Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01235-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01235-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01235-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01235-01 (5574-2022)
Demandante: Rosa Angélica Tunjo Buitrago
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Tema: Reliquidación pensión con la inclusión de los emolumentos
previstos en el Decreto 1214 de 1990.
Sentencia de segunda instancia
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 14 de junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que negó las pretensiones de la
demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso - Administrativo2, Rosa Angélica Tunjo Buitrago solicitó la anulación
del Oficio S-2019-020239/ARPRE-GRUPE-1.10 del 6 de mayo de 2019, por medio
del cual el jefe del grupo de pensiones de la Policía Nacional le negó el pago de las
primas de actividad, alimentación y servicios, el auxilio de transporte, cesantías y
demás prestaciones previstas en el Decreto 1214 de 1990.
2.A título de restablecimiento del derecho pidió (i) el reconocimiento de los
anteriores emolumentos; (ii) el reajuste de la pensión de jubilación, «desde la fecha
de su vinculación al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional del
Ministerio de Defensa Nacional “INSSPONAL”, 2 de octubre de 1995, con prescripción
cuatrienal [...]»; (iii) la reliquidación de todos los haberes laborales «que se hubieran
visto afectados» en razón a la falta de pago de los mencionados derechos
1
Ff. 1 a 48 expediente físico.
2
En adelante CPACA.
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Demandante: Rosa Angélica Tunjo Buitrago
económicos; y vi) el pago de las costas del proceso.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La demandante narró los siguientes hechos:
3.1. En virtud de la Orden Administrativa de Personal 1-231 del 11 de diciembre de
1987, ingresó a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. Desde la misma
fecha, se desempeñó en el cargo de auxiliar de enfermería en la categoría de
adjunto tercero.
3.2. El 2 de octubre de 1995 fue trasladada al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar Social de la Policía Nacional [Inssponal]. A pesar de que cumplió con las
mismas funciones de auxiliar de enfermería, no le pagaron las prestaciones sociales
contenidas en el Decreto 1214 de 1990.
3.3. El 19 de diciembre de 1997, con ocasión de la liquidación de Inssponal, fue
trasladada nuevamente a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional
[Bieso], con el fin de que cumpliera «las mismas funciones que desde su ingreso a la
Policía Nacional, venía realizando». Se posesionó ese mismo día.
3.4. Por medio de la Resolución 00281 del 30 de enero de 2008, expedida por el
director general de la Policía Nacional, le fue reconocida la pensión de jubilación,
de conformidad con el artículo 53 del Decreto 2701 de 1988, en concordancia con
los artículos 98, 115, 117, 118 y 119 del Decreto 1214 de 1990, «por haber laborado
en la Policía Nacional desde el 11 de diciembre de 1987 al 13 de noviembre de 2007, 20
años, 02 meses y 17 días».
3.5. El 1 de marzo de 2019 le solicitó a la Dirección General de la Policía Nacional la
reliquidación de la pensión de jubilación, con el fin de que se incluyeran las primas
de actividad y servicios, el subsidio familiar, el auxilio de transporte, la doceava de
la prima de navidad y demás «prestaciones salariales».
3.6. El 13 de marzo de 2019, la tesorera general de la Policía Nacional certificó que,
para el año 1995, devengó el sueldo básico, la prima de actividad y los subsidios de
alimentación, transporte y familiar. Asimismo, se consignó que, hasta el «año 2019»,
devengó únicamente el sueldo básico, es decir que desde el 2 de octubre de 1995
le dejaron de pagar los emolumentos previstos en el Decreto 1214 de 1990.
3.7. Mediante el Oficio S-2019-020239/ARPRE-GRUPE.1.10 del 6 de mayo de 2019,
la entidad le negó «el reconocimiento y pago» de los emolumentos ahora reclamados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 25, 53, 58 y 83 de la Constitución
Política; 2, 38, 39, 47, 96 y 102 del Decreto 1214 del 8 de junio de 1990; 2 y 10 de
la Ley 4 de 1992; 279 de la Ley 100 de 1993; 21 y 26 del Decreto 352 de 1994; 89
[parágrafo] del Decreto 1301 de 1994; 1, 2, 10, 11 y 14 del Decreto 1792 de 2000;
y la Ley 352 de 1997.
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5. En el concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:
5.1. Desde el 11 de diciembre de 1987 hasta el 2 de octubre de 1995, devengó los
emolumentos previstos en el Decreto 1214 de 1990, entre ellos, las primas de
servicios y de actividad, así como el subsidio familiar. No obstante, después de esa
anualidad [1995] únicamente le fue pagado el sueldo básico, a pesar de que era
beneficiaria de dicha norma.
5.2. La Ley 352 de 1997 reestructuró el sistema de salud para las fuerzas militares y
la Policía Nacional, ordenó la liquidación de Inssponal y creó la Dirección de
Bienestar Social de la Policía Nacional. Como consecuencia de lo anterior, todo el
personal que había sido trasladado en 1995 a Inssponal regresó a la Dirección de
Bienestar Social de la Policía Nacional. En el artículo 55, la misma ley dispuso que,
quienes se hubieran vinculado antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993
se continuaría rigiendo por el Título VI del Decreto 1214 de 1990, concretamente,
por el artículo 102 allí contenido.
5.3. El Decreto 2701 de 1988 tuvo vigencia mientras existió el Inssponal, esto es,
desde el 2 de octubre de 1995 hasta el 17 de enero de 1997. Luego fue tácitamente
derogado por la Ley 100 de 1993, comoquiera que, el artículo 279 de esta última ley
no incluyó dentro de los regímenes exceptuados de su aplicación al personal del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar Social de la Policía Nacional. En esas
condiciones, el Decreto 2701 de 1988 desapareció de la vida jurídica, por lo tanto,
en el caso de la de la demandante «esta norma no podía ser tenida en cuenta para la
liquidación de la Pensión» [sic].
5.4. El acto administrativo acusado fue expedido irregularmente, con infracción de
las normas en que debía fundarse y mediante falsa motivación, debido a que se
sustentó en el Decreto 2701 de 1988, que no era aplicable a su caso, cuando debió
acudir al Decreto 1214 de 1990, con fundamento en el principio de favorabilidad.
1.2. Contestación de la demanda3
6. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional se opuso a la prosperidad de
las pretensiones, por las razones que se sintetizan a continuación:
6.1. No era cierto que la demandante fuera «trasladada» al Inssponal. Al respecto, se
debía precisar que como la entidad en la que laboraba desapareció, ella tuvo la
oportunidad de optar por terminar su relación laboral o vincularse con el nuevo
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. Comoquiera
que eligió esta última posibilidad, su permanencia en el mencionado Instituto fue
voluntaria.
6.2. Igualmente, era falso que dejó de reconocer y pagar las prestaciones sociales
previstas en el Decreto 1214 de 1990. Luego de su incorporación, la actora siguió
devengando todos los factores salariales que recibía anteriormente, con la salvedad
de que todos ellos se sumaron y «conformaron un todo al cual se le dio la denominación
de sueldo básico», de conformidad con el Decreto 1407 de 1995.
3
Ff. 219 a 226 del expediente físico.
