Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05706-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-05706-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-05706-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
24 de noviembre de 2022
Demandante: María Esperanza Beltrán Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
Rad: 11001-03-15-000-2022-05706-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05706-00
Demandante: MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F
Temas: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del
precedente. Declara la improcedencia por no cumplir con los
requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución
Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1. Petición de amparo constitucional
Mediante escrito radicado el 27 de octubre de 2022, la señora María Esperanza
Beltrán Herrera, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
La parte accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales con la
sentencia dictada por la referida autoridad judicial el 27 de septiembre de 2022,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-010-2017-00416-00/01, el cual promovió contra el
Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional.
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Demandante: María Esperanza Beltrán Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
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En consecuencia, solicitó lo siguiente:
«…
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se revoque o deje sin
efectos la Sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION “F”. de fecha 27
de septiembre de 2022, dentro del Proceso de Radicación No. 11001-33-
35-010-2017-00416-01, Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho,
demandante MARÍA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA, Demandado
Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, que revocó la
Sentencia Proferida el 5 de noviembre de 2020 mediante la cual el
Juzgado Décimo (10) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar NIEGA las
pretensiones de manera ilegal y arbitraria, conforme a lo expuesto en esta
Tutela.
TERCERO: Se dicte por parte del Consejo de Estado que corresponda
conocer de esta Tutela o se ordene TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCION “F”, se profiera
una nueva Sentencia en derecho, respetando el debido proceso, el
principio de seguridad jurídica, el derecho de igualdad, a la recta
administración de justicia, los precedentes jurisprudenciales y en general
providencia tendiente a amparar los derechos fundamentales de la Señora
MARIA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Decreto 1214 de 1990, que consagra en el Artículo 102 la
liquidación y pago de la pensión de jubilación, la Prima de Servicio, Prima
de Alimentación, Prima de Actividad. Subsidio Familiar, Auxilio de
Transporte y la duodécima parte de la Prima de Navidad, teniendo en
cuenta además lo señalado en el Decreto 352 de 1994, Decreto 1301 de
1994 y la Ley 352 de 1997, artículo 55, que consagra que el personal que
haya ingresado a la Policía Nacional antes de la Ley 100 de 1993, le es
aplicable el Decreto 1214 de 1990, además los precedentes
Jurisprudenciales citados y aportados de la Honorable Corte
Constitucional, el Consejo de Estado, Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y Meta y Juzgados Administrativos de Bogotá, que han
sentado precedente al respecto.
CUARTO: Que para resolver el asunto, se consulten y tengan en cuenta
los Precedentes Judiciales, citados en esta Acción y otros que se han
proferido al respecto por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, que han señalado que el personal que haya ingresado a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, le es aplicable el
Decreto 1214 de 1990.»
La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:
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2. Hechos
Sostuvo que ingresó a la Policía Nacional, mediante orden administrativa de
personal 1-196 del 17 de octubre de 1984, al cargo de profesora, a partir del 1º
de noviembre de 1984 y que, se posesionó en la misma fecha.
Indicó que, percibió dentro de sus prestaciones sociales la prima de actividad, el
subsidio familiar, la prima de servicios y demás, bajo la vigencia del Decreto
1214 de 19901.
Manifestó que, se benefició de lo dispuesto en dicha norma hasta que, el 2 de
octubre de 1995 fue trasladada al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
Social de la Policía Nacional (INSSPONAL), con cumplimiento de las mismas
funciones de docente, puesto que, le dejaron de pagar las prestaciones del
mencionado decreto.
Señaló que, con la Ley 352 de 1997 el INSSPONAL se liquidó y se creó la
Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional (BIESO), por lo que,
nuevamente fue trasladada a esta última, con posesión del 19 de diciembre de
1997, bajo las mismas funciones de profesora.
Adujo que, mediante Resolución 02838 del 4 de noviembre de 2004, la
Dirección General de la Policía Nacional, le reconoció la pensión de jubilación, a
partir del 17 de agosto de 2004, por los siguientes motivos:
a) Que de acuerdo con la liquidación de servicios, ingresó a la institución el 1°
de noviembre de 1984 y fue retirada a solicitud propia el 17 de agosto de 2004,
acumulando un tiempo de «20 años, 01 meses y 00 días.»
b) Que de «…conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 2701
del 29 de diciembre de 1988 en concordancia con los Artículos 98, 115, 117,
118 y 119 del Decreto 1214 de 1990, tiene derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación equivalente al 75% de los últimos haberes devengados
computables para las prestaciones sociales», así: sueldo básico, bonificación
por servicios prestados 1/12, prima de servicios 1/12, prima de vacaciones 1/12
y prima de navidad 1/12.
