Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05927-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05927-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05927-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
23 de febrero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01
Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01
Accionantes: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009 Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Temas: Tutela contra providencia judicial – cosa juzgada e improcedencia de
la acción de tutela por no superar el requisito de procedibilidad
adjetivo de la inmediatez1.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia del 12 de diciembre de 2022 por medio de la cual la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo de la
referencia por no cumplir con el requisito de la inmediatez y por haberse configurado la
cosa juzgada.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 9 de noviembre de 2022, los integrantes del Consorcio
Infraestructura Vial 2009 2 , actuando a través de apoderado judicial 3 , así como el
1 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia
24.09.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-03322-00; Sentencia 24.09.20, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-03912-00; Sentencia 10.09.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2020-03679-00; Sentencia 03.09.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-01320-
01; Sentencia 03.09.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-03473-00; Sentencia 03.09.20, M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-03511-00; Sentencia 27.08.20, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-02272-01; Sentencia 27.08.20, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra,
Rad. 11001-03-15-000-2020-03041-00; Sentencia 20.08.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-
01244-01; Sentencia 06.08.20, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-02109-00.
2 Carlos Urías Rueda Álvarez, Julio César Cascativa Peña, Miguel Ángel Martínez Amortegui, B.P. Constructores S.A.
y Constructores Barsa LTDA., ahora Construcciones Barsa S.A.S.
3 El abogado Juan David Ossa Bocanegra
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Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Consorcio Infraestructura Vial 20094, ejercieron acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera. Subsección C, con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales “al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.”
2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia del 14 de octubre de 2021, mediante la cual el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C confirmó la providencia del 30 de enero de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que había accedido parcialmente
a las pretensiones del medio de control de controversias contractuales, instaurado por el
Consorcio Infraestructura Vial 2009 contra el Instituto Nacional de Vías INVIAS, bajo el
radicado 68001-23-33-000-2013-00362-01.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“a. Revocar el fallo de segunda instancia proferido por el CONSEJO DE ESTADO-
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SUBSECCIÓN C integrada por los Magistrados JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ
NAVAS, GUILLERMO SANCHEZ LUQUE y NICOLAS YEPES CORRALES, dentro
del proceso con radicado No. 68001- 23-33-000-2013-00362-01 (50623) del 14 de
octubre de 2021 y en su lugar ordenar la declarar la nulidad de las resoluciones
3820 y 4353 de 2012, en cuanto a la declaratoria del siniestro de anticipo del
Contrato de Obra No. 1307 de 2009.
b. Como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago de las sumas resultantes
del Acta de obra No. 15 a favor del CONSORCIO una vez se compensen los valores
pendientes de amortizar del anticipo del contrato de obra No. 1307 de 2009.” (Sic a
lo transcrito)
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
A. Medio de control de controversias contractuales
4. Los integrantes del Consorcio Infraestructura Vial 2009, conformado por los
señores Carlos Urias Rueda Álvarez, Julio Cesar Cascavita Peña y Miguel Ángel Martínez
Amórtegui y las sociedades BP S.A. y Construcciones Barsa S.A.S., instauraron
demanda de controversias contractuales en contra del Instituto Nacional de Vías
(INVÍAS), con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones número 13820 del 17 de
4 Que actúa a través del abogado Juan David Ossa Bocanegra, por poder conferido por su representante legal suplente,
el señor Álvaro Andrés Beltrán García
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Demandantes: Consorcio Infraestructura Vial 2009 y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
julio de 2012 y 4353 del 13 de agosto del mismo año, por medio de las cuales se declaró
(i) el incumplimiento definitivo del contrato de obra No. 1307 de 2009, (ii) el acaecimiento
del siniestro cubierto por el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo por
la suma de $ 4.038.755.699 y (iii) la imposición de una pena pecuniaria por un valor de $
2.396.500 en contra del citado contratista.
5. El 30 de enero de 2014 el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad
parcial de los actos administrativos precitados, en lo que tiene que ver con la sanción
impuesta, para lo cual consideró que debía tenerse en cuenta el 16 % del valor del
contrato y no el 100 %, y negó en todo lo demás las súplicas de la demanda.
6. Inconformes con dicha decisión, ambos extremos procesales interpusieron recurso
de apelación, el cual fue desatado por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, autoridad judicial que en sentencia del 14 de octubre de 2021 confirmó la
providencia de primera instancia.
7. Como sustento de su decisión, advirtió que si bien al omitir la valoración de las
pruebas sobre la amortización del anticipo, por considerar que no tenía competencia para
el reconocimiento del pago, el órgano decisor INVÍAS incurrió en un rigorismo excesivo,
sin embargo, lo cierto es que dicho yerro no determinó el sentido de la decisión, ya que,
resultaba claro, de lo pactado en el acta de entrega y en el acta de recibo definitivo, de
cuya suscripción se hizo pretender el reconocimiento de la amortización del anticipo en
todo el trámite de vía gubernativa, que en realidad el anticipo no fue amortizado en la
cuantía definida en los actos recurridos.
8. Adicionalmente, indicó que en el clausulado del contrato, las partes determinaron
que la tasación anticipada de los perjuicios estaba sujeta a dos parámetros,
correspondiente al (i) 10% del valor total del contrato, (ii) en proporción al avance de la
obra. Lo anterior, indicaba que, la intención común de los extremos del negocio, era que
el quantum de los perjuicios pactados en la cláusula penal pecuniaria por el
incumplimiento definitivo de las obligaciones del Consorcio Infraestructura Vial 2009 no
fuera equivalente, de manera automática, al 100% del valor total del contrato, sino que
se debía verificar el avance de la obra, a efectos de su estimación proporcional a ella, y
que el tope máximo era el citado porcentaje.
B. Acción de tutela identificada con el número 2022-03777-00
9. El señor Álvaro Andrés García en su calidad de “representante legal suplente”,
actuando en nombre del Consorcio Infraestructura Vial 2009 y de sus integrantes,
obrando a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
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administración de justicia, los cuales estimó transgredidos por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, al expedir la sentencia del 14 de octubre de 2021.
10. El 7 de octubre de 2022 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, al concluir que la parte accionante
carecía de legitimación en la causa por activa, comoquiera que los consorcios no son
personas jurídicas y, por ende, no son titulares de derechos subjetivos, como para
solicitar la protección de derechos fundamentales a través de ese mecanismo
constitucional, de tal manera que la legitimación recaía en cada uno de los miembros de
la respectiva asociación.
11. En esa medida, consideró que la tutela debía ser ejercida por los integrantes del
consorcio, quienes no confirieron poder al abogado para tal efecto y afirmó:
“Si bien en el expediente consta un documento bajo el título «OTROSÍ No. 1
COMPROMISO CONSORCIAL», en el que se señala que el señor Álvaro Andrés Beltrán
García es «representante legal suplente» del consorcio, dicha representación no es
propiamente una representación legal, dado que no se trata de una persona jurídica y, por
ende, no le otorga la capacidad para representar a los integrantes del consorcio y conferir
poder en su nombre, a efectos de reclamar la protección de derechos fundamentales.”
