Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05336-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-05336-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-05336-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
31 de octubre de 2024
Demandante: Isabel Cristina Sánchez García
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05336-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-05336-00
Demandante: ISABEL CRISTINA SÁNCHEZ GARCÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D
Temas: Tutela contra providencia judicial – ampara – desconocimiento
del precedente
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Isabel Cristina Sánchez García, actuando mediante apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D. Con la solicitud de amparo
pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
proferida el 22 de agosto de 2024, dictada por el tribunal accionado en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-017-2022-
00176-00/01. En dicha providencia se revocó la decisión de primer grado que
accedió a las pretensiones, tras considerar que la accionante quedó excluida del
derecho a percibir la prima técnica al obtener una calificación de desempeño
inferior al 90%.
1.2. Pretensiones
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Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
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Demandante: Isabel Cristina Sánchez García
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D
Radicado: 11001-03-15-000-2024-05336-00
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
Primero: Se tutelen los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la
administración de justicia y derecho constitucional a la igualdad, previstos en la
Constitución Política de Colombia de 1991, vulnerados a la luz de defecto
sustantivo por indebida adecuación normativa, desconocimiento del precedente
vinculante y obligatorio y vulneración directa del contenido constitucional.
Segundo: Se deje sin efectos la sentencia judicial de segunda instancia
proferida el 22 de agosto de 2024 notificada el 29 de agosto de idéntica
anualidad, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
– SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D.
Tercero: Que como consecuencia de lo anterior se le ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN D, a que, en un término perentorio a la comunicación de esta
decisión, profiera una nueva sentencia teniendo en cuenta el contenido normativo
aplicable dentro de los parámetros hermenéuticos adecuados, así como los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y la honorable Corte
Constitucional respecto a la interpretación de la misma para fines de
reconocimiento y causación de la Prima Técnica y su disfrute anualizado siemore
que se cumpla con el 90% o más en evaluación de desempeño sin que sea
relevante el resultado de evaluación de años previos.2
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. La señora Isabel Cristina Sánchez García señaló que se encuentra
vinculada al Ministerio de Educación Nacional desde el 3 de agosto de 1994, en
el cargo de profesional especializado en carrera administrativa.
6. Mediante la Resolución No. 1914 del 17 de agosto de 1999, la referida
autoridad le reconoció prima técnica con fecha de inicio desde año 1997.
7. Sostuvo que durante los periodos comprendidos entre: i) el 1 de marzo del
2001 al 28 de febrero del 2002, ii) el 1 de marzo de 2003 al 28 de febrero de 2004
y, iii) el 1 de marzo de 2004 al 28 de febrero de 2005, obtuvo puntajes inferiores
a 900, porcentaje que condiciona la causación de la prestación social.
8. Posteriormente, indicó que presentó múltiples peticiones ante el ministerio
en los que solicitó el reconocimiento y pago de la prima técnica por haber
acreditado, en los últimos periodos, puntajes superiores al 90%. Sin embargo,
mediante oficio No. 2021EE374488 del 18 de noviembre de 2021 la autoridad
negó la solicitud.
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Transcrito del escrito de tutela con posibles errores.
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Demandante: Isabel Cristina Sánchez García
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9. Por lo anterior, la señora Sánchez García interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional, con el fin de declarar la nulidad del acto administrativo y solicitó el
reconocimiento y pago de la primea técnica dejada de percibir.
10. Al proceso se le asignó el radicado 11001-33-35-017-2022-00176-00 y le
fue repartido al Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá. Esa autoridad
judicial, mediante sentencia del 20 de septiembre de 2023, accedió a las
pretensiones de la demanda al concluir que el haber obtenido un puntaje inferior
al 90% exigido para recibir el pago de la prima, no impide que la persona
interesada pueda seguir disfrutando del emolumento, siempre y cuando en los
periodos subsiguientes acredite la calificación exigida.
11. Contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de
apelación, mecanismo que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D en providencia del 22 de
agosto de 2024 que revocó el fallo de primera instancia.
12. Para fundamentar su decisión, indicó que el artículo 11 del Decreto 2154
de 1991 determinó la temporalidad de la prima técnica. En ese sentido, la norma
señaló que el disfrute de dicho emolumento se perderá cuando se empleado haya
obtenido una calificación de servicios en porcentaje inferior al 90% o porque
cesaron los motivos por los cuales se asignó.
