Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03777-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03777-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03777-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., siete (7) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03777-00
Demandante: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
C
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el Consorcio Infraestructural Vial
2009 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 11 de julio de la presente anualidad, el señor Álvaro Andrés Beltrán García, por
intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela en nombre de los
integrantes del Consorcio Infraestructura Vial 2009 (en adelante «el consorcio»)
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 14 de octubre
de 2021, en el proceso de controversias contractuales con radicado 68001-2-33-
000-2013-00362-01. Formuló las siguientes pretensiones (transcripción textual):
1- TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2009
y todos su miembros y en consecuencia:
a. Revocar el fallo de segunda instancia proferido por el CONSEJO DE
ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C integrada por los
Magistrados JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS, GUILLERMO
SANCHEZ LUQUE y NICOLAS YEPES CORRALES, dentro del
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03377-00
Demandante: Consorcio Infraestructura Vial 2009
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Sentencia de tutela de primera instancia
proceso con radicado No. 68001- 23-33-000-2013-00362-01 (50623) del
14 de octubre de 2021 y en su lugar ordenar la declarar la nulidad de las
resoluciones 3820 y 4353 de 2012, en cuanto a la declaratoria del
siniestro de anticipo del Contrato de Obra No. 1307 de 2009.
b. Como consecuencia de lo anterior, se ordene el pago de las sumas
resultantes del Acta de obra No. 15 a favor del CONSORCIO una vez se
compensen los valores pendientes de amortizar del anticipo del contrato
de obra No. 1307 de 2009.
1.2. Hechos
De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
El Consorcio Infraestructura Vial 2009, conformado por las sociedades B.P.
Constructores S.A. (30%) y Construcciones Barsa Ltda. (30%), y los señores
Carlos Urías Rueda Álvarez (30%), Julio César Cascavita Peña (5%) y Miguel
Ángel Martínez Amórtegui (5%), suscribió con el INVÍAS el contrato de obra No.
1307 de 2009.
El INVÍAS expidió la Resolución 3820 de 2012, por medio de la cual declaró la
ocurrencia del siniestro de incumplimiento definitivo del contrato e impuso a los
integrantes del consorcio una multa de $2.396.500.820. Dicho acto fue recurrido y
confirmado mediante Resolución 4353 de 2012, expedida por la misma entidad.
Por tal razón, el consorcio, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, presentó demanda para (i) obtener la nulidad de los citados actos
administrativos, (ii) que se redujera la sanción en atención al principio de
proporcionalidad –sobre el porcentaje de incumplimiento del contrato– y (iii) se
tuviera en cuenta la totalidad del valor del anticipo amortizado en la ejecución de
las obras.
La demanda correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Santander, el que, mediante sentencia del 30 de enero de 2014, accedió
parcialmente a las pretensiones y, como consecuencia, declaró la nulidad parcial
de las resoluciones cuestionadas y redujo la pena impuesta al 10% del porcentaje
de incumplimiento (16%), toda vez que estimó que el contrato se cumplió en un
84% y calculó la sanción en la suma de $383.440.131,20. Finalmente, negó la
pretensión de reconocimiento de la amortización total del valor del anticipo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03377-00
Demandante: Consorcio Infraestructura Vial 2009
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
C
Sentencia de tutela de primera instancia
La sentencia fue apelada y confirmada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, mediante providencia del 14 de octubre de 2021.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos:
1.3.1. Defecto fáctico, dado que, al darle primacía «a la forma sobre el fondo», en
la sentencia se dejó de valorar de manera correcta el acta de recibo definitivo y el
acta 15 de ejecución del contrato.
Expuso que, en forma contradictoria, la providencia que se cuestiona reprochó al
INVÍAS el rigor excesivo de omitir valorar las pruebas de la amortización, so
pretexto de una supuesta falta de competencia para reconocer el pago del
anticipo, pero incurrió en el mismo error del INVÍAS, que fue dejar de examinar la
conexión entre el acta de recibo definitivo de la obra y el acta 15, limitándose a
negar el reconocimiento de la amortización del anticipo, porque no constaba en la
primera de ellas.
Señaló que el análisis no podía limitarse a determinar si el anticipo estaba
amortizado en el acta de recibo definitivo de la obra, sino que se requería evaluar
los documentos como acto complejo y analizar de manera integral los hechos y las
pruebas aportadas.
Expuso que, al analizar los documentos aportados al proceso, era claro que el
acta 15 estaba contenida en el acta de recibo definitivo, solo que como no había
sido pagada no se efectuó el cruce de valores entre las sumas del acta 15 y el
saldo del anticipo por amortizar; tanto que en el proceso sancionatorio nunca se
cuestionó la existencia, la validez o el contenido del acta 15.
1.3.2. Defecto sustantivo, toda vez que el debate giró sobre la declaratoria de un
amparo de seguros, como consecuencia del anticipo otorgado por el contratista,
razón por la cual al proceso le eran aplicables las normas relativas a los contratos
de seguros.
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Demandante: Consorcio Infraestructura Vial 2009
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C
Sentencia de tutela de primera instancia
Adujo que las normas que «se orientan en la dirección acertada» para definir el
litigio, en tanto que reconocen la primacía «de la sustancia sobre la forma», eran
los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio. Puntualmente, el artículo 1077
cuando señala que el asegurado debe demostrar la ocurrencia del siniestro y la
cuantía.
Que, de haberse examinado el artículo 1077 del Código de Comercio, se habría
advertido que no contiene límites formales para probar la ocurrencia del siniestro y
la cuantía; en cambio, el INVÍAS y el Consejo de Estado sí impusieron
limitaciones, al desconocer que el anticipo solo estaba pendiente de ser
amortizado de manera formal, pues materialmente el dinero había sido
amortizado, como consecuencia de las obras ejecutadas y contenidas en el acta
15.
