Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05582-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05582-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05582-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
1 de diciembre de 2022
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05582 00
Accionante: Carlos Augusto Fuentes Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05582 00
Accionante: CARLOS AUGUSTO FUENTES GÓMEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Tesis: No es procedente interponer acción de tutela contra
una providencia judicial cuando no se cumple con el
requisito de la inmediatez.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Augusto
Fuentes Gómez en contra de la Subsección B, Sección Segunda, del
Consejo de Estado.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
El actor, actuando en causa propia, promovió acción de tutela en contra
de la Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, solicitando
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:
“[…] Por lo anterior, en protección de mis derechos fundamentales,
respetuosamente solicito se declare la prosperidad de la presente
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05582 00.
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Accionante: Carlos Augusto Fuentes Gómez
acción de tutela y, en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia
del 17 de julio de 2020, proferida por la Sección Segunda,
Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, emitida dentro del Proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, radicado bajo el No. 11001-03-25-
000-2011- 00375-00 (1411-2011), en donde el demandante es
Carlos Augusto Fuentes Gómez y el demandado Banco Agrario de
Colombia.
En consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda que
inició el referido proceso judicial, en cuanto al reconocimiento de los
perjuicios morales […]”.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que laboró en el Banco Agrario de Colombia S.A.,
Regional Bogotá, desde el 23 de enero de 2006 hasta el 22 de julio de
2010 en el cargo de cajero.
Anotó que el 18 de mayo de 2010, el coordinador de la Oficina de Control
Interno Disciplinario lo sancionó con destitución del cargo e inhabilidad
por el término de diez (10) años, la cual fue confirmada el 2 de diciembre
de 2010 por el presidente de la entidad.
Sostuvo que contra dichos actos promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual fue conocida por la Subsección B,
Sección Segunda, de esta Corporación, radicada bajo el nro. 11001-03-
25-000-2011-00375- 00, que, en sentencia 17 de junio de 2020 accedió
parcialmente a las pretensiones.
Adujo que la providencia cuestionada no aplicó el control de
convencionalidad en cuanto al reconocimiento de los perjuicios morales,
dado que los mismos eran evidentes y se podía acudir a la regla de la
experiencia para determinar su existencia, por lo que se quebrantó “[e]l
principio convencional de la reparación integral, remedio más amplio para
reparar los daños de las víctimas a violaciones de derechos humanos, que
se desprende del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre
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Derechos Humanos y la jurisprudencia al respecto de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos […]”.
Aseguró que la sentencia acusada adolece de defecto fáctico por cuanto
resolvió el asunto sin contar con elementos razonables que le dieran
sustento, “[p]ues la valoración probatoria no se realizó aplicando las
reglas de la lógica, la sana crítica y las normas legales pertinentes, y a las
pruebas obrantes dentro del expediente se les dio consecuencias
irrazonables y desproporcionadas a su naturaleza. En este caso no se
reconocen los perjuicios morales solicitados tras considerar que no están
debidamente probados; sin embargo, nuevamente no se están teniendo
en cuenta los indicios que se tienen en el expediente y que dan cuenta de
la evidente aflicción que debí tener ante la imposición de una sanción
injusta y arbitraria como la destitución e inhabilidad por 10 años […]”.
Manifestó que también se configuró el defecto sustantivo por cuanto “[e]l
desconocimiento en este asunto del principio de pro homine implicó la
consecuente y evidente violación de los derechos fundamentales de mi
cliente (sic), debido a que es evidente que existe otra interpretación al
respecto de los hechos objeto del proceso judicial bajo estudio que, en
resumen, es favorable al ser humano y a su dignidad (…) // En efecto, la
tendencia del operador jurídico debió ser interpretar el dispositivo
constitucional, convencional y legal y su adecuación al caso concreto, de
tal manera que condujera a una mejor protección de los derechos
fundamentales, descartando así las interpretaciones que restrinjan o
limiten su ejercicio, como las del acto acusado […]”.