1.4. Sustento de la vulneración
13. La parte actora indicó que es beneficiaria del régimen de transición que
autorizó el reconocimiento y pago de la prima técnica bajo las condiciones
normativas contempladas antes de 1997.
14. Señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo debido a que realizó una aplicación indebida del artículo 4 del Decreto
1724 de 1997, al interpretar que perdió el beneficio de seguir percibiendo la prima
técnica por evaluación de desempeño. Esto, en razón a que obtuvo puntajes
inferiores al 90% en su calificación durante 3 periodos, con independencia de que
posteriormente haya obtenido el puntaje requerido para el reconocimiento y pago
de dicha prestación.
15. Lo anterior en razón a que, a su juicio, incurrió en una confusión entre dos
situaciones jurídicas diferentes: i) el derecho a ser beneficiario del régimen de
transición y, por tanto, tener el reconocimiento de la prima en mención bajo las
condiciones normativas anteriores a 1997 y ii) el derecho a la causación y disfrute
del emolumento.
16. En ese sentido, refirió que dicha interpretación llevo a la pérdida de la
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oportunidad de la causación anual de la prima técnica. Por lo tanto, consideró
que es necesario verificar anualmente el cumplimiento de la condición de obtener
un puntaje superior al 90% en la evaluación de desempeño correspondiente, sin
importar el resultado de la evaluación inmediatamente anterior.
17. Por otro lado, sostuvo que desconoció la sentencia C – 569 del 2003
proferida por la Corte Constitucional, en la que se estudió la exequibilidad del
artículo 8 del Decreto 1661 de 1991 que reguló la temporalidad del emolumento,
en la que se determinó que «en todo caso la prima técnica puede ser revisada
de forma que concuerde con los criterios que concurren a su asignación, lo cual
impone entender que la pérdida de la prima por calificación insatisfactoria del
desempeño no es definitiva, sino que en todo caso es viable su revisión».
18. Asimismo, censuró el desconocimiento de la sentencia del 21 de enero de
2016 , proferida por la Sección Segunda – Subsección “B” del Consejo de
3
Estado, mediante la cual se estableció que obtener una calificación inferior al
90% exigido por los Decretos 1661 y 2164 de 1991 para el reconocimiento de tal
beneficio, no constituye impedimento alguno para que el interesado pueda seguir
disfrutando de la misma, siempre que en los períodos subsiguientes alcance la
calificación exigida. Lo anterior, debido a que la naturaleza de esta prestación es
de causación anual.
19. A su vez, refirió que se desconoció la providencia del 1º de marzo de
2012 de la Sección Segunda – Subsección “B” del Consejo de Estado,
4
providencia en la que se estableció que obtener una calificación inferior a los 90
puntos normativamente exigidos, para tener derecho al beneficio en cuestión, no
impide que el servidor reclame el reconocimiento y pago de aquella prestación
para los períodos respectivos, en caso de que quede demostrado que en
períodos anuales subsiguientes alcanzó la puntuación requerida. Esto, en la
medida en que se trata de un derecho que se causa anualmente en razón a la
misma periodicidad que lo caracteriza y, por tanto, no puede perderse
definitivamente por una calificación anual insuficiente.
20. Afirmó que el anterior precedente jurisprudencial fue reiterado en la
sentencia del 22 de marzo de 20125, proferida también por la Sección Segunda
– Subsección “B” del Consejo de Estado.
21. Finalmente, señaló que incurrió en una violación directa de la Constitución
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”,
Sentencia del 21.01.16., M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 73001-23-33-000-2014-00136-01
(4507-14)
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”,
Sentencia del 01.03.12., M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 25000-23-25-000-2008-00366-
01(0371-10)
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”,
Sentencia del 01.03.12., M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 25000-23-25-000-2008-00276-
01(2259-10)
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Demandante: Isabel Cristina Sánchez García
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
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debido a que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
1.5. Trámite de la tutela
22. Por medio del auto del 4 de octubre de 2024, el Despacho ponente de
esta decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar
como autoridad accionada al Tribunal Administrativo del Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección D. Además, vinculó como terceros con interés al
Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del
Proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca
23. El magistrado ponente de la decisión rindió informe en el que indicó que la
accionante era beneficiaria del régimen de transición previsto para los
funcionarios a quienes se les había reconocido la prima técnica.
24. Al respecto, indicó que el Ministerio de Educación Nacional mediante la
Resolución No. 1914 del 17 de agosto de 1999, reconoció le reconoció a la
señora Sánchez García dicho emolumento por el puntaje obtenido en la
evaluación de desempeño en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de
1997 al 28 de febrero de 1998.
