Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00149-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2018-00149-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
17 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 19001-23-33-000-2018-00149-01 (2925-2022)
Demandante : Cielo Amparo Espinosa Navia
Demandada : Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional
Tema : Reliquidación de pensión de jubilación con los haberes
previstos en el Decreto 1214 de 1990 a personal civil
del Ministerio de Defensa Nacional; régimen salarial y
prestacional del personal civil vinculado al Instituto de
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por las partes
demandante y demandada contra la sentencia de 24 de marzo de 2022 proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 97 a 109 y 122 a 137). La señora Cielo Amparo
Espinosa Navia, a través de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, para que
se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de los oficios S-2017-31746/SUDIR-
GUTAH-29 de 10 de abril de 2017 y 28190/ARPRE-GRUPE 1.10 de 22 de
junio siguiente, mediante los cuales el grupo de pensiones de la Policía Nacional
le negó a la actora el reajuste de la pensión de jubilación con inclusión de las
partidas computables conforme al Decreto 1214 de 1990.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la Policía Nacional reajustar su pensión de jubilación con el sueldo
básico y las primas de actividad y servicios «y demás beneficios prestacionales
consagrados en el Dc 1214/90 título VI artículo 102 […]» (sic); indexar las
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Cielo Amparo Espinosa Navia contra la Nación –
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sumas adeudadas, dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y siguientes del CPACA y sufragar las costas procesales.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la accionante que prestó sus servicios a la
Policía Nacional desde el 10 de agosto de 1993 hasta el 30 de abril de 2014 y
su último cargo fue el de «SERVIDOR MISIONAL» (sic); y, a través de
Resolución 1171 de 21 de julio de 2014, se le reconoció pensión de jubilación
«[…] liquidada sin tomar en cuenta todas las partidas computables previstas
en el artículo 102 del decreto 1214/90 […]» (sic), por lo que deprecó de aquella
el reajuste de su prestación de acuerdo con el Decreto 1214 de 1990, negada por
conducto de los actos acusados.
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 1, 2, 4, 38 y 57
del Decreto 1214 de 1990 y 21 del Decreto 352 de 1994, el Decreto 133 de 1998
y la Ley 352 de 1997.
Aduce que «[…] es beneficiaria del régimen PRESTACIONAL contenido en el
Título VI del Decreto 1214/90, de suerte que para efectos de su pensión de
jubilación, le deben ser incluidas como partidas computables las señaladas en
el artículo 102 del decreto 1214/90, según su fecha de vinculación con la
entidad, solo que la administración de manera errónea liquidó a la demandante
una pensión de jubilación que va en desmedro de sus derechos, y desconoce
bajo argumentos errados el parámetro legal que rige para este tipo de
funcionarios […]» (sic).
1.5 Contestación de la demanda (ff. 152 a 167). La accionada, a través de
apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del libelo introductorio
y se refirió a cada uno de los hechos, en el sentido de que algunos no son ciertos
y otros carecen de esa naturaleza. De igual modo, propuso las excepciones
denominadas presunción de legalidad de los actos acusados, inexistencia de la
obligación, cobro de lo no debido y enriquecimiento sin causa.
Asevera que «[…] el Decreto 2701 de 1988, no preceptúa taxativamente un
postulado que permita realizar indexación sobre las mesadas pensionales, menos
aún ordenar el pago de intereses, máxime cuando en el caso en estudio no se
presenta ocurrencia de una decisión judicial, ni existe ninguna clase de mora o
mero descuido al pagar tales derechos».
1.6 Providencia apelada (ff. 241 a 254). El Tribunal Administrativo del Cauca,
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mediante sentencia de 24 de marzo de 2022, accedió parcialmente a las súplicas
de la demanda (sin condena en costas), al considerar que «[…] si bien, a través
de Oficio No. 028190/ARPRE-GRUPE 1.10 de 22 de junio de 2017, la Policía
Nacional desconoce el régimen ya reconocido en el acto de liquidación de la
prestación al señalar que la demandante se encuentra cobijada por el Decreto
2701 de 19[8]8, no puede perderse de vista que el acto específico que se
encuentra surtiendo efectos jurídicos respecto de la pensión reconocida, es la
Resolución No. 01171 de 21 de junio de 2014, la cual, encuentra esta
Corporación, está ajustada a Derecho en tanto aplicó el marco normativo que
cobija la situación pensional de la demandante, contenido en el Decreto 1214
de 1990» (sic).
Que «[…] respecto de los factores que pretenden sean incluidos […] no se
probó que la demandante devengara durante su vinculación con la entidad la
prima de actividad, por lo que no es posible ordenar su incorporación. En lo
que respecta a la prima de servicios, como se vio, esta fue incluida en la
liquidación de la pensión» (sic).
Concluye que «[…] aunque en el acto de reconocimiento de la pensión se
incluyeron partidas que no se encuentran descritas en el Decreto 1214 de 1990,
no podrán excluirse a pesar de que no están señalados en la norma, para no
menoscabar la situación inicial de la demandante […]. En este estado de las
cosas, le asiste razón a la parte actora en el sentido que el Oficio No.
