Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05857-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05857-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05857-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
2 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 2 de febrero de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05857-00
Demandante: Joel Darío Trejos Londoño
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Inmediatez/ Relevancia
constitucional. Defecto procedimental por falta de congruencia e indebida notificación –
no se configura
Síntesis del caso: Se enjuicia la sentencia que condenó al actor, en su condición de
magistrado de tribunal, dentro de un proceso disciplinario adelantado en su contra.
De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Joel
Darío Trejos Londoño contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 3 de noviembre de 2022, Joel Darío Trejos Londoño presentó
acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso
(favorabilidad, separación del investigador y el fallador, derecho a
impugnar sentencia condenatoria), con ocasión del Auto de 23 de marzo
de 2022 y la Sentencia de única instancia proferida el 15 de julio de 2022,
dentro del proceso disciplinario con radicado No. 11001-01-02-000-2017-
01149-00.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora pidió (se trascribe):
“1. Solicito que se conceda el amparo de mis derechos y garantías
fundamentales al debido proceso, a la favorabilidad en materia disciplinaria,
a impugnar el fallo sancionatorio, a la imparcialidad, a la presunción de
inocencia y al derecho de defensa, en particular a que el fallo se profiera por
funcionario distinto de quien investigó y acusó, y a que el mismo sea
congruente con la acusación.
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05857-00
Demandante: Joel Darío Trejos Londoño
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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2. En consecuencia, solicito al juez de tutela que deje sin efectos la
providencia del 23 de marzo de 2022 por la que la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, dentro del expediente radicado con el número
110010102000201701149 00 por la cual se formuló cargos al suscrito Joel Darío
Trejos Londoño y lo demás actuado a partir de esa fecha en el mismo proceso,
para que se rehaga con el pleno respeto del debido proceso, circunstanciado
debidamente los hechos por los que deberá emitirse el fallo, y disponiendo
que se separe el investigador acusador del fallador.
3. En subsidio de lo anterior, solicito que se deje sin efectos el fallo por el cual la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial me declaró disciplinariamente
responsable y me impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el
término de 20 años en el ejercicio del cargo, y se ordene la emisión de un fallo
por personas diferentes de quien formuló pliego de cargos, tal como lo
dispone el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario (más
favorable) y el precedente jurisprudencial de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia del 8 de julio de 2020,
reconociendo igualmente la garantía de la doble instancia, acorde con el
artículo 8.2 literal h de la Convención Americana de los Derechos Humanos;
artículo 29 inciso 2 de la Constitución Política de Colombia y del artículo 12 de
la Ley 1952 de 2019, modificada por el artículo 3 de la Ley 2094 de 2021 que
entró a regir el pasado 29 de marzo del año en curso.
4. En subsidio de lo anterior, que se ordene la debida notificación del fallo, y
que se disponga que contra el mismo procede el recurso de apelación o el
que haga sus veces en garantía del derecho a impugnar la sentencia
condenatoria.
5. En subsidio de lo anterior, que se ordene que contra el fallo se permita el
recurso de apelación o impugnación especial en garantía de la doble
instancia.
6. Pido al Honorable Consejo de Estado, en su función de juez constitucional,
proferir las correspondientes decisiones de sustitución, en las que no se
desconozcan los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) Mediante Auto de 19 de julio de 2017, la entonces Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó la
apertura de una investigación disciplinaria contra Joel Darío Trejos
Londoño, quien fungía como magistrado en propiedad de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Villavicencio, con fundamento en informes de
prensa que referían el hecho de corrupción de (se trascribe) “entrega de
dádivas y dineros a cambio de torcer decisiones judiciales”.
5. 2) En virtud de lo dispuesto por el Acuerdo PCSJA21-117102, el
aludido proceso fue remitido a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
el 8 de febrero de 2021, la cual, después de declarar la nulidad de lo
actuado, en Auto de 17 de enero de 2022, dispuso el cierre de la
investigación y, en Auto de 23 de marzo de 2022, formuló pliego de cargos
contra Joel Darío Trejos Londoño por la presunta incursión en la falta
2 “Por el cual se reglamenta el reparto de asuntos en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
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Demandante: Joel Darío Trejos Londoño
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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gravísima descrita en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 20023, en
concordancia con el artículo 405 de la Ley 599 de 20004.