En definitiva, dijo que se inaplicó el artículo 1077 del Código de Comercio,
circunstancia que llevó a deducir, de manera errada, un perjuicio que no existe
más allá de los registros de tesorería, a partir de los cuales lo que se configura es
un enriquecimiento sin causa a favor del Estado.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1 Mediante auto del 13 de julio de 2022, el despacho sustanciador requirió a la
parte actora para que aportara los poderes otorgados por cada uno de los
integrantes del consorcio y la prueba de la representación legal de las personas
jurídicas que lo integran.
Ante la manifestación de la parte actora de que era suficiente el poder conferido
por «el representante legal suplente del consorcio», en providencia del 2 de
agosto de 2022, se admitió la solicitud de amparo, con la salvedad de que lo
concerniente a la legitimación en la causa por activa se analizaría en la sentencia,
y se ordenó notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, en calidad de parte demandada; y al director general del Instituto
Nacional de Vías - INVÍAS, como terceros con interés. Asimismo, se ordenó
notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El INVÍAS designó apoderado judicial, pero no se pronunció sobre los hechos
de la tutela.
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Sentencia de tutela de primera instancia
2.3. El magistrado ponente de la decisión cuestionada señaló que en la sentencia
se consideró el contrato y el acta de recibo y de entrega definitivos, como únicos
documentos de aprobación de las obras, dado que las otras actas eran
provisionales y podían ser modificadas por la interventoría.
Explicó que en el contrato de obra se pactó que el anticipo debía amortizarse un
mes antes del vencimiento del plazo del contrato, y en el acta de entrega y de
recibo se especificó que de los $1.074.089.658,50 entregados como anticipo,
únicamente se amortizó la suma de $6.035.333.956,56; además, en ella se dejó
constancia de que el contratista autorizó descontar del pago del acta 15, el valor
del anticipo pendiente de amortizar.
Aclaró que la sentencia concluyó que, a pesar de que el INVÍAS incurrió en un
excesivo formalismo al omitir la valoración de las pruebas sobre la amortización
del anticipo, por falta de competencia para reconocer el pago, ese no fue el hecho
que determinó el sentido de la decisión, pues, conforme a lo expuesto en el acto,
el anticipo no fue amortizado en la cuantía definida.
Así, concluyó que los argumentos propuestos en la tutela se alejan de la realidad,
puesto que el no reconocimiento de la suma reclamada fue por el incumplimiento
de los requisitos para el pago y no por aspectos formales; conclusión que fue
producto de un análisis integral de las pruebas, en virtud de las cuales se pudo
establecer que el anticipo no fue amortizado de forma íntegra y oportuna.
2.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
5
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irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias
judiciales; sin embargo, a partir del año 20121, aceptó su procedencia, conforme
con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, esto es, cuando la misma viole
flagrantemente algún derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones que allí se adoptan y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Entonces, para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
el juez debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que
fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiere utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiere
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
1
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.
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El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
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inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos 2 , la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».
2. Problema jurídico
En primer lugar, como se anticipó desde el auto admisorio, la Sala determinará si
el Consorcio Infraestructura Vial 2009 está legitimado para discutir en sede de
tutela la vulneración de los derechos fundamentales de sus integrantes, a través
del denominado «representante legal suplente», designado así en el acuerdo
consorcial.
Solo en el evento de obtener una respuesta positiva, se estudiará si la solicitud de
amparo reúne los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia
2
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
8
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judicial y, en caso de que se cumplan, se descenderá al análisis de fondo, con el
fin de establecer si se configuraron o no los defectos atribuidos a la sentencia
proferida el 14 de octubre de 2021 por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
3. Análisis del caso
4.1. De la legitimación en la causa en materia de acción de tutela
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política 3 fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo debe
ser una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo podrá
ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos
fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos, como lo
dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 19914.
3
ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el
juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]
4 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
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Sentencia de tutela de primera instancia
En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, a pesar del carácter
informal de la acción de tutela, no debe obviarse el cumplimiento de unas
condiciones mínimas de procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de
la legitimación en la causa por activa. Así lo ha expuesto:
Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige
que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la
causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos
fundamentales. Dicha legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la
primera exige que el derecho cuya protección se invoca sea un derecho
fundamental propio y no, en principio, de otra persona 5 . La segunda se
entiende satisfecha con la correcta identificación de las autoridades
responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados 6 , destacando a la vez que su adecuada integración persigue
garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía,
permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los
hechos que son materia de la controversia constitucional.
Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien
demanda en causa propia la protección de derechos fundamentales debe
estar debidamente acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para
instaurar la acción de tutela (…) (se destaca)7.
Como se sabe, la acción de tutela busca la protección de derechos
fundamentales, es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos
tratados internacionales o que, sin estar en un cuerpo normativo específico, «se
relacionen con la dignidad humana y sean traducibles a un derecho subjetivo» 8.
Así, un derecho es subjetivo en la medida en que esté asignado a una persona y
5
Cita del original: «Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».
6
Cita del original: «En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción
se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental (…)».
7
Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
8
Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 2003, en la que se habló del
carácter autónomo de ciertos derechos, en virtud de su relación con la dignidad humana, aun
cuando no estuvieran expresamente definidos como fundamentales en la Constitución:
La Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos
fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de
aplicación inmediata8 y la esencialidad e inalienalibilidad del derecho para la persona 8. Entre estos
dos extremos se han presentado varias posturas teóricas:
…
A partir de dicho análisis es posible recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
concepto de derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que
valor central del sistema y principio de principios.
…
En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté
dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la
medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la
posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está
determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del
derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta
prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias
particulares de cada caso (tópica).
10
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tenga un contenido que sea exigible al Estado o a los demás, es decir, estos
cuentan con un titular, un obligado y una prestación o contenido9.