1.3. Fundamentos de la solicitud
12. El Consorcio Infraestructura Vial 2009 y sus integrantes consideraron que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, puesto que
incurrió en las siguientes causales específicas de procedibilidad:
13. Defecto fáctico, porque, al darle primacía a lo formal sobre lo material, dejó de
valorar las pruebas aportadas al expediente, concretamente, el Acta de Obra No. 15, el
Acta de recibo definitivo de la obra y la conexión existente entre estas.
14. Al respecto, señalaron que el análisis no podía limitarse a determinar si el anticipo
estaba amortizado en el acta de recibo definitivo de la obra, sino que se requería evaluar
los documentos como acto complejo y analizar de manera integral los hechos y las
pruebas aportadas, por medio de los cuales lograba demostrarse la completa
amortización del anticipo del contrato de obra No. 1307 de 2009.
15. Defecto sustantivo, puesto que, al girar el debate sobre la declaratoria de un
amparo de seguros, como consecuencia del anticipo otorgado al contratista, eran
aplicables las normas relativas a los contratos de seguros, concretamente, el artículo
1077 del Código de Comercio, por cuanto la entidad allí demandada nunca demostró el
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daño causado, es decir, la pérdida por el anticipo entregado, comoquiera que se ejecutó
el 84 % de las obras contratadas, siendo únicamente el anticipo el 50 % del valor del
mismo, por lo que las obras ejecutadas comportarían el pago de este.
16. Sobre el particular, precisó que la disposición referida no contiene limites formales
para probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía, como desafortunadamente lo ha
sostenido el INVIAS y la autoridad judicial accionada, pues no puede simplemente
reducirse la prueba del daño a una certificación del área de Tesorería, cuando esta se
desvirtúa con la acreditación material de que dicha pérdida no existió en realidad, por
cuanto la unidad ejecutora de la entidad mencionada y la interventoría del contrato han
afirmado que materialmente el anticipo se encuentra amortizado en virtud de las obras
ejecutadas y contenidas en el Acta No. 15.
1.4. Trámite de la acción de tutela
17. El Magistrado que fungió como ponente de la sentencia de primera instancia,
mediante auto del 15 de noviembre de 2022, admitió la demanda de tutela y dispuso su
notificación a la parte actora, a los magistrados de la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, al Instituto Nacional de Vías INVIAS y al Tribunal Administrativo
de Santander.
1.5. Intervenciones
18. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
19. El magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas indicó que la decisión adoptada en
la sentencia del 14 de octubre de 2021 no se basó en la falta de cumplimiento de los
requisitos para el pago, sino en un análisis integral de las pruebas, de acuerdo con el
cual, ese no fue amortizado de forma íntegra y oportuna. Sobre el particular, explicó que,
del estudio de los dos actos que conforman el acto complejo declarativo del siniestro, la
Sala concluyó que las obras con las que se habría amortizado el anticipo no habían sido
entregadas y recibidas a satisfacción oportunamente, de acuerdo con el único documento
constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato; afirmación que fue ratificada
en el testimonio que, según lo planteado por el Consorcio Infraestructura Vial 2009 en su
recurso de apelación, daba cuenta de la amortización oportuna del anticipo.
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20. Adicionalmente, expuso que para dar respuesta al problema jurídico planteado por
INVIAS, en relación con la proporcionalidad de la pena, no resultaba pertinente entrar a
analizar el porcentaje de las obras ejecutadas, pues el cargo que esa entidad formuló en
sede de apelación y que determinó la competencia funcional del juzgador de segunda
instancia se limitó al cuestionamiento de la proporcionalidad que aplicó el a quo para la
tasación de la pena, ya que, en criterio de la entidad, con ello, se desconocía la finalidad
de esta, así como el artículo 15 del Decreto 4828 de 2009 que había suprimido los efectos
de la proporcionalidad de la garantía única de cumplimiento, por lo cual la Sala determinó
que el Decreto mencionado no reguló la pena pecuniaria y que su aplicación proporcional
se encontraba ajustada a su finalidad, así como a lo pactado, sin que para llegar a esa
conclusión resultara necesario determinar el porcentaje de obra ejecutado.
21. Finalmente, sostuvo que el artículo 1077 del Código de Comercio no fue pasado
por alto, sino que, por el contrario, fue aplicado en la providencia cuestionada, pero sin
desconocer las demás normas relativas a la declaración del siniestro en la contratación
pública ni la jurisprudencia administrativa pertinente. Además, precisó que la ausencia de
configuración del daño como elemento constitutivo del siniestro en el seguro de buen
manejo y correcta inversión del anticipo constituye un cargo adicional a los planteados
en el recurso por el Consorcio Infraestructura Vial 2009, que, en su criterio, es inoportuno
y carece de relevancia constitucional, por basarse en una interpretación de la ley sin
fundamento constitucional.
22. En esos términos, aseguró que la sentencia objeto de tutela no desconoció los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
puesto que los hoy accionantes tuvieron la oportunidad de ejercer sus derechos al interior
del proceso, el cual se adelantó bajo el procedimiento legalmente previsto y en el que se
dictó una providencia que contiene un adecuado análisis de la controversia bajo los
parámetros legales aplicables y atendiendo a lo que resultó probado, por lo que consideró
que lo reclamado en esta sede de amparo carece de relevancia constitucional, ya que lo
que se pretende es reabrir el debate surtido en las instancias correspondientes para
lograr una decisión que le resulte favorable, lo cual escapa al ámbito de competencia del
juez de tutela.
1.5.2. Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
23. La profesional del derecho Silvia Fernanda Ardila Cala, en cuanto a los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, afirmó que no se cumple la exigencia
de inmediatez, puesto que la solicitud de amparo se presentó el 9 de noviembre de 2022
y la sentencia atacada fue proferida el 14 de octubre de 2021 y notificada a las partes el
14 de marzo de 2022, por lo que ha transcurrido un término superior al fijado por la
jurisprudencia.
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24. Adicionalmente, manifestó que lo que se busca con la presente acción es reabrir
el debate de instancia con hechos que ya fueron objeto de debate, razón por la cual debe
recordarse que la acción de tutela no es una tercera instancia donde puedan ventilarse
asuntos que ya fueron definidos por los falladores en el proceso ordinario que estos no
tuvieron oportunidad de analizar, máxime cuando no corresponde al juez de tutela
establecer si existe un mejor criterio de interpretación que el utilizado por el juez natural,
quien es el llamado a servir como parámetro de decisión de la controversia.
25. En todo caso, aseguró que el fallo cuestionado no contiene ningún tipo de defecto
fáctico por omisión, por cuanto el acervo probatorio arrimado al informativo era suficiente
y el mismo llevaba a concluir que los accionantes incumplieron el contrato de obra No.
