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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05457-00

Fecha
5 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05457-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Niégase el amparo invocado en la acción de tutela presentada por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Niégase la solicitud de desvinculación elevadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05457-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

5 de noviembre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2024-05457-00
Demandante: ÓSCAR ANDRÉS ARBOLEDA LUCUMI Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
REPARACIÓN DIRECTA. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD. REQUISITOS PARA LA IMPOSICIÓN DE LA
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CON FUNDAMENTO EN
LA LEY 906 DE 2004

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia de segunda instancia que negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa por la privación de la libertad, por cuanto a su
juicio, la detención preventiva fue injusta ya que se fundamentó en afirmaciones que no fueron
corroboradas a través de pruebas fehacientes que determinaran que efectivamente fue él quien
disparó el arma, con lo cual se violó la presunción de inocencia y se desconoció el precedente de
esta Corporación en materia de privaciones de la libertad. Se negarán las pretensiones, tras
verificarse que no se configuró un defecto fáctico, pues el juez de la reparación verificó que la
medida de aseguramiento fue impuesta conforme con los criterios establecidos en el artículo 308
del CPP y la sentencia invocada no es un precedente vinculante para resolver el asunto.

La Sala decide la acción de tutela1 presentada por los señores Óscar Andrés Arboleda
Lucumí, Yorcelly García Palacios, Petronila Lucumí, Dilia Arboleda Lucumí, Jairo
Arboleda Lucumí, Maritza Arboleda Lucumí, Yuly Claritza Arboleda Lucumí, Suleni
Arboleda Lucumí, Danis Arbelli Arboleda Lucumí, José Eduar Valencia Arboleda en
contra del Tribunal Administrativo del Cauca, para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados
en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia del 4 de abril de 2024, mediante la cual se confirmó la decisión
que negó las pretensiones por la privación de la libertad del señor Óscar Andrés Arboleda
Lucumí.

1
Mediante escrito radicado el 9 de octubre de 2024.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05457-00
Actor: Oscar Andrés Arboleda Lucumí y otros
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 20 de agosto de 2012, sobre las 22:50 horas, el señor Óscar Andrés Arboleda
Lucumí fue capturado mientras estaba el establecimiento de comercio “Grill El Escondite”,
ubicado en el municipio de Guachené (Antioquia), supuestamente, después de que el
administrador de ese sitio lo retuviera porque efectuó dos disparos al interior del local.

2) El 22 de agosto de 2012, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización
de captura, imputación e imposición de medida preventiva de aseguramiento por la
presunta comisión de fabricación, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios
partes o municiones, dentro de la cual no aceptó los cargos y se le impuso la medida de
detención preventiva en la cárcel de Caloto y, aunque luego solicitó el reemplazo de dicha
medida por una de carácter domiciliaria, esa solicitud fue negada audiencia del 3 de
octubre de 2012, decisión que fue confirmada en audiencia del 22 de octubre de 2012.

3) El 18 de octubre de 2012, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de
acusación y realizó audiencia del 4 de febrero de 2013 y el 8 de julio de ese mismo año
se llevó a cabo la audiencia preparatoria.

4) El juicio oral inició el 13 de julio siguiente y, mediante fallo del 7 de marzo de 2024, el
Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de Caloto lo absolvió por existir dudas sobre la
autoría del delito.

5) Esa decisión fue apelada por la Fiscalía General de la Nación, sin embargo, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Popayán la confirmó con sentencia del 28 de julio de
2014; finalmente, el 3 de junio de 2014, recobró su libertad.

6) Presentaron demanda de reparación directa en contra de la Fiscalía General de la
Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que se
declarara la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de su libertad entre
el 20 de agosto de 2012 y el 3 de junio de 2014, la cual tildaron de injusta.

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Actor: Oscar Andrés Arboleda Lucumí y otros
Acción de tutela

7) Mediante sentencia del 27 de noviembre de 2019, el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Popayán negó las pretensiones por considerar que se configuró
la culpa exclusiva de la víctima y el hecho de un tercero, en tanto se probó que el
demandante fue capturado en flagrancia, después de que el administrador de un
establecimiento lo redujera porque comenzó a efectuar disparos en el interior de ese
lugar, para después entregarlo a uniformados de la Policía Nacional. Aunado a ello, no
se recurrió la decisión que impuso la medida preventiva, por lo cual su actuación dio lugar
a la privación de la libertad.