028190/ARPRE-GRUPE 1.10 de 22 de junio de 2017, se encuentra viciado de
nulidad, por tanto, debe ser expulsado del mundo jurídico, en tanto aduce que
el marco jurídico prestacional de la demandante se encuentra en el Decreto
2701 de 19[8]8, cuando en realidad corresponde al Decreto 1214 de 1990; no
así en cuanto a su pretensión reliquidatoria, pues en el acto que liquidó la
pensión […], se incluyeron las partidas computables y devengadas por la
actora, que se encontraban enlistadas en el artículo 102 del Decreto 1214 de
1990, e incluso, unas adicionales» (sic).
1.7 Los recursos de apelación:
1.7.1 Demandante (ff. 258 a 265). Por conducto de apoderada, interpuso
recurso de apelación, en el que sostiene que «[…] el fallador, olvidó la línea de
tiempo de aplicación normativa, que aconteció al interior del personal que
labora en el sistema de salud de las FFMM., porque dada la fecha de ingreso
de la actora a laborar - 27 DE JUNIO DE 1986, su pensión de Jubilación,
debió ser liquidada de conformidad con los patrones contenidos en el Decreto
3
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1214/90, en tanto que su ingreso a la entidad demandada se produjo con
anterioridad a la vigencia de la ley 100/9[3]. Por ello, y con fundamento en las
normas respectivas, su R[É]GIMEN PRESTACIONAL es el contenido en el
Decreto 1214/90, de suerte [que] su pensión de jubilación debió ser liquidada
con la inclusión de las partidas computables señaladas en el artículo 102, por
la sencilla razón que para ella, ya constituía un derecho adquirido; de suerte
que pretender como lo hizo el Tribunal, una modificación posterior, quebranta
el Principio de Progresividad […]» (sic).
1.7.2 Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (ff. 267 a
281). A través de apoderado, formuló alzada, al estimar que «[…] no le asiste
a la actora derechos a los beneficios contemplados en el Decreto 1214 de 1990,
por estar vinculada con un régimen diferente, toda vez, que su vinculación a la
planta de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, se llevó a
cabo en el año de 1982, razón por la cual, se solicita […] no acceder a las
pretensiones de la demanda en cuanto a la reliquidación de la pensión de
jubilación incluyendo la prima de actividad y demás factores salariales
contenidos en el Decreto 1214 de 1990; al efecto, debe darse plena aplicación
al Decreto 2701 de 1988» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
Los recursos de apelación interpuestos fueron concedidos mediante proveído de
10 de mayo de 2022 (f. 283) y admitidos por esta Corporación a través de auto
de 12 de agosto siguiente (f. 291 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247
del CPACA1, y en la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la
demandante presentó escrito de alegatos de conclusión2, para reiterar los
argumentos de apelación.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar
si a la demandante le asiste derecho o no a la reliquidación de su pensión de
jubilación con inclusión de las partidas previstas en el artículo 102 del Decreto
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
4
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1214 de 1990.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
Lo primero que ha de anotarse es que, por medio del Decreto 2137 de 29 de
julio de 1983, el presidente de la República reorganizó la Policía Nacional e
incorporó a bienestar social como una de las ocho direcciones de la institución
policial3. Dentro de sus funciones se encontraban la proyección y ejecución de
toda la política de la Policía Nacional en materia de bienestar social, en busca
del mejoramiento moral, intelectual y social de los miembros de la institución;
además, de la orientación y coordinación del funcionamiento de las seccionales
en todos los departamentos de policía, a través de los respectivos comandantes.
Respecto del régimen salarial y prestacional del personal civil, dispuso que se
regía por las disposiciones consagradas en el Decreto 610 de 1977, el cual
modificó el estatuto del personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía
Nacionales; norma que con posterioridad fue derogada por el presidente de la
República, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 19 de
19834, a través del Decreto 2247 del 11 de septiembre de 19845.
Mediante el Decreto 2701 de 19886, el presidente de la República, en ejercicio
de las facultades extraordinarias que le otorgó la Ley 5ª de 19887, reformó el
régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las
entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y
comerciales del estado, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa
Nacional y como factores prestacionales, estableció entre otros, la bonificación
por servicios prestados y las primas de servicios, vacaciones y navidad, y para
liquidación de las pensiones, estipuló:
3
Dirección de planeación, dirección operativa, dirección de policía judicial e investigación, dirección
administrativa, dirección de personal, dirección docente, dirección de sanidad y dirección de bienestar social.
4
«Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para reorganizar el
Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y las entidades descentralizadas del sector, y para
modificar las normas que regulan las carreras del personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional».
5
«Por el cual se modifica el Estatuto de Personal Civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional».
6
«Por el cual se reforma el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las
entidades descentralizadas, establecimientos públicos o empresas industriales y comerciales del estado,
adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa Nacional».
7
«Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias relacionadas con las
Fuerzas Militares y de Policía y se dictan otras disposiciones».
