Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05673-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05673-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05673-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., primero (1o.) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05673-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO,
TODA VEZ QUE CARECE DEL REQUISITO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE
YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
TRABAJO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO
DE ESTADO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor LUIS EBERTO TORRES SEOANES, actuando a través de
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En adelante la Sección Segunda.
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Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo,
al acceso a la administración de justicia y al principio de seguridad
jurídica, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA al
proferir la sentencia de 28 de abril de 2022, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 20001-23-39-002-2015-00130-01.
I.2. Hechos
Manifestó que estuvo vinculado laboralmente con la UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR desde el 19 de mayo de 2003 hasta el 23 de
diciembre de 2009, desempeñando el cargo de asesor, consultor e
interventor de obras que se desarrollaron en el plantel educativo,
actividades de las que fueron emitidas un sin número de órdenes de
servicio derivadas de los contratos de prestación de servicios
suscritos con la aludida institución.
Señaló que la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR no efectuó el
pago de las prestaciones sociales derivadas de la verdadera relación
laboral que existió, la cual fue encubierta bajo los denominados
contratos de prestación de servicios.
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Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
Aseguró que el 2 de abril de 2014, formuló una solicitud a la
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales cesantías,
intereses a las cesantías, primas, vacaciones, seguridad social y
demás emolumentos laborales dejados de percibir durante la relación
laboral sostenida entre el 19 de mayo de 2003 y el 23 de diciembre
de 2009.
Indicó que la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR mediante
Oficio RECT-100-03-07-177-2014 de 23 de abril de 2014 negó el
pago de los derechos laborales reclamados, al considerar que el
vínculo suscitado se derivó de los contratos de prestación de servicio,
por lo que no existió una verdadera relación laboral.
Reveló que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, con el fin de
obtener la nulidad del Oficio RECT-100-03-07-177-2014 de 23 de
abril de 2014 y el reconocimiento y pago de las acreencias laborales
dejadas de percibir.
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Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
Aseveró que el trámite judicial le correspondió en primera instancia
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR2 que, mediante
sentencia de 9 de febrero de 2017, declaró probada la excepción de
legalidad del acto administrativo e inexistencia del derecho y, en
consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda.
Resaltó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación ante la SECCIÓN SEGUNDA que, en sentencia de 28 de
abril de 2022, confirmó la decisión de primera instancia.
I.3 Fundamentos de la solicitud
Señaló que la providencia emitida por la SECCIÓN SEGUNDA
incurrió en el defecto fáctico pues, a su juicio, la autoridad judicial
efectuó una indebida valoración de las pruebas documentales y
testimoniales que daban cuenta de la verdadera relación laboral que
mantuvo con la institución educativa.
Aseguró que la decisión cuestionada no tuvo en cuenta el daño que
causó al no valorar de la manera adecuada lo que se pretendió
demostrar con las órdenes de servicio, pues, a su juicio, lo que se
pretendía probar fue el lapso de tiempo en el que se mantuvo la
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En adelante el Tribunal.
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relación laboral sin solución de continuidad, el cumplimiento del
horario y la subordinación, circunstancias que fueron desatendidas
por la autoridad judicial accionada.
Asimismo, afirmó que la decisión cuestionada desconoció el
precedente jurisprudencial en lo relacionado con las reglas fijadas
en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, en la que se
establecieron las premisas para reconocer una verdadera relación
laboral encubierta.
Manifestó que la SECCIÓN SEGUNDA, interpretó y aplicó de manera
errada la sentencia de unificación, toda vez que, a su juicio, de
haberse valorado debidamente el material probatorio aportado al
expediente, se hubiera concluido la existencia de la relación laboral
y el cumplimiento de los presupuestos fijados por la Corporación,
esto es, la realización personal de trabajo, la subordinación, la
contraprestación de un salario y el cumplimiento de un horario.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
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Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de mi
representado al debido proceso, el acceso a la administración de
justicia, la igualdad y la seguridad jurídica.
SEGUNDO: En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia
proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, C.P.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS del veintiocho (28) de abril
de 2022, que determinó confirmar la sentencia proferida el 09 de
febrero de 2017, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR;
y en su lugar se ordene dictar sentencia de remplazo bajo garantías
constitucionales […]”.
