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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05881-01

Fecha
21 de marzo de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05881-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 26 de enero de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta por medio de la cual se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo interpuesta por los accionantes. En su lugar, AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia. SEGUNDO: En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 5 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión No. 005, en el proceso de reparación directa No. 19001-33-31-007-2016-00048-00/01. TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión No. 005 que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia profiera una nueva providencia en la que tenga en cuenta las consideraciones señaladas en esta decisión. 12 Radicado: 11001-03-15-000-2022-05881-01 Accionantes: Julián Andrés Díaz Lasso y otros Se revoca la sentencia y se concede el amparo CUARTO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán. QUINTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05881-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

21 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05881-01
Accionante: Julián Andrés Díaz Lasso y otros
Se revoca la sentencia y se concede el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05881-01
Accionantes: Julián Andrés Díaz Lasso y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión No. 005

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Privación injusta de la libertad
/ Defecto fáctico / Requisitos para de la medida de aseguramiento / Presunción de
inocencia / Se revoca la sentencia de primera instancia y se concede el amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de impugnación interpuesto por los accionantes
contra la sentencia del 26 de enero de 2023 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado. El fallo de tutela impugnado declaró la improcedencia por falta
de relevancia constitucional de la acción de tutela presentada contra la sentencia
del 5 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de
Decisión No. 005. En la sentencia objeto de reproche se confirmó la sentencia del
30 de junio de 2020 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán
que, a su vez, desestimó las pretensiones de la demanda de reparación directa con
radicado No. 19001-33-31-007-2016-00048-00/01 adelantada por los accionantes
contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación con ocasión de
una supuesta privación injusta de la libertad.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Radicado: 11001-03-15-000-2022-05881-01
Accionantes: Julián Andrés Díaz Lasso y otros
Se revoca la sentencia y se concede el amparo

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 8 de noviembre de 2022, mediante apoderado judicial, Julián Andrés Díaz
Lasso, Samuel Díaz Lasso, en nombre propio y como representante de su hijo
menor de edad Sebastián Díaz García y Patricia Díaz Lasso interpusieron acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión No. 005. En
su concepto, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales a
la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia porque incurrió
en un defecto fáctico y en un desconocimiento de las reglas jurisprudenciales al
momento de negar las pretensiones de la demanda de reparación directa
adelantada por los accionantes.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

<<1. Solicito a su Señoría que mediante la presente Acción de Tutela se Ampare los
Derechos Fundamentales de: El debido proceso; defecto fáctico, al considerar que
los Elementos Material Probatorio y Evidencias Físicas, que existían en el momento
de la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la fiscalía, podían servir
para imponer la medida privativa de la libertad, cuando desde la Genesis la Fiscalía
contaba con una declaración que incriminaba a JULIAN DIAZ, y con dos (2)
declaraciones que no lo incriminaba, y sabemos que dichas declaraciones en esa
etapa solo sirven a la Fiscalía para enrutar la investigación; Desconocimiento del
Precedente Jurisprudencial; a la Igualdad; acceso a la Administración de justicia entre
otros, por incurrir el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca – Sala de Decisión
No. 005 – Sistema Oral, en su decisión de Confirmar la Sentencia del Juzgado
Séptimo Administrativo de Popayán, en Defecto Fáctico y Material en Razón a la
Violación de los Precedentes Jurisprudenciales, al igual que la aplicación del Bloque
de Constitucionalidad, desconociendo desde luego parámetros establecidos en la
Convencionalidad en virtud a Tratados ratificados por el Estado Colombiano;

2. Derivado de lo Anterior, solicito al Honorable Juez Constitucional dejar sin efecto la
Sentencia No. 072, de fecha 05 de mato de 2022, Magistrado Ponente Dr. JAIRO
RESTREPO CACERES del TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DEL CAUCA- SALA DE
DECISION NO. 005 – SISTEMA ORAL. Radicado No. 19001333100420160004801;

3. Que se Ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA- SALA DE
DECISIÓN No.005 – SISTEMA ORAL, que en un término prudencial profiera una
nueva sentencia, dicha sentencia deberá garantizar los Derechos fundamentales
invocados por mi poderdante señor JULIAN ANDRES DIAZ LASSO y OTROS, esto
es: El debido proceso; defecto fáctico, al considerar erróneamente que existían
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elementos con vocación probatoria para que la Fiscalía solicitara y el Juez impusiera
la medida privativa de la libertad, cuando en realidad existían elementos incriminantes
y no incriminantes, y por ende lo que aflora es la duda, y sumado a lo anterior, el
testigo que incriminaba fue victimado, razón suficiente para que la Fiscalía desistiera
de acusar en este caso; Desconocimiento del Precedente Jurisprudencial, a la
Igualdad, acceso a la Administración de justicia entre otros>>.

