Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02030-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02030-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02030-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
12 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02030-00
Demandante: Ministerio de Educación
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-02030-00
Demandante MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN D Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y por
decisión sin motivación. Medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Prima técnica por evaluación del desempeño.
Cumplimiento a fallo de tutela. Requisitos de procedencia de tutela
contra providencia judicial: la relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir, en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por el Ministerio de Educación, quien actúa a través de apoderado
judicial, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 7 de abril de 20251, el Ministerio de Educación, actuando a través de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y el Juzgado Diecisiete
Administrativo de Bogotá, por estimar vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Se solicita se TUTELEN y AMPAREN los derechos fundamentales (Debido proceso, principio
de legalidad, principio de seguridad jurídica) de la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, vulnerado a la luz del defecto sustantivo por indebida adecuación normativa,
desconocimiento del precedente vinculante y obligatorio y vulneración directa al contenido
constitucional conforme a la Constitución Política de 1991.
Se solicita se deje sin efectos la sentencia judicial de reemplazo proferida el 05/12/2024 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso 11001-33-35-017-2022-
00176-01 en cumplimiento del fallo de tutela de 31 de octubre de 2024, proferido por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en la acción de tutela No. 2023-05336, mediante la cual dejó
sin efectos la sentencia de 22 de agosto de 2024».
2. Hechos
De la revisión del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Isabel Cristina Sánchez García se vinculó en carrera administrativa
con el Ministerio de Educación Nacional desde el año 1994, en el empleo de
Profesional Especializado, Grado 16.
1
Escrito de tutela radicado en el correo de tutelas en línea.
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Demandante: Ministerio de Educación
2.2. Mediante la resolución nro. 1914 del 17 de agosto de 1999 la entidad
accionante reconoció a la actora la prima técnica por evaluación del
desempeño, previo el cumplimiento de los requisitos.
2.3. Por el periodo comprendido entre el 1º de marzo de 1998 al 28 de febrero de
1999, la señora Isabel Cristina Sánchez García obtuvo un porcentaje de 846
puntos por evaluación del desempeño, lo que generó la pérdida del pago de la
prima técnica que venía desempeñando por ese concepto.
Durante los años sucesivos hasta el 28 de febrero de 2005, la mencionada
señora obtuvo porcentajes de evaluación inferiores a 900 puntos y, a partir del
1º de febrero de 2005 hasta la última calificación de servicios efectuada por el
lapso comprendido entre el 1º de febrero de 2021 hasta el 31 de enero de
2022, tuvo puntajes de calificación superiores a 900 puntos.
2.4. La señora Isabel Cristina Sánchez García solicitó al Ministerio de Educación
nuevamente se ordenara el reconocimiento y pago de la prima técnica por
haber acreditado los últimos periodos porcentajes superiores al 90%, lo que
se negó por parte del ministerio en oficio del 10 de octubre de 2006.
La administración manifestó a la servidora pública que había perdido dicho
reconocimiento a partir de la evaluación de desempeño por el periodo de
marzo de 1998 a febrero de 1999 en el que había obtenido un puntaje inferior
a 900 puntos, y que no existía norma que expresara que la mencionada prima
se recobraría por obtener posteriormente el puntaje adecuado.
La actora continuó pidiendo se reconociera y ordenara pagar la prima técnica
en varios escritos, siendo el último de ellos el 26 de octubre de 2021, cuya
respuesta fue el 18 de noviembre de 2021, en el sentido de negar tal petición.
2.5. Lo anterior llevó a la señora Isabel Cristina Sánchez García a demandar en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho al
Ministerio de Educación con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos por los que se negó en varias oportunidades el reconocimiento
y pago de la prima técnica por evaluación del desempeño, al haber acreditado
puntajes superiores el 90% y, en consecuencia, pidió se ordenara el
reconocimiento a su favor de tal prestación desde el 1º de marzo de 2005.
2.6. El Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá, autoridad judicial que conoció
el proceso en primera instancia (expediente Nro. 11001-33-35-017-2022-00176-00),
mediante sentencia del 20 de septiembre de 2023 accedió a las pretensiones
de la demanda.
Indicó que, si bien para el año comprendido entre 1998 y 1999 la demandante
había obtenido una calificación inferior al 90% exigido por los Decretos 1661 y
2164 de 1991, tal circunstancia no impedía que pudiera seguir disfrutando de
la prima técnica siempre que en los periodos subsiguientes alcanzara la
calificación exigida.