6. 3) En la etapa de alegatos, el señor Trejos Londoño solicitó que se le
brindaran las garantías de separación del investigador y el juzgador, así
como la de impugnar el fallo sancionatorio, previstas en el Código General
Disciplinario.
7. 4) El 15 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
profirió fallo, en el cual, de manera previa, se pronunció sobre la solicitud
del disciplinable en sus alegaciones y, luego, resolvió el caso a la luz de la
falta gravísima descrita en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002 en concordancia con el artículo 405 de la Ley 599 de 2000, en el
sentido de que absolvió al señor Trejos Londoño por la conducta de
retardar un acto propio de su cargo, pero lo declaró disciplinariamente
responsable por haber aceptado retribuciones y promesas remuneratorias
de los procesados para ejecutar un acto contrario a sus deberes oficiales.
En consecuencia, lo sancionó con destitución e inhabilidad general por el
término de 20 años en el ejercicio del cargo.
8. 5) Contra esta decisión, el señor Trejos Londoño presentó “recurso de
apelación y, en subsidio, reposición”, el cual fue rechazado mediante Auto
de 29 de agosto de 20225, contra el cual, a su vez, se presentó recurso de
queja que, igualmente fue rechazado a través del Auto de 12 de
septiembre de 20226.
9. 6) El accionante indicó que por los mismos hechos fueron
investigados los otros 2 magistrados que conformaban la aludida sala, pero
en procesos separados, lo que, a su juicio, conllevó a decisiones
contradictorias y tratos desiguales7.
3 “ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de
la Ley 1952 de 2019> Son faltas gravísimas las siguientes:
1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo,
cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.
4 ARTÍCULO 405. COHECHO PROPIO. El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o
acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su cargo, o
para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, (…)”.
5 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que (se trascribe) “En lo que aquí concierne, la sentencia en
este proceso disciplinario es de única instancia, como se anticipó, pues al haberse notificado el pliego de cargos
antes del 29 de marzo de 2022, por virtud de la transitoriedad del artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, es claro
que no mutó a doble instancia el caso, lo que impide admitir la procedencia de los recursos de apelación y
subsidio de apelación impetrados por el doctor Trejos Londoño, en razón a la ejecutoria inmediata del fallo
suscrito el 15 de julio de 2022”. Folio 208 del cuaderno No. 6 del expediente con radicado No. 11001-01-02-000-
2017-01149-00.
6 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó (se trascribe): De entrada se dirá que el recurso de queja
impetrado será rechazado, por cuanto el memorialista, aun cuando reconoce que es la ‘Ley 734 de 2002 con la
que se tramite esta actuación’, no repara en que nos encontramos frente a un proceso disciplinario de única
instancia contra funcionario judicial (numeral 3° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996), en el que no se cuenta
con ‘superior funcional’, y que al resultar improcedentes los recursos de reposición y apelación contra la
sentencia que selló la suerte adversa en la actuación disciplinaria que se le siguió (artículo 205 de la Ley 734 de
2002), de igual manera viene a serlo el recurso de queja impetrado, por respeto al principio de especialidad”.
Folio 256 del cuaderno No. 6 del expediente con radicado No. 11001-01-02-000-2017-01149-00.
7 Al respecto señaló que el proceso en contra del magistrado Alcibíades Vargas Bautista terminó el 4 de marzo
de 2020 con el archivo definitivo, el proceso en contra del magistrado Fausto Rubén Díaz Rodríguez no avanzó y,
a su juicio, deberá decretarse la prescripción y c) el proceso en contra suya terminó con una gravísima sanción.
