Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05675-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05675-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05675-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
27 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 27 de febrero de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05675-00
Demandante: Vendedores Estacionarios del “Mirador de Chipre”
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Falta de vinculación de
terceros a proceso ordinario/ Defecto procedimental/ Defecto sustantivo
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias proferidas por las autoridades
judiciales demandadas dentro de una acción popular, por considerar que le vulneraron
sus derechos al omitir o negar su vinculación a dicho proceso.
De conformidad con el Auto de 15 de diciembre de 20221 y la
competencia asignada2, procede la Sala a resolver, en primera instancia,
la acción de tutela presentada por los vendedores estacionarios del
mirador de Chipre en contra del Juzgado 1 Administrativo de Manizales y el
Tribunal Administrativo de Caldas.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 25 de octubre de 2022, los vendedores estacionarios del mirador
de Chipre3, por intermedio de apoderado judicial, presentaron acción de
tutela contra el Juzgado 1 Administrativo de Manizales y el Tribunal
Administrativo de Caldas, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso (defensa y contradicción), acceso a la
administración de justicia, mínimo vital, vida en condiciones dignas,
1 Por medio del cual, el Magistrado Fredy Ibarra Martínez ordenó enviar el expediente de la referencia a este
despacho, “en la medida que el proyecto de fallo presentado (…) fue derrotado por la posición mayoritaria en
Sala del 5 de diciembre de 2022”. Es preciso señalar que el mismo ingresó a este despacho el 12 de enero de
2023, tal como consta en el Sistema Sede Electrónica para la Gestión Judicial – SAMAI.
2 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
3 José Fernando López Villegas, Janeth Padilla Tamayo, Edwar Felipe Forero Chalarca, Jhon Fredy Rivas Ortiz,
Elizabeth Arias López, Sandro Arias Amariles, Juan David Arias López, Santiago Ramírez Hurtado, James Anderson
Orozco Montoya, Luis Felipe Galvis, Lina Jhoana Laserna Mejía, Jorge Andrés Moreno Amador, Alejandro Pérez
Villa, Kelly Vanessa Blandón Henao, Daniela Loaiza Urrego.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05675-00
Demandante: Vendedores Estacionarios del “Mirador de Chipre”
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela
Decisión: Concede amparo
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igualdad y trabajo, así como al principio de confianza legítima, con
ocasión de las providencias que dichas autoridades judiciales profirieron en
el trámite de la acción popular con radicado No. 17001-33-33-001-2020-
00032-004.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1. TUTELAR favor de los Vendedores Estacionarios accionantes del Mirador de
Chipre y con efectos inter pares sus derechos fundamentales AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONFIANZA LEGÍTIMA, DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL VERTICAL, MÍNIMO VITAL, VIDA EN
CONDICIONES DIGNAS, DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL TRABAJO,
DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN.
2. DEJAR SIN EFECTO las siguientes providencias:
• Auto Admisorio de Demanda del 10 de febrero de 2020 proferido por el
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO de Manizales, donde se
omitió deliberadamente por el juez de instancia vincular a los VENDEDORES
ESTACIONARIOS DEL MIRADOR DE CHIPRE como demandados o terceros
intervinientes afectados dentro del proceso.
• Auto de Sustanciación del 10 de agosto de 2020 proferido por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO de Manizales, donde se citó a la
Audiencia de Pacto de Cumplimiento y nuevamente no se integró
debidamente la parte pasiva de la litis.
• Sentencia de Primera Instancia proferida por el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO de Manizales en el marco del MEDIO DE
CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS con Rad:
2020-00032-00 el 18 de noviembre de 2020, nuevamente la sentencia no tiene
en cuenta a los VENDEDORES ESTACIONARIOS DEL MIRADOR DE CHIPRE como
parte directamente afectada de las consecuencias del fallo.