B. Hechos

3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 12 de octubre de 2010 se informó a la Policía Nacional de Puerto Tejada
(Cauca) que un cuerpo sin vida yacía en la vía pública. El difunto era el señor Brayan
Alexis Lasso Valencia, quien falleció como consecuencia de las heridas causadas
con arma de fuego. A raíz de lo anterior, la Fiscalía General de la Nación inició una
investigación y entrevistó al señor John Edward Paz Rentería, quien refirió que el
autor del homicidio era el señor Julián Andrés Díaz Lasso. El señor John Edward
Paz Rentería falleció el 7 de enero de 2013.

3.2.- El señor Julián Andrés Díaz Lasso fue capturado el 9 de enero de 2013, previa
orden legalizada. Ese mismo día se legalizó su captura ante el Juzgado Segundo
Penal Municipal con funciones de control de garantías, se formuló la imputación por
los delitos de homicidio en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de
fuego o municiones, y se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad
en establecimiento penitenciario.

3.3.- El 21 de abril de 2014 se celebró audiencia de juicio oral en la que el Juez
Primero Penal del Circuito de Puerto Tejada indicó el sentido del fallo absolutorio y
ordenó la libertad inmediata del señor Díaz Lasso. El juez penal de conocimiento
consideró que no se desvirtuó la presunción de inocencia, como quiera que la
Fiscalía únicamente presentó pruebas de referencia contra el señor Díaz Lasso, lo
cual no era suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria: el único testigo
que señaló al señor Díaz Lasso como autor del homicidio falleció antes de la
audiencia en la que se impuso la medida de aseguramiento, por lo que no
compareció al juicio y su versión no pudo ser controvertida.

3.4.- El 17 de febrero de 2016 el señor Lasso Díaz y su grupo familiar presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía

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General de la Nación con ocasión de la privación de su libertad, que calificaron de
injusta dada la absolución en el juicio penal.

3.5.- Mediante sentencia del 30 de junio de 2020 el Juzgado Séptimo Administrativo
de Popayán desestimó las pretensiones de la demanda y declaró probada la culpa
exclusiva de la víctima.

3.5.1.- El juzgado consideró que la imposición de la medida de aseguramiento fue
una decisión razonable, ajustada a derecho, proporcional y necesaria. Al respecto,
advirtió que durante el desarrollo de la investigación penal la Fiscalía obtuvo la
declaración del señor Paz Rentería, quien afirmó estar en compañía del difunto al
momento del homicidio y señaló al señor Díaz Lasso como el autor del delito. Lo
anterior permitió inferir razonablemente la autoría del delito al momento de
imponerse la medida, para lo cual no se requiere plena prueba y no implica certeza
de la responsabilidad penal. Ello, sin perjuicio de que ese testigo falleciera y no
pudiera ser interrogado en juicio. Destacó que la medida se impuso para garantizar
la comparecencia del señor Díaz Lasso a la investigación penal.

3.5.2.- Finalmente, señaló que no se demostró el nexo de causalidad según lo
previsto en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2018 proferida por la
Sección Tercera de esta Corporación (No. 66001-23-31-000-2010-00235-01), pues
(i) la conducta del señor Lasso Díaz fue determinante en la generación del daño,
dado que su apoderado desistió del recurso en contra de la decisión que impuso la
medida, con lo cual se configuró una culpa exclusiva de la víctima en los términos
del artículo 70 de la Ley 270 de 1996; y (ii) se configuró un hecho de un tercero,
pues la declaración del señor Paz Rentería fue determinante para la captura.

3.6.- La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión1.

3.7.- El 5 de mayo de 2022 el Tribunal Administrativo del Cauca – Sala de Decisión
No. 005 confirmó la decisión de primera instancia.