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10. El fundamento de la vulneración radicó en la configuración de los
defectos de decisión sin motivación y violación directa de la Constitución
porque la decisión enjuiciada hizo referencia a que el numeral 3 del
artículo 112 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (LEAJ)
establece que los procesos disciplinarios contra magistrados de tribunales
son de única instancia y que eso es legítimo en virtud de la presunción de
constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas8, argumentos
que, a juicio del actor, resultaron insuficientes para justificar la negativa a
garantizar el derecho a impugnar la sentencia condenatoria y dejar de
aplicar los artículos 4 y 93 de la Constitución Política en conjunto con el
artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos9 y, de
esa manera, (se trascribe) “relevarse arbitrariamente del deber de ejercer
el control de constitucionalidad y convencionalidad concreto y difuso”.
11. También le endilgó a la providencia enjuiciada un defecto fáctico
en relación con el razonamiento de su responsabilidad disciplinaria, el cual,
a su juicio, fue distinto del utilizado en el pliego de cargos formulado, (se
trascribe) “de forma que se vulneró el principio de congruencia a partir de
una indebida valoración probatoria”. Adujo que en el pliego de cargos se
estipuló que la tardanza en resolver el recurso de apelación solo tendría
sentido si hubo entrega efectiva del dinero, en cambio en el fallo se
estableció que la falta se configuraba con la aceptación de la promesa
remuneratoria, con independencia de si se cumplía o no, lo que, en su
parecer, conllevó a una variación en los hechos objeto de la acusación
que imposibilitó su defensa.
12. Igualmente, un defecto sustantivo porque (se trascribe) “estando
coetáneamente en vigencia dos normas – Código Disciplinario Único [Ley
734 de 2002] y Código General Disciplinario [Ley 1952 de 2019]”, en su
parecer, debió aplicarse la más favorable, es decir, la nueva legislación
que sobrevino al estar en curso el proceso y que dispuso la separación de
las funciones de investigación y juzgamiento como forma de hacer
compatible la ley con la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y poder cumplir con los compromisos internacionales en los términos del
caso Petro Urrego vs. Colombia de 8 de julio de 2020. Así las cosas, señaló
que tal garantía no se dio en su caso porque la ponente del pliego de
cargos participó en la sentencia, cuando ella debió declararse impedida.
8 Con fundamento en las Sentencias C-15 de 2014, T-962 de 2009 y T-637 de 2012 de la Corte Constitucional.
9 Al respecto adujo que (se trascribe) “(…) la Corte Interamericana de Derechos Humanos —órgano judicial
autorizado para interpretar la Convención— “no ha limitado la aplicación del artículo 8.2 de la Convención
Americana a procesos penales, sino la ha extendido, en lo pertinente, a procesos administrativos ante
autoridades estatales y a procesos judiciales de carácter no penal en el ámbito constitucional, administrativo y
laboral”. Asimismo, para casos en los que no existe superior jerárquico que pueda conocer del recurso
presentado contra la sentencia, ese mismo tribunal ha explicado que “lo importante es que el recurso garantice
la posibilidad de un examen integral de la sentencia recurrida”, de manera que “al no existir un tribunal de
mayor jerarquía, la superioridad del tribunal que revisa el fallo condenatorio se entiende cumplida cuando el
pleno, una sala o cámara, dentro del mismo órgano colegiado superior, pero de distinta composición al que
conoció la causa originalmente, resuelve el recurso interpuesto con facultades de revocar o modificar la
sentencia condenatoria dictada, si así lo considera pertinente”.
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Decisión: Declara improcedencia y niega
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13. Además, afirmó que hubo una indebida notificación del fallo
sancionatorio por haberse hecho a través de correo electrónico y edicto y,
en consecuencia, existir confusión en la aplicación de normas procesales
sobre la materia. Así, afirmó que existía duda de (se trascribe) “la fecha de
oponibilidad de dicho fallo y si este fue adoptado antes de que operara la
prescripción teniendo en cuenta que la acción disciplinaria inició el 19 de
julio de 2017”, sumado a que la providencia se remitió incompleta, es decir,
sin los respectivos salvamentos de voto.