Indicó que se encuentra superado el requisito general de inmediatez, para
lo cual afirmó:
“[…] Es evidente que en este caso la vulneración es permanente en
el tiempo y la situación desfavorable de irrespeto por mis derechos
continúa y es actual, pues aún sufro y sufriré de por vida los efectos
de la falta de aplicación del control de convencionalidad en cuanto
al principio de reparación integral.
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Por otro lado, es importante hacer saber que yo me hago cargo del
cuidado y atención integral de mi anciano padre, hace más de veinte
(20) años, que implica el acompañamiento en temas de su salud,
quien padece complicaciones de salud de carácter coronario, de
diabetes y visuales; además de que, por lo anterior, mi padre
depende económicamente, pues sufrago todos los gastos como en
alimentación, vestido y transporte, entre otros.
Adicionalmente, el 12 de junio de 2021 fui diagnosticado con COVID-
19 y sufrí buena parte de los síntomas que padecimos la mayoría de
la humanidad y esto impidió en buena parte atender todos mis
asuntos incluyendo este tema de la forma como me hubiese gustado
desde antes de este momento en que radico este recurso de
amparo.
Todos lo anterior me ha llevado a una compleja situación económica
que me ha impedido actuar rápidamente frente a la providencia
judicial acusada, pues la consecución de los anexos documentales
de esta acción, con los gastos anexos como el transporte y demás,
se constituyen en barreras económicas para el acceso a este
recurso.
Este tipo de situaciones han sido consideradas por la Corte
Constitucional como relevantes para considerar que la demanda de
tutela se presentó en un término razonable, oportuno y justo […]”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. Por auto del 24 de octubre de 20222 fue admitida la acción de tutela
y se dispuso notificar a los consejeros que integran la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, así como vincular al
representante legal del Banco Agrario de Colombia S.A3.
Igualmente, solicitó a la Subsección B, Sección Segunda, de esta
Corporación, que allegara copia en archivo digital del expediente con
radicado nro. 11001 03 25 000 2011 00375 00 (1411-2011), el cual fue
enviado por medio magnético4.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05582 00.
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Esta orden se cumplió el 1 de noviembre de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
05582 00.
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Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05582 00.
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Accionante: Carlos Augusto Fuentes Gómez
3.2. El Consejero de Estado ponente de la decisión controvertida presentó
en tiempo escrito vía correo electrónico5, en el que manifestó que se
remitía a los argumentos expuestos en la sentencia que profirió el 17 de
julio de 2020, que se cuestiona.
3.3. El representante legal del Banco Agrario de Colombia S.A. rindió
informe en oportunidad vía correo electrónico6, en el que solicitó negar la
solicitud de amparo puesto que no se acreditó la vulneración de los
derechos fundamentales del actor y que lo pretendido a través de este
mecanismo de amparo es que se modifique la providencia acusada, por
lo que no puede ser usada como otra instancia del proceso ordinario, y,
por último, que no se cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto
la sentencia fue notificada en febrero de 2021 y la tutela se interpuso
después de transcurrido más de un año.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,7 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril
de 20218, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro.
080 del 12 de marzo de 20199 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05582 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05582 00.
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“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
8
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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Accionante: Carlos Augusto Fuentes Gómez
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente10:
4.2.1. El señor Carlos Augusto Fuentes Gómez, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra del Banco Agrario de Colombia S.A., en el que formuló las
siguientes pretensiones11:
“[…]
I-DECLARACIONES
Declarar la nulidad, o lo que es lo mismo, la anulación de los actos
administrativos de la unidad jurídica, o complejos, identificados así:
1°) Declarar la nulidad del Acto Administrativo Fallo Disciplinario de
Primera instancia de fecha 18 de mayo de 2010, proferido por el
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA A TRAVÉS DE LA OFICIA DE
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
REGIONAL BOGOTÁ, por la cual se declaró responsable
disciplinariamente al señor CARLOS AUGUSTO FUENTES GÓMEZ,
varón, mayor de edad, identificado con la cédula (…), de la falta
gravísima imputada, a título de dolo.
Conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
decisión por la causal se le impuso como sanción la Destitución e
Inhabilidad General por el término de diez (10) años, por las
irregularidades descritas y conforme a los artículos 44, 45, 46 y
inciso 2° numeral 3° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
2°) Declarar la Nulidad del fallo disciplinario de Segunda instancia
de fecha 02 de diciembre de 2010, proferido por la PRESIDENCIA
DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, por el cual se confirma la
decisión adoptada en sede de primera instancia, y se resuelve el
Recurso de Apelación impetrado por el Disciplinado.
3°) A Título de Restablecimiento del Derecho Quebrantado, se
ordene desanotar de la Hoja de Vida del Trabajador del Banco, en la
Oficina de Control y Registro de la Procuraduría General de la
Nación, y en cualquier Registro Oficial, bien sea Nacional,
10
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes. Visto en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.11001 03 15 000 2022
05582 00.
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Visto en el índice 80 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 25 000 2011 00375 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05582 00
Accionante: Carlos Augusto Fuentes Gómez
Departamental o Municipal, los antecedentes disciplinarios como
consecuencia de la Sanción Impuesta en las decisiones tomadas.
4°) A Título de Restablecimiento del Derecho Quebrantado, se
ordene restituir al Señor CARLOS AUGUSTO FUENTES GÓMEZ, al
cargo que estaba desempeñando, en las mismas condiciones de
empleo que antes gozaba, en el Banco Agrario de Colombia, o a otro
cargo de igual o superior categoría y remuneración.
II- CONDENAS
1°) CONDÉNESE AL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, a pagar al
demandante a la ejecutoria del fallo, por concepto de perjuicios
morales subjetivos, la suma de 500 S.M.L.V, junto con los intereses
comerciales que se causen durante los seis meses siguientes a dicha
ejecutoria y los moratorios después de ese término.
2°) CONDÉNESE AL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, a pagar al
demandante a la ejecutoria del fallo, por concepto de perjuicios a la
vida en relación (o perjuicios de placer), la suma de 500 S.M.L.V,
junto con los intereses comerciales que se causen durante los seis
meses siguientes a dicha ejecutoria y los moratorios después de ese
término.
3°) Se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en
derecho que ocasione la tramitación del proceso que se inicia con la
presente demanda […]”.
4.2.2. La demanda fue conocida en única instancia12 por la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que, en sentencia del 17 de julio
de 2020, resolvió13:
“[…] 1.° Declárase la nulidad del acto administrativo de 18 de mayo
de 2010, proferido por el coordinador de la oficina de control
disciplinario interno del Banco Agrario de Colombia S. A., a través
del cual sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años al señor
Carlos Augusto Fuentes Gómez; y de la decisión de 2 de diciembre
del mismo año, expedida por el presidente de la entidad, con la que
confirmó la sanción, conforme a la motivación.
2.° El Banco Agrario de Colombia S. A. deberá eliminar de sus
registros la anotación de la sanción disciplinaria impuesta al
demandante, de conformidad con la motivación, y solicitará, en
forma inmediata, lo propio de la Procuraduría General de la Nación
para cuyo efecto anexará copia de esta providencia.
12
En atención a que se “(…) se impugnan sanciones disciplinarias administrativas que
impliquen retiro temporal o definitivo del servicio o suspensiones en el ejercicio del
cargo, con o sin cuantía, siempre y cuando se trate de decisiones proferidas por
autoridades nacionales”.
13
Ibídem.
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Accionante: Carlos Augusto Fuentes Gómez
3.º Niéganse las demás súplicas de la demanda.
4.º Sin condena en costas.
5.° La demandada dará cumplimiento al presente fallo conforme a
lo previsto en los artículos 176 y 178 del CCA […]”.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, se tiene lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional ha considerado que, dado que la finalidad
de la tutela es la protección urgente e inmediata de los derechos
fundamentales, ésta debe formularse en un plazo razonable contado a
partir del hecho que originó la amenaza o vulneración, pues aceptar lo
contrario desvirtuaría su carácter excepcional.
