Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05605-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05605-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05605-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
3 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., tres (3) de febrero dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05605-00
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – NIEGA – Mora judicial justificada.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia
dentro del recurso de amparo constitucional formulado por Astrid Jhoana Malua
Toro, James Lenon Rodríguez Rosero, Fredy Ramiro Toro Silva y Boris Andrés
Lombana Salazar contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de
la Judicatura de Nariño, Tribunal Administrativo de Nariño y el “Juez temporal de
la ciudad de Cali”.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- Astrid Jhoana Malua Toro, James Lenon Rodríguez Rosero, Fredy Ramiro
Toro Silva y Boris Andrés Lombana Salazar interpusieron acción de tutela contra
la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño,
Tribunal Administrativo de Nariño y el “Juez temporal de la ciudad de Cali”, con
el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental acceso a la administración
de justicia. Consideran que tal prerrogativa fue vulnerada por las autoridades
judiciales accionadas al incurrir en mora judicial injustificada, por no admitir y
resolver la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2 que promovió la
señora Malua Toro junto con otros3 contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial. Concretamente se cuestiona que, a pesar
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de
reparto de la acción de tutela”.
2 Tramitada bajo el número de radicado: 52001-33-33-005-2019-00141-00.
3 María Fátima Oliveros Vela, Emilio David Estupiñan Fernández, Liliana del Carmen Melo Villota, Karol
Andrea López Villareal, James Lenon Rodriguez Rosero, Fredy Ramiro Toro Silva y Jesús Alberto Bastidas
Duarte.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05605-00
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de haberse aceptado el impedimento presentado por el juez administrativo al que
correspondió el proceso por reparto, a la fecha no se ha designado “un juez ad
hoc”, existiendo con ello, a su juicio, una mora judicial injustificada.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenida se
contraen a lo siguiente4:
<< PRIMERO. Ante la grave vulneración de nuestro derecho fundamental al
ACCESO A LA ADMINISTRATICIÓN DE JUSTICIA y demás conexos con los
anteriores consagrados en la Constitución Política, le solicito se sirva protegerlos
en sede de TUTELA.
SEGUNDO. En consecuencia, se ORDENE a los accionados remitan y asignen
de MANERA INMEDIATA el expediente con Radicado No. 520013333005-2019-
00141-00, ante el Juzgado Administrativo que corresponda, para que éste a su
vez, avoque su conocimiento e imparta trámite con PRELACIÓN, dada la
evidente mora judicial.
TERCERO. Se conminará a los accionados a fin de que informen a los accionante
y su apoderado a que juzgado fue asignado y remitido el referido expediente.
CUARTO. En caso de no existir Despacho Judicial o Juez Ad hoc, en el Distrito
Judicial de Pasto quien pueda conocer del asunto, ordénese la creación de un
Juzgado Administrativo Temporal en el Distrito Judicial de Pasto, para que se
asigne el conocimiento del asunto e imparta trámite con PRELACIÓN.
QUINTO: Que si las accionadas, o quien corresponde, incumpliere la orden
judicial, de conformidad con lo previsto por el Artículo 27 del Decreto 2591 de
1991, se realicen los requerimientos del caso y de persistir en la renuencia, se de
apertura al Incidente de Desacato y se imponga la pertinente sanción >>. (negrilla
del texto original).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección
invocada, de las pruebas allegadas al proceso y lo expuesto por la parte actora
se tiene, que5:
4.- El 26 de junio de 2019, Astrid Jhoana Malua Toro, James Lenon Rodríguez
Rosero, Fredy Ramiro Toro Silva y otros6, a través de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovieron demanda contenciosa administrativa contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la bonificación judicial consagrada en el Decreto 383
de 2013 y, por consiguiente, se decrete la nulidad de la Resolución No.
4 Folios 3 y 4 del escrito de tutela.
5 Folios 1 a 3 del escrito de tutela.
6 Ver nota al pie 3.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05605-00
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
DESAJPAR18-3545 del 28 de Mayo de 2018, en la que el Director Ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Pasto y Mocoa les negó el
reconocimiento y pago de dicho emolumento.