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6.3. Así las cosas, los valores reclamados en el escrito inicial ya fueron pagados. Por
lo tanto, acceder a las pretensiones de la demanda implicaría que se ordenara «un
doble pago por unos mismos conceptos», lo que generaría una situación ilegal.
6.4. En consecuencia, como el sueldo básico comprendía las partidas que se
reclamaron, era posible concluir que, todos los emolumentos objeto de pretensión
fueron incluidos en la liquidación de la pensión.
6.5. En el presente asunto se configuró la excepción previa de ineptitud sustantiva
de la demanda «por error en el acto que debía ser demandado». En atención a que el
acto que reconoció la pensión estuvo contenido en la Resolución 00281 del 30 de
enero de 2008, era este el que debía ser demandado. En ese sentido, el oficio que
resolvió la petición de reliquidación pretendió revivir un término que ya había
fenecido.
6.6. De igual forma, se debían declarar probadas las excepciones de «acto
administrativo ajustado a la Constitución y a la ley» y de prescripción extintiva de los
valores reclamados.
1.3. La sentencia apelada4
7. Mediante sentencia proferida el 14 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F negó las pretensiones de la
demanda y la condena en costas.
8. Para tal efecto, se pronunció sobre (i) el régimen salarial y prestacional de los
servidores de la Dirección General de Sanidad Militar y la Policía Nacional; (ii) el
sistema de carrera administrativa y nomenclatura de la planta de empleos del
Ministerio de Defensa, sector defensa; (iii) el precedente jurisprudencial sobre el
régimen salarial aplicable al personal vinculado al sistema de salud de la Policía
Nacional y las Fuerzas Militares; y (iv) la pensión de jubilación del personal civil del
Ministerio de Defensa en el Decreto 1214 de 1990. Después, resolvió el caso
concreto en los siguientes términos:
8.1. Al personal civil vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993, le resultan aplicables las disposiciones previstas en el Título VI del
Decreto 1214 de 1990. Los empleados públicos vinculados después al instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y al Inssponal que, posteriormente, fueron vinculados
a la planta de personal del Ministerio de Defensa, son destinatarios de las
disposiciones de aquella [Ley 100 de 1993], tal como lo previeron los artículos 89
del Decreto 1301 de 1994, 55 de la Ley 253 de 1997 y 3 del Decreto 3062 de 1997.
8.2. Como la demandante se vinculó desde el «1.° de abril de 1981»[sic], es decir,
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, su situación prestacional se
regía según lo previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990. Las primas de
actividad, de alimentación y de servicios, el auxilio de transporte, las cesantías y
demás prestaciones sociales reclamadas estaban regulados en el título III del
4
Ff. 356 a 366 del expediente físico.
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Decreto 1214 de 1990 y la garantía que otorgó el artículo 55 del Decreto 352 de
1994 al momento de la incorporación solamente se aplicaba en materia
prestacional.
8.3. La demandante no demostró que en el último año devengó las primas
reclamadas y admitió que las recibió solo hasta el momento de la incorporación a
Inssponal en 1995. En consecuencia, no se debía ordenar su inclusión en la
liquidación pensional.
8.4. En
suma, como la solicitante no tenía el derecho salarial que pretendido,
tampoco resultaba viable modificar la liquidación de su «asignación de retiro».
1.4. El recurso de apelación5
9. Contra la anterior decisión, la demandante interpuso y sustentó recurso de
apelación en los siguientes términos:
9.1. En el oficio expedido el 13 de marzo de 2019, la tesorera general de la Policía
Nacional certificó que, para octubre de 1995, devengó el sueldo básico, la prima de
actividad, subsidio familiar y los subsidios de alimentación y transporte. Igualmente,
se registró que, desde esa anualidad y «hasta la fecha año 2019», devengó
únicamente el sueldo básico, lo cual demostró que, cuando fue trasladada de la
Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y, luego, en 1997, al haberse
liquidado el Inssponal, regresó a aquella, cumplió las mismas funciones de «Técnico
Administrativo» [sic]. Sin embargo, se dejaron de cancelar las primas de actividad y
servicios, los subsidios antes mencionados y las demás prestaciones previstas en
el Decreto 1214 de 1990, norma aplicable, en razón a que se vinculó antes de la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
9.2. Mediante el Decreto 352 de 1994 se fijó la estructura orgánica, objetivos y
funciones del Inssponal y, con el Decreto 1301 de la misma anualidad, se organizó
el sistema de salud, así como el régimen prestacional regido por el Decreto 1214 de
1990. Con la Ley 352 de 1997, se reestructuró el sistema de salud, se ordenó la
liquidación de dicho instituto y se creó nuevamente la Dirección de Bienestar Social
de la Policía Nacional, es decir que todo el personal que en 1995 fue trasladado a
Inssponal, regresó nuevamente a la dirección.
9.3. De conformidad con el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, para la liquidación
y pago de la pensión de jubilación se debían incluir las primas de servicio,
alimentación, actividad y navidad, así como el auxilio de transporte y el subsidio
familiar, partidas que se incluyeron en los artículos 38, 39, 46, 49 y 54 del mismo
cuerpo normativo.
9.4. En el artículo 30 del Decreto 737 de 2009, por el cual se fijaron los sueldos
básicos, entre otros, de los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional,
del personal ejecutivos y empleados públicos del Ministerio de Defensa y la Policía
Nacional, se establecieron las bonificaciones para alféreces, guardiamarinas,
5
Índice 40. Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de primera instancia con radicado: 25000234200020190123500.
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pilotines, grumetes y soldados, entre ellas, la prima de actividad; en consecuencia,
tenía derecho al pago en cuantía del 49.5% sobre el sueldo básico; además, como
laboró por 20 años, tenía derecho al pago de la prima de servicio en un 15%,
también sobre el sueldo, en los términos del artículo 46 del Decreto 1214 de 1990.
9.5. El Decreto 2701 de 1988, el cual sirvió de base para liquidar la pensión, estuvo
vigente mientras existió el Inssponal, luego, cuando se liquidó, fue derogado
tácitamente por la Ley 352 de 1997, razón por la cual se debía inaplicar, con
fundamento en el principio de favorabilidad.
9.6. El traslado de la Dirección de Bienestar social de la Policía Nacional al Inssponal
se hizo obligatorio, so pena de perder la vinculación laboral y, como había prestado
sus servicios por más de 8 años, «no se podían variar las condiciones laborales con el
desconocimiento de los derechos adquiridos contemplados en el Decreto 1214 de 1990».