8) Apelaron con base en que la captura se dio con sustento en sospechas o conjeturas
que no fueron confirmadas en el trámite penal, de ahí que no se logró desvirtuar la
presunción de inocencia, por ende, no tenía la obligación de soportar una detención.

9) A través de fallo del 4 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó
la decisión de negar, toda vez que no se probó que la medida preventiva fue irrazonable,
desproporcionada e innecesaria, pues, no se adujo en concreto cuál fue el requisito que
se obvió en la imposición de la misma y, en todo caso, no recurrió ni debatió los
argumentos y pruebas que en ese momento presentó la Fiscalía General de la Nación en
apoyo de la solicitud de detención, por lo cual esa autoridad ni el juzgado de control de
garantías tuvieron la oportunidad de apreciar otros medios de prueba o consideraciones
diferentes a las que tenían para ese momento.

Fundamentos de la vulneración

La parte actora alegó que la providencia del 4 de abril de 2024 adolece de los defectos
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial.

Frente al primer reparo sostuvo que la decisión judicial está basada en una valoración
probatoria insuficiente, en tanto no se tuvo en cuenta que el juez penal de control de
garantías omitió realizar la prueba de absorción atómica a las manos y las prendas del
capturado, antes de imponer la medida preventiva de restricción de la libertad, que habría
sido relevante para verificar la culpabilidad del acusado y tener certeza de que fue el
señor Arboleda Lucumí quien realizó los disparos.

Además, el tribunal incurrió en unas imprecisiones en la providencia cuestionada por
cuanto señaló que los hechos ocurrieron en la noche, en lugar de la madrugada; que

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varios uniformados de la Policía Nacional ingresaron al establecimiento a capturarlo, lo
cual no es cierto, pues fue el administrador del lugar quien salió y se los entregó; y que
erró el tribunal por considerar que los elementos materiales probatorios, las evidencias
físicas e indicios mínimos eran suficientes para inferir razonadamente que fue el autor de
la conducta reprochada.

Por otra parte, se violó la presunción de inocencia por presumir que no comparecería
debido al alto grado de punibilidad del delito endilgado, con lo cual invirtió la carga de la
prueba, por cuanto se le exigió a la defensa aportar elementos materiales probatorios
para descartar que la medida fue razonable, legal y proporcional, en desconocimiento de
que es a la fiscalía a quien le corresponde desvirtuar la presunción de legalidad.

En cuanto al segundo reparo, señaló que se desconoció la sentencia del 21 de marzo de
2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con
ponencia del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, en la cual se ampararon los derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia por
considerarse que la imposición de la medida preventiva en centro carcelario fue injusta,
toda vez que no se estudiaron los presupuestos para la imposición de la misma.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“Solicito a los honorables magistrados del CONSEJO DE ESTADO que por
reparto conozcan, que mediante la presente acción de tutela se amparen los
derechos fundamentales de: al debido proceso, defecto fáctico;
desconocimiento del precedente jurisprudencial; derecho a la igualdad;
presunción de inocencia; requisitos para medida aseguramiento; juez natural;
acceso a la administración de justicia, entre otros, pues desarrollo del defecto
fáctico, erróneamente ha considerado que los elementos materiales probatorios
y evidencia físicas, que existían en el momento de la solicitud de medida
aseguramiento presentada por la fiscalía, podían servir para imponer la medida
privativa de la libertad, cuando desde la génesis se supo que la captura no la
realizó funcionario de la Policía Nacional, sino un particular que aunque
facultado para ello no goza de presunción de legalidad, y exige mayor
rigurosidad en sus manifestaciones y el procedimiento, pues es un hierro, dado
a conocer en variados pronunciamientos de los órganos de cierre, considera
que la fragancia es sinónimo de responsabilidad penal, y considerar que el
informe de policía que contiene los actos urgentes, tales como la noticia
criminal, entrevistas, declaraciones juradas, arraigo, informe de investigador de
campo, podían servir como elementos para imponer la medida preventiva de
privación de la libertad y mantenerla, desconociendo disposiciones del código
procedimiento penal, así: la urgencia (artículo 306); los fines de la medida

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(artículo 296), sumado a la omisión o falta de investigación al no incluir y realizar
en desarrollo de los actos urgentes la prueba de absorción atómica a sabiendas
que supuestamente el indiciado había disparado, máxime que no fue la Policía
Nacional quien lo retiene sino un particular que dice supuestamente haberle
visto disparar el arma y quitársela, el desconocimiento de lo anterior, precedente
jurisprudencial; el derecho a la igualdad; el acceso a la administración de
justicia, no aplicación del bloque de constitucionalidad, en los parámetros
establecidos en la convencionalidad en virtud a tratados ratificados por el
Estado colombiano, entre otros, es en lo que incurrió el Tribunal Administrativo
del Cauca - Sala de Decisión No. 001, en su decisión de confirmar la Sentencia
del Juzgado Séptimo Administrativo de Popayán.

