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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2015-00130-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2015-00130-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017, por el Tribunal Administrativo del Cesar, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por el señor Luis Eberto Torres Seoanes, contra la Universidad Popular del Cesar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2015-00130-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes
Demandado: Universidad Popular del Cesar

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017, por el Tribunal
Administrativo del Cesar, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de
la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Luis Eberto Torres Seoanes, mediante
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio
RECT-100-03-07-177-2014 del 23 de abril de 2014, expedido por el rector de la

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

Universidad Popular del Cesar, mediante el cual negó el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales por el periodo por el cual duró relación contractual.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar la existencia de la relación laboral entre las partes; ii) pagar las
prestaciones sociales adeudadas y la sanción moratoria establecida en la Ley 244
de 1995; iii) actualizar las sumas de dinero reconocidas, de conformidad con lo
señalado en el artículo 187 del CPACA; iv) dar cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 ibidem; y v) condenar a la demandada al pago de
intereses moratorios y en costas.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:

i) El señor Luis Eberto Torres Seoanes trabajó al servicio de la Universidad
Popular del Cesar entre el 19 de mayo de 2003 y el 23 de diciembre de 2009, en
calidad de asesor, consultor, e interventor de obras. Asimismo, ejerció las
funciones en forma personal, atendió instrucciones y cumplió los horarios fijados
por la institución educativa, por lo cual recibió una remuneración básica mensual.

ii) La vinculación se realizó a través de contratos de prestación de servicios que
fueron renovados periódica y sucesivamente. Sin embargo, por el lapso
contratado no le pagaron prestaciones sociales.

iii) El demandante solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones
adeudadas, no obstante, la entidad negó tal petición a través del acto
demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

2

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

Como tales, se señalaron los artículos 2, 13, 28, 29, 53 y 90 de la Constitución
Política; 138, 155, 161 y 162 de la Ley 1437 de 2011; y las Leyes 6.ª de 1945 y
244 de 1995.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:1 En virtud del principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades, y por razón de las circunstancias en que se desarrolló el vínculo
con la entidad, esta debe reconocer la relación laboral y pagar las prestaciones
sociales y demás derechos laborales causados y dejados de percibir.

1.2. Contestación de la demanda

La Universidad Popular del Cesar, por intermedio de apoderado, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a
continuación:2

i) De acuerdo con lo señalado en cada uno de los contratos celebrados, la labor
encomendada al demandante no se ejecutó en forma ininterrumpida, sino por los
periodos allí establecidos.

ii) La relación contractual tuvo objetos distintos, y como tal, no genera el derecho
al reconocimiento de prestaciones sociales y se caracterizó por la autonomía e
independencia del actor.

iii) No existen elementos contundentes que permitan la prosperidad de las
pretensiones. En tal sentido, conforme a lo señalado en el artículo 177 del CPC, le
incumbe al demandante la carga de la prueba.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia proferida el 9 de febrero
de 2017, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció

1
Folios 1 a 9.
2
Folios 97 a 108

3

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

en estos términos:3

i) De los contratos y órdenes de prestación de servicios suscritos por el
demandante y la Universidad se verifica que el objeto contractual en común era la
prestación de servicios personales en la asesoría, consultoría e interventoría de
las obras contratadas por el ente educativo.

En consecuencia, de las obligaciones se puede inferir que la labor encomendada
no debía realizarla de manera permanente, ni mucho menos respetando un
horario de trabajo, por el contrario, del objeto contractual se denota autonomía e
independencia del contratista, toda vez que ejercía la interventoría de diferentes
obras contratadas en todas las sedes de la entidad, la asesoraba en la fase
precontractual de los proyectos y tenía a su cargo la elaboración, revisión y
actualización de diseños, planos, presupuestos de las obras y especificaciones
técnicas de construcción, elaboración de pliegos de condiciones, dirección,
evaluación y resolución de las observaciones de los proponentes y contratistas,
entre otros, que deducen la total libertad para llevarlas a cabo.

ii) El demandante desarrolló labores ocasionales o temporales, para las cuales la
Ley 80 de 1993 previó la figura del contrato de prestación de servicios, las cuales
requerían de conocimientos técnicos específicos (arquitectura) y que no hacen
parte íntegra del giro normal de las actividades de un ente universitario.

iii) En el proceso no se encuentra un medio probatorio idóneo para acreditar la
total sujeción del señor Torres Seoanes a un jefe inmediato y con ello, el elemento
de la subordinación. Si bien los testigos coinciden en afirmar que el actor recibía
órdenes y directrices de los superiores y cumplía horarios, no existen otros
elementos que permitan confrontar sus dichos.

iv) En cuanto a los viáticos que eran reconocidos al actor, se resalta que dicha
circunstancia se encontraba convenida por las partes en los contratos celebrados
y, por lo tanto, ello no evidencia una relación laboral, pues no puede

3
Folios (…).

4

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

desconocerse que los servicios de interventoría deben efectuarse en obras
adelantadas en todas las sedes de la institución universitaria, razón por la cual
son justificados los desplazamientos que debía realizar.