• Auto Interlocutorio 116 del 27 de julio de 2021- Rechaza de Plano Incidente
de Nulidad presentado en favor de VENDEDORES ESTACIONARIOS MIRADOR
DE CHIPRE y niega por extemporaneidad coadyuvancia y solicitud de
intervención de terceros proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CALDAS, DESPACHO DE LA H.M: PATRICIA VARELA CIFUENTES.
• Sentencia de Segunda Instancia No 71 del 29 de abril de 2022 proferido por
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, DESPACHO DE LA H.M: PATRICIA
VARELA CIFUENTES, en el marco del MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS con Rad: 2020-00032-00. Sentencia que
modifica los plazos ordenados en primera instancia para la restitución o
recuperación del Espacio Público y niega la vinculación de terceros
afectados.
• Auto Interlocutorio No. 251 del 10 de junio de 2022 proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CALDAS, DESPACHO DE LA H.M: PATRICIA VARELA
CIFUENTES que niega Solicitud de Aclaración Incoada por los VENDEDORES
ESTACIONARIOS DEL MIRADOR DE CHIPRE. Y, en consecuencia,
4 Por parte del juzgado: Autos de 10 de febrero y 10 de agosto de 2020 y Sentencia de primera instancia de 18
de noviembre de 2020. Por parte del tribunal: Auto de 27 de julio de 2021, Sentencia de segunda instancia de 29
de abril de 2022 y Auto de 10 de junio de 2022.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela
Decisión: Concede amparo
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3. ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MANIZALES O AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, DESPACHO DE LA H.M:
PATRICIA VARELA CIFUENTES que vincule oficiosamente a los vendedores
estacionarios del mirador de Chipre al MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN A
LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS con rad: 2020-00032, permitiéndoles
ser escuchados en el proceso y en la Audiencia de Pacto de cumplimiento,
para que hagan valer sus pruebas y se les reconozca como parte pasiva
dentro de la acción popular.
4. ORDENAR a la ALCALDÍA DE MANIZALES que cese, suspenda o no impida
que los accionantes laboren en su sitio habitual de trabajo conocido como el
Mirador de Chipre y hasta tanto no se haya proferido nueva sentencia por
parte del juez natural que consulte y tenga en cuenta los estándares
constitucionales de la materia, entre otros, los contenidos en las Sentencias SU-
360 de 1999; T-772 de 2003; T-521 de 2004.; T-465 de 2006; T-630 de 2008, T-1179
de 2008; T-926 de 2010; T-152 de 2011; T 711 de 2011; T-970 de 2011; T-717 de
2012; T-244 de 2012; T-376 de 2012; T-703 de 2012; T-386 de 2013. T-629 de 2013;
T-231 de 2014; T-481 de 2014; T-334 de 2015; T-607 de 2015; T-692 de 2016; T-067
de 2017.; T-257 de 2017; T-424 de 2017; T-701 de 2017; T-090 de 2020; T-151 de
2021 y T- 263 de 2022.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) Enrique Arbeláez Mutis presentó demanda, en ejercicio de la
acción popular, en contra del municipio de Manizales, con el fin de
obtener la protección de los derechos colectivos al ambiente sano,
defensa del bien público y moralidad administrativa, vulnerados con
ocasión de la invasión del espacio público en el sector de los colonizadores
en el mirador del Chipre, ubicado en Manizales, Caldas.
5. 2) El asunto le correspondió al Juzgado 1 Administrativo de Manizales,
el cual, mediante Auto de 10 de febrero de 2020, admitió la demanda y
dispuso, entre otras, que la parte actora informara sobre su existencia a los
miembros de la comunidad de Manizales. Luego, en Auto de 10 de agosto
de 2020, citó a audiencia de pacto de cumplimiento para el 28 de agosto
de 2020.
