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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-01025-01

Jurisdicción coactiva

Fecha
11 de abril de 2019
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-01025-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Odilia Trinidad Rojas, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 26 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y, en su lugar, se INHIBE la Sala para resolver de fondo el asunto sometido a su conocimiento por indebida escogencia de la acción frente al embargo de los bienes de propiedad del señor Abelardo Sánchez Méndez. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda referidas al deterioro estructural o disminución económica de los bienes de propiedad del señor Abelardo Sánchez Méndez mientras estuvieron a disposición de la entidad accionada. CUARTA: Sin condena en costas. QUINTA: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-01025-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

11 de abril de 2019

JURISDICCIÓN COACTIVA / NATURALEZA DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA / PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA / PROCESO DE COBRO COACTIVO / COMPETENCIA EN LA JURISDICCIÓN COACTIVA / OBLIGACIÓN TRIBUTARIA / DECLARACIÓN DE RENTA / SANCIÓN POR NO DECLARACIÓN DE RENTA / IMPUESTO DE RENTA / RETENCIÓN EN LA FUENTE / SANCIÓN MORATORIA POR NO PAGO DEL IMPUESTO

Considera la Sala importante precisar la naturaleza jurídica de la jurisdicción coactiva, con el fin de determinar de qué manera, en el ejercicio de esa función, se puede comprometer la responsabilidad del Estado y cuál sería la acción procedente para deducirla. El Estatuto Tributario contempla el procedimiento de la jurisdicción coactiva en materia fiscal para compeler el cumplimiento de las obligaciones tributarias por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales, previamente constituidas por cualquiera de los títulos ejecutivos que consagra el artículo 828 de dicho estatuto, cuando quiera que los llamados a absolverlas no lo hagan oportunamente. NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la naturaleza del proceso administrativo de cobro coactivo de obligaciones tributarias, ver sentencia del 30 de mayo de 2002, Exp. 12545, MP. Germán Rodríguez Villamizar.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 828

ACTO ADMINISTRATIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA / NATURALEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MEDIDAS CAUTELARES / EJECUCIÓN DEL COBRO COACTIVO / EMBARGO DEL BIEN / REMATE EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO / COBRO COACTIVO DEL IMPUESTO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

En tratándose de procedimientos administrativos y de los actos proferidos en desarrollo de los mismos, (…) la acción idónea será, en estos casos, la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que es la propia ley la que define la naturaleza administrativa del procedimiento de cobro coactivo en materia tributaria. (…) [E]l cobro coactivo de impuestos nacionales hecho por la DIAN, es un procedimiento administrativo y (…) los actos que emanen de él son controlables por la jurisdicción contenciosa administrativa, según lo prevé el artículo 835 del Estatuto Tributario, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo han señalado de forma reiterada las Secciones Tercera y Cuarta de esta Corporación, respecto de los actos de embargo y remate en los procesos de jurisdicción coactiva. (…) [L]a Sala encuentra que la causa petendi radica en el daño que el señor (…) adujo que le fue causado como consecuencia de las medidas cautelares impuestas sobre bienes de su patrimonio, en virtud de un proceso coactivo que inició la entidad demandada -DIAN- en contra de la sociedad de la cual era socio y representante legal, el cual estaría viciado de irregularidades. Así las cosas, la fuente del daño que dio lugar al presente litigio deviene de unas decisiones, contenidas en unos actos administrativos proferidos por el ente demandado. (…) La acción de reparación directa no era la procedente para reclamar los perjuicios que le fueron irrogados, pues si estaba inconforme con las actos administrativos dictados por la administración, en especial los que decretaron los embargos sobre los bienes de su propiedad, debió haberlos controvertido haciendo uso de los recursos señalados para el proceso de cobro administrativo coactivo previstos en el Estatuto Tributario y, una vez agotada esta vía, debió acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que no ocurrió en el caso de autos. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la naturaleza administrativa de los actos relacionados con el embargo y el remate de bienes del ejecutado, y en general de todas las actuaciones y actos administrativos de la jurisdicción coactiva, ver auto de la Sección Cuarta, del 19 de julio de 2002, Exp. 12733, MP. Juan Ángel Palacio Hincapié y sentencia del 30 de agosto de 2006. Exp. 14807, MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 835

FALLO INHIBITORIO POR INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / FUENTE DEL DAÑO / ACTO ADMINISTRATIVO DE JURISDICCIÓN COACTIVA / ACTOS DEMANDABLES A TRAVÉS MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN MATERIA TRIBUTARIA

[L]a Sala revocará el fallo apelado, para en su lugar proferir fallo inhibitorio dada la indebida escogencia de la acción incoada, puesto que -se insiste- el accionante fundamentó el origen del daño alegado en la expedición de actos administrativos dentro del curso del cobro coactivo, tales como los que decretaron los embargos de sus bienes, los cuales son demandables por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-01025-01(43282)

Actor: ABELARDO SÁNCHEZ MÉNDEZ Y ODILIA TRINIDAD ROJAS

Demandado: NACIÓN - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: PROCESO DE COBRO COACTIVO - Naturaleza jurídica: es de naturaleza administrativa / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCION - ACTO DE EMBARGO EN PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA - acción de nulidad y restablecimiento del derecho / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - caso deterioro de bienes muebles e inmuebles embargados – no acreditación.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa propuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, y declaró probada, de oficio, la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Odilia Trinidad Rojas.

SÍNTESIS DEL CASO

La DIAN inició un proceso administrativo de cobro coactivo en contra de la Sociedad Sánchez González y Cia Ltda., por no haber presentado la declaración de renta por el período 1 del año gravable 1997. La mencionada entidad libró mandamiento de pago en contra de los socios de la persona jurídica, en consideración a que no encontró bienes a nombre de la referida sociedad. Como consecuencia de lo anterior, ordenó el embargo de varios bienes de propiedad del señor Abelardo Sánchez Méndez, para lo cual expresó que existía responsabilidad solidaria. La DIAN negó las diferentes solicitudes del actor tendientes al levantamiento de las medidas cautelares decretadas. Posteriormente, declaró la prescripción de la acción de cobro respecto del deudor solidario, declaró la terminación del proceso de cobro coactivo seguido en su contra y ordenó el desembargo de los bienes de su propiedad.

A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

En escrito presentado el 10 de diciembre de 2009 (fl. 10 reverso c. 1), los señores Abelardo Sánchez Méndez y Odilia Trinidad Rojas, por conducto de apoderado judicial (fl. 1 c. 1), interpusieron demanda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, para que mediante la acción de reparación directa, se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

Primera: Que se declare que la Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- es administrativamente responsable de todos los perjuicios ocasionados a Abelardo Sánchez y Sánchez González E. U., por la falla en el servicio, concretamente por la promulgación de resoluciones sin sustento jurídico que determinaron la imposición injusta de fuertes sanciones tributarias contra la empresa Sánchez González E.U., las cuales afectaron directamente el patrimonio del señor Abelardo Sánchez en cuanto le fueron embargadas injustamente sumas de dinero de sus cuentas personales, derivando como consecuencia de las anteriores fallas en la prestación del servicio, la pérdida de la rentabilidad esperada de ese dinero durante el tiempo en el cual estuvo a disposición de la Administración de Impuestos; ocasionando graves trastornos económicos para la empresa Sánchez González E.U. y para mi poderdante Abelardo Sánchez en la medida en que se le llamó a responder personalmente por las obligaciones tributarias que se endilgaban a la empresa Sánchez González E.U.

Segunda: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- al pago de los perjuicios de orden material que por esta falla del servicio se causaron a mis poderdantes y se proceda en consecuencia al reconocimiento y pago en su favor de los siguientes conceptos:

Daño Material: El valor de la rentabilidad esperada del dinero, durante el tiempo en que estuvo fuera de la esfera de dominio de mis poderdantes; y en el caso de los bienes muebles e inmuebles embargados, por el valor que se establezca como deterioro patrimonial.

Lucro cesante consolidado en cuantía de lo que se pruebe a lo largo del proceso, el cual se hubiera obtenido como utilidad por el uso productivo del dinero que fue injustamente retenido a órdenes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, durante el tiempo en que dichas sumas permanecieron embargadas por disposición de la Autoridad Tributaria.