1.4. El recurso de apelación

El señor Luis Eberto Torres Seoanes, por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación4 y lo sustentó así:

i) La labor por la cual fue contratado se desarrolló en forma personal entre los
años 2003 a 2009, bajo la subordinación del jefe de la Oficina de Planeación de la
época, tal y como lo reconocen los testigos. Además, estos se refieren al
cumplimiento de un horario, lo que desvirtúa que se tratara de una relación de
coordinación. Son los compañeros de trabajo quienes pueden dar constancia de
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrolló la relación.

ii) La necesidad del servicio se evidencia por la cantidad de años por los cuales se
celebraron los contratos y por cuanto las actividades realizadas eran inherentes a
la naturaleza de la entidad demandada.

iii) Como se demostró, no transcurrían más de 30 o 45 días sin que el
demandante estuviera contratado, sin embargo, durante esas interrupciones
seguía trabajando a la espera de la suscripción de un nuevo acto jurídico.

iv) El demandante recibía el pago de viáticos, pese a que en virtud de lo señalado
por uno de los testigos «a los contratistas externos, nunca se les paga viáticos».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes guardaron silencio, según se desprende de la constancia secretarial
del 6 de octubre de 2017.5

4
Folios 870 a 883.
5
Folio 902.

5

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Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto. 6

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de apelación, 7 se
circunscribe a establecer si es posible declarar la existencia de una verdadera
relación laboral entre el señor Luis Eberto Torres Seoanes y la Universidad
Popular del Cesar que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales, en el período comprendido entre el 19 de mayo de 2003 y
el 23 de diciembre de 2009.

2.2. Marco normativo

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos
y principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico,
democrático y participativo que asegure un orden político, económico y social
justo». A su vez, los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos
fundamentales, la igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y

6
Ibidem.
7
Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

6

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-8 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue
desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización9, en
cuya virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de
eliminar cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

8
Aprobada el 11 de abril de 1919.
9
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

7

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el
derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar
una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita
libremente escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y
satisfactorias (...)», y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo
a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos
y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los
artículos 1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación
de los Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento
interno, para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre
ellos, el trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los
acuerdos o los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana o los derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al
señalar que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las
relaciones laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento
constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios
para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de
las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a
nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia

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Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado
la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a
falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto
general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues
está definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que
establece lo siguiente:

3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios

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Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de
2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 10 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades «no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».11

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o
dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que
«En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales». 12

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del

10
«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de
planeación nacional»,
11
Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es
necesario un apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la
experticia o conocimiento especializado necesario para llevar a buen término la actividad
encomendada a la entidad.
12
Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es
posible que en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de
realidad, y para perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al
respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad
condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones
acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se acredite por parte del
contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

10

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de
esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la
prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse que
si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una
auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución
de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun
cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que
emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en
ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la
Carta Política.13

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.

2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del

13
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado
76001-23-31-000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

11

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que
permiten contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de
desarrollarlo. No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se
celebra debe estar consignado en los estudios previos dentro del objeto
contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

[…] para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su
ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el
consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber
fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes,
sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre
funcionarial.

2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye
el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.14

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:

14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019;
radicado 08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación,
y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades
de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,15 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de
esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que
se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como personal natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;16 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las

15
A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá,
Leyer,1996, págs. 54 y 55.
16
Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del
contrato de trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».

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Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus
actividades en terceras personas. 17

2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la
entidad contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el
carácter fijo o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta
retribución recibe el nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través
de los recibos que, por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a
la prestación del servicio contratado.

