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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05706-01

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05706-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVÓCASE la sentencia de 24 de noviembre de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar, Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la señora María Esperanza Beltrán Herrera, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, por las razones aquí expuestas. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-05706-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

16 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05706-01
Demandante: MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05706-01
Demandante: MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “F”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Reliquidación de la pensión de
jubilación. Defectos por desconocimiento del precedente
judicial y sustantivo

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte accionante, por conducto de apoderada judicial, contra la
sentencia de 24 de noviembre de 2022, dictada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que ingresó a la Policía Nacional mediante Orden
Administrativa de Personal No. 1-196 de 17 de octubre de 1984, para el cargo de
profesora.

Sostuvo que el 2 de octubre de 1995 fue trasladada de la Dirección de Bienestar
Social de la Policía Nacional al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
Social de la Policía Nacional -INSSPONAL-, con las mismas funciones de
profesora, momento en el que se le dejó de pagar las prestaciones sociales
contenidas en el Decreto 1214 de 1990, sin embargo, posteriormente, regresó a
mencionada dirección.

Afirmó que mediante Resolución No. 02838 de 4 de noviembre de 2004, le
reconocieron la pensión de jubilación de acuerdo con lo establecido en el artículo
53 del Decreto 2701 de 1998 en concordancia con los artículos 98, 115, 117, 118
y 119 del Decreto 1214 de 1990, por haber laborado en la Policía Nacional desde
el 1 de noviembre de 1984 hasta el 17 de agosto de 2004, con la inclusión del
salario básico, bonificación por servicios, prima de navidad, prima vacacional y
prima de servicios.

Indicó que el 11 de septiembre de 2017 solicitó a la Policía Nacional la
reliquidación de la pensión de jubilación, con la inclusión de la prima de actividad,
el subsidio familiar, la prima de servicio, el auxilio de transporte, la duodécima
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Demandante: MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA

parte de la prima de navidad1 y las demás prestaciones sociales, empero, en Oficio
No. S-2017-057489/ARPRE-GRUPE.1.10 de 21 de noviembre de 2017 se negó la
petición.

Señaló que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, con el fin de que se anulara el Oficio No. S-2017-
057489/ARPRE-GRUPE-1.10 de 21 de noviembre de 2017 y se les ordenara la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la prima de actividad,
el subsidio familiar, la prima de servicio, el auxilio de transporte, la duodécima
parte de la prima de navidad y las demás prestaciones sociales.

Mencionó que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá en
sentencia de 5 de noviembre de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda y
ordenó reliquidar “a partir del 17 de agosto de 2004 la Pensión de Jubilación
reconocida a la Señora MARIA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA, en el sentido
de computar las partidas establecidas en el Artículo 102 del Decreto 1214 de 1990
a saber: Prima de Servicio, Prima de Alimentación, Prima de Actividad, Subsidio
Familiar, Auxilio de Transporte, duodécima (1/12) parte de la Prima de Navidad,
las cuales se deberán tasar con base en el salario devengado en actividad y en los
términos establecidos en el Decreto 1214 de 1990 conforme a lo observado.
Declarando la prescripción de las mesadas devengadas antes del 11 de
septiembre de 2013.”

Finalmente, aseguró que contra la anterior decisión la parte demandada interpuso
recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”, en fallo de 27 de septiembre de 2022 revocó esa
determinación y negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, con sustento en que “no es posible porque esos
emolumentos que se otorgó al momento de la incorporación (artículo 55 del
Decreto 352 de 1994) únicamente aplica para que en materia prestacional se le
aplique el título VI de la norma precitada”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas, legalidad y favorabilidad, supuestamente vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F”, con la sentencia de 27 de septiembre de 2022, mediante la cual revocó la
decisión de primera instancia y negó las pretensiones encaminadas a obtener la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la prima de servicio,
prima de alimentación, prima de actividad, subsidio familiar, auxilio de transporte y
la duodécima parte de la prima de navidad.

La accionante expresó que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, para lo cual invoca, además de la
sentencia de unificación de 12 de diciembre de 2019 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, las siguientes decisiones:

• Consejo de Estado, Sección Primera

a) De 2 de abril de 2020, radicación No. 11001-03-15-000-2019-02428-01.