Afirmó que, solicitó ante la mencionada dirección el reconocimiento y pago de
las primas de actividad, de alimentación y, de servicio, del subsidio familiar, el
auxilio de transporte, cesantías y demás prestaciones sociales contempladas en
el Decreto 1214 de 1990, haberes dejados de percibir desde el 2 de octubre de
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Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la
Policía Nacional.
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1985; así como, el reajuste de su pensión de jubilación. Además, pidió que no le
fuera aplicado el Decreto 2701 de 19882.
Informó que, se negó su petición mediante oficio S-2017-057489/ARPRE-
GRUPE.1.10 del 21 de noviembre de 2017.
Añadió que, con ocasión de dicha decisión administrativa, promovió una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Ello, con la finalidad de que
se declarara la nulidad del referido oficio y, se le pagara lo solicitado en
atención a su vinculación al INSSPONAL el 2 de octubre de 1995, con
aplicación de la prescripción cuatrienal.
Mencionó que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
mediante sentencia del 5 de noviembre de 2020 accedió a las pretensiones en
razón del Decreto 1214 de 1990 y que, ingresó a la Policía Nacional antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es el 1º de noviembre de 1984.
Refirió que con ocasión de la apelación presentada en contra de la precitada
decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F con providencia del 27 de septiembre de 2022, la revocó para,
en su lugar, negar lo pretendido, al considerar lo siguiente:
a) Precisó que, al personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional
vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto
es, el 1° de abril de 1994, le resultan aplicables las disposiciones previstas en el
título VI del Decreto 1214 de 1990.
Agregó que, los empleados públicos vinculados después del 1° de junio de
1994 al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, que posteriormente, fueron
incorporados a la planta de personal de la aludida cartera, le son aplicables las
disposiciones de la Ley 100 de 1993, pues así lo previó el artículo 89 del
Decreto 1301 de 1994, así como, el 55 de la Ley 352 de 1997 y el artículo 3° del
Decreto 3062 de 1997.
b) Sostuvo que, como la demandante se vinculó el 17 de octubre de 1984 a la
institución, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; por
lo que, le resulta aplicable el título VI del Decreto 1214 de 1990 para los efectos
prestacionales allí previstos.
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Por el cual se reforma el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores
oficiales de las entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y
comerciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional.
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c) Manifestó que, la demandante tiene derecho a que en su pensión se incluyan
los factores solicitados en la demanda, siempre y cuando estén contenidos en
el título VI del aludido decreto y, los hubiera devengado mientras estuvo activa
en la Policía Nacional, lo cual no logró demostrar.
Precisó que, lo anterior, en atención a que, los elementos salariales referidos
por la actora fueron recogidos por el Decreto 1407 de 1995, el cual, los integró
a la asignación básica de los destinatarios de dicha norma, y lo único que se
mantiene vigente del Decreto 1214 de 1990 para esos servidores es el régimen
prestacional del mencionado título VI.
d) Anotó que podía corroborarse con los certificados salariales que la
accionante devengó las partidas que fueron incluidas en la resolución de
reconocimiento pensional, esto es, el sueldo básico para el grado, bonificación
por servicios prestados, así como las primas de servicios, vacaciones y de
navidad.
e) Resaltó que no era posible incluir los factores reclamados por la
demandante, pues esos emolumentos están regulados en el título III del
Decreto 1214 de 1990, mientras que, la garantía otorgada con el artículo 55 del
Decreto 352 de 19973, únicamente lo es, para que, en materia prestacional, se
le aplique el título VI de la citada norma.
De conformidad con el material probatorio aportado, se observa que la anterior
providencia se notificó electrónicamente el 12 de octubre de 2022.
3. Sustento de la vulneración
La parte actora hizo referencia a lo siguiente:
«En la Sentencia T-567 de 1998, el máximo órgano constitucional en su
jurisprudencia estableció una doctrina en relación con las vías de hecho, al
clasificar varios tipos de defectos en los que incurren las autoridades judiciales o,
en casos como el de la Señora MARIA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA,
autoridades administrativas que conllevan a que sus decisiones sean
consideradas como tales. Así, las ha dividido en:
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Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. ARTÍCULO 55. Régimen
prestacional. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que
se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional, respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la vigencia
de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto ley
1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
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(1) un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basado en una
norma claramente inaplicable al caso concreto;
(2) un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado;
(3) un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador
carece por completo de competencia para resolver el asunto de que trata y,
(4) un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por
completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas
cuestiones.»
Denotó que, «una aplicación al caso de los pronunciamientos y decisiones
tomadas por autoridades administrativas, se puede decir que una vía de hecho
se produce cuando quien efectúa, sea una decisión judicial o administrativa, en
forma arbitraria y con fundamento en su única voluntad, actúa en franca y
absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico, vulnerando o
amenazando derechos fundamentales, lo cual se da en el caso de mi defendido
por que pido con todo respeto se dé a favor las pretensiones de la Tutela.»
