Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01713-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01713-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01713-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Tema: Reliquidación pensión con la inclusión de los emolumentos
previstos en el Decreto 1214 de 1990.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 2 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo1, Jorge Baltazar Díaz Gerena solicitó la anulación del
Oficio S-2019-020244/ARPRE-GRUPE-1.10 del 6 de mayo de 2019, por medio del
cual se negó el pago de las primas de actividad, alimentación y servicios, el auxilio
de transporte, cesantías y demás prestaciones previstas en el Decreto 1214 de
1990.
2. Igualmente, el restablecimiento del derecho, en el sentido de que se ordenara (i)
el reconocimiento de los anteriores emolumentos; (ii) el reajuste de la pensión de
jubilación, «desde la fecha de su vinculación al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa Nacional “INSSPONAL”, 2 de
1 En adelante CPACA.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
octubre de 1995, con prescripción cuatrienal [...]»; y (iii) la reliquidación de todos los
haberes laborales que se hubieren visto afectados.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. El demandante narró los siguientes hechos:
3.1. En virtud de la Orden Administrativa de Personal 1-149 del 12 de agosto de
1987, ingresó a la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional. Se desempeñó en
el cargo de profesor en la categoría de adjunto jefe, desde el 9 de septiembre de
1987.
3.2. El 2 de octubre de 1995 fue trasladado de la Dirección de Bienestar Social al
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar Social de la Policía Nacional
[Inssponal]. A pesar de que cumplió las mismas funciones de profesor, se le dejaron
de pagar las prestaciones sociales contenidas en el Decreto 1214 de 1990.
3.3. El 19 de diciembre de 1997, con ocasión de la liquidación de Inssponal, fue
trasladado a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, con el fin de
que cumpliera «las mismas funciones que desde su ingreso a la Policía Nacional, venía
realizando», es decir, como profesor. Se posesionó el mismo día.
3.4. Por medio de la Resolución 03483 del 21 de septiembre de 2007 expedida por
el director general de la Policía Nacional, le fue reconocida la pensión de jubilación,
de conformidad con el artículo 53 del Decreto 2701 de 1988, en concordancia con
los artículos 98, 115, 117, 118 y 119 del Decreto 1214 de 1990, «por haber laborado
en la Policía Nacional desde el 9 de septiembre de 1987 al 30 de julio de 2007, 20 años, 02
meses y 05 días».
3.5. El 1 de marzo de 2019 solicitó la reliquidación de la pensión de jubilación, con
el fin de que se incluyeran las primas de actividad y servicios, el auxilio de
transporte, la doceava de la prima de navidad y demás «prestaciones salariales».
3.6. El 21 de marzo de 2019, la tesorera general de la Policía Nacional certificó que,
para el año 1995, devengó el sueldo básico, la prima de actividad y los subsidios de
alimentación y transporte. Asimismo, se consignó que, hasta el «año 2019», devengó
únicamente el sueldo básico, lo que quiere decir que se le dejaron de cancelar los
emolumentos previstos en el Decreto 1214 de 1990.
3.7. Mediante el Oficio S-2019-020244/ARPRE-GRUPE.1.10 del 6 de mayo de
2019, se negó «el reconocimiento y pago» de los emolumentos ahora reclamados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 25, 53, 58 y 83 de la Constitución
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Política; 2, 38, 39, 47, 96 y 102 del Decreto 1214 del 8 de junio de 1990; 2 y 10 de
la Ley 4 de 1992; 279 de la Ley 100 de 1993; 21 y 26 del Decreto 352 de 1994; 89
[parágrafo] del Decreto 1301 de 1994; 1, 2, 10, 11 y 14 del Decreto 1792 de 2000.
Asimismo, la Ley 352 de 1997.
5. En el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. Desde el 9 de septiembre de 1987 hasta el 2 de octubre de 1995, devengó los
emolumentos previstos en el Decreto 1214 de 1990, entre ellos, las primas de
servicios y de actividad. No obstante, después de esa anualidad [1995] únicamente
le fue pagado el sueldo básico, a pesar de que era beneficiario de dicha norma.
5.2. A través de la Ley 352 de 1997 se reestructuró el sistema de salud para las
fuerzas militares y la Policía Nacional y, como resultado, se ordenó la liquidación de
Inssponal; por ello, todo el personal que fue trasladado en 1995, regresó a la
Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional. Igualmente, en el artículo 55
se dispuso que aquellos que se hubieren vinculado antes de la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, se les continuaría aplicando el Título VI del Decreto 1214 de
1990, concretamente, el artículo 102 allí contenido.
5.3. El Decreto 2701 de 1988 fue tácitamente derogado por la Ley 100 de 1993,
comoquiera que, en el artículo 279, no se contempló dentro de los regímenes
excepcionales, es decir que tuvo vigencia mientras existió el Inssponal y, luego,
desapareció de la vida jurídica, por lo tanto, «esta norma no podía ser tenida en cuenta
para la liquidación de la Pensión» [sic].
5.4. El acto administrativo acusado adolece de infracción de las normas en que
debía fundarse, falsa motivación, expedición irregular, comoquiera que no se acudió
al Decreto 1214 de 1990, sino al Decreto 2701 de 1988 que no era aplicable a su
caso.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, por las razones que se sintetizan a continuación:
7. No es procedente el reajuste de la pensión, toda vez que el Decreto 1214 de
1990 no regía salarialmente para el personal que laboró en el Inssponal porque fue
liquidado, lo cual conllevó a que regresara a la nómina de pensionados de la
Dirección de Bienestar Social, «lo cual es lógico porque su vinculación inicial había sido
a las Direcciones de Bienestar y Sanidad de la Policía Nacional, cuyo régimen prestacional
se encuentra contemplado en el Decreto 2701 del 29 de diciembre de 1988 [...]» [sic].
8. Las prestaciones sociales se regían por las normas del Inssponal, esto es el
Decreto 1301 de 1994, en concordancia con los Decretos 352 de 1994 y 2701 de
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1988, «porque así lo expres[aron] taxativamente».
9. No era cierto que no se pagaron las primas de actividad y «antigüedad» y el
subsidio de alimentación, pues entre 1995 y 1998, años en los que perteneció a
Inssponal, se expidió el Decreto 1407 de 1995, conforme con el cual, el sueldo
básico comprendía las partidas que se reclamaron, razón que permitía concluir que,
al momento de liquidación la pensión, sí fueron reconocidas.
10. Si se diera aplicación al Decreto 1214 de 1990 en su integridad, se vulneraría el
principio de progresividad, pues las pensiones se han reconocido con base en lo
devengado en actividad. En efecto, se acreditó que «devengó ese salario durante el
último años, conforme a los Decretos expedidos por el Gobierno y no se reguló por el sueldo
básico del Decreto 1214 de 1990» [sic].
