de nulidad”.
Así las cosas, y toda vez que el auto aprobatorio de la diligencia de remate se
profirió el día 20 de noviembre de 2001, mucho después de la comunicación a
esta entidad de la iniciación de la promoción del acuerdo, y en aplicación de la
norma en comento, dicho auto está viciado de nulidad, y por lo tanto, así habrá
de declararse, haciendo la precisión, que como este auto es consecuencia del
remate, al decretarse la nulidad de dicha providencia, el remate en sí,
igualmente quedará sin efecto, y en consecuencia, deberá ordenarse la
devolución a los rematantes de los dineros consignados con ocasión de mismo
(sic).
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Decretar la NULIDAD de todo lo actuado a partir del
auto aprobatorio de remate (sic), dentro del proceso administrativo coactivo
seguido contra el contribuyente GARCIA VEGA Y CIA LTDA, por las razones
expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar la
devolución a los rematantes de las sumas de dinero depositadas como pago del
precio del valor del remate. Líbrense los oficios respectivos.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a los interesados
personalmente o por edicto, de conformidad con los artículos 14, 44 y 45 del
Código Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra la misma proceden
los recursos de Reposición y Apelación, de acuerdo con los artículo 50 y 51
ibídem. […]” (Negrilla del texto)
117.2. La Resolución núm. 900233 de 24 de mayo de 2002, “[…] Por medio de la cual
se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 900158 de
8 de abril de 2002 […]”, expedida por el “[…] EJECUTOR DELEGADO DE LA
DIVISIÓN DE COBRANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y
ADUANAS DE BUCARAMANGA […]”, la cual resolvió:
“[…] PARA RESOLVER SE PLANTEA
En primer lugar, es necesario precisar que lo que este Despacho decretó
mediante la Resolución No. 900158 del 8 de abril de 2002, fue la nulidad de
todo lo actuado a partir del auto aprobatorio de remate (sic), obviamente
incluyendo éste, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 14 de la Ley
550 de 1999, y no la revocatoria directa del auto aprobatorio, toda vez que en
33
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
primer lugar, es la misma ley la que señala como efecto de la iniciación de la
negociación, la declaratoria de nulidad y en segundo lugar, porque la
revocatoria directa tal como está establecida en el artículo 69 del Código
Contencioso Administrativo, tiene su origen en unas causales específicas que
no se dan en este caso. Además es claro que la División de Cobranzas, no es
la competente para revocar actos administrativos, pues la competencia para su
estudio y fallo correspondiente, en esta administración, a la División Jurídica;
por lo tanto, como no se trataba de una revocatoria directa del auto aprobatorio,
no era procedente la aplicación sobre el particular de las normas del Código
Contencioso Administrativo que señalan los recurrentes como violadas. Y
tampoco se violó el debido proceso, pues, a pesar de no ser parte los
rematantes en el proceso, se les notificó la decisión que se tomó al respecto, tal
como lo señala el artículo 14 del Código mencionado, y esta la razón,
precisamente para que los rematantes, en esta oportunidad estén haciendo uso
del recurso que aquí se decide.
Ahora bien, tal como lo señaló el concepto de fecha 21 de febrero del 2002, con
ocasión de la consulta elevada a la Superintendencia de Sociedades, debe
entenderse que todas las actuaciones surtidas con posterioridad a la fecha de
iniciación de la negociación son nulas, por preceptuarlo el artículo 14 de la Ley
550 de 1.999. Dice el concepto de la Superintendencia de Sociedades en lo
pertinente: (…).
No se comparte igualmente el criterio de los recurrentes, cuando señalan que
se dio efectos retroactivos a la iniciación de la negociación del acuerdo de
reestructuración de la sociedad GARCIA VEGA Y CIA LTDA, pues tal como se
señaló en la resolución que se impugnó, al estar viciado de nulidad el auto
aprobatorio de remate y por ser éste auto una consecuencia del remate en si
mismo considerado, es lógico que al decretarse la nulidad de dicho auto,
igualmente el remate debe quedar sin efecto, pues es a través del mencionado
acto, que se aprueba el remate y además la adjudicación el bien rematado, por
lo que se insiste, que al no poderse aprobar el mismo, ni adjudicar el bien, el
remate por lo tanto, debe quedar igualmente sin efecto.
Ahora bien, hechas las consultas sobre nuestra posición con el Nivel Central de
la Entidad, y luego de analizar las diferentes posiciones al respecto, vía
telefónica se comunicó a la Administradora de Impuestos y Adunas (sic) de
Bucaramanga, que la decisión tomada en la Resolución No. 900158 del 8 de
abril del 2002, estaba ajustada a Derecho, es decir, que era procedente decretar
la nulidad de todo lo actuado a partir del auto aprobatorio del remate, que se
profirió con posterioridad a la notificación por correo certificado de la aceptación
de la sociedad mencionada a la promoción de un acuerdo de reestructuración,
y consecuentemente la devolución a los rematantes de los dineros consignados
en razón del mismo, y por lo tanto habrá de confirmarse la resolución
impugnada.
En relación con la petición de los recurrentes, de que se les reconozcan las
sumas dejadas de devengar por haber realizado el pago, es necesario señalar
que no es competencia de este Despacho el reconocimiento de tales sumas,
por lo que para el efecto, las mismas, si haya lugar a ellas, deberán solicitarse
en la instancia correspondiente.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No.
900158 del 8 de abril del 2002, en virtud de la cual se decretó la NULIDAD de
todo lo actuado a partir del auto aprobatorio de remate dentro del proceso
34
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
administrativo coactivo seguido contra el contribuyente GARCIA VEGA Y CIA
LTDA (…), y se ordenó la devolución a los rematantes de las sumas de dinero
depositadas como consecuencia del remate, por las razones expuestas en la
parte motiva de éste proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los interesados
personalmente o por edicto, de conformidad con los artículos 14, 44 y 45 del
Código Contencioso Administrativo. […]” (Negrilla del texto)
117.3. La Resolución núm. 900331 de 24 de junio de 2002, “[…] Por medio de la cual
se decide el recurso de apelación interpuesto en subsidio contra la Resolución No.
900158 del 8 de abril del 2002. […]”, expedido por la “[…] Jefe de la División de
Cobranzas de la Administración de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga […]”, en
la cual se decidió, lo siguiente:
“[…] PARA RESOLVER SE CONSIDERA
En primer lugar, es necesario precisar que dentro del proceso administrativo
coactivo seguido contra el contribuyente GARCIA VEGA Y CIA LTDA, se llevó
a cabo el día 31 de octubre del 2001, la diligencia de remate del inmueble
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 300-227868 de propiedad de la
empresa mencionada, diligencia a la que se llegó previo el cumplimiento de
todos y cada uno de los requisitos legales, en especial, los establecidos en los
artículos 523, 525, 526 y 527, los cuales señalan, entre otras cosas, la fijación
de la fecha de remate, el aviso y publicación del mismo, el depósito para hacer
postura, y la realización de la diligencia misma, requisitos estos, se reitera que
se cumplieron a cabalidad. Además, una vez adjudicado el bien en la diligencia
misma, el día 02 de noviembre del 2001, los rematantes consignaron el saldo
del valor del remate dentro del término establecido en el artículo 529 del C. De
Procedimiento Civil (sic), tal como se aprecia en los folios 960 a 962 del
Expediente, razón por la cual la Ejecutora Delegada que tenía a cargo el
expediente, mediante auto No. 901231 del 20 de noviembre aprobó la diligencia
de remate referido.
Ahora bien, tal como se evidencia al analizar el expediente del contribuyente
GARCIA VEGA Y CIA LTDA, se encuentra totalmente establecido, que la
superintendencia de sociedades (sic) por oficio No. 640-1597 del 6 de
noviembre de 2001, aceptó a la sociedad de la referencia a la promoción de un
acuerdo de reestructuración, en los términos y con las formalidades previstas
en la Ley 550 de 1.999, decisión que fue comunicada a éste Despacho mediante
oficio 640-1600 de la misma fecha, y recibido en esta entidad el día 7 de
noviembre de 2001. (folio 992), razón por la cual, en cumplimiento del artículo
14 de la Ley 550 de 1.999, se procedió a decretar la nulidad de todo lo actuado
a partir del auto aprobatorio de remate, toda vez que la norma es clara en
señalar que “A partir de la fecha de iniciación, y hasta que hayan transcurridos
los cuatro (4) meses previstos en el artículo 27 de esta ley, no podrán iniciarse
ningún proceso de ejecución contra el empresario y se suspenderán los que se
encuentren en curso, quedando legalmente facultados el promotor y el
empresario para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso o
pedir la suspensión al Juez competente”. Esta norma, adicionó expresamente
el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que señala las causales
taxativas de suspensión de los proceso (sic), norma esta que es perfectamente
aplicable al caso en estudio.
35
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
Por su parte, el artículo 55 de la citada ley establece que “en la misma fecha de
iniciación de la negociación el nominador dará aviso mediante envío de correo
certificado al Jefe de la División de Cobranzas de la administración ante la cual
sea contribuyente el empresario o la unidad administrativa que haga sus veces,
respecto del inicio de la promoción del acuerdo, para que el funcionario que esté
adelantado el proceso administrativo de cobro coactivo proceda en forma
inmediata a suspenderlo e intervenir en la negociación, conforme a las
disposiciones de esta ley”. (subraya el Despacho)
Además, el artículo 140 del C. De P.C., establece en su numeral 5°, que el
proceso es nulo en todo o en parte “cuando se adelanta después de ocurrida
cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos
casos se reanuda antes de la oportunidad debida”, por lo que no había otra
decisión al interpretar las normas en comento, que proceder a decretar la
nulidad de lo actuado a partir del auto aprobatorio de remate (sic), y suspender
el proceso toda vez que este se produjo con posterioridad a la admisión de la
empresa a acuerdo de reestructuración, por lo que habrá de confirmarse la
decisión del a quo, sobre la nulidad del auto aprobatorio de remate.