1 Reprochó que la primera instancia aplicara la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2018, pues la misma

fue dejada sin efectos por la sentencia del 15 de noviembre de 2019 de la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado (radicado No. 11001-03-15-000-2019-00169-01). En esta sentencia se señala que no le es
dado al juez de lo contencioso administrativo referirse a lo que fue objeto de decisión en el proceso penal, pues
ello desconoce el debido proceso, la presunción de inocencia, la cosa juzgada y el juez natural. Así, reiteró que
de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el asunto no se configuró una culpa exclusiva
de la víctima ni el hecho de un tercero.

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3.7.1.- A juicio del tribunal, mediante la declaración del señor Paz Rentería se
demostró la inferencia razonable de la autoría del delito investigado, por lo que la
medida fue proporcional y adecuada. Advirtió que el juez de control de garantías
estudió las particularidades del caso con base en los elementos materiales
probatorios allegados y las exigencias normativas, sin que las actuaciones surtidas
y las evidencias aportadas hayan sido declaradas nulas por el juez competente.
Además, la imposición de la medida no fue cuestionada por la parte actora, pues si
bien se presentó recurso de apelación, el mismo fue desistido durante el trámite.

3.7.2.- Por otro lado, señaló que los motivos que llevaron a su captura y el hecho de
que su absolución se diera en aplicación del principio in dubio pro reo permiten
concluir que su conducta incidió en la privación de su libertad. Añade que en el
proceso penal no se desvirtuó la declaración del señor Paz Rentería, la cual bastaba
para fundamentar la imposición de la medida, sin perjuicio de que después fuera
insuficiente para condenar al accionante por tratarse de una prueba de referencia
que no fue introducida al juicio.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- Los accionantes alegan que la sentencia objeto de reproche vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración
de justicia, porque incurrió en (i) un defecto fáctico y (ii) un desconocimiento de las
reglas jurisprudenciales.

4.1.- En su opinión, se configuró un defecto fáctico porque se pasó por alto que al
momento de imponerse la medida de aseguramiento existían dos declaraciones que
favorecían al señor Díaz Lasso e incriminaban a un tercero, al que denominaron
Oswaldo. Es decir, la Fiscalía contaba con tres declaraciones: una que incriminó al
señor Díaz Lasso (la que rindió el testigo Paz Rentería); y las otras dos, que
señalaron a otra persona como autora del delito.

4.2.- Ello, sumado a que el testigo Paz Rentería, en virtud del cual se fundó la
imposición de la medida, falleció antes de que se celebrara la audiencia en la que
se decretó ella, por lo que desde entonces la Fiscalía debió advertir que no podría
hacer valer esa declaración en juicio, pues se trataba de una prueba de referencia.

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Por lo tanto, no es correcto afirmar que la medida de aseguramiento se impuso a
partir de los elementos probatorios necesarios para esos efectos.

4.3.- Tampoco se analizó si la medida obedecía a razones de urgencia, necesidad
y proporcionalidad, de conformidad con los fines previstos en la ley. Sostienen que
el señor Díaz Lasso nunca fue citado al proceso antes de su captura ni se ocultó de
las autoridades, por lo que no hay fundamento para sostener que no quería
comparecer al proceso.

4.4.- Agregan que el tribunal yerra al señalar que la imposición de la medida se
debió a su conducta y afirman que sí se apeló la decisión que la impuso, pero el
recurso fue desistido dada la mora en la decisión de segunda instancia y ante la
necesidad de seguir adelante con el proceso.

4.5.- Por último, se citaron dos sentencias, de las cuales se predicaría el cargo por
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales. En primer lugar, la sentencia C-
145 de 1998, en la cual la Corte Constitucional reiteró la importancia de la obligación
que tienen las autoridades judiciales de motivar sus providencias, dadas las
implicaciones que ello tiene para el debido proceso y el derecho de defensa.