Tercera: Que se condene a la demandada a compensar la pérdida del poder adquisitivo de todos los valores solicitados por concepto de perjuicios materiales, actualizados con fundamento en el índice de precios al consumidor —IPC.— certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística — DANE—, hasta cuando quede en firme la condena que ordene el pago, y a partir de la fecha en que deba hacerse dicho pago, los intereses moratorios liquidados a la máxima tasa autorizada por la ley colombiana y por la Superintendencia Bancaria, hasta cuando dicho pago se haga de manera efectiva a los demandantes, conforme lo señala el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cuarta: En caso de que dentro del proceso no lograre establecerse el valor de los perjuicios materiales, se ordene el trámite incidental autorizado en los artículos 172 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998; 178 del Código Contencioso Administrativo y artículo 137 del Código de Procedimiento Civil.

Quinta: Se ordene a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia que se dicte a instancias de este proceso, dentro del término señalado en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

Sexta: Se autorice la integración del litisconsorcio entre los demandantes, a fin de garantizar que la demandada no se escude en la falta de legitimación en la causa para reclamar, toda vez que se trata de una empresa unipersonal la que fue demandada y el patrimonio de una persona natural el que resultó afectado.

Séptima: Condenar en costas y gastos procesales a la parte demandada.

Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron los siguientes:

El 20 de diciembre de 2001, la DIAN profirió la Resolución 1490 por medio de la cual ordenó el embargo de los bienes de la Sociedad Sánchez González y Cia Ltda., hasta por un valor de $361’433.000., correspondiente al impuesto de renta y al monto de la sanción por no haber declarado en el año 1997.

El 8 de febrero de 2005, la División de Cobranzas de Personas Jurídicas de la DIAN profirió la Resolución Administrativa No. 900120 mediante la cual se ordenó llevar adelante la ejecución contra el contribuyente Sánchez González y Cia Ltda. (hoy Sánchez González E.U.), en cuantía de $907’385.000.

Con fundamento en ese acto la DIAN dispuso investigar la existencia de bienes de propiedad de la empresa Sánchez González y Cía. Ltda, con el fin de proceder a su embargo, secuestro y posterior remate, pero, curiosamente, sólo resultaron afectados por la medida de embargo, bienes de propiedad del señor Abelardo Sánchez Méndez. Entre los bienes embargados aparecen dos inmuebles, un vehículo y la suma de $623’898.547 representados en dos títulos que el Banco Agrario puso a disposición de la DIAN.

La DIAN libró el mandamiento de pago a socios No. 123 en contra del señor Abelardo Sánchez por la presunta omisión de presentar la declaración de renta por el año 1997, así como por otras obligaciones administradas por la DIAN correspondientes al año 2000. Ese acto se expidió el 9 de julio de 2003, esto es, cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción de cobro, a la luz de las normas vigentes sobre la materia, en particular, lo establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario, que fijó en cinco 5 años el tiempo con que contaba la Administración para efectuar el cobro de las obligaciones tributarias.

La sociedad canceló los valores adeudados correspondientes al año 2000, pero la entidad omitió realizar el respectivo descuento de esos dineros que fueron pagados a favor de la entidad y continuó el proceso de cobro coactivo por la suma fijada inicialmente, lo que resultó en un evidente exceso de embargos que perjudicó el patrimonio personal del señor Abelardo Sánchez Méndez.

El 17 de junio de 2007, la DIAN ordenó la devolución de bienes embargados y los dineros que habían sido retenidos, los cuales fueron efectivamente reintegrados al demandante a través del Banco Agrario. Según la demanda, a partir de esa fecha debe contarse el término para ejercer la acción de reparación directa, por ser el momento a partir del cual se dejó de causar el daño que la indebida retención de esos dineros le causó al señor Abelardo Sánchez Méndez.

2.- El trámite en primera instancia
La demanda fue admitida mediante providencia del 20 de enero de 2009, que se notificó en debida forma a la entidad demandada y al Ministerio Público (fls. 14 a 18 c. 1).

La DIAN contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones en ella formuladas.

Como razones de su defensa manifestó que se estableció que la Sociedad Sánchez González Cia, Ltda. omitió la presentación de la declaración de renta del año gravable 1997, a lo que estaba obligada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 596 del Estatuto Tributario. La DIAN profirió el 11 de enero de 2002 la resolución sanción por no declarar y la correspondiente resolución de embargo de sumas de dinero; sin embargo, al verificar que la sociedad no poseía cuentas ni títulos de contenido crediticio, profirió mandamiento de pago a los socios y ordenó el embargo de dos bienes inmuebles y de un vehículo de propiedad del representante legal de la sociedad, señor Abelardo Sánchez Méndez.

Mediante Resolución No. 00023 de 28 de febrero de 2007, la DIAN declaró la prescripción de la acción de cobro de la liquidación oficial de aforo respecto del deudor solidario, pero declaró vigente para la sociedad la sanción impuesta por no declarar.

El señor Abelardo Sánchez Méndez solicitó la prescripción de la acción de cobro respecto de esta última sanción, a lo cual accedió la DIAN respecto del responsable solidario, pero decidió continuar el trámite de cobro coactivo en contra de la sociedad. El 17 de agosto de 2007, ordenó el reintegro de los depósitos judiciales de propiedad del actor y el 4 de septiembre dispuso el desembargo de sus bienes muebles e inmuebles.

El actor solicitó en dos oportunidades al Banco Andino que pusiera a disposición de la DIAN las sumas de dinero que tenía en su cuenta personal para el pago de las acreencias fiscales de la sociedad Sánchez González y Cia Ltda., por tanto, no podía creerse víctima de las medidas cautelares proferidas por la DIAN en el proceso administrativo de cobro coactivo.

Formuló las siguientes excepciones:

• Inepta demanda por caducidad de la acción de reparación directa, por cuanto la demanda fue formulada el día 10 de diciembre de 2009 y los hechos según el libelista se produjeron el 20 de diciembre de 2001, cuando se le embargaron a la Sociedad Sánchez González y Cia Ltda., mediante Resolución No. 1490, unas sumas de dinero; por tanto, cuando fue presentada la demanda, había transcurrido un lapso superior a los dos años que consagra la ley como término para iniciar la acción.

Sostuvo que la misma situación se presentaba si se tomaba como fecha para iniciar el cómputo del término de caducidad, el 22 de agosto de 2005, que fue cuando el Banco Agrario puso a disposición de la DIAN las sumas de dinero embargadas al señor Abelardo Sánchez Méndez o si se tenía en cuenta como fecha el 17 de agosto de 2007, en la que se produjo el endoso de los títulos de depósito judicial.

• Inepta demanda, que cimentó en que, según lo preceptuado en el artículo 137 del C. C. A., la demanda debía contener “Los hechos y omisiones que sirven de fundamento a la acción", advirtiendo que en el título de "Disposiciones Violadas" de la demanda se adujo que se cometieron infracciones a normas constitucionales tales como los artículos 42, 43, 44, 45 48 y 49, sin haber desarrollado claramente en qué consistió la violación y sin especificar cómo se vulneró el proceso administrativo de cobro coactivo.

• Inepta demanda por indebido agotamiento de la vía gubernativa, en consideración a que el actor no agotó este requisito de procedibilidad sino que solicitó la revocatoria directa de los actos administrativos proferidos dentro del proceso administrativo de cobro coactivo, lo que le impedía acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa (fls. 21 a 37 c. 1).

El 23 de julio de 2010, el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y, mediante auto del 10 de agosto de 2011, dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fls. 49 a 51; 64 c. 1).

En esta oportunidad, la DIAN reiteró los argumentos de la contestación de la demanda y adicionó que la orden de embargo tenía como fundamento el cobro de obligaciones tributarias -impuestos e intereses- adeudadas por la Sociedad Sánchez González y Cia Ltda., ante las cuales los socios respondían solidariamente de conformidad con el artículo 794 inciso 1 del Estatuto Tributario, lo cual fue oficializado mediante el mandamiento de pago No. 123 de 9 de julio de 2003.

Alegó, asimismo, que el Banco Andino puso a disposición de la DIAN, por petición del demandante, la suma de $623’898.458, en procura de garantizar el cubrimiento de las sumas adeudas por la sociedad, de forma tal que cualquier tipo de responsabilidad en este caso no fue originada por la administración sino por el propio demandante, aunado a que en el proceso administrativo de cobro coactivo no se presentó ninguna irregularidad, sino que la empresa y el socio fueron favorecidos por la prescripción del cobro (fls. 65 a 70 c. 1).

La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia proferida el 26 de octubre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa propuesta por la DIAN, y declaró probada, de oficio, la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Odilia Trinidad Rojas.