1.3. La sentencia apelada
11. Mediante sentencia proferida el 2 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
actora.
12. Para tal efecto, se pronunció sobre (i) el régimen salarial y prestacional de los
servidores de la Dirección General de Sanidad Militar y la Policía Nacional; (ii) el
sistema de carrera administrativa y nomenclatura de la planta de empleos del
Ministerio de Defensa, sector defensa; (iii) el precedente jurisprudencial sobre el
régimen salarial aplicable al personal vinculado al sistema de salud de la Policía
Nacional y las Fuerzas Militares; y (iv) la pensión de jubilación del personal civil del
Ministerio de Defensa en el Decreto 1214 de 1990. Después, resolvió el caso
concreto en los siguientes términos:
12.1. Al personal civil vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, le resultan aplicables las disposiciones previstas en el Título VI del
Decreto 1214 de 1990 y, a los empleados públicos vinculados después al instituto
de Salud de las Fuerzas Militares y al Inssponal que, posteriormente, fueron
vinculados a la planta de personal del Ministerio de Defensa, son destinatarios de
las disposiciones de aquella [Ley 100 de 1993], tal como lo previeron los artículos
89 del Decreto 1301 de 1994, 55 de la Ley 253 de 1997 y 3 del Decreto 3062 de
1997.
12.2. Como el demandante se vinculó desde el 9 de septiembre de 1987, es decir,
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, su situación prestacional se
regía conforme con lo previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990, según lo
expuesto en la sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019. Es decir, «este
beneficio se aplicó para todo el tema de seguridad y bienestar social y prestaciones por
retiro, entre ellas, el reconocimiento pensional».
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12.3. Por lo anterior, no era procedente reconocer las primas de actividad y
servicio, el auxilio de transporte, las cesantías y demás prestaciones establecidas
en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, comoquiera que solo se debían tener
en cuenta al momento de liquidar la pensión. «En todo caso, tampoco se puede pasar
por alto que en el artículo 4º del Decreto 171 de 1996 se incluyeron algunos emolumentos
percibidos en el salario básico como remuneración mensual, por lo que no se puede
reconocer la totalidad de factores enlistados en el artículo 102 del Decreto 1214 y ordenar
la reliquidación de las cesantías, pues se estarían reconociendo doble vez» [sic].
12.4. La parte demandante no demostró que, pese a lo dispuesto en el Decreto
171 de 1996, no se le hubieran incluido los factores que reclamó, pues si bien se
aportaron algunos desprendibles de pago, no son consolidados por cada año, sino
por meses determinados. Por esta razón no se podía establecer la variación que
sufrieron los valores que reclamó y, por lo tanto, no se demostró la desmejora
salarial.
12.5. En el acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación, se realizó la
liquidación con el 75% de los últimos haberes devengados, de conformidad con los
Decretos 2701 de 1988 y 1214 de 1990; sin embargo, comoquiera que la vinculación
ocurrió antes de la Ley 100 de 1993, únicamente se debía tener en cuenta este
último y no el Decreto 2701 de 1988.
12.6. No obstante, como el actor no aportó prueba documental que certificara los
haberes devengados en el último año, no se podía realizar un análisis minucioso
sobre los factores que la parte percibió y los que debían tener en cuenta para liquidar
la pensión conforme con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
12.7. De ese modo, como la pensión se liquidó con el sueldo básico, la doceava
de la bonificación por servicios prestados y de las primas de navidad, servicios y
vacaciones, se podía concluir que la entidad incluyó todos los factores que percibió
y que se encontraban enlistados en el artículo 53 del Decreto 2701 de 1998, el cual
resultaba más favorable, pues el Decreto 1214 de 1990 no incluyó la bonificación
por servicios ni la prima de vacaciones como factores de salario.
12.8. Por lo expuesto, «respecto de la forma en que fue reconocida y liquidada la pensión
no [era] posible pronunciarse pues se [hacía] más gravosa la situación del demandante, por
venir reconocidos y no haber sido objeto de la controversia, máxime si se tiene en cuenta
que quien acudió a la jurisdicción fue el señor Jorge Baltazar Díaz Garena».
1.4. El recurso de apelación
13.Contra la anterior decisión, el demandante interpuso y sustentó recurso de
apelación en los siguientes términos:
13.1. En el oficio expedido el 21 de marzo de 2019 por la tesorera general, se
certificó que, para octubre de 1995, devengó el sueldo básico, la prima de actividad
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y los subsidios de alimentación y transporte; igualmente, se registró que, desde esa
anualidad y «hasta la fecha año 2019», devengó únicamente el sueldo básico, lo cual
demostró que, cuando fue trasladado de la Dirección de Bienestar Social de la
Policía Nacional y, luego, en 1997, al haberse liquidado el Inssponal, regresó a
aquella, cumplió las mismas funciones de profesor; sin embargo, se dejaron de
cancelar las primas de actividad y servicios, los subsidios antes mencionados y las
demás prestaciones previstas en el Decreto 1214 de 1990, norma aplicable, en
razón a que se vinculó antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
13.2. Mediante el Decreto 352 de 1994 se fijó la estructura orgánica, objetivos y
funciones del Inssponal y, con el Decreto 1301 de la misma anualidad, se organizó
el sistema de salud, así como el régimen prestacional regido por el Decreto 1214 de
1990. Con la Ley 352 de 1997, se reestructuró el sistema de salud, se ordenó la
liquidación de dicho instituto y se creó nuevamente la Dirección de Bienestar Social
de la Policía Nacional, es decir que todo el personal que en 1995 fue trasladado a
Inssponal, regresó nuevamente a la dirección.
13.3. De conformidad con el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, para la
liquidación y pago de la pensión de jubilación se debían incluir las primas de
servicio, alimentación, actividad y navidad, así como el auxilio de transporte,
partidas que se incluyeron en los artículos 38, 39, 46, 49 y 54 del mismo cuerpo
normativo.
13.4. En el artículo 30 del Decreto 737 de 2009, por el cual se fijaron los sueldos
básicos, entre otros, de los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional,
del personal ejecutivos y empleados públicos del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional, se establecieron las bonificaciones para alféreces, guardiamarinas,
pilotines, grumetes y soldados, entre ellas, la prima de actividad; en consecuencia,
tenía derecho al pago en cuantía del 49.5% sobre el sueldo básico; además, como
laboró por 20 años, tenía derecho al pago de la prima de servicio en un 15%,
también sobre el sueldo, en los términos del artículo 46 del Decreto 1214 de 1990.