El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su
protección.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa,
«es, entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes
carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de
mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de
fondo”10»11.
En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural o
jurídica– titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las
condiciones para agenciar los derechos de otro o las autoridades expresamente
autorizadas para ello en el ordenamiento jurídico 12. De no cumplirse, la tutela se
torna improcedente por la ausencia de un presupuesto para estudiar el fondo del
asunto.
4.2. De la capacidad de los consorcios para ser parte en materia de acción de
tutela.
La Sala estima necesario preguntarse si los consorcios tienen capacidad para
reclamar en sede de tutela la vulneración de derechos fundamentales y si, para tal
efecto, es suficiente que confiera poder la persona designada como representante
de los integrantes en el acuerdo consorcial.
De entrada, debe reiterarse que los consorcios no son personas jurídicas, sino un
conjunto de personas naturales o jurídicas que se asocian para participar de un
proceso de selección contractual, celebrar y ejecutar un contrato con el Estado, sin
que por tal circunstancia surja al mundo jurídico una nueva persona distinta de los
9
Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Cita original de la providencia. T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997,
M. P. José Gregorio Hernández.
11
Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
12
De los artículos 46 a 51 del Decreto 2591 de 1991 se desprende que el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales o distritales, por expresa delegación de aquel, están legitimados para
interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en
situación de desamparo e indefensión.
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consorciados. En estos eventos, los integrantes son responsables solidarios de
todas las obligaciones que de cualquiera de dichas actividades se deriven, tal y
como lo señala el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, disposición que les confiere
capacidad contractual, pero no personería jurídica.
Así pues, de manera inveterada la jurisprudencia constitucional ha señalado que
de la conformación de un consorcio o unión temporal no puede deducirse la
existencia de «una persona jurídica diferente de los miembros que la conforman
[por ende], no tiene capacidad para ser parte ni para comparecer en un proceso
judicial. Dicha calidad se encuentra en cabeza de las personas naturales o
jurídicas que la han integrado para celebrar un contrato con el Estado»13.
De modo que como este tipo de asociaciones no tiene el carácter de persona,
tampoco son aptas para ser parte en una contienda judicial, pues la regla general
es que dicho presupuesto es una consecuencia de la calidad de persona, natural o
jurídica, sin perjuicio de algunas excepciones previstas por el legislador, como los
patrimonios autónomos o el nasciturus, en los términos del artículo 5314 del Código
General del Proceso.
Ahora bien, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación
del 25 de septiembre de 2013, estimó que aun cuando los consorcios o uniones
temporales no son personas jurídicas sí tienen la capacidad para comparecer en
procesos judiciales cuya discusión se derive del proceso de selección, de la
celebración o de la ejecución del contrato, sin que por esa circunstancia la
capacidad se extendiera «otros campos diferentes». En estos casos, acepta que el
representante designado por los miembros del consorcio o unión temporal otorgue
poderes para que se represente judicialmente a los integrantes de la asociación.
Así se expuso en la referida providencia:
[D]ebe puntualizarse que si bien las uniones temporales y los consorcios no
constituyen personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva
figura plural de oferentes o de contratistas, lo cierto es que además de contar
con la aptitud para ser parte en el correspondiente procedimiento
administrativo de selección de contratistas –comoquiera que por ley cuentan
con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y obligaciones
derivadas tanto de los procedimientos administrativos de selección contractual
13
Corte Constitucional, sentencia T-512 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
14
ARTÍCULO 53. CAPACIDAD PARA SER PARTE. Podrán ser parte en un proceso:
1. Las personas naturales y jurídicas.
2. Los patrimonios autónomos.
3. El concebido, para la defensa de sus derechos.
4. Los demás que determine la ley.
12
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como de los propios contratos estatales─, también se encuentran
facultados para concurrir a los procesos judiciales que pudieren tener
origen en controversias surgidas del mencionado procedimiento
administrativo de selección de contratistas o de la celebración y
ejecución del contrato estatal respectivo –legitimatio ad processum-, por
intermedio de su representante.
[…]
Lo anterior porque el representante de los consorcios y de las uniones
temporales, concebido y exigido por la ley para todos los efectos, es mucho
más que un representante o mandatario de cada uno de los integrantes de la
agrupación, individualmente considerados, al cual cada quien pudiere
modificarle o revocarle su propio y particular mandato a través de actos
igualmente individuales, situación que llevaría a admitir entonces que cada
integrante de la agrupación podría iniciar, por su propia cuenta, gestiones
ante la entidad contratante en relación con el contrato estatal o designar otro
representante diferente para que vele por sus propios y respectivos intereses
particulares, de suerte que la entidad estatal contratante, en una situación que
resultaría abiertamente contraria a los principios constitucionales y legales de
economía, de eficacia y de eficiencia, tendría que entenderse, a propósito de
un solo y único contrato estatal, con tantos representantes o interesados
como integrantes tuviese el respectivo consorcio o unión temporal. Por el
contrario, la norma legal en cita lo que pretendió es que en el caso de la
celebración de contratos estatales con consorcios o con uniones temporales,
por ella misma autorizados de manera expresa (artículo 6, Ley 80), la
Administración Pública pueda contar con un solo y único interlocutor válido
que, a la vez, disponga de facultades amplias y suficientes, esto es para todos
los efectos, que le permitan, de manera ágil y eficiente, ventilar, discutir,
convenir, decidir o notificarse de aquellos asuntos de índole contractual que
por su naturaleza están encaminados a satisfacer el interés general, como es
propio de los contratos de Derecho Público15.