Ahora, en lo que respecta a la diligencia de remate, es de anotar que si bien se
cumplieron todos los actos preparatorios contemplados en los arts. 523, 525,
526 y 527 del Código de Procedimiento Civil, ésta no quedará perfeccionada
sino concluye con el auto aprobatorio del remate. Actuación que no es posible
proferir por el mismo impedimento que contempla el citado art. 55 de la ley 550
(sic) de 1999, por lo tanto no podemos predicar que hubo remate del bien hasta
tanto se culmine con la providencia que así lo declare, cual es la que aprueba
el remate del bien inmueble.
El rematante adquirió unos derechos, los cuales no se pudieron concretar por
el impedimento legal, ya tantas veces citado de que habla el art. 55 de la ley
550 (sic) de 1999. A las luces de la norma civil, la compraventa en un título
traslaticio de dominio, que habilita al comprador para que pueda llegar a
hacerse dueño de la cosa, por medio de la tradición, la que solamente se
efectúa con la inscripción de la escritura pública, que se debe protocolizar una
vez aprobado el remate ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos,
es decir, la venta no se ha perfeccionado y no se puede proferir el auto
aprobatorio del remate, por encontrarse el deudor en ley 550, con el fin de
concluir dicho negocio jurídico.
Por tanto, también habrá de confirmarse la decisión tomada por el a quo
respecto a la devolución de los dineros a los rematantes señores MIGUEL
SERRANO GOMEZ y BEATRIZ ISABEL SERRANO.
Finalmente cabe anotar que en consulta elevada a la Subdirección de
Cobranzas se concluye, “que es procedente decretar la nulidad del proceso a
partir del auto aprobatorio del remate y ordenar la entrega de los dineros al
rematante ya que no se puede rematar el bien inmueble”.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en todas y cada una de sus partes la
Resolución No. 900158 del 8 de abril del 2002, por lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar la presente providencia a los interesados
personalmente o por edicto de conformidad con los artículos 44 y 45 del Código
36
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la presente providencia
no procede recurso alguno. […]” (Negrilla y subrayado del texto)
118. En relación con el control judicial de las resoluciones indicadas, se debe advertir
que esta Corporación ha precisado que:
“[…] En cuanto a la naturaleza del proceso administrativo de cobro coactivo de
obligaciones tributarias, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado
que este no es más que un “un procedimiento administrativo que por su
naturaleza no entraña el ejercicio de la función jurisdiccional como que en
ella no se discuten derechos sino que se busca poder hacer efectivo el cobro
de las obligaciones tributarias o deudas fiscales surgidas de la potestad
impositiva del Estado y se pretende exigir su cumplimiento compulsivo cuando
el sujeto pasivo de dicha obligación lo ha incumplido parcial o totalmente"44.
En tratándose de procedimientos administrativos y de los actos proferidos
en desarrollo de los mismos, como enseguida se explicará, la acción
idónea será, en estos casos, la de nulidad y restablecimiento del derecho,
toda vez que es la propia ley la que define la naturaleza administrativa del
procedimiento de cobro coactivo en materia tributaria.
(…)
Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que el cobro coactivo de
impuestos nacionales hecho por la DIAN, es un procedimiento
administrativo y que los actos que emanen de él son controlables por la
jurisdicción contenciosa administrativa, según lo prevé el artículo 835 del
Estatuto Tributario, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, como lo han señalado de forma reiterada las Secciones Tercera
y Cuarta de esta Corporación, respecto de los actos de embargo y remate
en los procesos de jurisdicción coactiva […]”45 (Negrilla fuera del texto)
119. La Corporación, igualmente, ha estimado que:
“[…] En la demanda, el municipio de Pereira solicitó la nulidad del Acta de
Remate del 7 de marzo de 2014.
En relación con dicha pretensión, se advierte que en el acta de remate se
consigna el desarrollo de la respectiva diligencia46, mas no se adopta decisión
alguna, razón por la cual, ante la carencia de manifestación por parte de la
Administración, que, además, produzca efectos jurídicos, lo procedente es que
la Sala se inhiba de pronunciarse frente a la misma, por tratarse de una
actuación que no es susceptible de control de legalidad.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de mayo de 2002, Exp. No.
12545 Consejero Ponente. Germán Rodríguez Villamizar.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejera ponente: María
Adriana Marín. Sentencia de 11 de abril de 2019. Radicación núm.: 25000-23-26-000-2009-01025-01(43282).
46
El artículo 527 del CPC, aplicable en este caso, dispone que:
Efectuado el remate, se extenderá un acta en que se hará constar:
1. La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia.
2. Designación de las partes del proceso.
3. La identificación de las dos últimas ofertas que se hayan hecho y el nombre de los postores.
4. La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y la procedencia del dominio del ejecutado si se
tratare de bienes sujetos a registro.
5. El precio del remate.
Si la licitación quedare desierta por falta de postores, de ello se dejará constancia en el acta.
37
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
Téngase en cuenta que en casos como el presente, la actuación
demandable corresponde al auto aprobatorio del remate de los bienes del
deudor47, para que con el producido del mismo se pague la obligación
fiscal objeto de cobro coactivo.
Lo anterior, porque si bien, el artículo 835 del ET prescribe que solo son
«demandables ante la Jurisdicción Contencioso–Administrativa las
resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución»,
esta Sección ha precisado que el control judicial se amplía a otras actuaciones
que establezcan una obligación distinta a la simple ejecución de la deuda
tributaria, a partir de lo cual se ha admitido la posibilidad de demandar el auto
que aprueba la diligencia de remate48, motivo por el cual, se procede al estudio
correspondiente. […]”49
120. Los actos administrativos demandados decidieron decretar la nulidad de lo
actuado a partir del auto aprobatorio del remate dentro del proceso coactivo seguido
en contra de la sociedad contribuyente García Vega Y Cía. Ltda., decisión que trajo
consigo la revocatoria del Auto núm. 901231 de 20 de noviembre de 200150, auto
aprobatorio del remate en el proceso administrativo de cobro coactivo seguido en
contra de aquella compañía.
121. El Auto núm. 901231 de 20 de noviembre de 2001, acto administrativo por el
cual se aprobó el remate en el mencionado proceso administrativo de cobro
coactivo, en la medida en que generó una situación distinta de la simple ejecución
de la obligación tributaria, pues supuso la transferencia del derecho de domino del
inmueble subastado en dicho procedimiento administrativo y la pérdida de tal
derecho por parte del deudor -la sociedad García Vega Y Cía. Ltda., era susceptible
de ser controlado ante esta jurisdicción, al crear y extinguir situaciones jurídicas
concretas y particulares.
122. Por ello, los actos administrativos a través de los cuales la autoridad
administrativa revocó el citado auto son, igualmente, susceptibles de control judicial,
bajo la premisa consistente en que despojaron a los demandantes del derecho de
dominio adquirido en la diligencia de remate realizada el 31 de octubre de 2001 51,
47
Cfr. las sentencias del 28 de agosto de 2013, Exp. 18567, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 15 de noviembre
de 2012, Exp. 18361, C.P. William Giraldo Giraldo y del 29 de enero de 2004, Exp. 12498, C.P. Ligia López Díaz. Autos del
19 de julio de 2002, Exp. 12733, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y del 2 de septiembre de 1994, Exp. 5590, C.P. Delio
Gómez Leyva.
48
Criterio reiterado en las sentencias del 26 de noviembre de 2009, Exp. 17426, C.P. Héctor J. Romero Díaz, del 12 de abril
de 2012, Exp. 18720, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, del 28 de agosto de 2013, Exp. 18567, C.P. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas, del 12 de noviembre de 2015, Exp. 20881, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 24 de septiembre
de 2020, Exp. 21178, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejera ponente: Stella Jeannette Carvajal
Basto. Sentencia de 9 de septiembre de 2021. Radicación núm.: 66001-23-33-000-2014-00242-01 (25373).
Cfr., en el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero ponente:
Milton Chaves García. auto de 31 de marzo de 2022. Radicación núm.: 41001 23 33 000 2020 00846 01 (26367) y Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero ponente: Milton Chaves García. auto de 9 de
noviembre de 2023. Radicación núm.: 85001-23-33-000-2023-00048-01 (28034).
50
“[…] POR EL CUAL SE APRUEBA LA DILIGENCIA DE REMATE EFECTUADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2001, DENTRO
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO SEGUIDO CONTRA EL CONTRIBUYENTE GARCIA VEGA Y
COMPAÑÍA LITDA (sic) […]”. Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 03. Anexos 2.pdf
51
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 03. Anexos 2.pdf
38
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
creando una situación jurídica distinta del acto revocado. Al respecto esta Sección52
ha señalado:
“[…] 20. La Sala, en este caso, prohíja los diferentes pronunciamientos de esta
Corporación en el sentido que el acto administrativo que rechaza o niega la
solicitud de revocatoria directa no es susceptible de control jurisdiccional, Así lo
ha considerado:
“[…] La jurisprudencia y la doctrina han aceptado que es viable demandar los
actos que resuelven las solicitudes de revocatoria directa, pero sólo cuando los
mismos incluyan situaciones nuevas de carácter particular y concreto en
relación con los actos objeto de dicho recurso extraordinario53 […]”54.
“[…] La jurisprudencia tiene precisado que en virtud de la misma, el acto que
decida la solicitud de revocación directa no tiene recursos, y el que la niegue no
constituye acto administrativo definitivo, ya que no hace parte de la vía
gubernativa y no genera una situación jurídica nueva o distinta a la del acto
administrativo que se solicite revocar directamente, por lo cual no es susceptible
de acción contencioso administrativa. No así el acto que conceda la revocación
directa, es decir, el acto revocatorio, que justamente por significar una nueva
situación jurídica frente a la del acto revocado, pasa a ser un nuevo acto
administrativo, de allí que se considere que la revocación directa es la
sustitución o supresión de un acto administrativo mediante otro acto
administrativo […]”55. […]” (Negrilla del texto)
II.3. El problema jurídico
123. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 32056 y 32857 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201258, aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, así
como el recurso de apelación presentado por la parte demandada, considera que el
problema jurídico que se debe resolver en el presente asunto es el consistente en
determinar si resulta procedente la revocatoria de la sentencia de 13 de abril de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se
declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de
restablecimiento del derecho, ordenó cancelar, a favor de los demandante, i) lo
correspondiente al pago del gravamen de los movimientos financieros; ii) la suma
de $427.898 por concepto de servicios públicos del inmueble rematado; y, iii) la
suma de $7.140.000 por concepto del impuesto al remate, establecido en el artículo
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Hernando Sánchez
Sánchez. Sentencia de 21 de febrero de 2019. Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00349-00.