6. 3) El 18 de noviembre de 2020, el Juzgado 1 Administrativo de
Manizales profirió sentencia de primera instancia, en la cual declaró la
vulneración de los derechos e intereses colectivos a la salubridad pública y
al goce del espacio público por parte del municipio de Manizales. En
consecuencia, le ordenó a ese ente territorial que, en un plazo de 15 días,
adelantara una serie de trámites administrativos, de control y policivos
necesarios para garantizar el aprovechamiento del espacio público5.
5 Puntualmente ordenó (se trascribe): “1. Adelantar los trámites administrativos, de control y policivos necesarios
para adoptar las medidas tendientes a garantizar que la zona de parqueo o bahía contigua al monumento de
Los Colonizadores, pueda ser utilizada por cualquier ciudadano o vehículo. Lo anterior incluye mantener libre las
zonas dispuestas para el tránsito vehicular de mobiliario, vehículos, trailers, entre otros, que se estacionen de
manera permanente para el aprovechamiento económico del espacio público. 2. Adelantar las acciones
administrativas necesarias para garantizar la movilidad y paso de transeúntes por los senderos peatonales en el
sector contiguo al Parque de los Colonizadores. 3. Realice un estudio técnico orientado a identificar y evaluar la
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7. 4) El municipio de Manizales apeló la anterior decisión. Manifestó su
inconformidad frente al plazo concedido para cumplir las órdenes
impartidas y la falta de vinculación de los particulares que vulneran los
derechos colectivos del sector, por lo cual solicitó que se ampliara el
término concedido de 15 días y se efectuara la respectiva vinculación
para que la sentencia fuera oponible. Recurso que fue concedido el 26 de
noviembre de 2020.
8. 5) El 15 de diciembre de 2020, los vendedores estacionarios del
Mirador de Chipre presentaron incidente de nulidad, bajo las causales
previstas en los numerales 2 y 86 del artículo 133 del Código General del
Proceso (CGP), por considerar que, al desarrollar actividades económicas
en la zona objeto de la acción popular, se vieron afectados con el fallo,
pero que no pudieron ejercer su derecho de defensa y contradicción
porque en ninguna etapa del proceso se les vinculó. En consecuencia,
solicitaron que se decretara la nulidad de todo lo actuado y se ordenara la
notificación del auto admisorio de la demanda.
9. 6) A través del Auto de 27 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo
de Caldas rechazó de plano el incidente de nulidad, al determinar que
había falta de legitimación para presentarlo7 porque (se trascribe) “para la
fecha de interposición de esta acción constitucional quienes estaban
autorizados para ocupar el espacio público con actividades económicas
en el sitio objeto de las pretensiones, ya no ostentaban tal condición y por
ende no había lugar a vincularlos como terceros afectados”. Por otro lado,
negó por extemporánea la coadyuvancia presentada por Jesús María
Rendón Valdez y otros.
10. 7) El 3 de agosto del 2021, los vendedores estacionarios del mirador
de Chipre presentaron recurso de apelación en contra del Auto de 27 de
julio de 2021. Argumentaron que la decisión constituía un exceso ritual
manifiesto y una prevalencia del derecho procedimental sobre el
sustancial, porque (se trascribe) “se le da más importancia a la existencia o
no de unos permisos sobre la realidad del ejercicio de actividades
económicas por parte de un grupo de personas”.
11. 8) Mediante providencia de 25 de octubre de 2021, el Tribunal
Administrativo de Caldas rechazó por improcedente el recurso de
conveniencia y necesidad de instalar baños públicos sobre la Avenida 12 de Octubre. 4. Una vez se determine la
viabilidad procederá a instalar los baños de acuerdo con las condiciones arrojadas por el estudio. Circunstancia
que debe ser informada y acreditada ante este Despacho Judicial.”
6 “ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes
casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. (…)
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes (…).”
7 Artículo 135 del CGP.
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apelación, con fundamento en el artículo 36 de la Ley 472 de 19988, y,
además, decidió no reponer el Auto de 27 de julio de 2021.