1307 de 2009 y ejecutaron obras por fuera del plazo contractual, lo que impide tenerlas
como ejecutadas y, de contera, ser soporte de la amortización del anticipo. Advirtió que
darle otra interpretación es pretender que aquellos cumplieran el contrato en cualquier
plazo y sin los adecuados controles. Precisó que la actio de in rem verso en nuestro
derecho es un principio elevado a disposición normativa por el Código de Comercio y no
puede ser invocado para reclamar el pago de obras sin la previa celebración de un
contrato estatal por la elemental razón que la acción de enriquecimiento sin causa para
que sea procedente no puede desconocer o ser contraria a una norma imperativa
26. De igual forma, señaló que la providencia judicial atacada no contiene el defecto
sustantivo alegado, por cuanto el contenido obligacional acatado por el juzgador de la
instancia está consagrado en la norma que no es otra que los pliegos de condiciones y
el contrato. Además, expresó que la máxima corporación de lo contencioso administrativo
no juzgó el asunto con normas inconstitucionales, ilegales o inexistentes, toda vez que
aplicó el contenido obligacional específico para el caso objeto de debate.
27. En este orden de ideas, consideró que no hay motivos para afirmar que la decisión
enjuiciada vulneró los derechos fundamentales alegados por la parte accionante, toda
vez que esta se profirió dentro de un marco de razonabilidad que analizó la demanda y
sus anexos, la contestación y sus anexos, las pruebas arrimadas por las partes y las
solicitadas y decretadas por el Juez de primera instancia, no correspondiendo el resultado
del asunto a un vicio procesal ostensible y desproporcionado ni a intereses subjetivos o
caprichosos del juez de segunda instancia, al hacer el estudio de fondo del recurso de
alzada. En consecuencia, solicitó denegar la presente acción constitucional.
1.5.3. El Tribunal Administrativo de Santander remitió copia del expediente digital del
medio de control de controversias contractuales con número de radicado 68001-23- 33-
000-2013-00362-00/01.
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1.6. Sentencia de primera instancia
28. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado profirió sentencia el 12
de diciembre de 2022 mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, al
haberse configurado el fenómeno de la cosa juzgada con respecto al Consorcio
Infraestructura Vial 2009 y, no haberse acreditado el cumplimiento del requisito de
inmediatez, en relación con los integrantes del precitado consorcio.
29. Como fundamento de su decisión, advirtió que existe identidad de partes, causa
petendi y objeto entre la acción constitucional de la referencia y la presentada por el
apoderado del señor Álvaro Andrés Beltrán García, en nombre del Consorcio
Infraestructura Vial radicada con el número 11001-03-15-000-2022-03777-00, motivo por
el cual, concluyó que se configuraba la cosa juzgada.
30. En relación con la temeridad, afirmó que la misma no se configuraba en la medida
en que “en el expediente no existen elementos de juicio que demuestren una actuación dolosa
o de mala fe por parte del solicitante del amparo, por cuanto aquel consideró que podía interponer
la nueva acción, en razón a que los integrantes de dicha asociación ya le habían conferido poder
al representante judicial de ese consorcio y que la anterior tutela no había sido resuelta de fondo.”
31. Al estudiar la inmediatez, manifestó que la sentencia del 14 de octubre de 2021
fue notificada el 17 de febrero de 2022 y adquirió ejecutoria el 22 del mismo mes y año,
por lo que el término para presentar la acción de tutela -6 meses- venció el 23 de agosto
de 2022, mientras que la demanda constitucional fue radicada el 9 de noviembre de 2022,
por lo que resultaba extemporánea.
32. Puso de presente que, “la parte accionante, en el escrito inicial de esta acción, manifestó
que la decisión controvertida fue notificada el 14 de marzo de 2022. Sin embargo, al revisar el
expediente en el sistema de gestión judicial «SAMAI» se observa que en esa oportunidad solo
fueron notificados el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Procuraduría Delegada para la
Conciliación Administrativa. En todo caso, si se contabilizara el término de inmediatez desde esa
fecha el mismo ya habría fenecido, comoquiera que el plazo vencería el 23 de septiembre de
2022 la solicitud de amparo, se itera, fue formulada hasta el 9 de noviembre de igual anualidad.”
33. Finalmente indicó:
“La parte accionante, en el escrito de tutela, no presentó ningún argumento para justificar
la interposición del mecanismo de amparo por fuera del término previsto
jurisprudencialmente, esto es, seis meses, y al revisar el mismo tampoco se advierte alguna
situación que le haya impedido acudir a esta acción y que convierta en desproporcionada
la exigencia del agotamiento de este requisito general de procedibilidad.
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Adicionalmente, se aclara que no puede tenerse en cuenta el hecho de que se hubiese
presentado otra acción de tutela, para flexibilizar el requisito aquí estudiado, dado que en
esa oportunidad los integrantes del consorcio no presentaron la acción, sino que lo hizo
directamente aquel, por lo que dicho yerro no puede afectar el término de inmediatez.
En consecuencia, se concluye que el presente trámite constitucional no superó la exigencia
general aquí estudiada. Por tanto, se declarará improcedente la acción de tutela, al haberse
configurado el fenómeno de la cosa juzgada, con respecto al CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL 2009, y no haberse acreditado el cumplimiento el requisito de
inmediatez, en relación con los integrantes del precitado Consorcio.”
1.7. Impugnación
34. Con escrito del 17 de enero de 2023, la parte actora impugnó la sentencia de
primera instancia notificada por correo electrónico enviado el 13 de enero del mismo año.
35. En relación con la cosa juzgada, puso de presente que en el primer trámite
constitucional no se estudiaron de fondo los argumentos expuestos en el escrito de
demanda, por cuanto la Sala consideró que el representante legal suplente del Consorcio
no se encontraba facultado para presentar la tutela y que se requería de la presencia de
los miembros de aquel.
36. Afirmó que la decisión adoptada en el anterior trámite fue contraria al criterio
expuesto en el fallo5 de unificación de la Sección Tercera dictada en el expediente 5000-
23-26000-1997-03930-01.
37. Adujo que “en el fallo de la Acción de Tutela con el radicado 2022-03777, no se hace
ningún tipo de análisis acerca de los hechos de la demanda, la Sala solo se detiene en verificar
el requisito de forma de la legitimidad por activa, y pese a lo que anteriormente la Jurisprudencia
había considerado sobre el tema, concluye que en este caso deben concurrir a la Acción de Tutela
los miembros del CONSORCIO, por lo que declara improcedente el amparo Constitucional
solicitado. No puede entonces configurarse ninguna cosa juzgada, por cuanto no se hace en
dicha providencia y en el proceso en sí, ningún análisis a los hechos de fondo de la Acción de
Tutela, los hechos nunca fueron discutidos en el proceso con radicado 2022-03777, por lo tanto
no han sido objeto de pronunciamiento por parte del Juez Constitucional (…)”
38. Consideró que, para que se configure la cosa juzgada, el juez debe pronunciarse
sobre el fondo del asunto, lo cual permitiría un estudio de los hechos nuevos que se
presenten en la nueva acción de tutela, ya que la Corte Constitucional indicó que “no se
configura cosa juzgada entre dos acciones de tutela, si la nueva solicitud de amparo se
fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido analizados previamente por el juez, o cuando
5 No se indicó la fecha de la providencia
9
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al interponer la primera acción el peticionario no conocía- y no podía conocer- nuevos elementos
fácticos o jurídicos para sustentarla.”6
39. En relación con la inmediatez, arguyó que se debe tener en cuenta que ya se había
presentado una petición de amparo, circunstancia que permite la flexibilización de este
requisito, pues “si bien es claro que no se constituye cosa juzgada por cuanto en la primera
nunca se discutieron los hechos de fondo objeto de la acción, si es necesario tenerla presente
para el computo de los términos.”