I.5. Defensa
I.5.1. La SECCIÓN SEGUNDA pese a haber sido notificada en
debida forma, guardó silencio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno
frente al objeto de la acción de tutela.
I.6.2.-La UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, vinculada como
tercera interesada en las resultas de la presente acción, solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, por
cuanto no cumple con los requisitos de procedencia.
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Afirmó que no se observó el requisito de subsidiariedad, en tanto el
actor se encuentra facultado para interponer el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia frente a los reproches
de la interpretación errónea o irrazonable de la jurisprudencia.
Asimismo, señaló que no se cumplió con el requisito de inmediatez,
por cuanto la acción de tutela no fue interpuesta en un término
razonable, circunstancia que concluye de la sumatoria de los meses
trascurridos luego de que se profirió la sentencia cuestionada.
Finalmente, afirmó que el actor no demostró la configuración de un
perjuicio irremediable, pues no allegó elementos probatorios con los
que se lograra demostrar cabalmente el menoscabo de los derechos
fundamentales deprecados.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio
Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de
las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de
resolución de conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa
humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto
al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
Análisis del caso concreto
En el presente caso, el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 28 de abril de 2022 proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 20001-23-39-000-2015-00130-01, por medio del cual se
confirmó la decisión de primera instancia que denegó las
pretensiones de la demanda.
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A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad
judicial accionada incurrió en el defecto fáctico al efectuar una
indebida valoración de las pruebas documentales y testimoniales que
daban cuenta de la verdadera relación laboral que mantuvo con la
institución educativa.
Asimismo, afirmó que la decisión cuestionada desconoció el
precedente jurisprudencial, en lo relacionado el cumplimiento de
las reglas fijadas en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021,
pues, a su juicio, de haberse valorado debidamente el material
probatorio aportado al expediente se hubiera concluido la existencia
de la relación laboral y el cumplimiento de los presupuestos fijados
por la Corporación, esto es, la realización personal del trabajo, la
subordinación, la contraprestación de un salario y el cumplimiento de
un horario.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial el requisito de la relevancia constitucional.
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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».4
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
3
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [7].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [8].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [9].
[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión
que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe
ser una cuestión de evidente relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra
decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir
asuntos de mera legalidad [10]. Si bien no siempre es fácil
delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que
no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente
de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho
al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que
se denomina simplemente debido proceso [11].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art.
29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales
garantías esenciales son el derecho al juez natural [12]; el
derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de
defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho
a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de
predeterminación de las reglas procesales o principio de
[10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[11] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[12] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones
judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
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que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos
que invoca el actor como fundamento de la presunta vulneración de
los derechos deprecados, son los mismos que fueron puestos a
consideración ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Así se desprende de la lectura del recurso de apelación que fue
interpuesto en el proceso ordinario origen de la controversia y su
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comparación con el escrito de tutela, como se explica a continuación:
Argumentos del recurso de Argumentos de la demanda de
apelación13 tutela14
“[…] Configuración de los “[…] DEFECTO FÁCTICO EN EL CASO
elementos de una relación de CONCRETO
carácter laboral
De haberle dado el valor probatorio que
Se ratifica esta defensa judicial en correspondía a las pruebas incorporadas
sostener que entre el actor y la y practicadas dentro del proceso, se
accionada existió un contrato realidad, habría llegado a la conclusión de que sí
en donde si bien de manera formal la existió una relación laboral entre mi
relación estaba soportada en unos poderdante y la UNIVERSIDAD POPULAR
contratos de prestación de servicios u DEL CESAR, debido no solo a la
órdenes de servicios, en la praxis relevancia de los testigos, si no a que no
aquel estaba subordinado (no había otro medio de prueba para poder
coordinado) a ordenes de un jefe demostrar la relación laboral entre mi
inmediato, cumpliendo horario y poderdante y LA UNIVERSIDAD
recibiendo una remuneración por los POPULAR DEL CESAR, es por tal motivo
servicios prestados, razón suficiente y que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
en virtud de lo cual se pasa a exponer CESAR y el CONSEJO DE ESTADO, SALA
detalladamente la forma en la que se DE LO CONTENCIOSO
estructuró cada uno de los elementos ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA
de un contrato laboral durante más de – SUBSECCIÓN A al no tener en cuenta
seis años que el señor TORRES el material probatorio, en este caso los
SEOANES trabajó para la testigos, y los documentos, incurrieron
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, en una violación flagrante al debido
no sin antes traer a colación lo que proceso.