12. 9) El 29 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas profirió
sentencia de segunda instancia, en la que modificó el plazo fijado en la
sentencia apelada para la ejecución de las órdenes dadas y, en
consecuencia, dispuso de 6 meses para el trámite de los procedimientos
de tránsito y de policía y de 8 meses para la realización del estudio
técnico. Sobre la solicitud de vinculación, indicó que no se pronunciaría
sobre esta porque ya lo había hecho y, además, no fue materia de la
decisión en la sentencia apelada.
13. 10) Contra la anterior decisión, los vendedores estacionarios del
mirador de Chipre presentaron solicitud de aclaración9, la cual fue negada
en Auto del 10 de junio de 2022, porque los peticionarios no eran parte y,
por ende, carecían de legitimación.
14. Para la parte actora, el fundamento de la vulneración radicó en el
desconocimiento, por parte de los demandados, del precedente
jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la
confianza legítima que les asiste a los vendedores informales en los
procesos de recuperación del espacio público10.
15. Manifestó que tanto el juzgado como el tribunal incurrieron en
exceso ritual manifiesto dado que, en los autos de admisión de la
demanda, de citación a la audiencia de pacto de cumplimiento, de
rechazo del incidente de nulidad y en las sentencias reprochadas de la
acción popular, omitieron o negaron la vinculación de los vendedores
estacionarios del mirador de Chipre, sin motivación o bajo “argumentos
puramente formales” o razones de legalidad y de vigencia de los permisos
de parqueo, (se trascribe) “derivándose de su actuar una inaplicación de
la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial”.
16. Incluso, afirmó que el municipio de Manizales, en su apelación,
solicitó la vinculación de terceros afectados, pero que esta no se efectuó.
Además, que, si bien era cierto que los permisos no estaban vigentes en el
2020, los accionantes, al no haber sido vinculados al proceso, no tuvieron
la oportunidad de conocer la manifestación de voluntad de la
8 “ARTICULO 36. RECURSO DE REPOSICION. Contra los autos dictados durante el trámite de la Acción Popular
procede el recurso de reposición, el cual será interpuesto en los términos del Código de Procedimiento Civil.”
9 Indicaron que la decisión presentaba vacíos y ambigüedades sobre la materialización de las medidas y,
además, no era clara frente a las garantías mínimas que tendrían para desalojar el espacio público ni sobre
planes de reubicación o saneamiento de condiciones.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencias de 2 de febrero de
2012 [AP-2530], de 12 de agosto de 2010, Rad. No. 63001-23-31-000-2005-01898-01(AP), de 10 de abril de 2008,
Rad. No. 25000-23-24-000-2000-00320-01; Sección Cuarta, Sentencia de 30 de abril de 2003 [AP-553].
Corte Constitucional, Sentencias T-772 de 2003, C-265 de 2002, SU-601ª de 1999, C-478 de 1998, C-423 de 1994, T-
528 de 1992 y T-550 de 1992.
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administración municipal, de manera que (se trascribe) “no se pueden
imponer obligaciones o cargas administrativas desproporcionadas a quien
no se le ha garantizado un mínimo de derechos de audiencia, defensa y
contradicción”.
17. También alegó la configuración de un defecto sustantivo por la
inaplicación de los artículos 5 y 18 (inciso final) de la Ley 472 de 1998,
relativos a la facultad oficiosa del juez para vincular a los posibles
responsables de la afectación a los derechos e intereses colectivos y
encausar de forma correcta el proceso y su finalidad, pues consideró que,
ante la tensión entre la recuperación del espacio público y las
expectativas legítimas de los vendedores, la aplicación de esa norma era
imperativa y no optativa.
1.2. Posición de la parte demandada11
18. El Juzgado 1 Administrativo de Manizales remitió el expediente
ordinario solicitado y manifestó que no tenía interés alguno en la presente
acción constitucional, más allá de acatar lo que se decidiera.