3.1. Desconocimiento del precedente
Sostuvo que el fallo de segunda instancia no atendió a que conforme a la
sentencia de unificación jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de
Estado SUJ-019-CE-S2 del 12 de diciembre de 2019, radicado 25000-23-42-
000-2016-04235-01, interno 0901-2018, el aspecto que determina el régimen
aplicable es la vinculación a la Policía Nacional antes de la Ley 100 de 1993,
por lo que, su situación se regía por el Decreto 1214 de 1990, en tanto que,
ingresó a la Policía Nacional el 1º de noviembre de 1984.
Expuso que se vulneró su derecho a la igualdad porque la autoridad judicial
acusada no atendió dicho pronunciamiento. Asimismo, solicitó se tuvieran en
cuenta los siguientes pronunciamientos4:
i) Del Consejo de Estado:
a) Del 30 de mayo de 2019, expediente 25000-23-42-000-2015-04547-01
(3737-17).
b) Del 4 de marzo de 2021, radicado 25000-23-42-000-2014-03697-01
(3859-2016).
c) Del 1° de septiembre de 2014, proceso 25000-23-25-000-2010-00166-
01(1641-12).
4
La parte actora señaló: «LAS QUE PIDO CON TODO RESPETO SEAN TENIDAS EN
CUENTA EN EL PRESENTE ASUNTO, POR SER CASOS SIMILARES AL AQUÍ DEBATIDO.
Fundamentos de hecho y de derecho y precedentes Jurisprudenciales que pido con todo
respeto sean tenidos en cuenta y en consecuencia se acceda favorablemente a las
pretensiones de la Tutela»
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Rad: 11001-03-15-000-2022-05706-00
d) Del 22 de agosto de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-02428-00.
e) Del 2 de abril de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2019-02428-01.
f) Del 27 de noviembre de 2014, proceso 25000-23-42-000-2012-00905-
01(2853-13).
g) Del 4 de abril de 2017, expediente 11001-03-15-000-2017-00615-00.
h) Del 1° de febrero de 2018, proceso 11001-03-15-000-2017-00615-01.
i) Del 30 de marzo de 2017, radicado 11001-03-15-000-2017-00473-00.
j) Del 2 de agosto de 2017, proceso 11001-03-15-000-2017-00473-01.
k) Del 29 de enero de 2015, expediente 25000-23-42-000-2012-00733-01
(3406-13).
l) Del 21 de junio de 2018, proceso 25000-23-42-000-2013-00667-01
(4861-2015).
m) Del 5 de febrero de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02995-00.
n) Del 29 de agosto de 2018, radicación 11001-03-15-000-2017-02995-01.
o) Del 21 de junio de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-03516-01,
p) Del 14 de noviembre de 2017, proceso 11001-03-15-000-2017-02511-00.
q) Del 24 marzo de 2022, radicado 25000-23-42-000-2016-05266-01 (0459-
2021).
r) Del 28 de noviembre de 2018, radicación 11001-03-15-000-2017-02511-
01.
s) Del 21 de mayo de 2020, proceso 25000-23-42-000-2016-02447-01.
t) Del 5 de junio de 2020, expediente: 25000-23-42-000-2016-05784-01.
Interno 0986-2018
u) Del 29 de mayo de 2020, expediente: 25000-23-42-000-2017-00002-01.
(6030-2018).
v) Del 29 de mayo de 2020, expediente: 25000-23-42-000-2017-00273-01.
(6245-2018).
ii) Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
a) Del 30 de agosto de 2018, expediente 11001-33-35-013-2014-00309-02.
b) Del 12 de octubre de 2017, proceso 11001-33-35-017-2010-00340-01.
c) Del 15 de junio de 2017, radicado 11001-33-35-016-2014-00309-01.
d) Del 8 de julio de 2021, expediente 11001-33-35-029-2018-00080-01.
e) Del 1º de agosto de 2018, radicado 11001.33-35-708-2014-00215-01.
f) Del 19 de octubre de 2017, proceso 11001-33-35-009-2014-00213-01.
g) Del 18 de enero de 2018, expediente: 11001-33-35-025-2014-00239-01.
h) Del 22 de febrero de 2018, radicación 11001-33-35-018-2014-00459-01.
i) Del 29 de noviembre de 2018, proceso 11001-33-35-016-2014-00410-01.
j) Del 5 de julio de 2018, radicado 2014-00245-01.
k) Del 10 de febrero de 2021, expediente 11001-33-42-048-2017-00480-01.
l) Del 22 de mayo de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-05266-00.
m) Del 6 de abril de 2018, expediente 11001-33-35-020-2014-00317-01.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
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iii) De otros despachos judiciales:
a) Del 7 de julio de 2022, radicación 50001-33 33-001-2017-00423-01.