1 Factor que se había incluido en la liquidación de la pensión de jubilación.

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Demandante: MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA

• Consejo de Estado, Sección Segunda

a) De 30 de mayo de 2019, expediente No. 25000-23-42-000-2015-04547-01.
b) De 4 de marzo de 2021, radicado No. 25000-23-42-000-2014-03697-01.
c) De 1 de septiembre de 2014, proceso No. 25000-23-25-000-2010-00166-01.
d) De 27 de noviembre de 2014, proceso No. 25000-23-42-000-2012-00905-01.
e) De 4 de abril de 2017, expediente No. 11001-03-15-000-2017-00615-00.
f) De 30 de marzo de 2017, radicado No. 11001-03-15-000-2017-00473-00.
g) De 21 de junio de 2018, proceso No. 25000-23-42-000-2013-00667-01.
h) De 5 de febrero de 2018, expediente No. 11001-03-15-000-2017-02995-00.
i) De 21 de junio de 2017, expediente No. 11001-03-15-000-2016-03516-01.
l) De 14 de noviembre de 2017, proceso No. 11001-03-15-000-2017-02511-00.
k) De 24 marzo de 2022, radicado No. 25000-23-42-000-2016-05266-01.
l) De 21 de mayo de 2020, proceso No. 25000-23-42-000-2016-02447-01.
m) De 5 de junio de 2020, expediente No. 25000-23-42-000-2016-05784-01.
n) De 29 de mayo de 2020, expediente No. 25000-23-42-000-2017-00002-01.
o) De 29 de mayo de 2020, expediente No. 25000-23-42-000-2017-00273-01.
p) De 4 de marzo de 2021, expediente No. 25000-23-42-000-2014-03697-01.

• Consejo de Estado, Sección Tercera

a) De 22 de agosto de 2019, expediente No. 11001-03-15-000-2019-02428-00.

• Consejo de Estado, Sección Cuarta

a) De 1 de febrero de 2018, proceso No. 11001-03-15-000-2017-00615-01.
b) De 2 de agosto de 2017, proceso No. 11001-03-15-000-2017-00473-01.
c) De 29 de enero de 2015, expediente No. 25000-23-42-000-2012-00733-01.
d) De 29 de agosto de 2018, radicación No. 11001-03-15-000-2017-02995-01.
e) De 28 de noviembre de 2018, radicación No. 11001-03-15-000-2017-02511-01.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecciones
“B”, “C”, “D” y “E”

a) De 30 de agosto de 2018, expediente No. 11001-33-35-013-2014-00309-02.
b) De 12 de octubre de 2017, proceso No. 11001-33-35-017-2010-00340-01.
c) De 15 de junio de 2017, radicado No. 11001-33-35-016-2014-00309-01.
d) De 8 de julio de 2021, expediente No. 11001-33-35-029-2018-00080-01.
e) De 1º de agosto de 2018, radicado No. 11001.33-35-708-2014-00215-01.
f) De 19 de octubre de 2017, proceso No. 11001-33-35-009-2014-00213-01.
g) De 18 de enero de 2018, expediente No. 11001-33-35-025-2014-00239-01.
h) De 22 de febrero de 2018, radicación No. 11001-33-35-018-2014-00459-01.
i) De 29 de noviembre de 2018, proceso No. 11001-33-35-016-2014-00410-01.
j) De 5 de julio de 2018, radicado No. 2014-00245-01.
k) De 10 de febrero de 2021, expediente No. 11001-33-42-048-2017-00480-01.
l) De 22 de mayo de 2020, radicado No. 25000-23-42-000-2016-05266-00.

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F”

a) De 6 de abril de 2018, expediente No. 11001-33-35-020-2014-00317-01.

• Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Bogotá, sentencia de 28 de
septiembre de 2015, radicado No. 11001-33-35-020-2014-00317-00.
• Juzgado Once Administrativo del Circuito de Bogotá, fallo de 20 de mayo de
2015, radicado No. 2014-00449-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05706-01
Demandante: MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA

• Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, fallo de
19 de noviembre de 2019, radicado No. 11001-33-42-054-2019-00081-00.

De otro lado, sostuvo que el tribunal accionado desconoció el marco normativo
frente a las personas vinculadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de
1993, pues a estos se les aplica el título VI del Decreto 1214 de 1990 y las normas
que lo modificaron y adicionaron.