19. El municipio de Manizales informó que, el 9 de noviembre de 2022, el
Juzgado 10 Civil Municipal de Manizales decidió la tutela con Rad. 2022-
00670-00 que, por los mismos hechos, se interpuso contra dicho ente
territorial. También indicó que debía proceder al desalojo de los trailers de
Chipre, por invasión del espacio público, pues no era posible ocuparlo
legítimamente, por ser un derecho colectivo de superior categoría que el
derecho individual en disputa.
20. En ese orden, adujo que no podría alegarse confianza legitima por
parte de los propietarios de los trailers ubicados en la zona de Chipre,
debido a que los “permisos de parqueo” otorgados por la anterior
administración del municipio de Manizales eran contrarios a derecho,
concretamente al artículo 76 del Código Nacional de Tránsito.
21. Consideró que la tutela de la referencia era improcedente porque
las sentencias enjuiciadas protegieron derechos colectivos y no incurrieron
11 Mediante Auto de 31 de octubre de 2022, el despacho del magistrado Fredy Ibarra Martínez resolvió, entre
otros, (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de
Caldas y (3) vincular al Juzgado 1 Administrativo de Manizales y al alcalde o quien haga sus veces del municipio
de Manizales, Caldas. Sobre dicha providencia, se pone de presente que, aunque no hubo pronunciamiento
sobre la medida provisional de ordenar el cese de cualquier tipo de procedimiento policivo y de recuperación
del espacio público, haya tanto no se haya proferido fallo de fondo sobre el particular al igual que la Alcaldía de
Manizales no haya ofrecido un plan de reubicación formal en condiciones dignas para los vendedores
estacionarios del mirador de Chipre, que consta en un documento independiente a la tutela dentro del
expediente digital, la Sala se abstendrá de hacerlo en esta etapa procesal porque la parte demandante no
recurrió el mencionado auto con el fin de obtener el pronunciamiento respectivo y, en todo caso, como el
asunto ya será fallado, la medida se torna inocua.
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en ninguno de los defectos invocados, además, porque, aquella no está
instituida como una tercera instancia judicial. Además, destacó que
tampoco se cumplía con el requisito de inmediatez porque las
providencias judiciales fueron notificadas hace más de 6 meses.
22. El Tribunal Administrativo de Caldas guardó silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Identificación de derechos presuntamente vulnerados. 2.2. Identificación
de defectos. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. 2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales. 2.6. Conclusión.
2.1. Identificación de derechos presuntamente vulnerados
23. Pese a que, en la solicitud de amparo, la parte actora señaló, de
manera expresa, la vulneración de varios derechos fundamentales y un
principio constitucional, la Sala se centrará en el estudio de los derechos al
debido proceso (defensa y contradicción) y acceso a la administración de
justicia, dado que en el marco de una actuación judicial cobra relevancia
estudiar si, durante el desarrollo del trámite judicial ordinario, esos derechos
fueron vulnerados, pues, la vulneración de los demás derechos y principios
invocados surge como consecuencia de la misma afrenta. En
consecuencia, en el evento de encontrarlos lesionados los antes
mencionados, existirá razón suficiente para conceder el amparo.
2.2. Identificación de defectos
24. Si bien, la parte accionante, en el escrito de tutela, invocó un
desconocimiento del precedente relacionado con la confianza legítima
que les asiste a los vendedores informales en los procesos de recuperación
del espacio público, la Sala considera que no desplegó argumentos que
permitieran su estudio, pues, simplemente citó varias providencias de la
Corte Constitucional y del Consejo de Estado, pero sin precisar las reglas
jurisprudenciales aplicables a su caso. Por lo anterior, la Sala centrará su
estudio en los defectos procedimental y sustantivo alegados.