Tribunal Administrativo del Meta.
b) Del 28 de septiembre de 2015, radicado 11001-33-35-020-2014-00317-
00. Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial
de Bogotá.
c) Del 20 de mayo de 2015, expediente 2014-00449, Juzgado Once
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
d) 19 de noviembre de 2019, radicado 11001-33-42-054-2019-00081-00,
Juzgado Cincuenta y Cuatro del Circuito Judicial de Bogotá.
Alegó que, de acuerdo con el marco jurisprudencial en cita, el aspecto que
determina el régimen aplicable es que se hubiere vinculado a la Policía
Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, caso en el cual se les
continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto 1214 de 1990 o
las normas que lo modifiquen o adicionen.
3.2. Defecto sustantivo
Agregó que se vulneraron sus derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, porque se desconoció la norma aplicable al caso
concreto, la cual corresponde al Decreto 1214 de 19905, mas no al Decreto
2701 de 19886. Ello, en garantía de los derechos adquiridos7 como de los
5
» Artículo 102. ARTÍCULO 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES
SOCIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados públicos del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, se le liquidarán y
pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones
sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma de las siguientes partidas: a. Sueldo básico. b.
Prima de servicio. c. Prima de alimentación. d. Prima de actividad. e. Subsidio familiar. f. Auxilio
de transporte. g. 1/12 parte de la prima de navidad. PARAGRAFO 1. El subsidio familiar que se
reconozca y pague por parte de las Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores
oficiales, no será computable como partida para las prestaciones sociales. PARAGRAFO 2.
Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás
primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto será computables para efectos de
cesantías, pensiones y demás prestaciones sociales.
6
Artículo 53. FACTORES DE SALARIO PARA LIQUIDACION DE CESANTIA Y PENSIONES.
Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que
tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en
cuenta los siguientes factores de salario. a) La asignación básica mensual. b) Los gastos de
representación. c) Los auxilios de alimentación y transporte. d) La prima de navidad. e) La
bonificación por servicios prestados. f) La prima de servicios. g) Los viáticos que reciban los
empleados y trabajadores en comisión, cuando se hayan percibido por un término no inferior a
180 días en el último año de servicio. h) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos
por disposiciones legales anteriores al Decreto-ley 710 de 1978. i) La prima de vacaciones. j)
Las primas y bonificaciones que hubieren sido debidamente otorgadas con anterioridad a la
declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto-ley 3130 de 1988.
7
Señaló que en la demanda ordinaria además del respeto de los derechos adquiridos, invocó el
principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 superior, para la aplicación en su
totalidad del Decreto 1214 de 1990 (ff. 11 y 12 del escrito de tutela).
8
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Demandante: María Esperanza Beltrán Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F
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principios de legalidad y de favorabilidad en cuanto al reajuste de su pensión de
jubilación.
Expuso que, entre los fundamentos de su demanda ordinaria señaló que la
diferencia entre estos dos regímenes es notoria, ya que con el Decreto 1214 de
1990 tenía derecho a que, en su liquidación pensional se le incluyera: sueldo
básico, primas de servicios, de alimentación, actividad y navidad, subsidio
familiar, auxilio de transporte; mientras que con el Decreto 2701 de 1988 solo
procedía la inclusión del sueldo básico, así como, las primas de servicio y
navidad8.
4. Trámite de la solicitud de tutela
Con auto del 2 de noviembre de 2022, se admitió la demanda de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran la
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
Como terceros se dispuso la vinculación del juez Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y del ministro de Defensa Nacional, Policía Nacional.
A su vez, se requirió el expediente en préstamo y se reconoció personería al
apoderado de la parte actora.
5. Contestaciones
Surtidas las notificaciones de rigor, se presentaron las siguientes
intervenciones:
5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
La magistrada ponente de la decisión cuestionada se opuso a la prosperidad de
lo solicitado, al considerar lo siguiente:
Sostuvo que los argumentos planteados en la demanda que cursó en el
proceso ordinario están directamente relacionados con los expuestos en el
escrito de tutela.
Expuso que, la demandante insiste en que por el hecho de haberse vinculado
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tiene derecho a que se le
reconozcan e integren en la liquidación de pensión de jubilación los factores
salariales mencionados en el título III del Decreto 1214 de 1990, esto es, la
prima de servicio, prima de alimentación, prima de actividad, subsidio familiar,
auxilio de transporte y la duodécima parte de la prima de navidad, sin tener en
8 Cuadro del folio 11 de la demanda de tutela.
9
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Segunda, Subsección F
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cuenta que dichos factores no los devengó en el periodo de liquidación.