5.- El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo de
Pasto.
6.- El 29 de julio de 2019, los jueces administrativos del circuito de Pasto,
presentaron ante el Tribunal Administrativo de Nariño una declaración de
impedimento conjunto, en la que manifestaron estar impedidos para conocer el
asunto, por estar inmersos en la causal 1 del artículo 141 del C.G.P., al tener un
interés directo en las resultas del proceso7, debido a que las pretensiones
esgrimidas por los demandantes en su calidad de empleados de la Rama Judicial,
generaba para estos un interés sino directo, al menos indirecto, que afectaba su
imparcialidad al tratarse de derechos salariales aplicables a su condición de
funcionarios judiciales.
7.- Mediante auto de 9 de agosto de 20198, el Magistrado Paulo León España
Pantoja del Tribunal Administrativo de Nariño, declaró fundado el impedimento
propuesto por los jueces administrativos del circuito de Pasto y, en consecuencia,
remitió el expediente a la Presidencia del Tribunal, para que se designara un juez
ad hoc o conjuez, según correspondiera.
8.- Mediante el Acuerdo No. PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022, el
Consejo Superior de la Judicatura, creó unos cargos con carácter transitorio para
tribunales y juzgados a nivel nacional, concretamente, en el numeral 4 del artículo
3°, dispuso la creación de un juzgado administrativo transitorio en Cali, el cual
tendría competencia para conocer de los procesos que se encuentran en los
circuitos administrativos de Buenaventura, Buga, Cartago, Pasto, Popayán y Cali,
relacionados con las reclamaciones salariales y prestacionales contra la Rama
Judicial y entidades con régimen similar y que se encontraban a cargo de los
despachos transitorios que operaron en el 2021.
9.- El 9 de junio de 2022, la parte actora solicitó a la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño: (i) remitir el expediente digital completo; (ii) incluir las
piezas procesales de demanda, anexos, autos de impedimento, calificación de
los mismos, designación de conjueces y en su totalidad, todas las providencias
emitidas; (iii) informar el estado actual del proceso; (iv) indicar si el expediente ya
había sido remitido al juzgado especial creado en el Distrito Judicial de Cali o si
se encontraba programada alguna fecha para ello; (vi) informar la denominación
del juzgado en Cali, su nomenclatura y correo electrónico judicial.
7 Expediente digital, Expediente Rad. 52001-33-33-005-2019-00141-00. Declaración de impedimento
conjunto, fls. 65 y 66.
8 Expediente digital, Expediente Rad. 52001-33-33-005-2019-00141-00. Declaración de impedimento
conjunto, fls. 70 y 73.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05605-00
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.- En la misma fecha el Tribunal Administrativo de Nariño, informó a los
accionantes que “La última actuación auto que acepta impedimento de los jueces
Administrativos. Este asunto será enviado al Juez temporal de la ciudad de Cali.
Desconozco el nombre del Juez designado por el Tribunal Administrativo del
Valle. La entidad encargada del envió del asunto es el Consejo Seccional De la
Judicatura de Nariño consulte a la entidad la fecha de envío”9.
11.- En virtud de lo anterior, la parte actora señala que desde la radicación del
medio de control de nulidad y restablecimiento (26 de junio de 2019) a la fecha
de interposición de la acción de tutela (21 de octubre de 2022), han transcurrido
3 años, 3 meses y 24 días, sin que el asunto haya sido asignado a un despacho
judicial, por lo que considera que la dilación injustificada en el trámite de la
demanda vulnera su derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, pues ha transcurrido un periodo de tiempo considerable sin que se
imparta el trámite correspondiente y a la fecha ya han sido resueltos procesos
judiciales con pretensiones similares a las formuladas por los accionantes.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
12.- Mediante auto de 27 de octubre de 2022, el despacho admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a las autoridades demandadas y vinculó a María Fátima
Oliveros Vela, Emilio David Estupiñan Fernández, Liliana del Carmen Melo
Villota, Karol Andrea López Villareal y Jesús Alberto Bastidas Duarte, en calidad
de terceros interesados.