Por último, manifestó que las normas que regulan su situación pensional es el
Decreto 1214 de 1990, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1792 de 2000, el Decreto
352 de 1994, el Decreto 1301 de 1994 y la Ley 352 de 1997.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“PRIMERO: Se amparen los derechos fundamentales de igualdad, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, prevalencia del derecho sustancial, desconocimiento del principio de
legalidad y favorabilidad y precedentes judiciales, vulnerados a la Señora MARIA ESPERANZA
BELTRAN HERRERA.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se revoque o deje sin efectos la Sentencia
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCION “F”. de fecha 27 de septiembre de 2022, dentro del Proceso de Radicación No.
11001-33-35-010-2017-00416-01, Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho, demandante
MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA, Demandado Nación-Ministerio de Defensa Nacional-
Policía Nacional, que revocó la Sentencia Proferida el 5 de noviembre de 2020 mediante la cual el
Juzgado Décimo (10) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, accedió a las pretensiones de
la demanda y en su lugar NIEGA las pretensiones de manera ilegal y arbitraria, conforme a lo
expuesto en esta Tutela.

TERCERO: Se dicte por parte del Consejo de Estado que corresponda conocer de esta Tutela o se
ordene TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCION “F”, se profiera una nueva Sentencia en derecho, respetando el debido proceso, el
principio de seguridad jurídica, el derecho de igualdad, a la recta administración de justicia, los
precedentes jurisprudenciales y en general providencia tendiente a amparar los derechos
fundamentales de la Señora MARIA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Decreto 1214 de 1990, que consagra en el Artículo 102 la liquidación y pago de la
pensión de jubilación, la Prima de Servicio, Prima de Alimentación, Prima de Actividad. Subsidio
Familiar, Auxilio de Transporte y la duodécima parte de la Prima de Navidad, teniendo en cuenta
además lo señalado en el Decreto 352 de 1994, Decreto 1301 de 1994 y la Ley 352 de 1997,
artículo 55, que consagra que el personal que haya ingresado a la Policía Nacional antes de la Ley
100 de 1993, le es aplicable el Decreto 1214 de 1990, además los precedentes Jurisprudenciales
citados y aportados de la Honorable Corte Constitucional, el Consejo de Estado, Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y Meta y Juzgados Administrativos de Bogotá, que han sentado
precedente al respecto.

CUARTO: Que para resolver el asunto, se consulten y tengan en cuenta los Precedentes
Judiciales, citados en esta Acción y otros que se han proferido al respecto por parte de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, que han señalado que el personal que haya ingresado a la
Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, le es aplicable el Decreto 1214 de
1990”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 4 de noviembre de 2022, el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Bogotá allegó el expediente digital con radicado No.
11001-33-35-010-2017-00416-00, que contiene las actuaciones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la señora María
Esperanza Beltrán Herrera contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional.

5. Trámite procesal

Por auto de 2 de noviembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la
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Demandante: MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA

autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Bogotá, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”

En escrito de 10 de noviembre de 2022, la magistrada ponente manifestó que la
solicitud de amparo se torna improcedente, toda vez que lo pretendido por la
demandante es que se estudie nuevamente una situación jurídica que ya fue
resuelta por el juez natural.

Resaltó que no están dadas las causales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, comoquiera que la sentencia objetada revisó
minuciosamente la situación planteada en el proceso ordinario y concluyó que la
accionante no tiene derecho al reajuste solicitado.

Por último, sostuvo que en la providencia objetada se dio aplicación a la sentencia
de unificación que fijó los lineamientos respecto de la forma como se deben
liquidar las pensiones de las personas que se encuentran en la situación fáctica
como la de la demandante.

6.2. Respuesta de la Policía Nacional

En oficio de 8 de noviembre de 2022, el jefe del Área Jurídica pidió que se
negaran las súplicas de la solicitud de amparo, toda vez que son improcedentes
ante la inexistencia de la vulneración de los derechos fundamentales alegados.

Afirmó que la aplicación de la norma en la sentencia objetada se ajustó a derecho,
pues la misma establece el régimen prestacional del personal que laboró para el
Instituto de la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional (INSSPONAL), y
que se incorporó a la planta de personal de la Policía Nacional.

Sostuvo que la señora María Esperanza Beltrán Herrera no tiene derecho a
devengar los factores pretendidos, pues desde el momento en que fue vinculada
al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, conforme con el
artículo 88 del Decreto 1301 de 1994, quedó cobijada por el régimen salarial de
los empleados de la rama ejecutiva del poder público.