2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato
debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y
este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».18

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta
del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que

17
Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B; de 1 de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo
Perdomo Cuéter.
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

14

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual
no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –
y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.19

2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se
itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada
caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa
laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80
de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que
inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles,
siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los efectos
jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de haberse
presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la prescripción de

19
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

15

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el evento
contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto de
algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo
siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y
que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos
habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los
fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia,
el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando
no se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los
3 años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.20

2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,

20
En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el
término de la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los
elementos establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no
existe una relación laboral cuya duración deba ser examinada.

16

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado
la existencia de una relación laboral encubierta.

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso
concreto a la luz de dichos parámetros.

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se
establece lo siguiente:

El señor Luis Eberto Torres Seoanes celebró los siguientes contratos con la
Universidad Popular del Cesar:

Fecha Fecha
Contrato Duración Objeto
inicio terminación
Prestación de servicios personales por
parte del contratista, en la interventoría de
008 (Folios 16 de mayo 16 de junio
1 mes las obas contratadas por la Universidad y
23 y 24) de 2003 de 2003
que actualmente se encuentran en
ejecución.
Prestación de servicios personales por
26 de parte del contratista, en la interventoría de
010 (Folios 11 de julio 1 mes 15
agosto de las obas contratadas por la Universidad y
25 y 26) de 2003 días
2003 que actualmente se encuentran en
ejecución.
Prestar los servicios de interventoría de las
27 de 4 de
0405 (Folio obras civiles que se ejecutan en la
agosto de septiembre 8 días
27) Universidad Popular del Cesar y otras
2003 de 2003
afines
10 de 9 de
0457 (Folio
septiembre noviembre 2 meses Prestación de servicios profesionales
27)
de 2003 de 2003
Prestar servicios profesionales, relacionado
con el diseño arquitectónico y de ingeniería
0126 (Folio 8 de marzo
• - del edificio en donde funcionarán los
27) de 2004
laboratorios de la Universidad Sede la
Vallenata y la Sala de Informática

17

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

Prestación de servicios personales por
parte del contratista, en la asesoría,
29 de consultoría e interventoría de las obas
015 (Folios 29 de junio
marzo de 3 meses contratadas por la Universidad y que
37 y 38) de 2004
2004 actualmente se encuentran en ejecución,
como las que se llegaren a adelantar
durante la vigencia de este contrato.
Prestación de servicios personales por
parte del contratista, en la asesoría,
30 de consultoría e interventoría de las obas
035 (Folios 30 de junio
septiembre 3 meses contratadas por la Universidad y que
39 a 41) de 2004
de 2004 actualmente se encuentran en ejecución,
como las que se llegaren a adelantar
durante la vigencia de este contrato.
Prestación de servicios como asesor,
consultor e interventor de las obras
arquitectónicas contratadas por la
Universidad y que se encuentran en
28 de 28 de
OPS (Folio ejecución tales como la construcción de la
octubre de diciembre 2 meses
42) Sala de Laboratorio e Informática (Contrato
2004 de 2004
No. 020 del 10 de mayo de 2004) y el
contrato de interventoría de la construcción
de la biblioteca (Contrato No. 028 del 30 de
diciembre de 2003)
Prestación de servicios como asesor,
consultor e interventor de las obras
arquitectónicas contratadas por la
Universidad y que se encuentran en
OPS 001 6 de enero 6 de marzo ejecución tales como la construcción de la
2 meses
(Folio 43) de 2005 de 2005 Sala de Laboratorio e Informática (Contrato
No. 020 del 10 de mayo de 2004) y el
contrato de interventoría de la construcción
de la biblioteca (Contrato No. 028 del 30 de
diciembre de 2003)
Prestar su servicio profesional a la UPC
consistente en 1) Elaboración, revisión y
actualización de diseños, planos y
presupuestos de obras de toda la
infraestructura física de la Universidad
Popular del Cesar en todas sus sedes. 2)
Elaborar, revisar y ajustar las
especificaciones técnicas de construcción,
26 de 3) Elaboración de pliegos de condiciones o
OPS 002 25 de abril
enero de 2 meses términos de referencia, 4) Asesorar a la
(Folio 44) de 2006
2006 UPC en la fase precontractual de los
proyectos que se programen su
construcción, 5) asistir, dirigir, evaluar y
resolver las observaciones de proponentes
y contratistas de la Universidad si esta
considera pertinente, 6) Revisar y evaluar
propuestas que se presenten en la fase
precontractual, 7) realizar interventoría de
obras.
Adición
26 de abril 10 de junio 1 mes 15
01(Folio -
de 2006 de 2006 días
45)

