RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2018 › Radicado 25000-23-42-000-2013-00667-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00667-01

Prima de actividad y el subsidio familiar: empleada pública de la Dirección General de Sanidad Militar del Ministerio de…

Fecha
21 de junio de 2018
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-00667-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- SE REVOCA la sentencia de 23 de abril de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, a través de la cual negó las súplicas de la demanda instaurada por la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de Sanidad Militar. SEGUNDO.- SE DECLARA la nulidad del Oficio 113942 de 13 de noviembre de 2012, proferido por el director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, a través del cual se le negó a la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz su petición de 25 de julio de 2012, de reconocimiento y pago de la prima de actividad, el subsidio familiar y la reliquidación de los demás emolumentos laborales y prestacionales devengados, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de Sanidad Militar reconocerá y pagará a la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz la prima de actividad y el subsidio familiar, generados desde el 25 de julio de 2008. Esto, por efectos del fenómeno de la prescripción, acorde con lo expuesto en esta providencia. De igual manera se ordenará la reliquidación y pago de las diferencias causadas en la pensión de jubilación reconocida a la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz desde cuando fue incluida en nómina de pensionados, así como de las demás prestaciones y emolumentos, señalados en el título VI del Decreto 1214 de 1990, donde el legislador impuso la inclusión de la prima de actividad y/o el subsidio familiar, que haya devengado la actora desde el 25 de julio de 2008. CUARTO.- Para la liquidación de la condena se dará aplicación a la fórmula señalada en la parte motiva de esta esta providencia, a la cual se dará cumplimiento a en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA. QUINTO.- SE CONDENA en costas de ambas instancias a la parte demandada, con inclusión de las agencias en derecho, de acuerdo a lo señalado en precedencia. Se liquidarán por la Secretaría General del Tribunal Administrativo. SEXTO.- En firme esta decisión, envíese al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2013-00667-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

21 de junio de 2018

PRIMA DE ACTIVIDAD Y EL SUBSIDIO FAMILIAR - Empleada pública de la Dirección General de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa Nacional / PRIMA DE ACTIVIDAD Y SUBSIDIO FAMILIAR – Personal del sistema de salud del Ministerio de Defensa / RÉGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL CIVIL VINCULADO AL SISTEMA DE SALUD DEL MINISTERIO DE DEFENSA - Regulación legal / RÉGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL CIVIL VINCULADO AL SISTEMA DE SALUD DEL MINISTERIO DE DEFENSA- Aplicación del régimen de los empleados públicos del orden nacional

[S]e tiene que si bien el citado artículo 55 de la citada Ley 352 de 1997 mantiene una transición normativa para quienes se vincularon al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, deben entenderse dos situaciones: La primera de ellas es que cuando la norma (art. 56) se refiere a quienes se hubieren vinculado al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, debe entenderse al personal civil vinculado al Ministerio de Defensa con anterioridad al 22 de junio de 1994. Esto es así pues solo través del Decreto 1301 de 1994 se creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares. (…) La segunda situación se refiere a que, cuando el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 dispone que al personal señalado en precedencia (vinculados al Ministerio de Defensa con anterioridad al 22 de junio de 1994) se les aplica el VI del Decreto Ley 1214 de 1990, la misma norma indica que este título debe aplicarse en su integridad, por lo que no pueden excluirse la prima de actividad y el subsidio familiar, solo por el hecho de encontrarse definidos en el título III del Decreto 1214 de 1990, pues el título VI dispone perentoriamente en sus artículos 96 y 102, literales d) y e) las partidas computables para la liquidación de las prestaciones, entre ellas la referida prima y el subsidio, por lo que no puede válidamente excluírseles de su disfrute para esa clase de servidores.

PRIMA DE ACTIVIDAD Y EL SUBSIDIO FAMILIAR - Empleada pública de la Dirección General de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa Nacional / PRIMA DE ACTIVIDAD Y EL SUBSIDIO FAMILIAR – Reconocimiento al estar vinculada desde el año 1990

[E]s procedente el reconocimiento de la prima de actividad y el subsidio familiar deprecados, toda vez que la incorporación de la accionante en la planta de personal civil del Ministerio de Defensa Nacional ocurrió desde el año 1990, por lo que el proceso que experimentó por su incorporación al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares en el año 1996 y a la Dirección General de Sanidad Militar en el año 2009, condujo a que se le aplique la transición normativa contemplada en el artículo 55 de la Ley 352 de 1997.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1214 DE 1990 / LEY 352 DE 1997 / DECRETO 1301 DE 1994

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-42-000-2013-00667-01(4861-15)

Actor: GLORIA CECILIA GUTIÉRREZ MUÑOZ

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

SO. 0095

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 23 de abril de 2015, por medio de la cual la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo Cundinamarca, negó las demás súplicas de la demanda instaurada por la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de Sanidad Militar.

ANTECEDENTES

Mediante demanda presentada en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz, por intermedio de apoderada, pidió la nulidad del Oficio 113942 de 13 de noviembre de 2012, suscrito por el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional, a través del cual se le negó su solicitud de reconocimiento de la prima de actividad y el subsidio familiar conforme al Decreto 1214 de 1990, además de todos los haberes previstos para los empleados civiles no uniformados.