Para terminar, mencionó que la demandante no demostró la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que torne procedente la solicitud de amparo, a pesar de que
en la actualidad recibe una mesada pensional.

6.3. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá y el Ministerio
de Defensa Nacional, guardaron silencio a pesar de que se les notificó en debida
forma el auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado por sentencia de 24 de noviembre de
2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos de subsidiariedad y la relevancia constitucional.

Afirmó que la accionante en el escrito de tutela invoca la sentencia de unificación
de 12 de diciembre de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para
lo cual advirtió que, en este caso, procede el recurso extraordinario de unificación
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Demandante: MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA

de jurisprudencia contemplado en los artículos 256 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.

Agregó que la demandante elaboró un listado de sentencias en la solicitud de
amparo, sin embargo, no cumplió con la carga de argumentar el fundamento de tal
violación, bajo un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez
constitucional advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas
superiores, aspecto que, en el presente asunto, no sucedió.

De otro lado, respecto del defecto sustantivo señaló que los argumentos de la
acción de tutela no satisfacen el requisito de relevancia constitucional, pues como
se puede observar en la sentencia cuestionada, la discusión se circunscribe a
aspectos legales que fueron objeto de análisis por parte de la autoridad judicial
accionada.

Finalmente, indicó que la línea argumentativa de la demandante apuntó a convertir
la acción de tutela en una tercera instancia, máxime cuando la supuesta omisión
gravita en la inaplicación del Decreto 1214 de 1990, lo que ya fue un cargo
resuelto de manera razonable por el juez natural de la causa, lo que implica que la
tutela se torna improcedente.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revocara el
fallo que declaró la improcedencia de la acción y, en su lugar, pidió que se
accediera al amparo constitucional solicitado.

Afirmó que la sentencia impugnada no analizó que la autoridad judicial accionada
no valoró integralmente las pruebas, las normas que regulan la situación pensional
de la demandante y el precedente jurisprudencial. Agregó que la providencia
objetada no tiene congruencia entre las pruebas y lo resuelto y, además, que se
omitió hacer un examen profundo y veraz de las pruebas que obran en el proceso
ordinario.

Por último, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. La accionante en el escrito de impugnación señaló que la autoridad judicial
demandada no efectuó una valoración integral de las pruebas, a lo que agregó la
falta de congruencia en la sentencia objetada. Empero, para la Sala dichos
alegatos no se plantearon desde el escrito de tutela inicial, razón por la cual no
efectuará ningún pronunciamiento frente ellos, pues de hacerlo conllevaría una
vulneración de los derechos a la defensa y contradicción de la parte accionada.

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Demandante: MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA

2.2. En esas condiciones, le corresponde a la Sala determinar, en los términos del
escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia de 24 de noviembre de 2022,
dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia
de la acción de tutela por desatender los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional, y de superarse los restantes requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, en la providencia de 27 de
septiembre de 2022 vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, legalidad y favorabilidad, al
incurrir, supuestamente, en defecto por desconocimiento del precedente
judicial y sustantivo, al no aplicar las decisiones que se enlistaron en el acápite
de los fundamentos de la acción y por la inaplicación del título VI del Decreto 1214
de 1990 en la sentencia objetadas.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial

2 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
3 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
4 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 M. P. Jaime Córdoba Triviño.

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siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte
Constitucional15.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El asunto bajo estudio cumple los requisitos de subsidiaridad y de
relevancia constitucional

4.1.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 24 de noviembre
de 2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no
cumplió los requisitos generales de: i) subsidiariedad, en tanto el cargo
relacionado con la supuesta inaplicación de la sentencia de unificación de 12 de
diciembre de 2019, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado es
procedente el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia establecido
en los artículos 256 a 258 de la Ley 1437 de 2011 y ii) relevancia constitucional,
porque no planteó un debate jurídico en torno a la transgresión de algún derecho
fundamental, sino que la discusión se circunscribió a proponer razones

7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de

competencia para ello.
8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

se sustenta la decisión.
10 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que

presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
13 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez

ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
14 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),

Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella

Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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estrictamente legales.