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ARTÍCULO 53. FACTORES DE SALARIO PARA LIQUIDACIÓN
DE CESANTÍA Y PENSIONES. Para efectos del reconocimiento y pago
del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los
empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán
en cuenta los siguientes factores de salario.
a) La asignación básica mensual.
b) Los gastos de representación.
c) Los auxilios de alimentación y transporte.
d) La prima de navidad.
e) La bonificación por servicios prestados.
f) La prima de servicios.
g) Los viáticos que reciban los empleados y trabajadores en comisión,
cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta
(180) días en el último año de servicio.
h) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones
legales anteriores al Decreto-ley 710 de 1978.
i) La prima de vacaciones.
j) Las primas y bonificaciones que hubieren sido debidamente otorgadas
con anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del
Decreto-ley 3130 de 1988.
Posteriormente, el artículo 33 de la Ley 62 de 19938 creó el Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional (Inssponal) como un
establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa
Nacional; y, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas en el
artículo 2º de dicha norma al presidente de la República, se expidió el Decreto
1214 de 1990, «Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil
del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional», el cual previó que las personas
que prestaran sus servicios en los establecimientos públicos, empresas
industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta y unidades
administrativas especiales, adscritos o vinculados al Ministerio de Defensa
Nacional, no tienen la condición de personal civil de esa cartera ni de la Policía
Nacional, por lo que se regirían por las normas orgánicas y estatutarias propias
de cada uno de ellos.
En cuanto a los emolumentos prestacionales, el Decreto 1214 de 1990 incluyó
las primas de actividad, servicio, navidad y alimentación; el subsidio familiar y
el auxilio de transporte, y como partidas computables para pensión de
jubilación, las previstas en el artículo 102 de su título VI (sueldo, primas de
8
«Por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias pro témpore para reformar
los estatutos y el régimen prestacional del personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y Civiles del Ministerio
de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; y establece el régimen de la vigilancia privada».
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servicio, alimentación, actividad y navidad; subsidio familiar y auxilio de
transporte).
Luego, el artículo 248 (numeral 6) de la Ley 100 de 1993 9 otorgó facultades
extraordinarias al Gobierno nacional para que, en el término de 6 meses,
organizara el sistema de salud de las fuerzas militares, de la Policía Nacional y
del personal regido por el citado Decreto 1214 de 1990, en lo atinente a: (i)
organización estructural, (ii) niveles de atención médica y grados de
complejidad, (iii) organización funcional, (iv) régimen que incluya normas
científicas y administrativas y (v) régimen de prestación de servicios de salud.
Ahora bien, mediante el Decreto 352 de 199410 fue fijada su estructura orgánica,
objetivos y funciones, así como el régimen prestacional de sus empleados, de la
siguiente manera:
Artículo 21. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto,
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, quedarán
sometidos a los sistemas generales de pensiones y salud establecidos en la
Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones sociales, se les
aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988.
Parágrafo. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales, que al entrar
en vigencia el presente decreto se encuentren prestando sus servicios en
las Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o cualquier otra
dependencia de la Policía Nacional, y por lo tanto se hallen sometidos al
régimen establecido en el Decreto-ley 1214 de 1990, e ingresen al Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, continuarán
cobijados por el régimen de seguridad y bienestar social establecido en el
Título VI del precitado Decreto-ley 1214 de 1990.
Con posterioridad, conforme a las facultades extraordinarias otorgadas al
presidente de la República en el artículo 248 de la Ley 100 de 1993, se profirió
el Decreto 1301 de 199411, en el cual en materia del régimen prestacional se
dispuso:
Artículo 89. Régimen prestacional del personal. Los empleados públicos
y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y
del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional,
9
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
10
«Por el cual se determina la estructura orgánica, objetivos y funciones del establecimiento público
encargado de la seguridad social y bienestar para la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones».
11
«Por el cual se organiza el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del personal
civil del Ministerio de Defensa Nacional y del personal no uniformado de la Policía Nacional, así como del de
sus entidades descentralizadas».
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quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las
demás prestaciones sociales se les aplicará el Decreto-ley 2701 de 1988 y
normas que lo modifiquen y adicionen.
Parágrafo. En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales que ingresen
al instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se hubieren
vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes
de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán cobijados por el Título
VI del Decreto-ley 1214 de 1990.
Para efectos de determinar la planta de personal del Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional (Inssponal), se expidió el Decreto 1407
de 199512, «Por el cual se establecen unas equivalencias de cargos para el
personal civil de la Policía Nacional que se incorpore a la planta del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional», que preceptuó la
equivalencia de los empleos de los servidores vinculados con anterioridad en el
Ministerio de Defensa Nacional, incorporados a la nueva entidad, en los
siguientes términos:
Artículo 1°. Que para efectos de la incorporación del personal civil de la
Policía Nacional a la Planta del Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional establécese las siguientes equivalencias
de cargos:
Policía
Instituto para la Seguridad y Bienestar de la Policía Nacional
Nacional
Grado Nivel profesional Nivel técnico Nivel Asistencial
Auxiliares
Médicos u Otros Administrativos
Policial Tecnólogos Técnicos Secretaria Operativos
Odontólogos Profesionales y del Área de
Salud
[…]
4056-09 5120-17
5040-16
4165-09 4065-07 5120-13 5300-11
Adjunto 5040-14
3020-03 4165-07 4080-09 5120-12 5335-15
Primero 5040-11
4165-07 4080-07 5120-10 5335-11
4085-08 5345-11
[…]
Asimismo, en sus artículos 2º y 4º, el Decreto 1407 de 1995 prescribió:
Artículo 2°. El personal a que se refiere el artículo anterior que por efectos
de la incorporación en virtud de las equivalencias señaladas anteriormente,
12
«Por el cual se establecen unas equivalencias de cargos para el personal civil de la Policía Nacional que se
incorpore a la planta del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional».