A título de restablecimiento del derecho solicitó se condene a la demandada al pago de los mencionados emolumentos laborales, desde su vinculación a la entidad el 1 de agosto de 1990, se ordene el reajuste de todos los haberes laborales que se hubieran visto afectados en razón del no pago de sus derechos, se ordene dar cumplimiento a la condena de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA, y se condene en costas a la entidad demandada.

En el acápite de hechos indicó que mediante «Resolución 5436 de 1 de agosto de 1990» fue nombrada en el cargo de odontóloga en la categoría de especialista jefe, en el batallón de infantería No. 11 «Cacique Nutibara»; posteriormente, laboró como servidora misional en sanidad militar código 2-2 grado 12, desde el 9 de agosto de 1990 hasta el 21 de julio de 2010, fecha en la cual se retiró del servicio por el reconocimiento de su pensión de jubilación.

El 25 de julio y el 5 de octubre de 2012 radicó solicitudes ante la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa, para el reconocimiento y pago de la prima de actividad y el subsidio familiar, emolumentos contemplados en el Decreto 1214 de 1990, pero los mismos fueron negadas mediante Oficio 113942 de 13 de noviembre de 2012 suscrito por el director de asuntos legales del Ministerio de Defensa Nacional.

Como normas trasgredidas citó de la Constitución Política los artículos 4, 13, 25 y 53; de Ley 352 de 1997 el artículo 56; del Decreto 1214 de 1990 los artículos 39 y 48; y finalmente los Decretos 1792 de 2000 y 674 de 2008.

Como concepto de violación de las normas invocadas estimó que el acto acusado está viciado de nulidad, porque el Decreto Ley 1214 de 1990 aplicable al personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa, estableció en su artículo 38, para los empleados públicos de ese Ministerio y de la Policía Nacional, la prima de actividad equivalente al 20% del sueldo básico mensual, mientras permanezcan en el desempeño de sus funciones.

Luego, con base en la Ley 100 de 1993, que habilitó al ejecutivo para reglamentar los regímenes de seguridad social especiales, se profirió el Decreto 1301 de 1994, que organizó el Hospital Militar Central como Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y estableció que las personas que presten sus servicios en él tendrían el carácter de empleados públicos y trabajadores oficiales, dependiendo de la función a desempeñar, por lo que se dijo que se regirían por las normas establecidas por el Gobierno Nacional para esa clase de servidores.

Sin embargo, el parágrafo del artículo 88 estableció que los empleados públicos y trabajadores oficiales que al entrar en vigencia ese Decreto se encuentren prestando servicios en el Ministerio de Defensa Nacional y que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido para la entidad respectiva.

Posteriormente, la Ley 352 de 1997, que dispuso regresar al sector central todo el personal que anteriormente laboró en el nivel descentralizado, generó un trato discriminatorio para el personal civil, pues aun cuando éste nuevamente formaría parte del Ministerio de Defensa, lo cierto es que estableció que no le serían aplicables sus disposiciones salariales, sino el régimen del empleado público de la Rama Ejecutiva.

En este sentido precisó lo siguiente:

«[…]el Ministerio debe abstenerse de aplicar art. 56 de la ley 352 de 1997, en cuanto excluye a los funcionarios vinculados a la DIRECCIÓN DE SANIDAD, del régimen salarial de primas, subsidios y asignaciones correspondiente al personal civil del Ministerio de defensa, consagrado en el Decreto 1214 de 1990, decreto 1792 del 2000 y demás normas concordantes. Tales artículos contradicen las pautas señaladas por el propio legislador en la ley 4ta de 1992, que establece en cabeza del presidente la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional de los funcionarios al servicio del Estado. En efecto, en ninguna parte de dicha ley marco habla de la posibilidad de regímenes salariales discriminatorios no basados en factores objetivos. Con mayor razón es inconstitucional la norma en cita cuya inaplicación se pide, por cuanto viola el derecho fundamental a la igualdad consagrado en la carta magna: que funcionarios del mismo sector, del mismo ministerio, y con la misma categoría de personal civil no uniformado tengan un tratamiento diferencial con respecto a los demás empleados en cuanto a su régimen de asignaciones y prestaciones.
Deben inaplicarse también por inconstitucionales e ilegales todas las demás normas de igual o inferior jerarquía que el art. 56 de la ley 352 de 1997, en cuanto excluyan a los empleados vinculados a la dirección de sanidad, del régimen salarial de primas, subsidios y asignaciones correspondiente al personal civil del Ministerio de defensa, consagrado en el decreto 1214 de 1990, decreto 1792 del 2000 y demás normas concordantes. EN PARTICULAR DEBE INAPLICARSE EL DECRETO 1529 DE 2010, DECRETO 738 DE 2009 y DECRETO 674 DE 2008, ART. 4 […]».

Contestación

El Ministerio de Defensa, a través de su apoderado argumentó que mediante el Decreto 171 de 1996 se establecieron unas equivalencias para el desempeño de empleos públicos del Ministerio de Defensa Nacional, ante el cambio del régimen laboral del personal que prestaba sus servicios al sistema de sanidad militar en el año de 1994, conformado por el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, con lo cual se les «globalizó» el salario, pues se tuvieron en cuenta todas las primas que percibían antes de que entrara en vigencia el citado decreto. Lo anterior tuvo su razón de ser en la necesidad de mantener el equilibrio de las condiciones laborales en materiasalarial y prestacional al personal del Ministerio de Defensa que se incorporó a la planta de los citados institutos.

