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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05857-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05857-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia del 2 de febrero de 2023 mediante la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Joel Darío Trejos Londoño respecto del auto del 23 de marzo de 2023 proferido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. www.consejodeestado.gov.co 25 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-05857-00 Accionante: Joel Darío Trejos Londoño SEGUNDO: CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia del 2 de febrero de 2023 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó el amparo constitucional solicitado por el señor Joel Darío Trejos Londoño, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-05857-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

11 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05857-01
Accionante: JOEL DARÍO TREJOS LONDOÑO
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso / proceso
disciplinario / defecto sustantivo / defecto fáctico /
decisión sin motivación / violación directa de la
Constitución / sanción de destitución e inhabilidad
general

Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el señor
Joel Darío Tejos Londoño en contra de la sentencia del 2 de febrero
de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

El señor Trejos Londoño interpuso acción de tutela contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial con el fin de obtener la
protección del derecho fundamental al debido proceso
(favorabilidad, separación del investigador y el fallador, derecho a

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05857-00
Accionante: Joel Darío Trejos Londoño

impugnar sentencia condenatoria) con fundamento en los
siguientes:

1. Hechos

1.1. La Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura por
medio del auto del 19 de julio de 2017 ordenó la apertura de
investigación disciplinaria en contra del hoy accionante, quien en su
momento fungía como magistrado de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Villavicencio, con fundamento en varios informes de
prensa que referían hechos de corrupción.

1.2. En virtud de lo establecido en el Acuerdo PCSJA21-11710 del
8 de enero de 2021, el proceso disciplinario fue remitido a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial bajo el radicado núm.
11001-01-02-000-2017-01149-00, dentro de la cual mediante auto
del 17 de enero de 2022 se declaró el cierre de la investigación
disciplinaria y, en providencia del 23 de marzo del mismo año, se
formuló pliego de cargos en contra del hoy accionante, por la
presunta comisión de la falta gravísima descrita en el numeral 1.º
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

1.3. Dentro del mencionado proceso disciplinario se profirió
sentencia el 15 de julio de 2022, en la que se absolvió al señor Trejos
Londoño por la conducta de retardar un acto propio de su cargo,
pero lo declaró disciplinariamente responsable por haber aceptado
retribuciones y promesas remuneratorias de algunos procesados,
por lo que se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad
general por 20 años.

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Accionante: Joel Darío Trejos Londoño

2. Fundamentos de la acción

La parte accionante manifestó que con la decisión proferida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial se vulneró su derecho
fundamental al debido proceso.

Señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en una decisión
sin motivación y en violación directa de la Constitución al no
permitir la impugnación de la sentencia sancionatoria bajo el
argumento de que los procesos disciplinarios contra magistrados de
tribunales son de única instancia, norma que, según la accionada,
goza de presunción de constitucionalidad, pues con ello desconoció
lo prescrito en los artículos 4.º y 93 de la Carta Política en conjunto
con el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

De igual forma, indicó que la providencia atacada adolece de un
defecto fáctico argumentando que «en relación con el
razonamiento esbozado para determinar mi responsabilidad
disciplinaria, distinto del utilizado en el pliego de cargos formulado,
de forma que se vulneró el principio de congruencia, a partir de una
indebida valoración probatoria.»

Asimismo, sostiene que la providencia objeto de la presente acción
de tutela incurrió en un defecto sustantivo, al haberse aplicado de
manera incorrecta la Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único,
dado que en el curso del proceso disciplinario entró en vigencia la
Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario, la cual es más
favorable para el accionante, toda vez que la nueva legislación
estableció la separación de las funciones de investigador y juzgador,
garantía que no se aplicó en su caso porque la magistrada titular del

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proceso participó tanto en la formulación del pliego de cargos como
en la ponencia de la sentencia.