En la misma decisión, el pleno de la Sección Tercera concluyó que lo que allí se
razonó tenía aplicación exclusiva para los procesos judiciales en los que se
debatiese el contrato o el proceso de selección, sin que fuera posible extenderlo a
otros supuestos diferentes:
[L]a tesis expuesta sólo está llamada a operar en cuanto corresponda a
los litigios derivados de los contratos estatales o correspondientes
procedimientos de selección, puesto que la capacidad jurídica que la Ley
80 otorgó a los consorcios y a las uniones temporales se limitó a la
celebración de esa clase de contratos y la consiguiente participación en la
respectiva selección de los contratistas particulares, sin que, por tanto, la
aludida capacidad contractual y sus efectos puedan extenderse a otros
campos diferentes, como los relativos a las relaciones jurídicas que, de
manera colectiva o individual, pretendan establecer los integrantes de
esas agrupaciones con terceros, ajenos al respectivo contrato estatal,
independientemente de que tales vínculos pudieren tener como
propósito el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento,
total o parcial, del correspondiente contrato estatal. 16
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013,
exp. 19933. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
16
Ibidem.
13
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En criterio de esta Subsección, aunque por vía jurisprudencial están facultados
para concurrir a los procesos judiciales originados en controversias derivadas del
procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y
ejecución del contrato estatal, los consorcios y uniones temporales, por sí solos,
no tienen capacidad para ser parte del proceso de tutela y, en consecuencia,
tampoco están legitimados para acudir directamente y reclamar en sede
constitucional la protección de derechos fundamentales.
Incluso, de aplicarse en estos casos la tesis de la sentencia de unificación, no
puede perderse de vista que la tutela comprende aspectos diferentes a los
relativos al contrato estatal, es decir, este escenario es para debates de derechos
fundamentales de las personas, no de obligaciones contractuales per se. En
aquella decisión unificadora se estableció que la capacidad para comparecer a los
procesos judiciales, que se les reconoció a los consorcios, no se extendía a otros
escenarios, relaciones u obligaciones, como lo es el de protección de los derechos
personalísimos. La esencia de la tutela contra providencia judicial es la supuesta
configuración de un defecto en la decisión judicial y no conflictos o litigios
relacionados con la celebración o ejecución de un contrato estatal, así la sentencia
atacada hubiera dirimido un debate de esa naturaleza.
Entonces, la falta de legitimación en la causa de los consorcios para ejercer la
acción de tutela obedece a una razón elemental: el mecanismo de amparo se
instituyó para que «toda persona» tuviera una vía expedita para resguardar sus
garantías constitucionales, de ahí que, si estas asociaciones no ostentan la
calidad de personas, tampoco están facultadas para elevar una pretensión
constitucional en su favor.
La Sala no advierte que existan razones que impongan la necesidad de dar un
trato especial y aplicar una excepción al contenido normativo del artículo 86
superior o de los artículos 1 y 10 del Decreto 2591 de 1991 y extender la
expresión «persona» a asociaciones como las que surgen de los consorcios o
uniones temporales. Tampoco se vislumbra en este caso la afectación de un
interés superior, como para que se le permita instaurar acciones de tutela a
quienes no tienen la calidad de titular de derechos subjetivos (consorcios y
uniones temporales), con mayor razón cuando cada uno de sus miembros cuenta
con dicha prerrogativa.
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Se insiste, la acción tutela busca proteger derechos subjetivos y es de la esencia
de estos la existencia de un titular que, en principio, debe ser una persona natural
o jurídica, aunque en algunas ocasiones la jurisprudencia constitucional ha
debatido por esta vía judicial la protección de los animales y de la naturaleza.
De los animales ha señalado que son considerados «seres sintientes con valor
propio»17, es decir, «son objeto de protección jurídica en tanto individuos a los que
el ordenamiento constitucional les reconoce un valor intrínseco, y en razón del
cual existe una prohibición de maltrato y un imperativo de bienestar animal. De
esta suerte, dentro del ordenamiento jurídico los animales son protegidos no sólo
en función de su aporte ecosistémico, sino en tanto seres sintientes,
individualmente considerados»18.
Respecto de la naturaleza, explica que su protección y tratamiento como «sujeto
de derecho»19 surge, entre otras razones de la necesidad y deber que tiene el
constitucionalismo contemporáneo de avanzar en la «salvaguarda y protección
efectiva de la naturaleza, las culturas y formas de vida asociadas a ella y la
biodiversidad, no por la simple utilidad material, genética o productiva que estos
puedan representar para el ser humano, sino porque al tratarse de una entidad
viviente compuesta por otras múltiples formas de vida y representaciones
culturales, son sujetos de derechos individualizables, lo que los convierte en un
nuevo imperativo de protección integral y respeto por parte de los Estados y las
sociedades» 20.
Ninguna de estas circunstancias puede equipararse o extenderse a los consorcios
que, por estar integrados por personas naturales y/o jurídicas, sus miembros
tienen plena posibilidad de acudir directamente a la defensa de sus derechos
constitucionales.
Es cierto que en sede ordinaria esta Corporación ha sostenido que la capacidad
para ser parte no necesariamente exige la condición de persona, y que los
consorcios y uniones temporales pueden concurrir a los procesos judiciales
originados en controversias derivadas del procedimiento administrativo de
selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal; sin
embargo, conviene precisar que esta regla se fijó en una sentencia de unificación
17
Corte Constitucional, sentencia SU-016 de 2020, M.P. Luis Guillermo Pérez Guerrero.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-016 de 2020, M.P. Luis Guillermo Pérez Guerrero.
19
Corte Constitucional, sentencia T-622 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20
Corte Constitucional, sentencia T-622 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
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proferida en sede de lo contencioso administrativo, es decir, se trata de un
precedente vinculante para los jueces administrativos, mas no es obligatorio para
los jueces de tutela, quienes ejercen jurisdicción constitucional cuando profieren
decisiones de tutela.