Lo primero que debe precisar la Sala, es que contrario a la conclusión que arribó
el a quo, la acción de tutela sí cumple el requisito de la subsidiaridad. Ello en
razón a que, si bien los artículos 256 a 268 de la Ley 1437 de 2011 establecen el
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia con el fin de asegurar la
unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los
derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la
providencia recurrida y, de ser el caso, reparar los agravios inferidos a tales
sujetos procesales, en este caso, como se verá más adelante en el estudio de
fondo del asunto, la autoridad judicial accionada aplicó debidamente la sentencia
de unificación de 12 de diciembre de 2019, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

4.1.2. Ahora bien, en lo que atañe con la relevancia constitucional, la Sala ha
precisado que este requisito general de procedencia se puede configurar respecto
de los siguientes supuestos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el
proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4.1.3. En el escrito de tutela la demandante plantea un debate relacionado con
una posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, legalidad y favorabilidad, en
razón del supuesto desconocimiento de varias decisiones judiciales, incluida una

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sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado -como se
acaba de indicar-, así como el título VI del Decreto 1214 de 1990.

Para la Sala, el requisito de relevancia constitucional se cumple en esta
oportunidad porque no se pretende dar continuidad a una discusión de naturaleza
legal, todo lo contrario, deriva la conculcación de sus derechos fundamentales de
la revocatoria de la decisión favorable que había proferido el a quo en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que significa que no se trata de un
escenario en el que no se pretenda utilizar este mecanismo constitucional como
una instancia adicional.

Adicionalmente, los restantes requisitos generales se encuentran cumplidos
(inmediatez, carga mínima y no es tutela contra tutela), por lo que es procedente el
estudio de fondo de la acción de tutela promovida por la parte actora.

4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente judicial y sustantivo

4.2.1. La parte actora manifiesta que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de prevalencia del derecho
sustancial sobre las formas, legalidad y favorabilidad, al incurrir, supuestamente,
en defecto por desconocimiento del precedente judicial y sustantivo, al no
aplicar las decisiones que se enlistaron en el acápite de los fundamentos de la
acción y por la inaplicación del título VI Decreto 1214 de 1990 en la sentencia
objetada.

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 24 de noviembre de
2022, declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no se
cumplieron los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.

La demandante impugnó la anterior decisión, para lo cual reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela.

Por razones metodológicas, la Sala abordará el estudio de las anomalías
propuestas por la parte actora de manera conjunta, bajo la caracterización del
defecto sustantivo.

4.2.2. La Sala anticipa que revocará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela porque, a diferencia de lo que sostuvo el a
quo y, en su lugar, negará las pretensiones de la solicitud.

Con el fin de tener elementos de juicio adicionales para resolver el asunto, la Sala
se referirá al objeto de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, así
como a las razones en las que se sustentaron las decisiones adoptadas por los
juzgadores.

La señora María Esperanza Beltrán Herrera presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, con el fin de que se reconociera y pagara la prima de actividad,
prima de alimentación, prima de servicio, subsidio familiar, auxilio de transporte,
cesantías y demás prestaciones sociales contenidas en el Decreto 1214 de 1990,
así como el correspondiente reajuste de la pensión de jubilación.

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El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá en sentencia de 5 de
noviembre de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el
reajuste de la pensión de jubilación con la inclusión de las partidas establecidas en
el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.

La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión
que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”, en fallo de 27 de septiembre de 2022, en el que la
revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, para lo cual, en
primer lugar, se refirió a los hechos probados, al marco normativo aplicable a la
demandante y a los fundamentos jurisprudenciales, específicamente, se refirió a la
regla jurisprudencial establecida en la sentencia de unificación de 12 de diciembre
de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así:

“1. En este orden de ideas, la Sala fija las siguientes reglas de interpretación, atendiendo
a los principios de igualdad y respeto por las garantías laborales, para sentar
jurisprudencia sobre el régimen salarial y prestacional del personal civil vinculado al
Sistema de Salud de las Fuerzas Militares que se incorporó a las plantas de personal de
salud del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad Militar

2. Para fijar las reglas, la Sala considera pertinente tomar como referencia la normativa
que en el tiempo ha regido en materia de personal del Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares, de la Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

3. Entre la vigencia del Decreto 1301 de 1994 y de la Ley 352 de 1997, aplican las
siguientes reglas:

1. En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e incorporados al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas por el Gobierno
Nacional para los servidores de los establecimientos públicos del orden nacional. Por lo
tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel descentralizado no se
regían por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional.