53
Sentencia proferida el 29 de junio de 2006, Exp. 14162, M.P. Héctor J. Romero Díaz
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Auto de 25 de febrero de 2010.C.P. Wiliam
Giraldo Giraldo. Número único de radicación 170012331000200900078-01 (17852).
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 23 de octubre de 2014.C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Número único de radicación 25000234100020140067401
56
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
57
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
58
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
39
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
7°. de la Ley 11 de 1987, para, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la
demanda, por cuanto:
123.1. La DIAN sí tenía competencia para decretar la nulidad del Auto núm. 901231
de 20 de noviembre de 2001, mediante el cual, la funcionaria ejecutora delegada de
la División de Cobranzas de la DIAN – Administración Local de Impuestos y
Aduanas de Bucaramanga, aprobó la diligencia de remate de fecha 31 de octubre
de 2001, en el proceso administrativo de cobro coactivo promovido por la Nación
contra el contribuyente García Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S.,
identificado con el número 9602413.
123.2. Existió defecto fáctico por indebida valoración probatoria puesto que el fallo
ordenó a la DIAN, la devolución a los demandantes la suma de $7.140.000,
correspondiente al valor pagado por concepto del impuesto al remate establecido
en el artículo 7°. de la Ley 11 de 1987; sin embargo, de las pruebas aportadas, tal
suma ya fue cancelada a los demandantes.
123.3. No eran procedentes las condenas, a título de restablecimiento del derecho,
ordenadas en la sentencia de primera instancia, relativas al gravamen a los
movimientos financieros y servicios públicos, puesto que, frente a la primera, no
esta probada su erogación y, respecto de la segunda, no está acreditada quién fue
la persona que realizó tales pagos.
123.4. El fallo de primera instancia, si bien fue congruente con las pretensiones de los
demandantes, no lo es en sus efectos prácticos, puesto que, producto de la decisión
de anulación de los actos administrativos, el auto aprobatorio del remate quedaría
vigente, lo cual entra en contradicción con las demás decisiones adoptadas.
II.4. El caso concreto
II.4.1. La DIAN sí tenía competencia para decretar la nulidad del Auto núm.
901231 de 20 de noviembre de 2001, mediante el cual, la funcionaria ejecutora
delegada de la División de Cobranzas de la DIAN – Administración Local de
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, aprobó la diligencia de remate de
fecha 31 de octubre de 2001, en el proceso administrativo de cobro coactivo
promovido por la Nación contra el contribuyente García Vega Y Cía. Ltda.,
identificado con el número 9602413.
124. LaDIAN, en su recurso de apelación, insistió en tener competencia para
declarar la nulidad del auto aprobatorio del remate.
125. Argumentó que su actuación no consistió en revocar o anular un acto
administrativo, sino a declarar una nulidad procesal originada en que el
contribuyente ejecutado en el proceso administrativo de cobro coactivo núm.
9602413 fue aceptado para la promoción de un acuerdo de reestructuración en los
40
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
términos de la Ley 550, ante la Superintendencia de Sociedades, lo cual fue
informado por esa entidad a la autoridad tributaria, el 6 de noviembre de 2001.
126. Recalcó que, en aplicación de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 550,
resultaba procedente la suspensión del proceso de cobro coactivo adelantado en
contra de la sociedad García Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S., lo cual no
ocurrió, pues se dio continuidad a este y se profirió auto aprobatorio del remate, el
20 de noviembre de 2001, esto es, con posterioridad a la comunicación de 6 de
noviembre de 2001 mencionada.
127. Adujo que lo procedente, en la situación precedente, era reconocer la
irregularidad, puesto que, pese a existir una causa legal para suspender el proceso
administrativo de cobro coactivo, se continuó su trámite, lo cual se encuadraba en
la situación prevista en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, norma que
regula las causales de nulidad, la cual podía invocarse conforme el artículo 142 del
Código de Procedimiento Civil puesto que tal ejecución no había terminado.
128. Cuestionó la afirmación de la primera instancia consistente en que la DIAN había
perdido competencia puesto que el auto aprobatorio del remate habría finiquitado el
proceso administrativo de cobro coactivo, toda vez que luego de tal acto, debían
seguirse otras actuaciones.
129. En el expediente se encuentra acreditado que la DIAN, en desarrollo del proceso
administrativo de cobro coactivo núm. 9602413, llevó a cabo “[…] DILIGENCIA DE
REMATE (…) SEGUNDA LICITACIÓN […]”59, el día 31 de octubre de 2001, en la
cual se adjudicó a los señores Miguel Serrano Gómez y Beatriz Isabel Gómez Gulfo,
el inmueble con matrícula 300-227868, ubicado en la Carrera 39A # 44-209,
apartamento 1802, del Conjunto Residencial Casa Hacienda, Bloque 1, del
municipio de Bucaramanga, el cual figuraba como de propiedad de la sociedad
García Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S., contribuyente ejecutado.
130. En desarrollo de tal diligencia se constató que los rematantes, entre los que se
encontraban los demandantes, realizaron una consignación previa, por el valor del
20% del valor del inmueble, esto es, $54.712.000. Posteriormente, la diligencia dio
cuenta que los demandantes presentaron postura por el citado inmueble en la suma
de $238.000.000, la cual no fue superada por los demás intervinientes.
131. El funcionario ejecutor, advirtió a los adjudicatarios que debían consignar el
saldo del remate, esto era, la suma de $183.288.000, dentro de los tres días hábiles
siguientes, así como i) el equivalente al 3% del valor final del remate a favor del
Consejo Superior de la Judicatura y ii) el 1% de la retención en la fuente para la
59
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 03. Anexos 2.pdf
41
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
administración local de impuestos y aduanas de Bucaramanga, dentro del mismo
término. Los adjudicatarios manifestaron que aceptaban “[…] el remate y la
adjudicación que se hace en su favor por estar a entera satisfacción y no tener
objeción alguna a la diligencia […]”.
132. El funcionario ejecutor, posteriormente y mediante Auto núm. 901231 de 20 de
noviembre de 200160, decidió:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR en todas sus partes la diligencia de
Remate de fecha Octubre 31 de 2001 y la adjudicación que se hizo del 100%
del inmueble de con matrícula inmobiliaria (sic) 300-227868 ubicado en la Cra
39 A # 44-209 apto 1802 Conjunto Residencial Casa Hacienda de Bucaramanga
Santander, que figura de propiedad de GARCIA VEGA Y CIA LTDA y detallado
en la parte considerativa de este AUTO, a favor de MIGUEL SERRANO GÓMEZ
con cc (…) y BEATRIZ ISABEL SERRANO GULFO con cc (…).
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR las medidas del Embargo y Secuestro (sic)
del inmueble con matrícula 300-227868, y para dichos efectos, líbrese el oficio
con insertos necesarios a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos
correspondiente.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la cancelación de los gravámenes
hipotecarios que afecte el inmueble adjudicado, para lo cual líbrese el oficio
correspondiente a la Notaría Cuarta de Bucaramanga.
ARTÍCULO CUARTO: OFICIAR al Juzgado Noveno Civil del Circuito de
Bucaramanga solicitando levantar las medidas de Embargo y Secuestro (sic)
que hubiese proferido contra el inmueble referido.
ARTÍCULO QUINTO: EXPEDIR copias a los rematantes del acta del remate y
de este Auto que le imparte la aprobación, con destino a la inscripción en la
correspondiente oficina de Registro de Instrumento Públicos (sic) y su posterior
protocolización en una notaría de la ciudad. Copia de la protocolización será
agregada al expediente.
ARTÍCULO SEXTO: ORDENAR al secuestre JOSÉ PEDRAZA GRANADOS
con cc (…) la entrega a los rematantes del inmueble con matrícula 300-227868
rematado en el presente proceso de cobro coactivo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Realizar Liquidación Adicional y definitiva del crédito y
costas dentro de su oportunidad legal en el trámite del acuerdo de
reestructuración referido.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA, que con el producto del remate no se cancela la deuda fiscal
y que además la empresa García Vega y Cía. Ltda. solicitó proceso de
RESTRUCTURACIÓN conforme a los lineamientos de la Ley 550 de Diciembre
30 de 1999, por lo tanto no puede ponerse a su disposición el Remanente (sic).
ARTÍCULO NOVENO: INFORMAR a la Secretaría de Hacienda Municipal de
Bucaramanga que con el producto del remate llevado a cabo el 31 de Octubre
de 2001 no se cancela la deuda fiscal por cuanto sociedad ejecutada (sic),
60
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 03. Anexos 2.pdf
42
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
GARCIA VEGA Y CIA LTDA solicitó y fue aceptado POR LA
SUPERIENTENDENCIA (sic) DE SOCIEDADES, el 6 de Noviembre de 2001,
el proceso de restructuración, conforme a las disposiciones de la ley 550 de Dic
de 1999 y en consecuencia las deudas fiscales se discutirán en su momento,
dentro del proceso que se llevará a cabo ante la Superintendencia de
Sociedades. […]”
133. Los actos administrativos acusados dan cuenta que la Superintendencia de
Sociedades, mediante oficio núm. 640-1597 de 6 de noviembre de 2001, aceptó a
la sociedad García Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S., para la promoción
de una acuerdo de reestructuración en los términos y formalidades de la Ley 550,
la cual habría sido notificada a la División de Cobranzas de la Administración de
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga, el 7 de noviembre de 2001 -fecha de
recibido61-, a través del oficio núm. 640-1600.
134. Dentro del expediente no se encuentran tales comunicaciones, no obstante,
puede colegirse del contenido del Auto núm. 901231 de 20 de noviembre de 200162,
aprobatorio del remate, que la autoridad administrativa conocía que la sociedad
García Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S., fue aceptada para promover un
acuerdo de reestructuración.