Para arribar a dicha decisión, el Tribunal sostuvo, en primer término, que la señora Odilia Trinidad Rojas no se encontraba legitimada en la causa por activa, toda vez que ninguno de sus bienes fue embargado por la DIAN dentro del proceso de jurisdicción coactiva iniciado en contra de la sociedad Sánchez González y Cia Ltda.

De otra parte, sostuvo que desde el 17 de agosto de 2007 debía contarse el término de caducidad de la acción de reparación directa, fecha en la que se profirió la resolución que ordenó el levantamiento de los embargos, momento a partir del cual se consideraba que cesó el daño que la indebida retención de esos dineros le causó al señor Abelardo Sánchez Méndez.

Señaló que la oportunidad para ejercer la acción de reparación directa feneció el 18 de agosto de 2009 y, como la solicitud de conciliación se presentó el 27 de agosto de ese año, no se suspendió el término de caducidad, ya que fue presentada por fuera de los dos años que establecía el artículo 136 numeral 8 del C.C.A. y, dado que la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2009, era evidente que la acción ya estaba caducada, razón por la que negó las pretensiones de la demanda (fls. 81 a 88 c. ppal).
4. El recurso de apelación

De manera oportuna, la parte actora manifestó su discrepancia con el fallo de primera instancia, al considerar que el término de caducidad de la acción no podía contarse a partir de la fecha de expedición del acto administrativo, toda vez que se vulneraría el derecho de acceso a la Administración de Justicia, sino desde la fecha de su notificación, comunicación o publicación, en virtud de una correcta interpretación de las normas del Código Contencioso Administrativo.

Señaló que el 30 de agosto de 2007 se notificó al señor Abelardo Sánchez Méndez la resolución que ordenó el levantamiento de los embargos y, como quiera que la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 27 de agosto de 2007, se suspendió el término de caducidad.

En cuanto a la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Odilia Trinidad Rojas, argumentó que si bien quien aparecía como propietario de los bienes embargados era el señor Abelardo Sánchez Méndez, la demandante tenía interés en las resultas del proceso y fue directamente afectada con las decisiones adoptadas por la DIAN, en su calidad de cónyuge del señor Sánchez Méndez.

En lo que respecta al fondo del asunto, aseveró que la falla del servicio de la DIAN se concretó en a) no haber desplegado la actuación administrativa correspondiente para determinar la titularidad de los bienes que fueron objeto de la medida, b) no haber descontado en la debida oportunidad los dineros que habían sido cancelados a favor de la entidad, c) haberse visto llamado el señor Abelardo Sánchez Méndez a responder por una obligación tributaria que a él no le correspondía y, d) por la retención de los dineros por más de 3 años, porque a sabiendas de que estaba prescrita la acción, se emitió mandamiento de pago y se ordenó la práctica de las medidas cautelares.

Por tanto, solicitó la reparación del daño producido por la nula rentabilidad de los dineros durante el tiempo que estuvieron a disposición de la DIAN, teniendo en cuenta los negocios que realizaba el demandante en su calidad de comerciante de gran reputación (fls. 91 a 96 c. ppal).
5. El trámite en segunda instancia

El recurso fue concedido el 1º de febrero de 2012 y admitido el 12 de marzo siguiente. El 7 de mayo de 2012 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fls. 98 a 99; 104; 107 c. ppal).

En sus alegatos, la parte actora reiteró los argumentos expuestos a lo largo de la presente acción y añadió que la DIAN optó por iniciar un proceso coactivo contra la Sociedad Sánchez González Cia. Ltda. y embargar los bienes particulares del representante legal, sin haberlo vinculado a un proceso en el que hubiera podido ejercer el derecho de contradicción y demostrar que los dineros cautelados pertenecían a una persona distinta a la perseguida en cobro coactivo (fls. 108 a 111 c. ppal).

La DIAN alegó que el poder otorgado para la sustentación del recurso no se presentó a nombre de la señora Odilia Trinidad Rojas, amén de que tampoco se agotó frente a ella el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.

Agregó que fue el demandante quien indicó que el término de caducidad debía contarse desde el 17 de junio de 2007 y, posteriormente, en el recurso señaló que debía hacerse desde el 30 de agosto de 2007, modificación que iba en contravía del principio de lealtad procesal.

Manifestó que la pérdida de rentabilidad no se encontraba demostrada, toda vez que no era a título de tasas de interés que se demostraba su existencia y dentro del acervo probatorio el demandante no aportó elementos que pudieran probar la destinación y forma en que rentarían las sumas de dinero que fueron embargadas a favor de la DIAN por concepto de las obligaciones tributarias (fls. 112 a 118 c. ppal).

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

El 16 de agosto de 2018, la Sala dispuso, con fundamento en lo previsto en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, oficiar a la División de Cobranzas de la DIAN para que remitiera copia del expediente de cobro coactivo adelantado en contra de la Sociedad Sánchez González Cia Ltda. y del señor Abelardo Sánchez Méndez, por el impuesto a la renta y el no pago correspondiente al año gravable 1997 (fl. 129 c. ppal).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

Esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 132 numeral 6 del C.C.A., subrogados por los artículos 37 y 40 de la Ley 446 de 1998, respectivamente, dado que la cuantía del proceso excede de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda (10 de diciembre de 2009), pues la sumatoria de las pretensiones equivale a $321’668.573.

2. La legitimación en la causa

El señor Abelardo Sánchez Méndez está legitimado por activa, porque asegura haber sufrido una merma en su patrimonio, por cuanto le fueron embargadas en el proceso de cobro coactivo seguido en contra de la Sociedad Sánchez González Cia. Ltda. de la cual era representante legal, unas sumas de dinero de sus cuentas personales, lo que generó la pérdida de la rentabilidad de esos valores durante el tiempo que estuvo a disposición de la DIAN.

En efecto, aparece demostrado en el plenario que la DIAN le embargó al señor Abelardo Sánchez Méndez unos bienes consistentes en unos inmuebles y un vehículo por el no pago de las obligaciones tributarias de la Sociedad Sánchez González Cia.Ltda., los que posteriormente le fueron reintegrados, tal y como consta, entre otros documentos, en el auto de trámite No. 00027 de 17 de agosto de 2007, mediante el cual se ordenó el endoso del título de depósito judicial No. 400100001179647, por valor de 260’909.500 (fls. 789 a 790 c. pruebas 6), el auto de trámite No. 00028 de 17 de agosto de 2007, mediante el cual se ordenó el endoso del título de depósito judicial No. 400100001179615, por valor de 362’989.047, (fls. 787 a 788 c. pruebas 6); el auto de desembargo No. 00271 de 4 de septiembre de 2007, mediante el cual se ordenó el desembargo del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-1033484 (fls. 793 a 794 c. pruebas 6) y el auto de desembargo No. 00272 de 4 de septiembre de 2007, mediante el cual se ordenó el desembargo del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 50C-124085 (fls. 793 a 794 c. pruebas 6).

Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró, de oficio, la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Odilia Trinidad Rojas, toda vez que ninguno de sus bienes fue embargado por la DIAN dentro del proceso de jurisdicción coactiva iniciado en contra de la Sociedad Sánchez y González Cia. Ltda.

En el recurso de apelación, la parte actora señaló que, si bien quien aparecía como propietario de los bienes era el señor Abelardo Sánchez Méndez, la demandante tenía interés en las resultas del proceso y fue directamente afectada con las decisiones adoptadas por la DIAN, en su calidad de cónyuge del señor Sánchez Méndez; sin embargo, no obra en el proceso elemento de prueba alguno que permita tener por acreditado ese vínculo o su calidad de compañera permanente, habida cuenta de que la demanda se presentó sin otro soporte diferente a la constancia de la conciliación prejudicial y el certificado de existencia y representación legal de la Sociedad Sánchez y González Cia. Ltda.

Cabe precisar que en el expediente de cobro coactivo obra una declaración extraproceso en la que los señores Abelardo Sánchez Méndez y Odilia Trinidad Rojas manifestaron que eran compañeros permanentes, empero, la misma no se ratificó dentro del proceso contencioso administrativo y no se materializó el principio de contradicción y defensa de la parte demandada; por tanto, la Sala considera que carece de eficacia probatoria.

A lo anterior debe agregarse que en sus alegatos de conclusión, la DIAN aseguró que el poder otorgado para la sustentación del recurso no se presentó a nombre de la señora Odilia Trinidad Rojas, amén de que tampoco se agotó frente a ella el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial.