En este sentido, en la sentencia SU-354 de 201714, la Corte Constitucional
destacó que la importancia de exigir un término razonable entre la
notificación de la sentencia que se controvierte y la interposición de la
acción de tutela radica en que dicho requisito: “(…) (i) garantiza una
protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente
amenazados o vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a
atribuciones jurídicas de terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y
(iv) desestima las solicitudes negligentes (…)”.
14
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
8
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Accionante: Carlos Augusto Fuentes Gómez
La citada Corporación15 estableció dos eventos en los que es posible
valorar la admisibilidad de una acción de tutela presentada luego de que
hubiese transcurrido un largo período respecto de la vulneración o
amenaza de derechos: “(…) (i) cuando se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por
primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial situación de
aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales,
hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un
juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros (…)”16.
La razonabilidad del plazo debe ser valorada en cada caso concreto,
teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante; (ii) si la inactividad
injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados, y (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después
de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición17.
De manera similar, la Corte Constitucional, en la sentencia SU - 069 del
21 de junio de 2018, explicó, haciendo referencia al presupuesto de la
inmediatez “(…) que la tutela debe interponerse dentro de un término
oportuno y razonable, es decir, en un momento cercano a aquel en que
se presentó la vulneración o amenaza. No obstante, también ha
considerado que en los eventos donde la afectación permanece en el
tiempo el requisito debe flexibilizarse no solo porque la posición
desfavorable es continua y actual, sino por la situación de debilidad en
que puede hallarse el accionante (…)”.
15
Sentencias T-584 de 2011, SU-499 de 2016 entre otras.
16
Sentencia T-584 de 2011.
17
Sentencias T-648 de 2003, T-322 de 2008, T-581 de 2012, entre otras.
9
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A su turno, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación unificó su jurisprudencia y estableció los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial,
señalando18:
“[…] Este requisito que opera de forma general frente a todas las acciones
de tutela, es más estricto cuando se interpone contra providencias
judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, “si se
deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los
derechos, “resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela”19”20.
Por tal razón, debe mediar un término razonable entre la ejecutoria de la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de tutela para
buscar su amparo21.
Tal aseveración es razonable toda vez que, “de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que
las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución
de conflictos”22.
Además, tal como se señala en reciente providencia de la misma
Corporación23, el requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros
“que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo
irrazonable24”.
Además, garantiza la seguridad jurídica, al impedir que el amparo se
convierta en un factor que atente contra ese principio“25”. También frena el
abuso del derecho al “evitar el uso de este mecanismo constitucional como
herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los
derechos26”.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014. Rad.:11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos
Alimenticios S.A.M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
19
“En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999”
20
“Sentencia T-189 de 2009.”
21
“Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, contemplado en el literal c) del fundamento jurídico 24 de
la sentencia C-590 de 2005.”
22
“Ibíd.”
23
“Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada. “
24
“Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de
2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras. “
25
“Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de
2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009,
T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.”
26
“Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de
2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009,
entre otras.”
10
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Accionante: Carlos Augusto Fuentes Gómez
Para la Sala, la inmediatez es una condición que permite concretar la
urgencia del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se
interpuso en un plazo razonable.
(…)
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses,
contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el
caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales
se ejerce oportunamente. (Negrillas y resaltado del texto).
Así entonces, en los casos que se controvierten providencias judiciales,
por regla general, la acción se debe interponer dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de la providencia que se cuestiona,
teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos
previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad, plazo que deberá ser analizado en cada caso
particular, tomando en consideración las circunstancias especiales de
modo, tiempo y lugar en que se encuentre el accionante.
En el asunto bajo examen, la providencia cuestionada fue proferida por la
Subsección B, Sección Segunda, de esta Corporación el 17 de julio de
2020 y notificada por edicto fijado el 12 de febrero de 2021 y desfijado el
16 de febrero de 202127, mientras que la presente acción de tutela fue
radicada el 20 de octubre de 202228, es decir, que la solicitud de
amparo fue promovida después de transcurridos un (1) año y ocho (8)
meses en que se notificó la sentencia controvertida.