25. Asimismo, resaltó que durante el periodo comprendido entre marzo de
1998 y febrero de 1999 obtuvo una calificación de 846 puntos, es decir, inferior a
al 90% que condicionó los Decretos 1661 y 2164 de 1991 para acceder a dicho
beneficio.
26. En ese sentido, señaló que las normas referidas determinaron que el
derecho se extingue automáticamente cuando se obtiene una calificación menor
a la requerida. Sobre este punto, resaltó que la Sección Segunda del Consejo de
Estado en providencia del 22 de junio de 2023 dentro del expediente con radicado
05001-23-33-000-2016-02248-01 determinó que aunque se tenga una
calificaciones superiores en años posteriores, al no obtener el puntaje mínimo
requerido, la prima técnica se pierde en los años subsiguientes.
1.6.2 Ministerio de Educación Nacional
27. La Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad rindió informe en el que
manifestó que no evidenció ninguna transgresión a los derechos fundamentales
de la accionante, razón por la cual el presente mecanismo constitucional se torna
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improcedente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
30. La Sala considera que la señora Isabel Cristina Sánchez García está
legitimada en la causa por activa porque conformó el extremo activo en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia que
se reprocha a través de este instrumento constitucional.
31. Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D está legitimado en la causa por pasiva por haber
dictado la providencia reprochada mediante esta acción de tutela.
2.3. Problema jurídico
32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora y el
material probatorio recaudado; el problema jurídico a resolver en el caso concreto
es el siguiente:
• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
33. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala
examinará lo siguiente:
34. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
administración de justicia y a la igualdad con ocasión de la providencia proferida
el 22 de agosto de 2024? En esta sentencia se revocó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones, tras considerar que la accionante quedó
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excluida del derecho a percibir la prima técnica reclamada al obtener una
calificación de desempeño inferior al 90%.
35. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, (iii)
desconocimiento del precedente, y (iv) caso en concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
36. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales8.
37. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia10 y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial11.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto
los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate
de sentencias de tutela.
11
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
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38. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
39. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
40. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
41. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos
2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Tutela contra tutela
42. Se advierte que en el caso objeto de estudio no se ataca una decisión de
tutela, sino una providencia proferida detro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-017-2022-00176-00/01.
de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de
su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
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2.5.2. Subsidiariedad
43. Por tratarse de una sentencia de segunda instancia que resolvió el recurso
de apelación que interpuso la parte demandada contra la providencia de primer
grado que decidió acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por la accionante, es evidente el
agotamiento de los recursos ordinarios.
44. Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por
la parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y
258 de la Ley 1437 de 2011.
2.5.3. Inmediatez
45. También se acredita el requisito de inmediatez. Aún sin establecer las
fechas de notificación y ejecutoria, se encuentra que la tutela fue promovida
dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia12, pues
la acción constitucional se radicó el 3 de octubre de 2024, mientras que la
providencia reprochada data del 22 de agosto de 2024.
2.5.4. Relevancia constitucional
46. La Sala considera que se cumple con este requisito. Esto, porque la parte
tutelante justificó de manera suficiente y en clave constitucional los motivos por
los que consideró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales.
47. En efecto, sobre este punto, se destaca que se trata de una discusión que
involucra un debate ius fundamental -que no es de mera legalidad-. Esta
discusión tiene su origen en la presunta configuración del defecto de
desconocimiento del precedente jurisprudencial. Adicionalmente, se evidencia
que este yerro se encuentra debidamente sustentado.
48. En ese orden, se evidencia que el debate se circunscribe al
desconocimiento del precedente de esta Corporación que indica que en
aplicación del régimen de transición no se pierde de manera definitiva el derecho
a percibir la prima técnica por evaluación de desempeño por obtener
calificaciones inferiores al 90%. Lo anterior, repercute en el contenido de los
derechos fundamentales de igualdad y al debido proceso.
49. Así las cosas, para esta Sala es relevante determinar si se conculcaron los
derechos referidos por la accionante al incurrir en desconocimiento del
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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precedente por los motivos aquí expuestos.
50. Al respecto, es preciso recordar que la relevancia constitucional implica
que el asunto de la acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la
Constitución, su aplicación, su eficacia y para la determinación del contenido y
alcance de los derechos fundamentales, como en efecto ocurre en esta
oportunidad.
