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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05622-01

Acción de tutela por mora judicial: no se configuró porque la mora

Fecha
23 de mayo de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-05622-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Revocar la sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar: 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 3 de febrero de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-05605-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. 15 Radicación: 11001-03-15-000-2022-05622-01 Actor: Germán Hernando Trejo Narváez Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia SEGUNDO. Negar el amparo solicitado por el señor Germán Hernando Trejo Narváez, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-05622-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

23 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05622-01
Actor: GERMÁN HERNANDO TREJO NARVÁEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – No se configuró porque la mora
judicial se encuentra justificada.

Decide la Sala1 la impugnación contra la sentencia del 9 de marzo de 2023,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que resolvió:

1. Amparar el derecho al acceso a la administración de justicia del señor
Germán Hernando Trejo Narváez, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Ordenar al Tribunal Administrativo de Nariño que, en el término de cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a
sortear y posesionar al juez ad hoc de la lista de conjueces de esa Corporación,
para que asuma el conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho interpuesta por el señor Trejo Narváez.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 24 de octubre de 2022, el señor Germán Hernando Trejo Narváez interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, la Secretaría General
de esa misma Corporación y la Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura
de Nariño, porque consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido

1 Se advierte que, el 20 de abril de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-05622-01
Actor: Germán Hernando Trejo Narváez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición. Formuló la siguiente
pretensión:

Que sean tutelados los derechos fundamentales incoados en la presente tutela,
y me sea indicado qué Despacho se hará cargo de dar trámite al proceso de mi
prohijado.

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:

El señor Germán Hernando Trejo Narváez presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Fiscalía General de
la Nación, la cual le correspondió por reparto al Juzgado 7 Administrativo de Pasto,
proceso que se identificó con radicado 52001-33-33-007-2021-00001-00.

El 18 de junio de 2021, el juez titular del despacho se declaró impedido y remitió el
expediente al Tribunal Administrativo de Nariño. Una vez allí, se le asignó el
radicado 52001-23-33-000-2021-00272-00. El 25 de agosto siguiente fue aceptado
el impedimento y, mediante oficio 1987, se remitió el expediente digital a la
presidencia de la Corporación para que nombrara el respectivo juez ad hoc.

El 31 de agosto de 2022, el accionante solicitó al director seccional de Pasto y a la
Secretaría General del Tribunal Administrativo de Nariño que le informara «en qué
juzgado o tribunal se encontraba el proceso, a qué despacho lo remitió la
presidencia de la Corporación y si su número de radicado cambió». Como no obtuvo
ninguna respuesta, insistió el 14 de septiembre de esa misma anualidad. En esa
misma fecha, el secretario del Tribunal le indicó que el Consejo Superior de la
Judicatura había creado un juzgado temporal en Cali, al que le correspondería el
conocimiento de su proceso, pero que este no había solicitado los expedientes por
lo que se encontraban «a la espera de dicha solicitud para enviar dichos asuntos a
la ciudad de Cali».

Adicionalmente, el asistente administrativo de la Oficina Judicial de Pasto – Sección
Reparto, le indicó que el último reparto del expediente le correspondió al Despacho

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Actor: Germán Hernando Trejo Narváez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

01 del Tribunal Administrativo de Nariño y le informó el correo electrónico al cual se
podía comunicar.

El 15 de septiembre de 2022, solicitó nuevamente que le indicaran cuál autoridad
judicial tenía a su cargo el expediente. Expresó que es «evidente que el proceso se
encuentra en el Despacho del Tribunal 001 Administrativo de la ciudad de Pasto,
pero también es evidente que este Despacho no va a darle trámite a la demanda
incoada, toda vez que recurrió a la Presidencia de la Corporación buscando el
nombramiento de Juez Ad hoc».

Finalmente, indicó que el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali no iba a solicitar
el expediente porque ese no era el debido proceso y no tenía espacio para recibir
más procesos, de conformidad con lo manifestado por la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura de Nariño en el Oficio CSJNAO22-715.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 15 de noviembre de 2022, la magistrada sustanciadora del
proceso en primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se
notificara al Tribunal Administrativo de Nariño, a la Secretaría de esa misma
Corporación y a la Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño,
con el propósito de que rindieran informe.

