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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00233-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2025-00233-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión de primera instancia del 19 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, objeto de impugnación, por las razones aquí expuestas. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2025-00233-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

18 de septiembre de 2025

Radicado: 17001-23-33-000-2025-00233-01
Demandante: Unión Temporal Tecnovial

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 17001-23-33-000-2025-00233-01
Demandante: Unión Temporal Tecnovial
Demandado: Juzgado Tercero Administrativo de Manizales

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad – acción popular.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 19 de agosto de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas,
que resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela iniciada por Unión Temporal
Tecnovial contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales. SEGUNDO:
Notifíquese por el medio más eficaz y expedito.

TERCERO: Contra la presente decisión, procede impugnación ante el Consejo de Estado, dentro de
los tres días siguientes a su notificación.

CUARTO: Si este proveído no es impugnado, por Secretaría, Envíese el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de agosto de 2025, la sociedad Unión Temporal Tecnovial mediante apoderado,
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales por
estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al mínimo
vital, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
«1. TUTELAR favor de la unión temporal tecnovial y con efectos inter pares sus derechos
fundamentales AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONFIANZA LEGÍTIMA,
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL VERTICAL, MÍNIMO VITAL, VIDA
EN CONDICIONES DIGNAS, DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL TRABAJO, A LA
SLECCIÓN COMOCONTRATISTA, AL DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y
CONTRADICCIÓN.

2. DEJAR SIN EFECTO las siguientes providencias:

• Auto Admisorio de Demanda del 27 de MARZO de 2023 proferido por el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO de Manizales, donde se omitió por el juez de instancia vincular
a los INTERVENTORES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN LA UNIÓN
TEMPORAL TECNOVIAL como interesados o terceros intervinientes afectados dentro del proceso.

• Auto de Sustanciación del 30 de MAYO de 2023 y del 9 de OCTUBRE de 2023, proferido por el
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO de Manizales, donde se citó a la
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Demandante: Unión Temporal Tecnovial

Audiencia de Pacto de Cumplimiento y nuevamente no se integró debidamente la parte pasiva de la
Litis o no se vinculó a los directamente afectados con las sentencias de acción popular, y que
claramente corresponden a los interventores del contrato de concesión, identificables en la ciudad
de Manizales.

• Sentencia de Primera Instancia proferida por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO de Manizales en el marco del MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
E INTERESES COLECTIVOS con Rad: 17001-33-33-003-2023-0087-00, sentencia No. 057 del 18
de febrero de 2.025 proferida en primera instancia, nuevamente la sentencia no tiene en cuenta a
los interventores del contrato de concesión la unión temporal tecnovial, como parte directamente
afectada de las consecuencias del fallo.

• Auto A.I. 367 del tres (3) de marzo de dos mil veinticinco (2025), notificado el 4 de marzo de 2025,
decisión que niega la nulidad de la sentencia No. 057 del 18 de febrero de 2.025 proferida en primera
instancia.

• Auto de 23 de octubre de 2023, notificado por estado el 25 de octubre de 2023, contra el auto A.I.
599 del siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025), notificado el 8 de abril de 2025, decisión que
niega conceder el recurso de apelación contra el auto A.I. 367 del tres (3) de marzo de dos mil
veinticinco (2025), notificado el 4 de marzo de 2025, decisión que niega la nulidad de la sentencia
No. 057 del 18 de febrero de 2025.

3. ORDENAR al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES que
vincule oficiosamente a la UNIÓN TEMPORAL TECNOVIAL al MEDIO DE CONTROL DE
PROTECCIÓN A LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS con rad: 17001-33-33-003- 2023-
0087-00, permitiéndoles ser escuchados en el proceso y en la Audiencia de Pacto de cumplimiento,
para que hagan valer sus pruebas y se les reconozca como parte pasiva dentro de la acción
popular.».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 31 de marzo de 2023, el municipio de Manizales y el consorcio Movilidad Digital
Manizales suscribieron el contrato de concesión 2303310628, en el que se estableció
que el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos estaría a cargo del supervisor
designado por el municipio o, en su defecto, de una interventoría externa con las
mismas facultades.