2.5.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos desconocidos
51. La parte accionante presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos de los motivos por los que consideró le fueron vulnerados
sus derechos fundamentales.
52. Así, se debe hacer énfasis en que la parte accionante cumplió con la carga
mínima en dar las razones por las cuales la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un desconocimiento del
precedente.
2.5.6. Irregularidad procesal
53. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad
procesal, razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.
54. Habiéndose cumplido los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente.
55. Para esto se pasará, en un primer momento, a realizar una explicación
general sobre el defecto alegado, para posteriormente abordar el fondo del
asunto.
2.6. Desconocimiento del precedente
56. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos,
problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente13.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15
de julio de 2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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57. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos14 explicó que
el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi,
la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.
58. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se
aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.
2.7. Caso en concreto
59. La accionante afirma que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección D, mediante sentencia del 22 de agosto de 2024
que revocó la providencia del 20 de septiembre de 2023 proferida por el Juzgado
Diecisiete Administrativo de Bogotá y que accedió a las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ejercida por la accionante
contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, a la administración de justicia y a la igualdad.
60. Indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo,
en desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución, de
conformidad con los motivos expuestos en el acápite 1.4 de la presente
providencia. Una vez estudiados los cargos desplegados por la accionante, la
Sala encuentra que si bien se formularon tres cargos en mención, es posible
estudiarlos conjuntamente, por los motivos que a continuación se exponen.
61. En relación con el defecto sustantivo, la Sala deberá resolver lo
concerniente a la indebida aplicación del artículo 4º del Decreto 1724 de 1997 y
determinar si un beneficiario de la prima técnica por evaluación de desempeño,
al obtener en algun periodo un puntaje inferior al 90% en su calificación, pierde
de manera definita el derecho de percibir dicha prestación.
62. A su vez, en lo que respecta al cargo de violación directa de la
Constitución, se tiene que la respuesta que se otorgue a si existe, o no, una
vulneración de los artículos 2, 29, 53, 228, 229 constitucionales, estará
determinada de lo que se resuelva en relación con el defecto sustantivo.
63. Al mismo tiempo, el tercer cargo alegado tiene como sustento la existencia
de un precedente jurisprudencial que, a juicio de la parte actora, ha dado una
solución favorable a sus intereses en relación con el problema planteado. Esto,
en razón a que a partir de las providencias acusadas como desatendidas, se ha
establecido que la obtención de un puntaje inferior al 90% en el examen de
14
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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desempeño en un periodo determinado, no implica la pérdida definitiva del
derecho a percibir la prima técnica en cuestión.
64. Por lo anterior, la Sala considera que es posible llevar a cabo un estudio
conjunto de los tres cargos alegados, a partir del análisis del defecto de
desconocimiento del precedente.
65. En primer lugar, en lo que respecta a tal cargo, es menester señalar que
la actora cumplió con la carga mínima argumentativa que le asiste para que el
juez constitucional proceda a estudiar de fondo el defecto en mención, en la
medida en que indicó: i) cada una de las decisiones que se consideraron como
desatendidas; ii) la ratio de las providencias en mención que se perciben como
aplicables a la solución del caso en concreto, mediante las citas textuales traídas
a colación; iii) las razones mínimas que permiten establecer la existencia de una
analogía entre la litis de aquellos fallos y la de la situación sujeta a examen y iv)
la incidencia que aquella ratio en la decisión final adoptada por el juez de
instancia.
66. Con el fin de establecer si las sentencias consideradas como
desconocidas por la parte actora se configuran como precedente aplicable al
caso en concreto, es necesario examinar si por medio de estas, el Consejo de
Estado, actuando como máximo Tribunal de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, dio origen a una regla de derecho que permita dar
solución al conflicto que surgió en el trámite ordinario en el que se profirió el fallo
actualmente censurado.
67. Para ello, la Sala determinará si cada una de las providencias alegadas
como desconocidas, estuvieron fundamentadas en presupuestos fácticos
análogos al caso en concreto del trámite ordinario y si, por tanto, aquellas
decisiones se cimentaron en una ratio que pueda ser aplicable al contexto fáctico
de la sentencia censurada vía tutela.