Precisó que, de hecho la naturaleza de la prima técnica por evaluación del
desempeño tenía una causación anual, siempre que el solicitante contara con
una calificación de servicio igual o superior a 90%, de manera que el hecho de
que el beneficiario no obtuviera por un periodo determinado tal puntaje, no
conllevaba por sí misma la pérdida definitiva y a futuro del derecho a percibir
el referido incentivo técnico.
2.7. El Ministerio de Educación, en su calidad de parte demandada, apeló la
decisión.
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Demandante: Ministerio de Educación
Conoció en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D que, en sentencia del 22 de agosto de 2024
(notificado por correo electrónico el 29 de agosto de 2024), revocó la decisión del
juzgado y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.
Consideró que si bien la prima técnica por evaluación del desempeño era una
prestación de causación anual, lo cierto era que, con la expedición del decreto
1724 de 1997, se habían limitado los cargos a los que se reconocería esta
prima, dentro de los que estaba el nivel profesional que ostentaba la
demandante, por lo que, al haber perdido el derecho a continuar
beneficiándose de la prima técnica por evaluación del desempeño a la que
había accedido por estar en el régimen de transición, no era posible que se
accediera al pago pretendido a partir del 1º de marzo de 2005 como lo
solicitaba en la demanda.
2.8. La señora Isabel Cristina Sánchez García presentó acción de tutela en contra
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
Como consecuencia de lo anterior, pidió se dejara sin efectos la decisión del
22 de agosto de 2024 proferida por dicha autoridad judicial, pues a su juicio,
se había incurrido en defecto por desconocimiento del precedente
jurisprudencial, sustantivo y por violación directa de la Constitución Política.
2.9. El Consejo de Estado, Sección Quinta, conoció del asunto en primera instancia
(expediente Nro. 11001-03-15-000-2024-05336-00) que, en providencia del 31 de
octubre de 2024 (notificado por correo electrónico el 5 de noviembre de 2024) , amparó
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a la igualdad, dejó sin efectos la sentencia del 22 de agosto de
2024 y, dispuso la emisión de una nueva decisión2.
El amparo constitucional tuvo como fundamento el desconocimiento de
precedentes jurisprudenciales de la Sección Segunda del Consejo,
concretamente la sentencia del 1º de marzo de 2012 proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado3, en la que se estudió un caso
análogo al de la actora y se había determinado que existía un parámetro según
el cual, los servidores del orden nacional cobijados por el régimen de transición
previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997 y que hubieran obtenido
durante algún periodo una calificación en la evaluación del desempeño inferior
al 90%, tenían derecho a que se les reconociera nuevamente la prima técnica
correspondiente, para las anualidades siguientes en las que se lograra
demostrar que había superado el puntaje requerido.
Citó además otros precedentes de la Sección Segunda de esta Corporación
para evidenciar el desconocimiento del precedente alegado por la accionante.
En concreto, citó la sentencia de la Subsección B del 22 de marzo de 2012 4,
decisión que consideró que cualquier funcionario público del orden nacional,
sin importar el nivel del cargo ocupado, estaba cobijado por el régimen de
transición previsto en el artículo 4 del Decreto 1724 de 1997, siempre que
tuviera los requisitos para su reconocimiento conforme con el Decreto 1661 de
1991, que hubiera reclamado el derecho y que la entidad hubiera guardado
silencio.
2
La decisión contó con un salvamento de voto, en el que se indicó que la decisión cuestionada había determinado que con
ocasión de la expedición del Decreto 1724 de 997, la actora no estaba cobijada por el régimen de transición de la
mencionada norma y que por esa razón negó las pretensiones de la demanda, de manera que, no había desconocimiento
del precedente de la prima técnica por calificación del servicio.
3
Sentencia con la radicación Nro. 25000-23-25-000-2008-00366-01 (0371-10). M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
4
Expediente 25000-23-25-000-2008-00276-01.
3
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También la sentencia del 21 de enero de 20165, de la Subsección B en la que
se reiteró en síntesis, lo indicado en la sentencia citada en precedencia y, la
sentencia del 22 de junio de 2023 de la misma subsección en la que se abordó
el tema de los niveles a los que se podía reconocer la prima técnica.
La anterior decisión no fue impugnada.
2.10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
en cumplimiento a la orden de tutela, profirió sentencia de reemplazo el 5 de
diciembre de 2024 (notificado por correo electrónico el 10 de diciembre de 2024) , en la
que confirmó la decisión del juzgado en primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda.
