Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05645-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05645-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05645-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
14 de diciembre de 2022
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05645 00
Accionante: Gloria María Beltrán Martín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 05645 00
Accionante: GLORIA MARÍA BELTRÁN MARTÍN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
propuesto por la parte actora es de naturaleza
eminentemente ecónomica.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Gloria María
Beltrán Martín en contra de la sentencia proferida el 3 de mayo de 2022
por la Subsección F, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
1.- SÍNTESIS DEL CASO
La actora, actuando por conducto de apoderado, promovió acción de
tutela en contra de la precitada sentencia y para ello formuló las
siguientes pretensiones1:
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05645 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 05645 00
Accionante: Gloria María Beltrán Martín
“[…] PRIMERA. Se tutelen, protejan y amparen, los Derechos
Fundamentales al LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO Y AL
TRABAJO además de todos aquellos que resultaron violentados y/o
amenazados a mi poderdante, por el desconocimiento e inaplicación
del precedente judicial obligatorio en el que incurrió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección segunda- Subsección “F”
M.P. Dra. Beatriz Helena Escobar [R]ojas al emitir sentencia de
segunda instancia dentro del proceso de radicado:
25899333300220190018101, mediate la cual, confirmó la decisión
de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Judicial de Zipaquirá.
SEGUNDA. En consecuencia, se ordene dejar sin efecto alguno la
Sentencia de fecha 03 de mayo de 2022 emitida por Tribunal
Administrativo de Cundinamarca- Sección segunda- Subsección “F”
M.P. Dra. Beatriz Helena Escobar rojas dentro del proceso de
radicado 25899333300220190018101, y en su lugar se le ordene
emitir una sentencia de reemplazo dentro del término que usted
considere pertinente, en la cual, se aplique el precedente judicial
obligatorio que regula la materia (expuesto previamente) […]”.
[Mayúsculas y negrillas en el escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que promovió demanda en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra del departamento de
Cundinamarca, la cual fue conocida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Zipaquirá, que, en sentencia del 29 de
octubre de 2020, declaró la nulidad de los actos acusados por considerar
que infringieron los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y 1724 de 1997, ya
que se probó en el proceso que cumplió los requisitos para percibir la
prima técnica, a saber: i) desempeñado un cargo en propiedad de carácter
nacional, ii) obtener calificaciones del desempeño iguales o superiores al
90%, y iii) no contar con sanciones disciplinarias.
Afirmó que, no obstante, el juzgado no accedió a la pretensión de
restablecimiento del derecho en cuanto al reconocimiento y pago de la
prima técnica por evaluación del desempeño, ni a la reliquidación de las
respectivas prestaciones sociales, por considerar que perdió su derecho
adquirido en razón a que obtuvo una calificación inferior al 90%, para el
período del 1 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2009.
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Sostuvo que la Subsección F, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 3 de mayo de
2022, confirmó la anterior decisión; sin embargo, “(…) frente a la
calificación del desempeño inferior al 90%, agregó de forma errónea que
para el período 01/02/2009 al 28/02/2010 mi poderdante había adquirido
un 89 % sobre 100% de puntos, lo cual, no corresponde a la verdad, pues
en la evaluación de este período, mi poderdante obtuvo un 96% de total
puntos consolidados, como se puede observar en la casilla última
denominada “consolidación de la evaluación” (…)”.
Adujo que, para el tribunal de instancia, la calificación que obtuvo para el
período comprendido entre el 1 de febrero de 2011 al 31 de enero de
2012, superior al 90%, no fue suficiente para recuperar su derecho a
percibir la prima técnica por evaluación, toda vez que “para la misma
fecha debió́ acreditar el cumplimiento de los demás requisitos”.