Se tiene acreditado que los señores Abelardo Sánchez Méndez y Odilia Trinidad Rojas otorgaron poder para formular demanda en contra de la DIAN, por los perjuicios que les fueron irrogados, al decretar en forma irregular unas medidas cautelares sobre los dineros y bienes de su propiedad, dentro del proceso de jurisdicción coactiva radicado bajo el número 2001-01988; sin embargo, a folio 90 del cuaderno principal, obra sustitución del poder “conferido por el demandante Abelardo Sánchez y Sánchez González” al abogado José Jairo Jácome, el cual se efectuó para la interposición del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sin que en este se hiciera alusión a la señora Odilia Trinidad Rojas.

Debe advertirse, igualmente, que en el trámite de la conciliación prejudicial adelantada en la Procuraduría 51 Judicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solo figuraba como convocante el señor Abelardo Sánchez Méndez (fls. 1 a 5 c. 2).

Por consiguiente, todas las razones antes expuestas permiten concluir que la señora Odilia Trinidad Rojas no cuenta con legitimación en la causa por activa, tal como lo consideró de manera acertada el juez de primera instancia.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, entidad que se encuentra legitimada en la causa por pasiva en razón a que intervino en el proceso de cobro coactivo adelantado en contra de la Sociedad Sánchez y González Cia. Ltda y ordenó el embargo de los bienes y los dineros existentes en las cuentas personales del señor Abelardo Sánchez Méndez.

3.- Caso concreto

En el caso bajo estudio se tiene acreditado que mediante auto declarativo No. 300632000000287 de 12 de diciembre de 2000, la División de Cobranzas - Administración Especial de Impuestos Personas Jurídicas de Bogotá declaró, de conformidad con lo establecido en el artículo 580 del Estatuto Tributario, que el formulario correspondiente al impuesto de renta, período 1, año gravable 1997, radicado bajo el número 2324201073552 de 1 de septiembre de 2000, se tenía como no presentado por la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda., con fundamento en que no estaba firmado por quien debía cumplir el deber legal de declarar o por omitir la firma del contador o revisor fiscal (fl. 643 c. pruebas 5).

El 10 de diciembre de 2001, la División de Cobranzas – Administración Especial Impuestos Personas Jurídicas de la DIAN informó al representante legal de la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda. que a la sociedad le figuraban saldos pendientes por cancelar y que, por tanto, debía comparecer a la DIAN a aclarar y corregir el correspondiente estado de cuenta, para evitar el proceso de cobro coactivo (fl. 30 c. pruebas 1).

El 13 de diciembre de 2001, el señor Abelardo Sánchez Méndez, en su condición de representante legal de la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda, compareció a la División de Cobranzas – Administración Especial Impuestos Personas Jurídicas de la DIAN y se comprometió a radicar solicitud de facilidad de pago, indicar garantías, plazo y realizar un abono al total adeudado (fl. 32 c. pruebas 1).

Mediante Resolución No. 1490 de 20 de diciembre de 2001, la División de Cobranzas – Administración Especial Impuestos Personas Jurídicas decretó el embargo de las sumas de dinero que a cualquier título poseyera la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda en los bancos, corporaciones y demás entidades financieras a nivel nacional, hasta por la suma de $361’433.000, en consideración a que tenía deudas a favor de la Nación por concepto de los impuestos y obligaciones administradas por la DIAN (fl. 35 c. pruebas 1).

Mediante Resolución Sanción por no Declarar No. 300642001000156 de 11 de enero de 2002, la División de Cobranzas – Administración Especial Impuestos Personas Jurídicas de la DIAN resolvió imponer a la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda. sanción por no haber presentado la declaración de renta por el período 1 del año gravable 1997, por la suma de 332’205.000 (fl. 17 c. pruebas 2).

El 21 de junio de 2002, la DIAN realizó la liquidación oficial de aforo No. 300642002000046, mediante la cual se estableció como valor a pagar por el impuesto de renta y complementarios del año gravable 1997, la suma de $575’166.000 a cargo de la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda. (fls. 181 a 183 c. pruebas 2).
El 9 de julio de 2003, la División de Cobranzas – Administración Especial Impuestos Personas Jurídicas de la DIAN libró mandamiento de pago a socios No. 123, a favor de la Nación y a cargo de los socios de la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda., por valor de $103’162.000. Se advirtió a los deudores que disponían de 15 días para cancelar la deuda o proponer las excepciones legales. La referida orden de pago se fundamentó en los siguientes argumentos:

Que el contribuyente Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda. debe a la Nación la suma indicada a continuación, más la actualización de la obligación y los intereses que se causen hasta su pago.

Concepto
Año
Valor impuesto
Valor sanción
Renta
1997
25’387.000
42’387.000
Ventas
2000
64’563.000

Retención
2000
6’107.000

Retención
2000
1’400.000

Retención
2000
226.000

Retención
2000
4’969.000

TOTAL

102’652.000

(…)

Que la mencionada sociedad no ha cancelado los valores referidos, siendo por tanto necesario acudir al artículo 794 del Estatuto Tributario, donde se establece la responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad, y por tanto debe ejercer el cobro contra los socios de la misma, a prorrata de sus aportes en la sociedad y por las obligaciones contraídas mientras tuvo tal calidad.

Que de conformidad con el certificado de existencia y representación otorgado por la Cámara de Comercio de Bogotá, son socios de la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda.: Sánchez Méndez Abelardo y Sánchez Martínez Abelardo (fls. 191 a 194 c. 2).

Mediante Resolución No. 0023 de 18 de julio de 2003, la División de Cobranzas – Administración Especial Impuestos Personas Jurídicas de la DIAN ordenó el embargo y posterior secuestro del vehículo de placas BFJ-190 de propiedad del señor Abelardo Sánchez Méndez. En este acto administrativo, se dispuso lo siguiente:
Que este Despacho obrando de conformidad con lo previsto en el artículo 837 del Estatuto Tributario y luego de establecer que en su condición de socio de la sociedad enunciada anteriormente, el señor Abelardo Sánchez Méndez tiene deudas a favor de la Nación por concepto de los impuestos y obligaciones administradas por la DIAN, obligaciones cambiarias y tributos aduaneros cobrados dentro del expediente administrativo coactivo que adelanta esta Administración bajo el No. 9909866, las cuales son expresas, claras y exigibles de conformidad con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.

Que adelantada la gestión persuasiva de cobro, no se ha obtenido el pago respectivo de las obligaciones adeudadas, por lo que se hace necesario decretar las medidas cautelares, aun con carácter previo, que garanticen la efectividad del proceso de cobro (fl. 196 c. pruebas 2).

El 22 de julio de 2003, la DIAN solicitó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá que inscribiera la medida cautelar decretada (fl. 201 c. pruebas 2).

Mediante Resolución No. 0261 de 18 de julio de 2003, la División de Cobranzas – Administración Especial Impuestos Personas Jurídicas de la DIAN ordenó el embargo de la cuota parte del inmueble de propiedad del señor Abelardo Sánchez Méndez identificado con matrícula inmobiliaria 50N-1033484.

Que de conformidad con el artículo 837 del Estatuto Tributario y luego de establecer que en su condición de contribuyente, la sociedad enunciada anteriormente, tiene deudas fiscales con la Nación, prestando mérito ejecutivo de conformidad con lo previsto en el artículo 828 del Estatuto Tributario y ser claras, expresas y exigibles, según lo dispuesto en el artículo 488 del C.P.C.

Que adelantada la gestión de cobro no fue posible obtener el pago de las obligaciones tributarias contenidas en el expediente, por lo que se hace necesario decretar las medidas cautelares que garanticen la efectividad del proceso administrativo de cobro coactivo (fl. 198 c. pruebas 2).

El 22 de julio de 2003, la DIAN solicitó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá que inscribiera la medida cautelar decretada (fl. 199 c. pruebas 2), a lo cual se dio cumplimiento el 29 de julio de 2003 (fl. 207 c. pruebas 2).

El 16 de diciembre de 2003, el señor Abelardo Sánchez Méndez, por conducto de apoderado judicial y a través de derecho de petición, solicitó que se informara cuáles de los períodos adeudados se encontraban prescritos, por haber transcurrido cinco años desde el momento en que se hicieron exigibles. Se explicó que la anterior petición se soportó en la existencia de un proceso de cobro coactivo que tenía comprometido, a título de embargo, bienes que no pertenecían a la sociedad, sino a la persona natural Abelardo Sánchez Méndez (fl. 237 c. pruebas 2).

El 8 de enero de 2004, mediante oficio No. 00083, la División de Cobranzas – Administración Especial Impuestos Personas Jurídicas de la DIAN contestó que las obligaciones que tenía la sociedad no se encontraban prescritas (fl. 238 c. pruebas 2).