2.2. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño indicó que no realizó el
nombramiento del juez ad hoc porque el Consejo Superior de la Judicatura,
mediante Acuerdo 11918 del 2 de febrero de 2022, creó un juzgado temporal en la
ciudad de Cali, que debería asumir el conocimiento de las demandas presentadas
por los empleados de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría General de la Nación, por asuntos relacionados con sus prestaciones
sociales, en el Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.

Expuso que esa Secretaría cuenta con 250 asuntos de esa naturaleza y no se ha
nombrado juez ad hoc porque «se espera que el juzgado temporal asuma el
conocimiento de dichos asuntos».

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Finalmente, señaló que para garantizar el acceso a la administración de justicia de
los empleados de la Rama Judicial es necesario que el Consejo Superior de la
Judicatura nombre un juez temporal en cada uno de los departamentos.

2.3. El señor Hernán David Enríquez, magistrado del Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño, precisó que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante
Acuerdo 11918 del 2 de febrero de 2022, creó un juzgado administrativo transitorio
en Cali, que tendría competencia para conocer de los procesos de los circuitos
administrativos de Buenaventura, Buga, Cartago, Pasto, Popayán y Cali, pero que
atendería de manera prioritaria los procesos de los circuitos administrativos de
Buenaventura, Cartago y Buga; y evacuados esos procedería a resolver los demás
procesos asignados.

El 7 de abril de 2022, a través de la circular CSJNAC22-5, solicitaron al Tribunal
Administrativo de Nariño la base de datos de los procesos radicados por
reclamaciones salariales y prestacionales contra la Rama judicial, en los que no
hubiere sido posible continuar con el trámite de conjuez. El 17 de mayo siguiente,
la Relatoría del Tribunal Administrativo de Nariño remitió la lista con los 174
procesos que se encontraban pendientes por designación de juez ad hoc.

El 28 de julio de 2022, solicitaron al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca información relacionada con la remisión de procesos producto del
acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura.

El 3 de agosto de 2022, la Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura del
Valle del Cauca informó que el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali, de
conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 11918 del Consejo Superior de la
Judicatura, «se encuentra conociendo de manera prioritaria los procesos de los
circuitos administrativos de Buenaventura, Cartago, Buga y Cali. Según el informe
rendido por la titular de ese Juzgado Administrativo Transitorio, con corte al
06.04.2022, había recibido un total de 941 procesos de los citados Circuitos».

Sostuvo que, con el fin de conocer sobre la ejecución de la medida y el desarrollo
de los procesos asignados, consideraron pertinente requerir a la juez transitoria

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Actor: Germán Hernando Trejo Narváez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

para que rindiera un informe sobre el avance y el cumplimiento de metas, que
permitirían estudiar la posibilidad de asignación de los procesos del Circuito Judicial
de Popayán y de Pasto.

El 23 de septiembre de 2022, mediante oficio CSJNA-708, informaron al presidente
del Consejo Superior de la Judicatura que no había sido posible dar cumplimiento
a lo establecido en el Acuerdo 11918 del 2 de febrero de 2022, pues la jueza
administrativa transitoria de Cali tenía como inventario final de procesos a su cargo
1063 expedientes de los cuales 891 eran activos y 172 en trámite posterior, de ahí
que no fuera posible solicitar los procesos provenientes de los circuitos
administrativos de Pasto y Popayán.

Por último, manifestó que, en esas condiciones, ha dado respuesta íntegra a las
peticiones de los apoderados judiciales de los diferentes procesos, respecto al
trámite impartido en cumplimiento del acuerdo de descongestión y, por tanto, se
encuentran «a espera del estudio que se realice para la asignación y posterior
remisión de procesos, situación que se comunicará debidamente».

2.4. Mediante auto del 16 de diciembre de 2022, el a quo ordenó vincular al presente
proceso al Juzgado Administrativo Transitorio de Cali, a la Presidencia del Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca y a la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura.