sobre el particular ha reiterado la
Jurisprudencia del Consejo de Estado Es claro que los juzgadores de las 2
[…] instancias precedentes no tuvieron en
cuenta el daño que se le ocasionaría a mi
Violación de las garantías poderdante, al no valorar de manera
constitucionales y legales por adecuada lo que se pretendía demostrar
deficiente valoración probatoria con las “ordenes de prestación de
servicios”, era precisamente que, si
La aplicación de la sana crítica y la laboraba en dicha entidad desde las
lógica en la valoración de las pruebas fechas mencionadas, además de
indica que en estos asuntos donde trabajar el tiempo suficiente, para que
existe un desequilibrio entre las no se interrumpiera la solución de
partes, esto es, que una de las partes continuidad, tal y como se explicó en el
se encuentra en condiciones de recuadro del folio 16 de esta acción
13
Índice No. 17, aplicativo Samai, expediente digital primera instancia, cuaderno principal No. 02
documento No. 12 proceso No. 20001-23-39-000-2015-00130-00
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202205673001100103
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Índice No. 2, aplicativo Samai, expediente digital proceso No. 11001-03-15-000-2022-05673-00
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00020220567300/F7C0DE8ABBF6A45E88A6F6C92C4A53614A108B1771C40165F2B11F06AFB81A96/
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inferioridad respecto a otra por la constitucional, o que realmente cumplía
celebración de un contrato o cualquier con un horario, o de la subordinación y
relación que le obligue a cumplir con no relación para la coordinación del
una determinada obligación, y se trabajo, como así lo llamo el CONSEJO
discuta lo acaecido realmente en DEESTADO en la segunda instancia de
vigencia de la relación, para probar los este proceso.
hechos y las pretensiones constituye
prueba fundamental para acreditar los Resulta evidente que gracias a una
elementos de la relación existente arbitrariedad y/o capricho, al momento
entre las partes, los testimonios de de analizar no solo las pruebas
quienes al igual que el reclamante documentales, sino también las
estaban sometidos o se encontraban testimoniales aportadas al proceso, es
en condiciones similares, ello que mi poderdante se encuentra una vez
refiriéndose a compañeros de trabajo, más en, una situación de indefensión
quienes de conformidad con la frente a una entidad de índole
Jurisprudencia Nacional son los que administrativo, de haber sido valorada
pueden determinar las circunstancias dichas pruebas de la manera correcta,
de tiempo, modo y espacio, en la que resulta obvio que el desenlacé de todo el
la persona vinculada a través de un proceso hubiese sido, la declaratoria de
"contrato de prestación de servicios", una relación laboral existente entre mi
desarrolló o prestó servicios poderdante y la UNIVERSIDAD POPULAR
personales al contratante. DEL CESAR.[…]
Descendiendo al caso de marras, FUNDAMENTOS FACTICOS Y
incuestionable manifestar que el JURIDICOS DE LA ACCION DE
fallador de primera instancia en la TUTELA
adopción de su decisión echó de
menos las pruebas testimoniales Aludiendo a la sentencia de unificación
incorporadas al proceso, las cuales SUJ-025-CE-S2-2021 el CONSEJO DE
demostraron que en lo absoluto la ESTADO en la referida Sala negó las
relación que existió entre demandante pretensiones, después de analizar
y demandado estuvo regida por una de primero si, se configuraban los
aquellas regladas por la Ley 80 de elementos esenciales de un contrato de
1993. trabajo, posterior a esto se basa en la
sentencia de unificación anteriormente
Contrario sensu, se limitó en su mencionada para hacer una
sentencia a negar la ininterrupción de comparación sobre las reglas
los servicios prestados por el actor, jurisprudenciales que marca la referida
como si este fuese el único elemento a sentencia y los “contratos de prestación
considerar para demostrar la de servicio” que se aportaron como
existencia o no de derechos laborales. prueba en el proceso, en aras de
Al respecto, la posición del Consejo de demostrar que la relación que tenía el
Estado ha sido clara en sentenciar en señor LUIS EBERTO TORRES con la
fallos como el del 23 de junio de 2005 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, era
proferido dentro del expediente No. de naturaleza civil y no laboral;