13.5. El Decreto 2701 de 1988, el cual sirvió de base para liquidar la pensión,
estuvo vigente mientras existió el Inssponal, luego, cuando se liquidó, fue derogado
tácitamente por la Ley 352 de 1997, razón por la cual se debía inaplicar.
13.6. El traslado de la Dirección de Bienestar social de la Policía Nacional al
Inssponal se hizo obligatorio, so pena de perder la vinculación laboral y, como había
prestado sus servicios por más de 8 años, «no se podían variar las condiciones
laborales con el desconocimiento de los derechos adquiridos contemplados en el Decreto
1214 de 1990».
13.7. El a quo omitió atender el precedente judicial, por ejemplo, las siguientes
sentencias proferidas por esta corporación:
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
Fecha Radicación
12 de diciembre de 2019 SUJ-019-CE-S2 (de unificación)
30 de mayo de 2019 25000-23-42-000-2015-04547-01 (3737-17)
1 de septiembre de 2014 25000-23-25-000-2010-00166-01 (1641-12)
22 de agosto de 2019 11001-03-15-000-2019-02428-00
2 de abril de 2020 11001-03-15-000-2019-02428-01
4 de abril de 2017 11001-03-15-000-2017-00615-00
1 de febrero de 2018 11001-03-15-000-2017-00615-01
30 de marzo de 2017 11001-03-15-000-2017-00473-00
2 de agosto de 2017 11001-03-15-000-2017-00473-01
29 de enero de 2015 25000-23-42-000-2012-00733-01 (3406-13)
21 de junio de 2018 25000-23-42-000-2013-00667-01 (4862-2015)
5 de febrero de 2018 11001-03-15-000-2017-02995-00
29 de agosto de 2018 11001-03-15-000-2017-02995-01
21 de junio de 2017 11001-03-15-000-2016-03516-01
14 de noviembre de 2017 11001-03-15-000-2017-02511-00
28 de noviembre de 2018 11001-03-15-000-2017-02511-01
13.8. Igualmente, desconoció sentencias proferidas por el mismo tribunal y
juzgados administrativos.
13.9. La condena en costas fue «arbitraria e ilegal», comoquiera que no obró con
temeridad o mala fe.
1.5. Trámite de la segunda instancia
14. En auto del 18 de abril de 2022 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 2 de julio de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
15. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as
salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
16. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
16.1. ¿Jorge Baltazar Díaz Gerena tiene derecho a que se reliquide su pensión
con la inclusión de las primas de actividad y servicios, así como de las
demás partidas previstas en el Decreto 1214 de 1990?
16.2. ¿Procedía la condena en costas por la primera instancia?
17. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se expondrá el marco normativo del régimen
aplicable al personal del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 y, además, los criterios expuestos en
la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2 de 2019; y segundo, se resolverá el
caso concreto.
2.3. El régimen normativo aplicable al personal del sistema de salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de
1990.
18. El Decreto 1214 de 1990 «[p]or el cual se reforma el Estatuto y el Régimen
Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional», fue expedido
por el presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 19892. Este, el personal civil, estaba conformado por las
personas que prestaran sus servicios en el despacho del ministro, en la Secretaría
General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional; por el contrario, no
tendrían tal condición, aquellas personas que se desempeñaran en los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos
o vinculados al Ministerio de Defensa.
19.En los Títulos III y VI, se reguló lo concerniente a las asignaciones, primas y
subsidios y la seguridad y bienestar social, respectivamente, así:
Título III Título VI
Las asignaciones, primas y subsidios Seguridad y bienestar social
Artículo Disposición Artículo Disposición
Asignaciones: serían las determinadas Partidas computables
35
por las disposiciones legales vigentes. para prestaciones
Prima de actividad: 20% del sueldo sociales:
38
básico mensual.
39 Prima de alimentación 102 - Sueldo básico
43 Prima de navidad - Prima de servicio
Prima de servicio: quienes cumplieran 15 - Prima de
46 años de servicios continuos o alimentación
discontinuos, tendrían derecho a una - Prima de actividad
2 «[P]or la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro témpore
para reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes
y Civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y establece el régimen
de la vigilancia privada».
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prima mensual de servicio y se liquidaría - Subsidio familiar
así: «[a] los quince (15) años, el diez por - Auxilio de transporte
ciento (10%); por cada año que exceda de los - 1/12 de la prima de
quince (15), el uno por ciento (1%) más». navidad
Prima de servicio anual: equivalente al
50% de la totalidad de haberes
devengados en el mes de junio del
47
respectivo año, la cual se pagaría dentro
de los primeros 15 días del mes de julio
de cada año.
49 Subsidio familiar
54 Auxilio de transporte
20. Posteriormente, en el artículo 279, la Ley 100 de 1993 dispuso que el Sistema
Integral de Seguridad Social no se aplicaría a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, «ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, [...]».
Asimismo, en el artículo 248, facultó al gobierno nacional para que organizara el
sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
Decreto 12143.
21. Luego, con el Decreto 352 del 11 de febrero de 1994 expedido por el presidente
de la República, estableció la estructura orgánica, objetivos y funciones del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional [Inssponal]. Respecto
de los regímenes salarial y prestacional, dispuso lo siguiente:
«Artículo 20. Régimen salarial. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto de Seguridad Social y Bienestar para la Policía Nacional,
para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas
extras y subsidios, se regirán por las normas legales que para esta clase de
servidores establezca el Gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dicho
organismo para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
Parágrafo. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las
Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o en cualquier otra dependencia
de la Policía Nacional, y que ingresen al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido
para la entidad.
Artículo 21. Régimen prestacional. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto, para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, quedarán sometidos a los sistemas generales de pensiones y salud
establecidos en la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones
3 En lo atinente a: organización estructural, niveles de atención médica y grados de complejidad,
organización funcional, régimen que incluyera normas científicas y administrativas, régimen de
prestación de servicios de salud, entre otras.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
sociales, se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988.
Parágrafo. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las
Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o cualquier otra dependencia de la
Policía Nacional, y por lo tanto se hallen sometidos al régimen establecido en
el Decreto-ley 1214 de 1990, e ingresen al Instituto para la Seguridad Social
y Bienestar de la Policía Nacional, continuarán cobijados por el régimen de
seguridad y bienestar social establecido en el Título VI del precitado Decreto-
ley 1214 de 1990.» [se resalta]
22. Asimismo, en cumplimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la
Ley 100 de 1993, el gobierno nacional expidió el Decreto 1301 del 22 de junio de
19944, en el cual se organizó el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la
Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y del
personal no uniformado de la Policía Nacional, así como el de sus entidades
descentralizadas [SMP], así:
«Artículo 29. Estructura organizacional. La estructura organizacional del
SMP es la siguiente:
[...]