1.2. Posición de la parte demandada10
14. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial adujo que la decisión
relacionada con el pliego de cargos de 23 de marzo de 2022 no superaba
la inmediatez. Respecto de la Sentencia de 15 de julio de 2022, precisó que
la tutela era improcedente porque como el pliego de cargos contra el
investigado se notificó antes de 29 de marzo de 2022, de conformidad con
el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021, era aplicable la codificación anterior
[Ley 734 de 2002], la cual no le imponía a la magistrada sustanciadora el
deber de separarse del fallo por haber proferido el pliego de cargos.
15. Adicionalmente, sostuvo que no se satisfacía el requisito de
relevancia constitucional porque no se demostró de manera razonable
una restricción desproporcionada a los derechos fundamentales
mencionados.
16. Indicó que no hubo incongruencia entre el pliego de cargos y la
sentencia que sancionó al accionante porque como el primero es un acto
procesal que emite una calificación provisional y simplemente objetiva con
lo que hasta ese momento se ha recaudado, (se trascribe) “el disciplinable
podía escoger su estrategia defensiva para atacar ese razonamiento
provisional, o más bien enfilar su defensa contra el argumento de la
Comisión cuando sostuvo que también pudo haber una “ausencia de la
contraprestación”, postura que quedó igualmente sentada en la página
43 de la providencia de 23 de marzo de 2022”.
17. Afirmó que tampoco era admisible el argumento de la indebida
notificación de la sentencia porque, según el artículo 205 del Código
Disciplinario Único, aquella quedaba ejecutoriada al momento de su
suscripción, lo que, en el caso concreto, ocurrió el 15 de julio de 2022,
fecha respecto de la cual el actor reconoció su envío por correo
electrónico.
10 Mediante Auto de 21 de noviembre de 2022, el despacho ponente resolvió, entre otras, (1) admitir la acción
de tutela de la referencia, (2) tener como demandada a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y (3) oficiar
a la demandada para que remita el expediente del proceso disciplinario No. 11001-01-02-000-2017-01149-00.
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Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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18. Por lo anterior, señaló que la tutela contra providencias judiciales no
representaba una instancia adicional de los litigios ordinarios ni era un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal, máxime cuando se demostró que el disciplinable aceptó
retribuciones y promesas remuneratorias de procesados.
19. El Secretario Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
precisó que la sentencia del proceso disciplinario No. 11001-01-02-000-2017-
01149-00 se dictó el 15 de julio de 2022 con la presencia de los 7
magistrados que integran la Sala Plena de dicha Corporación y con el voto
favorable de 4 de ellos, con lo cual se obtuvieron las mayorías requeridas
por el reglamento interno, (se trascribe) “situación certificada por esta
Secretaría Judicial, con la constancia de ejecutoria remitida a los sujetos
procesales al momento de notificarle el preanotado proveído”.
20. Además, indicó que, aunque ese mismo día se remitió a los correos
electrónicos del señor Trejos Londoño la providencia suscrita únicamente
por el ponente y, después, por la totalidad de la Sala, ello no invalidaba lo
decidido o su acto de notificación porque (se trascribe):
“(…) atención a lo dispuesto en los artículos 54 y 56 de la Ley 270 de 1996, que
remiten a los reglamentos internos de las Corporaciones judiciales, todas las
decisiones adoptadas por estas requieren la asistencia y voto de la mayoría
de los miembros del cuerpo colegiado, cual aconteció en el presente asunto,
lo que para la época del envío del comunicado de sanción, relevaba de
contar la providencia con todas las firmas de los integrantes, bien de manera
física, ora virtual.”
21. Sobre la ejecutoria de la sentencia, manifestó que esta no se
encontraba supeditada al acto de notificación, de manera que adquiría
firmeza desde su expedición – 15 de julio de 2022-. Así las cosas, indicó que
la petición de amparo resultaba injustificada.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2 Metodología de estudio. 2.3. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3.1 Frente al Auto de 23 de marzo de 2022.
2.3.2. Frente a la Sentencia de única instancia de 15 de julio de 2022. 2.4. Verificación de
defectos y/o vulneración de derechos fundamentales. 2.5. Conclusiones.