En cumplimiento a la orden de tutela del 31 de octubre de 2024, el tribunal
analizó nuevamente el caso de la señora Isabel Cristina Sánchez García y dijo
que, de acuerdo con las consideraciones hechas en la sentencia de tutela por
parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se concluía lo siguiente:
«Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y la orden dada por el H. Consejo de
Estado en el citado fallo, y dado que la accionante obtuvo calificaciones superiores al 90% en
varios periodos, específicamente del 1° de marzo de 2005 al 31 de enero de 2021, la
demandante tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de
desempeño. Adicionalmente, aunque también tuvo calificaciones superiores al 90% antes de
2005, las pretensiones están encaminadas al reconocimiento de la prima técnica a partir de
dicha fecha. Por lo tanto, se confirmará la sentencia apelada que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, y condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar la prima
correspondiente a los años 2018 a 2021, por prescripción extintiva de los valores causados
antes de 2018».
3. Fundamentos de la acción
El Ministerio de Educación considera que al proferir las sentencias del 20 de
septiembre de 2023 y del 5 de diciembre de 2024, el Juzgado Diecisiete
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, incurrieron en los defectos sustantivo y por decisión sin
motivación.
3.1. Defecto sustantivo. Señaló que el juzgado consideró que la prima técnica
reconocida a la demandante constituía factor salarial computable en el ingreso
base de liquidación de la prestación pensional que eventualmente devengara
la señora Sánchez García, lo que era contrario a las normas sustanciales, pues
no existe disposición que determinara que la prima técnica por evaluación del
desempeño hiciera parte integral de los valores reconocidos como salario para
los que fueran acreedores de ésta.
De otra parte, sostuvo que el tribunal en el fallo de segunda instancia por el
que dio cumplimiento a la orden de tutela, omitió el análisis referente al
carácter de factor salarial dado a la prima técnica ya que acuerdo con la
definición dada en el Decreto 2164 de 1991, no tenía tal carácter.
Expuso un caso adelantado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
con radicado nro. 11001-33-35-029-2022-00221-00, en el que se reconoció la
prima técnica a la parte demandante, sin que constituyera factor salarial y,
concluyó que omitir la aplicación de normas sustanciales y hacer
interpretaciones en contra de las leyes en relación con el carácter salarial de
la prima técnica por evaluación del desempeño, constituía una violación al
debido proceso del Ministerio de Educación.
5
Expediente 73001-23-33-000-2014-001366-01.
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Sostuvo que si bien la tutelante expuso algunos precedentes jurisprudenciales
al juez de tutela, dicha autoridad consideró que 3 de ellos eran aplicables al
caso y que, teniendo en cuenta que la orden de tutela dada por el Consejo de
Estado fue la de emitir una nueva sentencia que acogiera el criterio fijado por
el precedente jurisprudencial, más allá de si procedía o no el reconocimiento
de la prima técnica, debió analizarse si el precedente era uniforme frente al
reconocimiento del factor salarial de dicha prima.
En ese sentido, indicó que revisados los precedentes respectivos, el criterio
no era unánime respecto de si la prima técnica por evaluación del desempeño
era o no factor salarial, de manera que el estudio del tribunal al momento de
dar cumplimiento al fallo era incompleto al no haber hecho un análisis de fondo
al respecto.
3.2. Defecto por decisión sin motivación. En congruencia con lo anterior, estimó
el ministerio que el tribunal al confirmar íntegramente la sentencia de primera
instancia, incurrió en una falta de motivación de la decisión judicial, al haberse
limitado a escudarse en el cumplimiento a una orden de tutela, omitiendo
valorar los elementos del precedente jurisprudencial, no solo en lo relacionado
con la prima técnica, sino en cuanto a su naturaleza como factor salarial.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 11 de abril de 2025, el magistrado ponente admitió la acción de
tutela, dispuso vincular a la parte accionante y accionadas y, como terceros
con interés vinculó a la señora Isabel Cristina Sánchez García, parte
demandante en el proceso ordinario, al Ministerio Público y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes participaron en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, manifestó que en efecto, en la providencia cuestionada no se
determinó si la mencionada prima constituía factor salarial computable para
efectos del ingreso base de liquidación de la prestación pensional que
eventualmente percibiera la demandante, en la medida que el recurso de
apelación presentado por la parte demandada en el medio de control
respectivo, se había centrado exclusivamente en alegar que la señora Sánchez
García había perdido el derecho a la prima técnica por no haber cumplido con
los requisitos de desempeño establecidos en la norma vigente, lo que a su
juicio, impedía su reconocimiento en periodos posteriores. En este sentido, dijo
que las razones que se exponían en el escrito de tutela constituían un nuevo
argumento de censura que no había sido objeto de planteamiento en el recurso
de apelación del proceso ordinario, de modo que pronunciarse frente a ellos
desconoce el derecho al debido proceso de las partes, razón por la que pidió
se declarara improcedente el amparo.