2.5. El jefe de la Oficina de Apoyo a los Juzgados Administrativos de Cali informó
que el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali estuvo vigente y en servicio hasta
el 30 de noviembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo
PCSJA22-12001 del 3 de octubre de 2022.

2.6. La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura indicó que a esa Corporación no le corresponde realizar
seguimiento a las diferentes solicitudes que presentan los usuarios ante los
despachos, ni tampoco resolver el impedimento propuesto por el Juez 7
Administrativo de Pasto, puesto que este fue resuelto por el Tribunal Administrativo
de Nariño, quien remitió el expediente a la Presidencia de esa Corporación con el

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Actor: Germán Hernando Trejo Narváez
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

fin de que nombraran juez ad hoc para que asumiera el conocimiento del proceso
del señor Trejo Narváez.

Sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura adoptó medidas transitorias para
resolver las reclamaciones salariales y prestacionales de la Rama Judicial en
diferentes ciudades, así: (i) Acuerdo 11764 de 2021, se creó a partir del 15 de marzo
y hasta el 10 de diciembre de 2021, un Juzgado Administrativo Transitorio en Cali
con competencia para conocer de los procesos que se encuentran en los circuitos
de Buenaventura, Buga, Cartago, Pasto, Popayán y Cali; (ii) Acuerdo 11918 de
2022, que creó a partir del 7 de febrero y hasta el 30 de noviembre de 2022 un
Juzgado Administrativo Transitorio en Cali para conocer de los procesos en los
circuitos judiciales anteriormente referenciados.

Expuso que, en caso de que el proceso del accionante obedezca a una reclamación
salarial y prestacional del régimen de la Rama Judicial, «posiblemente fue remitido
al Juzgado Administrativo Transitorio de Cali», por lo que el abogado del accionante
puede acercarse a esa sede judicial o a través del Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca para que indague sobre la remisión de su proceso.

Por último, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que, en su criterio, no tiene la facultad de intervenir en el nombramiento
de conjueces, ni tampoco le corresponde remitir los procesos a los juzgados
transitorios ni brindar el impulso procesal a los asuntos que son competencia de los
despachos judiciales.

3. Fallo impugnado

En sentencia del 9 de marzo de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor
Hernando Trejo Narváez y ordenó al Tribunal Administrativo de Nariño que sorteara
y posesionara un juez ad hoc de la lista de conjueces para que asumiera el
conocimiento de la demanda presentada por el accionante.

Como fundamento de su decisión, consideró que, a pesar de que a través del

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Acuerdo PCSJA22-12034 del 17 de enero de 2023 el Consejo Superior de la
Judicatura creó un Juzgado Administrativo Transitorio en Cali, con competencia
para conocer los procesos de los circuitos de Buenaventura, Cartago, Pasto,
Popayán y Cali, desde el 1º de febrero y hasta el 30 de abril de 2023, lo cierto es
que esa medida no permite garantizar el derecho de acceso a la administración de
justicia del demandante, pues:

• La Juez Administrativa Transitoria de Cali tenía a su cargo 891 expedientes
activos y 173 en trámite posterior, de ahí que no hubiera solicitado los
procesos de los circuitos de Pasto y Popayán.

• La meta para los juzgados administrativos transitorios era proferir 30 fallos y
150 autos al mes, por lo que resultaba razonable concluir que al momento en
que finalizó la medida (30 de noviembre de 2022) aún se mantenía un
número considerable de expedientes sin finalizar.

• Los antecedentes de la acción de tutela daban cuenta de que el término de
la medida (febrero a noviembre de 2022) no fue suficiente para que el
Juzgado Administrativo Transitorio de Cali llevara a término los expedientes
priorizados de los Circuitos de Buenaventura, Cartago, Buga y Cali.

• A pesar de que el Acuerdo PCSJA23-12034 no estableció la prelación en
razón al territorio para el conocimiento de los asuntos a cargo del Juez
Transitorio de Cali, el alto número de procesos pendientes por resolver y el
hecho de que no se hubieran solicitado los expedientes de los circuitos de
Pasto y Popayán, permite concluir que la alta carga del despacho transitorio
no será evacuada en el término de duración de la medida (febrero a abril de
2023).