Finalmente, consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en
una indebida notificación del fallo sancionatorio, puesto que «Así,
supuestamente se notificó el viernes 15 de julio a las 18:12 de
manera personal a través del correo electrónico y se tuvo por
notificado el 19 del mismo mes, a pesar de que en otras
comunicaciones (como la referida al auto que rechazó el recurso de
queja) se hizo referencia a la aplicación de la Ley 2213 de 2022,
cuyo artículo 8, inciso 3, dispone que esta se entenderá surtida
pasados dos días hábiles al envío del mensaje, por lo que se
entendería, por tanto, notificado el 21, teniendo en cuenta que el 20
de julio fue festivo.»

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Solicito que se conceda el amparo de mis derechos y garantías fundamentales
al debido proceso, a la favorabilidad en materia disciplinaria, a impugnar el fallo
sancionatorio, a la imparcialidad, a la presunción de inocencia y al derecho de
defensa, en particular a que el fallo se profiera por funcionario distinto de quien
investigó y acusó, y a que el mismo sea congruente con la acusación.

2. En consecuencia, solicito al juez de tutela que deje sin efectos la providencia
del 23 de marzo de 2022 por la que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
dentro del expediente radicado con el número 110010102000201701149 00 por
la cual se formuló cargos al suscrito Joel Darío Trejos Londoño y lo demás
actuado a partir de esa fecha en el mismo proceso, para que se rehaga con el
pleno respeto del debido proceso, circunstanciado debidamente los hechos por
los que deberá emitirse el fallo, y disponiendo que se separe el investigador
acusador del fallador.

3. En subsidio de lo anterior, solicito que se deje sin efectos el fallo por el cual
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial me declaró disciplinariamente
responsable y me impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el

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término de 20 años en el ejercicio del cargo, y se ordene la emisión de un fallo
por personas diferentes de quien formuló pliego de cargos, tal como lo dispone
el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario (más
favorable) y el precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia del 8 de julio de 2020,
reconociendo igualmente la garantía de la doble instancia, acorde con el artículo
8.2 literal h de la Convención Americana de los Derechos Humanos; artículo 29
inciso 2 de la Constitución Política de Colombia y del artículo 12 de la Ley 1952
de 2019, modificada por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021 que entró a regir
el pasado 29 de marzo del año en curso.

4. En subsidio de lo anterior, que se ordene la debida notificación del fallo, y que
se disponga que contra el mismo procede el recurso de apelación o el que haga
sus veces en garantía del derecho a impugnar la sentencia condenatoria.

5. En subsidio de lo anterior, que se ordene que contra el fallo se permita el
recurso de apelación o impugnación especial en garantía de la doble instancia.

6. Pido al Honorable Consejo de Estado, en su función de juez constitucional,
proferir las correspondientes decisiones de sustitución, en las que no se
desconozcan los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.»

4. Intervenciones

Mediante auto del 21 de noviembre de 2022, el despacho
sustanciador admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como
accionado.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por conducto de la
magistrada ponente de la decisión sancionatoria, indicó que la
presente solicitud de amparo no satisface el requisito general de
inmediatez, toda vez que no se interpuso dentro de un plazo
razonable.

Adicionalmente, argumentó que de acuerdo con el artículo 73 de la
Ley 2094 de 2021, al accionante no le era aplicable el Código General
Disciplinario, toda vez que al haberse notificado el pliego de cargos

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antes del 29 de marzo de 2022 la Ley 734 de 2002 conservaba su
vigencia, la cual no le imponía a la magistrada sustanciadora el deber
de separarse del fallo al haber participado en la sustanciación del
pliego de cargos.

De la misma forma, sostuvo que la presente acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional al no encontrar
demostrada la vulneración de los derechos fundamentales alegados.
Por otra parte, afirmó no tiene lugar el argumento relacionado con
la indebida notificación de la sentencia del 15 de julio de 2022, dado
que según el artículo 205 del Código Disciplinario Único, aquella
providencia quedaba ejecutoriada al momento de su suscripción, lo
que, en el caso concreto, ocurrió en la fecha mencionada.

