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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-02995-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
5 de febrero de 2018
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-02995-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad invocados por el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, a través de apoderado, de conformidad con las precisas razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 18 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. En su lugar, ORDENAR a la referida corporación judicial que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo, tomando como referente los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Sin perjuicio de la autonomía que le asiste como juez natural, para adoptar la decisión de fondo a que haya lugar. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER al Despacho de origen, el expediente de nulidad y restablecimiento del allegado en préstamo. De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2017-02995-00

Consejero ponente: César Palomino Cortés

5 de febrero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RÉGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL CIVIL DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA POLICÍA NACIONAL / REAJUSTE DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN / DEFECTO FÁCTICO / DEFECTO SUSTANTIVO / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD

[S]e observa que los emolumentos pretendidos por el accionante, relacionados con la prima de actividad, prima de servicio, subsidio familiar, prima de alimentación y auxilio de transporte se encuentran incluidos en el estatuto que regula el régimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Decreto 1214 de 1990, por lo que su naturaleza jurídica es de prestación social, en la medida que fueron establecidas por el legislador para cubrir los riesgos, necesidades o contingencias a las que suele verse sometido el empleado o trabajador durante la relación laboral y no comportan un factor salarial que perciba el empleado de forma habitual como retribución de su labor. De acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que los emolumentos reclamados por el actor, eran factores que se encontraban incluidos en la normativa a la que estaba sometido en materia prestacional, por lo que el análisis de las accionadas debía estar dirigido a verificar si el actor cumplía las condiciones fácticas para acceder al reconocimiento y pago de los mismos o no y, si tales prestaciones podían afectar la liquidación de su pensión de jubilación. (…) es claro que el aspecto que determina el régimen aplicable a los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, respectivamente, es que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, caso en el cual se les continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto-Ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen. Así, teniendo en cuenta que el [actor], se vinculó a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional en el año de 1980, sin hesitación alguna, se observa que su situación fáctica se encuentra enmarcada por lo previsto en el parágrafo del artículo 21 del Decreto 352 de 1994, el parágrafo del artículo 89 del Decreto 1301 de 1994 y el artículo 55 de la Ley 352 de 1997, es decir, que en materia prestacional se rige por lo dispuesto en el Decreto – Ley 1214 de 1990. (…) Para la Sala es evidente que las accionadas en las providencias acusadas no realizaron una debida valoración del material probatorio, para concluir que la vinculación del señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero a las plantas de personal del Ministerio de Defensa – Policía Nacional había sido en el año de 1980, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; y esta situación era relevante para establecer el régimen salarial y prestacional aplicable a la accionante.

FUENTE FORMAL: DECRETO 352 DE 1994 - ARTÍCULO 21 / DECRETO LEY 1214 DE 1990 / LEY 62 DE 1993 - ARTÍCULO 33 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 248 / DECRETO 1301 DE 1994 / LEY 352 DE 1997 - ARTÍCULO 55

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al proceso de creación y transformación del sistema de salud de las Fuerzas Militares, consultar la sentencia de 10 de diciembre de 2015, exp. 25000-23-42-000-2012-00438-01 (2219-2013), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, de esta Corporación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02995-00(AC)

Actor: LUIS ALFONSO SANTIESTEBAN QUINTERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO

ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, contra el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C.

ANTECEDENTES

La solicitud y pretensiones

El señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, por intermedio de apoderado en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, y principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, legalidad, favorabilidad y precedentes judiciales, que estimó vulnerados por el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, al proferir, respectivamente, las sentencia de 15 de septiembre de 2016 y 18 de octubre de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el accionante contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

En el escrito de tutela, el apoderado del accionante solicita:

“(…) PRIMERO: Se amparen los derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia, a la igualdad, prevalencia del derecho sustancial, desconocimiento del principio de legalidad y favorabilidad y precedente judicial a favor del señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero.

SEGUNDO: Se revoque o deje sin efectos las Sentencias proferidas por el Juzgado Cuarenta y Seis (46) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá Sección Segunda y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda subsección “C”, de fechas 15 de septiembre de 2016 y 18 de octubre de 2017, respectivamente que negaron las pretensiones de la Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por el señor LUIS ALFONSO SANTIESTEBAN QUINTERO, en contra de la Policía Nacional dentro del Proceso No. 11001-33-35-708-2014-00215-00 (1), relacionadas con el reajuste de su Pensión de Jubilación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1214 del 8 de junio de 1990, “Por el cual se reforma el Estatuto y el Régimen Prestacional Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, teniendo en cuenta lo expuesto en la presente Tutela.

TERCERO: Se dicte por parte del Consejo de Estado que corresponde conocer de esta Tutela o se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “C” y si es del caso al Juzgado Cuarenta y Seis (46) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá Sección Segunda, se profiera una Sentencia en derecho, respetando el debido proceso, el principio de seguridad jurídica, el derecho de igualdad, a la recta administración de justicia, los precedentes jurisprudenciales y en general providencia tendiente a amparar los derechos fundamentales amenazados, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1214 de 1990, que consagra en el Artículo 102 la liquidación y pago de la pensión de jubilación la Prima de Servicio, Prima de Alimentación, Prima de Actividad, Subsidio Familiar, Auxilio de Transporte y la duodecima parte de la Prima de Navidad, teniendo en cuenta además lo señalado en el Decreto 352 de 1994, Decreto 1301 de 1994 y la Ley 352 de 1997, artículo 55, que consagra que el personal que haya ingresado a la Policía Nacional antes de la Ley 100 de 1993, le es aplicable el Decreto 1214 de 1990, además los precedentes Jurisprudenciales citados y aportados del Consejo de Estado que han sentado precedente al respecto (…)”.

Los hechos y consideraciones del actor

El apoderado del accionante expone como fundamento de la solicitud de amparo, los hechos y consideraciones que se resumen a continuación (fols 1 - 61):

Indica que el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero ingresó a la Policía Nacional mediante Orden Administrativa de Personal Nº 042 del 1º de febrero de 1980, al cargo de Profesor, siendo designado a prestar sus servicios en la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional.

Señala que en el mes de octubre de 1995, el accionante fue trasladado al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional – INSSPONAL, pero en enero de 1998, luego de haberse extinguido dicho instituto, fue nuevamente trasladado a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional.

Sostiene que la Policía Nacional cuando vinculó al tutelante a INSSPONAL le dejó de pagar algunas prestaciones sociales (prima de actividad, prima de alimentación, prima de servicio, auxilio de transporte, subsidio familiar y otras) que venía devengando conforme a lo dispuesto en el Decreto 1214 de 1990.