El 14 de diciembre de 2023, mediante el acuerdo de voluntades núm. 2312141446 el
municipio de Manizales contrató a la Unión Temporal Tecnovial para ejercer la
interventoría externa del referido contrato de concesión.

Con anterioridad a la suscripción del contrato de concesión, el señor Brayan David
Salazar Herrera presentó acción popular contra del municipio de Manizales para
protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público, el principio
de moralidad administrativa, principios de igualdad y equidad, con la finalidad de que
se declarara la nulidad del proceso de licitación LP 001-2023, porque a su juicio, no
cumplía con los requisitos establecidos en el Acuerdo 01113 del 1° de junio de 2022.

El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de
Manizales con radicado número 2023-00087-00, que, en providencia del 27 de marzo
de 2023, admitió la demanda.

En sentencia del 18 de febrero de 2025 el Juzgado accedió a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, ordenó al municipio de Manizales, que en el plazo de
seis (6) meses, posteriores a la ejecutoria de la sentencia, procediera a liquidar
unilateralmente el contrato de concesión 2303310628, suscrito entre el municipio y el
Consorcio Movilidad Digital Manizales.
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De igual forma, exhortó al municipio de Manizales, para que de considerarlo pertinente
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia iniciara de nuevo los trámites
administrativos ante el Concejo de Manizales, para solicitar la autorización requerida
para adelantar un nuevo contrato de concesión. Dicha decisión fue notificada a las
partes el 19 de febrero de 2025.

Del incidente de nulidad

El 21 de febrero de 2025, la sociedad Unión Temporal Tecnovial presentó solicitud de
nulidad por falta de vinculación al proceso, al considerar que el Juzgado omitió la
integración del litisconsorcio necesario pues su vinculación al proceso como tercera
con interés era necesaria, porque es la interventora del contrato de concesión.

El Juzgado Tercero Administrativo de Manizales, en auto del 3 de marzo de 2025,
negó la solicitud de nulidad al considerar que el derecho colectivo había sido violado
únicamente por el municipio de Manizales, quien como contratante, debía proceder a
la liquidación del contrato, con las restituciones mutuas a que hubiera lugar, por lo
que, algún elemento adicional relacionado con esas prestaciones o con los elementos
de la liquidación del contrato, debían ser solucionados por las partes contratantes y
por los terceros interesados en el mismo.

Además, resaltó que en el caso objeto de estudio no existió falta de integración del
litisconsorcio necesario con la interventora del contrato; pues estando frente a una
acción pública, esa manifestación la pudo haber efectuado por medio de un escrito de
coadyuvancia.

Explicó que en su momento tuvo como accionado al municipio de Manizales y como
vinculados al Concejo de la ciudad y a la Unión Temporal Movilidad Digital, por
considerar que debían estar presentes en la actuación; sin ampliar la cantidad de
sujetos procesales a terceros respecto de la relación contractual, como podría ser el
caso de proveedores o interventores.

Contra la providencia que negó la solicitud, la hoy tutelante presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación. El Juzgado en providencia del 7 de abril de
2025, no repuso la decisión recurrida, rechazó por improcedente la apelación de la
referida providencia y concedió la apelación de la sentencia ante el Tribunal
Administrativo de Caldas para surtir el trámite de segunda instancia.

Inconforme con la decisión la demandante presentó recurso de reposición y en
subsidio queja, el cual fue resuelto en auto del 5 de mayo de 2025, en el que el
Juzgado dispuso:

«PRIMERO: NO REPONER el auto del 8 de abril de 2025.

SEGUNDO: CONCEDER los recursos de queja interpuestos por la Unión Temporal
TECNOVIAL y el Consorcio MOVILIDAD DIGITAL MANIZALES contra las siguientes
decisiones, plasmadas en el auto de 7 de abril de 2025: (i) El rechazo por improcedente, del
recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó una petición de nulidad procesal; y
(ii) La concesión del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el efecto
devolutivo.