Por último, precisó que la acción de tutela contra providencias
judiciales no puede utilizarse como una instancia adicional del
proceso ordinario, principalmente cuando a partir de la normatividad
aplicable y las pruebas adjuntadas al proceso se demostró que el
accionante aceptó retribuciones y promesas remuneratorias de
procesados.

El secretario judicial de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial informó que la sentencia objeto de la presente acción de
tutela se profirió el 15 de julio de 2022 con la presencia de todos los
magistrados que integran la Sala Plena de dicha Corporación y con
el voto favorable de 4 de ellos, por lo que consta que dicha decisión
cumplió con el requisito necesario para su validez.

Por otra parte, precisó que la ejecutoria de la mencionada
providencia atacada no se encuentra supeditada al acto de
notificación, ya que de acuerdo con el artículo 205 de la Ley 734 de
2002, la misma quedará ejecutoriada al momento de su suscripción.

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5. Providencia impugnada

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante sentencia del 2 de febrero de 2023 declaró improcedente
la acción de tutela respecto del auto del 23 de marzo de 2022 (que
formuló pliego de cargos) y frente a la sentencia sancionatoria en
relación con los defectos sustantivo, decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución. Asimismo, negó el amparo frente
al defecto procedimental alegado.

Al efecto, señaló que existen razones suficientes para declarar la
improcedencia de la acción de tutela respecto del auto del 23 de
marzo de 2022 al no cumplir con el requisito de inmediatez, dado
que la misma no se interpuso dentro de un plazo razonable, más si
se tiene en cuenta que el accionante no evidenció ninguna
circunstancia que impidiera radicar la solicitud de amparo dentro de
ese plazo.

De igual forma, declaró la improcedencia de los defectos sustantivo,
decisión sin motivación y violación directa de la Constitución por falta
de relevancia constitucional, toda vez que los argumentos expuestos
por la parte accionante resultan ser de mera legalidad y no pueden
ser debatidos a través de la acción de tutela.

En ese sentido, argumentó que la simple discrepancia entre lo
decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no permite dar por cumplido el requisito de relevancia
constitucional, máxime si se trata de una acción de tutela contra
providencia judicial, dado que es un mecanismo excepcional que
busca la protección de los derechos fundamentales.

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Asimismo, adecuó el defecto fáctico alegado por el accionante a un
presunto defecto procedimental por la supuesta violación del
principio de congruencia entre el pliego de cargos y la sentencia
sancionatoria debido a una variación fáctica. Sin embargo, consideró
que la autoridad judicial accionada no vulneró ningún principio, ya
que el pliego de cargos sí hizo alusión a la aceptación de promesas
remuneratorias, la cual se encontraba subsumida dentro del delito
contemplado en el artículo 405 del Código Penal, por lo que no hubo
variación alguna de los cargos.

Por último, con respecto a la indebida notificación de la providencia
del 15 de julio de 2022, indicó que la misma se ajustó a la
normatividad aplicable, en virtud de lo dispuesto en el artículo 205
de la Ley 734 de 2002, en el que se establece que la sentencia de
única instancia quedaba ejecutoriada al momento de su suscripción.

6. Impugnación

Contra la decisión precitada la parte accionante presentó
impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos
planteados en la acción de tutela.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la
presente controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción
de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del

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Decreto 2591 de 1991; el Decreto 333 de 2021 y demás normas
concordantes.

2. Problema jurídico

Esta Sala de Subsección debe precisar que, a partir de lo observado
del escrito de tutela e impugnación, los reparos alegados por el
demandante se dirigen contra la sentencia del 15 de julio de 2022
proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por lo que
el presente análisis se centrará en la providencia mencionada.

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe en determinar si la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, al proferir la sentencia de única
instancia del 15 de julio de 20221, que sancionó al señor Joel Darío
Trejos Londoño con destitución e inhabilidad general por el término
de 20 años en el ejercicio del cargo, incurrió en los defectos
sustantivo, procedimental, decisión sin motivación y violación directa
de la Constitución y, por consiguiente, en la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso del accionante.

Previamente a lo anterior, se deberá verificar la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia cuestionada.

