Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00012-01
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Acción de tutela por mora judicial: niega amparo porque la tardanza está
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00012-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2024-00012-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
1 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., primero (1º) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00012-01
Demandante: EVER ENRIQUE MARTÍNEZ SALAZAR Y OTROS
Demandado: JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – Niega amparo porque la tardanza está
justificada.
Decide la Sala1 la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 29 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que
declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 15 de enero de 2024, los señores Ever Enrique Martínez Salazar, Rosa
Marcela Castillo Moreno y Carmen Martínez Salazar, en calidad de padre, madre
y abuela de los menores Víctor Andrés Martínez Castillo y Sebastián Martínez
Castillo, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Sexto Administrativo de
Valledupar, porque consideraron vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, a la vida
digna, a la seguridad social integral y a la «subsistencia». Formularon las
siguientes pretensiones:
1.Que se tutelen y amparen los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
PROCESO, A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA SALUD, A LA
VIDA, AL MÍNIMO VITAL, A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y A LA SUBSISTENCIA Y CUALQUIER OTRO QUE SE EVIDENCIA
1Se advierte que, el 7 de febrero de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00012-01
Actor: Ever Enrique Martínez Salazar y otros
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo de
Valledupar
Sentencia de tutela de segunda instancia
POR EL JUEZ CONSTITUCIONAL DE TUTELA, de EVER ENRIQUE
MARTÍNEZ SALAZAR, ROSA MARCELA CASTILLO MORENO, CARMEN
MARTÍNEZ SALAZAR y sus hijos menores de edad VÍCTOR ANDRÉS
MARTÍNEZ CASTILLO Y SEBASTIÁN MARTÍNEZ CASTILLO los cuales
fueron vulnerados y conculcados por el JUZGADO SEXTO
ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR.
2.Como consecuencia de la declaración anterior, revocar en su integridad el
acto administrativo Resolución No. 274703 del 04/10/2019, por medio del cal
la Subdirección de Determinación V de COLPENSIONES resolvió revocar las
resoluciones SUB 180963 del 7 de julio del 2018 y SUB 221511 del 22 de
agosto del 2018, por las cuales se reconoció la pensión de invalidez a EVER
ENRIQUE MARTÍNEZ SALAZAR.
3.Que, en consecuencia, del amparo constitucional deprecado, ordenar a
quien corresponda “a incluir a EVER ENRIQUE MARTÍNEZ SALAZAR (…) en
el registro nacional de pensionados.
4. Ordenar que, sin solución de continuidad, se efectúe el pago de las
mesadas por pensión de invalidez, en lo sucesivo, a favor de Ever Enrique
Martínez Salazar.
5. Que, en consecuencia, del amparo constitucional deprecado se ordene a la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, realizar el pago de
las mesadas pensionales insolutas desde el 04 de octubre de 2019, (fecha de
emisión de la Resolución SUB 274703 de revocatoria de la pensión de
invalidez), que actualmente se fija en 56 mesadas, cuyo valor en su totalidad
asciende a ciento treinta y tres millones quinientos veinte un mil novecientos
cincuenta mil pesos ($133’521.950,00).
6. Se ordene la INDEXACIÓN de las sumas reconocidas a favor de Ever
Enrique Martínez Salazar y el pago de los intereses moratorios, en razón de
la tasa de intereses corrientes aumentado en una mitad, sobre el monto de
ciento treinta y tres millones quinientos veinte un mil novecientos cincuenta
mil pesos ($133’521.950,00), en ocasión al reconocimiento prestacional de las
mesadas pensionales insolutas desde el 04 de octubre de 2019, (fecha de
emisión de la resolución revocatoria de la pensión de invalidez), hasta el día
en que se efectúe el pago efectivo.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
Los supuestos fácticos y jurídicos de la solicitud de amparo se resumen así:
Manifestaron que el 27 de febrero de 2023, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, radicaron demanda que le correspondió
por reparto al Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar y se le asignó el
radicado 20001-33-33-006-2023-00079-00, con el fin de obtener la nulidad de la
Resolución que revocó el acto administrativo que le reconoció la pensión de
invalidez al señor Ever Enrique Martínez Salazar.
El 7 de junio de 2023 presentaron el primer impulso procesal, el 4 de junio
siguiente, se presentó la segunda solicitud de impulso procesal.