2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable era el previsto en la Ley
100 de 1993 para los empleados públicos que se vincularan al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional. En lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el Decreto 2701 de
1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.

Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de 1990

4. A partir de la vigencia de la Ley 352 de 1997, los empleados públicos que antes
prestaban sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y que fueron
incorporados a la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional, dejaron de
pertenecer al sector descentralizado, y para ellos aplican las siguientes reglas:

1. En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares que fueron incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de
Defensa quedaron sometidos al régimen salarial previsto para los empleados de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto 3062 de
1997).

2. En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares incorporados a la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa
Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les
aplicara en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen.

Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les
aplicara dicha normativa. En lo no contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de

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1993 se les aplicara el Titulo VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo Articulo 55 de la
Ley 352 de 1997).

(…)”

Luego, al abordar el caso concreto de acuerdo con las pruebas que se arrimaron
al expediente y de conformidad con el marco normativo y jurisprudencial, la
autoridad judicial accionada consideró que no debía acceder a las pretensiones de
la demanda, con sustento en lo siguiente:

“La demandante pretende que se ordene a la entidad efectuar el reconocimiento y pago
de la prima de actividad, prima de servicios, subsidio familiar, prima de alimentación,
auxilio de transporte previstas en los artículos 38, 41, 49, 39 y 54 del decreto Ley 1214
de 1990.

Así mismo, pretende que se ordene a la entidad efectuar el reajuste y pago de su
pensión de jubilación con la inclusión de los factores contemplados en el artículo 102
del Decreto Ley 1214 de 190, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 352
de 1994, esto es, que por haber estado vinculado a la Policía Nacional con anterioridad
a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y haber sido incorporada al INSTITUTO PARA LA
SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POLICÍA NACIONAL, tiene derecho a
continuar cobijada por el Decreto Ley 1214 de 1990.

(…)

La Sala considera que, tal como se ha venido anunciando en la parte considerativa de
esta providencia, no hay lugar a reconocer los beneficios salariales solicitados en la
demanda debido a que la señora MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA no le
resulta aplicable el régimen salarial del personal no uniformado del Ministerio de
Defensa Nacional contemplado en el Decreto Ley 1214 de 1990.

De acuerdo con el análisis normativo anteriormente expuesto, encuentra la Sala que al
personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional vinculado con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, el 1° de abril de 1994, le
resultan aplicables las disposiciones previstas en el título VI del decreto 1214 de 1990,
los empleados públicos vinculados después del 1° de junio de 1994 al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, que posteriormente fueron incorporados a la planta de personal del
Ministerio de Defensa del sector salud Dirección de Sanidad Militar y la Policía
Nacional, le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, pues
así lo previó el artículo 89 del Decreto 1301 de 1994, el 55 de la Ley 352 de 1997 y el
artículo 3° del Decreto 3062 de 1997.

En tal sentido, atendiendo a que la demandante se vinculo el 17 de octubre de 1984 en
virtud de la Orden Administrativa de Personal No. 1-196 de la Dirección General de la
Policía Nacional, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le
resulta aplicable el título VI del Decreto Ley 1214 de 1990 para los efectos
prestacionales allí previstos.

Así, en principio, la demandante tiene derecho a que en su pensión se incluyan los
factores solicitados en la demanda, siempre y cuando estén contenidos en el Título VI
del Decreto Ley 1214 de 1990 y los hubiera devengado mientras estuvo activa en la
Policía Nacional, situación que no se logró demostrar en el presente proceso. Lo
anterior, teniendo en cuenta que los elementos salariales a que se refiere la accionante
fueron recogidos por el Decreto 1407 de 1995, el cual los integró a la asignación básica
de los destinatarios de dicha norma, y lo único que se mantiene vigente del Decreto
Ley 1214 de 1990 para dichos servidores es el régimen prestacional previsto en el
Título VI.

Lo anterior puede corroborarse con los certificados salariales en los que consta que la
accionante devengó las partidas que fueron incluidas en la Resolución No. 2838 del 4
de noviembre de 2004, por medio de la cual se reconoció el derecho pensional, esto
es, sueldo básico para el grado, bonificación por servicios prestados, prima de
servicios, prima de vacaciones y prima de navidad.