Manifestó que por medio del artículo 54 de la Ley 352 de 1997 el personal del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional pasó a ser parte de la estructura del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, lo cual se materializó mediante el Decreto 5 de 1998 bajo las condiciones laborales que venían disfrutando en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar Social de la Policía, sin solución de continuidad y respetando los derechos adquiridos.

Con fundamento en lo anterior, dijo, que al personal que labora en la Dirección General de Sanidad Militar no le es aplicable el régimen salarial que regula el Decreto 1214 de 1990 y por tanto no son titulares del derecho a la prima de actividad establecida en el artículo 38. Además, ni el Decreto 1792 de 2000 ni el Decreto Ley 092 de 2007 modifican, derogan o regulan el tema salarial del personal civil no uniformado de la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, dado que únicamente se limitan a reglamentar las situaciones administrativas de la planta global y flexible del Ministerio de Defensa. Bajo ese entendido, a la demandante de ninguna manera se le puede aplicar en materia salarial el Decreto 1214 de 1990.

Trámite en primera instancia

Mediante auto de 22 de marzo de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda (f.78); luego, a través de proveído de 6 de marzo de 2014, fijó la audiencia inicial para el 3 de junio de esa anualidad (f. 139). En dicha diligencia (i) fue saneado el proceso, (ii) se aclaró que la demandada no propuso excepciones, pero se revisaría lo concerniente a la prescripción y (iii) se fijó el litigio en los siguientes términos:

«Se contrae a establecer si le asiste derecho a la demandante, por haber prestado sus servicios en la planta de personal de civil- sanidad del Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, desde el 9 de agosto de 1990 hasta el 21 de julio de 2010, a devengar los haberes consagrados en el decreto ley 1214 de 1990 y decreto 2863 de 2007, entre estos, la prima de actividad y subsidio familiar».

Igualmente, dispuso fijar fecha para audiencia de pruebas.

El 30 de enero de 2015, se dispuso cerrar la etapa probatoria y dar inicio a las alegaciones. (f. 290). En su intervención, la apoderada de la parte demandante reiteró las manifestaciones de la demanda (ff. 255 - 277). Tanto el apoderado de la entidad demandada como el Ministerio Público guardaron silencio.

Finalmente, a folio 16 obra proveído en el que se indica que por haber sido derrotado el proyecto de fallo presentado en sala de decisión de 12 de marzo de 2015, debía pasar el expediente al siguiente magistrado en turno (f. 293).

La sentencia apelada

El 23 de abril de 2015, el a quo profirió sentencia de forma escrita, donde denegó las pretensiones de la demanda. Al efecto realizó un recuento normativo, específicamente de la Ley 100 de 1993, artículo 248, numeral 6; el Decreto 1301 de 1994 artículo 88; la Ley 352 de 1997, artículos 55 y 56, normas estas últimas a partir de las cuales precisó:
« De la precitada norma se colige que en Io atañadero al régimen prestacional, ésta respetó los derechos adquiridos del personal que venía vinculado con los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, en el sentido de que quienes estuviesen vinculados con anterioridad a Ia entrada en vigor de Ia Ley 100 de 1993, continuarían sometidos a la aplicación integral del título VI del Decreto ley 1214, referido únicamente a la seguridad y bienestar social.
De igual manera, la Sala concluye que en materia salarial (remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios) los servidores incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional (hoy dirección general de sanidad militar) en virtud de Io previsto en la Ley 352 de 1997, se rigen por las disposiciones que el Gobierno Nacional fijó para los empleados públicos, por cuanto (I) el Decreto 1301 de 1994 dispuso que el personal que prestara sus servicios al Ministerio de Defensa Nacional y hubiese ingresado al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, quedaría sometido al régimen salarial de dicha entidad, esto es, aquel que estableciera el Gobierno Nacional para los empleados públicos y trabajadores oficiales, y (ii) posteriormente, en virtud de la supresión y liquidación del mencionado establecimiento público, el legislador determinó que los empleados que ingresaran a la planta de salud del Ministerio de Defensa (dirección general de sanidad militar,) como consecuencia de esa decisión administrativa, conservarían el régimen salarial de los empleados del pluricitado instituto». (Subrayas originales).

De acuerdo con lo anterior y con las pruebas recaudadas, estimó que la situación salarial de la accionante se gobierna por las disposiciones generales aplicables a los empleados públicos y no por el Decreto 1214 de 1990 (que rige al personal civil del Ministerio de Defensa Nacional), «[…]habida cuenta que su régimen salarial cambió como consecuencia del ingreso a la planta de personal del suprimido Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, toda vez que el Decreto 1301 de 1994 prescribió que los servidores que prestaran sus servicios al Ministerio de Defensa Nacional y se hubiesen incorporado al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, estarían sometidos al régimen que estableciera el Gobierno Nacional para los empleados públicos y trabajadores oficiales, y con posterioridad la Ley 352 de 1997, que suprimió y ordenó la liquidación del precitado instituto, dispuso que el personal que fuera incorporado a la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional (hoy dirección general de sanidad militar), debería conservar el régimen salarial creado para aquel.»