4.6.- En segundo lugar, se citó la sentencia del 14 de septiembre de 2017 proferida
por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación (radicado No. 19001-23-
31-000-2003-00155-01) en la cual se distingue el supuesto de absolución por
aplicación del principio in dubio pro reo, del supuesto en el cual la absolución se
debe a la debilidad probatoria de la Fiscalía. Según el precedente, en el segundo
caso procede declarar la responsabilidad del Estado. Señalan que en este caso la
absolución no se debió a la existencia de una duda razonable, sino a que las
pruebas que allegó la Fiscalía eran de referencia, y con ellas no era posible imponer
una condena.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El Tribunal Administrativo del Cauca (accionado) solicita que se desestimen las
pretensiones de la tutela. Alega que no ha violado ningún derecho fundamental y
que la totalidad de las actuaciones del proceso ordinario se ajustaron a la normativa
y jurisprudencia aplicable. En cambio, lo que pretende el accionante es instaurar
una tercera instancia y reabrir el debate frente a los asuntos que no le fueron

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favorables, en contravía del marco normativo y dada la inconformidad frente a la
interpretación de las disposiciones aplicables, en particular el estudio de la culpa
civil de la víctima como causal de exoneración.

6.- El Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán (tercero con interés) se opone a
las pretensiones de la solicitud de amparo y solicita que se declare su
improcedencia, pues no ha vulnerado derecho fundamental alguno, lo cual puede
verificarse en el trámite que se dio al proceso de reparación directa.

7.- La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán (tercero con interés) señala que en el escrito de tutela no se
indicó expresamente cuál fue el supuesto error en el que incurrió el tribunal
accionado. Sostiene que en sede de tutela no basta con alegar una inconformidad
con la decisión, en detrimento de la seguridad jurídica y la naturaleza de la acción
de tutela. Por el contrario, el proceso de reparación directa se tramitó conforme a la
normativa y según las pruebas allegadas, por lo que no se advierte una vulneración
puntual de los derechos fundamentales del accionante. Por último, solicita que sea
desvinculada del proceso.

8.- La Fiscalía General de la Nación (tercero con interés) afirma que la acción de
tutela es improcedente porque (i) los accionantes no sustentaron los defectos
alegados; (ii) se procura reabrir etapas probatorias debidamente agotadas; (iii) no
se cumple con el requisito de subsidiariedad, y (iv) no se afectaron los derechos
fundamentales de los accionantes.

9.- Yully Paola Valencia, Luz Dayan Díaz Valencia, Samanta Díaz Valencia,
Antonella Díaz Valencia, Samuel Díaz, Ana Ligia Lasso, Emilce Díaz Lasso, Martha
Lucía Díaz Lasso, María Elena Díaz Lasso, Cesar Augusto Díaz Lasso, Miguel
Ángel González Díaz, Adriana Paola González Díaz, Juan José González Díaz,
Yesid Leonardo Loboa Díaz, Jhon Edison Díaz Díaz, Paula Stefany Palacios Díaz,
María Fernanda Palacios Díaz, Ligia Solandy Palacios Díaz y Yerson Díaz Lucumi
(terceros con interés por haber integrado la parte demandante del proceso ordinario,
junto con los accionantes) fueron debidamente notificados y coadyuvaron la
solicitud de amparo de la parte actora.

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E. Sentencia impugnada
10.- Mediante sentencia del 26 de enero de 2023 el Consejo de Estado, Sección
Quinta declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional. Consideró que las inconformidades planteadas en el escrito de tutela
coinciden con los argumentos del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primera instancia en el proceso ordinario y que ya fueron resueltas por
el tribunal accionado. Por lo tanto, concluyó que lo que pretende la parte actora es
convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional.
F. Impugnación
11.- Los accionantes impugnan la decisión anterior. Afirman que el asunto sí denota
relevancia constitucional, pues se está alegando la vulneración de sus derechos
fundamentales. Reiteran los argumentos del escrito de tutela, con énfasis en la
imposibilidad de imponer condena penal con fundamento exclusivo en pruebas de
referencia, la existencia de las dos declaraciones que le eran favorables y la omisión
en estudiar los fines de la medida.

II. CONSIDERACIONES

12.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela para, en su lugar, amparar el derecho
fundamental al debido proceso. Lo anterior, dado que se probó el defecto fáctico
alegado por los accionantes en relación con la acreditación de los requisitos
necesarios para conceder la medida de aseguramiento y porque el juez de la
reparación directa no puede estudiar la conducta preprocesal del sindicado a
efectos de verificar la culpa exclusiva de la víctima.
12.1.- En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia tutelada y se ordenará
a la autoridad judicial accionada que profiera una sentencia de reemplazo en un
término de diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión.
12.2.- Negará la solicitud de desvinculación de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán porque
comparece a este proceso como tercero con interés por hacer parte del proceso de
reparación directa, y no porque sea la autoridad de la que se predique la vulneración
de derechos fundamentales.