Derivado de lo anterior, solicito al Honorable Juez Constitucional, dejar sin
efecto la sentencia No. 049 de fecha 4 de abril de 2024, siendo Magistrado
Ponente el Dr. CARLOS LEONOR BUITRAGO CHÁVEZ del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA-SALA DE DECISIÓN No. 001, Radicado No.
19001-33-33-007-2015-00266-01 .

Que se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA- SALA DE
DECISIÓN No. 001, que en un término prudencial profiera una nueva sentencia,
dicha sentencia deberá garantizar los derechos fundamentales invocados por
mi poderdante el señor ANDRÉS ARBOLEDA LUCUMÍ Y OTROS, esto es: el
debido proceso; defecto fáctico, al considerar erróneamente que el informe de
policía de actos urgentes sin más consideración, permitía la Fiscalía solicitar, y
el juez de control de garantías imponer la medida privativa de la libertad, cuando
sirven para enrutar la investigación, además no observaron la ausencia en los
actos urgentes de la prueba absorción atómica, que la tal fragancia fue realizada
por un particular que implica ser más cuidadoso, existiendo esas falencias se
solicitó la revocación sin encontrar eco. Se insiste ninguno de los elementos por
si solo satisfacían la urgencia del art. 306 del CPP, los fines de la medida de los
artículos 308 o 296 del CPP, razón suficiente para que la fiscalía coadyuvara la
solicitud de revocación y el señor o en la concediera. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto del 11 de octubre de 2024 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente e integrantes de la Sala Sexta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Cauca y, como terceros con interés, la vinculación del titular del
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, el director de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial y el fiscal general de
la Nación, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.

Intervenciones de las autoridades demandadas

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó ser desvinculada del presente
trámite, toda vez que dentro de sus funciones contenidas en la Ley 270 de 1996, no está
la de dejar sin efectos decisiones proferidas en el trámite de procesos judiciales ni

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tampoco intervenir en el sentido de aquellas decisiones, por tanto, debe declararse la
falta de legitimación por activa en lo que a ella refiere.

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán manifestó que realizó las
actuaciones correspondientes en el curso de la primera instancia, sin vulnerar derecho
fundamental alguno, por lo cual solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción.

La Fiscalía General de la Nación pidió que se declare improcedente la acción, por cuanto
la parte actora no sustentó la configuración del presunto defecto de manera clara y
suficiente, a pesar de que tenía la carga de la prueba y el deber de sustentar de manera
razonada y precisa la trasgresión a los derechos fundamentales de los cuales solicita
amparo.

Además, no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional debido a que se
utilizó el mecanismo para reabrir debate legal ya definido.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la solicitud de desvinculación, 3)
el caso concreto, 4) análisis de los requisitos generales de procedencia, 5)
caracterización del defecto fáctico, 6) análisis el defecto fáctico en el caso concreto, 7)
caracterización del desconocimiento precedente judicial y 8) análisis del desconocimiento
del precedente en el caso concreto.

Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar

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o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

La solicitud de desvinculación

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación del presente
trámite por carecer de legitimación por pasiva, por cuanto el objeto de la demanda no
está relacionado con sus competencias y funciones, sin embargo, la Sala considera que
tal solicitud no se debe acoger, ya que su vinculación se dio en calidad de tercero con
interés en las resultas de lo que aquí se decida, lo cual se debe a su participación en el
proceso de reparación directa.

El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cauca a con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados con la providencia del 4 de abril de 2024.

Así las cosas, en los términos en los que se propuso la controversia la Sala negará el
amparo invocado, tras verificar que no se configuraron los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente, por las razones que procederá a exponer:

Análisis de los requisitos generales de procedencia

Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de
procedibilidad, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales
disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro de
conformidad; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez2; iii) no se atacó una
sentencia de tutela y, iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos que estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute es constitucionalmente relevante, en
tanto lo que se reprocha es que el tribunal demandado en segunda instancia desconoció

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La providencia cuestionada fue notificada el 11 de septiembre de 2024 por estado y tutela se presentó el
19 de septiembre siguiente.