TERCERO: Por Secretaría, REMÍTASE el expediente el Tribunal Administrativo de Caldas,
para surtir dichos recursos, como también la apelación contra la sentencia de primera
instancia.».
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Demandante: Unión Temporal Tecnovial

El proceso fue remitido al Tribunal Administrativo de Caldas, que, en providencia
del 26 de junio de 2025 estimó bien denegado el recurso de apelación interpuesto por
la Unión Temporal Tecnovial contra el auto del 7 de abril de 2025.

Desde el 11 de julio de 2025, el expediente pasó al despacho para proferir sentencia
de segunda instancia.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora indicó que no fue vinculada al trámite del proceso de acción popular
con radicado núm. 2023-0087-00/01, pese a tener interés legítimo, por tener la calidad
de litisconsorte necesario al ser la interventora del contrato de concesión sobre el que
se estudió la demanda popular y, a pesar de que solicitó la nulidad del trámite por su
falta de notificación y vinculación, fue negada.

Señaló que la autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales
invocados, en la medida en que incurrió en los defectos sustantivo y procedimental,
porque en el estudio de su solicitud de vinculación no se tuvo en cuenta el hecho de
que el contrato de interventoría corría la misma suerte de la concesión.

Explicó que, la providencia que negó la solicitud de nulidad de la sentencia, esto es,
el auto del 3 de marzo de 2025, incurrió en una interpretación excesivamente ritualista
y formal del artículo 135 del CGP en relación con los requisitos para alegar la nulidad,
pues si bien, no se encontraba vinculado al proceso, era determinante su vinculación,
dado que el contrato de intervención tiene interdependencia y correlación con el de
concesión.

Que el defecto sustantivo se configuró al desconocer lo consagrado en los artículos
5 y 18 de la Ley 472 de 1998, en los que se fijó que la acción popular se rige por los
principios constitucionales, especialmente, en los de prevalencia del derecho
sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia y se aplicarán también los
principios generales del Código de Procedimiento Civil, cuando éstos no se
contrapongan a la naturaleza de dichas acciones y cuando en el curso del proceso se
establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia, de
oficio, ordenará su citación al proceso, situación que no ocurrió en el caso objeto de
estudio.

Finalmente, señaló que el fallo de tutela proferido el 27 de febrero de 2023, dictado en
la acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05675-00, guarda similitud fáctica con el
caso objeto de estudio y, en esa oportunidad, se accedió a las pretensiones de la
tutela por falta de vinculación de terceros al proceso.

4. Trámite previo

El 8 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Caldas admitió la acción de tutela
y ordenó notificar a las partes, al señor Brayan David Salazar Herrera, al municipio de
Manizales, al Consejo Municipal de Manizales y el Consorcio Movilidad Digital como
terceros con interés, a quienes remitió copia de la demanda.

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5. Oposición

El Juez Tercero Administrativo de Manizales informó que asumió la dirección del
despacho el 1° de abril de 2025 y que solo participó en la expedición de la providencia
del 7 de abril de 2025, mientras las demás fueron proferidas por el anterior titular.

Explicó que la parte actora pretende cuestionar, por medio de la tutela, decisiones
frente a las cuales ese despacho se pronunció, y que, además, fueron validadas por
el Tribunal Administrativo de Caldas en sede del recurso de queja, razón por la que, a
su juicio, la demandante pretende hacer uso de la solicitud de amparo como instancia
adicional.

Asimismo resaltó que, actualmente, el proceso sigue su curso en segunda instancia
ante el tribunal, y se encuentra a despacho para proferir fallo, por lo que, pretender
que por vía de tutela se deje sin efecto la sentencia dictada en la primera instancia
implicaría sustraer el debate de su cauce ordinario, posibilidad que atentaría
abiertamente contra el mandato de subsidiariedad que rige este mecanismo
constitucional.