2.1. Cuestión previa
22. La Sala estima pertinente precisar que, si bien, el demandante alegó
como defecto fáctico una violación del principio de congruencia porque
en la sentencia sancionatoria hubo una variación fáctica de lo que se
señaló en el pliego de cargos, lo cierto es que dicho reparo, como en
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casos anteriores11, será analizado a la luz de un presunto defecto
procedimental, dentro del cual, además, se analizará la indebida
notificación alegada.
2.2. Metodología de estudio
23. En atención a que el señor Trejos Londoño pretende que se deje sin
efectos el Auto de 23 de marzo de 2022 y el fallo de única instancia de 15
de julio de 2022, por medio de los cuales, respectivamente, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial 1) formuló pliego de cargos en su contra y
2) lo sancionó disciplinariamente, la Sala procederá a estudiar, de manera
separada, esas 2 decisiones.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial12
2.3.1. Frente al Auto de 23 de marzo de 2022
24. La Sala evidenció que respecto de dicha providencia no se
identificó la presunta vulneración derivada de ella y, en todo caso,
tampoco satisfizo el requisito de inmediatez13, toda vez que la acción de
tutela no se interpuso dentro un plazo razonable, pues, entre la fecha de
notificación del Auto de 23 de marzo de 2022 (28/3/2214) y la presentación
de la tutela (3/11/22)15, trascurrieron más de 7 meses, plazo que no resulta
razonable, más si se tiene en cuenta que no se configuró algún supuesto o
circunstancia especial que permitiera aceptar una interposición después
de ese plazo. Razón por la cual, se declarará improcedente la tutela
contra dicha decisión.
2.3.2. Frente a la Sentencia de única instancia de 15 de julio de 2022
25. Como el accionante le endilgó a esta providencia varios defectos, la
Sala procederá a agruparlos para un mejor análisis y estudio de la
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencias de 28 de enero de 2020, radicado No. 11001-03-
15-000-2019-04407-01 y 28 de marzo de 2022, radicado No. 11001-03-15-000-2022-01138-00.
12 El presente análisis de requisitos de procedibilidad de hace de conformidad con las consideraciones de la
Sentencia T-66 de 2019 de la Corte Constitucional.
13
En lo relacionado con la inmediatez la Corte Constitucional ha sostenido que, aunque la acción de tutela no
tiene un término de caducidad, la misma debe presentarse dentro de un “término razonable y proporcionado”,
contado a partir del hecho u omisión generadora de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
pues, de no ser así, se afectaría la seguridad jurídica, los derechos de terceros, e incluso, se desnaturalizaría la
acción y, en relación con la acción de tutela contra providencias judiciales, se comprometería la cosa juzgada y
la firmeza de las decisiones judiciales, por lo cual, según la Corte, aquí, el examen de inmediatez debe ser más
estricto (Sentencia SU-018 de 2018). Así, para estudiar o valorar la inmediatez en concreto y establecer si la
acción es procedente, se ha considerado que el plazo oportuno es de 6 meses, salvo que, según la Corte
Constitucional, se configuren alguna de estas circunstancias, que no son taxativas, en el caso sometido a
revisión: (1) el accionante presente razones válidas para su tardanza en presentar la acción constitucional, (2)
que a pesar del paso del tiempo, la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales continúe y sea
actual o (3) que la exigencia de la interposición de la acción en un término razonable resulte desproporcionada,
dadas las circunstancias de debilidad manifiesta en la que se encuentra el demandante.
14 Según la constancia que obra a folio 116 del cuaderno 4 del proceso disciplinario No. 11001-01-02-000-2017-
001149-00, se evidenció que el mensaje de datos se envió el 24 de marzo de 2022.
15 Según acta individual de reparto y registro del aplicativo “tutela en línea” que obra en el expediente digital.
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controversia. De un lado, abordara el de decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución por el reparo de que no se garantizó el
derecho a impugnar la sentencia condenatoria, junto con el defecto
sustantivo por el reparo de que no se aplicó la ley más favorable [Ley 1952
de 2019] y, en consecuencia, no se dispuso la separación de las funciones
de investigación y juzgamiento. De otro lado, analizará el defecto
procedimental por la presunta violación del principio de congruencia, en
atención a lo que estableció la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en
el pliego de cargos y en el fallo disciplinario sancionatorio, y la indebida
notificación de la Sentencia de única instancia de 15 de julio de 2022.