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resultara devengando una remuneración inferior a la que tenía en la Policía
Nacional por concepto de sueldo básico, subsidio familiar y primas
mensuales que estuviese devengando tendrán derecho a recibir por
concepto de la asignación básica mensual en el cargo que sea incorporado
un valor equivalente al que había alcanzado en la Policía Nacional
mientras permanezca en este empleo. Para quienes la incorporación no
implique disminución en su remuneración, la asignación básica mensual
será la que corresponda al cargo del cual sea incorporado en el Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.
[…]
Artículo 4°. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 89
del Decreto 1301 de 1994, y en concordancia con el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990, para efectos de la liquidación de prestaciones
sociales del personal incorporado a la planta del Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional, a que hace referencia el artículo
19 del presente Decreto estarán incluidas dentro de la asignación básica
mensual que corresponde al cargo en que fue incorporado, el salario
básico, la prima de actividad, la prima de alimentación y el subsidio
familiar que le pagaba la Policía Nacional como factor salarial.
Al respecto, la Sala advierte que los cargos enunciados en la normativa anterior,
según la aludida equivalencia, corresponden a los estimados en la planta de
personal del Instituto de las Fuerzas Militares adoptada por el Decreto 1406 de
1995, «por el cual se aprueba el Acuerdo número 023, del 23 de junio de 1995
de la Junta Directiva del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, por el cual se establece la Planta de Personal del Instituto
para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, INSSPONAL», los
cuales coinciden con la nomenclatura de empleos de la rama ejecutiva del orden
nacional y, en tal sentido, en relación con quienes fueron vinculados con
posterioridad a su entrada en vigor, la asignación básica les fue reajustada
conforme a los grados previstos en las normas que anualmente expidió el
presidente de la República para tales empleados.
No obstante, la Ley 352 de 199713 restructuró el sistema de salud de las fuerzas
militares y de la Policía Nacional, dispuso la supresión y liquidación de los
precitados institutos y determinó la incorporación de sus empleados a las plantas
de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía
Nacional14. En relación con el régimen prestacional y salarial de estos
empleados, estableció:
13
«Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad
Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional».
14
«ARTÍCULO 53. SUPRESIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS. Ordénase la supresión y
liquidación de los establecimientos públicos denominados Instituto de Salud de las Fuerzas Militares e Instituto
para la Seguridad Social y bienestar de la Policía Nacional, creados mediante el Decreto 1301 del 22 de junio
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Artículo 55. Régimen Prestacional. A los empleados públicos y
trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que
se incorporen a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa
y de la Policía Nacional, respectivamente, y que se hubieren vinculado a
estas entidades antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se les
continuará aplicando en su integridad el Título VI del Decreto ley 1214
de 1990 o las normas que lo modifiquen o adicionen.
Parágrafo. Los demás empleados públicos y trabajadores oficiales que
se incorporen al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional
por virtud de la presente ley quedarán sometidos al régimen de la Ley
100 de 1993. En lo no contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará
lo dispuesto en el Título VI del Decreto ley 1214 de 1990 o las normas
que lo modifiquen o adicionen.
Artículo 56. Régimen salarial. Los empleados públicos y trabajadores
oficiales que se incorporen a las plantas de personal del Ministerio de
Defensa Nacional y de la Policía Nacional por virtud de la presente ley,
continuarán sometidos al mismo régimen salarial que se les aplicaba en
el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o en el Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, según sea el caso
[se destaca].
De la precitada norma se colige que en lo atañedero al régimen prestacional,
esta respetó los derechos adquiridos del personal que venía vinculado con los
Institutos de Salud de las Fuerzas Militares y para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, en el sentido de que quienes estuviesen
vinculados con anterioridad a entrar en vigor la Ley 100 de 1993, continuarían
sometidos a la aplicación integral del título VI del Decreto ley 1214, referido
únicamente a la seguridad y bienestar social15.
A su turno, el Decreto 133 de 1998, «Por el cual se dictan normas para la
liquidación del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional», determinó similares condiciones para la incorporación de servidores
a la planta de la Policía Nacional:
de 1994 y la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, respectivamente, dentro de un plazo máximo de un año, contado
a partir de la vigencia de la presente ley.
[…].