2.7.1. Sentencia 0371-10 del 1º de marzo de 2012, Sección Segunda –
Subsección “B” del Consejo de Estado 15
68. La Sección Segunda de esta Corporación en sentencia del 1.º de marzo
de 2012 conoció de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
la que el demandante solicitó que se declarara la nulidad de los actos
administrativos por medio de los cuales se había negado la prima técnica. Esto,
porque a pesar de haber cumplido con los requisitos establecidos por las normas
que regulan la aplicación del régimen que gobierna esa prestación, la entidad en
la cual se desempeñaba laboralmente le negó el reconocimiento y pago de tal
beneficio.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”,
Sentencia del 25.03.06., M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 25000-23-25-000-2008-00366-
01(0371-10).
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69. En segunda instancia, el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho lo conoció la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
que al resolver el caso concreto determinó:
“(…) quedó demostrado que la actora obtuvo en el período comprendido entre el
01/03/1999 al 29/02/2000 como calificación 896.36, es decir, un porcentaje inferior
al 90% exigido y por tanto en este período no se causó el derecho al
reconocimiento y pago de la prima técnica.
Pero la anterior afirmación no impide que, si como se demostró también, en los
períodos anuales subsiguientes, la calificación superó el 90% exigido, la servidora
tenga derecho a que se le reconozca nuevamente y por esos precios (sic) períodos
calificados, la prima técnica, dado que como ya se concluyó, se trata de un derecho
que se causa anualmente en razón a la misma periodicidad que lo caracteriza y
que no puede perderse definitivamente por una calificación anual insuficiente.
En este orden y acorde con el presupuesto normativo que refiere sobre la
temporalidad del derecho, y como no encuentra la Sala causal alguna diferente a
una mala calificación anual, la actora tiene derecho a que se reactive por las
anualidades subsiguientes en que fue calificada y obtuvo un porcentaje superior
del 90%, el disfrute de la prima técnica cuyo derecho se causó en vigencia del
Decreto 1661 y su reglamentario, en concordancia con el Decreto 1724 de 1997
que previó el régimen de transición del cual es beneficiaria la actora tal y como
quedó demostrado.” (Subrayas fuera del texto)
70. A su vez, se concluye que en esta providencia se configuró un parámetro,
de acuerdo con el cual, los servidores del orden nacional cobijados por el régimen
de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 y que hayan
obtenido durante algún período una calificación en la evaluación del desempeño
inferior al 90%, tienen derecho a que se les reconozca nuevamente la prima
técnica correspondiente para las anualidades subsiguientes en las que se logre
demostrar que superaron el puntaje requerido.
71. Hasta aquí, esta Sala encuentra que el caso en cuestión es análogo al
examinado debido a que la tutelante prestó sus servicios como funcionaria del
orden nacional, vinculada por medio de carrera administrativa al Ministerio de
Educación y, por tanto, cobijada por el régimen de transición previsto para este
tipo de servidores, al igual que la demandante al interior del proceso en el que se
profirió la sentencia estudiada.
72. De igual forma, la accionante alegó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D declaró que había perdido
definitivamente su derecho a percibir la prestación, en la medida en que, durante
un período de tiempo, obtuvo una calificación inferior a la requerida en la
evaluación del desempeño.
73. Por tanto, la Sala concluye que este precedente es una regla aplicable al
13
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caso concreto en examen, en la medida en que la accionante es una servidora
del orden nacional, cobijado por el régimen de transición en cuestión y, a pesar
de que obtuvo durante un período un puntaje inferior al 90% en la evaluación del
desempeño, logró demostrar que entre el período comprendido a partir del 1° de
marzo de 2005 hasta el 31 de enero de 2021, obtuvo nuevamente un puntaje
superior a los 90 puntos requeridos para acceder al mentado beneficio.
2.7.2. Sentencia del 22 de marzo de 2012, Sección Segunda – Subsección
“B” del Consejo de Estado16
74. En esta sentencia se resolvió un recurso de apelación al interior de
proceso de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que
la accionante era una funcionaria del orden nacional, vinculada al Ministerio de
Interior y de Justicia por medio de carrera administrativa.
75. En dicho proceso, la demandante alegó que a pesar de haber cumplido
con los requisitos establecidos por las normas que regulan la aplicación del
régimen de prima técnica por evaluación del desempeño, la entidad en la cual se
desempeñaba laboralmente le negó el reconocimiento y pago de tal beneficio.
Por lo anterior, interpuso la acción en cuestión y solicitó que se declarara la
nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se había negado la
prima técnica y que, en consecuencia de ello, se le otorgara el reconocimiento y
pago de dicho beneficio.