135. Reposan63 los oficios expedidos por la funcionaria ejecutora de la DIAN,
dirigidos al registrador de instrumentos públicos, al cual le fueron remitidas copias
del acta de remate y el auto aprobatorio de este -solicitud urgente de registro de
remate- y se le solicitó el registro del desembargo que pesaba sobre el inmueble
rematado; al juez noveno civil del circuito de Bucaramanga, con el fin de que se
levantaran las medidas de embargo y secuestro sobre el bien rematado; y, al notario
cuarto del círculo de Bucaramanga -solicitud urgente-, en el cual solicitó liberar el
gravamen hipotecario que figuraba a favor del Banco Central Hipotecario.
136. Asimismo,
se encuentra el acta de entrega del inmueble rematado a los
demandantes, de fecha 23 de noviembre de 200164.
137. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 550, la iniciación de la
negociación de un acuerdo de reestructuración, tenía los siguientes efectos:
“[…] ARTICULO 14. EFECTOS DE LA INICIACION DE LA NEGOCIACION. A
partir de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan
transcurrido los cuatro (4) meses previstos en el artículo 27 de esta ley, no
podrá iniciarse ningún proceso de ejecución contra el empresario y se
suspenderán los que se encuentren en curso, quedando legalmente facultados
el promotor y el empresario para alegar individual o conjuntamente la nulidad
del proceso o pedir su suspensión al juez competente, para lo cual bastará
61
Resolución núm. 900331 de 24 de junio de 2002.
62
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 03. Anexos 2.pdf
63
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 03. Anexos 2.pdf
64
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 03. Anexos 2.pdf
43
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
que aporten copia del certificado de la cámara de comercio en el que
conste la inscripción del aviso. En los anteriores términos se adiciona el
artículo 170 del Código de Procedimiento Civil; y el juez que fuere informado
por el demandado de la iniciación de la negociación y actúe en contravención a
lo dispuesto en el presente inciso, incurrirá en causal de mala conducta.
Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y
no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el
empresario. […]” (Negrilla fuera del texto)
138. El artículo 55 de la misma ley, estableció la suspensión del proceso de cobro coactivo,
en la siguiente forma:
“[…] ARTICULO 55. SUSPENSION DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO.
En la misma fecha de iniciación de la negociación, el nominador dará aviso
mediante envío de correo certificado al jefe de la división de cobranzas de la
administración ante la cual sea contribuyente el empresario o la unidad
administrativa que haga sus veces, respecto al inicio de la promoción del
acuerdo, para que el funcionario que esté adelantando el proceso
administrativo de cobro coactivo proceda en forma inmediata a
suspenderlo e intervenir en la negociación, conforme a las disposiciones
de esta ley.
Lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 845 del Estatuto Tributario no es
aplicable a las cláusulas que formen parte de los acuerdos de reestructuración
celebrados de conformidad con la presente ley, en lo que se refiere a plazos.
Igualmente, el artículo 849 del Estatuto Tributario, no es aplicable en el caso de
los Acuerdos de Reestructuración, y la Administración Tributaria no podrá
adelantar la acción de cobro coactivo durante la negociación del acuerdo. […]”
(Negrilla fuera de texto)
139. En contra de la sociedad García Vega Y Cía. Ltda., hoy García y Vega S.A.S.,
se tramitaba un proceso administrativo de cobro coactivo, el cual, como se consta
de las pruebas que obran en el expediente, se encontraba en etapa de remate de
los bienes del contribuyente. El artículo 839-2 del Estatuto Tributario, establece, en
relación con esa etapa del proceso, lo siguiente:
“[…] ARTICULO 839-2. EMBARGO, SECUESTRO Y REMATE DE BIENES.
<Artículo adicionado por el artículo 87 de la Ley 6 de 1992. El nuevo texto es el
siguiente:> En los aspectos compatibles y no contemplados en este Estatuto,
se observarán en el procedimiento administrativo de cobro las disposiciones del
Código de Procedimiento Civil que regulan el embargo, secuestro y remate de
bienes. […]”
140. Elartículo 840 del Estatuto Tributario, reguló lo atinente al remate, en la
siguiente forma:
“[…] ARTÍCULO 840. Remate de bienes. Con base en el avalúo de bienes,
establecido en la forma señalada en el artículo 838, la Administración de
Impuestos ejecutará el remate de los bienes o los entregará para tal efecto a
una entidad especializada autorizada para ello por el Gobierno Nacional.
44
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
Las entidades autorizadas para llevar a cabo el remate de los bienes objeto de
embargo y secuestro, podrán sufragar los costos o gastos que demande el
servicio del remate, con el producto de los mismos y de acuerdo con las tarifas
que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. […]”
141. En virtud de la remisión ordenada por el artículo 839-2 del Estatuto Tributario,
resultaban aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, en
particular, los artículos 523 a 538 del Código de Procedimiento Civil, relativos al
remate de bienes. Para lo que interesa a este proceso, los artículo 52765 y 53066 de
dicho estatuto, indicaban:
“[…] ARTÍCULO 527. DILIGENCIA DE REMATE Y ADJUDICACIÓN. Llegados
el día y la hora para el remate, el secretario anunciará en alta voz las ofertas a
medida que se hicieren. Transcurridos al menos dos horas desde el comienzo
de la licitación, el juez adjudicará al mejor postor los bienes materia de la
subasta, luego de haber anunciado por tres veces que de no existir una oferta
mejor la declarará cerrada.
En la misma diligencia ordenará por auto que no admite recurso que las sumas
depositadas se devuelvan a quienes las consignaron, excepto la que
corresponda al rematante, que se reservará como garantía de sus obligaciones
para los fines del artículo 529. Igualmente se ordenará la devolución cuando por
cualquier causa no se lleva a cabo el remate.
Cuando el inmueble objeto de la diligencia se hubiere dividido en lotes, si para
el pago al acreedor es suficiente el precio obtenido por el remate de uno o
algunos de ellos, la subasta se limitará a éstos en el orden en que se hayan
formulado las ofertas.
Si al tiempo del remate la cosa rematada tiene el carácter de litigiosa, el
rematante se tendrá como cesionario del derecho litigioso.
Nadie podrá licitar por un tercero si no presenta poder debidamente autenticado.
Efectuado el remate se extenderá un acta en que se hará constar:
1. La fecha y hora en que tuvo lugar la diligencia.
2. Designación de las partes del proceso.
3. Las dos últimas ofertas que se hayan hecho y el nombre de los postores.
4. La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y
la procedencia del dominio del ejecutado si se tratare de bienes sujetos a
registro.
5. El precio del remate.
Si la licitación quedare desierta por falta de postores, de ello se dejará
testimonio en el acta.
(…)
65
Texto modificado por el Decreto 2282 de 7 de octubre de 1989, “[…] Por el cual se introducen algunas modificaciones al
Código de Procedimiento Civil […]”.
66
Ibidem.
45
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
ARTÍCULO 530. SANEAMIENTO DE NULIDADES Y APROBACIÓN DEL
REMATE. Pagado oportunamente el precio, el juez aprobará el remate siempre
que se hubiere cumplido con las formalidades previstas en los artículo 523 a
528 y no esté pendiente el incidente de nulidad que contempla el numeral
segundo del artículo 141. En caso contrario, declarará el remate sin valor y
ordenará la devolución del precio al rematante.
En el auto que apruebe el remate se dispondrá, además:
1. La cancelación de los gravámenes prendarios o hipotecarios que afecten el
bien objeto del remate.
2. La cancelación del embargo y del secuestro.
3. La expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio. Si se trata
de bienes sujetos a registro, dicha copia se inscribirá y protocolizará en la
notaría correspondiente al lugar del proceso. Copia de la escritura se agregará
luego al expediente.
4. La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados.
5. La entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutado
tenga en su poder.
6. La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o
efectos públicos nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de que
quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado.
7. La entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su
crédito y las costas, y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado.
Empero, cuando se remate un bien para el pago de la parte exigible de una
deuda garantizada con hipoteca o prenda constituida sobre él, no se entregará
al ejecutado el sobrante del precio, que quedará depositado a órdenes del
juzgado como garantía del resto de la obligación, salvo que las partes
dispongan otra cosa. […]”
142. De otro lado, los artículos 140, 141 y 142 del Código de Procedimiento se
refirieron a las causales de nulidad; a las causales de nulidad en procesos de
ejecución y en los que haya remate de bienes; y, la oportunidad para alegarlas y su
trámite.
143. El artículo 140 del Código de Procedimiento Civil estableció como causal de
nulidad, entre otras:
“[…] ARTÍCULO 140. CAUSALES DE NULIDAD <Artículo modificado por el
artículo 1, numeral 80 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:>
El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
5. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales
de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda antes de la
oportunidad […]”(
46
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
144. El artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, indicó que:
“[…] ARTÍCULO 141. NULIDADES EN PROCESOS DE EJECUCION Y EN LOS
QUE HAYA REMATE DE BIENES. <Artículo modificado por el artículo 1,
numeral 81 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En los
procesos de ejecución y en los que haya remate de bienes, son también
causales de nulidad:
(…)
2. La falta de las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes,
siempre que se alegue antes de proferirse el auto que lo aprueba. Esta nulidad
sólo afectará el remate y se aplica a todos los procesos en que haya remate de
bienes. […]”.
145. El artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, señaló que:
“[…] ARTÍCULO 142. OPORTUNIDAD Y TRAMITE. <Artículo modificado por el
artículo 1, numeral 82 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:>
Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se
dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella.
La nulidad por no interrupción del proceso en caso de enfermedad grave,
deberá alegarse dentro de los cinco días siguientes al en que haya cesado la
incapacidad.
La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento
en legal forma, podrá también alegarse durante la diligencia de que tratan los
artículos 337 a 339 <338>, o como excepción en el proceso que se adelante
para la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión si no se
alegó por la parte en las anteriores oportunidades. La declaración de nulidad
sólo beneficiará a quien la haya invocado, salvo cuando exista litisconsorcio
necesario.
Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo donde ocurran,
mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores, o por causa
legal.