2.3. Fijación de la controversia
25. Corresponde a la Sala establecer, luego de verificados los requisitos
de procedencia de la acción de tutela, si el Juzgado 1 Administrativo de
Manizales y el Tribunal Administrativo de Caldas incurrieron en 1) un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al negar, en las
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providencias enjuiciadas12, la vinculación de los vendedores estacionarios
del mirado de Chipre a la acción popular No. 2020-00032-00 y/o en 2)
defecto sustantivo, al inaplicar los artículos 5 y 18 (inciso final) de la Ley 472
de 1998, relativos a la facultad oficiosa del juez para vincular a los posibles
responsables de la afectación a los derechos e intereses colectivos y
encausar de forma correcta el proceso y su finalidad.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial13
26. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente
porque: (1) No existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte
demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
de los derechos presuntamente vulnerados, pues la parte actora formuló
incidente de nulidad, solicitudes y recursos ante las decisiones que negaron
su vinculación a la acción popular. (2) En relación con la inmediatez, se
precisa que, aunque se enjuician providencias que datan del 2020 y 2021,
este requisito se satisface, comoquiera que la falta de vinculación de los
vendedores estacionarios del mirador de Chipre a la acción popular No.
2020-00032-00 resulta ser una situación actual y continua, pues, como no
hicieron parte de dicho proceso, no se les puede exigir el enjuiciamiento,
sin legitimación, de esas decisiones. (3) No se enjuició un fallo de tutela,
pues la controversia se relaciona con providencias proferidas en el marco
de una acción popular, de las cuales se reprocha el hecho de que las
autoridades judiciales no hubieran vinculado a los vendedores
estacionarios del mirador de Chipre. (4) Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos.
27. (5) La controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación de los derechos fundamentales de los vendedores
estacionarios del mirador de Chipre, con ocasión de diferentes
providencias a las cuales se les endilgó la omisión o negativa de vincularlos
a la acción popular. Asimismo, se precisa que, aunque en el proceso
ordinario ellos insistieron en su vinculación, esto no implica que el asunto
carezca de trascendencia o que se pretenda revivir una discusión, al
contrario, se evidencia que lo que se busca es obtener la intervención del
juez de tutela en un asunto que, según ellos, careció de motivación.
12 Autos de 10 de febrero y 10 de agosto de 2020, Sentencia de 18 de noviembre de 2020, Auto de 27 de julio de
2021, Sentencia de 29 de abril de 2022 y Auto de 10 de junio de 2022.
13 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-66 de 2019.
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Referencia: Acción de tutela
Decisión: Concede amparo
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2.5. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales
28. La Sala amparará los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de los vendedores estacionarios del mirador de
Chipre, con fundamento en las siguientes razones:
29. Los accionantes alegaron que las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto por haber omitido o negado, con argumentos formales, su
vinculación a la acción popular con radicado No. 2020-00032-00,
desconociendo así la prevalencia del derecho sustancial. Igualmente,
manifestaron que incurrieron en un defecto sustantivo por no aplicar los
artículos 5 y 18 (inciso final) de la Ley 472 de 1998.
30. En atención a lo expuesto en la tutela, la Sala evidenció que, en el
trámite de primera instancia de la acción popular No. 2020-00032-00, el
Juzgado 1 Administrativo de Manizales no vinculó a los vendedores
estacionarios del mirador de Chipre, pues, profirió el Auto de 10 de febrero
de 2020, mediante el cual admitió la demanda y el Auto de 10 de agosto
de 2020, en el cual citó para audiencia de pacto de cumplimiento, y llevó
a cabo dicha diligencia el 28 de agosto de 2020, sin efectuar dicha
vinculación.
31. Asimismo, en el trámite de la segunda instancia del aludido proceso,
el Tribunal Administrativo de Caldas, en Auto de 27 de julio de 2021,
rechazó el incidente de nulidad formulado por la parte aquí accionante,
tras determinar que, como para ese momento, ya no estaban vigentes los
permisos que había dado el municipio de Manizales, (se trascribe) “quienes
estaban autorizados para ocupar el espacio público con actividades
económicas en el sitio objeto de las pretensiones, ya no ostentaban tal
condición y, por ende, no había lugar a vincularlos como terceros
afectados”. En esa medida, concluyó que carecían de legitimación para
interponer el incidente.