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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00012-01
Actor: Ever Enrique Martínez Salazar y otros
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo de
Valledupar
Sentencia de tutela de segunda instancia
El 12 de julio de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar profirió auto
en el cual ordenó correr traslado por 5 días a Colpensiones para que se
pronunciara sobre la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo
demandado, y, en providencia de la misma fecha admitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
El 21 de septiembre de 2023, se presentó la tercera solicitud de impulso procesal
en el que solicitó que se decidiera la solicitud cautelar, y el 10 de octubre
siguiente, presentó nuevamente impulso procesal.
Explicó que su núcleo familiar está integrado por sus dos hijos de 3 y 8 años, su
esposa y su madre (quien tiene patologías y padecimientos que la mantienen en
estado crónico de alta vulnerabilidad, por su avanzada decadencia física y mental)
Por último, el señor Ever Enrique Martínez Salazar manifestó que se le están
vulnerando sus derechos fundamentales por cuanto es padre de dos menores de
edad y responsable de su esposa y de su madre, que dependen económicamente
de la pensión de invalidez que le fue reconocida y revocada arbitrariamente
«siendo su única fuente de ingreso, toda vez que el accionante es un inválido a
quien le resulta imposible realizar trabajos o desempeñar empleos».
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 16 de enero de 2024, el magistrado sustanciador en
primera instancia admitió la tutela y ordenó notificar al Juzgado Sexto
Administrativo de Valledupar, en calidad de parte demandada, y a la
Administradora Colombiana de Pensiones, como tercera con interés.
2.2. Colpensiones indicó que el accionante no demostró que la mora en su caso
obedezca a una dilación injustificada, por lo que, al no estar demostrada, de
accederse a lo pretendido «se constituiría en una vulneración al derecho a la
igualdad de aquellos quienes también llevan tiempo esperando la resolución de
las decisiones judiciales, no respetar estos turnos y ni que decir, de aquellos que
se encuentran en situaciones fácticas al caso bajo estudio». Por lo anterior, pidió
que se negara la solicitud de amparo.
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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00012-01
Actor: Ever Enrique Martínez Salazar y otros
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo de
Valledupar
Sentencia de tutela de segunda instancia
2.3. El Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar aclaró que mediante auto del
12 de julio de 2023 admitió la demanda presentada por el accionante y
simultáneamente dio trámite a la solicitud de medidas cautelares, ordenando dar
traslado a la parte demandada.
Sostuvo que del 14 al 20 de septiembre de 2023 hubo suspensión de términos
decretada por el Consejo Superior de la Judicatura y surtido el traslado de la
solicitud cautelar, el expediente ingresó al Despacho el 10 de octubre de 2023.
Manifestó que se debe tener en cuenta si se excedió o no el término razonable
que en el presente caso se surtieron previamente unas actuaciones de ley y el
término para resolver de fondo la solicitud cautelar inició el 10 de octubre de 2023,
con la advertencia que «entre el 20 de diciembre de 2023 y el 10 de enero de
2024, este despacho se encontraba en vacancia judicial».
Indicó que la excesiva carga laboral asignada a los juzgados administrativos de
Valledupar, hecho que es de notorio conocimiento, ha generado una congestión
judicial que imposibilita a los servidores judiciales a cumplir estrictamente con los
términos judiciales.
Precisó que diariamente llegan al correo del juzgado una gran cantidad de
mensajes de datos y correos de los usuarios que son revisados en orden
cronológico de recepción, pero no es posible para el despacho distinguir sin la
visualización del contenido de cada correo, cuál de los mensajes enviados
requiere trámite de urgencia como habeas corpus, vigilancias administrativas,
tutelas, entre otros.
Por último, pidió que se negara el amparo solicitado por la inexistencia de una
mora judicial que exceda el término procesal razonable y, además, indicó que se
debe declarar la carencia de objeto por cuanto «la acción pretendida por el actor
respecto de este juzgado fue ejecutada mediante auto de esta misma fecha».
3. Fallo impugnado
Mediante sentencia del 29 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró improcedente el amparo solicitado.
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Actor: Ever Enrique Martínez Salazar y otros
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En primer lugar, el tribunal explicó que la solicitud de amparo no fue interpuesta
como mecanismo transitorio, sumado al hecho de que no se logró probar los
hechos que constituyen un perjuicio irremediable que amerite la intervención del
juez constitucional de manera excepcional.