El 9 de enero de 2004, la División de Cobranzas – Administración Especial Impuestos Personas Jurídicas de la DIAN libró el mandamiento de pago No. 000065 en contra de la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda., por valor de $984’780.000, por concepto de “Renta 1997: 25’387.000; sanción: 42’387.000. Ventas 2000: 64’563.000. Retención 2000: 6’107.000. Retención 2000: 1’400.000. Retención 2000: 226.000. Retención 2000: 4’969.000. TOTAL: 102’652.000” (fls. 239 a 240 c. pruebas 2).

A través de la Resolución No. 900120 de 8 de febrero de 2005, la DIAN ordenó llevar adelante la ejecución contra la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda., en cuantía de $907’385.000, por concepto de Renta 1997: 575’166.000. Retención: 14.000. Sanción: 332’205.000. TOTAL: 907’385.000. Se precisó que contra la presente providencia no procedía recurso alguno en la vía gubernativa (fls. 368 a 370 c. pruebas 3).

El 22 de agosto de 2005, el Banco Andino comunicó al señor Abelardo Sánchez Méndez que en atención a su solicitud de 10 de agosto de 2005, colocó a disposición de la DIAN la suma de $623’898.547 (fl. 384 c. pruebas 3).

El 30 de agosto de 2005, el señor Abelardo Sánchez solicitó la revocatoria directa de la Resolución No. 900120 de 8 de febrero de 2005, por medio de la cual se ordenó llevar adelante la ejecución contra la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda., en consideración a que solo aparecían afectados con medidas cautelares bienes de su patrimonio personal y porque en este acto administrativo no se descontó el pago de $623’898.547 que de su peculio hizo a la DIAN (fls. 393 a 394 c. pruebas 3).

Mediante Resolución No. 000004 de 2 de mayo de 2006, la División de Cobranzas – Administración Especial Impuestos Personas Jurídicas de la DIAN no accedió a la revocatoria directa de la Resolución No. 900120 de 8 de febrero de 2005, por la cual se ordenó llevar adelante la ejecución, en consideración a que se profirió en contra de la sociedad y no del socio. Se indicó que contra el presente acto administrativo no procedía recurso alguno por vía gubernativa (fls. 300 a 304 c. pruebas 2).

El 8 de agosto de 2006, el señor Abelardo Sánchez Méndez, por conducto de apoderado judicial, solicitó el levantamiento de las medidas cautelares sobre sus bienes, en razón a que en la Resolución No. 0004 de 2 de mayo de 2006 se aclaró que el acto administrativo que ordenó seguir adelante la ejecución se hizo respecto de la sociedad y no del socio (fls. 447 a 451 c. pruebas 3).

El 25 de agosto de 2006, la División de Cobranzas - Administración Especial de Personas Jurídicas libró el mandamiento de pago No. 0030 a favor de la Nación -DIAN- y a cargo del señor Abelardo Sánchez Méndez, por las vigencias fiscales de “Concepto: Renta L.O.; período 1; año: 1997, impuesto: 575’166.000; sanción 0”. Lo anterior, en aplicación de los artículos 828 – 1 y 794 del Estatuto Tributario, que permiten vincular a los socios deudores solidarios de las obligaciones claras, expresas y exigibles de la persona jurídica contenidas en el título ejecutivo Liquidación Oficial Renta Sociedades Aforo No. 300642002000046. La orden de pago se fundamentó en el siguiente raciocinio:

1. Que mediante liquidación oficial Renta Sociedades Aforo No. 300642002000046 de 21 de junio de 2002 se estableció la suma de quinientos setenta y cinco millones ciento sesenta y seis mil pesos ($575’166.000) en contra de la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda hoy Sánchez González E.U., por concepto de renta año 1997, período 1, contra la cual se interpuso revocatoria directa la cual se resolvió dejando en libre la liquidación en resolución 900001 de 31 de marzo de 2005 y fijada por edicto el 28 de abril de 2005.

2. Que de acuerdo con el artículo 828 numeral 4 del E.T., el título ejecutivo base de este acto administrativo, lo constituye la Liquidación Oficial Renta Sociedades Aforo No. 300642002000046 de 21 de junio de 2002, ejecutoriada el 28 de abril de 2005 contra la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda hoy Sánchez González E.U.

3. Que como consecuencia de lo anterior, el socio de la Sociedad Sánchez González y Cia. Ltda hoy Sánchez González E.U., señor Abelardo Sánchez Méndez, en virtud del artículo 828 – 1 E.T. y el artículo 749 de E.T. es deudor solidario de las obligaciones claras, expresas y exigibles contenidas en el título ejecutivo Liquidación Oficial Renta Sociedades Aforo No. 300642002000046, por concepto de Renta año 1997, período 1, de 21 de junio de 2002, ejecutoriada el 28 de abril de 2005 más los intereses que se llegaren a causar hasta el momento del pago en virtud del artículo 634 del E.T. (fls. 645 a 647 c. pruebas 6).

El 30 de agosto de 2006, la División de Cobranzas - Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de la DIAN negó el desembargo de bienes de propiedad del señor Abelardo Sánchez Méndez, socio y deudor solidario de la Sociedad Sánchez González E.U. y ordenó, adicionalmente, adelantar el procedimiento administrativo especial de cobro coactivo en su contra. Se advirtió que contra ese acto administrativo no procedía recurso alguno.

La sociedad de la referencia cambió su nombre de Sánchez González y Cia. Ltda. por el de Sánchez González E.U., cuyo empresario es el señor Abelardo Sánchez Méndez, es decir, es el único socio y deudor solidario, cuya responsabilidad del 100% de las acreencias fiscales ha de tomarse a partir de la fecha de inscripción en cámara de comercio, en otras palabras, desde el 11 de octubre de 2004.

Por lo anterior se ha librado mandamiento de pago a socios No. 0030 de 25 de agosto de 2006, de esta forma en virtud de las normas de cobro administrativo especial vincularlo como deudor solidario por dicha obligación.

En este orden de ideas no es viable el desembargo de los bienes muebles, inmuebles, ni sumas de dinero que existan a nombre del señor Abelardo Sánchez Méndez, empresario de la Sociedad Sánchez González E.U. (fls. 465 a 470 c. pruebas 4).

Mediante Resolución No. 00023 de 28 de febrero de 2007, la División de Cobranzas - Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de la DIAN accedió a la petición formulada por el señor Abelardo Sánchez Méndez, representante legal de la Sociedad Sánchez González E.U., en el sentido de aceptar la prescripción de la acción de cobro de la obligación de renta por el año 1997, contenida en la liquidación de aforo No. 46 de 22 de julio de 2002, por valor de $575’166.00. Asimismo, dispuso continuar con el proceso de cobro coactivo en relación con la Resolución Sanción No. 156 de 10 de enero de 2002, a fin de obtener el pago de la sanción impuesta por no declarar el impuesto de renta del año gravable 1997, en cuantía de $332’205.000. Se advirtió que contra ese acto administrativo procedía el recurso de reposición y en subsidio de apelación.

Teniendo en cuenta que en materia tributaria los conceptos emitidos por la DIAN son de obligatorio cumplimiento para sus funcionarios, este despacho debe pronunciarse a favor de la petición del contribuyente y declarar la prescripción de la acción de cobro de la obligación 1997 contenida en la liquidación de aforo No. 46 de 22 de julio de 2002, por valor de $575’166.000, pero igualmente debe declarar vigente, para la sociedad, la sanción impuesta mediante Resolución No. 156 de 10 de enero de 2002, tomando en consideración que frente a dicha sanción no ha operado el fenómeno jurídico de la prescripción (fls. 668 a 675 c. pruebas 5).

Mediante Resolución No. 00031 de 11 de mayo de 2007, la División de Cobranzas - Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de la DIAN resolvió un recurso de reposición y confirmó en todas sus partes la Resolución No. 023 de 28 de febrero de 2007 (fls. 710 a 714 c. pruebas 5).

Mediante Resolución No. 005 de 6 de julio de 2007, el Despacho del Administrador de la DIAN al resolver el recurso de apelación, revocó los numerales 4º y 6º de la Resolución No. 023 de 28 de febrero de 2007, con fundamento en los siguientes argumentos:

Es decir que dada la alusión al artículo 794 del Estatuto Tributario que hace el artículo 51 de la ley de reforma tributaria en comento, debe entenderse modificada la disposición tributaria referida y en consecuencia los socios de sociedad y demás sujetos señalados en la misma responden solidariamente con la sociedad por los impuestos, actualización e intereses, más no por las sanciones.