18

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

Prestar su servicio profesional a la UPC
consistente en: Elaboración, revisión y
actualización de diseños, planos y
presupuestos de obras de toda la
infraestructura física de la Universidad
Popular del Cesar en todas sus sedes.
Elaborar, revisar y ajustar las
especificaciones técnicas de construcción.
27 de
OPS 047 28 de junio Elaboración de pliegos de condiciones o
noviembre 5 meses
(Folio 46) de 2006 términos de referencia. Asesorar a la UPC
de 2006
en la fase precontractual de los proyectos
que se programen su construcción. Asistir,
dirigir, evaluar y resolver las observaciones
de proponentes y contratistas de la
Universidad si esta considera pertinente.
Revisar y evaluar propuestas que se
presenten en la fase precontractual.
Realizar interventoría de obras.
11 de 20 de
Adición 01
diciembre diciembre 10 días -
(Folio 47)
de 2006 de 2006
21 de 21 de
Adición 02
diciembre febrero de 2 meses -
(Folio 48)
de 2006 2007
Prestar su servicio profesional a la UPC
consistente en: Elaboración, revisión y
actualización de diseños, planos y
presupuestos de obras de toda la
infraestructura física de la Universidad
Popular del Cesar en todas sus sedes.
Elaborar, revisar y ajustar las
especificaciones técnicas de construcción.
OPS 049 5 de marzo 5 de agosto Elaboración de pliegos de condiciones o
5 meses
(Folio 49) de 2007 de 2007 términos de referencia. Asesorar a la UPC
en la fase precontractual de los proyectos
que se programen su construcción. Asistir,
dirigir, evaluar y resolver las observaciones
de proponentes y contratistas de la
Universidad si esta considera pertinente.
Revisar y evaluar propuestas que se
presenten en la fase precontractual.
Realizar interventoría de obras.

8 de
Adición 01 8 de agosto
noviembre 3 meses -
(Folio 50) de 2007
de 2007

19

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

Prestar su servicio profesional a la UPC
consistente en: Elaboración, revisión y
actualización de diseños, planos y
presupuestos de obras de toda la
infraestructura física de la Universidad
Popular del Cesar en todas sus sedes.
Elaborar, revisar y ajustar las
especificaciones técnicas de construcción.
26 de 15 de
OPS 152 Elaboración de pliegos de condiciones o
noviembre diciembre 19 días
(Folio 51) términos de referencia. Asesorar a la UPC
de 2007 de 2007
en la fase precontractual de los proyectos
que se programen su construcción. Asistir,
dirigir, evaluar y resolver las observaciones
de proponentes y contratistas de la
Universidad si esta considera pertinente.
Revisar y evaluar propuestas que se
presenten en la fase precontractual.
Realizar interventoría de obras.
Prestar su servicio profesional a la UPC
consistente en: Elaboración, revisión y
actualización de diseños, planos y
presupuestos de obras de toda la
infraestructura física de la Universidad
Popular del Cesar en todas sus sedes.
20 de 20 de Elaborar, revisar y ajustar las
OPS 199
diciembre marzo de 3 meses especificaciones técnicas de construcción.
(Folio 52)
de 2007 2008 Elaboración de pliegos de condiciones o
términos de referencia. Asesorar a la UPC
en la fase precontractual de los proyectos
que se programen su construcción. Asistir,
dirigir, evaluar y resolver las observaciones
de proponentes y contratistas de la
Universidad
Prestar su siservicio
esta considera pertinente.
profesional a la
Revisar
Universidad Popular del Cesar paraque
y evaluar propuestas se
apoyar
presenten en la fase precontractual.
en la gestión a la Oficina de Planeación y
Realizar interventoría de obras.
Desarrollo Universitario, en las labores:
Elaboración, revisión y actualización de
diseños, planos y presupuestos de obras
de toda la infraestructura física de la
Universidad Popular del Cesar en todas
sus sedes. Elaborar, revisar y ajustar las
3 de especificaciones técnicas de construcción.
OPS 064 4 de abril
octubre de 6 meses Elaboración de pliegos de condiciones o
(Folio 53) de 2008
2008 términos de referencia. Asesorar a la
Universidad Popular del Cesar en la fase
precontractual de los proyectos que se
programen su construcción. Asistir, dirigir,
evaluar y resolver las observaciones de
proponentes y contratistas de la
Universidad si esta considera pertinente.
Revisar y evaluar propuestas que se
presenten en la fase precontractual.
Realizar interventoría de obras.
4 de 3 de
Adición 01
octubre de diciembre 2 meses -
(Folio 54)
2008 de 2008