En ese orden, estimó que, el Tribunal Administrativo de Caldas es el llamado en sede
ordinaria a efectuar la revisión de la sentencia proferida en primera instancia, y en
dicho escenario, surtir el análisis de los argumentos planteados por los recurrentes,
debate que la accionante insiste de manera impropia en trasladar al trámite de tutela
de la referencia.

Precisó que, en el caso objeto de estudio tampoco se evidencia la configuración de
un perjuicio irremediable como elemento que legítime la procedencia excepcional de
este mecanismo, más aún cuando en el escrito de tutela se alega, pero no se indica
en qué consiste o cuáles son los hechos que lo fundamentan.

Señaló que, en armonía con lo manifestado en las providencias objeto de debate, el
hecho de que la Unión Temporal Tecnovial considere que le asistía interés en
defender la legalidad de algunas actuaciones adelantadas por el Concejo de
Manizales no conllevaba necesariamente su vinculación al proceso en calidad de
litisconsorte necesario, tal como lo adujo en ese estado del trámite, y menos, que se
estén vulnerando sus garantías fundamentales en el escenario procesal.

Contrario a lo anterior, manifestó que la petición de vinculación al trámite de la acción
popular debía leerse en consonancia con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 472 de
1998, cuya redacción es clara al prescribir el deber del juez de vincular de manera
oficiosa a personas, entidades o autoridades que reúnan una condición, la de posibles
o potenciales vulneradores de derechos colectivos, caso en el cual su citación sí
resulta imperativa y en el caso objeto de estudio la ahora tutelante no tenía esta
calidad, o al menos no existían indicios que sugirieran que estaba afectando los
derechos colectivos, por lo que su vinculación como parte pasiva en el proceso carecía
de fundamento.

Concluyó que las decisiones adoptadas por ese despacho estuvieron revestidas de
todas las garantías procesales, pero, además, tuvieron su fundamento en las normas
que rigen el juicio en la acción popular.

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De otro lado, si bien la demandante en el escrito de tutela nuevamente trae a colación
la tesis, según la cual, el auto que niega una nulidad procesal en una acción popular
es pasible del recurso de apelación con base en las normas del CGP, indicó que no
se pronunciaría sobre el particular, toda vez que se trata de una hermenéutica
normativa que resulta ajena al escenario de la tutela y, que además, ya plasmó en las
decisiones endilgadas, frente a las cuales se pronunció el Tribunal Administrativo de
Caldas, que estimó bien denegado el recurso interpuesto por la Unión Temporal
Tecnovial.

Finalmente, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, por inobservancia
del principio de subsidiariedad; o de forma subsidiaria, niegue las pretensiones de la
parte actora, en la medida que no se ha vulnerado alguno de sus derechos
fundamentales.

6. Intervenciones

El Consorcio Movilidad Digital Manizales indicó que frente a su vinculación existe
falta de legitimación en la causa por pasiva, adujo que no es la autoridad que
presuntamente vulneró los derechos fundamentales de la Unión Temporal Tecnovial.

Expuso que, a su juicio, en el proceso de la acción popular se configuró una
vulneración al debido proceso de la tutelante, en tanto se profirió decisión de primera
instancia que le afectó directamente sus intereses sin haberla vinculado, a pesar de
que ejercía la interventoría sobre el contrato de concesión objeto de terminación.

Fundamentó este argumento en la indebida integración del contradictorio y en el deber
judicial de garantizar la participación de todos los sujetos con interés legítimo,
conforme con lo previsto en la Ley 472 de 1998 y el CGP.

En razón a lo anterior, solicitó que se declare falta de legitimación por pasiva y,
simultáneamente, que se ampare el derecho fundamental al debido proceso de la
sociedad actora y que, en consecuencia, se ordene reiniciar el trámite popular con su
debida vinculación.

El Concejo Municipal de Manizales indicó que existe falta de legitimación en la causa
por pasiva, porque no existe relación jurídica, obligación pendiente o poder dispositivo
que le permita intervenir en las decisiones cuestionadas, pues tales determinaciones
corresponden exclusivamente a las actuaciones desplegadas por el Juzgado Tercero
Administrativo de Manizales.