Así pues, el contenido de la providencia de unificación del 25 de septiembre de
2013, dictada por la Sección Tercera de esta Corporación, no constituye una regla
que necesaria y estrictamente deban seguir los jueces de tutela para definir los
asuntos bajo su conocimiento.
Sería un contrasentido que, si se dicta un precedente por cualquier especialidad o
jurisdicción que no sea la constitucional, este sea vinculante en el trámite de todas
las acciones constitucionales y para todos los jueces de tutela, incluidos aquellos
que pertenecen a la especialidad en la que el órgano de cierre definió un asunto
propio de su competencia.
Debe quedar claro que lo que se afirma es diferente al deber de analizar en sede
constitucional el defecto por violación o desconocimiento del precedente, que bien
podría ocurrir, por ejemplo, cuando un juez administrativo decide en un proceso de
esta especialidad desatender el precedente jurisprudencial sentado por el Consejo
de Estado o la Corte Constitucional, mas no es equivalente a señalar que los
precedentes de cada especialidad son extensibles al juez constitucional en los
aspectos propios del trámite de tutela.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia también ha advertido
que la capacidad de los consorcios para comparecer a los procesos judiciales,
definida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se predica exclusivamente
de aquellas controversias con origen en el procedimiento administrativo de
selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal, mas
no es extensible a las acciones de tutela:
[S]on las personas naturales o jurídicas las llamadas a reclamar la
preservación de tales privilegios, bien sea de forma directa o por medio de
quienes detenten su representación, salvo la existencia de algún evento que
se los impida. Esto, en virtud de su aptitud para ser sujetos de «derechos».
No en vano el artículo 53 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión del inciso primero del canon cuarto del Decreto 306 de 1992, enseña
que
Podrán ser parte en un proceso:
1. Las personas naturales y jurídicas.
2. Los patrimonios autónomos.
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3. El concebido, para la defensa de sus derechos.
4. Los demás que determine la ley.
Sin que figure el caso de los consorcios o una figura semejante.
2.- En esta secuencia, la Sala ha explicado que tales coaliciones carecen de
esa calidad, pues la misma recae en los individuos que la componen.
[…]
De modo, que
«(…) En dicho campo, el consorcio es de igual modo un negocio de
colaboración atípico, por el cual se agrupan, sin fines asociativos, los
sujetos que acuerdan conformarlo, quienes voluntariamente conjuntan
energías, por un determinado tiempo, con el objeto de desarrollar una
operación o actividad específica, que consiste en ofertar y contratar con
el Estado. Así resulta del texto del art. 7º del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, que al definir lo que para los
efectos de dicho régimen legal, se entiende por consorcio, determina que
se presenta “cuando dos o más personas en forma conjunta presentan
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un
contrato”, agrupación de sujetos que no origina un sujeto distinto, con
existencia propia, y deja indeleble, en cada uno de los integrantes, su
independencia y capacidad jurídica.
Ahora, aunque al reglamentar la “capacidad para contratar”, el art. 6º
dispone que “pueden celebrar contratos con las entidades estatales las
personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones
vigentes”, y añade que “también podrán celebrar contratos con las
entidades estatales, los consorcios y uniones temporales”, disposición
que invita a pensar que a pesar de no gozar de personalidad,
excepcionalmente se les inviste de capacidad para contratar y obligarse
con el Estado, a la postre no va más allá de autorizar la vinculación
contractual de las entidades públicas, con las personas naturales o
jurídicas que acudan a tales fórmulas convencionales –consorcio o unión
temporal- con el fin de contratar con la administración, mediante la
presentación de una sola propuesta en la que conjuguen potencial,
experiencia, recursos, etc..
[…]
Por supuesto que la ausencia de personalidad del consorcio no se superaría,
como pretende el replicante, con la designación de un representante para tal
laborío, pues ese acto de apoderamiento no tendría virtualidad para dotarlo de
personería y habilitar su libre intervención en el tráfico económico y jurídico,
habida cuenta que no va más allá de autorizarlo, como se anotó, para obrar
en nombre de cada uno de los sujetos que lo integran, como resulta además
del texto de las cláusulas contractuales en las que el impugnador respalda su
tesis, de acuerdo con las cuales se autoriza a la persona designada para
“interponer recursos o adelantar actuaciones judiciales o extrajudiciales, sin la
aprobación previa y escrita de los representantes de las firmas integrantes
del consorcio. Podrá recibir, confesar, transigir, conciliar o comprometer a los
miembros del consorcio”, estipulaciones que como se dijo explicitan sin duda
la atribución para obrar en nombre de los integrantes del consorcio y no de
éste» (CSJ, SCC, 13 sep. 2006, Rad. 00271-01) (enfatiza la Sala, STC4998-
2018).
(…)
En consecuencia, es claro que la agrupación accionante no es una persona
jurídica, y como el reclamo no lo elevaron los miembros que la constituyen, no
17
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es posible predicar la legitimación en la causa por activa en este específico
trámite constitucional.21
Recientemente, dicha Corporación reiteró el criterio según el cual los consorcios
no tienen legitimación para presentar acciones de tutela:
Advierte la Sala que la tutela carece de vocación de prosperidad y, por tanto,
la decisión a quo constitucional, en cuanto negó el amparo, habrá de ser
confirmada, pero en razón a que el Consorcio accionante no está legitimado
para acudir a la salvaguarda impetrada, como entrará a explicarse.
3. En efecto, la Sala ha considerado que ese tipo de agrupaciones no están
facultadas, por regla general, para actuar directamente en acciones de tutela.
En esos términos, en la sentencia STC13490-201822, en la que se resolvió
una tutela interpuesta por un Consorcio, reiterada en la STC2551-202123,
concluyó que son las personas naturales o jurídicas con interés las
legitimadas para presentar la petición de amparo
3.1. Lo anterior, en consonancia con lo expuesto por la Corte Constitucional,
en sentencia C-414 de 1994, que definió la constitucionalidad del parágrafo 2º
del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, en la cual precisó que los consorcios y las
uniones temporales no son personas jurídicas, por tanto, su representación
conjunta solo tiene efectos frente a la adjudicación, celebración y ejecución de
los contratos.