Afirmó que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
“desconoce el precedente judicial obligatorio existente en la materia,
frente a las reglas y subreglas de derechos que ha creado el honorable
Consejo de Estado, en cuanto estableció́ que obtener calificaciones por
evaluaciones del desempeño inferiores al 90%, no permite la pérdida
definitiva del emolumento, y que la calificación del desempeño posterior
y superior al 90% le reanuda el derecho adquirido a aquellas personas
que consolidaron su derecho antes de su incorporación a las plantas de
personal a las respectivas entidades territoriales (Ley 60 de 1993), y
quienes fueron beneficiarias del régimen de transición del Decreto 1724
de 1997”.
Manifestó que la providencia acusada desconoció en forma directa y sin
justificación alguna el precedente judicial contenido en la sentencia del 21
de enero de 2016, proferida por la Subsección B, Sección Segunda, del
Consejo de Estado, expediente radicación nro. 73001 23 33 000 2014
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00136 01 (4507-14), toda vez que la parte demandante trata de
“empleados administrativos del sector público de la educación que
consolidaron su derecho a percibir la prima técnica por evaluación de
desempeño por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Decreto 1661 y 2164 de 1991 antes de su incorporación a las plantas de
personal territoriales (ley 60 de 1993) y de la entrada en vigor del Decreto
1724 de 1997 (régimen de transición)”.
Señaló que en ambos casos el problema jurídico consistió en determinar:
“si los empleados administrativos al servicio público de la educación
habiendo consolidado el derecho a percibir la prima técnica por evaluación
del desempeño antes de la incorporación a las plantas de personal
territoriales y de la entrada en vigencia del Decreto 1724 de 1997, pierden
su derecho de forma definitiva a percibir tal emolumento, si obtienen
calificaciones del desempeño inferiores al 90%”.
Arguyó que la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del artículo
8 del Decreto 1661 de 1991, definió las circunstancias en la que se pierde
la prima técnica por evaluación de desempeño y dicha interpretación ha
sido aplicada por los jueces, dado que no se ajusta al debido proceso que
un servidor público, teniendo su derecho consolidado a recibir el
emolumento, se vea afectado de forma definitiva por una calificación
insatisfactoria, cuando en período posterior será nuevamente realizada;
que así lo expresó la sentencia proferida el 1 de marzo de 2012 por la
Subsección B, Sección Segunda, de esta Corporación, con el radicado nro.
25000 23 25 000 2008 00366 01, que fue también desconocida por la
sentencia atacada.
Anotó que el precedente judicial en la materia ha establecido que las
calificaciones del desempeño inferiores al 90% no conllevan a la pérdida
definitiva del derecho adquirido de percibir la prima técnica por evaluación
del desempeño, la cual no prescribe por tratarse de prestación periódica;
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lo que prescriben son los períodos en los que la petición de reconocimiento
y pago no logró interrumpirla.
Manifestó que, por lo tanto, la decisión contenida en la providencia
cuestionada no atendió el precedente obligatorio, ni justificó porque se
apartó, por lo que se le violaron los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y al trabajo.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
3.1. Por auto del 27 de octubre de 20222 fue admitida la acción de tutela
y se dispuso notificar a los magistrados que integran la Subsección F,
Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como
vincular al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Zipaquirá y al departamento de Cundinamarca – Secretaría de
Educación3.
Igualmente, se solicitó al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Zipaquirá que allegara copia en archivo digital del expediente
con radicado nro. 25899 3333 002 2019 00181 00, el cual fue enviado
por medio magnético4.
3.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá
presentó en tiempo escrito vía correo electrónico5, en el que solicitó se
declare la improcedencia de la tutela toda vez que carece de relevancia
constitucional, en la medida en que la accionante omitió explicar cómo la
decisión acusada vulneró sus derechos fundamentales; además, tampoco
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05645 00.
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Esta orden se cumplió el 31 de octubre de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
05645 00.
4
Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05645 00.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05582 00.
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se evidencia la alegada violación puesto que la providencia acusada se
encuentra ajustada a derecho.