9.7. El
a quo omitió atender el precedente judicial, por ejemplo, las siguientes
sentencias proferidas por esta corporación:
Fecha de la providencia Radicado
12 de diciembre de 2019 SUJ-019-CE-S2 (de unificación)
30 de mayo de 2019 25000-23-42-000-2015-04547-01 (3737-17)
4 de marzo de 2021 250002342000201403697 01 (3859-2016)
1 de septiembre de 2014 25000-23-25-000-2010-00166-01 (1641-12)
27 de noviembre de 2014 25000-23-42-000-2012-00905-01(2853-13)
4 de abril de 2017 11001-03-15-000-2017-00615-00
1 de febrero de 2018 11001-03-15-000-2017-00615-01
30 de marzo de 2017 11001-03-15-000-2017-00473-00
2 de agosto de 2017 11001-03-15-000-2017-00473-01
29 de enero de 2015 25000-23-42-000-2012-00733-01 (3406-13)
21 de junio de 2018 25000-23-42-000-2013-00667-01 (4861-2015)
5 de febrero de 2018 11001-03-15-000-2017-02995-00
29 de agosto de 2018 11001-03-15-000-2017-02995-01
21 de junio de 2017 11001-03-15-000-2016-03516-01
14 de noviembre de 2017 11001-03-15-000-2017-02511-00
28 de noviembre de 2018 11001-03-15-000-2017-02511-01
24 de marzo de 2022 25000-23-42-000-2016-05266-01 (0459-2021)
21 de mayo de 2020 25000-23-42-000-2016-02447-01 (0201-2018)
5 de junio de 2020 25000-23-42-000-2016-05784-01 (0986-2018)
29 de mayo de 2020 25000-23-42-000-2017-00002-01 (6030-2018)
29 de mayo de 2020 25000-23-42-000-2017-00273-01 (6245-2018)
9.8. Igualmente, desconoció sentencias proferidas por el mismo tribunal y juzgados
administrativos. Tampoco existió congruencia entre las pruebas y lo resuelto,
además de que faltó «exhaustividad ya que no se hizo un examen profundo» de los
elementos de juicio allegados.
1.5. Trámite de la segunda instancia
10. En auto del 23 de enero de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandante contra la sentencia proferida el 14 de junio de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01235-01 (5574-2022)
Demandante: Rosa Angélica Tunjo Buitrago
II. Consideraciones
2.1. Competencia
11. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación presentado por la parte demandante, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, conforme con los cuales «[l]as
salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala
de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
12. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante:
12.1. ¿Rosa Angélica Tunjo Buitrago tiene derecho a que se reliquide su pensión con
la inclusión de las primas de actividad y servicios, así como de las demás partidas
previstas en el Decreto 1214 de 1990?
13. Con miras a resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se expondrá el marco normativo del régimen
aplicable al personal del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 y, además, los criterios expuestos en
la sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2 de 2019; y segundo, se resolverá el
caso concreto.
2.3. El régimen normativo aplicable al personal del sistema de salud de las
Fuerzas Militares y de Policía y del personal regido por el Decreto 1214 de
1990.
14. El Decreto 1214 de 1990 «[p]or el cual se reforma el Estatuto y el Régimen
Prestacional del Personal Civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional», fue expedido
por el presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por la Ley 66 de 19896. Este, el personal civil, estaba conformado por las
personas que prestaran sus servicios en el despacho del ministro, en la Secretaría
General, en las Fuerzas Militares o en la Policía Nacional; por el contrario, no
tendrían tal condición, aquellas personas que se desempeñaran en los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos
o vinculados al Ministerio de Defensa.
15.En los Títulos III y VI, se reguló lo concerniente a las asignaciones, primas y
subsidios y la seguridad y bienestar social, respectivamente, así:
6
«[P]or la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro témpore
para reformar los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes
y Civiles del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y establece el régimen
de la vigilancia privada».
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Demandante: Rosa Angélica Tunjo Buitrago
Título III Título VI
Las asignaciones, primas y subsidios Seguridad y bienestar social
Artículo Disposición Artículo Disposición
Asignaciones: serían las determinadas
35
por las disposiciones legales vigentes.
Prima de actividad: 20% del sueldo
38
básico mensual.
39 Prima de alimentación Partidas computables
43 Prima de navidad para prestaciones
Prima de servicio: quienes cumplieran 15 sociales:
años de servicios continuos o
discontinuos, tendrían derecho a una - Sueldo básico
46 prima mensual de servicio y se liquidaría - Prima de servicio
así: «[a] los quince (15) años, el diez por 102 - Prima de
ciento (10%); por cada año que exceda de los alimentación
quince (15), el uno por ciento (1%) más». - Prima de actividad
Prima de servicio anual: equivalente al - Subsidio familiar
50% de la totalidad de haberes - Auxilio de transporte
devengados en el mes de junio del - 1/12 de la prima de
47
respectivo año, la cual se pagaría dentro navidad
de los primeros 15 días del mes de julio
de cada año.
49 Subsidio familiar
54 Auxilio de transporte
16. Posteriormente, en el artículo 279, la Ley 100 de 1993 dispuso que el Sistema
Integral de Seguridad Social no se aplicaría a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, «ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, [...]».
Asimismo, en el artículo 248, facultó al gobierno nacional para que organizara el
sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía y al personal regido por el
Decreto 12147.
17. Luego, con el Decreto 352 del 11 de febrero de 1994 expedido por el presidente
de la República, estableció la estructura orgánica, objetivos y funciones del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional [Inssponal]. Respecto
de los regímenes salarial y prestacional, dispuso lo siguiente:
«Artículo 20. Régimen salarial. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto de Seguridad Social y Bienestar para la Policía Nacional,
para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas
extras y subsidios, se regirán por las normas legales que para esta clase de
servidores establezca el Gobierno Nacional.
En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dicho
organismo para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y
subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del
Ministerio de Defensa Nacional.
Parágrafo. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las
7
En lo atinente a: organización estructural, niveles de atención médica y grados de complejidad,
organización funcional, régimen que incluyera normas científicas y administrativas, régimen de
prestación de servicios de salud, entre otras.
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Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o en cualquier otra dependencia
de la Policía Nacional, y que ingresen al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se someterán al régimen salarial establecido
para la entidad.
Artículo 21. Régimen prestacional. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales del Instituto, para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, quedarán sometidos a los sistemas generales de pensiones y salud
establecidos en la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones
sociales, se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988.
Parágrafo. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar en
vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en las
Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o cualquier otra dependencia de la
Policía Nacional, y por lo tanto se hallen sometidos al régimen establecido en
el Decreto-ley 1214 de 1990, e ingresen al Instituto para la Seguridad Social
y Bienestar de la Policía Nacional, continuarán cobijados por el régimen de
seguridad y bienestar social establecido en el Título VI del precitado Decreto-
ley 1214 de 1990.» [se resalta]
18. Asimismo, en cumplimiento de las facultades extraordinarias otorgadas por la
Ley 100 de 1993, el gobierno nacional expidió el Decreto 1301 del 22 de junio de
19948, en el cual se organizó el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la
Policía Nacional y del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y del
personal no uniformado de la Policía Nacional, así como el de sus entidades
descentralizadas [SMP], así:
«Artículo 29. Estructura organizacional. La estructura organizacional del
SMP es la siguiente:
[...]
2 Subsistema de salud de las Fuerzas Militares.
a) El Instituto de Salud de las Fuerzas Militares.
a.1 Nivel Central.
a.2 Nivel Regional.
a.2.1 Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
3. Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
a. El Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional.
a.1. Nivel Central.
a.2. Nivel Regional.
a.2.1. Unidades prestadoras de servicios de primero, segundo y tercer nivel.
[...]»