0245 por el Dr. Jesús María Lemos circunstancias que el accionado lo dejo
Bustamante5, … la necesidad de que se plantado dentro de sus consideraciones
acrediten fehacientemente los tres en 3 puntos de análisis en el referido
elementos propios de una relación de caso, […]
trabajo, pero en especial que se
demuestre que la labor se prestó Con respecto a la forma en que
en forma subordinada y determinó esta corporación la
dependiente respecto del continuada o sucesiva en que se dieron
empleador... Por consiguiente, fuerza los contratos entre mi poderdante y la
concluir que es la relación de UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, es
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dependencia o subordinación la que en claro afirmar que no se tuvo en cuenta
ultimas va a determinar, fuera de varios factores, como por ejemplo los
cualquier otra situación, la existencia o largos periodos de tiempo que mi
no de una relación laboral, más aún poderdante trabajó bajo esta modalidad
cuando, en el presente asunto la evasiva de lo que es una verdadera
prestación personal de servicios por relación laboral, llegando a trabajar
parte del actor no está en discusión, hasta treinta y cuatro (34) meses de
habida cuenta que era él y así se manera continua para la entidad
acreditó en el proceso, quien demandada, tal y como se puede
ejecutaba las labores contractuales; y, apreciar en la relación de contratos que
en relación al salario (tercer hace CONSEJO DE ESTADO en la
elemento), no puede determinarse su sentencia con numero de radicado
existencia sino y solo como 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-
consecuencia de la subordinación, es 2017), sentencia que hoy por hoy es
decir estando demostrada está a cuestionada por la presente acción de
través de los medios idóneos ¿por qué tutela. […]
omitirla solo con fundamento en una
interrupción de la que no existe prueba REGLAS DE LA SENTENCIA DE
en contrario?, si su función es respetar UNIFICACIÓN SUJ-025-CE-S2-2021
garantías constitucionales como juez Posterior al estudio de los cuatro
contencioso administrativo ¿por qué presupuestos (realización personal del
no reconocer la existencia de las trabajo, subordinación por parte del
prerrogativas laborales durante las patrono, la contraprestación de un
vigencias contractuales que se salario, y el cumplimiento de un horario)
pretendieron?. […] a tener en cuenta para la determinar, si
la Litis se centraba en un contrato civil o
Bajo este orden de ideas, la un contrato laboral, en CONSEJO DE
providencia judicial censurada además ESTADO procedió hacer el análisis de las
de apartarse de la línea jurisprudencial nuevas reglas jurisprudenciales
marcada por el alto tribunal estipuladas en la sentencia de
administrativo para resolver asuntos unificación SUJ-025-CE-S2- 2021 por lo
en los que se tacha por corresponder tanto en la presente acción
a una ficción legal los contratos de constitucional, se procederá analizar el
prestación de servicios suscrito por encuadramiento de cada una de estas
entidades públicas, mayor reproche reglas :
merece por cuanto el fallador de
primera instancia no tuvo en cuenta PRIMERA REGLA: EL TÉRMINO
los testimonios rendidos y que daban ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE
fe de la configuración de los elementos […] Resulta obvio que no se atendió al
esenciales de todo contrato de trabajo principio de planeación, principio que
durante la relación existente entre la debió tener en cuenta la entidad
UNVIERSIDAD POPULAR DEL CESAR Y demandada, ya que no se planeó de
LUIS EBERTO TORRES SEOANES, manera correcta la contratación de mi
habiendo cumplido este último poderdante, esto debido a que, si dicha
órdenes y un horario en la prestación planeación se hubiese llevado a cabo de
de sus servicios personales. […] manera responsable, los servicios de mi
(Negrilla pertenece al texto) poderdante en la entidad demandada no
se hubiese vuelto parte de una
dependencia del trabajo, ya que dentro
de los 26 contratos mencionados
anteriormente, hubo incluso periodos de
tiempo de hasta treinta y cuatro (34)
meses, donde se contrataron los
servicios de mi poderdante, de manera
sucesiva, por lo tanto y debido al tiempo
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era más factible y eficaz para la entidad
demandada, contar con los servicios de
planta de mi poderdante.