Para dar respuesta a los anteriores planteamientos se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) defecto

1
La Sala debe precisar que aunque también se cuestiona el auto del 23 de marzo de 2022 proferido por
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, centrará su análisis en la sentencia del 15 de julio de 2022,
dado que esta providencia es la que puso fin al proceso y el accionante utiliza los argumentos para atacar
dicha decisión.

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sustantivo; iv) defecto procedimental; v) defecto decisión sin
motivación; vi) violación directa de la Constitución; y vii) el caso
concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii)
defecto sustantivo, iv) defecto fáctico y vi) el caso concreto.

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece,
y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta
le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-
000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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medida las controversias que allí surjan son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a
estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el
proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar
un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción
cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad
procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique
la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente
en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii)
defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v)

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violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del
precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos
que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.

3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada
se profirió el 15 de julio de 2022 y la acción de tutela se presentó el
4 de noviembre del mismo año.

3.1.4. Finalmente, en lo relacionado con el requisito de relevancia
constitucional, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha
delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un
asunto tiene una marcada importancia4. Así, en sentencia T-114 de
2002, indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito
cuando de ellos se desprenden violaciones a los derechos
fundamentales.

En efecto, ha señalado que:

4
Corte Constitucional. Sentencia T 136 de 2015. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa.

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«[…] la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes».5

Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el
asunto a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la
medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia de un defecto sustantivo, un
defecto procedimental, una decisión sin motivación y una violación
directa de la Constitución en que presuntamente incurrió la autoridad
judicial accionada.

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de
tutela en cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la
vulneración de derechos fundamentales alegada.
3.3. Del defecto procedimental

En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando
el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa
completamente al margen del procedimiento judicial establecido6. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede
configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental
absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto7.

5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.

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En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los
administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente
ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes
del proceso” 8 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de
defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles
sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación,
con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de
fondo y la violación a los derechos fundamentales”9 […]».

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los
procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho
sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan una
denegación de la justicia10. Este defecto procedimental puede llegar
a afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder
a la administración de justicia cuando: i) se inaplican normas
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales
de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de
manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas
imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea
comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental

8
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,

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en la apreciación de las pruebas, v) o se omite el decreto oficioso
de pruebas cuando a ello hay lugar11.

Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requieren: i) que trate de un error procedimental grave y
trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de
la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido
proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna
otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso,
a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del
caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren
derechos fundamentales12.

3.4. Del defecto material o sustantivo:

De conformidad con la jurisprudencia constitucional13, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales14, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e)

11
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004,
T-289 de 2005 y T-053 de 2012.
12
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770
de 2014.
13
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de
2015, entre otras.
14
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

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está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación
fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra
dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no
se da aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son
aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición”15.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una
contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos
que la explican. En este orden de ideas, se produce cuando la
decisión “(vi) se funda en una hermenéutica no sistémica de la
norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que
regulan el caso, (vii) cuando desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso en concreto,(viii) no se encuentra
debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales
(ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de
inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la
Constitución”16. Este defecto, se presenta ante situaciones
excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial
es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de
no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente17.

15
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
17
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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3.5. Decisión sin motivación

La jurisprudencia constitucional18 ha señalado que la falta de
motivación de una providencia como causal de procedencia de una
tutela contra providencia judicial, surge cuando la sentencia o auto
atacado carece de legitimación, debido a que el funcionario judicial
encargado de adoptar determinada decisión incumplió su obligación
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que la
soportan, lo cual deriva en una decisión arbitraria que desconoce
derechos fundamentales.

En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional19 ha establecido
los criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió
un defecto por falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede
estructurarse en cualquier descuerdo que exista con la justificación
de la providencia atacada. Para ello y con el fin de respetar el
principio de autonomía y razonamiento del juez, su configuración
procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o
inexistente y “se activa únicamente en los casos específicos en que
la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un
mero acto de voluntad del juez, es decir en una arbitrariedad20”.

Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional21 que cuando se
estipule que una providencia judicial incurrió en falta de motivación
debido a la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido el
juez constitucional debe salvaguardar el derecho de los accionantes
a obtener respuestas razonadas que además le permitan ejercer su
derecho de contradicción, ya que aceptar una decisión que no
sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la

18
Sentencia C-590 de 2005
19
Sentencia T-233 de 2007
20
Sentencia T-709 de 2010
21
Sentencia T-041 de 2018

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función judicial que ostentan los administradores de justicia,
situación que además conllevaría a una flagrante violación del
derecho al debido proceso.

3.6. De la violación directa de la Constitución

Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones
ha referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado
en el artículo 4° de la carta política, según el cual «la Constitución
es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales»22.

La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede
la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una
disposición ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al
margen de los dictados de la carta:

«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que
procede la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y
aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional;
(ii) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (iii)
cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución. En el
segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus
fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad»23.

Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede
tener una relación directa con otras causales especiales de

22
Sentencia SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
23
Sentencias T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.

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procedencia, como los defectos sustantivos o el desconocimiento del
precedente, la fuerza normativa de la constitución (art. 4°) implica
que esta sea reconocida como una causal independiente.

4. Caso concreto

En el presente asunto se decide la impugnación presentada por la
parte accionante en contra de la sentencia del 2 de febrero de 2023
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de los defectos sustantivo,
decisión sin motivación y violación directa de la Constitución y negó
el amparo solicitado respecto del defecto procedimental dentro de la
acción de tutela interpuesta por el señor Joel Darío Trejos Londoño
en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La parte accionante alega que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial vulneró su derecho fundamental al debido proceso al proferir
la sentencia del 15 de julio de 2022, a través de la cual lo declaró
disciplinariamente responsable de haber aceptado retribuciones y
promesas remuneratorias de algunos procesados y, en
consecuencia, lo sancionó con destitución e inhabilidad general por
el término de 20 años en el ejercicio de su cargo.

Para resolver, esta sala de subsección considera:

4.1. El accionante señaló que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial incurrió en un defecto sustantivo, una decisión sin
motivación y una violación directa de la Constitución por la
respuesta negativa de dicha autoridad de permitirle impugnar la
sentencia y de separar los roles dentro del proceso disciplinario de
investigador y juzgador, a partir de lo establecido en los artículos

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29, 85 y 93 de la Constitución Política y el 8.2.h de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto, se observa que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, dentro de la providencia atacada, tuvo en cuenta, sobre
dicho aspecto, lo siguiente:

«2.1. En orden a resolver la solicitud del disciplinable en sus alegaciones finales,
en el sentido de que se tomen las "previsiones correspondientes, a efectos de
que, por el principio de favorabilidad (Articulo 14 Código Disciplinario Único
(por el cual se tramita la presente actuación), se me brinden las garantías
constitucionales y convencionales referidas al debido proceso constitucional y
legal, el derecho fundamental a impugnar la sentencia condenatoria; y el de la
separación del investigador y el juzgador. Ello en aplicación directa de los
Artículos 29, 85 y 93 Constitucionales, 8. 2. h. de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (ratificada por Colombia bajo la Ley 16 de 1972),
Articulo 14.5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y acorde
igualmente con la Sentencia SU-146 del 21 de mayo de 2020", debe decirse lo
siguiente:

De acuerdo con el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el
artículo 71 de la Ley 2094 de 2021, ‘A la entrada en vigencia de esta ley, los
procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o
instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar
bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará
el procedimiento previsto en esta ley’. (Se resalta).

El Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) entró a regir el pasado 29
de marzo de 2022 (salvo el artículo 33), por virtud de lo previsto en el precepto
73 de la Ley 2094 de 2021.