40. En ese sentido, expuso que el presente mecanismo constitucional fue radicado tan
solo 13 días hábiles después de haber sido notificada la sentencia que declaró la
improcedencia del amparo en el proceso 2022-03777-00. Es decir, que una vez conoció
de la decisión de falta de legitimación, obtuvo los poderes correspondientes de los
miembros del consorcio, para presentar nuevamente la solicitud de amparo el 9 de
noviembre de 2022. Finalmente consideró:
a. Si se cumplió con el requisito de la inmediatez, toda vez que antes de cumplidos los seis
(6) meses desde la fecha de notificación del fallo de segunda instancia dentro de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, se presentó acción de tutela y esto es indistinto
a la fecha que se quiera tomar como notificación de aquel fallo.
b. El H. Consejo de Estado para resolver la acción de tutela presentada el 13 de julio de
2022, tardó un poco más de 3 meses para proferir y notificar la decisión. Decisión que como
señalamos en el acápite anterior, se limitó a analizar el requisito de legitimidad por activa
sin considerar ninguno de los hechos de fondo.
c. La nueva acción de tutela en la que concurren todos los miembros del Consorcio se
radica solo 13 días hábiles después de haberse notificado la decisión de la anterior Acción,
con lo que se demuestra que no ha habido inacción alguna de nuestra parte, solo que se
da un cambio en la posición jurisprudencial que ahora exige la presencia de todos los
integrantes del Consorcio, y en muy pocos días se cumple con este requisito.
d. Es de anotar que si bien, inicialmente en el trámite de la primera acción de tutela se
requirió previo a su admisión para que se aportaran los poderes respectivos de los demás
integrantes del Consorcio, en esa oportunidad solo se otorgó un plazo de 3 días y además
para ese momento la posición jurisprudencial señalaba que el CONSORCIO era
suficientemente capaz para ejercitar las acciones legales siempre que tuvieran una
conexión directa con el contrato estatal.”
41. Por otro lado, aseguró que la demora en la que incurrió el juez constitucional que
conoció del proceso 2022-03777-00 es un hecho que debe tenerse en cuenta, con el fin
de flexibilizar el requisito de la inmediatez en el sub judice, ya que dicha autoridad judicial
tardó 97 días para proferir la sentencia de primera instancia.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-158 de 2013
10
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42. Así las cosas, concluyó que si la Corporación hubiere emitido el fallo dentro de los
términos señalados en la ley -10 días- “ la decisión que hubiese sido igualmente improcedente
por la misma razón, esto es, falta de legitimación por activa, debió producirse el 23 de julio y si a
ello le sumamos los 13 días hábiles que tomó presentar la nueva acción de tutela con la
concurrencia de todos los miembros del CONSORCIO, tendríamos como resultado que la acción
que hoy en día nos ocupa se habría presentado el día 10 de agosto de 2022, con lo cual aún
estaríamos dentro del plazo de los seis (6) meses contados a partir de la notificación de febrero
23 de 2022 de la decisión de segunda instancia que se ataca hoy en sede de tutela.”
43. A juicio del actor, la demora en la resolución de la primera acción de tutela, justifica
la tardanza en la presentación de este mecanismo constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
44. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte
actora contra la sentencia del 12 de diciembre de 2022 proferida por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de
2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problemas jurídicos
45. De cara al examen de la situación fáctica expuesta por los accionantes, del
material probatorio recaudado, de las causales de procedibilidad de la acción de tutela
invocadas y de los argumentos expuestos en el libelo introductorio y en el de
impugnación, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
● ¿Se configura en el caso concreto el fenómeno de la cosa juzgada y la temeridad
en relación con el proceso de constitucional radicado con el número 11001-03-15-
000-2022-03777-00?
● ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial, en especial el relativo a la inmediatez?
46. De ser positiva la respuesta a las preguntas anteriores, la Sala analizará lo
siguiente:
11
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● ¿Vulneró la autoridad judicial accionada los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora al incurrir en
defectos fáctico y sustantivo?
47. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de la cosa juzgada y la temeridad (iii) las generalidades del
requisito de la inmediatez; y (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 7
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena
habían adoptado posturas diversas sobre el tema8 y declaró su procedencia.9
49. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela
contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo
solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
50. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
51. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices
se entrará a estudiar el caso de la referencia.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García
González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
12
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2.4. De la temeridad
52. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la temeridad
en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:
“Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales,
se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
53. La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para declarar la
ocurrencia de esta figura, así: “(i) identidad fáctica y de derechos invocados en relación con
otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta
por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta
de justificación para interponer la nueva acción”10.
54. La Corte Constitucional precisó que la verificación de estos requisitos coincide con
la prohibición general de que se realice un nuevo pronunciamiento por parte del juez,
sobre un proceso que guarde identidad jurídica con uno anteriormente decidido, toda vez
que, según lo establecido por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil “la
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada
(…)”.
55. Así mismo, esta Sala de Decisión11, estableció las características de la temeridad
al indicar que la misma “se configura, cuando concurren la (i) identidad fáctica en relación con otra
acción de tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto la segunda petición de amparo se presenta por
parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de justificación
para interponer la nueva acción12.
56. La actuación temeraria tiene una relación directa con el principio constitucional de
la buena fe, prescrito en el artículo 83 de la Constitución Política. De acuerdo con el
Tribunal Constitucional13, cuando se obra temerariamente se vulnera este principio, en la
medida en que, para satisfacer un interés particular, el actor instaura deliberadamente y
sin un motivo válido, una nueva acción de tutela y como la buena fe se presume en todas
las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas, corresponde al juez de
10 Corte Constitucional, Sentencia T-883 del 9 de agosto de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett, reiterada en la
Sentencia T-151 del 5 de marzo de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla
11 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION QUINTA. Consejero
ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. Sentencia del once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación
número: 11001-03-15-000-2015-02100-01(AC)
12 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-883 del 9 de agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
13 Sobre este tema se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-308 del 13 de julio de 1995, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo y T-145 del 3 de abril de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía, T-091 del 6 de marzo de
1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-001 del 21 de enero de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-1215
del 11 de diciembre de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, entre otras
13
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tutela demostrar su existencia mediante un análisis profundo de las pretensiones de las
demandas, de los hechos y de los derechos en que éstas se fundan 14.
2.5. De la cosa juzgada
57. La figura jurídica de la cosa juzgada se encuentra actualmente consagrada en el
artículo 303 del Código General del Proceso, en los siguientes términos:
“Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre
el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso
son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás
casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos
en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.
La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.”
58. De otra parte, en sentencia del 4 de febrero del 201615, esta Sección puso de
presente que esta Corporación16 ha sostenido que el fenómeno de la cosa juzgada está
llamado a garantizar el principio de unidad y seguridad jurídica, de modo que solamente
haya un pronunciamiento sobre la misma materia.