[…]
3.2. La postura de esta Sala de Casación a la que se alude, como principio
general en materia de tutelas, no riñe con lo referido por el Consejo de Estado
en la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013 (Exp. 1997-
03930-01), en la cual rectificó la tesis que venía sosteniendo en torno a la
falta de capacidad de estas agrupaciones para acudir directamente en juicio a
través de su representante contractual, en el sentido de indicar que «modifica
la tesis que hasta ahora ha sostenido la Sala, con el propósito de que se
reafirme que si bien los consorcios y las uniones temporales no
constituyen personas jurídicas independientes, sí cuentan con
capacidad, como sujetos de derechos y obligaciones (artículos 44 del C.
de P.C. y 87 C.C.A), para actuar en los procesos judiciales, por conducto
de su representante, sin perjuicio, claro está, de observar el respectivo jus
postulandi», siempre que corresponda «a los litigios derivados de los
contratos estatales o sus correspondientes procedimientos de selección
(…)» (Se resalta).
Destacando que es así, dado que
«(…) la capacidad jurídica que la Ley 80 otorgó a los consorcios y a las
uniones temporales se limitó a la celebración de esa clase de contratos y la
consiguiente participación en la respectiva selección de los contratistas
particulares, sin que, por tanto, la aludida capacidad contractual y sus
efectos puedan extenderse a otros campos diferentes, como los relativos
21
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC13490-2018 del 17 de octubre
de 2018, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.
22
Cita original de la providencia: Expediente 11001-02-03-000-2018-03011-00. Fallo del 17 de
octubre de 2018.
23
Cita original de la providencia: Expediente 76001-22-03-000-2021-00031-01. Fallo del 15 de
marzo de 2021.
18
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a las relaciones jurídicas que, de manera colectiva o individual, pretendan
establecer los integrantes de esas agrupaciones con terceros, ajenos al
respectivo contrato estatal, independientemente de que tales vínculos
pudieren tener como propósito el desarrollo de actividades encaminadas al
cumplimiento, total o parcial, del correspondiente contrato estatal» (Se
subraya).
Lo anterior, por cuanto esa facultad se refiere a los aspectos propios del
respectivo contrato estatal y del correspondiente proceso de selección y, por
tanto, a las juicios ordinarios o ejecutivos que se adelanten en torno al
acuerdo suscrito entre las partes24.
Esta Subsección advierte que, en la sentencia T-150 de 2016, la Corte
Constitucional, a diferencia de lo que expuso en la sentencia T-512 de 2007,
sostuvo que los consorcios «son titulares de derechos fundamentales como el
debido proceso y, en consecuencia, se encuentran legitimados para ejercer la
acción de tutela en procura de su efectiva protección cuando resulte amenazado o
conculcado frente a actuaciones judiciales o administrativas, dimensiones en las
que, con idéntico rigor, se impone la estricta observancia del aludido derecho
fundamental, en todos los aspectos que según la Constitución, la jurisprudencia y
la doctrina involucra y conlleva»25.
No obstante, cabe destacar que dicha tesis se fundó íntegramente en la sentencia
de unificación del 25 de septiembre de 2013, proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado, sin que le mereciera a la Corte una reflexión específica sobre
por qué los consorcios eran titulares de derechos, a pesar de que no eran
personas jurídicas y por qué la vulneración podía ser alegada por ellos y no por
sus miembros, con la dificultad de que, si esa afirmación encuentra sustento en el
contenido de la Ley 80 de 1993, norma sobre la cual se interpretó el asunto por
parte de la jurisdicción contencioso administrativa, podrían quedar excluidos de su
alcance los consorcios o uniones temporales que celebran contratos no sujetos al
Estatuto General de la Contratación Pública.
Sobre las dificultades de la afirmación general sostenida por la Corte
Constitucional en la sentencia T-150 de 2016, es oportuno recordar que esta
Subsección, en un caso en el que una unión temporal demandó directamente a
una entidad exceptuada de la Ley 80 de 1993, sostuvo que no tenía capacidad
para comparecer al proceso y que «la razón de la decisión descansa en el
contenido normativo de los artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993, disposiciones
24
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC1950-2022 del 23 de enero de
2022, M.P. Francisco Ternera Barrios.
25
Corte Constitucional, sentencia T-150 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19
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legales que no son aplicables a contratos estatales que no están sujetos al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como el celebrado
entre FONADE y los miembros de la Unión Temporal»26.
Entonces, en lo que concierne a la legitimación para ejercer la acción de tutela, la
Sala discrepa de la tesis amplia vertida en la sentencia T-150 de 2016, toda vez
que ello implicaría acoger el criterio organicista de los consorcios y de las uniones
temporales, en el entendido de que estas figuras asociativas constituyen una
persona jurídica autónoma y distinta de quienes las integran, sin que exista
justificación para que el juez de tutela les dé tratamiento de persona jurídica o
titular de derechos cuando claramente no ostentan dichas condiciones. Desde
luego que esto no impide que los miembros de un consorcio o de una unión
temporal reclamen la protección judicial de sus derechos fundamentales, en caso
de que consideren que han sido vulnerados o que están bajo amenaza.