2 Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
a.1 Nivel Central.
a.2 Nivel Regional.
a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
a. El Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional.
a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
a.2.1. Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
[...]»
23. Igualmente, organizó los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la
Seguridad y Bienestar de la Policía Nacional. Quienes laboraran en estos, tendrían
el carácter de empleados público y, quienes se realizaran actividades de carácter
operativo, conservación y mantenimiento de inmuebles, serían trabajadores
oficiales. El régimen salarial y prestacional de estos, fue reglamentado de la
4 «[P]or el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y
del personal regido por el Decreto-ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir
de la vigencia de la Ley 100 de 1993»
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siguiente manera:
Régimen salarial Régimen prestacional
Artículo 88. Régimen salarial del personal. Artículo 89. Régimen prestacional del
Los empleados públicos y trabajadores personal. Los empleados públicos y
oficiales del Instituto de Salud de las trabajadores oficiales del Instituto de Salud
Fuerzas Militares y del Instituto para la de las Fuerzas Militares y del Instituto para
Seguridad Social y Bienestar de la Policía la Seguridad Social y Bienestar de la
Nacional para efectos de remuneraciones, Policía Nacional, quedarán sometidos al
primas, bonificaciones, viáticos, horas régimen de la Ley 100 de 1993. En lo
extras y subsidios se regirán por las normas relativo a las demás prestaciones sociales
legales que para esta clase de servidores se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988
establezca el Gobierno Nacional. y normas que lo modifiquen y adicionen.
En consecuencia, los empleados públicos y Parágrafo. En concordancia con lo
trabajadores oficiales de dichos establecido en el artículo 279 de la Ley 100
organismos para efectos de de 1993, los empleados públicos y
remuneraciones, primas, bonificaciones, trabajadores oficiales que ingresen al
viáticos y subsidios, no se regirán por las instituto de Salud de las Fuerzas Militares o
normas establecidas para el personal civil al Instituto para la Seguridad Social y
del Ministerio de Defensa Nacional. Bienestar de la Policía Nacional y se
hubieren vinculado al Ministerio de Defensa
Parágrafo. Los empleados públicos y Nacional o a la Policía Nacional antes de la
trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán
vigencia el presente Decreto se encuentren cobijados por el Título VI del Decreto-ley
prestando servicios en el Ministerio de 1214 de 1990.
Defensa Nacional y que ingresen al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
o al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se
someterán al régimen salarial establecido
para la entidad respectiva.
24. Fue con la Ley 352 de 19975 que el sistema de salud de la fuerza pública y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 fue reestructurado. Para tal efecto, (i)
se creó la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del
Comando General de las Fuerzas Militares [artículo 9] y la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional, como dependencia de la Dirección General de esta [artículo 15];
y (ii) se ordenó la supresión de los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional creados mediante el
Decreto 1301 de 1994 y la Ley 62 de 1993. En lo que concernía al personal y el
régimen salarial y prestacional, dispuso lo siguiente:
24.1. Personal: los empleados públicos y trabajadores oficiales que prestaban sus
servicios en los institutos mencionados se incorporaron a las plantas de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional,
5
«[P]or la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.»
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«conforme a la reglamentación especial que al respecto expid[iera] el Gobierno
Nacional, garantizando los derechos adquiridos y sin tener que presentar o cumplir
ningún requisito adicional».
24.2. Régimen prestacional: los empleados públicos y trabajadores oficiales de
los institutos se incorporarían a las plantas de personal de salud del Ministerio
de Defensa y de la Policía Nacional y que se hubieren vinculado a estas
entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuaría
«aplicando en su integridad el Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990» o las normas
que lo modificaran o adicionaran.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporaran al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la
presente ley, quedarían sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo
no contemplado en esta, se les aplicaría lo dispuesto en el Título VI del
Decreto 1214 de 1990.
24.3. Régimen salarial: los empleados públicos y trabajadores oficiales que se
incorporaran a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional y
de la Policía Nacional, continuarían sometidos al mismo régimen salarial que
se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el
Instituto para la Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional, según
fuera el caso.
25. En el artículo 65, derogó «el Decreto 1301 del 22 de junio de 1994, la Ley 263 del 24
de enero de 1996, el artículo 35, numeral 5 de la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, el
Decreto-ley 352 del 11 de febrero de 1994 y demás disposiciones que le fueran contrarias».
26. Después, con la expedición de la Ley 1033 de 20066, se estableció «un régimen
de Carrera Especial para los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional».
27. En esta norma, se otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la
República para que (i) expidiera normas con fuerza de ley que contuvieran el
sistema especial de carrera del Sector Defensa para el ingreso, permanencia,
ascenso, capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los
empleados civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional,
sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional [artículo 2]; y (ii) estableciera todas las características y
6 «[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no
uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía
Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan
y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política».
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disposiciones que fuera competencia de la ley referentes a su régimen de personal.
Igualmente, para que expidiera normas con fuerza de ley para modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las
entidades que integraban el sector defensa [artículo 3].
28. Estas facultades se ejercerían con sujeción a parámetros como los siguientes:
(i) unificar el régimen de administración de personal que aplicaba al personal civil
vinculado a los organismos y dependencias del sector defensa; (ii) conservar y
respetar al personal civil al servicio del sector defensa, todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos o establecidos conforme
con las disposiciones normativas anteriores a la fecha de la ley; y (iii) modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, adecuar sus
funciones y los requisitos de los empleos de las entidades que integraban el sector
defensa, a las necesidades del servicio; entre otras.
29. El artículo 2º fue desarrollado por el Decreto 91 de 20077 «por el cual se regula el
Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia
de administración de personal» y, el artículo 3º, por el Decreto 928 de la misma
anualidad, «por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación
de los empleos de las entidades que integran el Sector Defensa», en los cuales se
dispuso lo siguiente:
Decreto 91 de 2007 Decreto 92 de 2007
Artículo 32. Plantas de personal. Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones
Las plantas de personal que contenidas en este decreto son aplicables a los
conforman las entidades del empleos públicos de las entidades que conforman el
Sector Defensa son globales, sin Sector Defensa.
perjuicio de que se encuentren
reguladas en actos Artículo 4°.Niveles jerárquicos de los empleos del
administrativos distintos, como se Sector Defensa. Los empleos públicos del Sector
enuncia a continuación: Defensa, [...] se clasifican según la naturaleza
general de sus funciones, las competencias y los
1. Planta de Personal del requisitos para su desempeño, en los siguientes
Ministerio de Defensa Nacional: niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor,
Comprende los empleos públicos Nivel Profesional, Nivel Orientador, Nivel Técnico y
del personal civil y no uniformado Nivel Asistencial.
asignado a la Unidad Gestión
General del Ministerio de Artículo 5°.Nivel Directivo. Comprende los empleos
Defensa, Comando General de que tengan asignadas funciones de dirección
las Fuerzas Militares, Comandos general, de formulación de políticas institucionales y
de Fuerza, Policía Nacional, de adopción de planes, programas y proyectos.