32. Además, negó la solicitud de coadyuvancia en la que participaron
los aquí accionantes, con fundamento en que la misma fue extemporánea
-7 de diciembre de 2020-, pues, debía presentarse antes de que se
profiriera la sentencia de primera instancia – 18 de noviembre de 2020-.
33. Para la Sala, se configuró el defecto sustantivo porque las
autoridades judiciales dejaron de aplicar el artículo 18 de la Ley 472 de
1998 que, en su inciso final, dispone (se trascribe) “(…) cuando en el curso
del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05675-00
Demandante: Vendedores Estacionarios del “Mirador de Chipre”
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela
Decisión: Concede amparo
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de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos en que
aquí se prescribe para el demandado”, pues, aunque la demanda de la
acción popular se dirigió contra el municipio de Manizales y la Secretaría
de Tránsito y Transporte de Manizales, lo cierto es que en ella el
demandante puso de presente que los derechos colectivos cuya
protección solicitaba estaban siendo vulnerados por la invasión del
espacio público [sector de los colonizadores. – Mirador de Chipre] con
vehículos o puestos de venta14, de ahí que, en vista de eso, el juez popular
debió ejercer su facultad oficiosa de vincular al proceso a los vendedores
de ese sector como otros posibles responsables de la vulneración o dado
su interés en las resultas del proceso, pero no lo hizo15.
34. Eso conllevó, además, a la inobservancia del artículo 5 de la Ley 472
de 1998 que le impone al juez el deber de velar por la prevalencia del
derecho sustancial y el respeto al debido proceso y garantías procesales.
Vale la pena destacar que, al ser una acción constitucional, el trámite
judicial de la acción popular debe ser adelantado con especial
observancia del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, de modo que la rigidez procesal que caracteriza a los procesos
ordinarios no funja como una suerte de barrera de cara al acceso a la
administración de justicia en su faceta más cercana al goce y protección
de derechos colectivos16.
35. Para la Sala, además, se configura el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en la medida que, el Tribunal Administrativo de
Caldas, además de omitir la vinculación referida, la negó cuando fue
pedida, tras considerar que no podían ser terceros afectados porque los
permisos que les había otorgado el municipio de Manizales para ocupar el
espacio público ya no estaban vigentes. Tal argumento, para la Sala,
desconoce la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, a saber,
que, independientemente de la vigencia o no de los permisos, los
accionantes seguían en el lugar objeto de litigio (Mirador de Chipre) y,
ante las medidas ordenadas al ente territorial en la Sentencia de 18 de
14 Sus pretensiones fueron (se trascribe) “Que el despacho ordene quitar los vehículos o puestos de venta que
estén en ese sector en la vía pública. Que se establezca una venta con casetas pero respetando el espacio
público mediante un estudio serio sobre espacio público y derecho al trabajo. Que se instalen baños públicos en
sectores propicios.” Folio 2 del expediente digital de la acción popular No. 2020-00032-00 que obra en el índice
18 de SAMAI de la presente tutela.
15 “(...), tratándose de acciones populares, la Ley 472 de 1998 señala que ésta procede, tanto contra
particulares, como contra autoridades públicas, las cuales pueden estar representadas en personas jurídicas o
naturales. Adicionalmente, esta ley impone al juez de primera instancia, la obligación de citar a aquellas
personas que, si bien no fueron señaladas en la demanda como presuntas responsables, en el curso del proceso
se evidenciaron como tales. Esta facultad tiene por objeto, no sólo lograr la protección efectiva de los derechos
colectivos, sino atender al derecho de defensa de quienes eventualmente pueden verse afectados por una
decisión, pues su ausencia en el proceso no les permite controvertir los asuntos que se ventilan en desarrollo del
mismo”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de agosto de 2006, Rad. No. 11001-03-15-000-2005-
01114-00 (AP) y Auto de 26 de noviembre de 2013, Rad. No. 27001-23-31-000-2010-00084-01 /AP).