Sostuvo que como había transcurrido un tiempo considerable sin que se le hubiese
asegurado el acceso a una justicia pronta y cumplida, pues el demandante no tenía
certeza de qué juez iba a asumir el conocimiento de la demanda que radicó el 18
de diciembre de 2020, y que la mora no era atribuible a la negligencia del Tribunal
Administrativo de Nariño, sino a la ineficiencia de las medidas de descongestión

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

creadas por el Consejo Superior de la Judicatura, la decisión que mejor garantizaba
los derechos fundamentales del señor Trejo Narváez consistía en ordenar la
continuación del trámite establecido en el Acuerdo 209 de 1997, para que la
Presidencia del Tribunal Administrativo de Nariño designara un juez ad hoc que
asumiera el conocimiento de la demanda por él presentada, pues ese trámite fue
suspendido con ocasión de la creación de los juzgados administrativos transitorios.

4. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la Presidencia del Tribunal Administrativo de
Nariño la impugnó, para lo cual argumentó que el 24 de febrero de 2023 enviaron
45 procesos de los circuitos de Pasto y Mocoa al Juzgado Administrativo Transitorio
de Cali, para lo de su competencia, entre ellos, el proceso con radicado
52001233300020210027200, en el que funge como demandante el señor Germán
Hernando Trejo Narváez. Todo esto, en cumplimiento del Acuerdo PCSJA23-12034
del 17 de enero de 2023, que dispuso la creación de un Juzgado Administrativo
Transitorio en Cali que conocería de los procesos relacionados con prestaciones de
los empleados pertenecientes a la Rama Judicial —y regímenes similares— de los
circuitos judiciales de Pasto y Mocoa, a partir del 2 de febrero de 2023.

Por lo anterior, solicitó que se revocara la orden impartida en la sentencia de primera
instancia, toda vez que el Tribunal Administrativo de Nariño perdió la competencia
para continuar con el trámite del asunto, con ocasión del Acuerdo PCSJA23-12034
de 2023, de ahí que, a su juicio, se configuró la carencia actual de objeto.

I. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 8 de febrero de 2022, proferido por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela.

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Para tal efecto, la Sala deberá establecer si el Tribunal Administrativo de Nariño
vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor
Germán Hernando Trejo Narváez, por la mora judicial en la designación del juez ad
hoc que debería conocer de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por el accionante.

2. De la vulneración de los derechos fundamentales por la mora judicial

Frente al tema, esta Sala reitera las consideraciones expuestas por la Sección
Cuarta de esta Corporación, la cual ha sido categórica en advertir que, dadas las
condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora
judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con
los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Hay, por ejemplo, condiciones
estructurales como la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica
en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten
decisiones oportunas2.

Textualmente, así lo ha expresado la Sección Cuarta3:

La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el
proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con
la congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los
funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón
principal por la que se incumplen los términos judiciales no obedece al actuar
de los funcionarios, sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama
Judicial.

Por lo tanto, en el evento en que haya una justificación que explique la tardanza
o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial
injustificada. Y en consecuencia, no se habrán vulnerado los derechos
fundamentales de quien acudió a la justicia4.

En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió

2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03-

15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-

15-000-2014-01444-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez.
4 Original de la cita: «Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013».

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desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora.

Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, para determinar si la autoridad
judicial demandada ha incurrido en una mora judicial injustificada, se debe verificar
i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta
de la autoridad judicial competente; iv) el análisis global de procedimiento; y iv) el
turno en el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 446 de 19985.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-333 de 20206,
precisó que se presenta una mora judicial injustificada, si (i) es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es
la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el presente caso, el accionante alega que las autoridades demandadas
vulneraron sus derechos fundamentales, por cuanto desde el año 2020 radicó una
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y, a la fecha de interposición de la acción de tutela, no tenía conocimiento de cuál
autoridad judicial tramitaría su proceso. Por lo anterior, solicitó que en amparo de
sus garantías fundamentales se le indicara «qué Despacho se hará cargo de dar
trámite al proceso».