Dirección General de Sanidad
Militar, Dirección General Artículo 6°.Nivel Asesor. Comprende los empleos
Marítima, Justicia Penal Militar. que tengan asignadas funciones de asistencia en
materias directas o de apoyo con la seguridad y
7 «[P]or el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas
disposiciones en materia de administración de personal».
8 «[P]or el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos
de las entidades que integran el Sector Defensa».
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2. Planta de Personal de las defensa, incluida el área misional de salud, así como
Entidades Descentralizadas, las de aconsejar y asesorar a la alta dirección del
Adscritas y Vinculadas: Sector Defensa, y a los servidores públicos
Comprende los empleos públicos uniformados y no uniformados, de las entidades y
del personal civil y no uniformado dependencias que conforman el Sector Defensa.
y trabajadores oficiales de las
entidades descentralizadas, [...]
adscritas y vinculadas, en el
entendido que cada una de ellas
tienen su planta de personal
independiente.
30. En el artículo 19 del Decreto 92 antes citado, se ordenó que las equivalencias
de los empleos públicos del sector defensa (i) no podían desmejorar la situación
salarial de los empleados civiles no uniformados del sector defensa; y (ii) la
nomenclatura y la equivalencia de empleos no afectarían los derechos
prestacionales, sino que continuarían rigiéndose por las disposiciones que
regulaban la materia o por las que las modificaran o sustituyeran. Asimismo, se
previó que el decreto que fijara los sueldos para el personal uniformado, se
establecerían «los correspondientes a los empleados civiles no uniformados del sector
defensa, y el porcentaje de aumento [estaría] sujeto como mínimo al señalado para los
servidores públicos del orden nacional».
31. Por su parte, en el artículo 20 se reguló que cada organismo expediría la Tabla
de Organización «TO» de cada entidad, en la cual se ajustarían y se harían las
equivalencias de los empleos, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
prevista en el mismo decreto. Este ajuste y modificación de la planta de personal
fue aprobado por el Decreto 4783 de 20089 y, en el artículo 6º, previó lo que se
transcribe a continuación:
«Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente
decreto se encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán
incorporados en los cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en
un término máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su
publicación y continuarán percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados.»
32. Desde esa fecha, el gobierno nacional ha expedido los decretos anuales que
regularon las escalas de asignación básica de los empleados civiles no uniformados
del ministerio, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las fuerzas
militares y la Policía Nacional, estos son los Decretos 674 de 2008, 738 de 2009,
1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018, 1012 de 2019, 308 de 2020, 977
9 «[P]or el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos
del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras
disposiciones.»
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de 2021, 467 de 2022 y 911 de 2023.
2.4. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -019- CE-S2 de 2019
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado
33. En consideración a la disparidad de criterios jurisprudenciales que se
presentaban en cuanto a la aplicación del régimen salarial y prestacional del
personal civil vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado
a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, y en atención
el desarrollo normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, entre otras
disposiciones, la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006,
el Decreto 92 de 2007 y el Decreto 4783 de 2008, esta corporación, en sentencia
del 12 de diciembre de 2019, con ponencia del magistrado Doctor César Palomino
Cortés, unificó su jurisprudencia y estableció las siguientes reglas:
1. En materia salarial: Los empleados públicos
vinculados e incorporados12 al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas
por el Gobierno Nacional para los servidores de los
establecimientos públicos del orden nacional. Por lo
tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano
del nivel descentralizado no se regían por las normas
establecidas para el personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional.
Entre la vigencia del 2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen
Decreto 1301 de 199410 y aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los
de la Ley 352 de 199711. empleados públicos que se vincularan al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En
lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el
Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o
adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de
Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990.
A partir de la vigencia de 1. En materia salarial los empleados públicos del
la Ley 352 de 1997, los Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron
empleados públicos que incorporados a la planta de personal de salud del
10 Publicado en el Diario Oficial No. 41.409, del 27 de junio de 1994
11 Publicada en el Diario Oficial No. 42.965 de 23 de enero de 1997
12Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994 se
encontraran prestando servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares.
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antes prestaban sus Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen
servicios en el Instituto de salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva
Salud de las Fuerzas del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6
Militares y que fueron Decreto 3062 de 1997).
incorporados a la planta 2. En materia prestacional los empleados públicos del
de salud del Ministerio de Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a
Defensa Nacional, dejaron la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa
de pertenecer al sector Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia
descentralizado. de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el
Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la
Ley 100 de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no
contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de
1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990
(Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de
200713 se reajustaron las plantas de personal, se
establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos
con fundamento en la nomenclatura y clasificación
especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no
uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar
con base en la nueva nomenclatura.
Los empleados civiles no uniformados del sector defensa
Con la Ley 1033 de 2006
vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de
se unificó el régimen de
Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
administración de
debieron continuar percibiendo la remuneración
personal que se aplica al
correspondiente a los empleos que desempeñaban a la
personal civil vinculado a
entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras
los Organismos y
ocupen el cargo en el que fueron incorporados.
Dependencias del Sector
Defensa. Por ello, los
2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo
empleos públicos del
al que fue incorporado por disposición del Decreto 4783
personal civil no
de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
uniformado asignados a
especial para los empleados civiles no uniformados del
la Dirección General de
sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
Sanidad Militar
fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
pertenecen a la planta de
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional14.
personal del Ministerio de
Defensa Nacional.
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la
incorporación en el cargo equivalente en la planta global
del sector defensa, de acuerdo con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió
continuar percibiendo la remuneración correspondiente al
empleo que antes desempeñaba, esto es, según el
régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional15. Efectuada la incorporación al cargo
13 Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
14 Cfr. Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de
2014, 1120 de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019
15 Cfr. Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
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Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa
Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no
introdujo ninguna modificación, por lo tanto se mantiene
el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
2.5. Análisis de la Sala, caso concreto
34. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
34.1. Mediante la orden administrativa de personal 1-149 del 12 de agosto de 1987,
Jorge Baltazar Díaz Gerena fue nombrado en el cargo de profesor de música en la
categoría de adjunto jefe. Se posesionó el 9 de septiembre de 1987.
34.2. El 2 de octubre de 1995 se posesionó en el Instituto para la Seguridad Social
y Bienestar de la Policía Nacional en el cargo de profesional universitario código
3020 grado 4. Fue nombrado mediante la Resolución 0167 del 14 de septiembre de
1995.