La solicitud se resolverá previo traslado por tres días a las otras partes, cuando
el juez considere que no es necesario la práctica de alguna prueba que le haya
sido solicitada y no decreta otra de oficio; en caso contrario se tramitará
incidente.
La nulidad originaria en la sentencia que ponga fin al proceso, contra la cual no
proceda recurso, podrá alegarse también en la oportunidad y forma
consagradas en el inciso 3. […]”
146. La Corporación67 ha subrayado, en lo que se refiere a la naturaleza jurídica de
la diligencia de remate, lo siguiente:
67
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección C. Consejero Ponente: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa. Sentencia de 14 de mayo de 2014. Radicación núm.: 08001-23-31-000-1999-00915-01(29171).
47
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
“[…] 2.1. Naturaleza jurídica de la diligencia de remate y sus implicaciones
jurídicas en el caso concreto.
Conforme ha sido explicado por la doctrina y la jurisprudencia68, la diligencia de
remate es un acto de naturaleza “híbrida”, por tener tanto elementos de carácter
sustancial como elementos de un trámite procesal. Ciertamente, el remate
aparece de un lado como un modo de adquirir el dominio, en este sentido, el
tercer inciso del artículo 741 del Código Civil indica que:
“(e)n las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de
un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es
el tradente, y el juez su representante legal.”
Aunque la doctrina contemporánea discute que el remate pueda asimilarse a
una tradición69, como lo hace el Código Civil en la norma citada, considera que
las providencias judiciales de adjudicación constituyen un modo atípico de
adquirir el dominio. En este sentido la doctrina ha llegado a decir lo siguiente:
“Queda así establecido que una vez culmina el remate, se dicta el auto
que adjudica el bien dentro de la diligencia de subasta y luego el
aprobatorio del remate. Este conjunto de decisiones judiciales concretan
este modo especial de adquirir el dominio, aunadas, naturalmente, a la
sentencia que ordena proseguir la ejecución70.”
Y de otro lado, sin perder el comentado carácter sustancial, el remate es
también una diligencia que se surte dentro de un proceso judicial, que debe
cumplirse según las normas rituales consagradas en los artículos 523 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil.
En igual sentido, La jurisprudencia de la Sala Civil y Agraria de la H. Corte
Suprema de Justicia, también ha expresado que:
“El tema de la naturaleza jurídica del remate, que es el que aflora con
ocasión del presente caso, es uno de los que más controversia genera en
el ámbito de la doctrina, donde se verifican tesis de distinta índole, porque
hay quienes, como Jaime Guasp, que lo califican como “un acto
procesal de instrucción del proceso de ejecución, complemento del
embargo: operación pura de derecho público emanada de un órgano del
Estado que actúa como tal” (derecho procesal civil, T. 1º, pág. 448); otros,
como Carnelutti, lo identifican como contrato o negocio jurídico procesal,
bajo el entendido de que para la consecución del efecto procesal se
requiere de una combinación de actos que tienen naturaleza contractual.
También existen los que simplemente lo asimilan a un negocio jurídico
privado de compraventa71”.
Existe por lo tanto un extendido consenso jurisprudencial en torno a las reglas
sustanciales y procesales que rigen el remate. La primera de dichas reglas
consiste en que, por equivaler el remate a una venta forzada (a la luz del inciso
tercero del artículo 741 del C. C.), le son aplicables las disposiciones civiles que
regulan la compraventa, especialmente aquellas que establecen las
obligaciones del tradente como lo son la entrega o tradición, el saneamiento y
68
Sentencia T-659 de 10 de agosto de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
69
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Ed. Temis. Bogotá 1989, pág. 340.
70
Ibídem, página 341.
71
La Corte Suprema de Justicia desde tiempo atrás viene asignándole al remate la característica de fenómeno híbrido en el
cual se combinan elementos del derecho civil y del derecho procesal, y como corolario la posibilidad de la doble impugnación,
es decir, sustancial y procesal. Concretamente en sentencia de 23 de marzo de 1981 (G.J. T. CLXVI, pág. 372 y ss.)
48
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
el asumir los costos que se “hicieren para poner la cosa en disposición de
entregarla” (arts. 1880 y s.s. del C. C.).
“Para efectos del presente caso, la Sala ha tenido oportunidad de recordar
que el remate de bienes corresponde a una venta en la que, por fuerza de
ley, el juez actúa en representación del vendedor, y como tal debe velar
porque, al igual que en cualquier enajenación, el objeto sea entregado al
comprador libre de todo gravamen o carga, cuyos costos, salvo pacto en
contrario, deben ser cubiertos por el vendedor, pagos que para estos
peculiares eventos pueden efectuarse con el producto de la explotación
económica de los bienes o de la respectiva subasta”72. […]” (Negrilla del
texto)
147. LaCorte Constitucional73 se refirió a las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil que establecen la declaración de la invalidez del remate, así:
“[…] 4.2.1 Normas del Código de Procedimiento Civil relativas al
procedimiento judicial de declaración de la invalidez del remate Las
normas del Código de Procedimiento Civil directamente relacionadas con el
procedimiento judicial de declaración de la invalidez del remate, son los
artículos 141, 527, 529 y 530 de ese Código. En efecto, dichas normas
prescriben que una vez llevada a cabo la subasta y adjudicados al mejor postor
los bienes materia de la misma, el rematante deberá consignar a órdenes del
juzgado de conocimiento el saldo del precio, dentro de los tres días siguientes
a la diligencia74; si no lo hace en este plazo, el juez improbará el remate y
decretará la pérdida de la mitad de la suma depositada para hacer postura, a
título de multa75. Si por el contrario el rematante cumple con hacer la
consignación oportuna del precio, el juez aprobará el remate siempre que se
hubiere cumplido con las formalidades legales, y no esté pendiente el incidente
de nulidad que contempla el numeral segundo del artículo 141 del Código de
Procedimiento Civil.76 En caso contrario, declarará el remate sin valor y
ordenará la devolución del precio al rematante.
Ahora bien, conforme al numeral segundo del artículo 141, en los procesos de
ejecución y en los que haya remate de bienes, constituye causal de nulidad “(l)a
falta de las formalidades prescritas para hacer el remate de bienes, siempre
que se alegue antes de proferirse el auto que lo aprueba. Esta nulidad sólo
afectará el remate y se aplica a todos los procesos en que haya remate de
bienes.”
(…)
Con fundamento en las normas comentadas, la doctrina ha distinguido entre las
nociones procesales de remate improbado, desierto, inválido y fallido77. (…)
Finalmente, el remate es procesalmente inválido, cuando a pesar de haberse
llevado a cabo la diligencia, de haberse asignado la cosa al mejor postor y de
haberse consignado oportunamente por él el saldo del precio, el juez de oficio
o a petición de parte lo declara sin valor, por no haberse cumplido con las
72
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de quince de enero de 2003. Magistrado Ponente:
Manuel Ardila Velásquez, Exp. No.13001213000200200134.
73
Corte Constitucional, Sentencia T-659 de 2006. Magistrado ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.
74
Cuando se trate de rematante por cuenta de su crédito, y éste fuere igual o superior al precio del remate, no será necesaria
la consignación del saldo. Cf. C.P.C artículo 528.
75
Cf. C.P.C. artículo 529
76
Cf. C.P.C. artículo 530.
77
Ver, LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Ed. Temis. Bogotá 1989, págs.
352 y siguientes.
49
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
formalidades previstas en los artículos 523 a 528 del Código de Procedimiento
Civil. En efecto, esta situación es regulada por el primer inciso del artículo 530
del Código de Procedimiento Civil, que al respecto prescribe lo siguiente:
(…)
El tenor literal de la anterior disposición permite concluir que una vez surtida la
diligencia pública subasta y pagado por el rematante el saldo del precio de cosa,
procede que el juez apruebe la diligencia de remate. Solo después de que
quede en firme tal aprobación, se competa el cúmulo de providencias (sic) y
actuaciones procesales que dan lugar a la consolidación de los efectos
sustanciales propios de la enajenación forzada. Por lo tanto, mientras tal
aprobación no se produzca y quede en firme, los derechos sustanciales
derivados del remate no se concretan en cabeza del rematante.
El mismo tenor literal de la disposición lleva también a concluir que la
declaración de nulidad del remate puede producirse de dos maneras distintas:
(i) de oficio, es decir porque el juez observe que no se cumplió con las
formalidades previstas en los artículos 523 a 528 del Código de Procedimiento
Civil, y entonces declare el remate sin valor; o (ii), porque haya sido interpuesto
el incidente de nulidad de que habla el numeral segundo del artículo 141, y el
mismo haya sido decidido en el sentido de declarar la nulidad de la diligencia.
Estas dos maneras de declara la nulidad del remate (sic), se producen en
momentos procesales distintos. La primera, es decir la que opera de oficio, se
da cuando el juez, inmediatamente después de que se ha pagado el saldo del
precio por el rematante, detecta que no se cumplieron las formalidades legales;
la segunda, es decir la que sucede cuando se promueve el incidente de nulidad
de que habla el segundo numeral del artículo 141, se produce después de haber
dado trámite a dicho incidente. […]” (Negrilla del texto)
148. La citada Corporación78, respecto de la posición jurídica del rematante dentro
del proceso ejecutivo, indicó que:
“[…] En segundo lugar, antes de que el remate sea aprobado y el auto
respectivo quede en firme, el rematante tampoco puede ser considerado como
titular de un interés sustancial que resulte protegible dentro del proceso
ejecutivo. En efecto, como arriba se explicó, desde un punto de vista sustancial
la diligencia de remate aisladamente considerada en sí misma no confiere
derecho alguno al rematante, pues es el conjunto de providencias judiciales
proferidas con ocasión del remate, que constituyen un acto jurídico complejo, lo
que desde una perspectiva sustancial configura un modo especial de adquirir el
dominio. En tal virtud, sólo cuando el remate se decreta, se realiza, es
aprobado y dicho auto aprobatorio queda en firme, puede hablarse
propiamente de la adquisición del derecho de dominio por el rematante.