3.3. La magistrada ponente de la decisión cuestionada, de la Subsección
F, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rindió
informe en oportunidad vía correo electrónico6 en el que manifestó que lo
pretendido por la accionante es que se estudie nuevamente la situación
que fue resuelta por el juez natural, como si se tratara de una tercera
instancia.
Aseveró que la sentencia que se discute tuvo en cuenta las pruebas
obrantes en el proceso y en su valoración concluyó que, para el período
del 1 de febrero de 2009 y el 28 de febrero de 2010, la accionante obtuvo
una calificación del 96%; por lo tanto, su derecho había prescrito;
adicionalmente, observó que, en el período del 1 de febrero de 2008 al
31 de enero de 2009, su puntaje fue de 86,5%, es decir, inferior al 90%
que exige la norma para mantener el derecho a la prima técnica, lo que
fue reconocido por la accionante en el escrito de apelación que interpuso
en contra el fallo de primera instancia.
Adujo que, en la providencia acusada, se concluyó que la señora Beltrán
Martín era beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 4
del Decreto 1724 de 1997, con lo cual era merecedora de la prima técnica
que establece el Decreto 2164 de 1991, siempre y cuando acreditara que,
con posterioridad al 11 de julio de 1997 (fecha en que entró en vigencia
el Decreto 1724), reunía los requisitos exigidos para acceder a dicho
beneficio; sin embargo, como obtuvo calificaciones inferiores al 90% en
los precitados períodos, no era beneficiaria del aludido régimen de
transición, comoquiera que esa era una de las causales para perder dicho
beneficio.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 05582 00.
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Arguyó que a la fecha esta Corporación no ha proferido sentencia de
unificación sobre el tema del reconocimiento de la prima técnica que prevé
el Decreto 2164 de 1991 para los beneficiarios del régimen de transición
de que trata el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, “[n]i mucho menos
ha sentado regla jurisprudencial alguna sobre el evento en que dichos
beneficiarios llegaren a obtener una evaluación inferior al 90% sobre una
anualidad con posterioridad al 11 de julio de 1997, situación en la que se
enmarca situación fáctica de la tutelante […]”.
Explicó que la sentencia referida por la accionante proferida el 21 de enero
de 2016 por la Sección Segunda de esta Corporación “[t]uvo como
fundamento la situación fáctica de la parte demandante según lo probado
en el trámite judicial. Además, dicho fallo no fue expedido con fines de
unificación jurisprudencial y sus efectos son inter partes […]”.
3.4. El departamento de Cundinamarca guardó silencio.
4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,7 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril
de 20218, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro.
080 del 12 de marzo de 20199 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
8
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
7
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4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente10:
4.2.1. La señora Gloria María Beltrán Martín, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra del departamento de Cundinamarca, Secretaría de Educación,
y formuló como pretensiones11:
“[…] PRIMERA.-Que se declare la NULIDAD del Oficio con radicado
de salida 2018606814 del 12 de octubre de 2018 mediante el cual
el DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, niega el reconocimiento, liquidación
y pago de una Prima Técnica por Evaluación del Desempeño a
nuestra representada la señora GLORIA MARÍA BELTRÁN MARTÍN.
SEGUNDA.- Igualmente que se declare la NULIDAD del Oficio No.
2019529188 del 20 de marzo de 2019, que nos fuera notificado ese
mismo día mediante correo electrónico y suministrado el día 26 de
marzo de 2019, durante la celebración de la audiencia de
conciliación, razón por la cual no se incluyó dentro de los actos
administrativos objeto de la conciliación.
TERCERA.- Que como consecuencia de las NULIDADES deprecadas,
el Despacho Judicial, mediante sentencia que haga tránsito a cosa
juzgada, CONDENE al DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA –
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL a reconocer, liquidar
y pagar a nuestra representada una Prima técnica por el factor
conocido como “evaluación del desempeño”, según lo probado en el
juicio, ordenando su pago a futuro de conservar el beneficio la
demandante, según lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2164
de 1991.