Explicó que su competencia se limita al ejercicio del control político y no a la injerencia
en actuaciones jurisdiccionales, por lo que solicitó ser desvinculado del trámite
constitucional.

El municipio de Manizales informó que con el Consorcio Movilidad Digital Manizales
celebró el contrato de concesión 2303310628 del 31 de marzo de 2023, en el cual se
estipuló que la supervisión y control de la ejecución estaría a cargo de un supervisor
designado o de una interventoría externa, con las mismas facultades y, justo en
desarrollo de dicha cláusula, el 14 de diciembre de 2023 suscribió el contrato de
interventoría 2312141446 con la Unión Temporal Tecnovial.

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Precisó que el proceso contractual fue objeto de reproche en una acción popular antes
de la suscripción de dicho contrato y que, al momento de proferirse la sentencia de
primera instancia en ese proceso, ya se contaba con interventoría externa ejercida por
la Unión Temporal Tecnovial.

Advirtió que en razón de lo anterior, el resultado de la decisión que actualmente se
tramita en segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de Caldas incide de forma
directa sobre el contrato de interventoría, pues de confirmarse el fallo, cesarían las
obligaciones de supervisión y, por sustracción de materia, el contrato suscrito con la
Unión Temporal Tecnovial se daría por terminado, en razón a ello, manifestó que es
claro que la tutelante es un tercero afectado con las determinaciones que se adopten
en sede de impugnación.

7. Sentencia de primera instancia

El 19 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Caldas profirió sentencia de
primera instancia en la que declaró improcedente la acción de tutela, por considerar
que no se acreditó perjuicio irremediable que demuestre la necesidad de intervención
del juez constitucional, consideró que no se cumple con el requisito general de
subsidiariedad, porque el trámite de apelación de la sentencia de primera instancia se
encuentra en curso y este constituye el escenario procesal apropiado para que el juez
natural examine y, de ser necesario, corrija las irregularidades planteadas,
preservando la competencia y autonomía de la jurisdicción ordinaria.

8. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia reiteró los argumentos
del escrito inicial e indicó que la decisión de primera instancia carece de las
condiciones necesarias a la sentencia congruente, al efecto indicó que la providencia
impugnada:

• No se ajusta a los hechos y antecedentes que motivaron la tutela ni al derecho
impetrado, por error de hecho y de derecho.
• Se niega a cumplir el mandato legal de garantizar el pleno goce de su derecho,
como lo establece la ley.
• Se funda en consideraciones inexactas o incluso totalmente erróneas.
• Incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto del
ejercicio de la acción de tutela, que resulta insignificante a las pretensiones como
actora, por errónea interpretación de sus principios.

Por tanto, no puede ser cierto lo indicado en el fallo judicial, que no es posible acceder
a la acción de tutela cuando no se ha causado un perjuicio irremediable, pues el hecho
de soportar una decisión injusta, al dar prevalencia a la forma sobre el fondo del asunto
en el marco de un proceso administrativo le causa un perjuicio.

Insistió en que la falta de vinculación procesal constituye un defecto procedimental,
más aún cuando en el trámite se desconoció el derecho a la igualdad, en el entendido
que sí se vinculó a otra unión temporal, como coadyuvante, esto es, la Unión Temporal
Movilidad Digital.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico

La sociedad Unión Temporal afirmó que el Juzgado Tercero Administrativo de
Manizales vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al mínimo
vital, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso e incurrió en los
defectos sustantivo y procedimental con la omisión de vincularlo como litisconsorte
necesario o tercero con interés dentro de la acción popular 17001-33-33-003-2023-
00087-004

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
En la cual se cuestionaba el proceso de licitación LP 001-2023, dentro del cual se suscribió el contrato de concesión
2303310628, entre el municipio de Manizales y el consorcio Movilidad Digital Manizales, en el cual la tutelante funge como
interventora externa.
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Demandante: Unión Temporal Tecnovial

El a quo determinó que la acción de tutela no cumple el requisito general de
subsidiariedad, toda vez que, se encuentra pendiente por resolver el recurso de
apelación de la sentencia de primera instancia de la acción popular, que cursa ante el
Tribunal Administrativo de Caldas.