Ahora bien, el accionante manifestó que se encuentra superado el
requisito de la inmediatez, lo que fundamentó así:
“[…] Es evidente que en este caso la vulneración es permanente en
el tiempo y la situación desfavorable de irrespeto por mis derechos
continúa y es actual, pues aún sufro y sufriré de por vida los efectos
27
Visto en el índice 80 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 25 000 2011 00375 00.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05582 00.
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Accionante: Carlos Augusto Fuentes Gómez
de la falta de aplicación del control de convencionalidad en cuanto
al principio de reparación integral.
Por otro lado, es importante hacer saber que yo me hago cargo del
cuidado y atención integral de mi anciano padre, hace más de veinte
(20) años, que implica el acompañamiento en temas de su salud,
quien padece complicaciones de salud de carácter coronario, de
diabetes y visuales; además de que, por lo anterior, mi padre
depende económicamente, pues sufrago todos los gastos como en
alimentación, vestido y transporte, entre otros.
Adicionalmente, el 12 de junio de 2021 fui diagnosticado con COVID-
19 y sufrí buena parte de los síntomas que padecimos la mayoría de
la humanidad y esto impidió en buena parte atender todos mis
asuntos incluyendo este tema de la forma como me hubiese gustado
desde antes de este momento en que radico este recurso de
amparo.
Todos lo anterior me ha llevado a una compleja situación económica
que me ha impedido actuar rápidamente frente a la providencia
judicial acusada, pues la consecución de los anexos documentales
de esta acción, con los gastos anexos como el transporte y demás,
se constituyen en barreras económicas para el acceso a este
recurso.
Este tipo de situaciones han sido consideradas por la Corte
Constitucional como relevantes para considerar que la demanda de
tutela se presentó en un término razonable, oportuno y justo […]”.
Al efecto, la Sala observa que el accionante no ofreció ningún motivo
válido que justifique su inactividad en la interposición de la acción de
tutela en un término prudencial, pues solo refirió a que la vulneración de
sus derechos “es permanente y actual”, en razón a que la sentencia que
cuestiona no aplicó el control de convencionalidad en lo atinente a la
reparación integral, sin explicar los motivos por los que se presenta dicha
situación.
También afirmó que el 12 de junio de 2021 fue diagnosticado con el
coronavirus Covid-19, y ello le impidió radicar la presente tutela de
manera oportuna; sin embargo, no acreditó que haya sufrido un
padecimiento grave como consecuencia del mencionado virus y que le
haya impedido interponer la acción constitucional. Lo señalado máxime
cuando el actor fue notificado de la decisión que cuestiona mediante
edicto fijado el 12 de febrero de 2021 y desfijado el 16 de febrero de 2021
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y, según afirma, la afección que sufrió por el coronavirus ocurrió en el
mes de junio de 2021.
Tampoco son de recibo los argumentos relacionados con la “compleja”
situación económica que según afirma el accionante atraviesa, toda vez
que las pruebas documentales que aportó fueron principalmente las
piezas procesales del proceso ordinario; adicionalmente, la acción de
tutela fue radicada a través del sistema de Recepción de Tutelas y Habeas
Corpus en Línea del Consejo Superior de la Judicatura.
Finalmente, no existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la
acción y la vulneración de sus derechos fundamentales ni se advierte que
el accionante se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta y, por
consiguiente, no se evidencia alguna circunstancia que valide la
interposición tardía de la presente tutela.
Así las cosas, la Sala concluye que la tutela deviene improcedente, por
cuanto fue interpuesta después de un (1) año y ocho (8) meses de
haberse notificado la decisión que se ataca, lo que la releva de examinar
los demás requisitos generales de procedibilidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por el señor Carlos Augusto Fuentes Gómez en contra de la sentencia
proferida el 17 de julio de 2020 por la Subsección B, Sección Segunda del
Consejo de Estado, acorde con las razones explicadas en precedencia
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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