34.3. El 19 de diciembre de 1997 se posesionó en el cargo de profesional
universitario código 3020 grado 4. Fue incorporado mediante Decreto 2966 del 15
de diciembre de esa anualidad.
34.4. Mediante la Resolución 00513 del 12 de febrero de 199816 expedida por el
director general de la Policía Nacional, fue incorporado a la planta de personal de la
Policía Nacional.
34.5. Por medio de la Resolución 03483 del 21 de septiembre de 2007 expedida
por el director general de la Policía Nacional, se reconoció y ordenó el pago de la
pensión de jubilación a partir del 30 de julio de 2007, en cuantía de $494.575.50.
Para tal efecto, se tuvo en cuenta lo siguiente:
«Que de acuerdo con la liquidación de servicios expedida por el Archivo
General de la Policía Nacional, el PU-04 (R) JORGE BALTAZAR DÍAZ
GERENA [...], ingresó a la institución el 9 de septiembre de 1987 y fue
retirado a solicitud propia el 30 de julio de 2007 acumulando un tiempo de
20 años, 02 meses y 05 días;
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 2701 del 29
de diciembre de 1988 en concordancia con los Artículos 98, 115, 117, 118 y
119 del Decreto 1214 de 1990, tiene derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación equivalente al 75% de los últimos haberes devengados
16 «Por la cual se incorpora a la planta de personal de la Policía Nacional al personal del Instituto
para la Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional».
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Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
computables para prestaciones sociales así:
Sueldo para el grado $1.046.557.00
Bonificación por servicios prestados 30.524.58
1/12
Prima de servicios 1/12 44.878.40
prima de vacaciones 1/12 46.748.33
prima de navidad 1/12 97.392.36
Total 1.266.100.67 X 75%
Valor de la pensión $949.575.50»
34.6. Según la hoja de servicios 79401139 del 21 de agosto de 2007, el
demandante devengó: sueldo básico y las primas de servicio, navidad y vacaciones
en una doceava.
34.7. La tesorera de la Policía Nacional certificó que (i) para noviembre de 1998,
Jorge Baltazar Díaz Gerena devengó: salario básico, prima vacacional y
bonificación por recreación y prima de navidad; (ii) a partir del año 2000 únicamente
devengó el salario básico; (iii) en 2001 y 2002 el salario básico, prima vacacional,
prima de alto mando, subsidio familiar del nivel ejecutivo, bonificación por recreación
y prima de navidad; (iv) en 2003 a 2006 el salario básico, bonificación por recreación
y prima vacacional; y (v) en marzo de 2007, la asignación básica.
34.8. El 1 de marzo de 2019, presentó petición ante el director general de la Policía
Nacional, en orden a que se reliquidara la pensión y se reconociera y pagara, con
retroactividad, la primas de actividad, alimentación, servicio, el auxilio de transporte,
la doceava de la prima de navidad «y demás prestaciones sociales contempladas en el
Decreto 1214 del 8 de junio de 1990».
34.9. Mediante Oficio S-2019-020244 / ARPRE-GRUPE-1.10 del 6 de mayo de
2018, se dio respuesta a la petición presentada por el demandante, en los siguientes
términos:
«Que el artículo 44 ibídem, establece que el porcentaje de la pensión de
jubilación, es equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de
las asignaciones devengadas durante el último año de servicio, proporción
igual al establecido en el Decreto 1214 de 1990, artículo 98, razón por la cual
y para el caso en particular el derecho pensional está liquidado de
conformidad con la norma en cita [...].
Como puede observar la referida norma no contempla el reconocimiento de
Prima de Actividad, subsidio familiar, transporte y alimentación por lo tanto no
fueron incluidas como partidas al momento de liquidar el total de la prestación,
empero se evidencia que la prima de servicios sí hace parte de dicho
reconocimiento,
[...]
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y sin mayores divagaciones es
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
preciso concluir que la pensión de su poderdante se liquidó teniendo en
cuenta los haberes devengados al momento del retiro, dando cumplimiento y
aplicabilidad a lo normado para el personal no uniformado de la Policía
Nacional, por consiguiente no es procedente atender favorablemente su
solicitud de re liquidación de la pensión de jubilación».
35. De las pruebas que reposan en el expediente, se extrae que el demandante se
vinculó el 9 de septiembre de 1987, es decir, antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, de manera que su régimen prestacional se regía por el Decreto
1214 de 1990, tal como lo afirmó el a quo.
36. Como se expuso en el marco jurídico, el artículo 102 del Decreto 1214 de 1992
dispuso cuáles serían las partidas computables para liquidar las pensiones de
jubilación de retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones sociales, estas son:
sueldo básico, prima de servicio, prima de alimentación, prima de actividad, subsidio
familiar, auxilio de transporte y la doceava de la prima de navidad.
37. Además, la pensión se debía liquidar sobre el 75% del último salario devengado;
sin embargo, en el plenario no obra prueba que demuestre cuáles fueron los salarios
efectivamente percibidos en julio de 2007, lo cual hace imposible que la Sala
determine si era posible o no incluir los factores que refirió en el escrito introductorio.
38. En gracia de la claridad, ha de precisarse que, ciertamente, el Decreto 1214 de
1990 estableció, entre otros, las primas de actividad y vacaciones; posteriormente,
el presidente de la República expidió el Decreto 1407 de 1995, «[p]or el cual se
establecen unas equivalencias de cargos para el personal civil de la Policía Nacional que
se incorpore a la planta del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional», «en desarrollo de las normas generales de la Ley 4ª de 1992 y en armonía con
los Decretos 352 y 1301 de 1994», en el cual se previó lo siguiente:
«Artículo 2º. El personal a que se refiere el artículo anterior que por efectos
de la incorporación en virtud de las equivalencias señaladas anteriormente,
resultara devengando una remuneración inferior a la que tenía en la Policía
Nacional por concepto de sueldo básico, subsidio familiar y primas mensuales
que estuviese devengando tendrán derecho a recibir por concepto de la
asignación básica mensual en el cargo que sea incorporado un valor
equivalente al que había alcanzado en la Policía Nacional mientras
permanezca en este empleo. Para quienes la incorporación no implique
disminución en su remuneración, la asignación básica mensual será la que
corresponda al cargo del cual sea incorporado en el Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.
Artículo 4º. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 89 del
Decreto 1301 de 1994, y en concordancia con el artículo 102 del Decreto 1214
de 1990, para efectos de la liquidación de prestaciones sociales del personal
incorporado a la planta del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, a que hace referencia el artículo 19 del presente Decreto
estarán incluidas dentro de la asignación básica mensual que corresponde al
cargo en que fue incorporado, el salario básico, la prima de actividad, la prima
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
de alimentación y el subsidio familiar que le pagaba la Policía Nacional como
factor salarial.»