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de tutela de 19 de enero de 2021, Rad. No.
11001-03-15-000-2022-05193-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05675-00
Demandante: Vendedores Estacionarios del “Mirador de Chipre”
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela
Decisión: Concede amparo
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noviembre de 202017, confirmada en la Sentencia de 29 de abril de 2022,
resultaron afectados sin haber ejercido su derecho de defensa.
36. Ahora, exigirles que hubieran presentado en tiempo, es decir, antes
del fallo de primera instancia, la solicitud de coadyuvancia, también
constituye un exceso ritual manifiesto, pues resulta impensable que los
vendedores estacionarios coadyuven la acción por medio de la cual se
pretende la recuperación del espacio público que ellos ocupan. Fue,
precisamente, con la decisión de primera instancia, que ellos se vieron
afectados y, por ende, procedieron a instauran el incidente de nulidad y la
solicitud de coadyuvancia, pero respecto del recurso de apelación que
presentó el municipio de Manizales y en el cual solicitó la vinculación de los
particulares que vulneran los derechos colectivos.
37. Así las cosas, la existencia de los defectos sustantivo y procedimental
constituye razón suficiente para predicar la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso (defensa y contradicción) y acceso a la
administración de justicia, invocados por la parte actora, y proceder a su
amparo.
38. En consecuencia, se dejará sin efecto todo lo actuado en la acción
popular No. 2020-00032-00, desde el Auto de 10 de febrero de 2020, y se le
ordenará Juzgado 1 Administrativo de Manizales que profiera un nuevo
auto admisorio de la demanda, con el fin de que vincule a los vendedores
estacionarios del mirador de Chipre a dicho trámite.
2.6. Conclusión
39. Por las consideraciones expuestas, la Sala determina que, por no
haberse vinculado a los aquí accionantes al trámite de la acción popular
No. 2020-00032-00, se configuraron los defectos invocados. En esa medida,
se dejará sin efecto todo lo actuado en la acción popular No. 2020-00032-
00, desde el Auto de 10 de febrero de 2020, y se le ordenará al Juzgado 1
Administrativo de Manizales que profiera un nuevo auto admisorio en el
que efectúe dicha vinculación.
17 “(…) TERCERO: ORDENAR al Municipio de Manizales: 1. Adelantar los trámites administrativos, de control y
policivos necesarios para adoptar las medidas tendientes a garantizar que la zona de parqueo o bahía contigua
al monumento de Los Colonizadores, pueda ser utilizada por cualquier ciudadano o vehículo. Lo anterior incluye
mantener libre las zonas dispuestas para el tránsito vehicular de mobiliario, vehículos, trailers, entre otros, que se
estacionen de manera permanente para el aprovechamiento económico del espacio público. 2. Adelantar las
acciones administrativas necesarias para garantizar la movilidad y paso de transeúntes por los senderos
peatonales en el sector contiguo al Parque de los Colonizadores” (…)”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05675-00
Demandante: Vendedores Estacionarios del “Mirador de Chipre”
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: Acción de tutela
Decisión: Concede amparo
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso
(defensa y contradicción) y acceso a la administración de justicia de los
vendedores estacionarios del mirador de Chipre, por las razones expuestas.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS todo lo actuado en la acción popular No.
2020-00032-00, desde el Auto de 10 de febrero de 2020, admisorio de la
acción popular, inclusive. En consecuencia, ORDENAR al Juzgado 1
Administrativo de Manizales que, dentro de los 10 días siguientes a la
notificación de esta providencia, profiera un nuevo auto admisorio en el
cual atienda lo expresado en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello18.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
18 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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