13.- Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo de Nariño para que remitiera,
en calidad de préstamo, el expediente identificado con el radicado número 52001-
33-33-005-2019-00141-00.
14.- Mediante auto de 23 de noviembre de 2022, el despacho ordenó vincular
en calidad de tercero interesado al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca.
(i) Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de
Administración Judicial de Nariño10
15.- El 3 de noviembre de 2022, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Nariño indicó que, mediante el Acuerdo No. PCSJA22-11918 del 2 de
febrero de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura creó, entre otros, un
juzgado administrativo transitorio en la ciudad de Cali, el cual a partir del 7 de
febrero y hasta el 6 de octubre de 2022, tendría competencia para conocer de los
9
Folio 3 del escrito de tutela.
10 Intervención contenida en 3 folios.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-05605-00
Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
procesos de los circuitos administrativos de Buenaventura, Buga, Cartago, Pasto,
Popayán y Cali, relacionados con reclamaciones salariales y prestacionales
contra la Rama Judicial. Además, precisó que en el mencionado acuerdo se
estableció que el despacho judicial atendería de manera prioritaria los procesos
de los circuitos administrativos de Buenaventura, Cartago y Buga; y culminados
estos, procedería a resolver los demás procesos asignados.
16.- Por lo anterior, señaló que mediante la Circular No. CSJNAC22-5 del 7 de
abril de 2022, solicitó al Tribunal Administrativo de Nariño una base de datos de
los procesos radicados por reclamaciones salariales y prestacionales contra la
Rama Judicial en los que no había sido posible continuar con el trámite de
designación de conjuez. Frente a dicho requerimiento, el 17 de mayo de 2022,
mediante correo electrónico, la Relatoría del Tribunal Administrativo de Nariño
remitió una relación de 174 asuntos pendientes de la designación de juez Ad-
Hoc.
17.- Para dar cumplimiento al Acuerdo No. PCSJA22-11918 del 2 de febrero de
2022, mediante oficio número CSJNAO22-613 del 28 de julio de 2022, la entidad
solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca información
sobre el procedimiento que debía realizar para remitir los procesos pendientes
de la designación de juez Ad-Hoc, conforme a lo dispuesto en el acuerdo
referenciado. En respuesta a dicho requerimiento, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca le informó que el Juzgado Administrativo
Transitorio de Cali se encontraba conociendo de manera prioritaria, tal y como lo
estableció el Acuerdo PCSJA22-11918 en el inciso 2° del numeral 4° de su
artículo 3°, los procesos de los Circuitos Administrativos de Buenaventura,
Cartago, Buga y Cali, asuntos que, a 6 de abril de 2022, correspondían a 941
procesos provenientes de los referidos circuitos judiciales.
18.- Además, manifestó que mediante Oficio CSJNAO22-708 del 23 de
septiembre de 2022, informó al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura,
que no había sido posible dar cumplimiento a lo establecido en Acuerdo No.
PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022, debido a que, mediante Oficio
CSJVAO22-1875 del 18 de agosto de 2022, el Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca le comunicó que, del informe rendido por la Jueza
Administrativa Transitoria de Cali, se tenía como inventario final de procesos a
su cargo un total de 1063 expedientes de los cuales 891 se encontraban activos
y 172 en trámite posterior, por lo que no era posible realizar la remisión de los
procesos provenientes de los circuitos administrativos de Pasto y Popayán.
19.- Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación precisó que, esta y la
Seccional Valle del Cauca, habían dado cumplimiento a lo dispuesto en el
Acuerdo PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022, de modo que a la fecha se
5
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Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
encontraban a la espera del estudio correspondiente para realizar la asignación
y posterior remisión de proceso objeto del recurso de amparo.
(ii) Tribunal Administrativo de Nariño
20.- El 28 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Nariño indicó que,
mediante auto de 23 de noviembre de 2022, creó en la plataforma SAMAI la
anotación de "CAMBIO DE PONENTE" para efectos de indicar que el asunto
objeto de estudio ya no hacía parte del reparto asignado al Despacho del
Magistrado Paulo León España Pantoja, y que este había sido remitido a la
Presidencia del Tribunal para su designación. Esto, debido a que, una vez
admitida la aceptación del impedimento presentado por los Jueces
Administrativos y su respectiva remisión, el mencionado despacho carecía de
competencia para adelantar cualquier actuación.