39. Sin embargo, las normas que le sirvieron de sustento, esto es los Decretos 352
y 1301 de 1994 fueron derogados expresamente por la Ley 352 de 1997, lo que
significa que esta disposición normativa corrió la misma suerte. Así lo entendió esta
Sección en la sentencia proferida el 9 de febrero de 202317 con ponencia del
consejero César Palomino Cortés:
«De acuerdo a lo anterior, y en lo que respecta a los Decretos 1301 y 352 del
1994 estos fueron derogados por la Ley 352 de 1997, razón por la cual los
decretos que reglamentaron estas disposiciones, también corrieron la misma
suerte, tal y como lo indicó esta Colegiatura cuando expuso “…41. Es de
indicar, que este decreto a través de su artículo 65 derogó los Decretos 1301
del 22 de junio de 1994 y 352 del 11 de febrero de 1994, los cuales crearon
el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional
(INSSPONAL), de modo que, tal suerte corrieron los decretos reglamentarios
de dichas disposiciones...”18.»
40. A más de lo anterior, en casos análogos estudiados antes y después de la
sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019, esta Sección ha expuesto que
no es viable la inclusión, por ejemplo, de la prima de actividad porque (i) no se
demostró que la percibió en servicio19; y (ii) porque si bien se demuestra la
vinculación antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, únicamente se
reconoce el régimen prestacional, no el salarial, razón que impide reliquidar la
pensión con factores certificados para el año 1995 y anteriores20.
17 Radicación 25000-23-42-000-2018-00660-01 (4069-2021).
18
Exp. 250002342000201700002-01 (6030-2018) Consejera Ponente. Dra. Sandra Lisset Ibarra
Vélez; Demandante: Gloría Inés Ardila Rey; Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional-
Policía Nacional.
19 Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias: 13 de mayo de 2021 (3038-19), 7 de
diciembre de 2021 (4666-2019), 27 de enero de 2022 (3047-2021), 3 de febrero de 2022 (1046-
2021), 24 de febrero de 2022 (3015-2021), 3 de marzo de 2022 (1259-2021), 17 de marzo de 2022
(3392-2021), 17 de marzo de 2022 (3254-2020), 24 de marzo de 2022 (5047-2021 y 0459-2021), 7
de abril de 2022 (4128-2019), 21 de abril de 2022 (1048-2021), 5 de mayo de 2022 (2346-2021), 9
de mayo de 2022 (0551-2021), 23 de junio de 2022 (2052-2021), 23 de junio de 2022 (1494-2020),
1 de julio de 2022 (3085-2020), 1 de julio de 2022 (1527-2018), 4 de agosto de 2022 (0936-2021),
18 de agosto de 2022 (2278-2022), 1 de septiembre de 2022 (0338-2022), 12 de septiembre de 2022
(4665-2019), 27 de octubre de 2022 (2253-2019), 17 de noviembre de 2022 (2925-2022), 2 de marzo
de 2023 (0423-2019), 11 de mayo de 2023 (4269-2022), 25 de mayo de 2023 (0031-2022), 15 de
junio de 2023 (2352-2019), 22 de junio de 2023 (4761-2022), 22 de junio de 2023 (3331-2020), 5 de
octubre de 2023 (4197-2021).
20 Se puede consultar, por ejemplo, la sentencia del 16 de septiembre de 2021 (5581-18), en la cual
se indicó: «[...] la prima de actividad a la que esta hace mención en sus pedimentos [...], no
corresponde a ninguna de las prestaciones consagradas en el Título VI del Decreto 1214 de 1990
relativo a la seguridad y bienestar social, sino que obedece a un factor de remuneración del servicio
enlistado en el Título III de la norma ejusdem (artículo 38 ibidem), al cual la demandante no tiene
derecho en la medida en que tampoco es beneficiaria de este último precepto, pues aquel desarrolló
el régimen salarial que, como se señaló con antelación, no dependía de la fecha de vinculación
anterior a la Ley 100 de 1993 como sí lo fue el régimen prestacional. [...] De este modo, el evidenciar
que la libelista por haberse vinculado a la entidad demandad antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 tenía derecho a ser beneficiaria únicamente del régimen prestacional, pero no del
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
41. De cualquier modo, al comparar la hoja de servicios y el acto de reconocimiento
pensional, encuentra la Sala que la entidad incluyó las partidas certificadas, entre
ellas, la prima de servicios, razón por la cual deviene improcedente la inclusión de
los demás solicitados.
42. Ahora, en lo que concierne a la «inaplicación» del Decreto 2701 de 1988, basta
señalar que, en caso de accederse a esta pretensión, se excluirían de la liquidación
pensional los factores que no están previstos en el Decreto 1214 de 1990, lo cual
haría desfavorable la situación jurídica del demandante, razón suficiente para no
acceder al cargo de apelación21.
43. No pasa por alto la Sala que la parte demandante sostuvo que el a quo
desconoció algunas sentencias proferidas por esta Corporación, las cuales se
analizan a continuación:
→ Sentencia del 1 de septiembre de 2014, radicación 25000-23-25-000-
2010-00166-01 (1641-12): se negaron las pretensiones y no es un caso análogo,
pues se trató del régimen aplicable a una persona que fue nombrada como
magistrada del Tribunal Superior Militar y cuyos tiempos no se podían tener en
cuenta.
→ Sentencias del 22 de agosto de 2019 y 2 de abril de 2020, radicación
11001-03-15-000-2019-02428-[00 y 01]: se trató de una acción de tutela, en la
cual se debatieron únicamente las primas de servicios y de navidad y se accedió
a la petición, en razón a que sí se demostró que se había devengado la prima de
servicios.
→ Sentencias del 4 de abril de 2017 y 1 de febrero de 2018, radicación
11001-03-15-000-2017-00615-[00 y 01]: en esta acción de tutela se indicó lo
mismo que en esta providencia, esto es que «el aspecto que determina el régimen
aplicable a los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional
que se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional, respectivamente, es que se hubieren vinculado a estas entidades antes
de la vigencia de la Ley 100 de 1993, caso en el cual se les continuará aplicando en su
integridad el Título VI del Decreto-Ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen»; sin embargo, se debatía únicamente que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concluyó que la parte actora no era beneficiaria del Decreto 1214
salarial del decreto en mención, resulta evidente que tal como lo estimó el Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar en los actos administrativos cuestionados y el a quo en la
sentencia impugnada, no podría reconocerse a su favor el concepto laboral deprecado, y por
consiguiente, tampoco sería viable incluirlo como partida computable en la base de liquidación de la
pensión de jubilación».