59. De esta forma, cuando se produce una decisión jurisdiccional definitiva que pone
fin a un conflicto, esta se torna intangible, por lo que ningún otro juez puede pronunciarse
nuevamente sobre el asunto. De ocurrir, sería posible la existencia de dos sentencias
contradictorias sobre idéntica controversia y, por ende, se violaría el debido proceso 17.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-067 del 7 de febrero de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez
15 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION QUINTA. Consejera
ponente: ROCIO ARAUJO OÑATE. Sentencia del cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número:
11001-03-15-000-2015-02538-01(AC)
16 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION CUARTA. Sentencia de 7
de abril de 2015. Consejero Ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Radicación: No. 11001-03-15-000-2006-
00318-00. También en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de julio de 2012, Exp.
No. 85001-23-31-000-2003-00455-01(2083-10), C.P: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
17 Ídem.
14
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60. La Corte Constitucional ha considerado que el alcance del concepto de cosa
juzgada constitucional, debe atender una identidad de partes, hechos y
pretensiones18.
61. En ese orden de ideas, y frente a los requisitos señalados, para que sea aplicable
esta figura jurídica al caso concreto se requiere que se configuren ciertos elementos
definidos así por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación:
‘i) Que exista identidad de causa. Debe existir plena coincidencia entre la razón o
motivos por los cuales se demanda; esto es, los hechos que dieron origen a la
presentación de la demanda y a la formulación de las pretensiones.
ii) Que el proceso recaiga sobre el mismo objeto. Las pretensiones o solicitudes de
la demanda, en relación con la cual se dictó la sentencia definitiva, deben coincidir,
a su vez, con las peticiones de la nueva demanda.
iii) Que exista identidad de partes. Quienes actúan como demandante y demandado
en el proceso anterior deben actuar de la misma forma en el nuevo proceso 19.
62. Finalmente, es importante resaltar que la Corte Constitucional, en sentencia T-053
del 2012, la cual se trae a colación como criterio auxiliar de interpretación, señaló lo
siguiente:
“Aunque, la cosa juzgada no es absoluta comoquiera que, el ordenamiento jurídico
estableció figuras como los recursos de revisión o la tutela contra providencia judicial que
atenúan tal institución. A pesar de esto, sin lugar a dudas la finalidad máxima de la tutela
es proteger los derechos fundamentales de las personas que se encuentran amenazados
o vulnerados, por lo que las decisiones adoptadas dentro del proceso de amparo tienen la
virtualidad de constituir cosa juzgada.”20
63. Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de
establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala precisa que
en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto presenta sucesivas o
múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes situaciones: i) que exista
cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone una
acción de tutela sobre un asunto decidido previamente en otro proceso de la igual
naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que
haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se
interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha
18 Corte Constitucional. Sentencia T-281 de 2014.
19 Ídem supra. Cita 13.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-053 del 05.07.2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
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operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en
la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales
se configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación
simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la triple identidad
a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada.
2.6. De las generalidades del requisito de inmediatez21
64. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable22, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo
contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría
su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo 23.
65. De acuerdo con lo anterior, esta Sección24 ha considerado como plazo prudencial
el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la ejecutoria de
la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud de protección y la
presentación de la esta, y cuando este es excesivo se declara su improcedencia.
66. No obstante, lo anterior, se analiza en cada caso concreto si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo
del debate jurídico planteado.
67. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-256 de
201525, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la acción de
tutela será procedente “cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que
generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
21 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-
03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
22 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14, Rad. 11001-03-
15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 26.02.15, Rad.
11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
23 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
24 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago Valencia;
Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia
03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-03-
15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
25 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
16
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incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor
derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual26”.
2.7. Caso concreto
68. Por cuestiones metodológicas, la Sala analizará cada problema jurídico de manera
separada.
2.7.1. ¿Se configura en el caso concreto una actuación temeraria?
La Sala advierte que en el sub judice la acción de tutela es presentada tanto por los
integrantes del Consorcio Infraestructura Vial 2009 27 , quienes actúan a través de
apoderado judicial28, así como por el Consorcio Infraestructura Vial 200929.
69. Éste último presentó la acción de tutela tramitada con el radicado 11001-03-15-
000-2022-03777-00, en el cual se declaró su falta de legitimación.
70. Ahora, no se evidencia la mala fe del referido Consorcio a efectos de configurar la
temeridad, en los términos descritos en el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991 y del
desarrollo jurisprudencial que al respecto ha tenido esta Sección30.
71. Lo anterior por cuanto junto con el escrito de demanda, el actor manifestó que el
11 de julio de 2022 interpuso una acción de tutela con base en estos mismos hechos,
ante el Consejo de Estado y adjuntó el fallo que la resolvió, lo cual desvirtúa el elemento
subjetivo que se exige para entender configurada la temeridad.
72. Así mismo, la Sala advierte que el Consorcio tutelante manifestó que presentaba
nuevamente el mecanismo constitucional debido a que considera que sus derechos
fundamentales siguen siendo vulnerados, pues sus argumentos no fueron analizados de
fondo por el primer juez, lo que permite concluir, al margen de la razonabilidad de dicho
26 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158 de 2006,
T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.
27 Carlos Urías Rueda Álvarez, Julio César Cascativa Peña, Miguel Ángel Martínez Amortegui, B.P. Constructores S.A.
y Constructores Barsa LTDA., ahora Construcciones Barsa S.A.S..
28 El abogado Juan David Ossa Bocanegra
29 Que actúa a través del abogado Juan David Ossa Bocanegra, por poder conferido por su representante legal
suplente, el señor Álvaro Andrés Beltrán García
30 Ver al respecto las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta del 28 de julio de 2016. M.P. Rocío Araújo
Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2015-03307-01, del 2 de marzo de 2017. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-
000-2017-00055-00 y del 22 de febrero de 2018. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 68001-23-33-000-2017-00881-01.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-05927-01
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argumento que, es ausente la intención de engañar al fallador con la finalidad de que se
tramite una nueva acción de tutela.
73. De manera que, el actuar de la asociación demandante en este caso no resulta
temerario en tanto que él está convencido de que la providencia de tutela proferida al
interior del proceso 2022-03777-00 que declaró la improcedencia por falta de legitimación
en la causal por activa, da lugar a la presentación de una nueva solicitud de amparo
constitucional que obligue a la autoridad judicial accionada a acceder a sus pretensiones
en el proceso ordinario, en atención a que, en esta ocasión, los miembros del Consorcio
Infraestructura Vial 2009 le otorgaron poder al abogado.
74. Con todo, la razón que expone el actor, si bien justifica su proceder en el asunto
de la referencia, no necesariamente desvirtúa la cosa juzgada, la cual será analizada a
continuación.
2.7.2. ¿Se configura la cosa juzgada en el presente caso?
75. Como se indicó en precedencia, la acción constitucional de la referencia es
interpuesta tanto por el Consorcio Infraestructura Vial 2009, como por sus integrantes.