2.3.2.1. En relación con los defectos sustantivo, decisión sin motivación y
violación directa de la Constitución
26. La Sala también declarará improcedente la acción de tutela por
falta de relevancia constitucional.
27. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez
[de tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”16.
28. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para
el juez de tutela17 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto
de obtener una nueva instancia18; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad19.
29. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
16 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
17 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El
primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
18 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
19 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05857-00
Demandante: Joel Darío Trejos Londoño
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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convierta en una instancia adicional20. Ante lo cual, el juez natural se
pronunció.
30. Aunque el demandante indicó que el asunto superaba el requisito
de relevancia constitucional porque se debatían unas vulneraciones al
debido proceso relacionadas con la aplicación del bloque de
constitucionalidad y, correlativamente, el deber de separar las funciones
de acusación y juzgamiento y el derecho a impugnar la sentencia
condenatoria, lo cierto es que tales argumentos fueron expuestos en el
proceso disciplinario y sobre ellos ya se pronunció el juez natural del asunto.
31. En ese orden, la Sala evidenció que en alegatos de conclusión21 que
presentó el señor Trejos Londoño al interior del proceso disciplinario No.
11001-01-02-000-2017-01149-00, él cuestionó el hecho de que el
investigador fuera el mismo juzgador y que no se pudiera apelar el fallo y,
en consecuencia, solicitó que se garantizara la separación de dichas
funciones y el derecho a impugnar, aspectos que fueron abordados por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en la Sentencia de 15 de
diciembre de 2021 e, incluso, en los Autos de 29 de agosto y 12 de
septiembre de 202222. En la primera providencia, la autoridad judicial
demandada concluyó (se trascribe):
“2.1. En orden a resolver la solicitud del disciplinable en sus alegaciones finales,
en el sentido de que se tomen las "previsiones correspondientes, a efectos de
que, por el principio de favorabilidad (Articulo 14 Código Disciplinario Único
(por el cual se tramita la presente actuación), se me brinden las garantías
constitucionales y convencionales referidas al debido proceso constitucional y
20 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
21 “1. Respetuosamente solicito se tomen las previsiones correspondientes, a efectos de que, por el principio de
favorabilidad (Artículo 14 Código Disciplinario Único (por el cual se tramita la presente actuación), se me brinden
las garantías constitucionales y convencionales referidas al debido proceso constitucional y legal; el derecho
fundamental a impugnar la sentencia condenatoria; y el de la separación del investigador y el juzgador. Ello en
aplicación directa de los Artículos 29, 85 y 93 Constitucionales, 8. 2. h. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (ratificada por Colombia bajo la Ley 16 de 1972), Articulo 14.5. Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y acorde igualmente con la Sentencia SU-146 del 21 de mayo de 2020.
2. Lo anterior no solo por el imperativo mandato Constitucional, del bloque de constitucionalidad y de
precedente jurisprudencial, sino también en respeto del derecho fundamental a la igualdad, al existir para este
momento una nueva normativa, la del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019 – recientemente entrada
en vigencia), que en su artículo 12-modificado por la Ley 2094 de 2021, consagra como principio el debido
proceso, al establecer en su inciso segundo la garantía de separar el instructor del juzgados, en el claro
entendido que quien ha guiado la investigación y practicado la prueba (incluidas las de oficio) no será el mejor
crítico de su propia labor. (…) En mi caso, me juzga quien me investigó y formuló acusación bajo sus propias
hipótesis, pero además su fallo no se podrá recurrir, o que afecta sin duda y gravemente la Constitución, el
bloque de constitucionalidad y el precedente pacífico de unificación constitucional, vulnerado de paso mi
derecho fundamental a la igualdad como ya se anotó. (…) 5. En punto de la impugnación de sentencia
condenatoria en proceso de única instancia, la misma Corte Constitucional en Sentencia de Unificación, la SU-
146 del 21 de mayo de 2020, concluyó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia violó
directamente la Constitución al proferir Auto el 13 de febrero de 2019 en que declaró improcedente la
impugnación contra sentencia. Dijo en la misma providencia que se trata de un derecho de aplicación
inmediata en virtud del artículo 85 de la Constitución, que hace parte del derecho al debido proceso y
estableció que el reconocimiento de tal derecho debía ser el 30 de enero de 2014 en que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en el caso Liakat Ali Alibux vs Auriname.