En el presente caso, se tiene que el disciplinable, según consta en este
expediente, informó haber recibido el ‘pasado 24 de marzo del año en curso’ el
‘pliego de cargos que me fue formulado’, por lo que notificado el pliego de
cargos antes del 29 de marzo de 2022, es claro que a este asunto se rige hasta su
sentencia por la Ley 734 de 2002, al haberlo dispuesto así el legislador
expresamente.

Teniendo en cuenta que el artículo 263 del Código General Disciplinario
estableció las reglas para la transición de legislación de aquellos asuntos que se
iniciaron bajo el anterior estatuto procesal, esta Corporación entiende que en
atención al principio de legalidad que rige el procedimiento y la seguridad
jurídica que ampara las actuaciones judiciales, no es viable acceder a lo alegado
por el disciplinable.

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Lo anterior teniendo en cuenta que el legislador goza de libertad de
configuración que solo está limitada por “los principios de justicia y equidad y
los fines constitucionales de convivencia pacífica y de vigencia de un orden
justo”, y los compromisos convencionales del Estado Colombiano no surgieron
con el denominado fallo Petro, con ocasión de las sanciones disciplinarias
impuestas a los servidores de elección popular dentro de un proceso
administrativo, pues la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículo 8º, numeral 2º, literal h), cuya aceptación de competencia contenciosa
de la Corte IDH surgió a partir del 21 de junio de 1985, sin que se haya
determinado para la Corte Constitucional o la Corte Interamericana que la
normatividad disciplinaria aplicable a los funcionarios judiciales, sea contraria a
esta disposición.

Además, respecto de todas las normas de la Ley 734 de 2002 alusivas a las
sentencias de única instancia dictadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, o incluso, del numeral 3° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, tal
como lo ha considerado la Corte Constitucional, es indudable la ‘presunción de
constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas’ (Sentencia C- 015
de 2014; se resalta).
(…)
En consecuencia, se despachará desfavorablemente la solicitud realizada por el
disciplinable en sus alegaciones finales, precisamente para garantizar los ritos
propios del juicio consustanciales al debido proceso.»

De conformidad con lo anterior, no encuentra la Sala que en el
proceso disciplinario aquí cuestionado hubiere ocurrido un defecto
sustantivo, una decisión sin motivación o una violación directa de la
Constitución, en tanto que la autoridad judicial accionada actuó
conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002, dado que era la
normatividad aplicable y vigente para el asunto.

De igual forma, se observa que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial resolvió la solicitud de aplicación, por favorabilidad, del
Código General Disciplinario, frente a lo cual precisó que ello no era
procedente teniendo en cuenta que su entrada en vigor ocurrió el 29
de marzo de 2022, por virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la
Ley 2094 de 2021, el cual estableció lo siguiente:

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«ARTÍCULO 73. Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual
quedará así:

ARTÍCULO 265. Vigencia y Derogatoria. Las disposiciones previstas en la
presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 2019, que no son objeto de
reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante
este período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.
Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las
palabras y la consulta que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley
1123 de 2007.

Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las normas relacionadas con
la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia.»

Asimismo, el artículo 263 del Código General Disciplinario estableció
las reglas para la transición de legislación, de la siguiente manera:

«ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. A la entrada en vigencia de
esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de
cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuaran su trámite hasta
finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se
aplicará el procedimiento previsto en esta ley».

En consecuencia, la autoridad judicial precisó que el pliego de cargos
dentro del proceso disciplinario fue notificado antes del 29 de marzo
de 2022, por lo que el asunto debía tramitarse hasta su sentencia
bajo las previsiones contenidas en la Ley 734 de 2002, de acuerdo a
lo dispuesto por el Legislador.

Por otra parte, no es de recibo para la Sala cuando el actor
manifiesta que la autoridad judicial accionada transgrede los
preceptos constitucionales establecidos por la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2.h, toda vez
que ni la Corte Constitucional o la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha determinado que la normatividad disciplinaria aplicable
a los funcionarios judiciales va en contravía de dicha disposición.

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Así las cosas, por las consideraciones antes expuestas estima la Sala
que en el presente asunto no se configura un defecto sustantivo, una
decisión sin motivación o una violación directa de la Constitución
endilgado por la parte accionante.