Consideró que, si bien se demostraron circunstancias especiales del núcleo
familiar del señor Ever Enrique Martínez Salazar, que se encuentra conformado
por menores de edad y una persona de la tercera edad, con afecciones de salud,
lo cierto es que «las mismas no tienen la entidad suficiente para habilitar el
estudio excepcional de la presente acción constitucional».
Expuso que la acción que dio origen a la vulneración de los derechos
fundamentales se encuentra relacionada con la decisión adoptada por
Colpensiones, que, a través del acto administrativo que revocó las Resoluciones
SUB 180963 del 7 de julio del 2018 y SUB 221511 del 22 de agosto del 2018, por
las cuales se reconoció la pensión de invalidez al señor Ever Enrique Martínez
Salazar es susceptible de estudiarse a través de los mecanismos judiciales
ordinarios previstos por el legislador y, como los accionantes cuentan con ese
instrumento que resulta más eficaz «debe recurrir a ellos antes de pretender el
amparo por vía de tutela».
Agregó que si bien la parte demandante hizo uso del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, y el reproche formulado en sede de tutela
consistía en que la solicitud cautelar no había sido resuelta al momento de la
presentación de la petición de amparo, lo cierto es que mediante auto del 22 de
enero de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar resolvió la referida
solicitud «decisión que resulta censurable en dicha jurisdicción, y no por parte del
juez constitucional».
4. Impugnación
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la impugnó, y argumentó
que el tribunal de primera instancia incurrió en violación directa de la Constitución
Política, en especial, los artículos 13, 44 y 46, aunado al hecho de desconocer el
precedente de la Corte Constitucional que establece que la tutela podrá ejercerse
conjuntamente a la acción de nulidad cuando se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un daño irreparable.
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Expuso que hace más de 11 meses que se presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y hasta la fecha no se ha programado la audiencia
inicial «lo que significa que, con el tiempo transcurrido, la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho resulta ineficaz para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable».
Agregó que los jueces constitucionales pueden ordenar de manera excepcional el
amparo constitucional para evitar la consumación de un perjuicio irremediable o
que la situación se torne más gravosa de lo que se encuentra, pues «en la tutela
se aportó abundante material probatorio que demuestra la situación catastrófica y
de vulnerabilidad que estamos viviendo».
Los accionantes indicaron que la tutela es idónea pues pretende evitar la
consumación de un perjuicio irremediable a sus dos hijos menores de 3 y 8 años y
su madre de 80 años, que dependen directamente del señor Martínez Salazar
para su alimentación, y la pensión de invalidez era la única fuente de ingreso con
el que cuenta su núcleo familiar para sufragar las necesidades básicas de
supervivencia.
Adujo que a pesar de que existe una sentencia del Juzgado Primero
Administrativo de Valledupar que dejó con plena vigencia y validez jurídica el acto
administrativo que reconoció la pensión de validez, sin que en el proceso por él
iniciado se hubiera frenado la vulneración de sus derechos fundamentales.
Indicó que el juez de primera instancia no valoró de forma integral y exhaustiva
las historias clínicas del médico tratante de su madre Carmen Martínez que da
cuenta de la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentra.
Por último, precisó que están a punto de perder la casa en la que viven, producto
de un embargo y remate de la vivienda ordenado por el Juzgado Tercero Civil
Municipal a favor del Banco Davivienda por no tener el mínimo vital para sufragar
el pago de la hipoteca, situación que se tornaría más gravosa en caso de que se
ordene un lanzamiento o desalojo de la vivienda en la cual reside con sus hijos y
su madre.
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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00012-01
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Sentencia de tutela de segunda instancia
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 29 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar. Para tal efecto, se deberá establecer si el Juzgado Sexto Administrativo de
Valledupar vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, por no haber
resuelto la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto
administrativo demandado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 20001-33-33-006-2023-00079-00.
2. De la vulneración de los derechos fundamentales por la mora judicial
Frente al tema, esta Sala reitera las consideraciones expuestas por la Sección
Cuarta de esta Corporación, la cual ha sido categórica en advertir que, dadas las
condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora
judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan
con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Hay, por ejemplo,
condiciones estructurales como la excesiva carga laboral o la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas 2.
Textualmente, así lo ha expresado la Sección Cuarta 3:
La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el
proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con
la congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los
funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón
principal por la que se incumplen los términos judiciales no obedece al actuar
de los funcionarios, sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la
Rama Judicial.