Destacó que, aunque la demandante asegura que se desconoció el precedente
jurisprudencial sobre el tema, lo cierto es que a pesar de que existieron en
algún momento posiciones jurídicas diferentes al respecto, el Consejo de
Estado unificó su criterio a través de la sentencia del 12 de diciembre de 2019
en el radicado 25000-23-42-000-2016-04235-019, la cual ha aplicado y también
ha sido confirmada en segunda instancia. Citó ejemplos.
Adujo que en dicho pronunciamiento se estableció que la regla jurisprudencial
aplicable en materia prestacional es que quienes laboraron para el Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional y que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 les resulta aplicable el Título VI del Decreto 1214 de
1990.
Mencionó que, pese a que la demandante tiene derecho a que se le aplique el
artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 por haberse vinculado antes de la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la actora debía demostrar que
efectivamente devengó esos emolumentos en el último año de servicio, lo cual
no ocurrió en el asunto que hoy es objeto de reproche en la presente acción
constitucional. Al respecto, agregó:
«Así mismo, es importante resaltar que en la sentencia proferida por esta
Subsección se explicó que con el Decreto Ley 1407 de 1995 (artículo 4°) dispuso
que ‘para efectos de la liquidación de prestaciones sociales del personal
incorporado a la planta del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, a que hace referencia el artículo 19 del presente Decreto
estarán incluidas dentro de la asignación básica mensual que corresponde al
cargo en que fue incorporado, el salario básico, la prima de actividad, la prima de
alimentación y el subsidio familiar que le pagaba la Policía Nacional como factor
salarial’, razón por la cual los factores pretendidos no podían ser liquidados
nuevamente, ya que los mismos ‘fueron recogidos por el Decreto 1407 de 1995,
el cual los integró a la asignación básica de los destinatarios de dicha norma, y lo
único que se mantiene vigente del Decreto Ley 1214 de 1990 para dichos
servidores es el régimen prestacional previsto en el Título VI»
Indicó que, para decidir el caso en particular, corroboró que los factores
certificados por la entidad como devengados en el periodo de liquidación fueran
los incluidos en la Resolución 2838 del 4 de noviembre de 2004, por medio de
la cual se le reconoció su derecho pensional y que no devengó durante ese
lapso, ninguno de los factores pretendidos.
Consideró que la accionante busca que a través del presente mecanismo
9
Con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
10
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constitucional se estudie nuevamente una situación jurídica que ya fue resuelta
por el juez natural, es decir, convertir la acción de tutela en una tercera
instancia, lo cual no es procedente.
Agregó que, en la providencia proferida por esta Corporación se dio aplicación a
la sentencia de unificación que fijó los lineamientos respecto de la forma como
se deben liquidar las pensiones de las personas que se encuentran en la
situación fáctica de la demandante, conforme a la interpretación que ha
expuesto el Consejo de Estado.
Solicitó que con relación al fondo del asunto planteado en la presente acción se
tengan en cuenta las razones fácticas y jurídicas que la Sala de la Subsección F
del Tribunal Administrativo, Sección Segunda, en su momento consideró para
tomar la decisión de la providencia censurada por la accionante y que se
encuentran contenidas en la misma.
5.2. Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
El referido despacho judicial aportó copia digital del expediente ordinario.
5.3. Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Esta autoridad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela,
por los siguientes motivos:
Sostuvo que, no se encuentra demostrado que con la providencia demandada
la actora haya sufrido algún tipo de perjuicio irremediable y que, no esté en la
obligación jurídica de soportar la decisión, pues a la fecha la accionante percibe
una pensión de $2.948.451.69, tal y como se encuentra acreditado en el material
anexo.
Adujo que no es dable acceder a las peticiones de la parte actora cuando lo
pretendido se basa en una disposición normativa que no rige al personal con
vínculo laboral en el establecimiento público Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, como lo es el Decreto 1214 de 1990. Esto,
debido a que al extinguirse la entidad mencionada anteriormente pasaron a la
Dirección de Sanidad y Bienestar Social siendo amparados por el Decreto 2701
de 1988.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en
atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
11
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Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente evento se cumplen los
presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si
con la decisión demandada se incurrió en los defectos específicos alegados en
su demanda de amparo, pues revocó la decisión que había accedido al
reconocimiento y pago de las prestaciones solicitadas con aplicación del
Decreto 1214 de 1990 para, en su lugar, negar sus pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento promovido en contra de
Previo a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: el criterio de la Sección
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, el estudio
sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados
se estudiará el fondo del asunto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 10, mediante el
cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11, conforme al
cual:
«De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha
sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente
AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»12
10
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente número 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
12
Ibidem.
12
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La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio,
pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…».
Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra
providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia13 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
(procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto (procedencia adjetiva).
En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de
tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no
se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez, iii) relevancia constitucional y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de
los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
13
Entre otras, se citan las sentencias T - 949 de 2003, T - 774 de 2004 y C - 590 de 2005 de la
Corte Constitucional.