Sin embargo, la Sala anticipa que, si bien, confirmará la decisión de primera instancia,
la razón por la que se confirmará la improcedencia por falta de cumplimiento del
requisito general de subsidiaridad es en atención a que la parte actora pudo hacerse
parte en el proceso cuestionado de haberlo hecho con oportunidad, como se explicará.

Del requisito de subsidiariedad5 en el caso concreto

La accionante sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto por interpretación formal del artículo 135 6
del CGP y en defecto sustantivo por inaplicación de los artículos 5 y 18 de la Ley 472
de 1998, dado que, a su juicio, se encontraba probado en el marco del proceso
cuestionado que la suerte del contrato de intervención era la misma del contrato
concesión, razón por la que debió ser vinculada al trámite.

Al respecto, encuentra la Sala que los cargos invocados no cumplen con el requisito
general de subsidiariedad, porque nada obstaba para que la parte actora se hiciera
parte en el proceso cuestionado como parte coadyuvante, distinto es que, como no lo
hizo dentro de la oportunidad procesal oportuna, esto es, antes de que se dictara
sentencia de primera instancia, a la luz de lo previsto en el artículo 24 de la Ley 472
de 1998, no se hizo parte del proceso en el que tenía interés.

De ahí que, de entrada, sea posible señalar que la parte actora contó con la posibilidad
de intervenir en el proceso cuestionado, sin embargo no lo hizo dentro de la
oportunidad procesal prevista para ese efecto, tal como lo hicieron otros interesados,
quienes sí se hicieron parte como coadyuvantes7.

Si bien, la parte actora aduce que tenía la condición de litis consorcio necesario, que
por esa razón debió hacerse su vinculación al proceso como tal, lo cierto es que ese
argumento fue debidamente desvirtuado por la autoridad judicial demandada.

5
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los
derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos
que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra
la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se
atacan en la acción de tutela.
6
Artículo 135. Requisitos para alegar la nulidad. «La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla,
expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.
No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo
oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.
La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona
afectada.
El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en
hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de
legitimación.»
7 En auto del 20 de junio de 2023, el Juzgado aceptó la coadyuvancia de María Constanza Montoya Naranjo, Julián Andrés
Osorio Toro, Héctor Fabio Delgado Londoño, Christian David Pérez Holguín, Adriana Arango Mejía, Luis Gonzalo Valencia
González, Juliana Andrés García Cortés, Jhon Alexander Rodríguez López.
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Radicado: 17001-23-33-000-2025-00233-01
Demandante: Unión Temporal Tecnovial

De la lectura del expediente, se advierte que:

• Mediante apoderado judicial la Unión Temporal Tecnovial solicitó que se
declarara la nulidad de todo lo actuado, así: « 1. solicito que se declare previo al
traslado a la segunda instancia (si la hubiere), o al declaratoria de firmeza de la misma
LA NULIDAD de la sentencia No. 057 del 18 de febrero de 2.025, notificada el día 19 de
febrero de 2025 proferida en primera instancia, por falta integración del litis consorte
necesario, quien deberá tener la oportunidad de probar LA EXISTENCIA DE
AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO MUNICPAL CONTENIDO EN EL
ACUERDO MUNICPAL 113 DE 2022.»

• En auto del 3 de marzo de 2025, el Juzgado negó la solicitud de nulidad, al
considerar que la Unión Temporal Tecnovial, interventora en el Contrato de
Concesión 2303310628 no ostenta la condición de litisconsorte necesario en los
términos del artículo 61 del CGP, y tampoco era una potencial vulneradora de
los derechos colectivos invocados en la demanda, conforme lo establece el
artículo 14 de la Ley 472 de 1998, por lo que su no vinculación al proceso bajo
esta figura no constituye causal de nulidad de lo actuado.