20

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

Adición 5 de 15 de
02(Folio diciembre diciembre 10 días -
55) de 2008 de 2008
Prestar su servicio profesional a la
Universidad Popular del Cesar para apoyar
en la gestión a la Oficina de Planeación y
Desarrollo Universitario, en las labores:
Elaboración, revisión y actualización de
2 de diseños, planos y presupuestos de obras
OPS 001 2 de abril
febrero de 2 meses de toda la infraestructura física de la
(Folio 56) de 2009
2009 Universidad Popular del Cesar en todas
sus sedes. Elaborar, revisar y ajustar las
especificaciones técnicas de construcción.
Elaboración de pliegos de condiciones o
términos de referencia. Asesorar a la
Universidad Popular del Cesar en la fase
Prestar su servicio profesional a la
precontractual de los proyectos que se
Universidad Popular del Cesar para apoyar
programen su construcción. Asistir, dirigir,
en la gestión a la Oficina de Planeación y
evaluar y resolver las observaciones de
Desarrollo Universitario, en las labores:
proponentes y contratistas de la
Elaboración, revisión y actualización de
Universidad si esta considera pertinente.
diseños, planos y presupuestos de obras
Revisar y evaluar propuestas que se
de toda la infraestructura física de la
presenten en la fase precontractual.
Universidad Popular del Cesar en todas
Realizar interventoría de obras.
sus sedes. Elaborar, revisar y ajustar las
especificaciones técnicas de construcción.
OPS 079 22 de abril 22 de julio
3 meses Elaboración de pliegos de condiciones o
(Folio 57) de 2009 de 2009
términos de referencia. Asesorar a la
Universidad Popular del Cesar en la fase
precontractual de los proyectos que se
programen su construcción. Asistir, dirigir,
evaluar y resolver las observaciones de
proponentes y contratistas de la
Universidad si esta considera pertinente.
Revisar y evaluar propuestas que se
presenten en la fase precontractual.
Realizar interventoría de obras.
Prestar su servicio profesional a la
Universidad Popular del Cesar para apoyar
en la gestión a la Oficina de Planeación y
Desarrollo Universitario, en las labores:
Elaboración, revisión y actualización de
diseños, planos y presupuestos de obras
de toda la infraestructura física de la
Universidad Popular del Cesar en todas
sus sedes. Elaborar, revisar y ajustar las
30 de especificaciones técnicas de construcción.
OPS 121 30 de julio
septiembre 2 meses Elaboración de pliegos de condiciones o
(Folio 58) de 2009
de 2009 términos de referencia. Asesorar a la
Universidad Popular del Cesar en la fase
precontractual de los proyectos que se
programen su construcción. Asistir, dirigir,
evaluar y resolver las observaciones de
proponentes y contratistas de la
Universidad si esta considera pertinente.
Revisar y evaluar propuestas que se
presenten en la fase precontractual.
Realizar interventoría de obras.

21

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

Prestar su servicio profesional a la
Universidad Popular del Cesar para apoyar
en la gestión a la Oficina de Planeación y
Desarrollo Universitario, en las labores:
Elaboración, revisión y actualización de
diseños, planos y presupuestos de obras
de toda la infraestructura física de la
Universidad Popular del Cesar en todas
sus sedes. Elaborar, revisar y ajustar las
7 de 22 de especificaciones técnicas de construcción.
OPS 145 1 mes 15
octubre de noviembre Elaboración de pliegos de condiciones o
(Folio 59) días
2009 de 2009 términos de referencia. Asesorar a la
Universidad Popular del Cesar en la fase
precontractual de los proyectos que se
programen su construcción. Asistir, dirigir,
evaluar y resolver las observaciones de
proponentes y contratistas de la
Universidad si esta considera pertinente.
Revisar y evaluar propuestas que se
presenten en la fase precontractual.
Realizar interventoría de obras.
Prestar su servicio profesional a la
Universidad Popular del Cesar para apoyar
en la gestión a la Oficina de Planeación y
Desarrollo Universitario, en las labores:
Elaboración, revisión y actualización de
diseños, planos y presupuestos de obras
de toda la infraestructura física de la
Universidad Popular del Cesar en todas
sus sedes. Elaborar, revisar y ajustar las
14 de 23 de especificaciones técnicas de construcción.
OPS 235
diciembre diciembre 10 días Elaboración de pliegos de condiciones o
(Folio 60)
de 2009 de 2009 términos de referencia. Asesorar a la
Universidad Popular del Cesar en la fase
precontractual de los proyectos que se
programen su construcción. Asistir, dirigir,
evaluar y resolver las observaciones de
proponentes y contratistas de la
Universidad si esta considera pertinente.
Revisar y evaluar propuestas que se
presenten en la fase precontractual.
Realizar interventoría de obras.