«ARTÍCULO 54. PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente prestan sus
servicios en el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar
de la Policía Nacional, se incorporarán a las plantas de personal de salud del Ministerio de Defensa Nacional
o de la Policía Nacional, según sea el caso, conforme a la reglamentación especial que al respecto expida el
Gobierno Nacional, garantizando los derechos adquiridos y sin tener que presentar o cumplir ningún requisito
adicional».
15
Al respecto ver: Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 21 de junio de 2018,
expediente: 2012-00646 (240-2015), consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
10
Expediente: 19001-23-33-000-2018-00149-01 (2925-2022)
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Artículo 2°. Los empleados públicos que actualmente prestan sus
servicios en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía
Nacional-Inssponal, se incorporarán a la planta de personal de la Policía
Nacional, respetando los derechos adquiridos conforme a lo dispuesto en
el artículo 54 de la Ley 352 de 1997 así:
1. El personal que se incorpore a las plantas de personal en las Direcciones
de Sanidad y Bienestar de la Policía Nacional, cuya estructura orgánica
fue desarrollada mediante Decreto número 2158 del 1° de septiembre de
1997, no requerirán la presentación o cumplimiento de ningún requisito
adicional.
2. En ningún caso la incorporación implica solución de continuidad para
ningún efecto legal ni desmejoramiento en las condiciones laborales y
salariales, ni liquidación de prestaciones sociales para los empleados
públicos que presten sus servicios en el Instituto para la Seguridad Social
y Bienestar de la Policía Nacional y que se incorporen a la planta de
personal de la Policía Nacional.
3. La incorporación no produce la terminación, suspensión o modificación
del vinculo laboral existente de los empleados públicos a incorporar en la
planta de personal de la Policía Nacional.
4. En materia prestacional a los empleados públicos del Instituto para la
Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a la
planta de personal de la Policía Nacional y que se hubieren vinculado a
esta entidad antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les continuará
aplicando en su integridad el Título VI del Decreto 1214 de 1990 y las
normas que lo modifiquen o adicionen. Los demás empleados públicos
que se incorporen a la Policía Nacional por virtud de la Ley 352 de 1997
quedarán sometidos al régimen de la Ley 100 de 1993, y en lo no
contemplado en la Ley 100 de 1993, se les aplicará lo dispuesto en el
Título VI del Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo modifiquen o
adicionen.
5. A los empleados públicos del Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional que se incorporen a la planta de personal
de la Policía Nacional se les aplicará el régimen salarial que rige a los
empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.
Luego, a través de la Ley 1033 de 18 de julio de 2006, el Congreso de la
República unificó las condiciones salariales y prestacionales de los aludidos
servidores, con excepción de las pensionales, a través de un «[…] régimen de
Carrera Especial», objetivo para el cual autorizó al ejecutivo para expedir
normas con fuerza material de ley orientadas a (i) establecer «[…] el sistema
especial de carrera del Sector Defensa, para el ingreso, permanencia, ascenso,
capacitación, estímulos, evaluación del desempeño y retiro de los empleados
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Expediente: 19001-23-33-000-2018-00149-01 (2925-2022)
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públicos civiles no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional,
sus entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas, las Fuerzas Militares y
la Policía Nacional, así como establecer todas las características y
disposiciones que sean competencia de la ley referentes a su régimen de
personal»; y (ii) «[…] modificar y determinar el sistema de nomenclatura y
clasificación de los empleos de las entidades que integran el sector Defensa».
Así las cosas, a partir del momento en el que el servidor se incorporara al nuevo
cargo ajustado a la nomenclatura y clasificación especial para los empleados
civiles no uniformados del sector defensa, devengaría la asignación básica
fijada por el Gobierno nacional para ese grupo de servidores16, que, se advierte,
difiere de aquella que se reconoce a los vinculados a la rama ejecutiva del orden
nacional.
El anterior derrotero fue acogido por la sección segunda de esta Corporación, al
estudiar un caso en el que se reclamaba el reajuste de la asignación básica con
el régimen salarial previsto por el Gobierno nacional para la rama ejecutiva del
orden nacional, mediante sentencia de unificación SUJ-019-CE-S2-19 de 12 de
diciembre de 2019, expediente 25000-23-42-000-2016-04235-01 (901-2018),
consejero ponente César Palomino Cortés, en la que se fijaron las siguientes
reglas de interpretación en torno al tema, así:
Entre la vigencia del Decreto 1301 de 199417 y de la Ley 352 de
199718, aplican las siguientes reglas:
1. En materia salarial: Los empleados públicos vinculados e
incorporados19 al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, se
regían por las normas establecidas por el Gobierno Nacional para los
servidores de los establecimientos públicos del orden nacional. Por
lo tanto, como quiera que estaban vinculados a un órgano del nivel
descentralizado no se regían por las normas establecidas para el
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.
2. En materia de Seguridad Social Integral el régimen aplicable
era el previsto en la Ley 100 de 1993 para los empleados públicos
que se vincularan al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del
Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.
En lo relativo a las demás prestaciones les aplicaba el Decreto
2701 de 1988 y normas que lo modificaron o adicionaron.