De igual manera consideró que no había lugar a la inaplicación del artículo 56 de la Ley 352 de 1997, porque la exclusión del régimen contemplado en el Decreto 1214 de 1990 a los empleados incorporados a la dirección general de sanidad militar, por sí sola no configura un quebranto del derecho a la igualdad al imponerse tratamientos disímiles en materia salarial, ya que ello obedece al tipo de responsabilidades y funciones que tienen estos servidores respecto de los demás miembros del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

Razones de la apelación

El escrito de apelación formulado por la apoderada de la demandante se fundamentó en los siguientes argumentos:

En sentir de la apoderada, el a quo no tuvo en cuenta que los funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar se encuentran incluidos en la planta de personal del Ministerio de Defensa, conforme lo señala el Decreto 2193 de 1997 en el que se estableció la estructura interna y las funciones de esa dependencia del Comando de las Fuerzas Militares y del Ministerio de Defensa, disposiciones que se reiteraron en el Decreto 1932 de 30 de septiembre de 1999, artículo 4, y en el Decreto 1512 de 11 de agosto de 2000 que reformaron la estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional.

Por tanto, no hace parte de aquellas entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, y por eso sus funcionarios no están excluidos de la aplicación del Decreto 1214 de 1990 para los empleados civiles del Ministerio, por lo cual, en varias sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación, se ha accedido a las pretensiones como quiera que los demandantes fueron funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Policía Nacional y que estos se encuentran en iguales condiciones de aquellos de la Dirección de General de Sanidad Militar.

Trámite en segunda instancia

Por autos calendados el 21 de julio de 2016 y el 31 de octubre de 2016, este despacho resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 23 de abril de 2015 y correr traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, respectivamente.

La apoderada de la parte demandante precisó que en este caso el tribunal confundió la aplicación del título III del Decreto Ley 1214 de 1990, que consagra la prima de actividad y el subsidio familiar, por cuanto éste se aplica al personal civil del Ministerio de Defensa y que no depende de su fecha de vinculación a la entidad sino únicamente a la naturaleza del cargo que desempeñó, como lo reitera el Decreto 1796 de 2000; De igual manera señaló que otra situación diferente se presenta frente al «régimen de seguridad» señalado en el título VI del mismo decreto cuya aplicabilidad sí depende de la fecha de ingreso.

Expresó que el Consejo de Estado ratificó la vigencia del Decreto 1214 de 1990 a través de sentencia de 27 de octubre de 2008, radicado interno 2008-0008, a través de la cual anuló los artículos 2 y 3 del Decreto 1810 de 1994 y que el artículo 56 de la Ley 352 de 1997 nació viciado al pretender excluir a los funcionarios civiles de la Dirección General de Sanidad de las normas salariales del Decreto 1214 de 1990, por lo que debe inaplicarse al caso, so pena del desconocimiento del derecho a la igualdad y del principio de favorabilidad.

La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de segunda instancia al señalar que si bien el artículo 55 del Decreto 352 de 1997 estableció que los empleados incorporados a la planta de personal del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, que se vincularon con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, quedarían sometidos al Decreto 1214 de 1990, no es menos cierto que se refiere únicamente a lo relacionado con la seguridad y bienestar social, es decir, que no incluye ningún otro concepto prestacional, por lo que no es posible el reconocimiento de la prima de actividad y el subsidio familiar que reclama la demandante.

La parte demandada guardó silencio.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 12, 34 y 36 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

Problema jurídico

Conforme al marco de apelación, corresponde a la Sala de Subsección establecer si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima de actividad y el subsidio familiar con base en el Decreto 1214 de 1990, en calidad de empleada pública de la Dirección General de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa Nacional, al haber ingresado a la entidad en el año 1990.

Para dilucidar lo anterior, la Sala de Subsección hará un recuento de las normas que regulan el reconocimiento de la prima de actividad y subsidio familiar para los empleados del sistema de salud de las fuerzas militares; de igual forma se referirá a los pronunciamientos de esta Corporación sobre el tema, luego a lo probado en el proceso, para finalmente analizar si a la demandante le asiste la razón en lo que pretende.

Prima de actividad y subsidio familiar para los empleados del sistema de salud de las Fuerzas Militares

El Decreto 1214 de 1990 «Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional», estableció en su artículo 2 que el personal civil de esas entidades estaría integrado por:

[…] las personas naturales que presten sus servicios en el Despacho del Ministro, en la Secretaría General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional.

En consecuencia, las personas que presten sus servicios en los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos o vinculadas al Ministerio de Defensa, no tienen la condición de personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias propias de cada organismo. […].

La citada norma en su artículo 38 dispuso que los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, tendrían derecho a una prima de actividad del veinte por ciento (20%) del sueldo básico mensual, mientras permanecieran en el desempeño de sus funciones.

De igual manera el artículo 49 estableció las condiciones para reconocer el subsidio familiar al referido personal, así:

[…]ARTÍCULO 49. SUBSIDIO FAMILIAR. A partir de la vigencia del presente Decreto, los empleados públicos del Ministerio tendrán derecho al pago de un subsidio familiar, que se liquidará mensualmente sobre su sueldo básico, así:
a) Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c) de este artículo;
b) Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c) del presente artículo;
c) Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%).