Sin embargo, la acción constitucional 2022-03777-00 fue presentada únicamente por el
primero. En ese sentido, la configuración de la cosa juzgada se analizará frente a dicho
sujeto, motivo por el cual se verificará la identidad de partes, derechos, hechos y
pretensiones:
Identidad Tutela con radicado 2022-03777- Tutela con radicado 2022-05927-
00 01
Partes Demandante: CONSORCIO Demandante: CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL 2009, INFRAESTRUCTURA VIAL 2009,
por intermedio de su por intermedio de su
apoderado judicial apoderado judicial
Demandado: Consejo de Estado, Demandado: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C Sección Tercera, Subsección C
Derechos Debido proceso y acceso a la Debido proceso y acceso a la
vulnerados administración de justicia administración de justicia
Hechos La vulneración de los derechos se La vulneración de los derechos se
presenta con ocasión de la presenta con ocasión de la sentencia
sentencia del 14 de octubre de 2021 del 14 de octubre de 2021 proferida
proferida en el medio de control de en el medio de control de
controversias contractuales controversias contractuales
identificada con el número 2013- identificada con el número 2013-
00362-01. 00362-01-
Defecto fáctico: dado que, al darle Defecto fáctico: porque, al darle
primacía «a la forma sobre el fondo», primacía a lo formal sobre lo material,
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en la sentencia se dejó de valorar de dejó de valorar las pruebas aportadas
manera correcta el acta de recibo al expediente, concretamente, el Acta
definitivo y el acta 15 de ejecución de Obra núm. 15 y el Acta de recibo
del contrato. definitivo de la obra y la conexión
existente entre estas. Al respecto,
Expuso que, en forma contradictoria, señaló que el análisis no podía
la providencia que se cuestiona limitarse a determinar si el anticipo
reprochó al INVÍAS el rigor excesivo estaba amortizado en el acta de
de omitir valorar las pruebas de la recibo definitivo de la obra, sino que
amortización, so pretexto de una se requería evaluar los documentos
supuesta falta de competencia para como acto complejo y analizar de
reconocer el pago del anticipo, pero manera integral los hechos y las
incurrió en el mismo error del pruebas aportadas, por medio de los
INVÍAS, que fue dejar de examinar la cuales lograba demostrarse la
conexión entre el acta de recibo completa amortización del anticipo
definitivo de la obra y el acta 15, del Contrato de Obra núm. 1307 de
limitándose a negar el2009.
reconocimiento de la amortización
del anticipo, porque no constaba en Defecto sustantivo: puesto que, al
la primera de ellas. girar el debate sobre la declaratoria
de un amparo de seguros, como
Señaló que el análisis no podía consecuencia del anticipo otorgado
limitarse a determinar si el anticipo por el contratista, eran aplicables las
estaba amortizado en el acta de normas relativas a los contratos de
recibo definitivo de la obra, sino que seguros, concretamente, el artículo
se requería evaluar los documentos 1077 del Código de Comercio, por
como acto complejo y analizar de cuanto la entidad allí demandada
manera integral los hechos y las nunca demostró el daño causado, es
pruebas aportadas. decir, la pérdida por el anticipo
entregado, comoquiera que se
Expuso que, al analizar los ejecutó el 84 % de las obras
documentos aportados al proceso, contratadas, siendo únicamente el
era claro que el acta 15 estaba anticipo el 50 % del valor del mismo,
contenida en el acta de recibo por lo que las obras ejecutadas
definitivo, solo que como no había comportarían el pago de este.
sido pagada no se efectuó el cruce
de valores entre las sumas del acta
15 y el saldo del anticipo por
amortizar; tanto que en el proceso
sancionatorio nunca se cuestionó la
existencia, la validez o el contenido
del acta 15.
Defecto sustantivo: toda vez que el
debate giró sobre la declaratoria de
un amparo de seguros, como
consecuencia del anticipo otorgado
por el contratista, razón por la cual al
proceso le eran aplicables las
normas relativas a los contratos de
seguros. – artículo 1077 del Código
de Comercio.
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Pretensiones a. Revocar el fallo de segunda a. Revocar el fallo de segunda
instancia proferido por el CONSEJO instancia proferido por el CONSEJO
DE ESTADO- SALA DE LO DE ESTADO- SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO
– SECCIÓN TERCERA – ADMINISTRATIVO – SECCIÓN
SUBSECCIÓN C integrada por los TERCERA – SUBSECCIÓN C
Magistrados JAIME ENRIQUE integrada por los Magistrados JAIME
RODRIGUEZ NAVAS, GUILLERMO ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS,
SANCHEZ LUQUE y NICOLAS GUILLERMO SANCHEZ LUQUE y
YEPES CORRALES, dentro del NICOLAS YEPES CORRALES,
proceso con radicado No. 68001- dentro del proceso con radicado No.
23-33-000-2013-00362-01 (50623) 68001- 23-33-000-2013-00362-01
del 14 de octubre de 2021 y en su (50623) del 14 de octubre de 2021 y
lugar ordenar la declarar la nulidad en su lugar ordenar la declarar la
de las resoluciones 3820 y 4353 de nulidad de las resoluciones 3820 y
2012, en cuanto a la declaratoria del 4353 de 2012, en cuanto a la
siniestro de anticipo del Contrato de declaratoria del siniestro de anticipo
Obra No. 1307 de 2009. del Contrato de Obra No. 1307 de
b. Como consecuencia de lo 2009.
anterior, se ordene el pago de las
sumas resultantes del Acta de obra b. Como consecuencia de lo
No. 15 a favor del CONSORCIO una anterior, se ordene el pago de las
vez se compensen los valores sumas resultantes del Acta de obra
pendientes de amortizar del anticipo No. 15 a favor del CONSORCIO una
del contrato de obra No. 1307 de vez se compensen los valores
2009. pendientes de amortizar del anticipo
del contrato de obra No. 1307 de
2009.
76. Del recuento expuesto, la Sala advierte que en relación con el Consorcio
Infraestructura Vial 2009, quien en ambos procesos actuó a través de su representante
suplente, el señor Andrés Álvaro Beltrán García, existe identidad de partes, derechos,
hechos y pretensiones.
77. En efecto, en relación con la identidad de partes, la Sección observa que este
aspecto se encuentra configurado pues tanto en la presente tutela como en la presentada
con anterioridad, la asociación accionante cuestiona la sentencia del 14 de octubre de
2021 proferida por la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dictada
al interior del proceso de controversias contractuales identificado con el número 2013-
00362-01 (50623).
78. Lo anterior permite advertir la identidad de objeto, ya que se considera que con la
referida decisión se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, motivos suficientes para concluir que en el sub lite
se encuentra acreditada la cosa juzgada.
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79. Ahora, el Consorcio tutelante manifiesta que no se configura la cosa juzgada en la
medida en que, en la acción de tutela tramitada con el número 2022-03777-00, no se
resolvieron de fondo los defectos fáctico y sustantivo propuestos, debido a que se declaró
la falta de legitimación en la causa por activa.