19. Igualmente, organizó los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la
Seguridad y Bienestar de la Policía Nacional. Quienes laboraran en estos, tendrían
el carácter de empleados públicos y, quienes realizaran actividades de carácter
8
«[P]or el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y
del personal regido por el Decreto-ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir
de la vigencia de la Ley 100 de 1993»
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operativo, conservación y mantenimiento de inmuebles, serían trabajadores
oficiales. El régimen salarial y prestacional de estos trabajadores, fue reglamentado
de la siguiente manera:
Régimen salarial Régimen prestacional
Artículo 88. Régimen salarial del personal. Artículo 89. Régimen prestacional del
Los empleados públicos y trabajadores personal. Los empleados públicos y
oficiales del Instituto de Salud de las trabajadores oficiales del Instituto de Salud
Fuerzas Militares y del Instituto para la de las Fuerzas Militares y del Instituto para
Seguridad Social y Bienestar de la Policía la Seguridad Social y Bienestar de la
Nacional para efectos de remuneraciones, Policía Nacional, quedarán sometidos al
primas, bonificaciones, viáticos, horas régimen de la Ley 100 de 1993. En lo
extras y subsidios se regirán por las normas relativo a las demás prestaciones sociales
legales que para esta clase de servidores se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988
establezca el Gobierno Nacional. y normas que lo modifiquen y adicionen.
En consecuencia, los empleados públicos y Parágrafo. En concordancia con lo
trabajadores oficiales de dichos establecido en el artículo 279 de la Ley 100
organismos para efectos de de 1993, los empleados públicos y
remuneraciones, primas, bonificaciones, trabajadores oficiales que ingresen al
viáticos y subsidios, no se regirán por las instituto de Salud de las Fuerzas Militares o
normas establecidas para el personal civil al Instituto para la Seguridad Social y
del Ministerio de Defensa Nacional. Bienestar de la Policía Nacional y se
hubieren vinculado al Ministerio de Defensa
Parágrafo. Los empleados públicos y Nacional o a la Policía Nacional antes de la
trabajadores oficiales, que al entrar en vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán
vigencia el presente Decreto se encuentren cobijados por el Título VI del Decreto-ley
prestando servicios en el Ministerio de 1214 de 1990.
Defensa Nacional y que ingresen al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
o al Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, se
someterán al régimen salarial establecido
para la entidad respectiva.
20. Fue con la Ley 352 de 19979 que el sistema de salud de la fuerza pública y del
personal regido por el Decreto 1214 de 1990 fue reestructurado. Para tal efecto, (i)
se creó la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del
Comando General de las Fuerzas Militares [artículo 9] y la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional, como dependencia de la Dirección General de esta [artículo 15];
y (ii) se ordenó la supresión de los Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional creados mediante el
Decreto 1301 de 1994 y la Ley 62 de 1993. En lo que concernía al personal y el
régimen salarial y prestacional, dispuso lo siguiente:
20.1. Personal: los empleados públicos y trabajadores oficiales que prestaban
sus servicios en los institutos mencionados se incorporaron a las plantas de
personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional,
«conforme a la reglamentación especial que al respecto expid[iera] el Gobierno
Nacional, garantizando los derechos adquiridos y sin tener que presentar o cumplir
ningún requisito adicional».
9
«[P]or la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de
Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.»
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20.2. Régimen prestacional: los empleados públicos y trabajadores oficiales
de los institutos se incorporarían a las plantas de personal de salud del
Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional y que se hubieren vinculado a
estas entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les continuaría
«aplicando en su integridad el Título VI del Decreto-ley 1214 de 1990» o las normas
que lo modificaran o adicionaran.
Los empleados públicos y trabajadores oficiales que se incorporaran al
Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional por virtud de la
presente ley, quedarían sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo
no contemplado en esta, se les aplicaría lo dispuesto en el Título VI del
Decreto 1214 de 1990.
20.3. Régimen salarial: los empleados públicos y trabajadores oficiales que
se incorporaran a las plantas de personal del Ministerio de Defensa Nacional
y de la Policía Nacional, continuarían sometidos al mismo régimen salarial
que se les aplicaba en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el
Instituto para la Seguridad social y Bienestar de la Policía Nacional, según
fuera el caso.
21. En el artículo 65, derogó «el Decreto 1301 del 22 de junio de 1994, la Ley 263 del 24
de enero de 1996, el artículo 35, numeral 5 de la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, el
Decreto-ley 352 del 11 de febrero de 1994 y demás disposiciones que le fueran contrarias».
22. Después, con la expedición de la Ley 1033 de 200610, se estableció «un régimen
de Carrera Especial para los empleados públicos civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional».
23. En esta norma, se otorgaron facultades extraordinarias al presidente de la
República para que (i) expidiera normas con fuerza de ley que contuvieran el
sistema especial de carrera del Sector Defensa para el ingreso, permanencia,
ascenso, capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los
empleados civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional,
sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional [artículo 2]; y (ii) estableciera todas las características y
disposiciones que fuera competencia de la ley referentes a su régimen de personal.
Igualmente, para que expidiera normas con fuerza de ley para modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de las
entidades que integraban el sector defensa [artículo 3].
24. Estas facultades se ejercerían con sujeción a parámetros como los siguientes:
(i) unificar el régimen de administración de personal que aplicaba al personal civil
vinculado a los organismos y dependencias del sector defensa; (ii) conservar y
respetar al personal civil al servicio del sector defensa, todos los derechos,
10
«[P]or la cual se establece la Carrera Administrativa Especial para los Empleados Públicos no
uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía
Nacional y de sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al sector Defensa, se derogan
y modifican unas disposiciones de la Ley 909 de 2004 y se conceden unas facultades conforme al
numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política».
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garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos o establecidos conforme
con las disposiciones normativas anteriores a la fecha de la ley; y (iii) modificar y
determinar el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos, adecuar sus
funciones y los requisitos de los empleos de las entidades que integraban el sector
defensa, a las necesidades del servicio; entre otras.
25. El artículo 2.º fue desarrollado por el Decreto 91 de 200711 «por el cual se regula
el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en
materia de administración de personal» y, el artículo 3.º, por el Decreto 9212 de la misma
anualidad, «por el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación
de los empleos de las entidades que integran el Sector Defensa» , en los cuales se
dispuso lo siguiente:
Decreto 91 de 2007 Decreto 92 de 2007
Artículo 32. Plantas de personal. Artículo 1°. Ámbito de aplicación. Las
Las plantas de personal que disposiciones contenidas en este decreto son
conforman las entidades del Sector aplicables a los empleos públicos de las
Defensa son globales, sin perjuicio entidades que conforman el Sector Defensa.
de que se encuentren reguladas en
actos administrativos distintos, como Artículo 4°.Niveles jerárquicos de los empleos
se enuncia a continuación: del Sector Defensa. Los empleos públicos del
Sector Defensa, [...] se clasifican según la
1. Planta de Personal del Ministerio naturaleza general de sus funciones, las
de Defensa Nacional: Comprende competencias y los requisitos para su
los empleos públicos del personal desempeño, en los siguientes niveles
civil y no uniformado asignado a la jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel
Unidad Gestión General del Profesional, Nivel Orientador, Nivel Técnico y
Ministerio de Defensa, Comando Nivel Asistencial.