PARAGRAFO. El límite establecido en el literal c) de este artículo no afectará a los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31 de octubre de 1972, estuviesen disfrutando o tuviesen derecho a disfrutar, de porcentajes superiores a diecisiete por ciento (17%), ya que en esa fecha tales porcentajes fueron congelados sin modificación. […].

Ahora bien, el legislador al expedir la Ley 100 de 1993 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictaron otras disposiciones» facultó al presidente de la República para que, en el término de 6 meses contados a partir de la publicación de la referida norma, organizara el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía. Para el efecto señaló:
ARTÍCULO 248. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses, contados desde la fecha de publicación de la presente Ley para:
(…)
6. Facultase al Gobierno Nacional para que en el término de seis meses, contados a partir de la fecha de la presente Ley, organice el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el Decreto ley 214 de 1990, en lo atinente a:
a) Organización estructural;
b) Niveles de Atención Médica y grados de complejidad;
c) Organización funcional;
d) Régimen que incluya normas científicas y administrativas;
e) Régimen de prestación de servicios de salud […].

En cumplimiento de lo anterior, el Gobierno Nacional mediante Decreto 1301 de 1994 organizó el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal no uniformado de la Policía Nacional y, para tal efecto, concibió y creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, esto, con el fin de ejecutar las políticas, planes y programas que en materia de salud fueran adoptados por el referido Ministerio y el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

En lo que se refiere al régimen salarial del personal vinculado a la citada institución, el artículo 88 ibidem preceptuó que en materia de remuneración, primas, bonificaciones y subsidios, sus empleados y trabajadores oficiales estarían sujetos a las normas legales que para tal efecto estableciera el Gobierno Nacional. Significa lo anterior que se excluyó la posibilidad de que los empleados del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares se beneficiaran de las normas que en materia salarial estaban previstas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

No obstante, el legislador, a través de la Ley 352 de 1997 «Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional» ordenó la creación de la Dirección General de Sanidad Militar con el objeto de administrar los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, planes y programas que adopten el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el Comité de Salud de las Fuerzas Militares.

Como consecuencia de lo anterior, el legislador ordenó la supresión y liquidación del establecimiento público denominado Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, al tiempo que dispuso la incorporación de su personal a la planta del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional, según fuera el caso, conforme con la reglamentación que para tal efecto el Gobierno Nacional debía expedir con el respeto de los derechos adquiridos y sin la exigencia de requisitos adicionales.

En lo que respecta a su régimen prestacional, en el artículo 55 la citada ley señaló que quienes se hubieren vinculado con anterioridad a la Ley 100 de 1993 se les continuaría aplicando en su integridad el título VI del Decreto Ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen. Mientras que los demás, quedarían sometidos a lo indicado en la Ley 100 de 1993 y en lo no contemplado en ella, se les aplicaría lo señalado en el título VI del Decreto Ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.

A su turno, en materia salarial el artículo 56 de la Ley 352 de 1997 indicó que los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporaran a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional en virtud de lo señalado en esa ley, continuarían sometidos al mismo régimen que se aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto de Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según el caso.

La prima de actividad y el subsidio familiar se encuentran consagrados en los artículos 38 y 49 del título III del citado Decreto 1214 de 1990, referente a «DE LAS ASIGNACIONES PRIMAS Y SUBSIDIOS» en los siguientes términos:

«ARTICULO 38. PRIMA DE ACTIVIDAD. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, tienen derecho a una prima de actividad del veinte por ciento (20%) del sueldo básico mensual, mientras permanezcan en el desempeño de sus funciones.»
« ARTICULO 49. SUBSIDIO FAMILIAR. A partir de la vigencia del presente Decreto, los empleados públicos del Ministerio tendrán derecho al pago de un subsidio familiar, que se liquidará mensualmente sobre su sueldo básico, así:
a) Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c) de este artículo;
b) Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c) del presente artículo;
Conc.: Sentencia C 315 de 2002.
c) Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%).
PARAGRAFO. El límite establecido en el literal c) de este artículo no afectará a los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31 de octubre de 1972, estuviesen disfrutando o tuviesen derecho a disfrutar, de porcentajes superiores a diecisiete por ciento (17%), ya que en esa fecha tales porcentajes fueron congelados sin modificación.
ARTICULO 50. EXTINCION DEL SUBSIDIO FAMILIAR. El subsidio familiar se extingue por razón del cónyuge en los siguientes casos:
a) Por muerte del cónyuge;
b) Por cesación de la vida conyugal en los siguientes casos:
1. Por declaración judicial de nulidad o inexistencia del matrimonio.
2. Por sentencia judicial de divorcio válida en Colombia.
3. Separación judicial de cuerpos.
PARAGRAFO. Se ordenará la extinción cuando se presente alguno de los casos anteriores, siempre que no hubiere hijos a cargo por los que exista el derecho a percibir el subsidio familiar.»