80. Al respecto, la Sección considera que si bien es cierto en la acción constitucional
anterior no resolvió el fondo del asunto, lo cierto es que el juez si explicó los motivos por
los cuales se configuraba la falta de legitimación del Consorcio Infraestructura Vial 2009,
circunstancia frente a la cual, en esta oportunidad, no se expuso ningún hecho nuevo que
permita que, en la acción de la referencia, se analice el reproche del mencionado
tutelante.
81. En otras palabras, siendo la legitimación en la causa por activa un presupuesto de
la acción de tutela, frente al cual un juez constitucional ya se pronunció, se configura la
cosa juzgada en relación con dicho estudio. Esto quiere decir que, si el mismo sujeto
presenta nuevamente una acción de tutela por los mismos hechos, no le es dable al juez
volver a revisar las circunstancias relacionadas con su legitimación.
82. En este punto, resulta importante poner de presente que el motivo por el cual la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia por
falta de legitimación en la acción de tutela 2022-03777-00, consistió en que el Consorcio
no es una persona jurídica sino un conjunto de personas naturales o jurídicas que se
asocian para participar de un proceso de selección contractual, celebrar y ejecutar un
contrato con el Estado, sin que por tal circunstancia surja al mundo jurídico una nueva
persona distinta de los consorciados.
83. Igualmente expuso que, en estos eventos, los integrantes son responsables
solidarios de todas las obligaciones que de cualquiera de dichas actividades se deriven,
tal y como lo señala el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, disposición que les confiere
capacidad contractual, pero no personería jurídica.
84. Lo anterior con sustento en la sentencia de unificación del 25 de septiembre de
2013 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual se estimó que aun cuando
los consorcios o uniones temporales no son personas jurídicas sí tienen la capacidad
para comparecer en procesos judiciales cuya discusión se derive del proceso de
selección, de la celebración o de la ejecución del contrato, sin que por esa circunstancia
la capacidad se extendiera «otros campos diferentes». En estos casos, acepta que el
representante designado por los miembros del consorcio o unión temporal otorgue
poderes para que se represente judicialmente a los integrantes de la asociación. Así se
expuso en la referida providencia:
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“[D]ebe puntualizarse que si bien las uniones temporales y los consorcios no constituyen
personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva figura plural de oferentes o de
contratistas, lo cierto es que además de contar con la aptitud para ser parte en el
correspondiente procedimiento administrativo de selección de contratistas –comoquiera
que por ley cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y
obligaciones derivadas tanto de los procedimientos administrativos de selección contractual
como de los propios contratos estatales─, también se encuentran facultados para concurrir
a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del
mencionado procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración
y ejecución del contrato estatal respectivo –legitimatio ad processum-, por intermedio de su
representante.
[…] Lo anterior porque el representante de los consorcios y de las uniones temporales,
concebido y exigido por la ley para todos los efectos, es mucho más que un representante
o mandatario de cada uno de los integrantes de la agrupación, individualmente
considerados, al cual cada quien pudiere modificarle o revocarle su propio y particular
mandato a través de actos igualmente individuales, situación que llevaría a admitir entonces
que cada integrante de la agrupación podría iniciar, por su propia cuenta, gestiones ante la
entidad contratante en relación con el contrato estatal o designar otro representante
diferente para que vele por sus propios y respectivos intereses particulares, de suerte que
la entidad estatal contratante, en una situación que resultaría abiertamente contraria a los
principios constitucionales y legales de economía, de eficacia y de eficiencia, tendría que
entenderse, a propósito de un solo y único contrato estatal, con tantos representantes o
interesados como integrantes tuviese el respectivo consorcio o unión temporal. Por el
contrario, la norma legal en cita lo que pretendió es que en el caso de la celebración de
contratos estatales con consorcios o con uniones temporales, por ella misma autorizados
de manera expresa (artículo 6, Ley 80), la Administración Pública pueda contar con un solo
y único interlocutor válido que, a la vez, disponga de facultades amplias y suficientes, esto
es para todos los efectos, que le permitan, de manera ágil y eficiente, ventilar, discutir,
convenir, decidir o notificarse de aquellos asuntos de índole contractual que por su
naturaleza están encaminados a satisfacer el interés general, como es propio de los
contratos de Derecho Público31
85. Así las cosas, en la medida en que el mismo Consorcio Infraestructura Vial 2009
presenta nuevamente la acción de tutela, sin que exista un hecho nuevo que modifique o
altere su legitimación en la causa por activa, definida de forma negativa en el proceso
constitucional anterior, se configura en el sub lite la cosa juzgada en relación a la referida
asociación.
86. Ahora, no sucede lo mismo con los integrantes del Consorcio, en la medida en que
ellos no participaron del proceso constitucional anterior, motivo por el cual frente a ellos
no se configura la cosa juzgada.
87. En ese sentido, la Sala analizará si se cumplen los requisitos de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial de la demanda presentada por
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, exp. 1993. M.P.
Mauricio Fajardo Gómez
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los integrantes del Consorcio Infraestructura Vial 2009 32 , empezando por el de la
inmediatez, en la medida en que no fue superado por el a quo.
2.7.3. ¿Se supera el requisito de la inmediatez?
88. En el sub lite los integrantes del Consorcio Infraestructura Vial 2009 aseguraron
que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 14 de octubre de 2021 que
confirmó la decisión de primera instancia del 30 de enero de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander que declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados.
89. Concretamente, la Sala advierte que la vulneración de las garantías fundamentales
se predica de la providencia del 14 de octubre de 2021, proferida en el curso del medio
de control de controversias contractuales radicado número 68001-2-33-000-2013-00362-
01 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual
les fue notificada por correo electrónico el 17 de febrero de 2022, por lo que quedó
ejecutoriada el 22 del mismo mes y año33.
90. Sobre el particular se resalta que el Código General del Proceso (art. 302), de un
lado precisa, que las providencias quedan ejecutoriadas 3 días después de notificadas,
cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que
resuelva los interpuestos 34 , y de otro, que cuando se solicita aclaración o
complementación de una providencia, esta solo quedará ejecutoriada cuando se resuelva
dicha solicitud.
91. Por su parte el Decreto 806 de 2020, aplicable al caso concreto, estableció que la
notificación personal se entendería realizada 2 días hábiles siguientes al envío del
mensaje de datos.
92. La acción de tutela del vocativo de la referencia se presentó el 9 de noviembre de
2022, es decir, después de más de 9 meses desde el día siguiente al que quedó
32 Carlos Urías Rueda Álvarez, Julio César Cascativa Peña, Miguel Ángel Martínez Amortegui, B.P. Constructores S.A.
y Constructores Barsa LTDA., ahora Construcciones Barsa S.A.S.
33 Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. “Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan
ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos” y el Decreto 806 de 2020, artículo 8, inciso 3.° “La notificación personal se entenderá realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día
siguiente al de la notificación”.
34 Con la claridad que con el Código General del Proceso dicho término aplica para las providencias proferidas por
fuera de audiencia, en tanto las dictadas en esta “adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas
o no admitan recursos”.