Informa que la Dirección General de la Policía Nacional mediante Resolución Nº 1180 de 27 de marzo de 2000 reconoció una pensión de jubilación, al señor Santiesteban Quintero de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 2701 de 1988, en concordancia con los artículos 98, 115, 117, 118 y 119 del Decreto 1214 de 1990, por haber laborado 20 años, 3 meses y 15 días en la institución, la cual fue liquidada sobre el 75% de los últimos haberes devengados, esto es, sueldo básico, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad.

Expresa que en el año 2014 presentó petición solicitando la reliquidación de su pensión, incluyendo todos los factores salariales que se le debían reconocer conforme con lo dispuesto en el Decreto 1214 de 1990.

Relata que la Policía Nacional mediante Oficio Nº S-2014-007010 DIBIE-ASJUD22 de 14 de abril de 2014 negó la petición del accionante.

Aduce que el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo reparto le correspondió al Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá, que mediante sentencia de 15 de septiembre de 2016 negó las pretensiones de la demanda.

Informa que el demandante presentó recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que por sentencia de 18 de octubre de 2017 de 2017 confirmó la decisión de primera instancia.

Manifiesta que las sentencias del juzgado y el Tribunal accionados incurrieron en vía de hecho por defecto fáctico, porque no valoraron en debida forma la hoja de servicios y el historial laboral del señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero para establecer el régimen pensional aplicable a partir de la fecha de su vinculación como empleado civil de la Policía Nacional.
Agrega que las providencias cuestionadas también incurrieron en vía de hecho por defecto fáctico, al no valorar en debida forma la hoja de servicios y el historial laboral del accionante para establecer el régimen prestacional aplicable a partir de la fecha de su vinculación como empleado civil de la Policía Nacional.

Aduce que las accionadas incurrieron en defecto sustantivo, por cuanto no tuvieron cuenta que el parágrafo del referido artículo 21 del Decreto 352 de 1994, establece que los empleados sometidos al régimen del Decreto – Ley 1214 de 1990 que ingresen al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuarán cobijados por el régimen de seguridad y bienestar social establecido en el Título VI del citado Decreto-Ley 1214 de 1990.

Añade que las autoridades demandas no realizaron una valoración adecuada de la normativa, para determinar ciertamente, que el régimen salarial y prestacional al que estaba sometido el actor, es el Decreto – Ley 1214 de 1990, teniendo en cuenta el parágrafo del artículo 55 de la Ley 352 de 1997.

Trámite

Mediante auto de 16 de noviembre de 2017 (fol. 65) se admitió la demanda, se ordenó la notificación a las accionadas, Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogota y Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fol. 68 y 70) y se puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fols. 67 y 69).

Intervenciones

4.1 La Policía Nacional solicita que se declare la improcedencia de la tutela o en su lugar se niegue el amparo invocado con fundamento en las siguientes razones (fols. 79 - 83):

Señala que las sentencias del Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vulneraron los derechos fundamentales alegados por el accionante, pues las mismas de forma autónoma explicaron las razones de hecho y derecho por las cuales consideraron que el régimen salarial y prestacional aplicable al accionante, por haber laborado en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional – INSSPONAL y vincularse con posterioridad a la planta de personal de la Policía Nacional, era aquel que rige a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

Relata que a juicio de las autoridades accionadas, al accionante no le era aplicable en su integridad del Decreto – ley 1214 de 1990, pues se vinculó a INSSPONAL con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y por ello se regía por las disposiciones que regulan a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, tal y como lo prevé la Ley 352 de 1997 y demás normas concordantes.

Aduce que el accionante tuvo la oportunidad procesal adecuada para controvertir las determinaciones que le resultaron adversas a sus intereses en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y pese a que las mismas fueron resueltas desfavorablemente al actor, la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia que implique analizar de fondo el asunto.

Informa que el demandante pretende que se le reconozcan las partidas establecidas en el artículo 102 del Decreto – ley 1214 de 1990, pero a su vez quiere seguir siendo beneficiario de la pensión de jubilación conforme con los parámetros del Decreto 2701 de 1988, vulnerando el principio de inescindibilidad de la norma.

Destaca que no se vulneró el principio de favorabilidad, por cuanto la pensión de jubilación del actor se liquidó conforme con la normativa aplicable, teniendo en cuenta el principio de integralidad de la norma.

Afirma que la acción de tutela es improcedente, porque no existe un perjuicio irremediable de carácter inminente, grave y urgente que imponga la intervención del juez de tutela, para remediar una situación de peligro derivada de las actuaciones o determinaciones tomadas por las autoridades judiciales accionadas.

Concluyó que la tutela no es un mecanismo jurídico válido para desconocer la decisión definitiva adoptada en las sentencias cuestionadas, pues acceder al amparo de tutela, sin evidenciarse uno de los requisitos de pocedibilidad de la acción constitucional contra providencia judicial implicaría atentar contra la seguridad jurídica, toda vez que se le permite a un juez ajeno al debate y mediante un procedimiento informal y sumario, entrar a dirimir un asunto decidido por el juez natural.

4.2 El Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá (fols. 88 - 89) solicita que se niegue la acción de tutela, con fundamento en lo siguiente:

Indica que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera excepcional cuando se pretenda el amparo de los derechos al debido proceso, defensa y de acceso a la administración de justicia, toda vez que se trata de garantías esenciales de la actividad judicial, por tal razón no puede emplearse como una tercera instancia dado que ello afectaría principios como la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

Relata que en la sentencia de 15 de septiembre de 2016 se concluyó que “(…) al demandante le es aplicable el régimen salarial de la rama ejecutiva (fijado por el Gobierno Nacional para INNSPONAL), y es por ello, que tal y como lo afirma el actor en la demanda, que a partir de su vinculación con dicha entidad que se le dejaron de reconocer el subsidio familiar, prima de actividad y demás emolumentos salariales contenidos en el decreto 1214 de 1990, pues dicho régimen no le es aplicable a los funcionarios de los establecimientos públicos, categoría esta que tenía el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional”.

Aduce que la providencia acusada no desconoció el precedente jurisprudencial, pues sobre el tema no existe jurisprudencia unificada, por lo que en virtud del principio de autonomía funcional se apoyó en uno de los criterios jurisprudenciales existentes sobre la materia, proferido por el Consejo de Estado.

Agregó que en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también existe una disparidad de criterios frente al derecho reclamado por el actor, por lo que no se imponía un parámetro jurídico a aplicar.