Por lo tanto, en el evento en que haya una justificación que explique la
tardanza o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora
2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03-
15-000-2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-
15-000-2014-01444-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez.
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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00012-01
Actor: Ever Enrique Martínez Salazar y otros
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo de
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judicial injustificada. Y en consecuencia, no se habrán vulnerado los derechos
fundamentales de quien acudió a la justicia4.
En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el
asunto, sin que exista motivación para justificar la demora.
Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, para determinar si la autoridad
judicial demandada ha incurrido en una mora judicial injustificada, se debe verificar
i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta
de la autoridad judicial competente; iv) el análisis global de procedimiento; y iv) el
turno en el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 5.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-333 de 20206,
precisó que se presenta una mora judicial injustificada, si (i) es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora,
como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es
imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial.
3. Caso concreto y solución del problema jurídico
En el presente caso, los demandantes alegan que el Juzgado Sexto Administrativo
de Valledupar vulneró sus derechos fundamentales al no haberse pronunciado
sobre la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo
que demandó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
A juicio de la Sala, en los casos en que se ejerce la acción de tutela para reclamar
la protección de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por la
mora judicial, más allá de establecer si para adoptar una decisión se ha observado
cierto plazo previsto en la ley, lo realmente importante es determinar si la tardanza
alegada se encuentra o no objetivamente justificada.
4
Original de la cita: «Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013».
5
«Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que
hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo
en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal».
6
Sentencia del 20 de agosto de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00012-01
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Como ya se dijo, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial
injustificada se debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que rodean la
tardanza, tales como: la existencia de motivos razonables que justifiquen la
demora, la complejidad del asunto a resolver, la actitud de los interesados y la
conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el
simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no
configura per se la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias
particulares.
En el caso bajo estudio, de conformidad con la información que obra en el
expediente, la Sala advierte que el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar no
incurrió en la mora judicial alegada por el accionante, toda vez que en el
expediente con radicado 20001-33-33-006-2023-00079-00 se han realizado las
siguientes actuaciones:
• Mediante auto del 12 de julio de 2023, se admitió la demanda presentada
por el señor Martínez Salazar y se ordenó correr traslado de la solicitud
cautelar presentada.
• El 13 de julio de 2023, se notificó por anotación en estado la anterior
providencia a la parte demandante y, el 25 de agosto de 2023, se notificó a
la entidad demandada.
• Mediante auto del 22 de enero de 2024, el juzgado accionado negó la
medida cautelar solicitada al considerar que la apariencia de buen derecho
no era suficiente para acceder a la solicitud presentada, pues los
fundamentos de ilegalidad invocados en la demanda no resultaban
suficientes, y la violación alegada no surgía de manera «palpable del
análisis de las pruebas allegadas al proceso».
En relación con el perjuicio en la mora sostuvo que se encontraban
acreditados unos perjuicios sufridos por el demandante y su núcleo familiar
que «obliga a esta agencia judicial a procurar tomar una decisión de fondo
lo más pronto posible, teniendo en cuenta igualmente la posible
irregularidad en el reconocimiento de la prestación al hoy demandante».
Finalmente, al realizar una ponderación de los derechos invocados por el
demandante y la decisión demandada en la que se revocó el
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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00012-01
Actor: Ever Enrique Martínez Salazar y otros
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo de
Valledupar
Sentencia de tutela de segunda instancia
reconocimiento de la pensión de invalidez al señor Martínez Salazar, indicó
que «resulta más gravoso para el interés público conceder la medida que
negarla, sumado a que una vez realizado el debate probatorio y la
valoración respectiva, se hará un pronunciamiento de fondo en el presente
asunto».
Así las cosas, la Sala considera que, no se configura la mora judicial alegada por
los demandantes, pues en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
como quedó visto, se han proferido diversas providencias con el fin de impartir el
trámite respectivo a la demanda incoada por el señor Martínez Salazar. Inclusive,
ya se resolvió la solicitud cautelar solicitada; sin embargo, el hecho de que la
misma no hubiera sido resuelta a su favor, no implica que por esa circunstancia la
autoridad judicial accionada haya vulnerado sus derechos fundamentales.
La Sala advierte que el demandante desconoce la real situación que para la
decisión oportuna genera la congestión que se presenta en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, que no tiene, en la mayoría de los casos, el alcance
de mora judicial atribuible a los funcionarios, como ocurre en el presente evento.