En este momento aparece un interés jurídico protegible. No antes, cuando
solo puede hablarse de expectativa de derecho. […]” (Negrilla fuera del texto)
149. Del contexto normativo y jurisprudencial mencionado es posible señalar, en el
caso concreto, que la diligencia de remate de 31 de octubre de 2001 se llevó a cabo
con anterioridad a que la Superintendencia de Sociedades aceptara a la sociedad
García Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S., para la promoción de un acuerdo
de reestructuración en los términos de la Ley 550.
78
Corte Constitucional, Sentencia T-659 de 2006. Magistrado ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra.
50
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
150. La Superintendencia de Sociedades informó a la autoridad tributaria, el 7 de
noviembre de 2021, el inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración,
siendo uno sus efectos, conforme a los artículo 14 y 55 de la Ley 550, la suspensión
inmediata de los procesos administrativos de cobro coactivo seguidos en contra del
empresario, razón por la cual se ha debido suspender, inmediatamente, el trámite
del expediente núm. 9602413.
151. No obstante, la autoridad tributaria no suspendió el trámite del proceso
administrativo de cobro coactivo núm. 9602413 y, por el contrario, con posterioridad
al inicio de la negociación del acuerdo de reestructuración de la sociedad García
Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S., profirió el Auto núm. 901231 de 20 de
noviembre de 2001, a través de la cual la ejecutora delegada de la División de
Cobranzas de la DIAN de Bucaramanga, aprobó en todas sus partes la diligencia
de remate de 31 de octubre de 2001 y la adjudicación del 100% del inmueble
rematado a favor de los señores Miguel Serrano Gómez y Beatriz Isabel Serrano
Gulfo.
152. Teniendo en consideración las disposiciones del Código de Procedimiento Civil
que regulan el remate de bienes, aplicables al proceso administrativo de cobro
coactivo conforme el artículo 839-2 del Estatuto Tributario, se advierte que la
autoridad tributaria impartió aprobación al remate al considerar cumplidas las
formalidades previstas en los artículos 523 a 528 del mismo estatuto, lo cual no es
objeto de discusión en este proceso.
153. De igual modo, no se solicitó, con anterioridad al auto aprobatorio del remate de
20 de noviembre de 2001, la nulidad por la falta de las formalidades prescritas para
hacer el remate.
154. LaSala encuentra que, como lo indicó la primera instancia, la autoridad
administrativa no tenía competencia para declarar la nulidad del proceso
administrativo de cobro coactivo.
155. La oportunidad para alegar nulidades relativas a las formalidades prescritas
para hacer el remate de bienes, precluyó con la expedición del auto que aprobó el
remate de bienes, conforme así lo dispone el numeral 2. del artículo 141 del Código
de Procedimiento Civil, esto es, con la expedición y firmeza del Auto núm. 901231
de 20 de noviembre de 2001.
156. El artículo 140 del Código de Procedimiento Civil establece como causal de
nulidad del proceso, la situación consistente en adelantar el proceso después de
ocurrida cualquiera de las causales legales de suspensión.
51
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
157. No obstante, no le asiste razón al apelante al considerar aplicable el inciso
cuarto del artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que “[…]
Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo donde ocurran, mientras
no haya terminado por el pago total a los acreedores, o por causa legal. […]”, pues
se está refiriendo a las causales de nulidad por indebida representación o falta de
notificación o emplazamiento en leal forma79.
158. Sumado a lo anterior, se recalca que la firmeza del Auto núm. 901231 de 20 de
noviembre de 2001, auto aprobatorio del remate, siguiendo los planteamientos
expuestos por la Corte Constitucional, produjo la adquisición del dominio por los
rematantes, hoy demandantes, y la aparición de un interés jurídico protegible.
159. Así, conforme al artículo 73 del CCA, cuando un acto haya creado o modificado
una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de
igual categoría, no puede revocarlo sin el consentimiento expreso y escrito del
respectivo titular, estableciendo, el artículo 74, el procedimiento para la revocación
de tal tipo de actos -de carácter particular y concreto-.
160. Lo anterior implica que, por regla general, no es posible revocar directamente
los actos administrativos particulares y concretos, si la administración no cuenta,
previamente, con el consentimiento expreso del titular del derecho reconocido y, en
el presente caso, las resoluciones demandadas no dan cuenta de haber obtenido
dicho consentimiento para la revocatoria del Auto núm. 901231 de 20 de noviembre
de 2001.
161. A pesar de que la autoridad tributaria insista en que, no revocó o anuló acto
administrativo alguno, sino que declaró la nulidad de un procedimiento, lo cierto es
que la Resolución núm. 900158 de 8 de abril de 2002, expresamente señala que el
auto aprobatorio de la diligencia de remate […] está viciado de nulidad […]” y la
nulidad declarada tuvo como efecto la revocatoria directa de tal acto administrativo.
162. Se recuerda, como se advirtió supra, que el auto aprobatorio del remate, el cual
hace parte de un procedimiento administrativo, constituye un acto administrativo por
tener la virtud de modificar una situación jurídica concreta -distinta de la simple
ejecución de la deuda tributaria- como lo es el dominio de un bien que se transfiere
a un tercero.
163. No sobra advertir que, en el presente asunto, no nos encontramos ante las
excepciones a regla general de irrevocabilidad de los actos administrativos, esto es,
cuando el acto particular surge del silencio administrativo positivo o haya ocurrido
por medios ilegales.
79
Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado ponente: Edgardo Villamil Portilla. Sentencia de 28 de
abril de 2009. Ref.: Exp. No. 11001-02-03-000-2004-00885-00.
52
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
164. De tal suerte que, si la administración tributaria estimaba que su propio acto, fue
expedido contrariando el ordenamiento jurídico, ha debido solicitar la autorización a
los demandantes para revocar el auto aprobatorio del remate, siguiendo el
procedimiento previsto en el artículo 74 del CCA y, en caso de no obtenerlo, acudir
ante esta jurisdicción para demandar su propio acto.
165. Al respecto, esta Sección80 precisó, que:
“[…] Por la especial protección de los derechos subjetivos en el ordenamiento
jurídico, los actos administrativos que crean o modifican una situación jurídica
de carácter particular y concreto o reconocen un derecho de igual categoría, por
regla general, no podrán ser revocados sin el previo consentimiento expreso y
escrito del respectivo titular del derecho.
Este consentimiento es, pues, una condición sin la cual no le está permitido a
la Administración revocar directamente un acto administrativo de esta clase,
bien sea de oficio o a solicitud de parte. Cuando se habla de expreso, quiere
decir que haya una manifestación externa por parte del titular en el sentido
inequívoco de que da su consentimiento para que el acto sea revocado, con la
sujeción a una formalidad que cabe considerarse como sustancial, como es la
de que debe ser en forma escrita.
Si el titular del derecho no otorga el consentimiento en esa forma, la
Administración debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa
mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, denominada en
la doctrina como acción de lesividad, con el fin de procurar la anulación del
respectivo acto.
Esta regla general, sin embargo, tiene dos excepciones. Ciertamente, por
disposición legal, el acto administrativo particular puede ser revocado, aún sin
el consentimiento del titular del derecho, cuando el acto resulta de la aplicación
del silencio administrativo positivo, o cuando es evidente que el acto se produjo
por medios ilegales. […]”
166. La actuación de la autoridad tributaria, en el presente caso, supuso un
desconocimiento del debido proceso y del principio de confianza legítima de los
demandantes, en su condición de rematantes, en tanto que no se le podían trasladar
las vicisitudes de un procedimiento administrativo a quienes eran ajenos a él.
167. El
cargo formulado en contra de la sentencia de primera instancia, en
consecuencia, no prospera.
II.4.2. Existió defecto fáctico por indebida valoración probatoria puesto que el
fallo ordenó a la DIAN, la devolución a los demandantes la suma de $7.140.000,
correspondiente al valor pagado por concepto del impuesto al remate
80
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente: Rafael E. Ostau De Lafont
Pianeta. Sentencia de 3 de noviembre de 2011. Radicación núm.: 11001-03-24-000-2006-00225-00.
53
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
establecido en el artículo 7°. de la Ley 11 de 1987; sin embargo, de las pruebas
aportadas, tal suma ya fue cancelada a los demandantes.
168. La sentencia de primera instancia, producto de la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos demandados, condenó a la DIAN a devolver a los
demandantes, entre otros valores, “[…] La suma de $7.140.000 que corresponde al
valor cancelado por concepto de impuesto al remate, establecido en el art. 7°de la
Ley 11 de 1987 […]”.
169. La DIAN, en su recurso de apelación, planteó que la suma de dinero indicada
había sido pagada, conforme a las pruebas allegadas con la contestación de la
demanda, con lo cual se presentó una indebida valoración probatoria.
170. En el expediente se encuentra que los demandantes, mediante oficio de 4 de
octubre de 200281, solicitaron a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la devolución de la suma de $7.140.000, los cuales
fueron consignados a favor del Consejo Superior de la Judicatura,
“[…] equivalente al 3% del remate del apartamento 1802 del Edificio Casa
Hacienda ubicado en la ciudad de Bucaramanga contra el contribuyente
GARCÍA VEGA Y CIA LTDA., remate que se efectuó el 31 de Octubre de 2001
por parte de la DIVISIÓN COBRANZAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES (DIAN) ADMINISTRACIÓN LOCAL DE
BUCARAMANGA, cuyo auto aprobatorio de remate fue luego declarado NULO,
según la Resolución #900158 (sic) de fecha Abril 8 de 2002; esta Resolución
fue confirmada por las Resoluciones #900233 de fecha Mayo 24 de 2002 y
#900331 de Junio 24 de 2002 al decidir recursos de reposición y apelación
respectivamente, presentados por nosotros. En estas resoluciones se ordena la
devolución de todos los dineros depositados por los rematantes como
consecuencia del remate. […]”
171. La Oficina Jurídica de la Dirección del Tesoro Nacional, Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, dio concepto favorable para efectuar la devolución, a través de la
comunicación OJ-1831-JGR de 29 de octubre de 200282.
172. Se encuentra certificación expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público de 14 de mayo de 201283, a través de la cual se indica:
“[…] La Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se
permite informar a usted que el trámite correspondiente a la solicitud de
devolución de la referencia culminó el día 9 de diciembre de 2002, con el giro
del cheque No. 3924645 (…) a orden del beneficiario Miguel Serrano Gómez.