Así las cosas, como existe un novedoso desarrollo legal que recién ha comenzado a regir (Código General
Disciplinario- Ley 1952 de 2019), referente al desarrollo de garantías constitucionales, previamente existentes en la
Constitución y bloque de constitucionalidad, resulta imperioso que se me apliquen por favorabilidad e igualdad,
las garantías reconocidas en aquella Ley, referidas a la separación de funciones y derecho de impugnar la
sentencia condenatoria. Folios 24 a 27 del cuaderno No. 6 del expediente con radicado No. 11001-01-02-000-
2017-01149-00. (Se subraya)
22 Ver pie de páginas 5 y 6 de esta providencia.
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Demandante: Joel Darío Trejos Londoño
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Decisión: Declara improcedencia y niega
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legal, el derecho fundamental a impugnar la sentencia condenatoria; y el de
la separación del investigador y el juzgador. Ello en aplicación directa de los
Artículos 29, 85 y 93 Constitucionales, 8. 2. h. de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (ratificada por Colombia bajo la Ley 16 de 1972),
Articulo 14.5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y acorde
igualmente con la Sentencia SU-146 del 21 de mayo de 2020", debe decirse lo
siguiente:
De acuerdo con el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el
artículo 71 de la Ley 2094 de 2021, ‘A la entrada en vigencia de esta ley, los
procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o
instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta
finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se
aplicará el procedimiento previsto en esta ley’. (Se resalta).
El Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) entró a regir el pasado 29
de marzo de 2022 (salvo el artículo 33), por virtud de lo previsto en el precepto
73 de la Ley 2094 de 2021.
En el presente caso, se tiene que el disciplinable, según consta en este
expediente, informó haber recibido el ‘pasado 24 de marzo del año en curso’
el ‘pliego de cargos que me fue formulado’, por lo que notificado el pliego de
cargos antes del 29 de marzo de 2022, es claro que a este asunto se rige hasta
su sentencia por la Ley 734 de 2002, al haberlo dispuesto así el legislador
expresamente.
(…)
Además, respecto de todas las normas de la Ley 734 de 2002 alusivas a las
sentencias de única instancia dictadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, o incluso, del numeral 3° del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, tal
como lo ha considerado la Corte Constitucional, es indudable la ‘presunción
de constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas’ (Sentencia C-
015 de 2014; se resalta).
En consecuencia, se despachará desfavorablemente la solicitud realizada por
el disciplinable en sus alegaciones finales, precisamente para garantizar los
ritos propios del juicio consustanciales al debido proceso23.”
32. De lo trascrito se lee que el juez natural abordó lo relativo a la
aplicación del principio de favorabilidad y a las garantías de impugnar la
sentencia condenatoria y de separar el investigador y el juzgador, y explicó
que, en atención a que el pliego de cargos se notificó el 24 de marzo de
202224, el proceso es de única instancia y debía finalizar bajo el
procedimiento de la Ley 734 de 2002, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, asunto que, además, resulta ser de
mera legalidad y no puede ser debatido a través de la acción de tutela.
33. En consecuencia, resulta claro que se pretendió someter la decisión
que tomó el juez natural a consideración del juez constitucional, dada su
inconformidad con la decisión adoptada. Al respecto, debe aclarase que
las diferencias interpretativas que existieren entre el demandante y el juez
natural de la causa no constituyen, por sí mismas, la justificación para que
el juez de tutela revise las decisiones del juez ordinario.