Sin embargo, el título VI, aplicable expresamente a quienes se hubieren vinculado con anterioridad a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993, contiene disposiciones referentes a seguridad y bienestar del personal, y en él se alude a la prima de actividad y al subsidio familiar para su inclusión en la liquidación de las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de invalidez, cesantías y demás prestaciones sociales. Veamos:

« TITULO VI
SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CAPITULO I
PRESTACIONES EN ACTIVIDAD
SECCION PRIMERA
PRESTACIONES MEDICO-ASISTENCIALES
ARTICULO 81. SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES. […]
ARTICULO 82. COTIZACION. […]
SECCION SEGUNDA
ENFERMEDAD
ARTICULO 83. AUXILIOS POR ENFERMEDAD. […]
ARTICULO 84. PERDIDA DEL DERECHO A TRATAMIENTO Y PRESTACIONES. […]
SECCION TERCERA
MATERNIDAD
ARTICULO 85. LICENCIA POR MATERNIDAD O ABORTO. […]
ARTICULO 86. FECHA DE LICENCIA. […]
ARTICULO 87. DESCANSO REMUNERADO POR LACTANCIA. […]
ARTICULO 88. CONTINUIDAD DE TIEMPO DE SERVICIO. […]
ARTICULO 89. RETIRO EN ESTADO DE EMBARAZO. […]
SECCION CUARTA
VACACIONES
ARTICULO 90. TIEMPO DE GOCE. […]. ARTICULO 91. COMPENSACION DE VACACIONES EN DINERO. […]
ARTICULO 92. ACUMULACION DE VACACIONES. […]
ARTICULO 93. EMPLEADOS DE MANEJO. […]. ARTICULO 94. SUSPENSION GOCE DE VACACIONES. […]
SECCION QUINTA
ANTICIPOS DE CESANTIA
ARTICULO 95. ANTICIPOS DE CESANTIA. […]. CAPITULO II
PRESTACIONES POR RETIRO
SECCION PRIMERA
AUXILIO DE CESANTIA
ARTICULO 96. CESANTIA DEFINITIVA. Los empleados públicos del ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, que sean retirados o se retiren del servicio, tienen derecho a que el Tesoro Público les pague por una sola vez, un auxilio de cesantía igual a un (1) mes del último salario devengado por cada año de servicio prestado en dichas entidades y proporcionalmente por las fracciones de meses y días a que hubiere lugar, liquidado sobre las partidas indicadas en el artículo 102 de este Decreto. ARTICULO 97. DEPOSITOS DE CESANTIAS. […]. SECCION SEGUNDA
PENSION DE JUBILACION
ARTICULO 98. PENSION DE JUBILACION POR TIEMPO CONTINUO. […]
ARTICULO 99. PENSION DE JUBILACION POR TIEMPO DISCONTINUO. […]
ARTICULO 100. PENSION POR APORTES. […]
ARTICULO 101. PENSION POR MUERTE ANTES DE CUMPLIR LA EDAD ESTABLECIDA PARA PERCIBIRLA. […]
ARTICULO 102. PARTIDAS COMPUTABLES PARA PRESTACIONES SOCIALES. A partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, se le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma de las siguientes partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad. PARAGRAFO lo. El subsidio familiar que se reconozca y pague por parte de las Cajas de Compensación Familiar a los trabajadores oficiales, no será computable como partida para las prestaciones sociales. Para este efecto, se tendrá en cuenta la suma que se acuerde en el respectivo contrato de trabajo. PARAGRAFO 2o. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto será computables para efectos de cesantías, pensiones y demás prestaciones sociales. SECCION TERCERA
PENSION DE RETIRO POR VEJEZ
ARTICULO 103. PENSION DE RETIRO POR VEJEZ. […]
SECCION CUARTA
PRESTACIONES POR INCAPACIDAD SICOFISICA
ARTICULO 104. ENFERMEDAD PROFESIONAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO. […]. ARTICULO 105. INCAPACIDAD ABSOLUTA ADQUIRIDA EN OPERACIONES DE ORDEN PÚBLICO. […]
ARTICULO 106. PENSION POR INVALIDEZ. […]
ARTICULO 107. REHABILITACION. […]. ARTICULO 108. CALIFICACION DE LA INVALIDEZ. […]. ARTICULO 109. EXAMENES DE REVISION DE PENSIONADOS POR INVALIDEZ. […]
DISPOSICIONES COMUNES AL PRESENTE CAPITULO
ARTICULO 110. CUOTAS PARTES. […]. ARTICULO 111. INCOMPATIBILIDAD DE PENSIONES. […]
ARTICULO 112. PRESTACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES Y COTIZACION. […]. ARTICULO 113. AFILIACION VOLUNTARIA DE FAMILIARES. […]
ARTICULO 114. TRES (3) MESES DE ALTA POR RETIRO CON MAS DE DIEZ (10) AÑOS DE SERVICIOS. [...]. ARTICULO 115. TRES (3) MESES DE ALTA POR PENSION. […]
ARTICULO 116. EXAMENES PARA RETIRO. […]. ARTICULO 117. LIMITES AL MONTO DE LAS PENSIONES. […]
ARTICULO 118.