4.3. La señora Isabel Cristina Sánchez García, sostuvo que, no era procedente
la interposición de una acción de tutela contra un fallo emitido en cumplimiento
de una orden de tutela, con fundamento en la línea jurisprudencial trazada en
la sentencia SU-627 de 2015, proferida por la Corte Constitucional Agregó que
la presente acción era improcedente también al no haberse agotado los
recursos que procedían contra la decisión de tutela, concretamente no haber
impugnado la sentencia de tutela de primera instancia del 31 de octubre de
2024, argumento adicional para declarar improcedente la presente acción.
4.4. El Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá6, el Ministerio Público y
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no se pronunciaron
en esta oportunidad.
6
Allegó el link del expediente ordinario.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria de otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor
rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
Si bien en los fundamentos de la acción el Ministerio de Educación menciona cargos
contra la decisión del Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá y contra el fallo
emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, el análisis que corresponda se centrará en la decisión de cierre
emitida por el tribunal, pues contra la sentencia de primera instancia la parte actora
tuvo la posibilidad de presentar recurso de apelación, como en efecto ocurrió.
Establecido lo anterior, de acuerdo con los antecedentes del caso, teniendo en
cuenta que se trata de una tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala
determinar si se cumple con el requisito de procedencia de la relevancia
constitucional.
De resultar acreditado el mencionado requisito de procedencia, la Sala entrará a
analizar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, en la providencia emitida el 5 de diciembre de 2024 en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho (expediente Nro. 11001-33-35-017-2022-
00176-00/01), incurrió en los defectos sustantivo y por decisión sin motivación en los
términos propuestos por la entidad accionante.
7
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
8
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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4. Requisito de relevancia constitucional. Su alcance y análisis en el caso
particular
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional
en la sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
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persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de
importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al
juez natural9.
De esta forma, debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las
partes en relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural,
decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos fundamentales
como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo proceso, pues
la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar, modificar
los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que «es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.»10
4.2. En el caso propuesto, teniendo en cuenta los criterios expuestos expuesto, no
se satisface el requisito de la relevancia constitucional considerando que la
entidad pública tutelante acude a la acción de tutela de la referencia para
proponer argumentos nuevos no planteados al juez natural y porque la
discusión propuesta en la demanda de tutela no se refiere a las razones
fundamentales de la decisión cuestionada.
La providencia que aquí se cuestiona es la sentencia del 5 de diciembre de
2024, por la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D dio cumplimiento a la orden de tutela impartida en el
fallo del 31 de octubre de 2024, proferida por la Sección Quinta de esta
corporación en el expediente nro. 11001-03-15-000-2024-05336-00.
Tal circunstancia le imponía al Ministerio de Educación Nacional exponer los
argumentos que fundamentan los defectos alegados en esta instancia
constitucional, y que tuvieran relación directa con las razones de la sentencia
de reemplazo, dictada en cumplimiento al fallo de tutela referido, y que pasó a
ser la sentencia de segunda instancia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho nro. 11001-33-35-017-2022-00176-00/01.
No obstante, advierte la Sala que los fundamentos presentados por el
Ministerio de Educación contra la sentencia de reemplazo del 5 de diciembre
de 2024, no se dirigen a cuestionar la ratio de tal decisión, sino que exponen
argumentos nuevos relacionados con un aspecto que no fue objeto de
pronunciamiento por parte del juez constitucional y que, por tanto, no era
objeto de pronunciamiento en la decisión que se cuestiona y es, el relacionado
con el carácter salarial y la implicación prestacional que tendría la prima
técnica por evaluación del desempeño reconocida en favor de la señora Isabel
Cristina Sánchez García.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
en la sentencia de reemplazo del 5 de diciembre de 2024, sostuvo:
«Es claro que la accionante cumple con el primer requisito previsto por los Decretos 1661 y
2164 de 1991 para el otorgamiento de la prima técnica, relativo a desempeñar el cargo en
propiedad, y de igual manera, con lo atinente a la exigencia de obtener un porcentaje
correspondiente al 90%, como mínimo, del total de puntos de cada una de las calificaciones
de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior. Dichos decretos tienen prevista la
9 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
10 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
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prima para el cargo que desempeña, el cual es Profesional Especializado 2028-16, y dicha
prima fue reglamentada mediante la Resolución 3528 del 16 de julio de 1993.