A juicio de la Sala, en los casos en que se ejerce la acción de tutela para reclamar
la protección de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por la mora
judicial, más allá de establecer si para adoptar una decisión se ha observado cierto
plazo previsto en la ley, lo realmente importante es determinar si la tardanza alegada
se encuentra o no objetivamente justificada.

5 «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan

pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los
casos de sentencia anticipada o de prelación legal».
6 Sentencia del 20 de agosto de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Como ya se dijo, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial
injustificada se debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que rodean la
tardanza, tales como: la existencia de motivos razonables que justifiquen la demora,
la complejidad del asunto a resolver, la actitud de los interesados y la conducta de
los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el simple hecho de
sobrepasar los términos legales dispuestos para adoptar una decisión o realizar
alguna actuación no configura per se la mora judicial, ya que deben analizarse otras
circunstancias particulares.

El a quo consideró que en el presente asunto había lugar a amparar el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia del demandante, por cuanto
las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con la creación del
Juzgado Administrativo Transitorio en Cali no garantizaban los derechos
fundamentales del señor Trejo Narváez, dado que muchos de los expedientes que
tenía a su cargo estaban sin finalizar y que «difícilmente sería evacuada en el
término de duración de la medida (febrero a abril de 2023».

Por esas razones, sostuvo que, a pesar de que la mora no era atribuible a la
negligencia del Tribunal Administrativo de Nariño, sino a la ineficacia de las medidas
de descongestión del Consejo Superior de la Judicatura, era necesario impartir una
orden al Tribunal consistente en que continuara con la designación del trámite del
juez ad hoc, pues era la «decisión que mejor garantiza los derechos fundamentales
del señor Trejo Narváez».

De entrada, la Sala advierte que revocará la sentencia de primer grado y, en su
lugar, negará el amparo de los derechos fundamentales de la parte demandante por
las siguientes razones:

En el expediente quedó demostrado que el demandante presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho el 18 de diciembre de 2020 y, según acta de
reparto, su conocimiento correspondió al Juzgado 7 Administrativo de Pasto.

El 18 de junio de 2021, la juez titular de ese despacho se declaró impedida para
asumir el conocimiento del proceso y remitió el expediente al Tribunal Administrativo

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de Nariño para que decidiera el impedimento. Mediante auto del 25 de agosto de
2021, esta última autoridad judicial aceptó el impedimento y remitió el asunto a la
Presidencia de esa Corporación para que designara juez ad hoc.

Según el informe rendido por el Tribunal Administrativo de Nariño, el trámite de
designación de conjuez no siguió su curso por cuanto el Consejo Superior de la
Judicatura creó un Juzgado Administrativo Transitorio en Cali que asumiría el
conocimiento de las demandas que tuvieran que ver con prestaciones sociales y
salariales de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y entidades con
régimen similar, incluido el circuito judicial de Pasto.

Asimismo, la Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
informó que el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali estaba asumiendo el
conocimiento de los casos, de conformidad con la prioridad establecida en el
Acuerdo PCSJA22-11918 de 2022, esto es, Buenaventura, Cartago y Buga.

Acorde con lo anterior, para la Sala resulta claro que el Tribunal Administrativo de
Nariño no incurrió en mora judicial injustificada y, mucho menos, vulneró los
derechos fundamentales del señor Germán Hernando Trejo Narváez, pues realizó
todas las gestiones necesarias para realizar la designación del juez ad hoc que
asumiría el conocimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
pero, como se expuso con anterioridad, la creación del Juzgado Administrativo
Transitorio en Cali por parte del Consejo Superior de la Judicatura impidió que la
autoridad judicial demandada continuara con el trámite establecido en el Acuerdo
209 de 1997 del Consejo Superior de la Judicatura.

Ahora bien, el hecho de que el expediente del señor Trejo Narváez no hubiera sido
remitido en el año 2022 al juzgado transitorio, no implica por sí mismo la vulneración
de sus derechos fundamentales, pues, como quedó establecido en el numeral 4 del
artículo 3 del Acuerdo PCSJA22-119918 de 2022, ese juzgado atendería «de
manera prioritaria los procesos de los circuitos administrativos de Buenaventura,
Cartago y Buga; una vez los culmine, resolverá los demás procesos que le fueron
asignados», de ahí que solo hasta la terminación de los mismos, o su efectivo
trámite, el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali podría solicitar los procesos

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05622-01
Actor: Germán Hernando Trejo Narváez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

de los demás circuitos judiciales, esto es, Pasto, Popayán y Cali. Esta circunstancia,
en modo alguno, constituye una demora injustificada que deniegue el derecho de
acceso a la administración de justicia del demandante.