En esas condiciones, la Sala considera que en este caso no existe mora judicial
injustificada, por cuanto, se insiste, esta no se configura con el simple paso del
tiempo, sino que debe obedecer a una negligencia probada de la autoridad judicial
accionada que retarde la toma de decisiones al interior de cada proceso,
circunstancia que en este caso no se presenta.
Lo anterior no significa que se esté desconociendo que los trámites y las
decisiones que se adoptan en los procesos judiciales deban observar los plazos
legalmente previstos; sin embargo, la Sala no puede pasar por alto las condiciones
estructurales de congestión que se presentan en la Rama Judicial y,
específicamente, en el interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
las cuales, de cierto modo, impiden que se le de el alcance de mora judicial
injustificada a casos como el que aquí se analiza.
Conviene señalar que esta Sala consideró que cuando la mora judicial se
encuentra justificada —como ocurre en el presente asunto— la acción de tutela
«resulta improcedente aún para alterar el turno de decisiones y obtener una
decisión judicial, sin considerar además que una medida de ese talante, implicaría,
de contera, la vulneración de los derechos constitucionales a la igualdad de los
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demás sujetos cuyos procesos, que con fecha anterior de ingreso para fallo del
demandante, están a la espera de una decisión por parte de la autoridad judicial
accionada»7.
Adicionalmente, de conformidad con las pretensiones formuladas en el escrito de
tutela, la Sala considera que el accionante cuenta con otro mecanismo ordinario
de defensa, que resulta ser idóneo y eficaz para obtener la protección de los
derechos fundamentales que considera vulnerados, esto es, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. De hecho, tal y como lo consideró la
autoridad judicial de primera instancia, ya fue ejercido y se encuentra en curso, de
suerte que esas circunstancias deben ser puestas en conocimiento del juez
ordinario, a través de los instrumentos judiciales dispuestos para tal fin, toda vez
que al juez de tutela, por regla general, no le corresponde inmiscuirse en aquellos
asuntos que deban ser presentados ante el juez natural.
Cabe precisar que, justamente, el señor Ever Enrique Martínez Salazar solicitó
ante al Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar la suspensión provisional de
los efectos del acto administrativo que le revocó la pensión por invalidez. En la
referida solicitud, el accionante puso de presente a la autoridad judicial
demandada las circunstancias fácticas que, a su juicio, hacían procedente el
decreto de la medida cautelar, ante la inminente configuración de un perjuicio
irremediable.
Tal como se expuso previamente, el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar,
mediante auto del 22 de enero de la presente anualidad, negó el decreto de la
medida cautelar y expuso las razones por las cuales consideraba que la misma no
resultaba procedente. Contra la anterior decisión, la parte actora pudo interponer
recurso de apelación, sin embargo, de conformidad con la información que
responsa en la plataforma SAMAI, no se observa que contra aquella providencia
se hubiera interpuesto recurso alguno.
Entonces, como el accionante no hizo uso del mecanismo ordinario de defensa,
desaparece la posibilidad de acudir al juez de tutela como mecanismo transitorio.
Se insiste: si el juez de los derechos fundamentales interviene estaría usurpando
la competencia del juez natural. Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia
impugnada que declaró improcedente el amparo solicitado.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 3 de
febrero de 2023, expediente 11001-03-15-000-2022-05605-00, M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00012-01
Actor: Ever Enrique Martínez Salazar y otros
Demandado: Juzgado Sexto Administrativo de
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Sentencia de tutela de segunda instancia
Finalmente, se observa que la parte actora en el escrito de impugnación alegó que
han transcurrido 11 meses sin que el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar
hubiera fijado fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial.
En relación con este cargo nuevo, la Sala no se pronunciará, pues, de hacerlo,
vulneraría las garantías de defensa y contradicción de la autoridad judicial
accionada, quien fundamentó sus intervenciones en la omisión alegada en la
solicitud de amparo, la cual le fue entregada al momento de practicarse la
notificación de la demanda. Cabe agregar que la impugnación es el mecanismo
por medio del cual se expresan las inconformidades con el fallo de tutela de
primera instancia, mas no una oportunidad para modificar las pretensiones, ni
mucho menos para agregar nuevos argumentos sobre la supuesta vulneración de
sus derechos fundamentales.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 29 de enero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo expuesto en las
consideraciones.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad
e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a
la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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