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un precedente de esta Corporación vinculante al caso y valoró de manera insuficiente las
pruebas.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará el amparo
solicitado por las siguientes razones:

Caracterización del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas
que tiene una incidencia directa en la decisión, al respecto, la Corte Constitucional
reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva3.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez: i) ignorar o no valorar,
injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso, ii)
decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión o iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que
el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo.

Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una valoración por
completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello, ya sea:
iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan
determinantes en el sentido de la decisión o v) por decidir con medios de prueba que, por
disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia.

Análisis del defecto fáctico en el caso concreto

1) Se recuerda que la parte actora alegó que se configuró un defecto fáctico debido a que
i) el juez de control de garantías omitió decretar la prueba de absorción atómica antes de
imponer la medida de restricción de libertad; ii) el tribunal cometió imprecisiones por
afirmar incorrectamente que los hechos ocurrieron en la noche, que la captura fue
realizada por la policía y por considerar que los indicios eran suficientes para inferir que
fue el autor de la conducta endilga y, iii) se vulneró la presunción de inocencia al

3
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-041 del 16 de febrero de 2018, exp. T-6312452, MP Gloria Stella
Ortiz Delgado.

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suponerse que no comparecería por la gravedad del delito con lo cual se invirtió la carga
de la prueba.

2) No obstante, sobre el particular la Sala considera importante subrayar que, contrario a
como lo entiende la parte actora, la medida de aseguramiento no requiere pruebas
directas de responsabilidad penal, sino una inferencia razonable de la posible autoría o
participación en el delito, estándar que permite que la medida se imponga con base en
indicios o pruebas que sean coherentes y suficientes para justificar la probabilidad de
intervención del acusado en el delito, sin que esto implique una certeza plena de
culpabilidad, la cual se determina en con base en las pruebas debidamente controvertidas
en el proceso.

3) Debe advertirse que la prueba de absorción atómica no era una prueba indispensable
para acreditar los fines preventivos de la medida de aseguramiento, que solo exige un
umbral probatorio menor al de la condena penal, máxime cuando en este caso es claro
que los indicios eran suficientes para generar una inferencia razonable de participación
en el delito, por cuanto fue reducido por un particular que lo entregó a la policía y lo
identificó como quien había realizado los disparos al interior de su establecimiento de
comercio.

4) La Corte Constitucional4 ha reconocido que las medidas de aseguramiento pueden
basarse en indicios y no requieren certeza absoluta sobre la culpabilidad, ya que se
fundamentan en el riesgo procesal y no en la responsabilidad penal definitiva, postura
que ha sido reiterada en varios fallos que avalan la suficiencia de los indicios para
imponer la medida, especialmente cuando la fiscalía ha presentado una hipótesis de
responsabilidad respaldada por una cadena lógica de pruebas circunstanciales, como
ocurrió en el presente caso, en el cual, según relató el mismo administrador del local fue
el señor Arboleda Lucumí, quien efectuó los disparos.

5) Por otro lado, se advierte que si bien es cierto que existen ciertas inexactitudes en la
descripción de algunos hechos, también lo es que estas no afectan el fundamento de la
decisión judicial en cuanto a la imposición de la medida de aseguramiento, pues, el foco
de esta decisión es la razonabilidad de los indicios que sustentan la medida, no la
exactitud de los detalles circunstanciales del operativo de captura, las cuales no tiene la

4
Sentencia C-469-16, MP Luis Ernesto Vargas Silva.

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entidad suficiente de afectar los derechos fundamentales de la parte actora porque no
afectan el sentido de la decisión final ni tienen ninguna incidencia en ella.

6) En consecuencia, las imprecisiones en el horario de los hechos no afectan la
fundamentación jurídica de la medida de aseguramiento, ya que son detalles que no
inciden en la evaluación de los indicios sobre la posible participación del imputado en el
delito.

7) En tercer lugar y último lugar, frente al defecto fáctico se hace necesario aclarar que
en materia de privaciones de la libertad, para efectos de demostrar una falla en el servicio
se debe probar que la medida de aseguramiento de detención preventiva fue impuesta
en incumplimiento de los criterios de razonabilidad, legalidad y proporcionalidad, lo cual
es plena responsabilidad del interesado, de conformidad con el principio del “onus
probandi” consagrado en el artículo 167 del Código General del Proceso, regla según la
cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen”, de ahí que era al actor a quien le correspondía
demostrar que la medida de aseguramiento no estuvo ajustada a derecho y fue ilegal,
irrazonable y desproporcional.