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ejecutoriada la sentencia del 14 de octubre de 2021, por lo que la solicitud de amparo se
ejerció fuera del término razonable que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
considerado -6 meses-.
93. Ahora bien, respecto del cumplimiento del requisito de inmediatez, la parte actora
manifestó en el escrito de impugnación que, se debía tener en cuenta la presentación de
la primera acción de tutela, en la medida en que esa fue radicada dentro de los 6 meses
y, el juez excedió el término de los 10 días con los que contaba para proferir el fallo de
primera instancia, circunstancia que le impidió obtener los poderes de los miembros del
Consorcio y presentar nuevamente la demanda en el tiempo establecido.
94. Al respecto, la Sala manifiesta que si bien no existe un término de caducidad para
la interposición de la petición de amparo, lo cierto es que el mecanismo constitucional
debe interponerse dentro de un plazo razonable, máxime cuando se trata de una petición
de amparo contra una providencia judicial que pone en duda los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, por lo que se reitera, es desde el día siguiente a la ejecutoria
de la decisión que esta Sección ha estimado como plazo razonable para la interposición
de la acción, como lo son los seis (6) meses.
95. En ese sentido, la Sección advierte que, el argumento expuesto por la parte actora
para que se flexibilice el requisito de procedibilidad adjetiva de la inmediatez no es de
recibo, por las razones que se pasan a exponer:
96. En primer lugar, la presentación de otra solicitud de protección de derechos
fundamentales no modifica la forma en que se debe contar el término de los 6 meses, en
la medida en que los tutelantes no cuestionan la decisión allí adoptada, esto es, que la
solicitud de amparo de la referencia, no se presenta contra la decisión proferida en el
proceso constitucional 2022-03777-00.
97. En segundo lugar, el uso indebido de la solicitud de amparo que se radicó el 11 de
julio de 2022 -expediente 2022-03777-00-, no es un hecho que permita ampliar el término
razonable para presentar, en debida forma, la acción de tutela contra la sentencia del 14
de octubre de 2021.
98. En este punto, resulta importante poner de presente que no le corresponde a este
juez constitucional analizar los motivos de la decisión adoptada en la primera acción
constitucional, así como tampoco es objeto de esta sentencia el verificar la configuración
de una mora judicial injustificada en dicho proceso.
99. En tercer lugar, la parte actora no puede alegar en su favor su propia culpa, esto
es, el no haber otorgado en tiempo los respectivos poderes y actuar a través del
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Consorcio Infraestructura Vial 2009, sin la legitimación en la causa necesaria para que el
juez de tutela pudiera resolver los cuestionamientos elevados.
100. Ahora, si consideraba que el fundamento de dicha falta de legitimación obedeció
a un cambio en el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, así lo debió alegar en
dicho expediente, a través del recurso de impugnación contra la sentencia de primera
instancia del 7 de octubre de 2022.
101. Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que la Sección Tercera del Consejo de
Estado desde la decisión de unificación del 25 de septiembre de 2013 ha sido clara en
establecer la posibilidad que tienen los consorcios para instaurar acciones judiciales en
defensa de sus derechos, sin que la jurisprudencia de esta Corporación hubiere indicado
que tienen legitimación en la causa por activa para ejercer el mecanismo constitucional,
sin el respectivo poder de sus miembros:
“[L]a tesis expuesta sólo está llamada a operar en cuanto corresponda a los litigios
derivados de los contratos estatales o correspondientes procedimientos de selección,
puesto que la capacidad jurídica que la Ley 80 otorgó a los consorcios y a las uniones
temporales se limitó a la celebración de esa clase de contratos y la consiguiente
participación en la respectiva selección de los contratistas particulares, sin que, por tanto,
la aludida capacidad contractual y sus efectos puedan extenderse a otros campos
diferentes, como los relativos a las relaciones jurídicas que, de manera colectiva o
individual, pretendan establecer los integrantes de esas agrupaciones con terceros, ajenos
al respectivo contrato estatal, independientemente de que tales vínculos pudieren tener
como propósito el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento, total o parcial,
del correspondiente contrato estatal.”35
102. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que la presentación de la
primera acción de tutela no suspendió ni interrumpió el término razonable de los 6 meses
y, tampoco se erige como un argumento razonable para flexibilizar el estudio de este
requisito en el caso concreto.
103. Aceptar lo contrario, implicaría que el uso indebido del mecanismo constitucional
habilitaría a los actores a cuestionar una providencia judicial en cualquier tiempo, lo que
desconoce el carácter de inminente y urgente de la solicitud de amparo.
104. Por las mismas razones, el tiempo en que tardó la primera autoridad judicial en
proferir la decisión de primera instancia en el expediente 2022-03777-00 no tiene la
virtualidad de modificar el plazo razonable con que contaban los tutelantes para
cuestionar la decisión del 14 de octubre de 2021, en tanto y en cuanto, la presentación
de la primera demanda obedeció a un uso indebido del mecanismo constitucional y en
35
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, exp. 19933. M.P.
Mauricio Fajardo Gómez
25
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ese sentido, lo allí ocurrido fue consecuencia del mismo Consorcio Infraestructura Vial
2009, sumado al hecho de que con la petición de amparo de la referencia no se cuestiona
la presunta mora judicial del juez constitucional, en la medida en que esta acción no se
presentó contra dicha actuación.
105. Ahora, de la revisión del expediente, la Sala no advierte una explicación válida
para que el ejercicio de la acción de tutela se diera por fuera del tiempo proporcional y
razonable adoptado por la Corporación. Contrario a lo afirmado en la impugnación, la
parte actora no se encuentra en alguna de las situaciones que la Corte Constitucional36
ha establecido como justificación, es decir, que: (i) no existe un motivo válido para la
inactividad de la accionante; (ii) su falta de iniciativa no vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) no existe un nexo causal entre el
ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del
interesado; (iv) el fundamento de la acción de tutela no surgió después de acaecida la
actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no
muy alejado de la fecha de interposición.
106. De ahí que se reproche el hecho de haber transcurrido un lapso considerable hasta
la interposición de la solicitud de amparo, pues se desconoce el alcance jurídico
establecido por el constituyente a la misma y se desvirtúa su finalidad de medio de
protección actual, inmediato y efectivo.
2.8. Conclusión
107. De conformidad con las razones expuestas, habrá de confirmarse la sentencia del
12 de diciembre de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
bajo el entendido de que se declara la improcedencia por no cumplir con el requisito de
la inmediatez en relación con los integrantes del Consorcio Infraestructura Vial 2009 y se
declara la cosa juzgada frente al referido Consorcio.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de diciembre de 2022 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
36 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158 de 2006,
T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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improcedencia de la acción de tutela de la referencia, bajo el entendido de que no se
cumplió el requisito de la inmediatez en relación con el amparo deprecado por Carlos
Urías Rueda Álvarez, Julio César Cascativa Peña, Miguel Ángel Martínez Amortegui, B.P.
Constructores S.A. y Constructores Barsa LTDA., ahora Construcciones Barsa S.A.S. en
su condición de integrantes del Consorcio Infraestructura Vial 2009 y se declara la cosa
juzgada frente al consorcio antes mencionado, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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