16
Ver Decretos 738 de 2009, 1529 de 2010, 1049 de 2011, 843 de 2012, 1020 de 2013, 190 de 2014, 1120 de
2015, 238 de 2016, 1007 de 2017, 326 de 2018 y 1012 de 2019.
17
Publicado en el Diario Oficial No. 41.409, del 27 de junio de 1994
18
Publicada en el Diario Oficial No. 42.965 de 23 de enero de 1997
19
Entiéndase aquellos que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994 se encontraran prestando
servicios en el Ministerio de Defensa e ingresaran al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares
12
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Los empleados públicos vinculados al Ministerio de Defensa
Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100
de 1993 y que se incorporaron al Instituto de Salud de las Fuerzas
Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la
Policía Nacional, continuaron cobijados por el Decreto 1214 de
1990.
A partir de la vigencia de la Ley 352 de 1997 los empleados públicos
que antes prestaban sus servicios en el Instituto de Salud de las
Fuerzas Militares y que fueron incorporados a la planta de salud del
Ministerio de Defensa Nacional, dejaron de pertenecer al sector
descentralizado, y para ellos aplican las siguientes reglas:
1. En materia salarial los empleados públicos del Instituto de Salud
de las Fuerzas Militares que fueron incorporados a la planta de
personal de salud del Ministerio de Defensa quedaron sometidos al
régimen salarial previsto para los empleados de la Rama Ejecutiva
del Poder Público del Orden Nacional (Artículo 3 Num.6 Decreto
3062 de 1997).
2. En materia prestacional los empleados públicos del Instituto de
Salud de las Fuerzas Militares incorporados a la planta de personal
de Salud del Ministerio de Defensa Nacional y que se hubieran
vinculado antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 se les aplicará
en su integridad el Decreto 1214 de 1990 o las normas que lo
modifiquen o adicionen.
Al personal vinculado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993 se les aplicará dicha normativa. En lo no contemplado en
materia prestacional en la Ley 100 de 1993 se les aplicará el Título
VI del Decreto 1214 de 1990 (Parágrafo artículo 55 de la Ley 352 de
1997).
Con la Ley 1033 de 2006 se unificó el régimen de administración de
personal que se aplica al personal civil vinculado a los Organismos y
Dependencias del Sector Defensa. Por ello, los empleos públicos del
personal civil y no uniformado asignados a la Dirección General de
Sanidad Militar pertenecen a la planta de personal del Ministerio de
Defensa Nacional, a quienes se les aplican las siguientes reglas:
1. A partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley 92 de 200720 se
reajustaron las plantas de personal, se establecieron las equivalencias
y se fijaron los sueldos con fundamento en la nomenclatura y
clasificación especial, por ello, los sueldos de los empleados civiles
no uniformados del sector Defensa se empezaron a pagar con base
en la nueva nomenclatura.
[…]
20
Publicado en el Diario Oficial No. 46.514 de 17 de enero de 2007.
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2. En el momento en el que el empleado ocupó el cargo al que fue
incorporado por disposición del Decreto 4783 de 2008, de acuerdo
con la nomenclatura y clasificación especial para los empleados
civiles no uniformados del sector Defensa, empezó a devengar la
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional […].
Lo que quiere decir, que mientras se produjo la incorporación en el
cargo equivalente en la planta global del sector Defensa, de acuerdo
con el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos, el
servidor debió continuar percibiendo la remuneración
correspondiente al empleo que desempeñaba, esto es, según el
régimen salarial fijado por el Gobierno para los empleos de la Rama
Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional21. Efectuada la
incorporación al cargo equivalente en la planta global del Ministerio
de Defensa Nacional, el empleado queda sometido a la escala de
asignación básica fijada por el Gobierno Nacional para los
empleados civiles no uniformados del Ministerio de Defensa
Nacional.
3. En materia prestacional la Ley 1033 de 2006 no introdujo ninguna
modificación, por lo tanto se mantiene el régimen prestacional fijado
en la Ley 352 de 1997 [subraya la subsección].
En ese orden de ideas, la Sala concluye que en materia salarial (remuneraciones,
primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios) los servidores
incorporados a la planta de personal de salud del Ministerio de Defensa
Nacional (hoy dirección general de sanidad militar22) o de la Policía Nacional
en virtud de lo previsto en las Leyes 352 de 1997 y 1033 de 2006, se rigen por
las disposiciones que el Gobierno nacional fijó para los empleados públicos no
uniformados al servicio del Ministerio de Defensa Nacional.
Por su parte, el régimen prestacional es el determinado en la Ley 352 de 1997,
según la cual a los empleados públicos incorporados a las planta de personal de
salud del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional vinculados
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 se les aplicará en su integridad
el Decreto 1214 de 1990 y aquellos que ingresaron con posterioridad se rigen
por dicha Ley, pero en lo no contemplado por esa norma, se remitirá al título VI
del Decreto 1214 de 1990 (parágrafo del artículo 55 de la Ley 352 de 1997).
21
Cfr. Decretos 600 de 2007, 643 de 2008 y 708 de 2009.