REAJUSTE DE PENSIONES. […]
ARTICULO 119. MESADA PENSIONAL EN DICIEMBRE. […]
CAPITULO III
PRESTACIONES POR MUERTE
SECCION PRIMERA
MUERTE EN ACTIVIDAD O EN GOCE DE PENSION
ARTICULO 120. ORDEN Y PROPORCION DE BENEFICIARIOS. […]. ARTICULO 121. MUERTE EN COMBATE. […]
ARTICULO 122. MUERTE EN MISION DEL SERVICIO. […]
ARTICULO 123. MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD. […]. ARTICULO 124. RECONOCIMIENTO Y SUSTITUCION DE PENSION. […]. ARTICULO 125. EXTINCION DE PENSION. […]
ARTICULO 126. GASTOS DE INHUMACION. […]
ARTICULO 127. PRESTACIONES POR RETIRO O MUERTE EN EL EXTERIOR. […]. ARTICULO 128. INEMBARGABILIDAD Y DESCUENTOS. […]. ARTICULO 129. PRESCRIPCION. […]. SECCION SEGUNDA
PRESUNCION DE MUERTE POR DESAPARECIMIENTO
ARTICULO 130. DESAPARECIMIENTO. […]. ARTICULO 131. SANCIONES POR INJUSTIFICADA DESAPARICION. […]
Artículo 131A. Secuestrados. Adicionado. HYPERLINK "http://www.notinet.com.co/serverfiles/load_file.php?norma_no=62436" Ley 987 de 2005. […]».

De acuerdo a lo anterior, se tiene que si bien el citado artículo 55 de la citada Ley 352 de 1997 mantiene una transición normativa para quienes se vincularon al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, deben entenderse dos situaciones:

La primera de ellas es que cuando la norma (art. 56) se refiere a quienes se hubieren vinculado al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, debe entenderse al personal civil vinculado al Ministerio de Defensa con anterioridad al 22 de junio de 1994. Esto es así pues solo través del Decreto 1301 de 1994 se creó el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.

Así lo señaló la Corporación frente a la vinculación al sector salud de las Fuerzas Militares, caso en el cual se han presentado las siguientes situaciones:

Empleados públicos – personal civil - vinculados al Ministerio de Defensa con anterioridad al 22 de junio de 1994 le eran aplicables las disposiciones previstas en el Decreto 1214 de 1990, dentro de las cuales se encontraba estipulado el reconocimiento y pago de una prima de actividad, artículo 38 ibídem.
I. Empleados públicos vinculados al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares le serían aplicables las normas legales que para esta clase de servidores estableciera el Gobierno Nacional, artículo 88 del Decreto 1301 de 1994.
II. Empleados públicos incorporados a la planta de personal del Ministerio de Defensa –sector salud-, con ocasión del proceso de supresión y liquidación del Instituto de salud de las Fuerzas Militares, continuarían sometidos al régimen salarial que se les aplicaba en el referido Instituto.

De acuerdo con lo expuesto, concluye la Sala que a partir de la expedición del Decreto 1301 de 1994, por expresa disposición del Gobierno Nacional, el régimen salarial aplicable a los servidores públicos vinculados al sector salud de las Fuerzas Militares no es otro que el previsto para los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional lo que, en otras palabras, debe decirse excluye cualquier posibilidad de aplicar a este tipo de servidores el régimen salarial previsto en el Decreto 1214 de 1990, esto es, el dispuesto para el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.
[…]» (Negrilla de la Sala).

La segunda situación se refiere a que, cuando el artículo 55 de la Ley 352 de 1997 dispone que al personal señalado en precedencia (vinculados al Ministerio de Defensa con anterioridad al 22 de junio de 1994) se les aplica el VI del Decreto Ley 1214 de 1990, la misma norma indica que este título debe aplicarse en su integridad, por lo que no pueden excluirse la prima de actividad y el subsidio familiar, solo por el hecho de encontrarse definidos en el título III del Decreto 1214 de 1990, pues el título VI dispone perentoriamente en sus artículos 96 y 102, literales d) y e) las partidas computables para la liquidación de las prestaciones, entre ellas la referida prima y el subsidio, por lo que no puede válidamente excluírseles de su disfrute para esa clase de servidores.

De lo probado en el proceso

En el presente caso se acreditó lo siguiente:

A través de la Resolución 5436 de 1° de agosto de 1990, la demandante fue nombrada como odontóloga especialista jefe, en el batallón de infantería No. 11 «Cacique Nutibara», cargo en el cual tomó posesión el 9 de ese mismo mes y año.
A través de Resolución 113 de 1 de marzo de 1996 fue incorporada en la planta de personal del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares en el empleo de profesional universitario 3020-08.
Por Resolución 36 de 15 de enero de 1998, ingresó a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en el cargo de profesional especializada 3010-15.
Con Resolución 1377 de 14 de octubre de 2009 fue incorporada como servidor misional en sanidad militar de la planta de personal de empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar.
A través de Resolución 899 de 9 de julio de 2010, fue retirada del servicio al consolidarse su derecho a la pensión de jubilación.
Mediante petición de 25 de julio de 2012, solicitó el reconocimiento de la prima de actividad y el subsidio familiar conforme al Decreto 1214 de 1990 (ff.) 15 - 26)
Por Oficio 113942 de 13 de noviembre de 2012 suscrito por el director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional se le negó el reconocimiento de la prima de actividad y el subsidio familiar solicitados. (ff. 41 y s.s.)

Caso concreto

Con base en los acápites que anteceden se advierte que es procedente el reconocimiento de la prima de actividad y el subsidio familiar deprecados, toda vez que la incorporación de la accionante en la planta de personal civil del Ministerio de Defensa Nacional ocurrió desde el año 1990, por lo que el proceso que experimentó por su incorporación al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares en el año 1996 y a la Dirección General de Sanidad Militar en el año 2009, condujo a que se le aplique la transición normativa contemplada en el artículo 55 de la Ley 352 de 1997.