Con todo, conviene señalar que la sentencia T-150 de 2016 tuvo origen en una
típica controversia entre las partes de un contrato, quienes en aquella oportunidad
acudieron directamente al mecanismo de amparo constitucional para discutir sobre
su contenido obligacional, sobre su cumplimiento 27 , sin que mediara una
providencia judicial que hubiera definido la disputa en sede ordinaria y respecto de
la cual se predicara la vulneración o amenaza de prerrogativas fundamentales,
como ocurre en este caso, tanto así que la Corte Constitucional declaró
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, habida cuenta de que «el juez de tutela no puede convertirse en el
juez del contrato, en la medida en que carece de competencia para resolver el
conflicto planteado en el ámbito puramente legal, esto es, en relación con la
“interpretación y aplicación de la ley contractual”, pues sus atribuciones
constitucionales, sin lugar a dudas, se concretan en la protección de los derechos
fundamentales (C.P. arts. 86 y 241), asumiendo, en consecuencia, el rol de juez
de los derechos».
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de octubre de 2020, exp.
41.227, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
27
Puntualmente, esto señaló la Corte Constitucional en la sentencia T-150 de 2016:
Con base en los anteriores criterios y una vez revisada la situación fáctica y jurídica del asunto
puesto en conocimiento de esta Sala, se obtiene que la disputa trabada entre las partes del
proceso de tutela, las cuales, a su vez, son partes de una relación contractual, se encuadra dentro
de la definición de las obligaciones que por la autonomía de la voluntad fueron convenidas por ellas
pero que, en este momento, presentan un desacuerdo para su cumplimiento.
20
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De otra parte, valga considerar que la Corte Constitucional al examinar el
contenido del artículo 229 de la Ley 1437 de 201128, en lo relativo al régimen de
medidas cautelares procedente en los procesos contenciosos administrativos y la
posibilidad de que dichas reglas fuesen aplicadas en las acciones de tutela
tramitadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, determinó que
dicha regulación era inconstitucional, entre otras razones —referidas a la dificultad
para mantener los principios de celeridad en el trámite—, porque rompía el
principio de unidad jurisdiccional, al someter las medidas cautelares en materia de
tutela a un trámite diferente, en función de la especialidad. Esto dijo el Tribunal
Constitucional:
[E]n materia de tutela, crear un régimen de medidas cautelares aplicable
únicamente por la justicia administrativa viola la Constitución (CP arts 13 y
86). En efecto, esta Corporación ha señalado que en la Carta es posible
identificar un principio de “unidad de la jurisdicción constitucional”. 29 Este
último es un denominador usado por la jurisprudencia para agrupar principios
constitucionales más amplios, como la igualdad de trato (CP art 13), la
seguridad jurídica (CP Preámbulo y arts 1 y 2), la confianza legítima (CP art
83), y la eficacia y supremacía normativas de la Constitución (CP arts 4, 86 y
241), que no son de aplicación exclusiva en la justicia constitucional. El
denominador que los engloba se justifica entonces, no como forma de recortar
sus alcances al ámbito de la jurisdicción constitucional, sino para especificar
que en esta última tiene una implicación específica, entre otras posibles, y es
la de garantizar ‘unidad’ de criterios en la administración de justicia
constitucional. La unidad de la jurisdicción constitucional ha sido fundamento
para sujetar las decisiones de los jueces de tutela a la fuerza vinculante de los
precedentes de esta Corte.30 De la misma manera, la Sala Plena considera
28
ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos
declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la
demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el
Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que
considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
PARÁGRAFO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las medidas cautelares en los procesos que
tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los
procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán
por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
29
Cita de la providencia. Auto 029 de 1996 (MP Antonio Barrera Carbonell). En esa ocasión, la
Corte anuló dos procesos de tutela tras considerar que no habían sido objeto de un fallo de fondo
real en instancia, debido a que habían negado las solicitudes de amparo en contra de lo previsto
por el texto constitucional y la jurisprudencia de esta Corporación. En cuanto los fundamentos por
los cuales debía acatarse esta última, señaló entre otros la búsqueda de “unidad de la jurisdicción
constitucional”, principio que se traducía en la necesidad de asegurar la igualdad de trato (CP art
13), la certeza en la aplicación del Derecho (CP arts. 1 y 2) y el respeto por la configuración
constitucional sobre la materia (CP arts. 86 y 241). Luego este mismo principio lo ha ratificado la
Corte en numerosas ocasiones. Por ejemplo, véanse las sentencias SU-783 de 2003 (MP Marco
Gerardo Monroy Cabra. SV Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araújo Rentería) y SU-388 de 2005 (MP
Clara Inés Vargas Hernández. SV Jaime Araújo Rentería).
30
Cita original de la providencia: Sentencia SU-783 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
SV Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araújo Rentería). En ese caso la Corte sostuvo que algunos
jueces de instancia habían desconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a la
competencia para darles efectos inter comunis o inter pares a los fallos de tutela. Para sostener
que tenían ese deber de respetar la fuerza vinculante de la jurisprudencia, la Corte aludió al
21
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que es la razón por la cual a la Corte se confía la potestad de revisión
eventual de los fallos de tutela (CP art 241 num 9). No es entonces legítimo
crear estatutos especiales de tutela, que sean de exclusiva aplicación
por una parte de la jurisdicción constitucional y no por la otra, máxime
cuando de su aplicación aparece excluida la Corte Constitucional, por
no formar parte de la justicia administrativa, ya que eso alteraría la
vocación de unidad de esta jurisdicción. Es preciso mostrar esto con
mayor detenimiento:
28.1. La jurisdicción constitucional, en materia de tutela, está definida
funcionalmente por el artículo 86 de la Carta. A diferencia de lo que ocurre
con las acciones colectivas, la Constitución estatuye directamente que la
tutela es un instrumento de protección susceptible de interponerse “ante los
jueces”, sin que en esto el texto Fundamental hubiera facultado a la ley para
asignarles dicha función exclusivamente a algunos de ellos o para sustraer a
otros del conocimiento de los asuntos de tutela (CP art 86). La jurisprudencia
de la Corte ha señalado desde sus comienzos que, en virtud de ese esquema
directamente estatuido en la Constitución, “todos los jueces […] hacen parte
de la jurisdicción constitucional”. 31 El proyecto de ley estatutaria de
administración de justicia, controlado en la sentencia C-037 de 1996, preveía
en desarrollo de esa regulación que “ejercen jurisdicción constitucional,
excepcionalmente, para cada caso concreto, los jueces y corporaciones que
deban proferir las decisiones de tutela”. La Corte Constitucional declaró
exequible esa configuración. 32 En definitiva, la Constitución, la Ley y la
jurisprudencia de la Corte han sostenido que la jurisdicción constitucional, en
los procesos de tutela, la ejercen “todos los jueces” de la República.