General de las Fuerzas Militares,
Comandos de Fuerza, Policía Artículo 5°.Nivel Directivo. Comprende los
Nacional, Dirección General de empleos que tengan asignadas funciones de
Sanidad Militar, Dirección General dirección general, de formulación de políticas
Marítima, Justicia Penal Militar. institucionales y de adopción de planes,
programas y proyectos.
2. Planta de Personal de las
Entidades Descentralizadas, Artículo 6°.Nivel Asesor. Comprende los
Adscritas y Vinculadas: Comprende empleos que tengan asignadas funciones de
los empleos públicos del personal asistencia en materias directas o de apoyo con la
civil y no uniformado y trabajadores seguridad y defensa, incluida el área misional de
oficiales de las entidades salud, así como las de aconsejar y asesorar a la
descentralizadas, adscritas y alta dirección del Sector Defensa, y a los
vinculadas, en el entendido que cada servidores públicos uniformados y no
una de ellas tienen su planta de uniformados, de las entidades y dependencias
personal independiente. que conforman el Sector Defensa.
[...]
26. El artículo 19 del Decreto 92 antes citado ordenó que las equivalencias de los
empleos públicos del sector defensa (i) no podían desmejorar la situación salarial
de los empleados civiles no uniformados del sector defensa; y (ii) la nomenclatura y
la equivalencia de empleos no afectarían los derechos prestacionales, sino que
11
«[P]or el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas
disposiciones en materia de administración de personal».
12
«[P]or el cual se modifica y determina el Sistema de Nomenclatura y Clasificación de los empleos
de las entidades que integran el Sector Defensa».
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continuarían rigiéndose por las disposiciones que regulaban la materia o por las que
las modificaran o sustituyeran. Asimismo, se previó que el decreto que fijara los
sueldos para el personal uniformado, se establecería «los correspondientes a los
empleados civiles no uniformados del sector defensa, y el porcentaje de aumento [estaría]
sujeto como mínimo al señalado para los servidores públicos del orden nacional».
27. Por su parte, en el artículo 20 se reguló que cada organismo expediría la Tabla
de Organización «TO» de cada entidad, en la cual se ajustarían y se harían las
equivalencias de los empleos, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
prevista en el mismo decreto. Este ajuste y modificación de la planta de personal
fue aprobado por el Decreto 4783 de 200813 y, en el artículo 6.º, previó lo que se
transcribe a continuación:
«Artículo 6°. Los funcionarios que a la fecha de la expedición del presente
decreto se encuentren prestando sus servicios en la Planta de Personal del
Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar, serán
incorporados en los cargos equivalentes de que trata el presente decreto, en
un término máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de su
publicación y continuarán percibiendo la remuneración correspondiente a los
empleos que desempeñan actualmente mientras ocupen el cargo en el que
serán incorporados.»
28. Desde esa fecha, el gobierno nacional ha expedido los decretos anuales que
regularon las escalas de asignación básica de los empleados civiles no uniformados
del ministerio, sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las fuerzas
militares y la Policía Nacional, estos son los Decretos 674 de 2008, 738 de 2009,
1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018, 1012 de 2019, 308 de 2020, 977
de 2021, 467 de 2022 y 911 de 2023.
2.4. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ -019- CE-S2 de 2019
dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado
29. En consideración a la disparidad de criterios jurisprudenciales que se
presentaban en cuanto a la aplicación del régimen salarial y prestacional del
personal civil vinculado al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares e incorporado
a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional, y en atención
el desarrollo normativo a partir del artículo 248 de la Ley 100 de 1993, entre otras
disposiciones, la Ley 352 de 1997, el Decreto 3062 de 1997, la Ley 1033 de 2006,
el Decreto 92 de 2007 y el Decreto 4783 de 2008, esta corporación, en sentencia
del 12 de diciembre de 2019, con ponencia del magistrado Doctor César Palomino
Cortés, unificó su jurisprudencia y estableció las siguientes reglas:
13
«[P]or el cual se aprueba el ajuste y la modificación a la planta de personal de Empleados Públicos
del Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar y se dictan otras
disposiciones.»
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1. En materia salarial: Los empleados públicos
vinculados e incorporados16 al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares, se regían por las normas establecidas
por el Gobierno Nacional para los servidores de los
establecimientos públicos del orden nacional. Por lo
tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano
del nivel descentralizado no se regían por las normas
establecidas para el personal civil del Ministerio de
Defensa Nacional.
Entre la vigencia del 2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen
Decreto 1301 de 199414 y aplicable era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los
de la Ley 352 de 199715. empleados públicos que se vincularan al Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional. En
lo relativo a las demás prestaciones se les aplicaba el
Decreto 2701 de 1988 y normas que lo modificaron o
adicionaron.
Los empleados públicos vinculados al Ministerio de
Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 y que se incorporaron al
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990.
1. En materia salarial los empleados públicos del
Instituto de Salud de las Fuerzas Militares que fueron
incorporados a la planta de personal de salud del
Ministerio de Defensa quedaron sometidos al régimen
A partir de la vigencia de
salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva
la Ley 352 de 1997, los
del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6
empleados públicos que
Decreto 3062 de 1997).
antes prestaban sus
2. En materia prestacional los empleados públicos del
servicios en el Instituto de
Salud de las Fuerzas Instituto de Salud de las Fuerzas Militares incorporados a
Militares y que fueron la planta de personal de Salud del Ministerio de Defensa
Nacional y que se hubieran vinculado antes de la vigencia
incorporados a la planta
de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad el
de salud del Ministerio de
Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
Defensa Nacional, dejaron
adicionen.
de pertenecer al sector
descentralizado.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la
Ley 100 de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no
contemplado en materia prestacional en la Ley 100 de
1993 se les aplicará el Título VI del Decreto 1214 de 1990
(Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
Con la Ley 1033 de 2006 1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de
se unificó el régimen de 200717 se reajustaron las plantas de personal, se
administración de establecieron las equivalencias y se fijaron los sueldos
personal que se aplica al con fundamento en la nomenclatura y clasificación
personal civil vinculado a especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles no
los Organismos y uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar
Dependencias del Sector con base en la nueva nomenclatura.
Defensa. Por ello, los Los empleados civiles no uniformados del sector defensa
empleos públicos del vinculados a la Planta de Personal del Ministerio de
personal civil no Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar,
14
Publicado en el Diario Oficial No. 41.409, del 27 de junio de 1994
15
Publicada en el Diario Oficial No. 42.965 de 23 de enero de 1997
16
Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994 se
encontraran prestando servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares.
17
Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
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uniformado asignados a debieron continuar percibiendo la remuneración
la Dirección General de correspondiente a los empleos que desempeñaban a la
Sanidad Militar entrada en vigencia del Decreto 4783 de 2008 mientras
pertenecen a la planta de ocupen el cargo en el que fueron incorporados.
personal del Ministerio de
Defensa Nacional. 2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo
al que fue incorporado por disposición del Decreto 4783
de 2008, de acuerdo con la nomenclatura y clasificación
especial para los empleados civiles no uniformados del
sector defensa, empezó a devengar la asignación básica
fijada por el Gobierno Nacional para los empleados civiles
no uniformados del Ministerio de Defensa Nacional18.