22
Ley 352 de 1997. «Artículo 9o. Dirección general de sanidad militar. Créase la Dirección General de
Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, cuyo objeto será
administrar los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, planes
y programas que adopte el CSSMP y el Comité de Salud de las Fuerzas Militares respecto del Subsistema de
Salud de las Fuerzas Militares».
14
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3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Certificación emitida por el jefe de sanidad del Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional el 28 de marzo de 1995, según la cual
la actora prestó sus servicios como médica general del 10 de agosto de 1993 al
3 de enero de 1994 (CD en folio 196).
b) Acta 623 de 4 de enero de 1994, con la que la accionante se posesionó en
condición de médica general, «en la categoría de Especialista Tercero E3» (sic)
en el departamento de Policía del Cauca, nombrada por Resolución 1-219 de 23
de noviembre de 1993 (ff. 2 a 4).
c) Actas 2229 de 2 de octubre de 1995 y 197 de 31 de enero de 1997, a través
de las cuales la actora tomó posesión, en su orden, de los cargos de profesional
universitario 3020-05 y especializado 3010-16 del Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional (CD en folio 196).
d) Acta 282 de 1º de septiembre de 2010, por la que la demandante se posesionó
en el empleo de «Servidor Misional en Sanidad Policial, Código 2-2 Grado 21
de (4) horas, al cual fue INCORPORADO (a) con derechos de Carrera
General, mediante Resolución […] 679 del 20 de agosto de 2010» (sic) [CD en
folio 196].
e) De acuerdo con certificación expedida por el jefe de grupo de procedimientos
de personal del departamento de Policía del Cauca, la demandante ingresó a la
Policía Nacional por «CONTRATO (TIEMPO COMPLETO)» (sic), desde el 10
de agosto de 1993 hasta el 3 de enero de 1994, y de «TIEMPO CIVIL PONAL»
(sic) entre el 3 de enero de 1994 y el 16 de abril de 2014, para un total de tiempo
de servicios de 20 años, 8 meses y 8 días (CD en folio 196).
f) Resolución 266 de 29 de abril de 2014, mediante la cual el director de sanidad
de la Policía Nacional aceptó la renuncia presentada por la accionante al cargo
de «Servidor Misional en Sanidad Policial, Código 2-2 Grado 21» a partir del
30 de abril de 2014 (CD en folio 196).
g) «FORMATO HOJAS DE SERVICIO PERSONAL NO UNIFORMADO» de la
Policía Nacional de 8 de mayo de 2014, según el cual la actora devengó sueldo
básico, primas de servicio, navidad y vacaciones y bonificación por servicios
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prestados (CD en folio 196).
h) Resolución 1171 de 21 de julio de 2014 (f. 5 y vuelto), por medio de la cual
la subdirectora general de la Policía Nacional reconoció pensión de jubilación
a la actora, a partir del 30 de abril de esa anualidad, «[…] de conformidad con
lo previsto en los artículos 98, 117, 118 y 119 del Decreto 1214 de 1990 […]
equivalente al 75% del último salario devengado […] tomando como base las
partidas señaladas en el artículo 102 del mismo decreto […], así:
Sueldo Básico de un SM214 2.568.082,00
Prima de servicios 1/12 107.003,42
Prima de vacaciones 1/12 111.461,89
Prima de Navidad 1/12 232.212,28
Total 3.018.759,58 X 75%
Ingreso Base de Liquidación Mesada Pensional $2.264.069,69»
i) Escrito de 27 de marzo de 2017 (ff. 6 y 7 vuelto), por conducto del cual la
demandante reclama de la Policía Nacional el reajuste de su pensión de
jubilación, «incluyendo como partidas computables [las primas de servicios y
actividad] conforme a lo previsto en el artículo 102 del decreto 1214/90 […]»
(sic).
j) Oficio S-31746 /SUDIR-GUTAH-29 1.10 de 10 de abril de 2017 (f. 8 y
vuelto), con el que la jefe de grupo de talento humano de la dirección de sanidad
de la Policía Nacional remite por competencia la anterior petición «al área de
prestaciones sociales de la Dirección de Talento Humano […]» (sic).
k) Oficio 28190 /ARPRE-GRUPE-1.10 de 22 de junio de 2017 (ff. 9 y 10),
mediante el cual el jefe de grupo de pensiones de la Policía Nacional negó la
solicitud descrita en la letra i, al considerar que «[…] la referida norma [Decreto
2701 de 1988] no contempla el reconocimiento de la Prima de Actividad, razón
por la cual no fue incluida como partida al momento de liquidar el total de la
prestación […]» (sic).