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Aunque la parte actora asegura que los factores que ahora reclama debieron ser
incluidos en su pensión por el hecho de haberlos devengados antes de entrar a
INSSPONAL, en consideración a que en esa oportunidad se dispuso que se
respetarían los derechos adquiridos, esto no es posible porque esos emolumentos
están regulados en el título III del Decreto Ley 1214 de 1990 y la garantía que se le
otorgó al momento de la incorporación (artículo 55 del Decreto 352 de 1994)
únicamente le aplica para que en materia prestacional se le aplique el titulo VI de la
norma precitada.

Por lo anterior la Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, negará
las pretensiones de la demanda, comoquiera que la parte actora no logró desvirtuar la
legalidad del acto acusado. Además, no resultó demostrado por la parte demandante
que la entidad haya aplicado indebidamente las normas, así como tampoco se halló
demostrada la falsa motivación; por el contrario, se verificó que en el acto demandado
estaba debidamente motivado. En este punto es importante resaltar que el hecho de
que el oficio demandado no contenga los argumentos que la demandante esperaba, o
que mencionó como fundamento de la solicitud, no implica que este viciado de nulidad”.

De lo anterior, se observa que el tribunal accionado revocó la decisión apelada,
bajo el argumento de que la demandante no demostró que las prestaciones que
solicitaba se incluyeran a su derecho pensional las hubiese devengado y que
además estuvieran reguladas en el título VI del Decreto 1214 de 1990.

4.2.3. El defecto sustantivo se materializa cuando la decisión que adopta el juez
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional puede darse en los
siguientes casos:

“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se
sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido declarada inconstitucional.
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable por no ser
pertinente. (iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, su
aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio como, por
ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio
decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (v) La
disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva o claramente contraria a la
Constitución. (vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en
la disposición. (vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del
derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. (viii) El servidor
judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una actuación que afecta
derechos fundamentales. (ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo
razonable de argumentación. (x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la
aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el
contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución,
o al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que
debe ser igualmente inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia
entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la
resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia” 16.

Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad
judicial puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al
menos, dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y
alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de
manera injustificada para los intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando
le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en
realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados

16 Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable”17 (Negrillas y subrayas de la Sala).

4.2.4. Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la accionante invoca
como precedentes varias decisiones dictadas por las Secciones Primera, Tercera
y Cuarta del Consejo de Estado. Sin embargo, frente a estas la Sala no realizará
juicio de comparación, toda vez que la decisión objetada se apoyó en
pronunciamiento del juez natural, por lo que nada lo ataba a seguir esas
decisiones de tutela.

Asimismo, la parte actora menciona las sentencias de 1 de septiembre de 2014,
de 27 de noviembre de 2014, de 4 de abril de 2017, de 30 de marzo de 2017, de
21 de junio de 2018, de 5 de febrero de 2018, de 21 de junio de 2017 y de 14 de
noviembre de 2017, todas dictadas por la Sección Segunda, Subsecciones “A” y
“B” del Consejo de Estado, respecto de las cuales no se efectuará análisis alguno
por cuanto se profirieron con anterioridad a la sentencia de unificación de 12 de
diciembre de 2019.

Igualmente, la demandante se refiere a varias sentencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsecciones “B”, “C”, “D” y
“E”, las cuales tampoco serán analizadas porque no fueron dictadas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F” y si
bien pueden ser decisiones con similitudes fácticas y jurídicas, lo cierto es que
imponer el criterio o línea de decisión de Sala de Decisión diferente, supone
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial que irradian la
función judicial18.

Ahora bien, la demandante alude al fallo de 6 de abril de 2018 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, el que se
profirió con anterioridad a la sentencia de unificación de 12 de diciembre de 2019
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que no era una decisión que
no debía atender la autoridad judicial demandada al momento de resolver el
asunto.

Aunado a lo anterior, frente a las decisiones dictadas por los juzgados de la
jurisdicción contenciosa administrativa que trae a colación la accionante, no serán
objeto de análisis, por tratarse de un inferior funcional cuya decisión no era
vinculante para el Tribunal accionado.