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la
incorporación en el cargo equivalente en la planta global
del sector defensa, de acuerdo con el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos, el servidor debió
continuar percibiendo la remuneración correspondiente al
empleo que antes desempeñaba, esto es, según el
régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos
de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden
Nacional19. Efectuada la incorporación al cargo
equivalente en la planta global del Ministerio de Defensa
Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no
introdujo ninguna modificación, por lo tanto se mantiene
el régimen prestacional fijado en la Ley 352 de 1997.
2.5. Análisis de la Sala, caso concreto
30. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
30.1. Mediante la orden administrativa de personal 1-231 del 11 de diciembre de
1987, Rosa Angélica Tunjo Buitrago fue nombrada en el cargo de auxiliar de
enfermería en la categoría de adjunto tercero. Se posesionó en la misma fecha,
según acta 441120.
30.2. El 2 de octubre de 1995 se posesionó en el Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional en el cargo de profesional enfermero auxiliar código
5345 grado 11, en el cual fue nombrada mediante la Resolución 0176 del 14 de
septiembre de 199521.
30.3. Por
Resolución 0360 del 4 de diciembre de 1995 fue trasladada a la
Subdirección de Educación, Recreación y Deporte22.
30.4. El 19 de diciembre de 1997 se posesionó en el cargo de técnico administrativo
18
Cfr. Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de
2014, 1120 de 2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019
19
Cfr. Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
20
Ff. 52 a 54 del expediente físico.
21
F. 56 del expediente físico.
22
F. 57 del expediente físico.
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código 4065 grado 6, en el que fue nombrada por Resolución 1627 del 16 de
diciembre de esa anualidad.
30.5. Por medio de la Resolución 00281 del 30 de enero de 2008 expedida por el
director general de la Policía Nacional, se reconoció y ordenó el pago de la pensión
de jubilación a partir del 13 de noviembre de 2007, en cuantía de $759.357.23. Para
tal efecto, se tuvo en cuenta lo siguiente23:
«Que de acuerdo con la liquidación de servicios expedida por el Archivo
General de la Policía Nacional, la TA-06 (R) ROSA ANGÉLICA TUNJO
BUITRAGO [...], ingresó a la institución el 11 de diciembre de 1987 y fue
retirada a solicitud propia el 13 de noviembre de 2007, acumulando un
tiempo de 20 años, 02 meses y 17 días;
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 53 del Decreto 2701 del 29
de diciembre de 1988 en concordancia con los Artículos 98, 115, 117, 118 y
119 del Decreto 1214 de 1990, tiene derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación equivalente al 75% de los últimos haberes devengados
computables para prestaciones sociales así:
Sueldo para el grado $744.009.00
Bonificación por servicios prestados 31.000.38
1/12
Subsidio de alimentación 35.512.00
Auxilio de transporte 50.800.00
Prima de servicios 1/12 35.888.39
prima de vacaciones 1/12 37.383.74
prima de Navidad 1/12 77.882.79
Total 1.012.476,30 X 75%
Valor de la pensión $759.357.23» [sic]
30.6. Segúnla hoja de servicios 51742524 del 11 de diciembre de 2007, la
demandante devengó: sueldo básico, las primas de servicio, navidad y vacaciones
en una doceava y los subsidios de alimentación y transporte24.
30.7. La tesorera de la Policía Nacional certificó que, para octubre de 1998, Rosa
Angélica Tunjo Buitrago devengó: salario básico y los subsidios de alimentación y
transporte, los cuales continuó devengando hasta octubre de 2007. En cuanto al
subsidio familiar, se advierte que solo aparece demostrado que se liquidó hasta
septiembre de 1995.
30.8. El 1 de marzo de 2019, presentó petición ante el director general de la Policía
Nacional, en orden a que se reliquidara la pensión y se reconocieran y pagaran, con
retroactividad, las primas de actividad, alimentación, servicio, el auxilio de
transporte, la doceava de la prima de navidad «y demás prestaciones sociales
contempladas en el Decreto 1214 del 8 de junio de 1990»25.
30.9. Mediante Oficio S-2019-020239 / ARPRE-GRUPE-1.10 del 6 de mayo de 2018,
el jefe del grupo de pensionados de la Policía Nacional resolvió la petición
23
Ff. 59 y 60 del expediente físico.
24
F. 61 del expediente físico.
25
Ff. 100 a 114 del expediente físico.
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presentada por la demandante, en los siguientes términos26:
«Que el artículo 44 ibídem, establece que el porcentaje de la pensión de
jubilación, es equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de
las asignaciones devengadas durante el último año de servicio, proporción
igual al establecido en el Decreto 1214 de 1990, artículo 98, razón por la cual
y para el caso en particular el derecho pensional está liquidado de
conformidad con la norma en cita [...].
Como puede observar la referida norma no contempla el reconocimiento de
Prima de Actividad, subsidio familiar, transporte y alimentación por lo tanto no
fueron incluidas como partidas al momento de liquidar el total de la prestación,
empero se evidencia que la prima de servicios sí hace parte de dicho
reconocimiento.
[...]
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y sin mayores divagaciones es
preciso concluir que la pensión de su poderdante se liquidó teniendo en
cuenta los haberes devengados al momento del retiro, dando cumplimiento y
aplicabilidad a lo normado para el personal no uniformado de la Policía
Nacional, por consiguiente, no es procedente atender favorablemente su
solicitud de re liquidación de la pensión de jubilación» [sic]
31. De las pruebas que reposan en el expediente, se deduce que la demandante
se vinculó el 11 de diciembre 1987, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993, de manera que su régimen prestacional se regía por el Decreto 1214
de 1990, tal como lo afirmó el a quo.
32. Como se expuso en el marco jurídico, el artículo 102 del Decreto 1214 de 1992
dispuso cuáles serían las partidas computables para liquidar las pensiones de
jubilación de retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones sociales, estas son:
sueldo básico, prima de servicio, prima de alimentación, prima de actividad, subsidio
familiar, auxilio de transporte y la doceava de la prima de navidad. Además, la
pensión se debía liquidar sobre el 75% del último salario devengado.
33. En el expediente, se encuentra acreditado que la liquidación de la pensión de la
demandante incluyó el cómputo del sueldo básico, el subsidio de alimentación y el
auxilio de transporte, así como las doceavas de la bonificación por servicios y de las
primas de servicios, vacaciones y navidad. No se demostró que en el último año la
actora devengó el subsidio familiar ni la prima de actividad.