76. En aquella providencia, se consideró que cualquier funcionario público del
orden nacional, sin importar el nivel del cargo ocupado, estaba cobijado por el
régimen de transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, siempre
y cuando cumpliera con los siguientes requisitos:
i. que tuvieran derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de
desempeño bajo el régimen del Decreto 1661 de 1991, esto es, que hubieren
laborado para la respectiva entidad en la vigencia de la normativa mencionada y
que, desde luego, cumplieran los requisitos legales exigidos por la misma;
ii. que hubieran reclamado la prima técnica antes o después de la entrada en
vigencia del Decreto 1724 de 1997, siempre que tuvieren derecho a la prima
mencionada en vigencia del Decreto 1661 de 1991;
iii. que la entidad demandada injustificadamente hubiera guardado silencio frente
a la petición o, se entiende, hubiera resuelto la misma en forma negativa.
77. A su vez, reiteró en términos idénticos la ratio de la sentencia del 1º de
marzo de 2012, analizada con antelación, y concluyó que a pesar de que el
interesado hubiera obtenido durante un período un porcentaje inferior al 90%
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”.
16
Sentencia del 22 de marzo de 2012. Rad. 25000-23-25-000-2008-00276-01(2259-10)
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exigido, tiene derecho a que se le reconozca nuevamente la prima técnica para
las anualidades subsiguientes en las que logre demostrar que su calificación
superó el puntaje requerido; lo anterior, toda vez que se trata de un derecho que
se causa anualmente en razón a la misma periodicidad propia de su esencia y,
por tanto, no puede perderse definitivamente por una calificación anual
insuficiente.
78. Por tanto, por idénticas razones a las expuestas en los numerales 69, 70,
71 y 72 de la presente providencia, la Sala concluye que este precedente también
constituye una regla de derecho aplicable al caso concreto en examen.
2.7.3 Sentencia del 21 de enero del 2016 de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado17
79. En esta sentencia se resolvió recurso de apelación al interior de proceso
de medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que la
demandante era una funcionaria del orden nacional, vinculada al Ministerio de
Educación por medio de carrera administrativa.
80. En dicho proceso, la demandante alegó que, a pesar de haber cumplido
con los requisitos establecidos por las normas que regulan la aplicación del
régimen de prima técnica por evaluación del desempeño, la Secretaría de
Educación y Cultura del departamento del Tolima le negó el reconocimiento y
pago de tal beneficio. Por lo anterior, interpuso la acción en cuestión y solicitó
que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del cual se había
negado la prima técnica y que, en consecuencia, se le otorgara el reconocimiento
y pago de dicho beneficio.
81. En relación con la aplicación del régimen de transición previsto por el
artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, en esta providencia se reiteró lo señalado
por el Consejo de Estado en la sentencia del 22 de marzo de 2012, analizada
previamente, y se concluyó que los servidores públicos de niveles distintos al
directivo, asesor, ejecutivo o sus equivalentes tienen derecho al reconocimiento
de la prima técnica por evaluación del desempeño, aún en vigencia del Decreto
1724 de 1997, siempre que bajo las reglas establecidas por el régimen anterior,
esto es, el del Decreto 1661 de 1991, hubieren tenido derecho a la citada
prestación.
82. A su vez, reiteró el precedente establecido por la sentencia del 1 de marzo
de 2012 analizada previamente, y concluyó que a pesar de que un servidor
público, cobijado por el régimen de transición en cuestión, hubiera obtenido
durante un período un porcentaje inferior al 90% exigido, ello no implica que el
interesado no pueda seguir disfrutando posteriormente de la prima técnica por
evaluación de desempeño.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección
“B”, Sentencia del 21 de enero de 2016. Rad. 73001-23-33-000-2014-00136-01.
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83. Lo anterior, en la medida en que cuenta con el derecho a que se le
reconozca la mentada prestación en las anualidades posteriores en las que
demuestre que su calificación superó el puntaje requerido; lo anterior, toda vez
que se trata de un derecho que se causa anualmente en razón a la misma
periodicidad propia de su esencia y, por tanto, no puede perderse definitivamente
por una calificación anual insuficiente.