Considera que las decisiones adoptadas por los jueces de instancia no vulneraron los derechos fundamentales del accionante, pues se profirieron conforme a derecho.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.

Problema jurídico

La Sala debe decidir si el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, al proferir la sentencia de 15 de septiembre de 2016 y 18 de octubre de 2017, respectivamente, incurrieron en una vía de hecho por defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, al concluir que la situación fáctica del señor Luis Alfonso Santisteban Quintero, no le era aplicable el Decreto – Ley 1214 de 1990 en materia prestacional.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos destacados por la Corte Constitucional. Así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) No se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.

3.1 El defecto fáctico

Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico, en una dimensión negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria ejercida por el juez se presenta la omisión de la “[…] valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez […]”. En esta situación se incurre “[…] cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,  o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[…]”.

En una dimensión positiva, el defecto fáctico ocurre cuando el juez, por ejemplo, “[…] aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas […]”, de conformidad con el artículo 29 de la Carta Política.  En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando ostensiblemente aparece arbitraria la valoración probatoria realizada por el Juez. Por tanto, el error en el juicio valorativo de la prueba:

“[…] Debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. […]” .

En lo que respecta al supuesto fáctico por indebida valoración probatoria, ha dicho la Corte que este se configura, entre otros, en los siguientes casos:

“[…] (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente aportadas en el proceso. […] .

Como se observa, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria no solo se ocupa del examen que realiza el juez sobre el material probatorio aportado con el proceso, sino que además abarca toda la actividad probatoria que aquél despliega para intentar acreditar o desacreditar los hechos de la demanda.

Sin embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo probatorio dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio.

Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una evaluación de la actividad de valoración realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.2 El defecto sustantivo

La jurisprudencia Constitucional ha considerado que el funcionario judicial incurre en defecto sustantivo cuando: “[…] (i) la decisión impugnada se funda en una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii) la decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática […]”.

La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 al referirse a la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, consideró:

“[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]”.

En las sentencias T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 la Corte Constitucional, indicó:

“[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) […]”. (Destacado de la Sala).

3.3 El desconocimiento del precedente

Para la Corte Constitucional el desconocimiento del precedente consiste en que una autoridad judicial modifique su posición frente a determinado asunto, o se separe del criterio establecido por su superior jerárquico, haciendo caso omiso al precedente en la materia, y aún más, que a pesar de reconocer la existencia de éste, se aparte total o parcialmente del mismo sin cumplir con la carga argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder se desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente relacionados con el respeto del precedente.

Sobre el particular, en la sentencia T-446 de 2013 la Corte Constitucional señaló:

[…] es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces.

Ahora bien, es importante resaltar que la jurisprudencia ha distinguido entre precedente horizontal y precedente vertical para explicar, a partir de la estructura orgánica del poder judicial, los efectos vinculantes del precedente y su contundencia en la valoración que debe realizar el fallador en su sentencia. En este sentido, mientras el precedente horizontal supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias; el precedente vertical implica que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes.

En esta óptica, la Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su actividad, al punto que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él mismo y por sus superiores funcionales, también es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los desafíos propios de la evolución del derecho.

En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues “sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia” (requisito de transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los operadores judiciales […]”.

Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.

Caso concreto

4.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, y principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, legalidad y favorabilidad los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados, pues se adelantaron las dos instancias dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el accionante contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y no se configura ninguna de las causales para hacer uso del recurso extraordinario de revisión.

Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C que hoy se cuestiona en tutela, esto es, la sentencia de 18 de octubre de 2017, se notificó a las partes por correo electrónico, el 24 de octubre de 2017 (fol. 456 expediente proceso ordinario), y la demanda de tutela se presentó el 10 de noviembre de 2017 (fol. 1), es decir, dentro de un término prudencial.

Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4.2. Los hechos acreditados en el trámite procesal que dieron origen a las sentencias cuestionadas.

De acuerdo con los hechos acreditados en el expediente de tutela, la Sala observa lo siguiente:

El señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero ingresó al servicio de la Policía Nacional, mediante Orden Administrativa de Personal Nº 042 de 1º de febrero de 1980, en el cargo de Profesor adscrito el Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Dirección de Bienestar social de la Policía Nacional, retirándose a solicitud propia de la institución el 02 de febrero de 2000 (fols. 3 y 9).

El accionante, se vinculó al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional – INSSPONAL, en el cargo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 09, tomando posesión del mismo, mediante Acta Nº 0659 de 2 de octubre de 1995 (fol. 4 cuaderno proceso ordinario).

La Dirección General de la Policía Nacional mediante Resolución Nº 1180 de 27 de marzo de 2000 reconoció una pensión de jubilación al señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, a partir del 2 de febrero de 2000, con fundamento en las siguientes consideraciones (fols 6 – 7 cuaderno anexo expediente proceso ordinario):

“(…) Que de acuerdo con la liquidación de servicios expedida por el Archivo General de la Policía Nacional, el señor LUIS ALFONSO SANTIESTEBAN QUINTERO, identificado con cédula de ciudadanía 19.236.529, nació el 16 de enero de 1954, ingresó a la Institución el 01 de febrero de 1980 y fue retirado a solicitud propia el 02 de febrero de 2000, acumulando un tiempo de 20 años, 03 meses y 15 días, incluido tiempo a contrato;

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 2701 del 29 de diciembre de 1988 en concordancia con los Artículos 98, 115, 117, 118 y 119 del Decreto 1214 de 1990, tiene derecho al reconocimiento de una pensión de jubilación equivalente al 75% de los últimos haberes devengados computables para prestaciones sociales, así:

Sueldo para el grado
Bonificación de servicios prestados 1/12
Prima de servicios 1/12
Prima de vacaciones 1/12
Prima de navidad 1/12 (….)” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

El día 31 de marzo de 2014, el accionante presentó petición a la Dirección General de la Policía Nacional, solicitando el reconocimiento y pago de la prima de actividad (49.5%), prima de servicio (15%), subsidio familiar (39%), prima de alimentación, auxilio de transporte y demás emolumentos previstos en el Decreto - Ley 1214 de 8 de junio de 1990 (fols. 40 – 57 proceso ordinario).

La Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional mediante oficio Nº S-2014-007010/DIBIE-ASJUD-22 de 14 de abril de 2014 negó la petición del accionante, a partir del siguiente argumento (fols 58 - 59 cuaderno anexo proceso ordinario):

“(…) no es posible atender los requerimientos solicitados para su poderdante Señor LUIS ALFONSO SANTIESTEBAN QUINTERO, consistente en reconocer, liquidar y pagar la Prima de Actividad, prima de alimentación, prima de servicio, subsidio familiar y auxilio de transporte, teniendo en cuenta que los haberes salariales y prestacionales, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que rigen para los empleados públicos a través del Decreto Nº 1042 de 1978, Ley 4ª de 1992, el Decreto Nº 0843 del 25 de abril de 2012, y demás normas complementarias y pertinentes, no facultan el reconocimiento y pago, por lo tanto es un imposible legal la aplicación en favor del Señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, de las disposiciones del Decreto Nº 1214 de 1990, por ser contrarias al régimen salarial correspondiente al que el citado funcionario se encontraba vinculado (…)”.

El señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, a través de apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá, que mediante sentencia de 15 de septiembre de 2015 negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente (fols. 371 – 379 cuaderno anexo proceso ordinario):

“(…) En el presente asunto quedó demostrado que el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, fue nombrado para desempeñarse en el cargo de Profesor de secundaria en el área de biología y química, empleo del cual tomó posesión el 12 de febrero de 1980, siendo vinculado a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional (folio 3); sin embargo, a partir de la creación del INNSPONAL por virtud del Decreto 352 de 1994, el actor quedó incorporado en dicha entidad, siendo designado para desempeñarse en el cargo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 09, respecto del cual tomó posesión el día 02 de octubre de 1995 (folio 4).

Posteriormente, y en virtud de lo dispuesto en la Ley 352 de 1997, el señor Luis Alfonso Santiesteban, fue incorporado en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en esta Oportunidad se le designó en el cargo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 9.

De acuerdo a los hechos probados y a los fundamentos normativos y jurisprudenciales, concluye este Juzgado que no le asiste la razón a la parte actora, toda vez que, si bien es cierto, el señor Luis Santiesteban fue incorporado a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en virtud de la Ley 352 de 1997, atendiendo a la naturaleza de dicha dependencia le sería aplicable el régimen salarial contemplado en el Decreto 1214 de 1990; no es menos cierto, que el artículo 56 de la referida ley, precisa que aquellos funcionarios públicos o trabajadores oficiales que se venían desempeñando en INNSPONAL que fueran incorporados en las plantas de personal del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional, como es el caso del demandante, continuarán con el régimen salarial de dicha entidad, esto es, el fijado por el Gobierno Nacional para el mencionado instituto, de lo que se colige de manera inequívoca que al accionante no le son aplicables las disposiciones salariales contenidas en el decreto 1214 citado.

Lo anterior lleva a la conclusión que no asiste razón jurídica al demandante en sus pretensiones, y por lo tanto habrá de denegarse las mismas (…)”

Inconforme con la decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, que mediante sentencia de 18 de octubre de 2017, la confirmó, argumentando lo que sigue (fols. 556 – 565 cuaderno anexo proceso ordinario):

“ (…) Entonces, no queda duda en que el régimen salarial aplicable a los empleados públicos, que se encontraban prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional e ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional, y posteriormente fueron incorporados a la Dirección de Sanidad Militar, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional, es el que rige para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional.

Lo anterior por cuanto, en primer lugar, los artículos 20 del decreto ley 352 de 1994 y 88 del decreto ley 1301 de 1994 dijeron en forma expresa que: i) Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que a la fecha de su entrada en vigencia se encontraban prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional o la Policía Nacional y que ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedaron sometidos al régimen salarial establecido para la entidad respectiva, esto es, a las normas legales que para esta clase de servidores, empleados públicos del orden nacional, expidió el Gobierno Nacional; y ii) los empleado públicos y trabajadores oficiales de dichos instituto “para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y subsidios, no se rigen por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

(…)

En segundo lugar, porque bajo la égida del artículo 56 de la ley 352 de 1997, los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporaron a las plantas de personal del Sistema de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional por virtud de lo previsto en esa ley, continuaron “sometidos al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional”, que no es otro que el establecido para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, conforme lo ratificaron los decretos 3062 de 1997 y 133 de 1998 (…)

En tercer lugar, porque las normas analizadas, decretos leyes 352 y 1301 de 1994 y decretos 3062 de 1997 y 133 de 1998 y la ley 352 de 1997, para los empleados públicos que se encontraban prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional e ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, y que luego fueron incorporados a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, dejaron a salvo única y exclusivamente la aplicación del régimen prestacional del Título VI del decreto ley 1214 de 1990, pero no las normas del Título III ibídem que hace parte del régimen salarial.

(…) la máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, también ha interpretado que el régimen salarial aplicable a los empleados públicos, que se encontraba prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional e ingresaron al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, y posteriormente fueron incorporados a la Dirección de Sanidad Militar y las Direcciones de Sanidad y Bienestar Social de la Policía Nacional, es el que rige para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional, puesto que la ley amparó los derechos adquiridos en materia prestacional, lo cual se concreta en la aplicación del Título VI del decreto ley 1214 de 1990.

(…) 1.- En el extracto de la hoja de vida del demandante, señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, expedida el 20 de marzo de 2014 por la Policía Nacional, consta que él se vinculó como empleado civil de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional a partir del 1º de febrero de 1980.

Igualmente se informa que prestó servicios hasta el 1º de febrero de 2000 y que la última dependencia donde laboró fue la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional.

2.- Se encuentra demostrado que el actor mediante acta de posesión nº. 0659 del 2 de octubre de 1995 (sic), ingresó al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.

Esto lleva a la Sala a inferir que el demandante, luego de la liquidación del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, fue incorporado a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional.

En ese orden de ideas, se concluye que si bien es cierto el demandante estuvo vinculado a la Dirección de Bienestar Social de la Policía desde el 1º de febrero de 1980, también lo es que fue incorporado al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar Social de la Policía Nacional, y en consecuencia, quedó sometido al régimen salarial dispuesto para esta entidad. Régimen salarial en el que, en todo caso, conforme a los artículos 2º y 4º del decreto 1407 de 1995, se incorporó en su asignación básica mensual el valor de la diferencia resultante por concepto de prima de actividad, prima de alimentación y subsidio familiar, que percibía en la Policía Nacional.

No hay duda en que su régimen salarial es el establecido por el Gobierno Nacional para los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional. Por lo tanto no tiene derecho al reconocimiento y pago de los emolumentos consagrados en el Título II del decreto ley 1214 de 1990, máxime si las diferencias mensuales que resultaron de tales factores, se incorporaron a su asignación básica mensual conforme a lo dispuesto en el decreto 1407 de 1995 (…)”.