34. Sobre este último punto, se aclara que el Decreto 1214 de 1990 estableció,
entre otros, las primas de actividad y vacaciones; posteriormente, el presidente de
la República expidió el Decreto 1407 de 1995, «[p]or el cual se establecen unas
equivalencias de cargos para el personal civil de la Policía Nacional que se incorpore a la
planta del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional», «en
desarrollo de las normas generales de la Ley 4ª de 1992 y en armonía con los Decretos 352
y 1301 de 1994», en el cual se previó lo siguiente:
«Artículo 2º. El personal a que se refiere el artículo anterior que por efectos
de la incorporación en virtud de las equivalencias señaladas anteriormente,
resultara devengando una remuneración inferior a la que tenía en la Policía
26
F. 115 del expediente físico.
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Demandante: Rosa Angélica Tunjo Buitrago
Nacional por concepto de sueldo básico, subsidio familiar y primas mensuales
que estuviese devengando tendrán derecho a recibir por concepto de la
asignación básica mensual en el cargo que sea incorporado un valor
equivalente al que había alcanzado en la Policía Nacional mientras
permanezca en este empleo. Para quienes la incorporación no implique
disminución en su remuneración, la asignación básica mensual será la que
corresponda al cargo del cual sea incorporado en el Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.
Artículo 4º. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 89 del
Decreto 1301 de 1994, y en concordancia con el artículo 102 del Decreto 1214
de 1990, para efectos de la liquidación de prestaciones sociales del personal
incorporado a la planta del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, a que hace referencia el artículo 19 del presente Decreto
estarán incluidas dentro de la asignación básica mensual que corresponde al
cargo en que fue incorporado, el salario básico, la prima de actividad, la prima
de alimentación y el subsidio familiar que le pagaba la Policía Nacional como
factor salarial.»
35. Sin embargo, las normas que le sirvieron de sustento, esto es, los Decretos 352
y 1301 de 1994 fueron derogados expresamente por la Ley 352 de 1997, lo que
significa que esta disposición normativa corrió la misma suerte. Así lo entendió esta
Sección en la sentencia proferida el 9 de febrero de 202327 con ponencia del
consejero César Palomino Cortés:
«De acuerdo a lo anterior, y en lo que respecta a los Decretos 1301 y 352 del
1994 estos fueron derogados por la Ley 352 de 1997, razón por la cual los
decretos que reglamentaron estas disposiciones, también corrieron la misma
suerte, tal y como lo indicó esta Colegiatura cuando expuso “…41. Es de
indicar, que este decreto a través de su artículo 65 derogó los Decretos 1301
del 22 de junio de 1994 y 352 del 11 de febrero de 1994, los cuales crearon
el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional
(INSSPONAL), de modo que, tal suerte corrieron los decretos reglamentarios
de dichas disposiciones...”28.»
36. A más de lo anterior, en casos análogos estudiados antes y después de la
sentencia de unificación del 12 de diciembre de 2019, esta Sección ha expuesto que
no es viable la inclusión, por ejemplo, de la prima de actividad porque (i) no se
demostró que la percibió en servicio29; y (ii) porque si bien se demuestra la
vinculación antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, únicamente se
reconoce el régimen prestacional, no el salarial, razón que impide reliquidar la
27
Radicación 25000-23-42-000-2018-00660-01 (4069-2021).
28
Exp. 250002342000201700002-01 (6030-2018) Consejera Ponente. Dra. Sandra Lisset Ibarra
Vélez; Demandante: Gloría Inés Ardila Rey; Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional-
Policía Nacional.
29
Al respecto, se pueden consultar las siguientes sentencias: 13 de mayo de 2021 (3038-19), 7 de
diciembre de 2021 (4666-2019), 27 de enero de 2022 (3047-2021), 3 de febrero de 2022 (1046-
2021), 24 de febrero de 2022 (3015-2021), 3 de marzo de 2022 (1259-2021), 17 de marzo de 2022
(3392-2021), 17 de marzo de 2022 (3254-2020), 24 de marzo de 2022 (5047-2021 y 0459-2021), 7
de abril de 2022 (4128-2019), 21 de abril de 2022 (1048-2021), 5 de mayo de 2022 (2346-2021), 9
de mayo de 2022 (0551-2021), 23 de junio de 2022 (2052-2021), 23 de junio de 2022 (1494-2020),
1 de julio de 2022 (3085-2020), 1 de julio de 2022 (1527-2018), 4 de agosto de 2022 (0936-2021),
18 de agosto de 2022 (2278-2022), 1 de septiembre de 2022 (0338-2022), 12 de septiembre de 2022
(4665-2019), 27 de octubre de 2022 (2253-2019), 17 de noviembre de 2022 (2925-2022), 2 de marzo
de 2023 (0423-2019), 11 de mayo de 2023 (4269-2022), 25 de mayo de 2023 (0031-2022), 15 de
junio de 2023 (2352-2019), 22 de junio de 2023 (4761-2022), 22 de junio de 2023 (3331-2020), 5 de
octubre de 2023 (4197-2021).
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pensión con factores certificados para el año 1995 y anteriores30.
37. De cualquier modo, al comparar la hoja de servicios y el acto de reconocimiento
pensional, encuentra la Sala que la entidad incluyó las partidas certificadas, entre
ellas, la prima de servicios, el auxilio de transporte y el subsidio de alimentación,
razón por la cual deviene improcedente ordenar la inclusión de emolumentos que
ya fueron computados en la liquidación de la pensión y los demás solicitados.
38. Ahora, en lo que concierne a la «inaplicación» del Decreto 2701 de 1988, basta
señalar que, en caso de accederse a esta pretensión, se excluirían de la liquidación
pensional los factores que no están previstos en el Decreto 1214 de 1990, tales
como la bonificación por servicios prestados. Ello haría desfavorable la situación
jurídica de la demandante, razón suficiente para no acceder al cargo de apelación31.
39. No pasa por alto la Sala que la parte demandante sostuvo que el a quo
desconoció algunas sentencias proferidas por esta Corporación, las cuales se
analizan a continuación:
→ Sentencia del 1 de septiembre de 2014, radicación 25000-23-25-000-
2010-00166-01 (1641-12): se negaron las pretensiones y no es un caso análogo,
pues se trató del régimen aplicable a una persona que fue nombrada magistrada
del Tribunal Superior Militar y cuyos tiempos no se podían tener en cuenta.
→ Sentencias del 4 de abril de 2017 y 1 de febrero de 2018, radicación
11001-03-15-000-2017-00615-[00 y 01]: en esta acción de tutela se indicó lo
mismo que en esta providencia, esto es que «el aspecto que determina el régimen
aplicable a los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional
que se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa y de la
Policía Nacional, respectivamente, es que se hubieren vinculado a estas entidades antes
de la vigencia de la Ley 100 de 1993, caso en el cual se les continuará aplicando en su
integridad el Título VI del Decreto-Ley 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen»; sin embargo, se debatía únicamente que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca concluyó que la parte actora no era beneficiaria del Decreto 1214
de 1990 porque se había vinculado en 1995, a pesar de que, en la hoja de
servicios, se demostró que se vinculó en 1991, pero no se indicó nada más.