El Juzgado demandado, en la providencia del 3 de marzo de 2025, puntualmente
indicó:

«(…)
El artículo 61 del Código General del Proceso, describe acerca de la integración del litisconsorcio
necesario lo siguiente:
(…)
Frente al caso concreto, tenemos que el mismo solicitante, hace solo una referencia enunciativa a
la figura del litisconsorcio necesario, pues lo que pretende es hacer una manifestación en torno a
la interpretación que debió dársele a la autorización que le fuera entregada por el Concejo de
Manizales al alcalde municipal para realizar una contratación. Así las cosas, este despacho estima
que no existe una falta de integración del litisconsorcio necesario con la interventora del contrato;
pues estando frente a una acción pública, esta manifestación la pudo haber efectuado a través de
un escrito de coadyuvancia.

En el medio de control de Acción Popular, este despacho judicial tuvo como accionado al Municipio
de Manizales y como vinculados al Concejo de la ciudad y a la Unión Temporal Movilidad Digital,
por considerar que debían estar presentes en la actuación; sin ampliar la cantidad de sujetos
procesales a terceros respecto de la relación contractual, como podría ser el caso de proveedores
o interventores.

Los artículos 21 y 24 de la ley 472 de 1998, describen lo anterior en los siguientes términos:

(...) Artículo 21.- Notificación del Auto Admisorio de la Demanda. En el auto que admita la demanda
el juez ordenará su notificación personal al demandado.

(...) Artículo 24.- Coadyuvancia. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones,
antes de que se profiera el fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación
futura. Podrán coadyuvar igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y
similares, así como el Defensor del Pueblo o sus delegados, los Personero Distritales o Municipales
y demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e
intereses colectivos. (...)

Así las cosas, se negará la solicitud de nulidad deprecada por la Unión Temporal TECNOVIAL, en
contra de la sentencia proferida el día dieciocho (18) de febrero del 2025, dentro del medio de
control de protección a derechos e intereses colectivos, instaurado por BRAYAN DAVID SALAZAR
HERRERA, en contra del municipio de Manizales, y al que fueron vinculados el Concejo de
Manizales y el Consorcio Movilidad Digital. (…)»

Quiere decir que, en el caso objeto de debate no se dejaron de aplicar los principios
del CGP, pues se le dio trámite al incidente de nulidad interpuesto por la demandante,

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Radicado: 17001-23-33-000-2025-00233-01
Demandante: Unión Temporal Tecnovial

diferente es que el resultado del análisis realizado por el juez de instancia no se
encontró configurada la causal invocada.

Por las mismas razones, es preciso indicar que en el caso objeto de debate no había
lugar a aplicar el ultimo inciso del artículo 18 de la Ley 472 de 1998, porque el juez no
consideró «otro posible responsable» a la Unión Temporal Tecnovial, de modo que se
hiciera necesario ordenar su citación.

Justamente, ante la falta de prosperidad de los cargos invocados contra la decisión
que negó el incidente de nulidad propuesto, es que en el presente caso no se impidió
o negó la intervención de la parte actora como coadyuvante, cuestión diferente es que,
en condición de interesado no solicitó su vinculación dentro de los términos de que
trata el artículo 24 de la Ley 472 de 1998, esto es, antes de que se dictara la sentencia
de primera instancia, lo cual conduce a señalar que no se cumplió con el requisito
general de subsidiariedad.

Por último, la Sala observa que no se desconoció en antecedente jurisprudencial
emitido en expediente de tutela núm. 11001-03-15-000-2022-05675-00, pues se trata
de situaciones fácticas diferentes, en el entendido que, en ese caso, se probó que se
dejó de vincular a quienes fueron los posibles causantes de la vulneración de los
derechos colectivos invocados, concretamente, los vendedores ambulantes respecto
de quienes se alegaba la ocupación del espacio público como derecho colectivo
vulnerado.
Por lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia del 19 de agosto de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, objeto de impugnación, por
las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA

1. Confirmar la decisión de primera instancia del 19 de agosto de 2025, proferida por
el Tribunal Administrativo de Caldas, objeto de impugnación, por las razones aquí
expuestas.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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