Adicionalmente, la Sala advierte que, de conformidad con lo manifestado por el
Tribunal Administrativo de Nariño en la impugnación, el proceso con radicado
52001-23-33-000-2021-00272-00, en el que obra como demandante el señor
Germán Hernando Trejo Narváez, fue remitido al Juzgado Administrativo Transitorio
de Cali, el 24 de febrero de 2023, con ocasión de lo dispuesto por el Acuerdo del
Consejo Superior de la Judicatura PCSJA-12034 del 17 de enero de 2023. Esta
información fue confirmada por la Sala de conformidad con los documentos
aportados en el memorial de impugnación y corroborada luego de consultar la
página web de consulta de procesos de la Rama Judicial, tal como se puede
observar:

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05622-01
Actor: Germán Hernando Trejo Narváez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Entonces, el Acuerdo PCSJA-12034 del 17 de enero de 2023, en su artículo 4,
numeral 3, dispuso la creación de un Juzgado Administrativo Transitorio en Cali
conformado por un juez, un sustanciador y un profesional universitario, que tendría
competencia para conocer de los procesos que se encuentran en los circuitos de
Buenaventura, Buga, Pasto, Popayán y Cali.

En ese mismo acto se dispuso que los juzgados transitorios tendrían una vigencia
a partir del «primero de febrero y hasta el treinta (30) de abril de 2023»; no obstante,
mediante Acuerdo PCSJA23-12055 del 31 de marzo de la presente anualidad
(artículo 1) se prorrogaron las medidas transitorias «hasta el 15 de diciembre de
2023» y expresamente en el artículo 8 se ordenó lo siguiente: «Prórroga de medida
en juzgados transitorios en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Prorrogar
la medida adoptada en el artículo 4 del Acuerdo PCSJA23-12034». Es decir, que a
diferencia de lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA22-119918 de 2022, en este no se
ordenó el trámite prioritario para ninguno de los circuitos que le correspondían.

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Actor: Germán Hernando Trejo Narváez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Lo anterior descarta lo considerado por el a quo, en el sentido de que la creación
del juzgado administrativo transitorio en Cali no garantizaba los derechos
fundamentales del demandante, por la alta congestión y el término de duración del
juzgado, pues, como se vio, la medida transitoria fue prorrogada hasta el 15 de
diciembre del presente año, ya no existe prioridad para evacuar los procesos de
ciertos circuitos judiciales y, además, el proceso ya fue remitido a la autoridad
judicial para que impartiera el trámite correspondiente.

Finalmente, conviene señalar que esta Sala, en reciente pronunciamiento7, al
resolver un caso de circunstancias fácticas similares concluyó que la solicitud de
amparo «resulta improcedente aún para alterar el turno de decisiones y obtener una
decisión judicial, sin considerar además que una medida de ese talante, implicaría,
de contera, la vulneración de los derechos constitucionales a la igualdad de los
demás sujetos cuyos procesos, que con fecha anterior de ingreso para fallo del
demandante, están a la espera de una decisión por parte de la autoridad judicial
accionada».

En conclusión, la Sala revocará la sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, porque la mora judicial se encuentra
justificada y, además, porque el proceso promovido por el señor Germán Hernando
Trejo Narváez ya fue repartido para su conocimiento al Juzgado 403 Administrativo
Transitorio de Cali, para lo de su competencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. Revocar la sentencia del 9 de marzo de 2023, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado. En su lugar:

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 3 de

febrero de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-05605-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05622-01
Actor: Germán Hernando Trejo Narváez
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

SEGUNDO. Negar el amparo solicitado por el señor Germán Hernando Trejo
Narváez, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

CUARTO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad
e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a
la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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