(iii) Las demás partes guardaron silencio, pese a haber sido debidamente
notificadas11.
II. CONSIDERACIONES
C. Análisis del caso concreto
21.- En el presente asunto, la parte actora manifiesta que han transcurrido 3
años, 3 meses, y 24 días, desde el momento en que se presentó la demanda del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. 52001-33-33-
005-2019-00141-00 y la interposición de la presente acción, sin que a la fecha el
asunto haya sido asignado a un despacho judicial, por lo que considera que la
dilación injustificada en el trámite de la demanda vulnera su derecho fundamental
al acceso a la administración de justicia, pues alega que ha transcurrido un
periodo de tiempo considerable sin que se imparta el trámite correspondiente.
22.- En cuanto a la mora judicial, esta Corporación ha sido categórica en advertir
que el juez de tutela en cada caso específico deberá valorar si la conducta del
funcionario o de la corporación judicial es injustificada y negligente, toda vez que
“no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial
ni vulnera derechos fundamentales”12. Lo anterior, en atención a que existen
causas imprevisibles o externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden
que los jueces cumplan con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión.
Existen, por ejemplo, condiciones estructurales, tales como la excesiva carga
11 Según consta en el aplicativo SAMAI. Notificaciones 114785, 114786, 116915, 116916, 116917, 116919,
116920, 116921, 116922 y 122952.
12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado: Expediente 11001-
03-15-000-2020-04601-00. M.P. Milton Chaves García.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
laboral, la falta de una infraestructura básica en los despachos judiciales, que
impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas13.
23.- Así pues, se advierte que para determinar si la autoridad judicial demandada
ha incurrido en una mora judicial injustificada, y previo a verificar si tal mora se
proyecta como afrenta a un derecho constitucional iusfundamental, se debe
analizar i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la
conducta de la autoridad judicial competente; iv) el análisis global de
procedimiento; y iv) el turno en el que el expediente pasó al despacho, de
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 446 de 199814.
24.- En ese contexto, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela
se abre paso por mora judicial cuando se trate de una dilación injustificada como
resultado de la falta de diligencia en el actuar del funcionario judicial. Esto
significa que “no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que
ésta debe ser injustificada y estar probada la negligencia de la autoridad judicial
accionada”15.
25.- A su vez, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha señalado
que la congestión y la mora judicial afectan gravemente los derechos de acceso
a la administración de justicia y al debido proceso, por dilación injustificada e
inobservancia de los términos judiciales; sin embargo, esa misma Corporación
ha sostenido que no todo desconocimiento de los plazos establecidos en la ley
por parte del operador judicial puede dar lugar a la violación de los mencionados
derechos, pues se configura en los eventos en los cuales el juez no puede
justificar su retardo.
26.- En Sentencia SU-394 de 201616, el referido tribunal constitucional indicó que
la mora judicial injustificada se presenta cuando: (i) existe un incumplimiento
objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la
dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial17.
27.- De lo expuesto anteriormente, se advierte que el simple hecho de
sobrepasar los términos legales dispuestos para el desarrollo de la actuación
judicial no configura una mora injustificada, pues deben analizarse otras
circunstancias particulares.
13 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: Expediente: Nº
11001-03-15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
14 «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado
los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia
anticipada o de prelación legal».
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de febrero
de 2009, exp. 25000-23-15-000-2008-01246-01 (AC), M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
16 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17 En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la sentencia T-230 de 2013,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
28.- En el presente asunto, la Sala advierte, luego de verificar el expediente
ordinario que, la mora judicial alegada no se configura, pues la autoridad judicial
accionada ha realizado todas las gestiones pertinentes para asignar un juez ad
hoc a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por los
accionantes.