84. A continuación, se trae a colación lo señalado expresamente por la
Sección Segunda – Subsección “B” del Consejo de Estado:
(…) la Sala no pasa por alto que para el año 1998 la accionante obtuvo una
calificación inferior al 90% exigido por los Decretos 1661 y 2164 de 1991 para el
reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño. Empero, dicha
circunstancia como lo ha sostenido esta misma Corporación en anteriores
ocasiones no constituye óbice para que el interesado pueda seguir disfrutando de
la prima técnica, siempre que en los períodos subsiguientes alcance la calificación
exigida.
En efecto, la naturaleza periódica de la prima técnica por evaluación del
desempeño se traduce en su causación anual, esto es, siempre que el solicitante
cuente con una calificación de servicio igual o superior al 90%. Bajo este supuesto,
el hecho de que el beneficiario de la prima técnica por evaluación de desempeño
no obtenga, respecto de una anualidad en concreto, una calificación de servicio
igual o superior al 90% no conlleva, per se, la pérdida definitiva y a futuro del
derecho a percibir el referido incentivo técnico.
85. A su vez, se concluye que en esta providencia se configuró un precedente
jurisprudencial, de acuerdo con el cual, los servidores del orden nacional
cobijados por dicho régimen y que hayan obtenido durante algún período una
calificación en la evaluación del desempeño inferior al 90%, tienen derecho a que
se les reconozca nuevamente la prima técnica correspondiente para las
anualidades subsiguientes en las que se logre demostrar que superaron el
puntaje requerido.
86. No obstante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló en el
informe que su providencia se fundamentó en la sentencia del 22 de junio de
2023 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Por
ende, la Sala considera pertinente realizar un análisis para determinar si dicha
providencia resulta aplicable al caso en concreto o si, por el contrario, no debía
tomarse en consideración por el juez de segunda instancia.
2.7.4. Sentencia del 22 de junio de 2023 de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado18
87. En esta sentencia se resolvió un recurso de apelación al interior del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que la demandante era
18
Radicación No. 05001-23-33-000-2016-02248-00/01.
16
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-05336-00
una funcionaria del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, vinculada por
medio de carrera administrativa en el cargo de inspector de trabajo cuyo nivel es
profesional.
88. En el proceso, la demandante alegó que le fue rechazado el
reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de desempeño. Por lo
anterior, solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo por medio del
cual se había negado la prestación social, con fundamento en que su cargo había
quedado excluido de tal beneficio.
89. Ahora bien, en esta providencia se señaló que con ocasión del artículo 3
del Decreto 1661 de 1991, se determinó los niveles a los cuales se les podía
reconocer la prima técnica, así:
ARTICULO 3o. NIVELES EN LOS CUALES SE OTORGA PRIMA
TÉCNICA. Artículo modificado por el Decreto 1724 de 1997. Para tener
derecho al disfrute de Prima Técnica con base en los requisitos de que trata
el literal a) del artículo anterior, se requiere estar desempeñando un cargo
en los niveles profesional, ejecutivo, asesor o directivo. La Prima Técnica
con base en la evaluación del desempeño podrá asignarse en todos los
niveles.
PARAGRAFO. En ningún caso podrá un funcionario o empleado disfrutar de
más de una Prima Técnica. (Negilla fuera de texto)
90. Asimismo, refirió que el artículo 7 del Decreto 2164 de 1991 le confirió
facultades al jefe de la entidad para establecer, según las necesidades del
servicio y la disponibilidad presupuestal, los empleos susceptibles del
mencionado reconocimiento.
91. Puso de presente que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social expidió
la Resolución No. 003789 del 28 de noviembre de 1995 en la que dispuso los
criterios de asignación de la prima técnica para los niveles directivos, de asesor
y ejecutivos.
92. En ese orden, la controversia jurídica se centró en determinar si la
demandante cumplía con los requisitos para obtener el reconocimiento y pago de
la prima técnica después de haberla perdido por haber obtenido una calificación
menor al 90%.
93. En ese sentido, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, al analizar el caso en concreto, determinó lo siguiente:
Al haber perdido la demandante el derecho a continuar beneficiándose de la
prima técnica por evaluación en el desempeño a la cual accedió por encontrarse
en el régimen de transición, se hace imposible acceder a que la entidad
demandada le realice el pago a partir del 1 de marzo de 1999 y hasta la fecha en
17
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que se retiró de la entidad (31 de enero de 2015), conforme se pretende en la
demanda, toda vez que, con ocasión a la expedición del Decreto 1724 de 1997
se limitó el derecho para quienes se encontraban nombrados en los niveles
“directivo, asesor o ejecutivo”, excluyendo del mismo al nivel profesional, al cual
pertenecía la demandante, por lo que mal haría acceder a dicho reconocimiento,
cuando no se cumplen los presupuestos vigentes en su momento para acceder
a ello.