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G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

13.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) los accionantes indicaron de
manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto
es constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración, entre otros, del
derecho al debido proceso por un defecto fáctico y un desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales, y se evidencia un error de bulto que lesiona los derechos
fundamentales de la parte actora; (iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque los accionantes utilizaron todos los mecanismos judiciales a
su alcance para la protección de sus derechos fundamentales y contra la
providencia atacada no procede ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en un
término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda instancia se
notificó el 18 de mayo de 2022 y la tutela se presentó el 8 de noviembre de 2022,
es decir, dentro del término de 6 meses precisado tanto por esta Corporación2 como
por la Corte Constitucional 3; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de
tutela.
H. El tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico, pues de las pruebas
allegadas no era acertado inferir el cumplimiento de los requisitos para la
imposición de la medida de aseguramiento.
14.- En vigencia de la Ley 906 de 2004, la imposición de la medida de
aseguramiento debe cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se destacan los
previstos en el artículo 308 de esa ley: que los elementos materiales probatorios
allegados permitan inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de
la conducta y que la medida pretenda (i) evitar una obstrucción al ejercicio de la
justicia; (ii) que el imputado constituya un peligro para la sociedad o la víctima; y/o
(iii) que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o no acatará
la sentencia.
14.1.- Se advierte que al momento de estudiar la legalidad de la medida de
aseguramiento, el tribunal accionado fundó su decisión en los elementos materiales
probatorios que presentó la Fiscalía cuando solicitó su imposición, pero no se refirió
a las consideraciones que adoptó el juez penal de control de garantías que
efectivamente la decretó. Consideró que las actuaciones que rodearon la imposición

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-

01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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de la medida no fueron anuladas durante el proceso penal, por lo que no le
correspondía al juez de la reparación directa pronunciarse al respecto.
14.2.- Así, se echa de menos un estudio de las consideraciones del juez que impuso
la medida y que es justamente lo que debía analizar el juez de la reparación directa:
no se trata de que el juez de reparación directa evalúe de nuevo la inferencia
razonable de responsabilidad penal, lo cual escapa de su órbita, sino si la misma
fue debidamente analizada por el juez de control de garantías y así verificar su
legalidad.
14.3.- En todo caso, la valoración probatoria que realizó el tribunal no fue adecuada.
El análisis del tribunal se limitó a estudiar el requisito de la inferencia razonable de
responsabilidad penal que se desprendía de la declaración del señor Paz Rentería.
Ahora bien, la segunda parte del artículo 308 de la Ley 906 señala que, además de
ello, es necesario que la medida de aseguramiento persiga alguna de las finalidades
allí señaladas, lo cual deberá ser argumentado y demostrado por la Fiscalía al
momento de solicitar su imposición y analizado por el juez que la decreta.
14.4.- En la sentencia objeto de reproche se señaló que:
<<Lo cierto es que, al analizar el material probatorio que obra en el expediente, se
puede evidenciar que la Fiscalía fundó su petición en las previsiones de los artículos
306 y 307 literal A numeral 1º del C.P.P., sin que en ello se advierta la existencia de
una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos
legales, o que la actuación de la entidad no fue apropiada, razonada o fuera del
derecho, al respecto, en el acta de la audiencia concentrada del 9 de enero de 2013
se acredita que el Juez de control de garantías convalida la solicitud del ente
acusador bajo las premisas aplicables conforme la ley procedimental previamente
señalada (…)>>.

14.5.- Como se observa, en la sentencia accionada no se hizo ninguna
consideración en relación con el estudio que en su momento debió hacer el juez de
control de garantías frente a las finalidades de la medida de aseguramiento. El
tribunal concluyó que la medida fue legal sin profundizar en el asunto: nada se dijo
frente al juicio del juez de control de garantías respecto a si el accionante (i) podría
obstruir el ejercicio de la justicia, (ii) constituía un peligro para la sociedad o (iii) era
probable que no compareciera al proceso; lo cual era necesario para concluir que
la medida de aseguramiento era necesaria.