13
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para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
4. Examen de requisitos generales
5.1. Tutela contra sentencia de la misma naturaleza
Se advierte que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia de segunda instancia censurada, sobre la cual
recaerá el análisis correspondiente, se profirió en el trámite de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
5.2. Inmediatez
Asimismo, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez,
puesto que, la sentencia demandada del 27 de septiembre de 2022, se notificó
vía electrónica el 12 de octubre de la misma anualidad, mientras que la
demanda de tutela se presentó el 27 del mismo mes y año; por tanto, se
advierte un ejercicio oportuno de ésta.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 14, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200515, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
5.3. Subsidiariedad
La Sala encuentra que contra la providencia de segunda instancia acusada no
procede el recurso ordinario y tampoco, se advierte causal alguna para el
recurso extraordinario de revisión.
No obstante, se advierte que la parte actora invocó el desconocimiento del
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
15
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
14
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precedente al considerar que la autoridad judicial cuestionada desatendió la
providencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado SUJ-
019-CE-S2 del 12 de diciembre de 2019, radicado 25000-23-42-000-2016-
04235-01, interno 0901-2018.
Por tanto, como la aludida decisión corresponde a una sentencia de unificación
jurisprudencial, en este caso, procede el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia contemplado en los artículos 256 y siguientes de la Ley 1437
de 2011.
Lo anterior, puesto que, como se indicó, la parte demandante alegó el
desconocimiento de una sentencia de tal naturaleza, lo cual se encuentra
previsto como causal para ejercer dicho medio de defensa; además de que, el
parágrafo del artículo 257 ibidem, establece que en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá el
recurso extraordinario sin consideración de la cuantía.
De modo que, en lo que corresponde a este cargo, el cual incluye la presunta
vulneración del derecho a la igualdad, se declarará la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad.
En relación con el desconocimiento de la norma aplicable, que da lugar, a un
defecto sustantivo o material, se observa que sí se cumple el aludido
presupuesto general; por tanto, se procederá con el análisis del siguiente
requisito.
Asimismo, se precisa que la parte actora hizo mención a los «defectos fáctico,
orgánico y procedimental», al señalar que la jurisprudencia estableció una
doctrina en relación con las vías de hecho al «…clasificar varios tipos de
defectos en los que incurren las autoridades judiciales o, en casos como el de la
Señora MARIA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA»; de manera que, también
se entienden alegados por la parte actora. Frente a estos vicios, también se
encuentra cumplido el precitado presupuesto.
5.4. Relevancia constitucional
En relación con la relevancia constitucional, la Sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 202216, mediante la cual se declaró
la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia
constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la
16
Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01. Demandante:
Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.
15
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trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter
nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.
Para tal efecto, se trae a colación la sentencia SU 215 de 2022 de la Corte
Constitucional, en la que se unificaron los criterios respecto del precitado
presupuesto.
A través del aludido pronunciamiento, la Corte Constitucional revisó las
sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta
y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por
Producciones RTI SAS contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de
cierre17.
En esa oportunidad, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección
Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de
tutela contra una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad.
Mientras que, la Sección Primera encontró satisfechos los requisitos generales
que ha señalado la Corte Constitucional18, salvo el de la subsidiariedad frente a
uno de los cargos y, sobre la relevancia constitucional determinó que «se
invocaron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados».
No obstante, la Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados
requisitos en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de
relevancia constitucional.
En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó
17
En dicho proceso, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia
por no encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó
otros cargos de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera confirmó
integralmente la decisión del a quo. Con la acción constitucional reprochó las sentencias
dictadas dentro de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido
contra las liquidaciones oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como
ingresos gravados la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por RTI SAS y se
le sancionó por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto sobre las ventas que
presentó por el año gravable 2010.
18
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
16
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en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de
procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre…».
El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:
«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal19» (Énfasis de la Sala).
El Alto Tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito
de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de tutela no
cumplía con este postulado, puesto que:
i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,
ii) involucraba un debate eminentemente legal,
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,
iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
En lo particular, se observa que a pesar de que la parte actora hizo referencia a
los siguientes defectos específicos, a saber: sustantivo, «fáctico, orgánico y
procedimental», lo cierto es que, no los desarrolló puntualmente, a diferencia
del desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SUJ-019-CE-S2
del 12 de diciembre de 2019, radicado 25000-23-42-000-2016-04235-01,
interno 0901-2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado (frente al que,
en precedencia, se declaró la improcedencia por no cumplir con la
19
Sentencia SU 573 de 2019.
17
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subsidiariedad) y el sustantivo o material que se logró advertir de sus
argumentos.