[…]”.
81
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 06. (16 Nov 22) Memorial contestación de la demanda DIAN.pdf
82
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 06. (16 Nov 22) Memorial contestación de la demanda DIAN.pdf
83
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 06. (16 Nov 22) Memorial contestación de la demanda DIAN.pdf
54
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
173. A dicha certificación fue allegado documento contable, el cual da cuenta de la
copia del cheque librado, así:
174. El documento, igualmente, contiene la siguiente información:
175. La Sala estima que los documentos allegados por la parte demandada permiten
inferir que, en efecto, se realizó la devolución a los demandantes de la suma
correspondiente al impuesto de remate, lo cual fue ratificado por la apoderada
judicial de los demandantes, al señalar, en sus alegaciones de conclusión 84 con
ocasión de lo ordenado en el auto de 23 de marzo de 2011 -dictado con anterioridad
84
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 13. tramite 3 y alegatos.pdf
55
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
a la decisión a través de la cual se anuló el proceso (Auto de 30 de octubre de 2020),
lo siguiente:
“[…] No obstante lo anterior, se informa al Honorable Tribunal que el 9 de
diciembre de 2002, esto es seis (6) meses después de quedar en firme la
Resolución No. 900331 del 24 de junio de 2002 de la División de Cobranzas
de la Administración de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga por medio
de la cual se resolvió la apelación al acto administrativo que revocó el Auto
Aprobatorio del remate, mis poderdantes recibieron el cheque por la suma de
$7.140.000 sin actualización y sin reconocer el Gravamen a los
Movimientos Financieros. Razón por la cual se reitera la pretensión de
actualizar las sumas aún adeudadas (incluyendo el pago del Gravamen a los
Rendimientos Financieros) y de las pagadas con tanto retraso en desmedro del
patrimonio de los demandantes […]” (Negrilla del texto)
176. El cargo, en consecuencia, tiene vocación de prosperidad.
II.4.3. No eran procedentes las condenas, a título de restablecimiento del
derecho, ordenadas en la sentencia de primera instancia, relativas al
gravamen a los movimientos financieros y servicios públicos, puesto que,
frente a la primera, no está probada su erogación y, respecto de la segunda,
no está acreditada quién fue la persona que realizó tales pagos.
177. La sentencia de primera instancia, producto de la declaratoria de nulidad de los
actos administrativos demandados, condenó a la DIAN a devolver a los
demandantes, entre otros valores, “[…] el valor correspondiente al pago del
Gravamen de Movimientos Financieros. Para lo anterior, los actores deberán
acreditar allegar ante la DIAN certificación de la entidad financiera en la cual se
efectuó el respectivo depósito a efectos de hacer la postura y el pago del valor del
inmueble rematado […]” y “[…] La suma de $427.898,oo que corresponde a los
gastos en que incurrieron por concepto de servicios públicos del inmueble
distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria No. 300-227868 […]”.
178. La DIAN, en su recurso de apelación, planteó, frente a la condena respecto del
gravamen a los movimientos financieros, que no existía en el expediente prueba de
dicha erogación y, respecto de la condena por concepto de servicios públicos
domiciliarios, que no estaba acreditado dentro del proceso la persona que realizó
tales pagos puesto que se allegaron fotocopias de unos recibos cancelados,
sumado a que los pagos realizados habrían beneficiado a la sociedad propietaria
del inmueble rematado, esto es, García Vega Y Cía. Ltda., hoy García Vega S.A.S.
179. Frente al primer cuestionamiento, le asiste razón a la parte demandada, toda
vez que, dentro del expediente no se encuentra prueba de los valores cancelados
por los demandantes correspondientes al gravamen de movimientos financieros,
cuestión que les correspondía probar por así disponerlo el artículo 177 del Código
de Procedimiento Civil, vigente para la época de presentación de la demanda, cuyo
contenido replicó el artículo 167 del Código General del Proceso, normas según las
56
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
cuales, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
180. Respecto de la inconformidad relacionado con el pago de los servicios públicos
domiciliarios, al expediente se allegaron los siguientes recibos de servicios públicos:
180.1. Factura de venta núm. 7939626, expedida por la empresa “[…] GASORIENTE
S.A. E.S.P. […]” el 1°. de noviembre de 2001, correspondiente al servicio público de
gas, cuyo período facturación fue del 1°. al 30 de octubre de 2001 (sic), del inmueble
“[…] CRA 39A # 44-209 T 1 APTO 1082 CASA HACIENDA CABECERA […]”, por
la suma de $6.600. Presenta sello de pago realizado el 16 de noviembre de 2001.
180.2. Facturanúm. 051889830, expedida por la Compañía de Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. el 6 de noviembre de 2001,
correspondiente al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del mes de
septiembre de 2001, del inmueble “[…] EDIFICIO CASA HACIENDA (…) CRA 39A
44-209 T 1 APTO 1802 […]”, por la suma de $474.193. Presenta sello de pago de
16 de noviembre de 2001.
180.3. Factura núm. 149.044 expedida por la Empresa de Telecomunicaciones de
Bucaramanga S.A. E.S.P. el 16 de noviembre de 2001, correspondiente al servicio
de telefonía, cuyo período facturación fue del 1°. al 31 de octubre de 2001, del
inmueble “[…] KRA 039A 044 209AP108-02 ED. CASA HACIENDA […]”, por la
suma de $297.840. No presenta sello de pago.
180.4. Factura núm. 394.591 expedida por la Empresa de Telecomunicaciones de
Bucaramanga S.A. E.S.P. el 14 de diciembre de 2001, correspondiente al servicio
de telefonía, cuyo período facturación fue del 1°. al 30 de noviembre de 2001, del
inmueble “[…] KRA 039A 044 209AP108-02 ED. CASA HACIENDA […]”, por la
suma de $6.130. No presenta sello de pago.
181. Se allegó extracto de la cuenta del Banco Davivienda cuyo titular es el señor
Miguel Serrano Gómez, el cual daría cuenta de los movimientos financieros del mes
de diciembre de 2001. El extracto indica que el 12 de diciembre de 2001 se pagó el
valor de $297.840 por servicios públicos, suma que coincide con el valor de la
factura núm. 149.044.
182. Igualmente se encuentra extracto de la cuenta del Banco Davivienda cuyo titular
es el señor Miguel Serrano Gómez, el cual daría cuenta de los movimientos
financieros del mes de noviembre de 2001.
183. Cabe indicar que el inmueble rematado fue entregado a los demandantes el día
23 de noviembre de 2001 como consta en el acta de entrega que se encuentra en
57
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
el expediente85, razón por la cual no es posible establecer si los demandantes fueron
los responsables de cancelar las facturas de los servicios de públicos de gas y
acueducto, alcantarillado y aseo, puesto que tienen fecha de pago anterior a la
citada fecha de entrega.
184. Respecto de la factura núm. 149.044 expedida por la Empresa de
Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P. el 16 de noviembre de 2001,
correspondiente al servicio de telefonía, cuyo período de facturación fue del 1°. al
31 de octubre de 2001, del inmueble “[…] KRA 039A 044 209AP108-02 ED. CASA
HACIENDA […]”, por la suma de $297.840, esta, en su parte pertinente, hace
constar lo siguiente:
185. Puede predicarse que tal factura fue pagada desde la cuenta bancaria del señor
Miguel Serrano Gómez, conforme al extracto de la misma, correspondiente al mes
de diciembre de 2021, así:
186. Cabe advertir que las obligaciones derivadas de los contratos de servicios
públicos domiciliarios se han considerado como obligaciones “propter rem” u
obligaciones reales “[…] que implican una carga que se impone al que tiene el
derecho de propiedad u otros derechos reales principales sobre una cosa […]”86.
187. De otro lado, los artículos 129 y 130 de la Ley 142 de 11 de julio de 199487,
establecieron que:
85
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 03. Anexos 2.pdf
86
Corte Constitucional, Sentencia C-493 de 1997. Magistrado ponente: Fabio Morón Díaz.
87
“[…] por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. […]”
58
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
“[…] ARTÍCULO 129. CELEBRACIÓN DEL CONTRATO. (…) En la enajenación
de bienes raíces urbanos se entiende que hay cesión de todos los contratos de
servicios públicos domiciliarios, salvo que las partes acuerden otra cosa. La
cesión operará de pleno derecho, e incluye la propiedad de los bienes
inmuebles por adhesión o destinación utilizados para usar el servicio.
(…)
ARTÍCULO 130. PARTES DEL CONTRATO. <Artículo modificado por el
artículo 18 de la Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Son partes
del contrato la empresa de servicios públicos, el suscriptor y/o usuario.
El propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio
son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios
públicos. […]”
188. Debe señalarse que en la diligencia de remate o en el auto aprobatorio del
mismo, nada se indicó en relación con obligaciones adeudadas por la prestación de
servicios públicos domiciliarios al inmueble rematado, ni consta que los rematantes
hayan realizados alguna alegación al respecto.
189. De tal forma que, una vez los demandantes adquirieron el dominio de aquel
inmueble y les fue entregado materialmente, eran responsables del pago de las
obligaciones derivadas de la prestación de los servicios públicos de este, luego
ningún valor adeuda la autoridad administrativa a los demandantes por el pago de
la señalada facturas de servicios públicos domiciliarios, por lo que el cargo, en este
aspecto, debe prosperar.
II.4.4. El fallo de primera instancia, si bien fue congruente con las pretensiones
de los demandantes, no lo es en sus efectos prácticos, puesto que, producto
de la decisión de anulación de los actos administrativos, el auto aprobatorio
del remate quedaría vigente, lo cual entra en contradicción con las demás
decisiones adoptadas.
190. El apelante cuestiona la decisión de primera instancia indicando que, si bien fue
congruente con las pretensiones de la demanda, no lo fue en relación con sus
efectos prácticos.