SEGUNDA REGLA […] Era menester
que si bien, el CONSEJO DE ESTADO, no
reconoció el cumulo de los contratos,
que se presentaron como pruebas, esta
sala de decisión en aras de no ocasionar
un perjuicio irremediable, pudo haber
reconocido los periodos en los que no se
interrumpió la no solución de
continuidad, ya que algunas de las
pretensiones constituyen derechos y
garantías mínimas e irrenunciables,
derechos tal como lo estipula el artículo
13 del código sustantivo del trabajo “ Las
disposiciones de este Código contienen
el mínimo de derechos y garantías
consagradas en favor de los
trabajadores. No produce efecto alguno
cualquiera estipulación que afecte o
desconozca este mínimo”8 que de haber
valorado de manera adecuada las
pruebas testimoniales aportadas en el
proceso, no se le hubiesen vulnerado
además esas garantías mínimas que
debería tener cualquier trabajador, y que
por fallos como el del consejo de estado,
se transgreden derechos a las personas.
Lo anterior, sin tener en cuenta la falta
de valoración de la prueba testimonial
que fehacientemente estableció que
durante el lapso de un contrato y el otro
el señor LUIS EBERTO seguía laborando
mientras se suscribía el nuevo contrato,
en la práctica este tipo de actos suelen
ser obligatorios para no crear traumas
en la prestación de servicios,
circunstancias que todos conocemos y
que imperiosamente le corresponde al
trabajador aceptar por el solo hecho de
garantizar la permanencia y renovación
de su contrato.
De acuerdo a lo esgrimido es evidente
que las judicaturas accionadas omitieron
el valor probatorio derivado de los
testigos que sin duda demostraban la
continua y permanente función de mi
mandante en la labor encomendada y
eventualmente contratada. […]
TERCERA REGLA […] Con relación a la
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tercera regla, Una vez declarada la
existencia de una relación laboral
encubierta lo que le corresponde a la
empresa como una de sus obligaciones
patronales, es el pago de los aportes a
seguridad social a mi poderdante, toda
vez que dicha regla solo hace mención a
los aportes en salud y no al resto de las
pretensiones dentro del referido
proceso. (Negrilla pertenece al texto)
Ahora bien, la Sala al estudiar el contenido de la providencia
cuestionada15, observa que la autoridad judicial accionada abordó el
problema jurídico planteado de la siguiente manera:
“[…] 2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta que la parte apelante insiste en que a su
juicio se demostró la configuración de la relación laboral, la Sala
procederá con su examen, a la luz de los criterios establecidos
en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 2021. Así las cosas, para resolver la alzada se
deben absolver los siguientes interrogantes:
2.4.1. ¿Existió entre el señor Luis Eberto Torres Seoanes
y la Universidad Popular del Cesar una relación laboral
encubierta que permita el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo
en que permaneció vinculado contractualmente?
2.4.1.1. Prestación personal del servicio. Este elemento se
acredita a través de los distintos contratos y OPS que el
demandante suscribió con la Universidad, cuyo objeto era la
prestación de servicios personales en la asesoría, consultoría e
interventoría de las obras contratadas por esta y que se
encontraran en ejecución, así como las que se llegaren a
adelantar durante la vigencia de cada contrato. En ese sentido,
15
Índice No. 17, aplicativo Samai, expediente digital segunda instancia, cuaderno 02 Consejo de Estado
documento No. 06 Sentencia proceso No. 20001-23-39-000-2015-00130-01 https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/sectriadm_cendoj_ramajudicial_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1
669392453102&or=OWA%2DNT&cid=dbac12d1%2D9420%2D82d1%2D8a61%2Dd1453bbf8628&ga
=1&id=%2Fpersonal%2Fsectriadm%5Fcendoj%5Framajudicial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEXP
EDIENTES%20DIGITALES%2FDESPACHO%2002%2FPROCESOS%20ORDINARIOS%2FNULIDAD%20Y
%20RESTABLECIMIENTO%2F20001233900220150013000%2FExpedienteAntiguo%2F02ConsejoEstad
o
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Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
el señor Torres Seoanes desarrolló sus funciones en forma
personal y en atención a sus cualificaciones y no a través de
interpuesta persona.