8) Con base en lo expuesto, la Sala negará los cargos en los atinente al presente reparo,
toda vez que se verificó que ninguno de los tres tenía vocación de prosperidad, conforme
las razones expuestas previamente.

Caracterización del desconocimiento del precedente

El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas al caso
que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico
constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia5”.

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico y
reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que, en lo
sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con supuestos
fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento jurídico similar, la sentencia

5
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.

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precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras de garantizar
la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las decisiones judiciales.

No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional6 es necesario precisar que
no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”, pues ello
solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad sobre dicho
punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es posible identificar
tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las órdenes vinculantes
para las partes del proceso y que constituye la solución al problema jurídico examinado;
ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones o razones que sustentan,
motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no
son más que aquellos argumentos de argumentos de referencia, complementarios o de
contexto que no son vinculantes ni necesarios para la resolución del asunto.

Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza de
precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver
posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante,
o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o
planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente7”.

Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una regla
cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los términos
que a continuación se explican:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de

6
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.
7
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

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vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho
(e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez
para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un
carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta
por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.
(…)

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso”.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en los
cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas las
razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del mismo, lo
que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están llamados a
demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor manera el
contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección,
pues no cualquier motivo constituye una razón válida para “justificar” el apartamiento del
precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de argumentación”.

Análisis del desconocimiento del precedente jurisprudencial en el caso concreto

1) En este caso, la parte actora consideró que se desconoció la sentencia del 21 de marzo
de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado8, por
consiguiente, la Sala procederá a estudiar dicho defecto con el fin de establecer si se
configuró o no.

8
Rad. 11001-03-15-000-2022-05881-01, MP Martín Bermúdez Muñoz.

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05457-00
Actor: Oscar Andrés Arboleda Lucumí y otros
Acción de tutela

2) De acuerdo con las definiciones y precisiones conceptuales referidas con antelación,
de entrada, la Sala advierte que la providencia que trajo a colación la parte actora no
constituye precedente vinculante aplicable al caso, pues, no corresponde a una sentencia
de unificación ni en ella se advierte la ratificación de un criterio univoco, pacífico y
reiterado por parte del tribunal de cierre, como tampoco contiene reglas o parámetros que
se hayan fijado para resolver las controversias futuras.

3) En efecto, en la providencia de 21 de marzo de 2023 se parte de supuestos fácticos y
jurídicos que no resultan aplicables en este asunto ya que se estudió la privación de la
libertad del allí demandante por la presunta comisión del homicidio de un señor y se
determinó que la medida fue necesaria sin hacerse ninguna consideración en relación
con el estudio que en su momento debió hacer el juez de control de garantías frente a las
finalidades de la medida de aseguramiento; en otras palabras, el tribunal demandado en
ese otro caso concluyó que la medida fue legal sin profundizar si cumplía con los
presupuestos para su imposición, esto es, si podría obstruir el ejercicio de la justicia,
constituía un peligro para la sociedad o era probable que no compareciera al proceso,
aspectos que distan diametralmente de este caso.

4) En efecto, en la sentencia del 4 de abril de 2024, objeto de cuestionamiento, aunque
también se discutió una privación de libertad y la valoración de indicios, las circunstancias
difieren en cuanto a la prueba y las condiciones de la medida de aseguramiento, ya que
aquí el tribunal sí analizó todo el contexto en el cual fue impuesta la medida de
aseguramiento, en tanto verificó que el juez de control de garantías consideró que existía
una inferencia razonable de que fue el señor Arboleda Lucumí quien realizó los disparos,
pues el administrador del establecimiento de comercio lo señaló de tal proceder;
constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, existía evidencia de arma de fuego
sin salvoconducto; debido a la alta punibilidad del delito era posible que no compareciera;
no tenía arraigo y la conducta endilgada tenía una pena superior a 4 años.

5) En ese contexto, se concluye que dicho defecto tampoco tiene vocación de
prosperidad pues, la sentencia alegada como desconocida no constituía un precedente
vinculante porque trató una situación fáctica disímil al asunto en estudio.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Expediente: 11001-03-15-000-2024-05457-00
Actor: Oscar Andrés Arboleda Lucumí y otros
Acción de tutela

FALLA:

1º) Niégase el amparo invocado en la acción de tutela presentada por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Niégase la solicitud de desvinculación elevadas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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