23 Folios 75 a 79 del cuaderno No. 6 del expediente con radicado No. 11001-01-02-000-2017-01149-00.
24 Tal como consta en el folio 116 del cuaderno No. 4 del expediente con radicado No. 11001-01-02-000-2017-
001149-00 al correo electrónico joeltrejosqyahoo.com.mx.
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34. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias entre
lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión vía
tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela contra
providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de amparo
de derechos fundamentales de carácter excepcional25.
2.3.2.2. En relación con el defecto procedimental
35. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente
porque: (1) No existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte
demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
del derecho presuntamente vulnerado. (2) Hubo un plazo razonable entre
la fecha de notificación de la providencia enjuiciada (por edicto fijado el
21/7/22 y desfijado por 25/7/2226) y la de presentación de la acción de
tutela (3/11/22). (3) No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relaciona con la sentencia de única instancia, dictada dentro de un
proceso disciplinario adelantado por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible los
hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) La controversia
tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación
de la garantía fundamental al debido proceso del accionante, con
ocasión de una providencia judicial respecto de la cual se alegó una
violación del principio de congruencia y una indebida notificación de la
sentencia disciplinaria de única instancia. Asimismo, no se advierte que
dichos aspectos sean una reiteración de lo expuesto en el proceso
ordinario o que lo pretendido sea someterlos a una nueva discusión.
2.4. Verificación de defectos y/o afectación de derechos fundamentales
36. En relación con el reparo sobre la presunta incongruencia entre lo
consignado en el pliego de cargos y el fallo sancionatorio porque, en su
parecer, en el primero se habló de entrega efectiva del dinero, mientras
que el segundo se refirió a la aceptación de promesa remuneratoria, la
Sala considera que no se violó el principio de congruencia, ya que,
contrario a lo que sostuvo el actor, en el pliego de cargos sí se hizo alusión
a la aceptación de retribuciones o promesa remuneratoria, pues, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que la conducta del señor
Trejos Londoño se subsumía en el delito contemplado en el artículo 405 del
Código Penal, por haberse establecido que él, como Magistrado del
Tribunal Superior de Villavicencio, aceptó una suma de dinero o dádivas y
25 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
26 Folios 235 del cuaderno No. 6 del expediente con radicado No. 11001-01-02-000-2017-01149-00.
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promesa remuneratoria a cambio de omitir realizar una función propia de
su cargo como lo era dejar de fallar un proceso penal27, en esa medida
no hubo variación alguna de los cargos.
37. Ahora bien, para la Sala, tampoco prospera el reparo de indebida
notificación de la Sentencia de 15 de julio de 2022, pues, el hecho de
haberse efectuado a través de correo electrónico y por edicto, tal y como
lo reconoció expresamente el actor, no conlleva a que la notificación se
torne en indebida, pues el artículo 201 de la Ley 734 de 2002 posibilita esas
2 formas de notificación28 y, en todo caso, la autoridad judicial, en
reiteradas oportunidades, le manifestó al actor que, en virtud del artículo
205 de la Ley 734 de 2002, la sentencia de única instancia quedaba
ejecutoriada al momento de su suscripción.
38. Por lo expuesto, se concluye que no configuró el defecto
procedimental invocado.
2.5. Conclusiones
39. Para la Sala existen razones suficientes para declarar improcedente
la acción de tutela respecto del Auto de 23 de marzo de 2022, por no
cumplir con el requisito de inmediatez, y de los defectos sustantivo,
decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional; y negar el amparo
frente al defecto procedimental alegado por no haberse configurado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Joel Darío Trejos Londoño respecto del Auto de 23 de marzo de 2022 y los
defectos sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado respecto del defecto
procedimental, por las razones dadas.
27 Folio 86 del cuaderno No. 4 del del expediente con radicado No. 11001-01-02-000-2017-01149-00.
28 “Artículo 201.Notificaciones. Se notificarán por estado los autos susceptibles de recursos y por edicto la
sentencia.
Se notificarán personalmente al disciplinado y/o su defensor el pliego de cargos y la sentencia. (…).”
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05857-00
Demandante: Joel Darío Trejos Londoño
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Declara improcedencia y niega
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TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin29.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración parcial de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
29 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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