Teniendo en cuenta lo manifestado por el libelista en su escrito, le asiste la razón cuando indica que la empresa es la única responsable por el pago de las sanciones más no cuando establece que se debió embargar y tomar en garantía bienes de la sociedad y no de los socios, por cuanto existe como se indicó en el punto anterior mandamientos de pago en los que se les vinculó por obligaciones pendientes de pago las cuales se encuentran vigentes para ejercer la acción de cobro diferentes a la sanción por no declarar, razón por la cual no es procedente la solicitud del recurrente en el sentido de levantar las medidas cautelares practicadas en su contra (fls. 731 a 741 c. pruebas 5).

Mediante Resolución de Prescripción de Oficio No. 300652007000537 de 17 de agosto de 2007, la División de Cobranzas - Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de la DIAN declaró prescrita la acción de cobro de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad Sánchez González E.U., contenida en la liquidación de aforo No. 46 de 22 de julio de 2002, en atención a que tenían más de cinco años de exigibilidad sin que respecto de ellas hubiera operado el fenómeno de suspensión o interrupción de que trata el artículo 818 del E.T. (fl. 750 c. pruebas 6).

Mediante Resolución No. 00076 de 8 de agosto de 2007, la División de Cobranzas - Administración Especial de Impuestos de las Personas Jurídicas de la DIAN declaró la prescripción de la acción de cobro de la obligación sanción contenida en la Resolución No. 156 de 1º de enero de 2002, respecto del deudor solidario; declaró la terminación del proceso de cobro coactivo seguido contra el señor Abelardo Sánchez Méndez; ordenó que se continuara con el proceso de cobro coactivo en contra de la Sociedad Sánchez González E.U., respecto de la Resolución No. 156 de 1º de enero de 2002.

Que mediante Resolución No. 005 de 6 de julio de 2007 se revocó los numerales 4º y 6º de la Resolución No. 00023 de 28 de febrero de 2007, aduciendo la no existencia de responsabilidad solidaria y subsidiaria respecto de la obligación sanción del señor Abelardo Sánchez Méndez, socio de la persona jurídica ejecutada.

Que como consecuencia de la expedición de la Resolución No. 005 de 6 de julio de 2007 y dado el alcance de los argumentos allí planteados, se hace necesario declarar la terminación del proceso de cobro que se sigue en contra del señor Abelardo Sánchez Méndez, en calidad de deudor solidario y subsidiario de la Sociedad Sánchez González E.U. (fls. 755 a 758 c. pruebas 6).

4.- La naturaleza jurídica de la jurisdicción coactiva

Considera la Sala importante precisar la naturaleza jurídica de la jurisdicción coactiva, con el fin de determinar de qué manera, en el ejercicio de esa función, se puede comprometer la responsabilidad del Estado y cuál sería la acción procedente para deducirla.

El Estatuto Tributario contempla el procedimiento de la jurisdicción coactiva en materia fiscal para compeler el cumplimiento de las obligaciones tributarias por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones de competencia de la Dirección General de Impuestos Nacionales, previamente constituidas por cualquiera de los títulos ejecutivos que consagra el artículo 828 de dicho estatuto, cuando quiera que los llamados a absolverlas no lo hagan oportunamente.

En cuanto a la naturaleza del proceso administrativo de cobro coactivo de obligaciones tributarias, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que este no es más que un “un procedimiento administrativo que por su naturaleza no entraña el ejercicio de la función jurisdiccional como que en ella no se discuten derechos sino que se busca poder hacer efectivo el cobro de las obligaciones tributarias o deudas fiscales surgidas de la potestad impositiva del Estado y se pretende exigir su cumplimiento compulsivo cuando el sujeto pasivo de dicha obligación lo ha incumplido parcial o totalmente".

En tratándose de procedimientos administrativos y de los actos proferidos en desarrollo de los mismos, como enseguida se explicará, la acción idónea será, en estos casos, la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que es la propia ley la que define la naturaleza administrativa del procedimiento de cobro coactivo en materia tributaria.

En este sentido, la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha sostenido que se ejerce control jurisdiccional, sobre dicha actuación administrativa, cuando la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las acciones que se formulan contra resoluciones que deciden sobre las excepciones y ordenan seguir con la ejecución en procesos de jurisdicción coactiva de carácter tributario, establecidos en el artículo 835 del Estatuto Tributario; debe agregarse que esa misma Sección ha señalado que dicho control no se limita al indicado acto administrativo, como parecería surgir del texto legal, sino que se extiende a todos los que se presenten en el curso del cobro coactivo, los cuales son demandables por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Mediante providencia de 19 de julio de 2002, esa misma Sección reiteró dicho criterio, esta vez sobre la naturaleza administrativa de los actos relacionados con el embargo y el remate de bienes del ejecutado:

Ha considerado la Sala en anteriores oportunidades que en el tema del procedimiento de cobro coactivo en el cual el artículo 835 del Estatuto Tributario dispone que ‘dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa las resoluciones que fallan excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución’, no por ello, sea dable inadmitir a priori el debate jurisdiccional sobre ciertas controversias que eventualmente pudieran suscitarse entre la Administración y el contribuyente y que de otro modo quedarían desprovistas de tutela jurídica y de control jurisdiccional.

Así, se ha querido dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales o recientes, o las surgidas con posterioridad a la expedición y notificación de las 'resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución', esto es, aquellas que se generaran por actuaciones como los embargos de que trata el artículo 86 de la ley 6a. de 1992 (ad. art. 839-1, E.T.), o el remate de bienes del ejecutado, la aprobación del mismo, su cumplimiento y el pago al acreedor, situaciones a las que a falta de norma en el sistema tributario específico, cabe aplicar las pertinentes del Código de Procedimiento Civil, conforme a lo previsto por los artículos 839-2 y 840 del Estatuto Tributario.

(…)

Siguiendo el anterior criterio jurisprudencial, considera la Sala que en el presente caso, los actos administrativos demandados (auto que señala la fecha para la diligencia del remate y auto aprobatorio del mismo), si son enjuiciables a través de la acción ejercida por la actora (nulidad y restablecimiento del derecho) y en consecuencia no hay mérito para confirmar la providencia recurrida, debiéndose en consecuencia revocar la decisión anulatoria de lo actuado y ordenar se siga el trámite que venía adelantando el a quo a través de la providencia de fecha 23 de febrero de 2001 (Auto admisorio de demanda) la cual cobra su validez.

En igual sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que las actuaciones de la jurisdicción coactiva son administrativas y, por tanto, sus actos tienen la misma entidad; así lo señaló en sentencia del 30 de agosto de 2006:
Resulta importante precisar que la jurisdicción coactiva constituye una potestad especial de la administración, que le permite adelantar ante sí el cobro de los créditos a su favor originados en multas, contribuciones, alcances fiscales determinados por las contralorías, obligaciones contractuales, garantías, sentencias de condena y las demás obligaciones que consten en un título ejecutivo, sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional. Esa potestad obedece a la necesidad de recaudar de manera expedita los recursos económicos que legalmente le corresponden y que son indispensables para el funcionamiento y la realización de los fines de las entidades del Estado.

(…)

a. Hay casos en los que los créditos a favor del Estado se deben ejecutar ante el juez competente; es decir, que está excluida la jurisdicción coactiva. Tal es el caso de los procesos ejecutivos originados en contratos estatales (artículo 75 de la ley 80 de 1993), o en decisiones judiciales de la jurisdicción contencioso administrativa, con excepción de las originadas en acciones de repetición.

b. En otros, la administración tiene la opción de acudir al juez civil del circuito o de hacer efectivo el crédito, directamente, por cobro coactivo; tal es el caso de las obligaciones tributarias a favor de la DIAN (artículos 823 y 843 del Estatuto Tributario).

c. Si se decide por lo primero, se originará un proceso judicial; pero ante la segunda opción, el procedimiento por cobro coactivo está legalmente definido, como un procedimiento administrativo (artículo 823 del Estatuto Tributario); la ley establece que podrán impugnarse ante la jurisdicción contencioso administrativa, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, los actos que deciden sobre excepciones y ordenan seguir adelante la ejecución (artículo 835 del Estatuto Tributario) y, por interpretación jurisprudencial de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, tal posibilidad se ha extendido, por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a todos los actos que se presenten en el curso del cobro coactivo, tales como embargos, el remate de bienes del ejecutado, la aprobación del mismo, su cumplimiento y el pago al acreedor, el fraccionamiento del título judicial, la liquidación del crédito y las costas del proceso, etc.

d. Existen, en tercer lugar, algunos eventos en los que no existe definición legal sobre la naturaleza jurídica de la jurisdicción coactiva, como en el caso en que se otorga esa atribución, por vía general, a entidades nacionales mediante el artículo 112 de la ley 6ª de 1992.