El 2 de abril de 2014, el señor Luis Eberto Torres Seoanes solicitó a la
Universidad Popular del Cesar el reconocimiento de las prestaciones sociales
adeudadas por el periodo comprendido «entre el 19 de mayo de 2003 y el 23 de
diciembre de 2009».21

El 23 de abril de 2014, el rector de la Universidad emitió el Oficio RECT-100-03-07-
177-2014, por la cual negó la anterior petición con fundamento en que entre el

21
Folios 15 a 18.

22

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

demandante y la institución educativa hubo una relación contractual que no
genera el derecho al pago de prestaciones sociales.22

El 21 de julio de 2016, se recibieron los testimonios de los señores John Jairo
Viloria Escobar, Rosana Mejía Gutiérrez y Amarilis Beatriz Corro Molina. 23

Obra el expediente administrativo del señor Luis Eberto Torres Seoanes, remitido
por la Universidad demandada. 24

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta que la parte apelante insiste en que a su juicio se demostró la
configuración de la relación laboral, la Sala procederá con su examen, a la luz de
los criterios establecidos en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del
9 de septiembre de 2021. Así las cosas, para resolver la alzada se deben
absolver los siguientes interrogantes:

2.4.1. ¿Existió entre el señor Luis Eberto Torres Seoanes y la Universidad
Popular del Cesar una relación laboral encubierta que permita el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó
durante el tiempo en que permaneció vinculado contractualmente?

2.4.1.1. Prestación personal del servicio. Este elemento se acredita a través de
los distintos contratos y OPS que el demandante suscribió con la Universidad, cuyo
objeto era la prestación de servicios personales en la asesoría, consultoría e
interventoría de las obras contratadas por esta y que se encontraran en ejecución,
así como las que se llegaren a adelantar durante la vigencia de cada contrato. En
ese sentido, el señor Torres Seoanes desarrolló sus funciones en forma personal
y en atención a sus cualificaciones y no a través de interpuesta persona.

22
Folios 20 a 22.
23
Folios 823 a 826, CD.
24
Folios 161 a 822.

23

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

2.4.1.2. Remuneración. De conformidad con las Resoluciones 3215 y 3460 de
200325 y las actas de liquidación,26 se advierte que al contratista se le entregó, por
sus servicios profesionales, una suma monetaria de manera periódica.

2.4.1.3. Subordinación continuada. Siguiendo los lineamientos consolidados en
la mencionada sentencia de unificación, en el presente caso son indicios de la
subordinación continuada los siguientes:

i) El lugar de trabajo. De acuerdo con los testimonios recibidos la actividad se
desarrollaba en las instalaciones físicas de la sede de Planeación y Desarrollo
Universitario en «la sede Hurtado». Sin embargo, de lo indicado en los contratos y
conforme a lo reconocido en la demanda, el señor Torres Seoanes se desplazaba
a otras sedes de la entidad a efectos de cumplir su objeto contractual, esto es, las
labores de interventoría de las obras en las sedes de Sabana, Codazzi y
Aguachica.27

Ahora bien, el demandante alegó que la relación laboral se evidenciaba en la
medida en que la Universidad reconocía el pago de viáticos 28 cuando se
desplazaba fuera de la sede principal. Este hecho se acredita también con las
declaraciones de las señoras Mejía Gutiérrez29 y Corro Molina.30 Al respecto, esta
última señaló que a los contratistas «normalmente no les hacen [trámite de]
viáticos a menos de que esté explícito en su contrato».