4.2. Por otra parte, el accionante sostiene que la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial incurrió en un defecto procedimental por la
presunta vulneración al principio de congruencia entre el pliego de
cargos y el fallo sancionatorio, y la indebida notificación de la
sentencia del 15 de julio de 2022.

En primera medida, la vulneración al principio de congruencia se
argumenta por la presunta variación con respecto a que dentro del
pliego de condiciones se determinó una presunta entrega efectiva
del dinero, mientras que en la sentencia sancionatoria se refirió a la
aceptación de promesa remuneratoria.

Sobre este punto, la Comisión Nacional de Disciplina, en la
providencia del 23 de marzo de 2022, dijo lo siguiente:

«(…), lo cual permite acreditar, objetivamente, junto con otros elementos de
juicio, se itera, de forma preliminar, la existencia de la infracción disciplinaria,
pues da cuenta de la recepción, por parte del señor Joel Darío Trejos Londoño,
de varias dádivas y de promesa remuneratoria para omitir adoptar decisión en un
proceso penal que cursaba ante el Tribunal Superior de Villavicencio.

(…)

En vista de lo anterior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial considera
que el señor Joel Darío Trejos Londoño, en su condición de Magistrado de la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio,
posiblemente incurrió en la falta gravísima descrita en el numeral 1º del artículo
48 de la Ley 734 de 2002 en concurso homogéneo, en concordancia con el
artículo 405 de la Ley 599 de 2000, lo que constituye falta disciplinaria según lo
previsto por el artículo 196 de la Ley 734 de 2002; por lo que se formulará pliego
de cargos en su contra».

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Por lo anterior, se observa que, en el auto del 23 de marzo de 2022,
al momento de proceder con la evaluación del mérito de la
investigación disciplinaría, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
indicó que la conducta del señor Trejos Londoño posiblemente
encuadraba dentro del delito establecido en el artículo 405 del
Código Penal, por haber recibido varias dádivas y promesas
remuneratorias para omitir adoptar decisión en un proceso penal que
cursaba ante el Tribunal Superior de Villavicencio - Meta24.

Por último, con respecto a la supuesta indebida notificación de la
sentencia del 15 de julio de 2022, esta Sala de Subsección advierte
que los trámites adelantados por la autoridad judicial accionada se
realizaron conforme a la normatividad contenida en la Ley 734 de
2002, dado que la sentencia se notificó por medio de correo
electrónico y por edicto, tal como lo permite la norma.

Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en
el presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad, toda vez que las conclusiones a las que
llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso no
obedecieron a un capricho o arbitrariedad ni se fundaron en su
simple voluntad, sino que, por el contrario, se basaron en un
razonable ejercicio de interpretación normativa y jurisprudencial,
contrastada con los contornos fácticos del caso, que llevó a tomar la
decisión adversa a las pretensiones de la demanda.

Por lo tanto, es menester recordar que las discusiones adelantadas
en el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través
de la tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional
en una instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para

24
Folio 92-93 del cuaderno 4 del expediente con radicado No. 11001-01-02-000-2017-01149-00.

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estudiar los argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo
probado dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y
análisis que le sirvieron de soporte.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez de
tutela se activa únicamente en los casos específicos en que se
evidencia una argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente,
o inexistente al punto que se torna arbitraria, y por no advertirse
vulneración alguna de derechos fundamentales, esta Sala de
Subsección modificar la sentencia de 2 de febrero de 2023, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo frente a los
defectos sustantivos, decisión sin motivación y violación directa de
la Constitución y confirmar en todo lo demás.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia del 2 de
febrero de 2023 mediante la cual la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el
señor Joel Darío Trejos Londoño respecto del auto del
23 de marzo de 2023 proferido por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

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SEGUNDO: CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia del 2 de
febrero de 2023 de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, que negó el amparo
constitucional solicitado por el señor Joel Darío Trejos
Londoño, pero por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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