CUARTA.- Ordenar a la entidad demandada a RELIQUIDAR todos los
salarios, primas, bonificaciones, prestaciones y demás emolumentos
salariales pagados sin el beneficio laboral de la Prima Técnica, y para
los cuales ésta constituya factor salarial de conformidad con el fallo
de unificación emitido por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Radicación nro. 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09) del 04
de agosto de 2010.
QUINTA.- Por ser la prima técnica un beneficio laboral de tracto
sucesivo, tal como lo ha establecido la reiterada jurisprudencia del
10
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes. Visto en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.11001 03 15 000 2022
05582 00.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Consejo de Estado, condenar al DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL,
a continuar reconociendo y pagando mensualmente la prima técnica
“por evaluación del desempeño” a nuestra representada hasta su
retiro del servicio público, o hasta que la pierda por incurrir en
alguna de las causales de pérdida de la misma establecidas en el
artículo 11 del Decreto 2164 de 1991.
SEXTA.- Que las anteriores sumas de dinero sean INDEXADAS, a
favor de nuestra poderdante, hasta el día en que se verifique el
pago, ordenando a la demandada dar cumplimiento al fallo dentro
de los términos del artículo 189 y 192 del C.P.A y de lo C.A. y
teniendo que reconocer los intereses de que da cuenta la codificación
mencionada.
SÉPTIMA.- Ordenar al demandado dar cumplimiento al fallo dentro
de los términos del artículo 192 del CPACA y a reconocer los
intereses allí mismos establecidos en caso de mora en el
cumplimiento del fallo.
OCTAVA.- Dentro de las previsiones de ley, condenar en costas a la
parte demandada.
NOVENA.- Que se nos reconozca personería jurídica para actuar
como apoderados de la parte demandante y el pago de la prima se
efectúe por intermedio nuestro, pues tenemos poder para recibir tal
como consta en el mandato que se adjunta al presente escrito de
demanda […]”. (Mayúsculas originales)
4.2.2. El asunto fue conocido por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Zipaquirá, Cundinamarca, que, en sentencia del 29 de
octubre de 2020, dispuso12:
“[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito
propuestas por el apoderado del DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los Oficios No. 2018606814 del
12 de octubre de 2018 y No. 2019529188 del 20 de marzo de 2019,
mediante los cuales se negó el reconocimiento del derecho a la
prima técnica a la señora GLORIA MARÍA BELTRÁN MARTÍN,
identificada con (…), por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: De oficio, DECLARAR la prescripción del derecho, de
acuerdo a (sic) lo expuesto.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.
12
Ibídem.
9
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4.2.3. En contra de la anterior decisión la señora Gloria María Beltrán
Martín interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la
Subsección F, Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 3 de mayo de 2022, en la que
resolvió13:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 29 de octubre de
2020, proferida por el Juzgado Segundo (2º) Administrativo del
Circuito Judicial de Zipaquirá, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia […]”.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primero de los requisitos generales que el juez constitucional debe
examinar para establecer si la acción de tutela es procedente contra
providencia judicial es la relevancia constitucional; por ello, la Sala se
detendrá en (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional14
13
Ibídem.
14
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
10
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La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”15.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional.
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia
judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del
punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y
ninguna otra”.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades16:
15
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
11
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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
4.3.1.1. Las cuestiones de relevancia constitucional
Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573
de 2019, explicó que este elemento de la relevancia tiene el siguiente
alcance:
“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”.
La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional, dado
que el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata
y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal
razón, es necesario que “la causa que origina la presentación de la
acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”.
Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) “la
interpretación del estatuto superior”, (ii) su aplicación, (iii)
desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez “indicar con
toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes” […]”. [Se
destaca]
De lo anterior se desprende que el alcance que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia, consiste
en que la acción de tutela que se promueva contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental, pues solo así se podrá establecer que el asunto es
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evidentemente de naturaleza constitucional; ello quiere significar que,
quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho
fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales
considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca] Este
criterio fue reiterado en las sentencias SU 128 de 202117, SU 103 de
202218 y SU 215 de 202219.