Más aún, se estableció que para el momento en que la demandante realizó la
solicitud de reconocimiento de la prima técnica (10 de febrero de 2016), estaba
vigente el Decreto 2177 de 2006 y la Resolución 005670 del 15 de diciembre de
2011 expedida por el Ministerio del Trabajo, normatividad que no incluyó a los
empleos del nivel profesional, como el cargo de Inspector de Trabajo ejercido por
la demandante, como beneficiarios de la prima técnica pretendida en este caso,
por lo que hace imposible que se acceda al reconocimiento deprecado, como en
forma errada y sin sustento lo consideró el a quo en la sentencia objeto de
censura
94. Así las cosas, la Sala evidencia que los supuestos fácticos y el problema
jurídico estudiado en la providencia referida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca son diferentes al de la parte actora del presente mecanismo
constitucional.
95. Esto, en razón a que la litis del presente proceso se circunscribe a
determinar si el haber obtenido durante algún período una calificación en la
evaluación del desempeño inferior al 90% hace que el interesado pierda el
derecho a que se le reconozca nuevamente la prima técnica correspondiente
para las anualidades subsiguientes en las que se logre demostrar que superó el
puntaje requerido y cumple los requisitos vigentes para tal fin.
96. Por el contrario, la controversia jurídica de la sentencia Sentencia del 22
de junio de 2023 consistió en determinar si la demandante cumplía con los
requisitos vigentes para acceder a dicha prestación social despues de haberla
perdido por obtener una calificación inferior al 90%.
97. Razón por la cual, el análisis jurídico consistió en la revisión de la
normatividad interna de la entidad a la cual se encontraba adscrita la
demandante, y no en la interpretación normativa del artículo 8 del Decreto 1661
de 1991 como sucede el presente caso.
98. Por lo anterior, se advierte que el precedente judicial en el que basó la
sentencia reprochada mediante la presente acción de tutela, no resultaba
aplicable al caso en concreto, pues se insiste en que las circunstancias fácticas
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y jurídicas no son idénticas o similares al caso objeto de estudio en la providencia
demandada.
2.8. Conclusión
99. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que existe un criterio
jurisprudencial, en asuntos de naturaleza semejante al caso actualmente
examinado, que ha sido mantenida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencias estudiadas con antelación y que no fue aplicado por la
autoridad judicial accionada.
100. Por lo tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D desconoció el precedente jurisprudencial configurado
por el máximo órgano de lo contencioso administrativo.
101. Asimismo, la Sala advierte que, además de un desconocimiento del
precedente, hubo una aplicación no sistemática del artículo 4 del Decreto 1724
de 1997 y una inaplicación integral del artículo 8 del Decreto 1661 de 1991, por
lo que se configura también un defecto sustantivo.
102. Finalmente, se pone de presente que en anteriores oportunidades, esta
Sala de Decisión ha optado por amparar los deferechos fundamentales de
quienes se ecuentran en similitud fáctica y juridica frente al presente asunto
objeto de estudio.19
103. Por lo anterior, se ampararán los derechos fundamentales al debido
proeso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad reclamados por
la accionante, toda vez que la Sala considera que se cuenta con los elementos
suficientes para la configuración del defecto de desconocimiento del precedente
y defecto sustativo.
104. En consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D proferida el
22 de agosto de 2024, y se ordenará a dcha autoridad proferir una nueva
providencia acogiendo el criterio fijado por la jurisprudencia establecida por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional en las sentencias analizadas en la
parte motiva del presente fallo y aplicando integralmente el artículo 8 del Decreto
1661 de 1991.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
Consejo de Estado – Sección Quinta. Sentencias del 2 de marzo de 2023 con radicación No.
19
11001-03-15-000-2022-05645-00/01 y del 27 de mayo de 2021 con radicación No. 11001-03-15-
000-2021-01758-00.
19
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III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la señora Isabel Cristina
Sánchez García, por configuración de desconocimiento de precedente y defecto
sustantivo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DEJAR sin efectos la providencia del 22 de agosto de 2024,
proferida por la Sección Segunda – Subsección “D” del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. En su lugar, emítase una providencia de reemplazo dentro de
los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, conforme a los
parámetros señalados en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad
con lo establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Salva voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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