Con ocasión de las referidas providencias, el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero presentó acción de tutela, solicitando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, y principios constitucionales de prevalencia del derecho sustancial, legalidad y favorabilidad, porque considera que el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, al proferir, respectivamente, las sentencias de 15 de septiembre de 2016 y 18 de octubre de 2017 incurrieron en vía de hecho por defecto fáctico, al no valorar en debida forma la hoja de servicios y el historial laboral del accionante para establecer el régimen prestacional aplicable a partir de la fecha de su vinculación como empleado civil de la Policía Nacional, y no disponer el reajuste de su pensión de jubilación.

Aduce que las accionadas incurrieron en defecto sustantivo, por cuanto no tuvieron cuenta que el parágrafo del referido artículo 21 del Decreto 352 de 1994, establece que los empleados sometidos al régimen del Decreto – Ley 1214 de 1990 que ingresen al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuarán cobijados por el régimen de seguridad y bienestar social establecido en el Título VI del citado Decreto-Ley 1214 de 1990.

Añade que las autoridades demandadas no realizaron una valoración adecuada de la normativa, para determinar ciertamente, que el régimen salarial y prestacional al que estaba sometido el actor, es el Decreto – Ley 1214 de 1990, teniendo en cuenta el parágrafo del artículo 55 de la Ley 352 de 1997.

4.2.1 La situación fáctica

Con el fin de resolver los cuestionamientos planteados por el accionante, la Sala considera necesario destacar los siguientes aspectos:

Revisado el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, se observa que la demanda interpuesta por el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero contra la Policía Nacional estaba dirigida a obtener la nulidad del oficio Nº S-2014-007010/DIBIE-ASJUD-22 de 14 de abril de 2014 y a que se ordenara el reconocimiento y pago de la prima de actividad (49.5%), prima de servicio (15%), subsidio familiar (39%), prima de alimentación, auxilio de transporte y demás emolumentos previstos en el Decreto - Ley 1214 de 8 de junio de 1990, desde la fecha (2 de octubre de 1995) de su vinculación al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional – INSSPONAL, hasta el momento de su desvinculación de la institución (2 de febrero de 2000) (fols. 110 – 190 expediente proceso ordinario).

Sin embargo, al examinar la demanda de tutela formulada por el accionante, se tiene que la misma se dirige a que se dejen sin efectos las sentencias de 15 de septiembre de 2016 y 18 de octubre de 2017, proferidas, respectivamente por el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se ordene a esta última autoridad, que profiera una nueva decisión en la que disponga el reajuste de su pensión de jubilación incluyendo la prima de actividad, prima de servicio, subsidio familiar, prima de alimentación, auxilio de transporte y demás emolumentos previstos en el Decreto - Ley 1214 de 8 de junio de 1990.

Para la Sala la petición expuesta por el actor, relacionada con la reliquidación de su pensión de jubilación no fue objeto de estudio en sede administrativa, ni se sometió a discusión en el proceso ordinario, sin embargo, como el asunto hace referencia al reconocimiento y pago de emolumentos establecidos en el Decreto – Ley 1214 de 1990, que eventualmente puedan afectar la liquidación de la pensión de jubilación del tutelante, esta Subsección, en aras de garantizar el derecho sustancial, estima necesario hacer una interpretación integral de la demanda de tutela con las pretensiones expuestas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, para verificar la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor.

El Decreto 1214 de 1990 reglamentaba lo correspondiente al régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional de la siguiente manera:

“(…) ARTÍCULO 1o. APLICABILIDAD.  El presente Decreto regula la administración del personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y en la Justicia Penal Militar y su Ministerio Público. HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1214_1990.htm" \l "top" \o "Ir al inicio"

ARTÍCULO 2o. PERSONAL CIVIL.  Integran el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, las personas naturales que presten sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional.

En consecuencia, las personas que presten sus servicios en los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos o vinculadas al Ministerio de Defensa, no tienen la condición de personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de cada organismo.

ARTÍCULO 3o. CLASIFICACION.  El personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional se clasifica en empleados públicos y trabajadores oficiales.
HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1214_1990.htm" \l "top" \o "Ir al inicio"
ARTÍCULO 4o. EMPLEADO PUBLICO. Denominase empleado público del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, la persona natural a quien legalmente se le nombre para desempeñar un cargo previsto en las respectivas plantas de personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional y tome posesión del mismo, sea cual fuere la remuneración que le corresponda. (…)” (Subrayado fuera del texto).

Como quiera que lo pretendido por el actor es el reconocimiento y pago de algunos emolumentos prestacionales, es necesario analizar la naturaleza jurídica de los factores reclamados por el tutelante, a la luz de la normativa que le era aplicable, esto es, el Decreto - Ley 1214 de 1990, el cual establece lo siguiente.

“(…) ARTÍCULO 38. PRIMA DE ACTIVIDAD. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, tienen derecho a una prima de actividad del veinte por ciento (20%) del sueldo básico mensual, mientras permanezcan en el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 39. PRIMA DE ALIMENTACION. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, tienen derecho a una prima mensual de alimentación, mientras permanezcan en el desempeño de sus funciones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO. Facultase al Ministerio de Defensa Nacional para fijar una prima especial de alimentación, que no podrá exceder de la que rija para los soldados de las Fuerzas Militares, a favor de aquellos empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que presten sus servicios en lugares donde se desarrollen operaciones militares para restablecer el orden público, o en áreas en las que la ley consagre este beneficio para los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares.

(…)

ARTÍCULO 47. PRIMA DE SERVICIO ANUAL. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, tendrán derecho al pago de una prima de servicio anual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la totalidad de los haberes devengados en el mes de junio del respectivo año, la cual se pagará dentro de los primeros quince (15) días del mes de julio de cada año.

PARAGRAFO 1o. A quienes se encuentren en comisión del servicio en el exterior, la prima de que trata este artículo se les pagará en pesos colombianos, liquidada sobre los haberes que devengarán si estuviesen prestando sus servicios en la guarnición de Bogotá.

PARAGRAFO 2o. Cuando el personal a que se refiere este artículo no haya servido el año completo, tendrá derecho al pago de esta prima a razón de una duodécima (1/12) parte por cada mes completo de servicio, liquidada con base en los haberes devengados en el último mes.