30
Se puede consultar, por ejemplo, la sentencia del 16 de septiembre de 2021 (5581-18), en la cual
se indicó: «[...] la prima de actividad a la que esta hace mención en sus pedimentos [...], no
corresponde a ninguna de las prestaciones consagradas en el Título VI del Decreto 1214 de 1990
relativo a la seguridad y bienestar social, sino que obedece a un factor de remuneración del servicio
enlistado en el Título III de la norma ejusdem (artículo 38 ibidem), al cual la demandante no tiene
derecho en la medida en que tampoco es beneficiaria de este último precepto, pues aquel desarrolló
el régimen salarial que, como se señaló con antelación, no dependía de la fecha de vinculación
anterior a la Ley 100 de 1993 como sí lo fue el régimen prestacional. [...] De este modo, el evidenciar
que la libelista por haberse vinculado a la entidad demandad antes de la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 tenía derecho a ser beneficiaria únicamente del régimen prestacional, pero no del
salarial del decreto en mención, resulta evidente que tal como lo estimó el Ministerio de Defensa,
Dirección General de Sanidad Militar en los actos administrativos cuestionados y el a quo en la
sentencia impugnada, no podría reconocerse a su favor el concepto laboral deprecado, y por
consiguiente, tampoco sería viable incluirlo como partida computable en la base de liquidación de la
pensión de jubilación».
31
Al respecto, se puede consultar, por ejemplo, las sentencia proferidas el 17 de marzo de 2022
(3254-2020), 27 de octubre de 2022 (2253-2019) y 22 de junio de 2023 (5997-2022).
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20
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→ Sentencias del 30 de marzo y 2 de agosto de 2017, radicación 11001-03-
15-000-2017-00473-[00 y 01]: en esta acción de tutela, únicamente se reprochó
la aplicación errada de una norma [artículo 55 de la Ley 352 de 1997], pero nada
se señaló sobre la inclusión de las partidas que reclama la demandante en el sub
examine.
→ Sentencia del 29 de enero de 2015, radicación 25000-23-42-000-2012-
00733-01 (3406-13): este caso tampoco es aplicable al caso concreto, comoquiera
que se concluyó que la parte demandante no se había incorporado a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa antes de la vigencia de la Ley 100 de
1993, «sino que fue nombrada el 11 de enero de 2011, tomando posesión del cargo el 12
del mismo mes y año, fecha para la cual por virtud del legislador ya el régimen aplicable
era el previsto la Ley 352 de 1997 y normas que la desarrollan» [sic]», razón por la cual
se confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
→ Sentencia del 21 de junio de 2018, radicación 25000-23-42-000-2013-
00667-01 (4861-2015): en este caso se accedió a las pretensiones de la demanda,
bajo el supuesto de que la parte actora se vinculó en 1990 y se ordenó el
reconocimiento de la prima de actividad y el subsidio familiar; sin embargo, este
pronunciamiento no constituye precedente jurisprudencial, en razón a que trató de
una postura aislada que se contrapone al criterio pacíficamente sostenido por esta
Sección que fue señalado anteriormente. A más de esto, con ponencia del mismo
consejero se profirieron sentencias con el criterio opuesto el 22 de octubre de 2020
(3205-2019) y el 5 de mayo de 2022 (2346-2021), cuando señaló que «a la
demandante no le asiste el derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación con la
inclusión de la prima de actividad, toda vez que si bien está incluida como un factor salarial
para el reconocimiento de las prestaciones sociales en el artículo 102 del Decreto 1214
de 1990, lo cierto es que no la devengó durante el último año de servicio»;
igualmente, cuando consideró que «en razón a que se determinó que la demandante
es beneficiaria del régimen prestacional del Decreto 1214 de 1990, su pensión sí debe ser
calculada con base en los haberes señalados en el artículo 102 ibidem, siempre y cuando
los hubiese devengado».
→ Sentencias del 5 de febrero y 29 de agosto de 2018, radicación 11001-
03-15-000-2017-02995-[00 y 01]: en esta oportunidad, se ampararon los derechos
de la parte actora, únicamente con fundamento en que (i) era beneficiario del
Decreto 1214 de 1990 porque se vinculó antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993; y (ii) se debía «analizar en forma integral la situación del actor, para
determinar con certeza su ingreso a la institución y así establecer el régimen prestacional
aplicable, sin embargo, de la revisión de las providencias acusadas se advierte que las
autoridades judiciales no efectuaron un análisis jurídico y probatorio en ese sentido,
desatendieron su obligación de valorar en conjunto las pruebas allegadas al proceso [...]
para efectos de definir si el actor tenía derecho o no al reconocimiento y pago de los
emolumentos pretendidos», es decir que, en este caso, tampoco se ordenó el pago
de los emolumentos con alguna interpretación distinta a la prohijada por esta
Sección.
→ Sentencia del 21 de junio de 2017, radicación 11001-03-15-000-2016-
03516-01: en esta acción de tutela únicamente se expuso que la vinculación de la
parte actora ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, por
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lo tanto, se debían aplicar las disposiciones del Título VI del Decreto 1214 de 1990
[régimen prestacional], asunto que debía determinarse para, «de esta manera
proceder a determinar los factores salariales a los que [tenía] derecho y a tener en cuenta
para reliquidar la referida prestación pensional» y, respecto de la inclusión de las
primas de servicio y alimentación como factores para reliquidación su prestación
pensional, se consideró que el tribunal accionado debía «decidir lo que en derecho
correspond[iera]». Como se observa, en esta ocasión tampoco se consideró que
todos los emolumentos previstos en el Decreto 1214 de 1990 debían ser incluidos;
por el contrario, sostuvo que el análisis correspondía al juez ordinario.
→ Sentencias del 14 de noviembre de 2017 y 28 de noviembre de 2018,
radicación 11001-03-15-000-2017-02511-[00 y 01]: igualmente se trató de una
acción de tutela, en la cual se ampararon los derechos fundamentales de la parte
actora, toda vez que la autoridad judicial no analizó que la vinculación ocurrió en
1990 y, por lo tanto, la normativa aplicable era el Decreto 1214 de 1990, pero en
manera alguna se abordó la procedencia o no de la inclusión de las partidas en la
liquidación pensional.
40. Obsérvese que, en las sentencias antes referidas, citadas por la parte
demandante en el recurso de apelación, nada se mencionó sobre las partidas a
incluir en la pensión de los servidores que se vincularon antes de la entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993 y que eran destinatarios del Decreto 1214 de 1990.
41. A más de lo anterior, comoquiera que en el sub examine se demostró que la
pensión que le fue reconocida a Rosa Angélica Tunjo Buitrago se liquidó con
inclusión del subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, las primas de
servicios, vacaciones y navidad, emolumentos que percibió al momento de su retiro,
no es procedente acceder a lo solicitado en la demanda por tales conceptos.
42. Tampoco puede ordenarse la reliquidación de la pensión con la prima de
actividad y el subsidio familiar, puesto que no acreditó que los devengó en el último
año de servicio, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda.
2.6. Costas de la segunda instancia
43. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas.
2.7. Conclusión
44. Por las razones vertidas en precedencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia, comoquiera que la entidad ya tuvo en cuenta el subsidio de alimentación,
el auxilio de transporte, las primas de servicios, vacaciones y navidad en la
liquidación de su pensión. Tampoco es procedente ordenar la inclusión del subsidio
familiar y la prima de actividad, por cuanto no se demostró que la parte actora los
hubiese devengado al momento de su retiro.
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Demandante: Rosa Angélica Tunjo Buitrago
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de junio de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
LMMO
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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