14.6.- Además, el tribunal señala que la declaración del señor Paz Rentería no fue
desvirtuada, con lo cual desconoce que la carga de la prueba en materia penal recae

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exclusivamente en la Fiscalía y no puede ser invertida, y pasa por alto que el ente
acusador había recolectado otras dos declaraciones que señalaban a otra persona
como autora del homicidio.

15.- Por otro lado, también se reprocha que se le imputara al señor Díaz Lasso la
causa de la imposición de la medida de aseguramiento. El tribunal accionado
consideró que, dado que la absolución se debió a la aplicación del principio in dubio
pro reo y teniendo en cuenta la declaración del señor Paz Rentería, la privación de
la libertad fue consecuencia de la conducta del actor:
<<En ese orden de ideas, la Sala evidencia, como se indicó, que el material
probatorio que originó el proceso penal da cuenta de la incidencia del demandante
en su privación de la libertad, para aquella etapa procesal pertinente, lo cual permite
inferir que para el momento de la captura se reunían la totalidad de parámetros
legales necesarios para tener al ahora demandante como posible autor de una
conducta reprochable (…).

Corolario de lo anterior, la detención preventiva que afrontó la víctima directa, no fue
injusta, toda vez que la participación en la conducta imputada al momento de la
imposición de la medida, se consideraba como probable, bajo los preceptos de una
inferencia razonable y en el entendido de que no es indispensable tener la certeza
de la autoría del delito para imponer la medida de aseguramiento de detención
preventiva>>.

15.1.- La Sala considera que este argumento vulneró el principio de presunción de
inocencia porque, aunque no lo indica expresamente, equivale a insistir en el
carácter sospechoso del actor al momento de ser capturado e iniciarse el proceso
penal en su contra. Lo anterior lleva a pensar que una persona que ha sido absuelta
en un proceso penal debe asumir la carga de su privación de la libertad, dado que
hay circunstancias que, apreciadas nuevamente por el juez de la reparación,
pueden dar origen a cierta sospecha sobre su responsabilidad y que, por más de
ser descartados en sede penal, cabría retomarlos en sede de lo contencioso
administrativo.

15.2.- Además, el desistimiento de los recursos de ley en contra de la providencia
que impuso la medida de aseguramiento no constituye un supuesto de culpa
exclusiva de la víctima. Según los artículos 67 y 70 de la Ley 270 de 1996, esa
circunstancia solo configura esa causal de exoneración cuando se trata de un caso
de error jurisdiccional, pero expresamente se exceptúa los casos de privación
injusta de la libertad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05881-01
Accionantes: Julián Andrés Díaz Lasso y otros
Se revoca la sentencia y se concede el amparo

15.3.- En todo caso, es indiferente que la absolución se haya debido o no a la
aplicación del principio in dubio pro reo, pues en todo caso aplica la cosa juzgada
penal y se mantiene la presunción de inocencia. La aplicación de la duda razonable
es una garantía del proceso penal que no puede ser utilizada para justamente dudar
de la inocencia de la persona que ha sido absuelta por su aplicación.
15.4.- Se concluye que el tribunal accionado de ninguna forma puede desconocer
la cosa juzgada penal, consolidada en la decisión del juez penal, pues esta es de
carácter absolutorio y reafirma la presunción de inocencia de Díaz Lasso. Se vulnera
así la cosa juzgada penal, el juez natural, la presunción de inocencia y, en general,
el debido proceso. Ahora bien, cabe aclarar que el amparo que se concede no
implica necesariamente que deban accederse a las pretensiones de la demanda de
reparación directa, pues al juez natural le compete tomar la decisión que en derecho
corresponda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 26 de enero de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta por medio de la cual se declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo interpuesta por los accionantes. En su
lugar, AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

SEGUNDO: En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 5 de mayo
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión No.
005, en el proceso de reparación directa No. 19001-33-31-007-2016-00048-00/01.

TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión No.
005 que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia
profiera una nueva providencia en la que tenga en cuenta las consideraciones
señaladas en esta decisión.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05881-01
Accionantes: Julián Andrés Díaz Lasso y otros
Se revoca la sentencia y se concede el amparo

CUARTO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán.

QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

SEXTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

SÉPTIMO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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