(…)

ARTÍCULO 49. SUBSIDIO FAMILIAR. A partir de la vigencia del presente Decreto, los empleados públicos del Ministerio tendrán derecho al pago de un subsidio familiar, que se liquidará mensualmente sobre su sueldo básico, así:
a) Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c) de este artículo;
b) Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c) del presente artículo;
c) Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%).

PARAGRAFO. El límite establecido en el literal c) de este artículo no afectará a los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31 de octubre de 1972, estuviesen disfrutando o tuviesen derecho a disfrutar, de porcentajes superiores a diecisiete por ciento (17%), ya que en esa fecha tales porcentajes fueron congelados sin modificación. (…)”

Teniendo en cuenta lo expuesto, se observa que los emolumentos pretendidos por el accionante, relacionados con la prima de actividad, prima de servicio, subsidio familiar, prima de alimentación y auxilio de transporte se encuentran incluidos en el estatuto que regula el régimen prestacional del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Decreto 1214 de 1990, por lo que su naturaleza jurídica es de prestación social, en la medida que fueron establecidas por el legislador para cubrir los riesgos, necesidades o contingencias a las que suele verse sometido el empleado o trabajador durante la relación laboral y no comportan un factor salarial que perciba el empleado de forma habitual como retribución de su labor.

De acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que los emolumentos reclamados por el actor, eran factores que se encontraban incluidos en la normativa a la que estaba sometido en materia prestacional, por lo que el análisis de las accionadas debía estar dirigido a verificar si el actor cumplía las condiciones fácticas para acceder al reconocimiento y pago de los mismos o no y, si tales prestaciones podían afectar la liquidación de su pensión de jubilación.

En el presente asunto se encuentra acreditado que el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, a través de Orden Administrativa de Personal Nº 042 de 1º de febrero de 1980 ingresó a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional “BIESO”, donde prestó sus servicios en el cargo de profesor. Posteriormente, el 2 de octubre de 1995 se vinculó al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional – INSSPONAL en el cargo de Profesional Universitario, Código 3020, Grado 9, hasta diciembre de 1997 y, en enero de 1998 se vinculó nuevamente a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, donde prestó sus servicios hasta el momento de su retiro de la institución, el 2 de febrero de 2000.

Bajo este contexto, es importante realizar una breve síntesis del marco jurídico que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos vinculados como civiles a las plantas de personal del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, que tiene incidencia en el asunto.

El artículo 33 de la Ley 62 de 1993 creó el Instituto para la Seguridad Social y el Bienestar de la Policía Nacional como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa; y, posteriormente, mediante el Decreto 352 de 1994, se fijó su estructura orgánica, objetivos y funciones, así como el régimen salarial y prestacional de sus funcionarios de la siguiente manera:

“(…) ARTICULO 20. REGIMEN SALARIAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Seguridad Social y Bienestar para la Policía Nacional, para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios, se regirán por las normas legales que para esta clase de servidores establezca el Gobierno Nacional.

En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dicho organismo para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

PARAGRAFO. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o en cualquier otra dependencia de la Policía Nacional, y que ingresen al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido para la entidad.

ARTICULO 21. REGIMEN PRESTACIONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto, para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedarán sometidos a los sistemas generales de pensiones y salud establecidos en la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones sociales, se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988.

PARAGRAFO. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o cualquier otra dependencia de la Policía Nacional, y por lo tanto se hallen sometidos al régimen establecido en el Decreto-ley 1214 de 1990, e ingresen al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuarán cobijados por el régimen de seguridad y bienestar social establecido en el Título VI del precitado Decreto-ley 1214 de 1990 (…)”.(Subrayado fuera del texto).

El artículo 248 de la Ley 100 de 1993 otorgó al Presidente de la República facultades extraordinarias para organizar el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el Decreto 1214 de 1990, entre otros, razón por la cual se profirió el Decreto 1301 de 1994 en el cual se indicó:

“(…) ARTICULO 87. REGIMEN LEGAL DEL PERSONAL. Para todos los efectos legales, las personas que prestan sus servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, tendrán el carácter de empleados públicos. No obstante lo anterior pueden tener calidad de trabajadores oficiales quienes realicen actividades de carácter operativo y, conservación y mantenimiento de inmuebles, de acuerdo con los estatutos.

ARTICULO 88. REGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta clase de servidores establezca el gobierno Nacional.

En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos organismos para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

PARAGRAFO. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia el presente Decreto se encuentren prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido para la entidad respectiva.

ARTICULO 89. REGIMEN PRESTACIONAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones sociales se les aplicará el Decreto Ley 2701 de 1988 y normas que lo modifiquen y adicionen.

PARAGRAFO. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se hubieren vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán cobijados por el Título VI del Decreto Ley 1214 de 1990 (…)” (Subrayado fuera del texto).

No obstante lo anterior, a través de la Ley 352 de 1997 se reestructuró el Sistema de Salud para las Fuerzas Militares y de Policía Nacional y como resultado se ordenó la liquidación del Instituto de la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y la creación de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, sin embargo en su contenido se dispuso sobre el régimen prestacional y salarial de los servidores públicos, lo siguiente:

“(…) ARTÍCULO 15. DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL. Créase la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, como una dependencia de la Dirección General de la Policía Nacional, cuyo objeto será el de administrar los recursos del Subsistema de Salud de la Policía Nacional e implementar las políticas, planes y programas que adopte el CSSMP y el Comité de Salud de la Policía Nacional.

ARTÍCULO 53. SUPRESIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS. Ordénase la supresión y liquidación de los establecimientos públicos denominados Instituto de Salud de las Fuerzas Militares e Instituto para la Seguridad Social y bienestar de la Policía Nacional, creados mediante el Decreto 1301 del 22 de junio de 1994 y la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, respectivamente, dentro de un plazo máximo de un año, contado a partir de la vigencia de la presente ley.

[…]

ARTÍCULO 55. RÉGIMEN PRESTACIONAL. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

PARÁGRAFO. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporen al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la presente ley quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo no contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

ARTÍCULO 56. RÉGIMEN SALARIAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán sometidos al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según sea el caso (…)” (Subrayado y negrilla fuera del texto).

Ahora bien, en cuanto al proceso de creación y transformación del sistema de salud de las Fuerzas Militares, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, mediante Sentencia de 10 de diciembre de 2015 sostuvo lo siguiente:

“(…) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con ponencia del Dr. Gustavo Gómez Aranguren, en relación con el tema del proceso de creación y transformación que ha venido experimentado el sistema de salud de las Fuerzas Militares desde la expedición de la Ley 352 de 1997, ha precisado que:

“Así las cosas, lo que determina el régimen aplicable a los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, respectivamente, es que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, caso en el cual se les continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto-Ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán sometidos al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según sea el caso.