En efecto, en el escrito de tutela se observa lo siguiente:
«En la Sentencia T-567 de 1998, el máximo órgano constitucional en su
jurisprudencia estableció una doctrina en relación con las vías de hecho, al
clasificar varios tipos de defectos en los que incurren las autoridades judiciales o,
en casos como el de la Señora MARIA ESPERANZA BELTRÁN HERRERA,
autoridades administrativas que conllevan a que sus decisiones sean
consideradas como tales. Así, las ha dividido en:
‘(1) un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basado en
una norma claramente inaplicable al caso concreto;
(2) un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo
probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado;
(3) un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador
carece por completo de competencia para resolver el asunto de que trata y,
(4) un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por
completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas
cuestiones.’» (subrayado fuera del texto original)
Así las cosas, se precisa que los defectos «fáctico, orgánico y procedimental»
no cuentan con la carga argumentativa necesaria para abordar el fondo del de
cada uno de dichos yerros, lo cual, resulta necesario cuando se demanda una
providencia judicial.
Por tanto, en cuanto a estos vicios se declarará la improcedencia por no cumplir
con la relevancia constitucional.
De manera que, como el defecto por desconocimiento del precedente fue
parcialmente abordado en el acápite anterior, se procederá con el siguiente
análisis para establecer si se cumple o no con el mencionado presupuesto de la
relevancia constitucional frente a dicho yerro en lo atinente a las demás
providencia invocadas por la demandante y, al defecto sustantivo, así:
5.4.1. Desconocimiento del precedente
Al respecto, se observa que la parte accionante invocó la aplicación de otras
providencias del Consejo de Estado, distintas a la de unificación de SUJ-019-
CE-S2 del 12 de diciembre de 2019, radicado 25000-23-42-000-2016-04235-01,
interno 0901-2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Para la Sala la controversia planteada por la demandante en cuanto a los otros
pronunciamientos frente a los que la actora que solicitó se tuvieran en cuenta,
no satisface el requisito de la relevancia constitucional, por lo siguiente:
18
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i) Por la existencia de una sentencia que unificó los criterios frente al tema,
frente a la que, la parte cuenta con otro mecanismo de defensa judicial y,
ii) porque la parte actora se limitó a enlistar los fallos que solicitó fueran tenidos
en cuenta, con los datos de identificación de cada providencia e, incluso
transcribió su contenido; lo cual no resulta suficiente para acreditar el
cumplimiento de la relevancia constitucional, ya que, para ello, es menester que
quien se considera afectado, cumpla con la carga de argumentar el fundamento
de tal violación, bajo un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al
juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus prerrogativas
superiores, aspecto que, en el presente asunto no sucedió.
En consecuencia, se declarará la improcedencia por no cumplir con el requisito
de la relevancia constitucional frente a este asunto.
5.4.2. Defecto sustantivo:
La parte actora centró este yerro en que, para la demandante, se transgredieron
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, porque se desconoció la norma aplicable al caso concreto, la cual
corresponde al Decreto 1214 de 1990, mas no al Decreto 2701 de 1988, en
garantía del principio de legalidad, de los derechos adquiridos20 y el principio de
favorabilidad en cuanto al reajuste de su pensión de jubilación.
Lo anterior, por cuanto para la demandante en la liquidación de su pensión
debían incluirse las partidas computables o factores detallados en el Decreto
1214 de 1990 y no la del Decreto 2701 de 1988, toda vez que, con la primera
tenía derecho a que se tuviera en cuenta el sueldo básico, primas de servicios,
de alimentación, actividad y navidad, subsidio familiar, auxilio de transporte;
mientras que, con la segunda norma, el sueldo básico, así como, las primas de
servicio y navidad.
Al respecto, se observa que el Tribunal demandado en su decisión precisó que
la demandante pretendía que se le reconociera y pagara las primas de actividad
y alimentación, el subsidio familiar y el auxilio de transporte previstos en los
artículos 3821, 3922, 4923 y 5424 del Decreto 1214 de 1990 y, que se tuviera en
20
Señaló que en la demanda ordinaria además del respeto de los derechos adquiridos, invocó
el principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 superior, para la aplicación en su
totalidad del Decreto 1214 de 1990 (ff. 11 y 12 del escrito de tutela).
21
Prima de actividad.
22
Prima de alimentación.
23
Subsidio familiar.
24
Auxilio de transporte.
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cuenta en las cesantías y demás prestaciones sociales. Mientras que, para la
parte demandada, a la actora le resultaba aplicable el Decreto 2701 de 1988.
Adicionalmente, en la providencia acusada se consideró que: i) no procedía el
reconocimiento de los beneficios salariales solicitados en la demanda pues a la
actora no le resultaba aplicable el régimen salarial del personal no uniformado
del Ministerio de Defensa Nacional conforme al Decreto 1214 de 1990 y que, ii)
en su pensión tenía derecho a que se incluyan los factores solicitados en la
demanda, siempre y cuando estén contenidos en el título VI del aludido decreto
y, los hubiera devengado mientras estuvo activa en la Policía Nacional, lo cual
no logró demostrar.