De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la demandante (i) se
vinculó al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional
como médica general del 10 de agosto de 1993 al 3 de enero de 1994; (ii) el 4
siguiente se posesionó en el aludido empleo, «en la categoría de Especialista
Tercero E3» en el departamento de Policía del Cauca; (iii) posteriormente,
desempeñó los cargos de profesional universitario 3020-05 (desde el 2 de
16
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octubre de 1995) y especializado 3010-16 (a partir del 31 de enero de 1997) del
citado Instituto y su último empleo fue el «Servidor Misional en Sanidad
Policial, Código 2-2 Grado 21», entre el 1º de septiembre de 2010 y el 30 de
abril de 2014; (iv) mediante Resolución 1171 de 21 de julio de 2014, la Policía
Nacional le reconoció pensión de jubilación a partir del 30 de abril de esa
anualidad, «[…] de conformidad con lo previsto en los artículos 98, 117, 118 y
119 del Decreto 1214 de 1990 […] equivalente al 75% del último salario
devengado […] tomando como base las partidas señaladas en el artículo 102
del mismo decreto», esto es, sueldo básico y una doceava parte de las primas de
servicios, vacaciones y navidad; y (iv) la demandante pidió el reajuste de la
mencionada prestación con inclusión de la totalidad de los emolumentos
enunciados en el Decreto 1214 de 1990, en particular, las primas de actividad y
servicios, negado con oficio 28190 /ARPRE-GRUPE-1.10 de 22 de junio de
2017.
Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, resulta oportuno advertir que, de
acuerdo con el análisis normativo efectuado en precedencia, la situación salarial
de la demandante se gobernó por las disposiciones generales aplicables a los
empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de Defensa
Nacional, habida cuenta de que su régimen salarial cambió como consecuencia
del ingreso a la planta de personal del entonces Instituto para la Seguridad
Social y Bienestar de la Policía Nacional (Inssponal), y con posterioridad a la
Ley 352 de 1997, que suprimió el mencionado Instituto y prescribió que el
personal que fuera incorporado a la planta del Ministerio de Defensa Nacional
o de la Policía Nacional se rige por las normas que el Gobierno nacional fijó
para los empleados públicos no uniformados al servicio del Ministerio de
Defensa Nacional.
En cuanto al régimen pensional aplicable a la actora, se itera que es el de los
empleados públicos del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional,
que se determina por la fecha de ingreso de cada servidor, de tal suerte que, de
manera general, se rigen por las reglas de la Ley 100 de 1993, con excepción
del personal civil vinculado con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma
(1° de abril de 1994), que se beneficia de las prerrogativas de jubilación de que
trata el Decreto 1214 de 1990.
En el asunto sub examine se encuentra demostrado que la accionante se vinculó
al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional el 10 de
agosto de 1993, en condición de personal civil del Ministerio de Defensa
Nacional antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, razón por la cual,
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de acuerdo con los artículos 279 de la Ley 100 de 1993 y 55 la Ley 352 de 1997,
es beneficiaria del régimen de jubilación contenido en el Decreto ley 1214 de
1990, tal como lo mencionó la accionada en la resolución de reconocimiento
pensional y lo ha reiterado la jurisprudencia de esta jurisdicción23, por lo que le
asiste razón al a quo en cuanto decretó la nulidad del oficio 28190 /ARPRE-
GRUPE-1.10 de 22 de junio de 2017 (acusado), al determinar la Administración
que la normativa que regía la situación de la demandante era el Decreto 2701
de 1988.
Ahora bien, resulta oportuno precisar que el aludido Decreto 1214 de 1990, en
lo atañedero a la liquidación de las prestaciones sociales, prescribió:
Artículo 102. Partidas computables para prestaciones sociales. A
partir de la vigencia del presente Decreto, al personal de empleados
públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que se retire
o sea retirado, se le liquidarán y pagarán las pensiones de jubilación, de
retiro por vejez, de invalidez y demás prestaciones sociales a que tuvieren
derecho, sobre la suma de las siguientes partidas:
a. Sueldo básico.
b. Prima de servicio.
c. Prima de alimentación.
d. Prima de actividad.
e. Subsidio familiar.
f. Auxilio de transporte.
g. Duodécima (1/12) parte de la prima de navidad.
[…]
Parágrafo 2o. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este
artículo, ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados
en este Estatuto será computables para efectos de cesantías, pensiones y
demás prestaciones sociales.
No obstante, en el caso sub judice se observa que la pensión de jubilación de la
demandante se liquidó con inclusión, como partidas computables, del sueldo
básico y una doceava parte de las primas de servicios, vacaciones y navidad, y
no existe constancia o certificación de que ella recibía otro emolumento, por lo
que no es procedente el reajuste pensional.
23
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 5 de
junio de 2020, expediente: 250002342000201605784 01; subsección A, sentencia de 14 de noviembre de 2018,
expediente: 110010315000201702511 00; subsección B, sentencia de 25 de julio de 2018, expediente:
110010315000201800853 01; subsección B, sentencia de 5 de febrero de 2018, expediente:
11001031500020170299500, subsección B, sentencia de 21 de junio de 2017, expediente:
110010315000201603516 01; y subsección A, sentencia de 30 de marzo de 2017, expediente:
110010315000201700473 00.
18
Expediente: 19001-23-33-000-2018-00149-01 (2925-2022)
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Cielo Amparo Espinosa Navia contra la Nación –
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Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°. Confírmase la sentencia de 24 de marzo de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda
en el proceso instaurado por la señora Cielo Amparo Espinosa Navia contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, conforme a lo
consignado en la parte motiva.
2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
19
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