Luego lo determinante para saber el tipo de régimen aplicable en el caso en estudio es la fecha de vinculación de la actora dada la naturaleza del empleo que desempeña cuyo régimen se encontraba previsto en el Decreto 1301 de 1994 y en la Ley 352 de 1997, que para el caso no solo no se observan contrarios a la norma fundamental, como para inaplicarlos en este caso sino que se advierte desarrollan en concreto el régimen excepcional previsto para las Fuerzas Militares previsto constitucionalmente.”

En igual sentido, la Sección Segunda, Subsección B, con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve, sobre el tema y una vez efectuado el estudio normativo, estimó la Sala en esa oportunidad, que al referirse al régimen salarial aplicable al personal vinculado al sistema de salud de las Fuerzas Militares se hace necesario distinguir tres etapas, a saber:
(…)
Empleados públicos – personal civil- vinculados al Ministerio de Defensa con anterioridad al 22 de junio de 1994 le eran aplicables las disposiciones previstas en el Decreto 1214 de 1990, dentro de las cuales se encontraba estipulado el reconocimiento y pago de una prima de actividad, artículo 38 ibídem.

Empleados públicos vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares le serían aplicables las normas legales que para esta clase de servidores estableciera el Gobierno Nacional, artículo 88 del Decreto 1301 de 1994.

Empleados públicos incorporados a la planta de personal del Ministerio de Defensa –sector salud-, con ocasión del proceso de supresión y liquidación del Instituto de salud de las Fuerzas Militares, continuarían sometidos al régimen salarial que se les aplicaba en el referido Instituto.

De acuerdo con lo expuesto, concluye la Sala que a partir de la expedición del Decreto 1301 de 1994, por expresa disposición del Gobierno Nacional, el régimen salarial aplicable a los servidores públicos vinculados al sector salud de las Fuerzas Militares no es otro que el previsto para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional lo que, en otras palabras, debe decirse excluye cualquier posibilidad de aplicar a este tipo de servidores el régimen salarial previsto en el Decreto 1214 de 1990, esto es, el dispuesto para el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.” (…)” (Negrilla fuera de texto)

De acuerdo con el anterior marco normativo y la cita jurisprudencial, para la Sala es claro que el aspecto que determina el régimen aplicable a los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, respectivamente, es que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, caso en el cual se les continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto-Ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

Así, teniendo en cuenta que el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, se vinculó a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional en el año de 1980, sin hesitación alguna, se observa que su situación fáctica se encuentra enmarcada por lo previsto en el parágrafo del artículo 21 del Decreto 352 de 1994, el parágrafo del artículo 89 del Decreto 1301 de 1994 y el artículo 55 de la Ley 352 de 1997, es decir, que en materia prestacional se rige por lo dispuesto en el Decreto – Ley 1214 de 1990. Tanto es así, que la pensión de jubilación la Entidad demandada la reconoció con fundamento en este decreto.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala observa que el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, en las sentencias de 15 de septiembre de 2016 y 18 de octubre de 2017, decidieron negar el reconocimiento y pago de unos emolumentos prestacionales a favor del señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, porque consideraron que el demandante no era beneficiario del Decreto 1214 de 1990, por haberse vinculado al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional en el cargo de Profesional Universitario Código 3020 Grado 09, tomando posesión por Acta Nº 659 de 2 de octubre de 1995, es decir, después de la vigencia de la Ley 100 de 1993, lo que ocasionaba que sus prestaciones salariales se fijaran con base en la normativa que rige a los empleados públicos de la rama ejecutiva del orden nacional.

Las autoridades judiciales accionadas señalaron que el actor cuando se vinculó en el año de 1995, al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar Social de la Policía Nacional quedó sometido al régimen salarial dispuesto para esa Entidad, que no es otro que el establecido a los empleados públicos del rama ejecutiva del orden nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 352 de 1997, empero en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se encuentra acreditado que en materia prestacional, el accionante se regía por lo dispuesto en el Decreto – Ley 1214 de 1990.

En este orden, la Sala advierte que el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no efectuaron un análisis integral del material probatorio allegado al proceso ordinario, para determinar el régimen salarial y prestacional aplicable al actor, pues omitieron valorar la hoja de servicios Nº 19.236.529 del señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, en la cual se advierte que el demandante estuvo vinculado a la Policía Nacional desde el 1 de febrero de 1980 hasta el 2 de febrero de 2000, prestando sus servicios a la institución por un tiempo de 20 años, 3 mes y 15 días. Esto permitía inferir que el actor se vinculó al Ministerio de Defensa – Policía Nacional con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Adicionalmente, se observa que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta el contenido del acto administrativo que le reconoció la pensión de jubilación al señor Santisteban Quintero, esto es, la Resolución Nº 01180 de 27 de marzo de 2000, en la cual si bien para liquidar la prestación social se tomó las partidas previstas en el artículo 53 del Decreto 2701 de 1988, también se aplicó lo dispuesto en los artículos 98, 115, 117, 118 y 119 del Decreto 1214 de 1990, para definir el monto y el tiempo de servicios con los que se debía reconocer la pensión del tutelante, lo que llevaba a advertir que el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero sí le era aplicable el Decreto 1214 de 1990.

Para la Sala es evidente que las accionadas en las providencias acusadas no realizaron una debida valoración del material probatorio, para concluir que la vinculación del señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero a las plantas de personal del Ministerio de Defensa – Policía Nacional había sido en el año de 1980, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; y esta situación era relevante para establecer el régimen salarial y prestacional aplicable a la accionante.

En este orden, la Sala resalta que la indebida valoración probatoria realizada por las autoridades judiciales accionadas ocasionó que omitieran dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 55, 89 y 21, respectivamente de la Ley 352 de 1997, el Decreto 1301 de 1994 y el Decreto 352 de 1994, para definir el régimen prestacional del señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero.

Cabe precisar que si bien es cierto, el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero se vinculó al Instituto para la Seguridad Social y el Bienestar de la Policía Nacional - INSSPONAL en el año de 1995, no se puede desconocer que el actor ingresó a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional en el año de 1980, y con ocasión de la supresión de INSSPONAL por mandato de la Ley 352 de 1997 y por virtud del artículo 55 de la referida norma, se le garantizó a las personas que se habían vinculado al Ministerio de Defensa con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993 beneficiarse de las disposiciones del Decreto 1214 de 1990, como es el caso del señor Santiesteban Quintero, quien continuó vinculado a la Policía Nacional por traslado que se le hizo a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional en 1998.