Por lo anterior, la Sala debe hacer referencia a la certificación emitida por el Coordinador
Grupo de Certificaciones del Ministerio de Educación Nacional, en la cual señaló las
calificaciones definitivas en las evaluaciones anuales del sistema de Evaluación del
Desempeño Laboral, a partir del 1° de marzo de 1997 hasta el 31 de enero de 2021.
[…]
La Sala debe aclarar, que el H. Consejo de Estado en la sentencia de tutela del 31 de octubre
del 2024, señaló que, de conformidad con la sentencia del 22 de marzo de 2012 y la sentencia
de 21 de enero de 2016, emitidas por esa misma Corporación, la prima técnica debe ser
reconocida a la demandante y no se puede perder de manera permanente, pese a que la
accionante hubiera obtenido un porcentaje inferior al 90% exigido para su reconocimiento
durante algunos periodos.
[…]
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y la orden dada por el H. Consejo de
Estado en el citado fallo, y dado que la accionante obtuvo calificaciones superiores al 90% en
varios periodos, específicamente del 1° de marzo de 2005 al 31 de enero de 2021, la
demandante tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de
desempeño. Adicionalmente, aunque también tuvo calificaciones superiores al 90% antes de
2005, las pretensiones están encaminadas al reconocimiento de la prima técnica a partir de
dicha fecha.
Por lo tanto, se confirmará la sentencia apelada que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, y condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar la prima
correspondiente a los años 2018 a 2021, por prescripción extintiva de los valores causados
antes de 2018».
4.3. De este modo, para la Sala los cargos propuestos por el ministerio accionante
que sustentan los defectos sustantivo y por decisión sin motivación, contra la
sentencia de reemplazo proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, no guardan relación con los
aspectos abordados por la autoridad judicial accionada y que, tuvieron que ver
con el derecho a que la servidora Isabel Cristina Sánchez García percibiera la
prima técnica por evaluación del desempeño.
De manera que, el argumento según el cual, algunos de los precedentes
jurisprudenciales que sirvieron de soporte al amparo constitucional se
pronunciaron para definir si ese emolumento era o no factor salarial, no fue un
aspecto del que se ocupara la sentencia de reemplazo que se cuestiona en la
presente acción de tutela, la cual fue dictada en cumplimiento de lo ordenado
por la Sección Quinta de esta Corporación, en la que este aspecto no fue el
objeto de debate, pues el estudio en esa oportunidad estuvo dirigido al derecho
que le asistía a la señora Sánchez García al reconocimiento y consecuente
pago de la prima técnica por evaluación del desempeño. Por tanto, cualquier
inconformidad que pudo tener la autoridad tutelante frente a este punto, debió
ser propuesta por la vía del recurso de impugnación contra el fallo de tutela
proferido por la Sección Quinta de esta Corporación, lo que no sucedió.
Lo anterior denota que la entidad accionante está empleando la tutela para
adicionar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa.
Como se indicó previamente, el objeto de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales no es ni insistir en las inconformidades ya resueltas en
el proceso respectivo ni tampoco adicionar o completar los argumentos que
debieron exponerse ante el juez natural.
4.4. Precisado lo anterior, se recuerda que la acción de tutela contra providencias
judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores razones entre las
expuestas en la decisión atacada y la interpretación sostenida por el tutelante,
en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De ahí que la simple
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disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración de derechos
fundamentales.
De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.
En este orden de ideas, encuentra la Sala que no se cumple con el requisito
de relevancia constitucional, pues la parte accionante acude a este mecanismo
constitucional con el fin de exponer su inconformidad con la decisión judicial
cuestionada, que le resultó desfavorable; olvidando que el propósito de la
acción tutela no es prolongar la discusión que se presentó y se definió por el
juez natural, ni tampoco erigirse como una instancia adicional en la que se
puedan adicionar nuevos argumentos que no se pusieron en conocimiento del
juez natural.
4.5. Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En consecuencia, si los requisitos generales de procedibilidad no se cumplen,
no hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los presupuestos
generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente, proseguir al
segundo estadio de análisis consistente en determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos planteados por la parte tutelante.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela, por no cumplir a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente el de la relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el Ministerio de
Educación, por las razones expuestas en la motivación precedente.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
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Demandante: Ministerio de Educación
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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