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422
de 201820, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó
la decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que había
declarado improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la
relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de
relevancia no estaba cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura
17
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
18
Corte Constitucional. Sentencia SU – 103 del 17 de marzo de 2022. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo. Al respecto, en dicha sentencia se indicó: “[…] 104. Consideraciones
específicas definidas en la jurisprudencia constitucional, respecto del requisito de
procedencia denominado “relevancia constitucional”. En relación con este requisito, esta
Corte ha sido enfática en señalar que resulta indispensable verificar, en cada caso
concreto, que la acción de tutela no esté siendo utilizada como una instancia
adicional para reemplazar las vías judiciales ordinarias. De manera concreta, ha
resaltado que el contenido de la solicitud debe buscar “resolver cuestiones que
trascienden la esfera legal, el carácter eminentemente económico de la controversia y
la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales [lo que implica
la existencia de] un probado desconocimiento de los derechos fundamentales al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia”. Esto, por cuanto se debe “justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel” […]”.
19
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
20
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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que las providencias demandadas desconocen sus derechos
fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no se determina
con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta
amenaza o vulneración de los mismos”. [Se destaca]
El criterio jurisprudencial contenido en las sentencias T 422 de 2018, SU
573 de 2019, SU 128 de 2021, SU 103 de 2022 y SU 215 de 2022,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,
requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.
Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo
que se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el
caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que,
por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional
el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional
en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez
no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional
con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si,
de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.
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El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”21
y ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así22:
“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial
22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los
derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho
fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de
actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como
pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a
ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de
intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial
del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente
protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y
efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce
el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a
limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”.
[Se destaca]
En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en
otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
21
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
22
Ibídem.
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restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”23.
4.3.1.2. La competencia e independencia jurisdiccional
La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad. La Corte Constitucional
ha conceptualizado así este segundo elemento de la relevancia24:
“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional,
pero no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas
relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite,
dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario”, so pena de “involucrarse en [cuestiones] que
corresponde definir a otras jurisdicciones”. En tales términos,
un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera
determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta
interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los
derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” […]”.
En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica.
Sin perjuicio de lo dicho, en la sentencia SU 215 de 2022, la Corte
Constitucional señaló que:
“[…] [n]o significa que en todos los casos en los que se cuestione la
definición y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple
23
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
24
Bernal Pulido.
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el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una
violación de derechos fundamentales. Justamente esa situación es
la que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el
accionante vincule la discusión legal con la violación de una garantía
fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el
por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal
afectó garantías constitucionales. […]”.
Para precisar aún más el alcance del segundo requisito de la relevancia
constitucional, el referido fallo de unificación advirtió:
“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i)
el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de
anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la
relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección
de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios. […]”.
En conclusión, este segundo criterio implica que el asunto carece de
relevancia constitucional cuando se trata de una discusión de naturaleza
legal o económica que no conlleva la afectación del contenido de los
derechos fundamentales que la parte actora invoca en la acción de tutela.
4.3.1.3. La instancia adicional
Por último, el tercer criterio de la relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este elemento la Corte
Constitucional ha dicho25:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
25
Bernal Pulido.
17
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judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se
restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en
contra de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte,
exige valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción
tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia de los jueces
ordinarios […]”.
Respecto de este último criterio de la relevancia constitucional, en la
sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela
contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de
corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su
formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. [Se desataca]
4.3.2. Caso concreto
Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, la Sala considera que,
en este evento, no se cumple el requisito de relevancia constitucional,
comoquiera que el segundo elemento que la compone, esto es, el de
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de naturaleza legal y
económica, no está superado.
Siguiendo el contenido del segundo criterio de la relevancia, se tiene que,
en aquellos casos en los que es evidente la naturaleza o contenido
18
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económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, la tutela es improcedente.