En este orden de ideas, no se puede perder de vista que la situación particular del señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero estaba cobijada por el mencionado “régimen de transición”, previsto en los Decretos 352 de 1994, 1301 de 1994 y el artículo 55 de la Ley 352 de 1997.

Así las cosas, no resulta razonable concluir que el régimen prestacional del señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero varió a partir su vinculación al INSSPONAL en el año 1995 y que por tal motivo se debía desconocer que ingresó a laborar a la Policía Nacional desde el 1 de febrero de 1980, siendo aplicables las disposiciones del Decreto 1214 de 1990.

En el caso concreto del señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, se observa que la demandante en el proceso ordinario pretendía que se declarara la nulidad del acto administrativo que le negó el reconocimiento y pago de la prima de actividad, prima de servicio, subsidio familiar, prima de alimentación, auxilio de transporte y demás emolumentos previstos en el Decreto - Ley 1214 de 1990, por lo que las accionadas debían analizar en forma integral la situación del actor, para determinar con certeza su ingreso a la institución y así establecer el régimen prestacional aplicable, sin embargo, de la revisión de las providencias acusadas se advierte que las autoridades judiciales no efectuaron un análisis jurídico y probatorio en ese sentido, desatendieron su obligación de valorar en conjunto las pruebas allegadas al proceso.

De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que el Juzgado Cuarenta y Seis Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C incurrieron en vía de hecho por defecto fáctico y sustantivo, porque no valoraron en debida forma el material probatorio y la normativa aplicable al caso concreto, para determinar con claridad el régimen jurídico en materia prestacional aplicable al señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, para efectos de definir si el actor tenía derecho o no al reconocimiento y pago de los emolumentos pretendidos.

III DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala accederá al amparo de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad del señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, se dejará sin efecto la sentencia de 18 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y se ordenará a la autoridad judicial accionada que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo, tomando como referente los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad invocados por el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero, a través de apoderado, de conformidad con las precisas razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 18 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. En su lugar, ORDENAR a la referida corporación judicial que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo, tomando como referente los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Sin perjuicio de la autonomía que le asiste como juez natural, para adoptar la decisión de fondo a que haya lugar.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER al Despacho de origen, el expediente de nulidad y restablecimiento del allegado en préstamo.

De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Decreto 1382 de 2000 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela, numeral 2° del artículo 1°, “[…] Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado […]”.
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
Sentencia T-538 de 1994.
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 7 de marzo de 2013. MP. Alexei Julio Estrada.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sobre el particular puede apreciarse la sentencia T-474 de 2008 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Cfr. Sentencia T-567 de 1998.
Cfr. Sentencia T-001 de 1999.
Sentencia de 11 de julio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 250.
Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
“Por el cual se determina la estructura orgánica, objetivos y funciones del establecimiento público encargado de la seguridad social y bienestar para la policía nacional y se dictan otras disposiciones”.

"Por el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y del personal no uniformado de la Policía Nacional, así como del de sus entidades descentralizadas"
Ver sentencia de 29 de enero de 2015, Expediente No, 3406-2013, Actor Lina Paola Medellín Martínez, Demandado NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR. Ver sentencia de 27 de noviembre de 2014, Radicación No. 2853 -2013, Actor MÓNICA SAKER SOFRONNI
Fecha en la que entra en vigencia el Decreto 1301 de 1994 y se crea el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
“ARTICULO 88. REGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta clase de servidores establezca el gobierno Nacional.”. Tal previsión se mantuvo incluso en vigencia de la Ley 352 de 1997. “ARTÍCULO 56. RÉGIMEN SALARIAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán sometidos al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según sea el caso.”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 10 de diciembre de 2015, radicado Nº 25000-23-42-000-2012-00438-01 (2219-2013), Actor: Ruth Carolina Pinilla Peña, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Folio 9 cuaderno anexo proceso ordinario
Folio 6 -7
Mediante Acta Nº 0659 de 2 de octubre de 2015, el señor Luis Alfonso Santiesteban Quintero tomo posesión del cargo de Profesional Universitario Código 3020 Grado 09. Establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa, a través de la Ley 62 de 1993, cuyo régimen salarial y prestacional se reglamentó mediante el Decreto 352 de 1994. En similar sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de tutela de 30 de marzo de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-00473-00, Actor: Blanca Cecilia Avendaño Moreno, Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D. En dicha oportunidad esta Corporación manifestó que al haberse demostrado que la accionante se vinculó a las plantas de personal del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional desde el año de 1980 y posteriormente, vincularse al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, con ocasión de la supresión de la entidad, la demandante tenía derecho a que se le aplicara el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 y se continuara aplicando lo dispuesto en el Decreto 1214 de 1990 para efectos de liquidar su pensión de jubilación, por lo que el Tribunal accionado al aplicar el artículo 56 de la Ley 352 de 1997, para desconocer los derechos prestacionales de la actora incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, en sentencia de tutela de 14 de noviembre de 2017, radicado Nº 11001-03-15-000-2017-02511-00, Actor: Silvestre Augusto Penagos Novoa, Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, se pronunció sobre el alcance del artículo 55 de la Ley 352 de 1997, en el siguiente sentido: “(…) Como se aprecia, la norma es precisa en señalar que quienes <<(…) se hubieren vinculado a estas entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto – Ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen>>.

En esta norma no se refiere al ingreso al INNSPONAL antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues como se vio el mencionado instituto solo fue reglamentado para su puesta en funcionamiento hasta el 1º de febrero de 1994, es decir, apenas dos meses antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Por tanto, la norma se refiere al personal que venía trabajando en las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional (seguridad social y bienestar social), antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, posición que es favorable y ajustada a la realidad y tiempos de creación y corto funcionamiento de INNSPONAL. Dicha disposición ampara a quienes venían trabajando para las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, como es el caso del accionante quien trabaja en bienestar social desde 1990. Con lo anterior, es evidente la configuración del defecto sustantivo pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, no dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 (…)”. En similar sentido se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en sentencia de tutela de 4 de abril de 2017, radicado Nº 11001-03-15-000-2017-00615-00, Actor: Flor Ángela Caro Torres, C.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de junio de 2017, radicado Nº 11001-03-15-000-2016-03516-01, Actor: Uriel Vanegas Rodríguez, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Código General del Proceso “Artículo 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

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