En efecto, tal y como se advierte de los contratos celebrados entre las partes,
este derecho fue pactado en cada uno de ellos en los que se incluyó la siguiente
cláusula: «Por la naturaleza del contrato como contratista no se tendrá derecho a
viáticos, pero en el evento en que la Universidad requiera que se desplace fuera
de la ciudad de Valledupar, la Universidad Popular del Cesar le reconocerá y
pactará en estos casos y por cada día, los gastos de manutención y alojamiento

25
Folios 28 y 29.
26
Folios 445 y 446, 470 y 471, 524 y 525, 534 y 535, 576 y 577, 600 y 601, 634 y 635, 819 y 820.
27
Minuto 00:11:03. Testimonio de la señora Rosana Mejía Gutiérrez.
28
Folio 501.
29
Minuto 00:12:25
30
Minuto 00:09:32

24

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

con una suma de dinero igual a la que por concepto de viáticos le correspondería
según la Tabla del Decreto 670 de 2002».

ii) El horario de labores. El testigo John Jairo Viloria Escobar afirmó que
trabajaban en jornadas de 8 am a 12 m y 2 a 6 pm, normalmente en la
universidad, y que si él no se encontraba en la oficina, estaba en alguna de las 3
sedes.31 Sobre el tema, la señora Mejía Gutiérrez señaló lo siguiente: 32

Yo tengo conocimiento de que sí cumplía órdenes, tenía un jefe inmediato que era el
jefe de la Oficina de Planeación que era el doctor Aldo Enrique Barrera Mejía, cumplía
horario y doy fe de eso porque en esa época Luis Eberto vivía en la misma localidad,
que era en La Paz, vivía conmigo, él tenía un vehículo y me hacía el favor de traerme
y llegábamos a las 8 y de llevarme, y salíamos a almorzar porque él me proporcionaba
este servicio a mí. […] Él cumplía horario de 8 a 12 y de 2 a 6 como nosotros los
funcionarios de planta.

En igual sentido, la señora Corro Molina afirmó que ella sí cumplía horario y por
tal circunstancia advertía que él también lo hacía, pues lo veía en la Universidad
en ese periodo.

Lo expuesto no lleva a la Sala al convencimiento de que el señor Torres Seoanes
estuviera sometido a un horario previamente establecido por algún miembro de la
Universidad, pues si bien coinciden en señalar que en el tiempo en que ellos
debían permanecer en la institución, él también se encontraba allí, no por ello se
puede concluir que este le era impuesto y que su incumplimiento le acarreaba
algún tipo de sanción o llamado de atención.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. A partir de la
lectura de las obligaciones contractuales se observa que cada una de ellas podían
llevarse a cabo en forma autónoma e independiente, sin que pueda considerarse
que los informes mensuales que este entregaba al jefe de Planeación y Desarrollo
Universitario,33 impliquen el ejercicio del ius variandi34 por parte de la demandada.

31
Minuto 00:07:15
32
Minuto 00:07:30
33
Folios 190, 403, 406, 429, 433, 437, 442, 464, 466, 493, 529, 568, 571, 594, 597, 631, 637, 664,
667, 701, 704, 728, 733, 737, 771, 777, 779 y 782.

25

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

Al respecto, debe señalarse que el señor Viloria Escobar indicó lo siguiente:
«teníamos un jefe, el doctor Abdo Enrique Barrera, él le daba instrucciones
precisas sobre cómo debían ser los procedimientos a nivel de construcción de la
universidad, le daba instrucciones sobre el tema de las interventorías, le daba
instrucciones sobre cómo debían ser los informes presentados ante el Ministerio
de Educación».35 No obstante, para esta Sala, estas indicaciones correspondían
al ejercicio normal de coordinación con el contratista, y no se encuentra respaldo
probatorio que permita concluir que aquellas se constituían en un mandato
imperativo sobre el modo y la forma de desarrollar su labor.

La anterior situación ha sido convalidada por la jurisprudencia de esta Corporación
que ha señalado que entre contratante y contratista puede existir una «relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada,
lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados, pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento
de subordinación».36

En efecto, el demandante fue contratado por la Universidad con el fin de prestar
sus conocimientos en arquitectura a efectos de realizar las labores de asesoría,
consultoría e interventoría de las obras contratadas por esta, es decir, las
actividades por las que fue contratado requerían de un conocimiento técnico al
que se llegaba dada su experticia en la materia y no porque estuviera cumpliendo
con un servicio misional del ente educativo.