191. Adujo que la sentencia apelada dejaría vigente el auto aprobatorio del remate,
con las consecuencias que de ello se derivarían como la entrega del inmueble
rematado, lo cual se muestra contrario a las demás decisiones adoptadas como la
devolución de los dineros pagados a los rematantes por distintos conceptos y que
constituían requisitos indispensables para la aprobación del remate.
192. Anotó que el precio del remate fue devuelto a los rematantes y, además, que, si
bien no fue ordenada la entrega del inmueble rematado, los efectos prácticos de la
sentencia llevarían a esto, pues no hubo modulación de la sentencia en tal sentido.
59
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
193. Alrespecto, conviene señalar que la parte demandante, si bien solicitó la
declaratoria de nulidad de las resoluciones núm. 900158 de 8 de abril, 900233 de
24 de mayo y 900331 de 24 de junio, todas de 2002, no pidió, a título de
restablecimiento del derecho, que le fuera restituido el inmueble rematado y, por el
contrario, se limitó a solicitar el reconocimiento de los daños que le ocasionó el
actuar antijurídico de la administración tributaria, consistentes en el pago de:
“[…] a) Los gastos en que incurrieron mis poderdantes como consecuencia
exclusiva y directa del giro de los dineros que debieron depositar por
instrucciones de la DIAN para y con ocasión del remate, consistentes en el pago
del Gravamen a los Movimientos Financieros (sic).
b) Los gastos y costos en que incurrieron como adjudicatarios del mencionado
inmueble, una vez se realizó la diligencia de entrega del bien rematado, tales
como los vinculados con el pago de los servicios públicos del inmueble.
c) La pérdida del poder adquisitivo de los dineros depositados a órdenes de la
DIAN para y como consecuencia del remate, los cuales fueron devueltos sin
actualización.
d) El valor de $7.140.000 actualizado, correspondiente al pago del impuesto al
remate, establecido en el artículo 7° de la Ley 11 de 2987 (sic), el cual no ha
sido devuelto por la DIAN a la fecha de presentación de esta demanda, a pesar
de las diligencias administrativas que se han adelantado hasta el momento.
e) Las sumas de dinero que resultan de la pérdida de la oportunidad por haber
sido despojados del inmueble rematado al que legítimamente tenían derecho.
f) Los gastos y costos en que incurrieron para defender la legalidad del Auto
Aprobatorio del remate y adelantar todas las gestiones para el debido
agotamiento de la vía gubernativa.
g) Los daños morales que se prueben en este proceso. […]”
194. La sociedad García Vega S.A.S., al contestar la demanda presentó la excepción
de “[…] INDEBIDA ACUMULACIÓN DE LAS PRETENSIONES Y ELECCIÓN DE
LA ACCIÓN POR LOS DEMANDANTES […]”, sustentada, en líneas generales, en
que “[…] no es posible en un mismo proceso adelantar pretensiones derivadas de
la legalidad de los actos administrativos y otro de incumplimiento de lo ordenado en
los mismos para ser reparados deberá escogerse la cuerda y definirla […]”.
195. La sentencia apelada, desestimó la excepción citada, indicando que no se
configuraba la indebida acumulación de pretensiones puesto que:
“[…] La Sala considera que, no se configura una indebida acumulación de
pretensiones, porque como tales, en principio, las pretensiones invocadas a
título de restablecimiento del derecho son conexas con la pretensión de nulidad
de los actos administrativos enjuiciados, pues se pretende obtener el pago de
sumas de dinero en las que los actores no hubieran incurrido de no haberse
proferido la Resolución No. 900158 del 8 de abril de 2002. Igual situación se
60
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
pregona del pago reclamado a título de pérdida de ganancia, el cual, guarda
relación con el hecho de haber sido despojados los demandantes del bien que
les había sido adjudicado en subasta pública. Por lo mismo, a la Sala le
competente resolver todas las pretensiones.
Además de lo expuesto, no se advierte que las pretensiones sean
contradictorias, y todas pueden tramitarse por el mismo procedimiento ordinario.
En esa medida, no hay lugar a declarar la excepción de ineptitud sustantiva de
la demanda. […]”
196. Esta decisión no fue objeto de impugnación como se advierte del recurso de
apelación presentado por la parte demandada, de tal forma que la Sala, de
conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564, no puede abordar,
nuevamente, aquella excepción.
197. Desde la anterior perspectiva, se advierte que el fallo apelado no tiene
contradicción, desde el punto de vista práctico, toda vez que no reconoció, a título
de restablecimiento del derecho, la devolución del inmueble rematado dentro del
proceso administrativo de cobro coactivo núm. 9602413 y las restituciones
consecuenciales que ello implicaría.
198. La decisión se sujetó a las pretensiones aducidas por la parte demandante, que
solicitó el pago de ciertos valores que, en su concepto, debían ser reconocidos con
ocasión de la anulación de la diligencia de remate, las cuales son muestra
inequívoca de no consentir en que la nulidad de los actos administrativos
demandados tuviera como consecuencia el cumplimiento de lo ordenado en el Auto
núm. 901231 de 20 de noviembre de 2001.
199. La parte demandante, en su recurso de apelación presentado en contra de la 16
de febrero de 2012, expuso el criterio señalado, en la siguiente forma:
“[…] En consideración a que como consecuencia del actuar antijurídico de la
entidad demandada, los demandantes no solo fueron despojados de un
inmueble respecto del cual el Tribunal reconoce que por virtud del doble
carácter sustancial y procesal de la diligencia de remate, eran propietarios, sino
que fueron obligados a recibir de vuelta los dineros que ellos consignaron dentro
de los términos y oportunidades de ley para hacerse al predio, esta situación
determina que no se cumplen a la fecha (sic), 11 años después de haber sido
expedidos los actos anulados, las circunstancias legales y de procedimiento
para que el bien retorne en cabeza de mis representados. En su momento, se
analizó esta situación al escoger la acción y presentar la demanda por cuanto
al pretender el resarcimiento del derecho no se podía obligar a los demandantes
a una situación aún más desfavorable y gravosa en el evento de prosperar la
nulidad, esto es, retrotraer los efectos de la nulidad de la revocatoria con el fin
de confirmar los efectos de un remate ya aprobado.
En consecuencia de esto, la demanda contempló como resarcimiento del
derecho el reconocimiento de la pérdida patrimonial sufrida por los
demandantes por el obrar antijurídico de la demanda (sic) y que se planteó
como la diferencia de valor entre el real precio comercial del inmueble y el precio
61
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
pagado en el remate en la medida que las compras en remate son
oportunidades comerciales para hacerse a bienes a un precio inferior al
comercial situaciones todas estas que fueron reconocidas en el fallo atacado, a
excepción de:
El reconocimiento y pago de:
“e) Las sumas de dinero que resultan de la pérdida de la oportunidad por haber
sido despojados del inmueble rematado al que legítimamente tenían derecho.”
[…]” (Negrilla y resaltado del texto)
200. El reclamo central de los demandantes fue nuevamente expuesto en los
alegatos de conclusión88 presentados previamente a la sentencia de 13 de abril de
2023 y consistía, no en obtener la devolución del inmueble rematado, sino en el
reconocimiento del daño económico que, en su concepto le ocasionó la autoridad
tributaria al despojarlos de la propiedad del inmueble rematado y que se reflejaba
en la pérdida de la suma de:
“[…] $161.179.399,36 respecto a su nueva propiedad adjudicada, -bien
inmueble- en el entendido que dicho valor resulta de la diferencia del valor
pagado en remate -$238.000.000- frente al valor del inmueble, que era de
$399.179.399,36, según el peritazgo que reposa en el expediente y que se
contrae a la fecha en que la DIAN arrebata la propiedad a mis poderdantes con
el Acto Administrativo ilegal, objeto aquí de demanda (ver folio 442).
De allí que se encuentra plenamente probado el daño económico que le ha sido
causado a mis poderdantes, que luego de adquirir un bien inmueble que
comercialmente ostentaba un precio y que la DIAN de manera arbitraria
procedió a despojárselo de manera irregular a un menor precio, sin el
consentimiento del administrado, es decir a aparentemente se hizo una
expropiación irregular que, aún más violenta los derechos de quien bajo la
expectativa de un remate adquiere un bien en la figura del valor de oportunidad
para aumentar su patrimonio dentro de los límites legales como se ha probado.
De tal suerte que, al no haber existido oposición al dictamen pericial, se
tiene que quedar plenamente probado el perjuicio económico derivado de
la conducta irregular de la administración a través del acto administrativo
objeto de censura, por lo que desde ya se solicita que se acceda de
manera favorable a esta pretensión reconociéndose la suma de
$161.179.399,36 bajo la figura de la pérdida de oportunidad a favor de mis
poderdantes y que a la fecha debe ser indexada dicha suma […]” (Negrilla
fuera del texto).
201. Por tanto, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
II.5. Conclusión
202. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, constató que la apelante no
logró desvirtuar los argumentos por los cuales, el Tribunal Administrativo de
Santander declaró la nulidad de las resoluciones núm. 900158 de 8 de abril, 900233
de 24 de mayo y 900331 de 24 de junio, todas de 2002.
88
Índice 2, SAMAI. Expediente digital, 13. (14 Feb 23) Memorial alegatos Dte.pdf
62
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
203. No obstante, la Sala revocará el ordinal quinto de la sentencia apelada y, en
consecuencia, producto de la nulidad de los actos administrativos acusados, no
habrá lugar a restablecimiento del derecho alguno, teniendo en cuenta la
prosperidad de los argumentos del apelante frente al reconocimiento realizado por
la primera instancia por el gravamen a los movimientos financieros, los gastos por
servicios públicos domiciliarios y el valor pagado por el impuesto al remate previsto
en el artículo 7°. de la Ley 11 de 1987.
II.6. Condena en costas
204. La Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 9 de julio de 199889, no condenará en costas en segunda instancia a la
parte vencida, esto es, a la parte demandada, puesto que su conducta no estuvo
precedida de mala fe ni de la intención de entorpecer el proceso y se enmarcó en
los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 13
de abril de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las
razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en sus demás partes, la sentencia de 13 de abril de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído
TERCERO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
89
“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
63
Radicación núm.: 68001 23 31 000 2002 02611 02
Demandantes: Miguel Serrano Gómez y otros
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.