En este caso, el debate planteado por la parte actora en sede de tutela es
de naturaleza legal y económica puesto que involucra determinar si tiene
o no derecho al pago de una prima técnica, es decir, si el acto
administrativo que negó tal reconocimiento está ajustado a las normas
legales y hechos en los que debía fundarse.
Al efecto, cabe traer a colación las consideraciones expuestas en la
sentencia T – 422 de 201826, proferida por la Corte Constitucional, en la
que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir los requisitos
de relevancia constitucional e inmediatez. Sobre la relevancia, en dicha
oportunidad expuso:
“[…] 35. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, para
esta Sala es claro que el asunto sometido a su análisis carece de
relevancia constitucional. El actor considera que, con las
providencias demandadas, las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales, debido a que las
autoridades judiciales accionadas, a su juicio, no valoraron las
pruebas del expediente que daban cuenta que la experiencia
acreditada por el señor Diego Botero Álvarez no tenía la idoneidad
que se requería para desempeñar el cargo en el que fue nombrado
en reemplazo del accionante.
36. La supuesta irregularidad advertida por el actor no cumple con
este requisito, debido a que (i) se trata de un asunto meramente
legal, (ii) que busca convertir la acción de tutela en una tercera
instancia adicional a las establecidas para casos como el presente, y
que, por tanto, (iii) no tiene una relación directa con la presunta
vulneración o amenaza del derecho al debido proceso u otro derecho
fundamental del actor.
37.En el presente asunto, si bien, la acción de tutela interpuesta por
José Javier Patiño Angulo pretende que se dejen sin efecto las
sentencias proferidas por el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo
de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de Antioquia, de manera
consecuente supone que se dejen sin efecto las sentencias de
segunda y primera instancia del mismo proceso, teniendo en cuenta
que en ninguna de dichas oportunidades procesales fue otorgada, a
Corte Constitucional. Sentencia T – 422 del 16 de octubre de 2018. M.P.: Carlos Bernal
26
Pulido.
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su favor, la pretensión de nulidad del acto administrativo que
terminó su nombramiento provisional y el restablecimiento del
derecho con el reintegro solicitado. Como fundamento de la acción,
consideró que el Juez y el Tribunal no valoraron, de manera
adecuada, el material probatorio del expediente.
38.Primero, el actor plantea controversias sobre asuntos meramente
legales, como la verificación de los requisitos legales para
desempeñar un cargo. Pues bien, la definición de tales requisitos y
en general las situaciones propias del derecho administrativo
laboral, que deben ser verificados en cada caso concreto, es de
resorte exclusivo del juez de lo contencioso administrativo, que no
del juez constitucional. Esta Sala advierte que el debate planteado
por el actor no versa sobre la presunta afectación o violación de
derechos fundamentales, sino sobre su discrepancia en relación con
la verificación de la experiencia acreditada por el señor Diego Botero
Álvarez, especialmente, con que se hubiere nombrado a alguien en
el cargo que este desempeñaba en provisionalidad […]”.
A partir de las precitadas consideraciones, la Sala observa que, en este
caso, la controversia planteada por el actor es propia del derecho
administrativo laboral, dado que, se insiste, su inconformidad está
relacionada con el acto administrativo que negó el reconocimiento de una
prima técnica, de modo que se trata de un debate de naturaleza legal
porque lo que en realidad discute el actor es la legalidad del acto y,
además, es un asunto eminentemente económico, en la medida en que,
a través del amparo, pretende insistir en el reconocimiento de la prima
técnica.
Por lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional en lo que tiene que ver
con el segundo criterio, esto es, que el debate planteado a través de la
tutela no sea de naturaleza meramente legal y económica.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por la señora Gloria María Beltrán Martín en contra de la sentencia
proferida el 3 de mayo de 2022 por la Subsección F, Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, acorde con las razones
explicadas en precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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