Este caso, que hoy juzga la Sala, pertenece a la segunda de las mentadas categorías, pues se trata de un cobro coactivo realizado por la DIAN, en un asunto de naturaleza tributaria, que legalmente ha sido definido como un procedimiento administrativo.

(…)

De acuerdo con lo anterior, es claro que las actuaciones de la llamada jurisdicción coactiva, para este caso que conoce la Sala, son de carácter administrativo, al contrario de lo afirmado por el demandante.

Posteriormente, en sentencia del 7 de mayo de 2009, la Sección Cuarta del Consejo de Estado al resolver una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo que negó una solicitud de desembargo, manifestó que:

De otra parte, la controversia versa sobre actos administrativos dictados dentro de un proceso de cobro coactivo, que si bien no son las resoluciones que fallan excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, señaladas por el artículo 835 del Estatuto Tributario como las únicas demandables ante la Jurisdicción, la Sala ha considerado que tales actos sí son susceptibles de control judicial, pues, existen ciertas decisiones de la Administración en este tipo de procesos que los administrados pueden controvertir y que de no ser así quedarían desprovistas de tutela jurídica y de control jurisdiccional.

En efecto, con este criterio se pretende dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales o recientes, o las surgidas con posterioridad a la expedición y notificación de las 'resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución', esto es, aquéllas que surgen por actuaciones como los embargos de que trata el artículo 86 de la Ley 6 de 1992 (ad. art. 839-1, E.T.), o el remate de bienes del ejecutado, la aprobación del mismo, su cumplimiento y el pago al acreedor, situaciones a las que a falta de norma en el sistema tributario específico, cabe aplicar las pertinentes del Código de Procedimiento Civil, conforme a lo previsto por los artículos 839-2 y 840 del Estatuto Tributario.

De acuerdo con lo anterior, el oficio por medio del cual se negó la solicitud de desembargo es un acto definitivo y enjuiciable a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como fue la ejercida por la actora.

De manera reciente, la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que dentro de los actos proferidos en el proceso de cobro coactivo que son demandables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, se encontraban los actos administrativos que decretan el embargo de los bienes del ejecutado. Así lo explicó esta Corporación en sentencia del 28 de febrero de 2018:

Esta Corporación ha definido el proceso de cobro coactivo como ‘la potestad exorbitante que tiene la Administración para cobrar, directamente y sin intervención judicial, las deudas que se encuentren a su favor’. Todo lo anterior, con el fin de recaudar en forma rápida las deudas a favor de las entidades públicas, para así poder lograr el eficaz cumplimiento de los cometidos estatales.

El Estatuto Tributario fijó el trámite de cobro coactivo que deben agotar las entidades públicas para el recaudo de las deudas a su favor. El artículo 835 de dicho Estatuto identifica los actos proferidos en el proceso de cobro coactivo que son demandables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, a saber: Las resoluciones que fallan las excepciones y las que ordenan llevar adelante la ejecución. El artículo 101 del CPACA añadió que también serán demandables los actos que liquiden el crédito.

No obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que, además, existen otros actos proferidos en el proceso de cobro coactivo, cuyo conocimiento corresponde también a la jurisdicción contencioso-administrativa. Al respecto, esta Corporación ha manifestado que:

‘[…] el artículo 833-1 ibídem prevé que las actuaciones administrativas realizadas en el marco de este proceso son de mero trámite y que, por ende, contra éstas no procede ningún recurso, excepto los que en forma expresa se señalen en este procedimiento para las actuaciones definitivas. Sin embargo, la Sala ha sostenido que el control jurisdiccional se amplía a actuaciones que, sin ser las señaladas por el artículo 835 citado, pueden constituir decisiones diferentes a la simple ejecución de la obligación tributaria, que bien pueden crear una obligación distinta, como es el caso de la liquidación del crédito o de las costas. Con ello, se ha querido dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales, recientes, o posteriores a la expedición y notificación de las resoluciones que fallan las excepciones’.
Conforme lo anterior, la Sala ha declarado que los actos administrativos que decretan el embargo pueden ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo:
‘[…] como lo ha considerado la Sala en anteriores oportunidades existen ciertas decisiones de la Administración en los procesos de cobro coactivo que los administrados pueden controvertir y que de no ser así quedarían desprovistas de tutela jurídica y de control jurisdiccional. Así, se ha querido dar protección jurídica a controversias independientes originadas en la aplicación de normas tributarias especiales o recientes, o las surgidas con posterioridad a la expedición y notificación de las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución, esto es, aquéllas que se generaran por actuaciones como los embargos de que trata el artículo 86 de la Ley 6 de 1992 (ad. art. 839-1, E.T.), o el remate de bienes del ejecutado, la aprobación del mismo, su cumplimiento y el pago al acreedor, situaciones a las que a falta de norma en el sistema tributario específico, cabe aplicar las pertinentes del Código de Procedimiento Civil, conforme a lo previsto por los artículos 839-2 y 840 del Estatuto Tributario’.
Así las cosas, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce conflictos de legalidad de los actos administrativos que hacen parte del proceso de cobro coactivo no contemplados en el Estatuto Tributario, como son el acto que decreta el embargo y el de liquidación del crédito.

Con fundamento en lo anterior, concluye la Sala que el cobro coactivo de impuestos nacionales hecho por la DIAN, es un procedimiento administrativo y que los actos que emanen de él son controlables por la jurisdicción contenciosa administrativa, según lo prevé el artículo 835 del Estatuto Tributario, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo han señalado de forma reiterada las Secciones Tercera y Cuarta de esta Corporación, respecto de los actos de embargo y remate en los procesos de jurisdicción coactiva.

En el caso bajo estudio, el señor Abelardo Sánchez Méndez pretende la indemnización de los perjuicios causados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, con ocasión del procedimiento de cobro coactivo en contra de la Sociedad Sánchez González y Cia Ltda. (hoy Sánchez González E.U.) por concepto del impuesto sobre la renta y la sanción por no haber declarado en el año gravable 1997, dentro del cual le fueron embargadas unas sumas de dinero de sus cuentas personales, lo que generó la pérdida de la rentabilidad de esos valores durante el tiempo que estuvo a disposición de la entidad demandada.

Así pues, teniendo en cuenta las afirmaciones plasmadas en la demanda y en las demás intervenciones realizadas por la parte actora, la Sala encuentra que la causa petendi radica en el daño que el señor Abelardo Méndez adujo que le fue causado como consecuencia de las medidas cautelares impuestas sobre bienes de su patrimonio, en virtud de un proceso coactivo que inició la entidad demandada -DIAN- en contra de la sociedad de la cual era socio y representante legal, el cual estaría viciado de irregularidades. Así las cosas, la fuente del daño que dio lugar al presente litigio deviene de unas decisiones, contenidas en unos actos administrativos proferidos por el ente demandado.

Por tanto, teniendo en cuenta que en el presente asunto la parte demandante pretende la declaratoria de la responsabilidad de la DIAN, por los perjuicios sufridos a causa del embargo de unos bienes de su propiedad, dentro de un proceso de jurisdicción coactiva adelantado por la entidad pública demandada, era menester demandar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se adoptaron tales decisiones y los que la confirmaron y solicitar, en consecuencia, la indemnización de los perjuicios que se desprendieron de dichos actos, como quiera que el daño que se reclama en el presente asunto tiene como causa una decisión administrativa; así pues, la acción idónea no podía ser otra que la de nulidad y restablecimiento del derecho y no podía incoarse una de reparación directa, pues la supuesta lesión no se originaba en un hecho, omisión u operación administrativa.

En este sentido, aunque la parte actora dijo ejercer, nominalmente, la acción de reparación directa, lo cierto es que del contenido de los hechos, de las pretensiones de la demanda y de la causa petendi de la misma –aspectos más que reafirmados en el recurso de apelación– se advierte que lo que realmente se pretendió fue la reclamación de perjuicios generados por el embargo de los bienes de sus propiedad y, por ende, ello implicaba cuestionar la legalidad de unos actos administrativos, por manera que desde el punto de vista material, la acción que debió interponerse era la de nulidad y de restablecimiento del derecho.