29.- Del material probatorio arrimado al proceso, se observa que: (i) a través del
Acuerdo No. PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022, el Consejo Superior de
la Judicatura creó, entre otros, un juzgado administrativo transitorio en la ciudad
de Cali; (ii) en el numeral 4 del artículo 3° del mencionado acuerdo el Consejo
Superior de la Judicatura estableció que el referido juzgado “atende[ría] de
manera prioritaria los procesos de los circuitos administrativos de Buenaventura,
Cartago y Buga ; una vez los culmin[ados], resolver[ía] los demás procesos que
le fueron asignados”; (iii) el artículo 4° del Acuerdo No. PCSJA22-11918 de 2022
facultó “a los consejos seccionales de la judicatura de la sede de los juzgados
administrativos transitorios creados en el (…) acuerdo, para que les asign[aran]
los procesos de los circuitos administrativos, de acuerdo con la competencia que
se dispuso en este acuerdo, con sustento en el seguimiento realizado a la medida
transitoria, en aras de garantizar el cumplimiento de las metas”.
30.- Visto lo anterior, se tiene que: (iii) el Tribunal Administrativo de Nariño
remitió a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Nariño una base
de datos con los procesos, pendientes de asignación de juez Ad-Hoc,
relacionados con reclamaciones salariales y prestacionales contra la Rama
Judicial; (iv) al revisar la base de datos remitida por el Tribunal Administrativo, se
estableció que el Rad. 52001-33-33-005-2019-00141-00, hace parte de la lista de
procesos remitida; (v) en múltiples ocasiones la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Nariño ha solicitado al Consejo Seccional de la
Judicatura del Valle del Cauca información sobre el procedimiento que debe
realizar para remitir los procesos pendientes de la designación de juez Ad-Hoc;
(vi) en respuesta a las solicitudes remitidas, el Consejo Seccional de la Judicatura
del Valle del Cauca ha puesto de presente la imposibilidad de realizar la
asignación de los procesos pertenecientes al circuito administrativo de Pasto,
pues a la fecha, el Juez Transitorio del Circuito de Cali cuenta con una carga de
1063 expedientes de los cuales 891 se encuentran activos y 172 en trámite
posterior, todos ellos provenientes de los circuitos administrativos de
Buenaventura, Cartago y Buga; y (vii) la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Nariño puso en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura la
imposibilidad de cumplir con los preceptos consagrados en el Acuerdo No.
PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022.
31.- Sobre el particular, cabe señalar que, aun cuando la Sala reconoce que ha
trascurrido un tiempo considerable desde la presentación de la demanda, las
entidades demandadas han hecho uso de todos los instrumentos a su alcance
para agilizar el trámite de asignación del Rad. 52001-33-33-005-2019-00141-00
dentro de un plazo razonable, debido a la sobrecarga laboral generada por
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Demandante: Astrid Jhoana Malua Toro y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
defectos estructurales de la organización y funcionamiento de la rama judicial, a
la fecha no ha sido posible continuar con el mencionado trámite.
32.- Al respecto, cabe recordar que, de conformidad con el numeral 4 del artículo
3° del Acuerdo No. PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022, el Consejo
Superior de la Judicatura dispuso que el Juzgado Transitorio del Circuito de Cali
debía atender de manera prioritaria los procesos de los circuitos administrativos
de Buenaventura, Cartago y Buga; y solo una vez los culminados estos procesos,
podría resolver los demás asuntos de su competencia.
33.- Así las cosas, se advierte que en el caso objeto de estudio: (i) la mora
judicial se encuentra justificada, (ii) no se advierte, además, que tal mora,
independientemente de su justificación comprometa un derecho fundamental
cuya afectación sea irremediable e inminente por lo que, en este caso, (iii) la
acción de tutela resulta improcedente aún para alterar el turno de decisiones y
obtener una decisión judicial, sin considerar además, (iv) que una medida de ese
talante, implicaría, de contera, la vulneración de los derechos constitucionales a
la igualdad de los demás sujetos cuyos procesos, que con fecha anterior de
ingreso para fallo del demandante, están a la espera de una decisión por parte
de la autoridad judicial accionada.
34.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III.- FALLA
PRIMERO. - NEGAR la solicitud de amparo, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE18
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
18 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y
que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que
el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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