De acuerdo con todo lo anterior, se anulará el acto acusado, Oficio 113942 de 13 de noviembre de 2012, proferido por el director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, a través del cual se le negó a la accionante su petición de 25 de julio de 2012, de reconocimiento y pago de la prima de actividad, el subsidio familiar y la reliquidación de los demás emolumentos laborales y prestacionales devengados.

En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la demandada reconocer y pagar a la demandante la prima de actividad y el subsidio familiar, generados desde el 25 de julio de 2008 y hasta cuando se produjo su retiro del servicio (21 de octubre de 2010, con la inclusión de los tres meses de alta). Esto, por efectos del fenómeno de la prescripción consagrado en el artículo 129 del Decreto 1214 de 1990, en tanto la solicitud se presentó ante la entidad el 25 de julio de 2012.

De igual manera se ordenará la reliquidación de la pensión de jubilación y demás prestaciones que haya devengado la demandante, que se encuentren señaladas en el título VI del Decreto 1214 de 1990 y donde el legislador impuso la inclusión de la prima de actividad y/o el subsidio familiar, desde el 25 de julio de 2008. La pensión de jubilación se reliquidará desde cuando fue incluida en nómina de pensionados.

Las sumas que deberá cancelar la entidad accionada, se actualizarán de acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha en que debió hacerse el pago). La fórmula que debe aplicar la entidad demandada es la siguiente:

R = Rh Índice Final
Índice Inicial

Debe aclararse que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, dicha fórmula debe aplicarse mes por mes, para cada mesada de la asignación de retiro y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos, desde luego, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 192 del CPACA, cuya observancia por parte de la administración debe darse sin necesidad de mandato judicial.

De la condena en costas en segunda instancia

De conformidad con lo señalado por el numeral 4.º del artículo 365 del CGP, aplicable por disposición del artículo 188 CPACA se condenará en costas de ambas instancias a la parte demandada, vencida en el proceso, para la cual se incluirán las agencias en derecho. Liquídense por Secretaría del Tribunal.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO.- SE REVOCA la sentencia de 23 de abril de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, a través de la cual negó las súplicas de la demanda instaurada por la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de Sanidad Militar.
SEGUNDO.- SE DECLARA la nulidad del Oficio 113942 de 13 de noviembre de 2012, proferido por el director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional, a través del cual se le negó a la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz su petición de 25 de julio de 2012, de reconocimiento y pago de la prima de actividad, el subsidio familiar y la reliquidación de los demás emolumentos laborales y prestacionales devengados, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO.- A título de restablecimiento del derecho la Nación, Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de Sanidad Militar reconocerá y pagará a la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz la prima de actividad y el subsidio familiar, generados desde el 25 de julio de 2008. Esto, por efectos del fenómeno de la prescripción, acorde con lo expuesto en esta providencia.

De igual manera se ordenará la reliquidación y pago de las diferencias causadas en la pensión de jubilación reconocida a la señora Gloria Cecilia Gutiérrez Muñoz desde cuando fue incluida en nómina de pensionados, así como de las demás prestaciones y emolumentos, señalados en el título VI del Decreto 1214 de 1990, donde el legislador impuso la inclusión de la prima de actividad y/o el subsidio familiar, que haya devengado la actora desde el 25 de julio de 2008.

CUARTO.- Para la liquidación de la condena se dará aplicación a la fórmula señalada en la parte motiva de esta esta providencia, a la cual se dará cumplimiento a en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.
QUINTO.- SE CONDENA en costas de ambas instancias a la parte demandada, con inclusión de las agencias en derecho, de acuerdo a lo señalado en precedencia. Se liquidarán por la Secretaría General del Tribunal Administrativo.
SEXTO.- En firme esta decisión, envíese al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Relatoria JORM

Ponencia del Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
Ff. 69-70.
Ff.87-107.
Ff.307 y s.s
F. 316.
F. 328
Ff. 349 a 355.
Fecha en la que entra en vigencia el Decreto 1301 de 1994 y se crea el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.

Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de noviembre de 2014, radicación 2853 -2013, Actora: Mónica Saker Sofronni.

Fecha en la que entra en vigencia el Decreto 1301 de 1994 y se crea el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.

ARTICULO 88. REGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta clase de servidores establezca el gobierno Nacional

Tal previsión se mantuvo incluso en vigencia de la Ley 352 de 1997. «ARTÍCULO 56. RÉGIMEN SALARIAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley, continuarán sometidos al mismo régimen salarial que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según sea el caso».
Ff. 7 y 98.
F. 199.
F. 201.
F. 202.
F. 203.
Según el acto de retiro en folio 203 del expediente.

« ARTICULO 129. PRESCRIPCION. El derecho a reclamar las prestaciones sociales consagradas en este estatuto prescribe a los cuatro (4) años, que se cuentan desde la fecha en que la respectiva prestación se hace exigible. El reclamo escrito recibido por entidad competente sobre un derecho o prestación determinada interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual».

Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014).

PAGE \* MERGEFORMAT20

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.