La acción de reparación directa no era la procedente para reclamar los perjuicios que le fueron irrogados, pues si estaba inconforme con las actos administrativos dictados por la administración, en especial los que decretaron los embargos sobre los bienes de su propiedad, debió haberlos controvertido haciendo uso de los recursos señalados para el proceso de cobro administrativo coactivo previstos en el Estatuto Tributario y, una vez agotada esta vía, debió acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que no ocurrió en el caso de autos.

Se tiene acreditado, asimismo, que el 30 de agosto de 2006, la entidad accionada decidió desfavorablemente el derecho de petición presentado por el señor Abelardo Sánchez Méndez tendiente al desembargo de unas sumas de dinero y unos bienes de su propiedad, y precisó que contra ese acto administrativo no procedía recurso alguno en la vía gubernativa, por tanto la parte actora quedaba habilitada para controvertir esa determinación en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Lo mismo se predica de la Resolución No. 005 de 6 de julio de 2007, mediante la cual se resolvió un recurso de apelación, en la medida en que la DIAN, si bien aceptó que la empresa era la única responsable por el pago de las sanciones, no accedió a levantar las medidas cautelares practicadas en contra del señor Abelardo Sánchez Méndez, como deudor solidario.

Cabe precisar, igualmente, que el señor Abelardo Sánchez Méndez se abstuvo de cuestionar la decisión mediante la cual la DIAN impuso las medidas de embargo de sus bienes, a pesar de que la entidad, expresamente, le señaló en el mandamiento de pago a socios No. 123 de 9 de julio de 2003, que podía oponerse al referido cobro en su contra mediante el planteamiento de excepciones, pero, el accionante no hizo uso de tales mecanismos.

Así las cosas, no resulta procedente la acción de reparación directa para analizar los argumentos del accionante referidos a que la entidad demandada no desplegó la actuación administrativa correspondiente para determinar la titularidad de los bienes que fueron objeto de las medidas cautelares, dado que embargó los bienes que pertenecían a una persona distinta a la perseguida en el proceso de cobro coactivo; emitió mandamiento de pago y ordenó la práctica de las medidas cautelares, a sabiendas de que la acción de cobro estaba prescrita y no descontó en la debida oportunidad los dineros que habían sido cancelados a favor de la entidad. Todos los actos que se profirieron en el proceso de cobro coactivo eran controlables por la jurisdicción contenciosa administrativa, según lo prevé el artículo 835 del Estatuto Tributario pero a través del mecanismo procesal correspondiente, esto es, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por otro lado, la Sala encuentra que la parte actora solicitó la condena de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- como consecuencia del daño ocasionado por el deterioro patrimonial de sus bienes durante el tiempo en que permanecieron embargados por disposición de la autoridad tributaria.

En relación a estos hechos, observa la Sala que no se tiene claridad acerca de si la parte actora solicitó en la demanda la reparación de los perjuicios por la desvalorización económica de los bienes muebles e inmuebles durante el tiempo en que estuvieron a disposición de la DIAN, o si lo que se solicita es el reconocimiento de una indemnización por los daños estructurales que sufrieron los mismos.

En el plenario solo obran las resoluciones por medio de las cuales la DIAN ordenó el embargo de los bienes de propiedad del señor Abelardo Sánchez Méndez, esto es, la Resolución No. 0023 de 18 de julio de 2003, que ordenó el embargo del vehículo de placas BFJ-190 y la Resolución No. 0261 de 18 de julio de 2003, que ordenó el embargo de la cuota parte del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50N-1033484, sin que exista algún elemento de juicio que permita establecer que fueron efectivamente secuestrados o aprehendidos por la entidad accionada, circunstancia que impide realizar una comparación de sus distintos estados de conservación y establecer en qué medida se deterioraron estructuralmente.

Tampoco obra medio probatorio alguno que permita inferir en qué consistió la devaluación económica que padecieron tales bienes. En efecto, ningún esfuerzo probatorio fue llevado a cabo por la parte actora interesada en demostrar esa plusvalía negativa o esa disminución de la propiedad.

Para tener certeza respecto de la baja en el valor comercial de las propiedades era necesario realizar un avalúo comercial de los bienes individualmente considerados, por su área y características arquitectónicas o mecánicas. De igual manera, no existen en el proceso medios probatorios que acrediten cúal era el valor de los bienes muebles e inmuebles antes y después de la ocurrencia de los hechos haciendo imposible para el operador judicial determinar si se dio o no una disminución en los mismos.

Por lo expuesto, la Sala revocará el fallo apelado, para en su lugar proferir fallo inhibitorio dada la indebida escogencia de la acción incoada, puesto que -se insiste- el accionante fundamentó el origen del daño alegado en la expedición de actos administrativos dentro del curso del cobro coactivo, tales como los que decretaron los embargos de sus bienes, los cuales son demandables por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, negará las pretensiones de la demanda en lo referente al supuesto deterioro estructural de los bienes o la pérdida de su valor económico mientras estuvieron a disposición de la entidad accionada, en consideración a que no se acreditaron tales supuestos fácticos.

5. Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Odilia Trinidad Rojas, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 26 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y, en su lugar, se INHIBE la Sala para resolver de fondo el asunto sometido a su conocimiento por indebida escogencia de la acción frente al embargo de los bienes de propiedad del señor Abelardo Sánchez Méndez.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda referidas al deterioro estructural o disminución económica de los bienes de propiedad del señor Abelardo Sánchez Méndez mientras estuvieron a disposición de la entidad accionada.

CUARTA: Sin condena en costas.

QUINTA: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
El recurso de apelación interpuesto por la parte actora fue presentado el 2 de diciembre de 2011, por lo que debe aplicarse la Ley 1395 de 2010 que estableció que la cuantía se determinará a partir de la sumatoria de todas las pretensiones de la demanda. Por tanto, una vez revisado el libelo demandatorio se advierte que sumadas las pretensiones arroja el superior a 500 S.M.L.M.V. En efecto, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2009 tuviera apelación ante el Consejo de Estado, la cuantía debería ser equivalente o superior a $248’450.000 y dado que la sumatoria de todas las pretensiones asciende a un valor de $321’668.573 por perjuicios materiales, la Sala tiene competencia funcional. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de mayo de 2002, Exp. No. 12545 Consejero Ponente. Germán Rodríguez Villamizar. ART. 835. Intervención del contencioso-administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la jurisdicción contencioso-administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción. Autos de fechas 1º de julio de 1994. Expediente 5591, Consejero Ponente Dr. Jaime Abella Zarate y de 24 de septiembre de 1994. Expediente 5590, Consejero Ponente Dr. Delio Gómez Leyva. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto del 19 de julio de 2002. Expediente 12.733, actor: Pacc Dent Ltda. MP. Juan Ángel Palacio Hincapié. Al respecto, ver por ejemplo: sentencias del 29 de octubre de 1993 y de 2 de marzo de 1994 de la Sección Quinta de esta Corporación, expedientes 0303 y 0352, respectivamente. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2006. Exp: 14.807 (R- 9034). CP. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Original sentencia citada. Autos de fechas 1 de julio de 1994, Exp. 5591, C.P. Dr. Jaime Abella Zarate y 24 de septiembre de 1994, Exp. 5590, C.P. Dr. Delio Gómez Leyva, reiterados entre otros, por auto de 19 de julio de 2002, Exp. 12733, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié y sentencia de 29 de enero de 2004, Exp. 12498, C.P. Dra. Ligia López Díaz y 28 de junio de 2007, Exp. 15391, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa. Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 7 de mayo de 2009. Exp: 16.149. CP. Hugo Fernando Bastidas Barcenas. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Expediente número: 66001-23-31-000-2000-00583-01. Corte Constitucional. Sentencia T-628/08, de veintiséis (26) de junio de dos mil ocho (2008). Decreto 624 de 1989. Artículo 835. “Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción”. CPACA, artículo 101. “Control jurisdiccional. Sólo serán demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en los términos de la Parte Segunda de este Código, los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecución y los que liquiden el crédito”. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del quince (15) de abril del dos mil diez (2010). Expediente número: 250002327000200601246 01(17105). Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de cuatro (4) de abril de dos mil trece (2013). Radicado número: 76001-23-31-000-2005-04450-01 (18970). Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 28 de febrero de 2018. Exp: 59.900. CP. Jaime Enrique Rodríguez Navas. En el mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 22 de octubre de 2015. Exp: 35.351. CP. Hernán Andrade Rincón. Ver sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, proceso No. 520012331000199900601 01 (26729). M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

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