2.4.1.2. Remuneración. De conformidad con las Resoluciones
3215 y 3460 de 200325 y las actas de liquidación,26 se advierte
que al contratista se le entregó, por sus servicios profesionales,
una suma monetaria de manera periódica.
2.4.1.3. Subordinación continuada. Siguiendo los
lineamientos consolidados en la mencionada sentencia de
unificación, en el presente caso son indicios de la subordinación
continuada los siguientes:
i) El lugar de trabajo. De acuerdo con los testimonios recibidos
la actividad se desarrollaba en las instalaciones físicas de la sede
de Planeación y Desarrollo Universitario en «la sede Hurtado».
Sin embargo, de lo indicado en los contratos y conforme a lo
reconocido en la demanda, el señor Torres Seoanes se
desplazaba a otras sedes de la entidad a efectos de cumplir su
objeto contractual, esto es, las labores de interventoría de las
obras en las sedes de Sabana, Codazzi y Aguachica.27
Ahora bien, el demandante alegó que la relación laboral se
evidenciaba en la medida en que la Universidad reconocía el
pago de viáticos28 cuando se desplazaba fuera de la sede
principal. Este hecho se acredita también con las declaraciones
de las señoras Mejía Gutiérrez29 y Corro Molina.30 Al respecto,
esta última señaló que a los contratistas «normalmente no les
hacen [trámite de] viáticos a menos de que esté explícito en su
contrato».
En efecto, tal y como se advierte de los contratos celebrados
entre las partes, este derecho fue pactado en cada uno de ellos
en los que se incluyó la siguiente cláusula: «Por la naturaleza
del contrato como contratista no se tendrá derecho a viáticos,
pero en el evento en que la Universidad requiera que se desplace
fuera de la ciudad de Valledupar, la Universidad Popular del
Cesar le reconocerá y pactará en estos casos y por cada día, los
gastos de manutención y alojamiento con una suma de dinero
igual a la que por concepto de viáticos le correspondería según
la Tabla del Decreto 670 de 2002».
ii) El horario de labores. El testigo John Jairo Viloria Escobar
afirmó que trabajaban en jornadas de 8 am a 12 m y 2 a 6 pm,
normalmente en la universidad, y que si él no se encontraba en
la oficina, estaba en alguna de las 3 sedes.31 Sobre el tema, la
señora Mejía Gutiérrez señaló lo siguiente:32 […]
En igual sentido, la señora Corro Molina afirmó que ella sí
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cumplía horario y por tal circunstancia advertía que él también
lo hacía, pues lo veía en la Universidad en ese periodo.
Lo expuesto no lleva a la Sala al convencimiento de que el señor
Torres Seoanes estuviera sometido a un horario previamente
establecido por algún miembro de la Universidad, pues si bien
coinciden en señalar que en el tiempo en que ellos debían
permanecer en la institución, él también se encontraba allí, no
por ello se puede concluir que este le era impuesto y que su
incumplimiento le acarreaba algún tipo de sanción o llamado de
atención.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar. A partir de la lectura de las obligaciones contractuales
se observa que cada una de ellas podían llevarse a cabo en forma
autónoma e independiente, sin que pueda considerarse que los
informes mensuales que este entregaba al jefe de Planeación y
Desarrollo Universitario,33 impliquen el ejercicio del ius
variandi34 por parte de la demandada. […]
En consecuencia, del estudio de los testimonios no se evidencia
de manera directa el elemento de la subordinación, el cual
determina la diferencia entre el contrato laboral y el de
prestación de servicios, pues el cumplimiento de un horario y/o
el seguimiento a la forma en que se cumplía la función no
constituyen elementos que por sí solos sean suficientes para
demostrar el aspecto sustancial de la subordinación. Lo
anterior, toda vez que lo narrado por los deponentes bien puede
hacer parte de la necesaria coordinación que debe existir entre
los extremos de un vínculo contractual, en cuanto a la manera
en que deben prestarse los servicios que necesita la
administración.