34
Sobre el concepto del ius variandi, ver la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, del 8 de abril de 2010, C. P. Bertha
Lucía Ramírez de Páez; núm. interno: 5288-2005. O las sentencias de la Corte Constitucional (p.
ej. T-407 de 1992, T-503 de 1999), y, en especial, la Sentencia T-797 de 3 de agosto de 2005
donde se precisó lo siguiente: «El ius variandi es una de las manifestaciones del poder de
subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, y se concreta en la facultad de variar
las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de
modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo».
35
Minuto 00:07:00.
36
Véase la sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez

26

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

En consecuencia, del estudio de los testimonios no se evidencia de manera
directa el elemento de la subordinación, el cual determina la diferencia entre el
contrato laboral y el de prestación de servicios, pues el cumplimiento de un
horario y/o el seguimiento a la forma en que se cumplía la función no constituyen
elementos que por sí solos sean suficientes para demostrar el aspecto sustancial
de la subordinación. Lo anterior, toda vez que lo narrado por los deponentes
bien puede hacer parte de la necesaria coordinación que debe existir entre los
extremos de un vínculo contractual, en cuanto a la manera en que deben
prestarse los servicios que necesita la administración.

Así las cosas, no se acreditó que las labores que ejercía el señor Luis Eberto
Torres Seoanes debieran sujetarse a los reglamentos o a la programación interna
que estableciera la entidad educativa, ni al poder disciplinario de esta, pues de lo
único que dan cuenta los elementos probatorios es que aquel desarrollaba el
objeto contractual con la autonomía que le otorga la labor específica por la cual
fue contratado y que se prolongó por ciertos periodos como consecuencia de las
obras que se adelantaban en las sedes de la universidad.

iv) Las actividades o tareas a desarrollar no corresponden a las que tienen
asignadas los servidores de planta. Al respecto, la señora Mejía Gutiérrez
señaló que en la planta de personal no existía un trabajador que cumpliera las
funciones del demandante, 37 y aseguró que tenía conocimiento del asunto toda
vez que cuando trabajó con el señor Abdo Enrique Barrera (jefe de la Oficina de
Planeación) presentaron las solicitudes de disponibilidad presupuestal para
suscribir el contrato de prestación de servicios, por cuanto no había un arquitecto
que cumpliera estas funciones, razón por la cual acudían a contratar a una
persona para que realizara interventoría de las obras que adelantaba la
universidad.38

37
Minuto 00:09:37
38
Minuto 00:13:20

27

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

En efecto, tal y como lo certificó en varias oportunidades la coordinadora del
Grupo de Gestión de Desarrollo Humano de la Universidad Popular del Cesar «la
planta de personal no cuenta con personal idóneo disponible para ejercer
interventoría de obras civiles», 39 lo cual se justifica en tanto que la realización de
tales obras no corresponde al giro ordinario de la misión de la institución que es la
prestación de servicios educativos.

2.4.1.4. Finalmente, en cuanto a la temporalidad de los contratos de prestación de
servicios, teniendo en consideración la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021, pudo establecerse, a partir de lo certificado por el Grupo de Gestión de
Desarrollo Humano de la Universidad Popular del Cesar, los estudios previos o
«análisis de conveniencia y oportunidad» que se aportaron al proceso, 40 y lo
señalado por la señora Mejía Gutiérrez, que los contratos se celebraron en
función de la necesidad que tenía la entidad de ese servicio y del presupuesto
asignado para ello.

Así las cosas, esta Sala no encuentra plenamente acreditados los elementos
esenciales de una relación laboral (subyacente) entre el demandante y
Universidad demandada; en consecuencia, considera que la decisión del Tribunal
Administrativo del Cesar debe ser confirmada.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,41 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la

39
Folios 165, 216, 282, 372, 604, 789.
40
Folios 217 y 218, 259, 279 y 280, 326 y 327, 353 y 354, 369 y 370, 407 y 408, 475 y 476, 499 y
500, 539 y 540, 581 y 582, 606 y 607, 642 y 643, 680 y 681, 708 y 709, 714 y 715, 743 y 744, 90 y
791.
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.

28

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez
revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con
el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad
de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e
intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en
materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación
no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas
(incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y
que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8.° del
artículo 365 del Código General del Proceso, 42 la Sala se abstendrá de condenar
en costas de segunda instancia, por no encontrarse demostradas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, la Sala considera que no se demostró que entre el señor Luis
Eberto Torres Seoanes y la demandada existió una relación laboral subyacente,
razón por la cual hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que
denegó las pretensiones de la demanda.

42
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

29

Radicado: 20001 23 39 000 2015 00130 01 (1475-2017)
Demandante: Luis Eberto Torres Seoanes

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 9 de febrero de 2017, por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que denegó las pretensiones de la demanda, en el
proceso promovido por el señor Luis Eberto Torres Seoanes, contra la
Universidad Popular del Cesar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

(SLVA)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

30

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