De otro lado, en relación con las decisiones de 24 marzo de 2022 de la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado y de 21 de mayo de 2020, de 5
de junio de 2020, de 29 de mayo de 2020 y de 29 de mayo de 2020 de la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, son invocadas por la
demandante con la finalidad de evidenciar las regla jurisprudencial aplicable a los
empleados que ingresaron con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 a
la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y que se encuentran
cobijados por el Decreto 1214 de 1990, lo cual será motivo de análisis al momento
de verificar si la autoridad judicial accionada aplicó o no la sentencia de unificación
de 12 de diciembre de 2019.

17 Ibíd.
18 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 25 de septiembre de 2019, exp. Nº
11001-03-15-000-2019-03485-00. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia de 16 de octubre de 2019,
exp. Nº 11001-03-15-000-2019-03.437-01. C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; sentencia de 4 de diciembre
de 2019, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-03908-01. C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez, sentencia de 6 de
febrero de 2020, exp. Nº 11001-03-15-000-2019-04737-01, C.P. Milton Chaves García.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05706-01
Demandante: MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA

En efecto, respecto a la supuesta inaplicación de la sentencia de unificación de 12
de diciembre de 2019 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la Sala
observa que, contrario a lo manifestado por la demandante, el tribunal accionado
sí la tuvo en cuenta, al punto que aplicó el título VI del Decreto 1214 de 1990.

Cuestión diferente, es que la demandante no demostró que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 9819 de Decreto 1214 de 1990, los emolumentos
solicitados para incluir en la reliquidación pensional los hubiera percibido en el
último salario devengado, es decir, que los factores solicitados como la prima de
actividad, el subsidio familiar y el auxilio de transporte que pidió en la demanda de
nulidad y restablecimiento derecho los devengó en el último salario.

Más aún, en la certificación salarial que obra en los folios 28 a 42 del expediente
ordinario (versión digital), se evidencia que desde noviembre de 1999 hasta
agosto de 200420, la accionante devengó el salario básico, bonificación por
servicios, prima de navidad, prima vacacional y prima de servicios. Por
consiguiente, en la Resolución No. 2838 de 4 de noviembre de 2004, mediante la
cual se le reconoció a la accionante la pensión de jubilación, se incluyeron cada
una de los factores señalados en ese certificado.

Adicionalmente, se evidenció que el tribunal accionado consideró que la
demandante no tenía derecho al reajuste solicitado, pues los elementos salariales
que solicitó en la demanda fueron recogidos por el Decreto 1407 de 1995, el cual
los integró a la asignación básica de los destinatarios de dicha norma, y lo único
que se mantiene vigente del Decreto Ley 1214 de 1990 es el régimen prestacional
previsto en el título VI, que tuvo en cuenta para el caso de la demandante,
decisión que para la Sala resulta razonable y ajustada a derecho.

Por lo anterior, se observa que en el fallo de 27 de septiembre de 2022 se analizó
la situación jurídica de la demandante a partir de las reglas jurisprudenciales
establecidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 12 de diciembre de 2019, lo que llevó a aplicar, al caso concreto, el
título VI del Decreto 1214 de 1990 y a decidirlo a partir de las pruebas allegadas
de manera oportuna y regular al proceso.

En ese orden de ideas, no se evidencia que el tribunal accionado desconociera la
sentencia de unificación de 12 de diciembre de 2019 proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, ni el marco normativo aplicable al personal civil
vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 -Decreto 1214 de
1990-.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional y, en su lugar, negará las pretensiones de la acción de tutela.

19 ARTÍCULO 98. PENSION DE JUBILACION POR TIEMPO CONTINUO. El empleado público del Ministerio

de Defensa y de la Policía Nacional que acredite veinte (20) años de servicio continuo a éstas, incluido el
servicio militar obligatorio, hasta por veinticuatro (24) meses, prestado en cualquier tiempo, tendrá derecho a
partir de la fecha de su retiro, a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado, cualquiera que sea su
edad, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 103 de este Decreto. PARAGRAFO. Para los
reconocimientos que se hagan a partir de la vigencia del presente Decreto, se entiende por tiempo continuo,
aquel que no haya tenido interrupciones superiores a quince (15) días corridos, excepto cuando se trate del
servicio militar.
20 De 2003 a 2004 fue el último año de servicio de la demandante.

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Demandante: MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE la sentencia de 24 de noviembre de 2022, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado. En su lugar,

Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
señora María Esperanza Beltrán Herrera, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”, por las razones aquí expuestas.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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