Así las cosas, no se acreditó que las labores que ejercía el señor
Luis Eberto Torres Seoanes debieran sujetarse a los reglamentos
o a la programación interna que estableciera la entidad
educativa, ni al poder disciplinario de esta, pues de lo único que
dan cuenta los elementos probatorios es que aquel desarrollaba
el objeto contractual con la autonomía que le otorga la labor
específica por la cual fue contratado y que se prolongó por
ciertos periodos como consecuencia de las obras que se
adelantaban en las sedes de la universidad.
iv) Las actividades o tareas a desarrollar no corresponden
a las que tienen asignadas los servidores de planta. Al
respecto, la señora Mejía Gutiérrez señaló que en la planta de
personal no existía un trabajador que cumpliera las funciones
del demandante,37 y aseguró que tenía conocimiento del asunto
toda vez que cuando trabajó con el señor Abdo Enrique Barrera
(jefe de la Oficina de Planeación) presentaron las solicitudes de
disponibilidad presupuestal para suscribir el contrato de
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Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
prestación de servicios, por cuanto no había un arquitecto que
cumpliera estas funciones, razón por la cual acudían a contratar
a una persona para que realizara interventoría de las obras que
adelantaba la universidad.38
En efecto, tal y como lo certificó en varias oportunidades la
coordinadora del Grupo de Gestión de Desarrollo Humano de la
Universidad Popular del Cesar «la planta de personal no cuenta
con personal idóneo disponible para ejercer interventoría de
obras civiles»,39 lo cual se justifica en tanto que la realización
de tales obras no corresponde al giro ordinario de la misión de
la institución que es la prestación de servicios educativos.
2.4.1.4. Finalmente, en cuanto a la temporalidad de los
contratos de prestación de servicios, teniendo en consideración
la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, pudo
establecerse, a partir de lo certificado por el Grupo de Gestión
de Desarrollo Humano de la Universidad Popular del Cesar, los
estudios previos o «análisis de conveniencia y oportunidad» que
se aportaron al proceso,40 y lo señalado por la señora Mejía
Gutiérrez, que los contratos se celebraron en función de la
necesidad que tenía la entidad de ese servicio y del presupuesto
asignado para ello.
Así las cosas, esta Sala no encuentra plenamente acreditados los
elementos esenciales de una relación laboral (subyacente) entre
el demandante y Universidad demandada; en consecuencia,
considera que la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar
debe ser confirmada. […]” (Negrilla pertenece al texto).
Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo
planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto
de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la
jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la
intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor.
Por el contrario, se destaca que sus argumentos fueron analizados y
resueltos por la autoridad judicial accionada en segunda instancia y,
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en esa medida, sólo se procura su discusión en sede de tutela para
buscar la oportunidad de debatir, en una tercera oportunidad, la
posición del actor, lo cual resulta improcedente.
Como quedó visto, resulta improcedente por esta vía constitucional
plantear un debate legal como si se tratara de un recurso o una
instancia adicional frente a actuaciones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, que fueron proferidas por autoridades judiciales investidas
de competencia en procesos que ofrecen los medios para proteger
las garantías constitucionales, así lo precisó la Sala Plena de la Corte
Constitucional en sentencia de unificación SU-215 de 2022, en la que
al efecto sostuvo:
“[…] Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que
“la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de
amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios
ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal.
[…]
En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de
tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del
ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia
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Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
o recurso adicional para reabrir debates meramente legales.
Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
el caso de la providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se
sostuvo lo siguiente:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
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Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05673-00
Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201717, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
la reiteración de planteamientos que ya fueron estudiados por el juez
natural y que obedecen a un debate de mera legalidad, en el cual el
juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción
de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05673-00
Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis
de la acción constitucional, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de relevancia
constitucional.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo presentada por el actor, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado por
carecer del requisito de relevancia constitucional, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05673-00
Actor: LUIS EBERTO TORRES SEOANES
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de diciembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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