21 Al respecto, se puede consultar, por ejemplo, las sentencia proferidas el 17 de marzo de 2022
(3254-2020), 27 de octubre de 2022 (2253-2019) y 22 de junio de 2023 (5997-2022).
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
de 1990 porque se había vinculado en 1995, a pesar de que, en la hoja de
servicios, se demostró que se vinculó en 1991, pero no se indicó nada más.
→ Sentencias del 30 de marzo y 2 de agosto de 2017, radicación 11001-03-
15-000-2017-00473-[00 y 01]: en esta acción de tutela, únicamente se reprochó
la aplicación errada de una norma [artículo 55 de la Ley 352 de 1997], pero nada
se señaló sobre la inclusión de las partidas que reclama el demandante en el sub
examine.
→ Sentencia del 29 de enero de 2015, radicación 25000-23-42-000-2012-
00733-01 (3406-13): este caso tampoco es aplicable al caso concreto, comoquiera
que se concluyó que la parte demandante no se había incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa antes de la vigencia de la Ley 100 de
1993, «sino que fue nombrada el 11 de enero de 2011, tomando posesión del cargo el 12
del mismo mes y año, fecha para la cual por virtud del legislador ya el régimen aplicable
era el previsto la Ley 352 de 1997 y normas que la desarrollan» [sic]», razón por la cual
se confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
→ Sentencia del 21 de junio de 2018, radicación 25000-23-42-000-2013-
00667-01 (4862-2015): en este caso se accedió a las pretensiones de la demanda,
bajo el supuesto de que la parte actora se vinculó en 1990 y se ordenó el
reconocimiento de la prima de actividad y el subsidio familiar; sin embargo, este
pronunciamiento no constituye precedente jurisprudencial, en razón a que trató de
una postura aislada que se contrapone al criterio pacíficamente sostenido por esta
Sección que fue señalado anteriormente. A más de esto, con ponencia del mismo
consejero se profirieron sentencias con el criterio opuesto el 22 de octubre de 2020
(3205-2019) y el 5 de mayo de 2022 (2346-2021), cuando señaló que «a la
demandante no le asiste el derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la
inclusión de la prima de actividad, toda vez que si bien está incluida como un factor salarial
para el reconocimiento de las prestaciones sociales en el artículo 102 del Decreto 1214
de 1990, lo cierto es que no la devengó durante el último año de servicio»;
igualmente, cuando consideró que «en razón a que se determinó que la demandante
es beneficiaria del régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990, su pensión sí debe ser
calculada con base en los haberes señalados en el artículo 102 ibidem, siempre y cuando
los hubiese devengado».
→ Sentencias del 5 de febrero y 29 de agosto de 2018, radicación 11001-
03-15-000-2017-02995-[00 y 01]: en esta oportunidad, se ampararon los derechos
de la parte actora, únicamente con fundamento en que (i) era beneficiario del
Decreto 1214 de 1990 porque se vinculó antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993; y (ii) se debía «analizar en forma integral la situación del actor, para
determinar con certeza su ingreso a la institución y así establecer el régimen prestacional
aplicable, sin embargo, de la revisión de las providencias acusadas se advierte que las
autoridades judiciales no efectuaron un análisis jurídico y probatorio en ese sentido,
desatendieron su obligación de valorar en conjunto las pruebas allegadas al proceso [...]
para efectos de definir si el actor tenía derecho o no al reconocimiento y pago de los
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
emolumentos pretendidos», es decir que, en este caso, tampoco se ordenó el pago
de los emolumentos con alguna interpretación distinta a la prohijada por esta
Sección.
→ Sentencia del 21 de junio de 2017, radicación 11001-03-15-000-2016-
03516-01: en esta acción de tutela únicamente se expuso que la vinculación de la
parte actora ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, por
lo tanto, se debían aplicar las disposiciones del Título VI del Decreto 1214 de 1990
[régimen prestacional], asunto que debía determinarse para, «de esta manera
proceder a determinar los factores salariales a los que [tenía] derecho y a tener en cuenta
para reliquidar la referida prestación pensional» y, respecto de la inclusión de las
primas de servicio y alimentación como factores para reliquidación su prestación
pensional, se consideró que el tribunal accionado debía «decidir lo que en derecho
correspond[iera]». Como se observa, en esta ocasión tampoco se consideró que
todos los emolumentos previstos en el Decreto 1214 de 1990 debían ser incluidos;
por el contrario, sostuvo que el análisis correspondía al juez ordinario.
→ Sentencias del 14 de noviembre de 2017 y 28 de noviembre de 2018,
radicación 11001-03-15-000-2017-02511-[00 y 01]: igualmente se trató de una
acción de tutela, en la cual se ampararon los derechos fundamentales de la parte
actora, toda vez que la autoridad judicial no analizó que la vinculación ocurrió en
1990 y, por lo tanto, la normativa aplicable era el Decreto 1214 de 1990, pero en
manera alguna se abordó la procedencia o no de la inclusión de las partidas en la
liquidación pensional.
44. Obsérvese que, en las sentencias antes referidas, citadas por la parte
demandante en el recurso de apelación, nada se mencionó sobre las partidas a
incluir en la pensión de los servidores que se vincularon antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y que eran destinatarios del Decreto 1214 de 1990.
45. A más de lo anterior, comoquiera que en el sub examine no se demostró que
Jorge Baltazar Díaz Gerena percibió al momento de su retiro los emolumentos que
solicitó en la demanda, no puede ordenarse la reliquidación de la pensión, razón por
la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda.
2.6. La condena en costas de la primera instancia
46. La parte demandante manifestó que era improcedente la condena en costas en
la primera instancia porque no actuó con temeridad ni la mala fe.
47. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
hoy Código General del Proceso.
48. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201622, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
49. De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso; sin embargo,
este no fue el ejercicio de ponderación que realizó el a quo y, al revisar el
expediente, tampoco se encuentra alguna de esas acciones que merezca la
imposición de la condena por este concepto; en consecuencia, se revocará la
decisión de primera instancia por este concepto.
2.7. Costas de la segunda instancia
50. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas.
22 Subsección B, expediente 1908-2014.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01713-01 (1409-2022)
Demandante: Jorge Baltazar Díaz Gerena
2.8. Conclusión
51. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia, comoquiera que no se demostró que los emolumentos solicitados por la
parte actora hubieran sido devengados al momento de su retiro, pero se revocará
la condena en costas, en razón a que no se demostró que la parte actora haya
actuado con temeridad o mala fe.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 2 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda, excepto
el ordinal segundo que se revoca; en su lugar, se dispone que no habrá condena en
costas.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
PTH
Sigue leyendo
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