A su vez, sostuvo que conforme con los certificados salariales en los que la
accionante devengó las partidas que fueron incluidas en la resolución de
reconocimiento pensional, esto es, el sueldo básico para el grado, bonificación
por servicios prestados, así como las primas de servicios, vacaciones y de
navidad.
Por tanto, la autoridad judicial consideró que no era posible incluir los factores
reclamados por la demandante, pues esos emolumentos están regulados en el
título III del Decreto 1214 de 1990, y la garantía otorgada con el artículo 55 del
Decreto 352 de 199725, únicamente lo fue, para que, en materia prestacional, se
aplique el título VI de la citada norma.
En efecto, bajo la síntesis de la providencia demandada antes expuesta, la Sala
considera que los argumentos del escrito inicial de la acción de tutela, relativos
a la presunta configuración del defecto sustantivo, no satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues como se puede observar en la sentencia
cuestionada, la discusión se circunscribe a aspectos legales, que fueron objeto
de análisis por parte de la autoridad judicial cuestionada.
Así las cosas, para analizar si en efecto dicho yerro material cumple con el
aludido presupuesto, debe precisarse que ante una solicitud de tutela en la que
se cuestiona la valoración interpretativa de una Alta Corte, es pertinente
establecer si los argumentos expuestos apuntan o no a convertir este
mecanismo constitucional en una tercera instancia y si trasciende de una «mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales» 26.
25
Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. ARTÍCULO 55. Régimen
prestacional. A los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que
se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacional, respectivamente, y que se hubieren vinculado a estas entidades antes de la vigencia
de la Ley 100 de 1993, se les continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto ley
1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
26
Corte Constitucional. Sentencia SU 215 de 2022.
20
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En lo particular, se observa que la línea argumentativa en sede constitucional
apuntó a convertir la acción de tutela en una tercera instancia, máxime cuando
sus fundamentos que ahora enmarca (omisión de aplicación del Decreto 1214
de 1990), ya fue un cargo resuelto de manera razonable por el juez natural de la
causa, lo que implica que la tutela se torna improcedente.
Se concluye entonces que el simple alegato de una vulneración de los derechos
fundamentales, como en el caso en cuestión, no conlleva a que el asunto
puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional; pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia
gira en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.
Lo anterior, pues la competencia de este juez constitucional se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de
carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
De manera que, la Sala considera que no se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU 215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ya que la controversia se enfocó en un
debate de contenido legal, como lo es la discusión de si a la demandante para
el reconocimiento y pago salarial, así como para el reajuste prestacional
pretendido, le era aplicable en su totalidad el Decreto 1214 de 1990.
Cuestión distinta sería que, en el caso particular se cuestionara la decisión que
deniegue, vía judicial, el reconocimiento de la pensión de la demandante pese a
reunir los requisitos para su disfrute, pues en tal controversia estaría implícita la
amenaza de los derechos constitucionales al mínimo vital, a la vida digna y a
todas aquellas prerrogativas que se desprenden de estos. Por el contrario, el
ministerio vinculado informó que en la actualidad la accionante percibe su
mesada pensional.
Asimismo, se advierte que tales alegaciones, en todo caso, no están justificadas
en una acreditada o palmaria vulneración de garantías fundamentales, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las citadas sentencias de
unificación 573 de 2019, 215 y 103 de 2022.
En palabras del Alto Tribunal Constitucional «…al tratarse de un argumento que
busca un cambio en la forma en la que la autoridad judicial accionada interpretó
la ley, el asunto carece de relevancia constitucional»27
27
Corte Constitucional. SU 2015 de 2022. Subrayado fuera del texto original.
21
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Por tanto, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino que es
necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga de
argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción de
los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.
De modo que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que arribó
la autoridad judicial ordinaria no puede ser razón para que el juez constitucional
intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto que, aceptar
lo contrario, sería invadir la facultad o potestad del competente natural.
Por lo que, resulta necesario indicar que en materia de tutelas contra
providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en
asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa. De modo que,
el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre
constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela, toda vez
que analizar puntos meramente legales atentaría contra el principio de
autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional
en una tercera instancia.
Así las cosas, frente al defecto sustantivo no se advierte el cumplimiento de la
relevancia constitucional. Por tal razón, se declarará la improcedencia respecto
de dicho cargo.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con los presupuestos de la subsidiariedad y el de relevancia
constitucional, frente a los defectos específicos alegados por la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por
la señora María Esperanza Beltrán Herrera, por no cumplir con el presupuesto
de la subsidiariedad, ni el de relevancia constitucional respecto de los defectos
específicos invocados, de conformidad con lo analizado en esta sentencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
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