28.2. Ahora bien, la jurisdicción constitucional es una sola. Ciertamente,
está conformada en tutela por jueces que, en otros contextos
procesales, pueden hacer parte de jurisdicciones ordinarias distintas
principio de “unidad de la jurisdicción constitucional”, en asuntos de tutela. Dijo: “[l]os jueces de
tutela, deben atenerse a las pautas doctrinales elaboradas por la Corte, como resultado de la
interpretación de las normas que consagran los derechos constitucionales fundamentales. Esto
tiene que ver con la unidad de la jurisdicción constitucional, en su aspecto material”.
31
Cita original de la providencia: Sentencia T-413 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón). En ese caso,
en el proceso de tutela, el Tribunal disciplinario que habían escogido los tutelantes como instancia
de su solicitud de amparo, se había juzgado absolutamente incompetente para conocer de la
acción. La Corte señaló entonces que “[l]a jurisdicción constitucional difusa es transversal,
atraviesa de un lado a otro toda la rama judicial”. Además, sostuvo que el Tribunal que se juzgó
incompetente era “órgano de la jurisdicción constitucional difusa”, y que en virtud de esta última la
acción de tutela era un instrumento que “todos los jueces y Tribunales de la República pueden y
deben asumir, de manera excepcional y paralela con la jurisdicción ordinaria a la que pertenezcan”.
Esta jurisprudencia luego fue reiterada en el auto 016 de 1994 (MP Jorge Arango Mejía. Unánime),
en el cual la Sala Plena se preguntaba si un conflicto suscitado entre dos jueces de tutela
(pertenecientes en lo ordinario a distintas jurisdicciones) era un conflicto de jurisdicción o de
competencia. La Corte concluyó que era un conflicto de competencia, pues al conocer de acciones
de tutela ambos eran precisamente miembros de la jurisdicción constitucional. En ese contexto dijo
precisamente que “todos los jueces […] hacen parte de la jurisdicción constitucional”. Esta
jurisprudencia ha sido reiterada en numerosas ocasiones, y por ejemplo recientemente lo hizo en el
auto 019 de 2014 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. Unánime), en el cual la Corporación
manifestó que “todos los jueces hacen parte de la jurisdicción constitucional”, y que por virtud de
esta circunstancia le corresponde a la Corte Constitucional como “máximo órgano” de la misma,
resolver los conflictos de conocimiento entre jueces de tutela.
32
Cita original de la providencia: Sentencia C-037 de 1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa, SPV.
Vladimiro Naranjo Mesa, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero y
Hernando Herrera Vergara, SV. José Gregorio Hernández Galindo, AV. Vladimiro Naranjo Mesa,
Hernando Herrera Vergara, José Gregorio Hernández Galindo y Eduardo Cifuentes Muñoz). Sobre
el precepto indicado, dijo: “Tampoco puede olvidarse que dentro de los parámetros definidos por el
artículo 86 fundamental, cada juez de la República, al momento de resolver de un asunto de tutela,
también está haciendo parte de la llamada jurisdicción constitucional. […] El artículo será
declarado exequible”.
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Demandante: Consorcio Infraestructura Vial 2009
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(civil, penal, laboral, contencioso administrativo, disciplinario). Pero esto no
significa que cada juez de tutela se pueda ver sujeto a estándares
diferentes de procesamiento y decisión, determinados según el caso por
la jurisdicción a la que ordinariamente pertenezca. Por el contrario (CP art
13). Así como esta Corte ha sostenido q, todos los jueces deben estar
sujetos a un único marco normativo, cuando obran en su condición de
jueces de tutela, porque esta es una exigencia inmediata del derecho
fundamental a la igualdad de trato ue sus decisiones precedentes tienen
fuerza vinculante para los jueces de tutela, y se ha fundado para ello en que
es necesario asegurar la “unidad de la jurisdicción constitucional”, entendida
de la manera antes indicada, la Corte considera en este caso que ese mismo
principio impide admitir una rompimiento en dos del régimen de medidas
cautelares aplicable a los procesos de tutela, toda vez que esto supondría
admitir eventuales diferencias en el trato de casos iguales33.
No desconoce esta Subsección que la Corte Constitucional se refirió a un aspecto
diferente al que aquí se examina; sin embargo, es dable extrapolar el argumento
según el cual, en materia de acción de tutela, no pueden existir regulaciones
distintas en función de la especialidad o jurisdicción que de ordinario ejerce el juez
de tutela cuando no está ejerciendo jurisdicción constitucional; circunstancia que
se presentaría si se admitiera que el precedente del Consejo de Estado, fijado en
sede contencioso administrativa para determinar la legitimación de los consorcios
o uniones temporales en los procesos derivados del procedimiento de selección y
ejecución de los contratos estatales, se extiende automáticamente a las acciones
de tutela que sean repartidas a los jueces administrativos, incluidos los tribunales
y esta Corporación.
De ser así, se distorsionaría el principio de unidad de la jurisdicción constitucional,
pues se daría por sentado que existe una subregla vinculante, integrada al
ordenamiento jurídico, según la cual en los procesos de tutela de conocimiento de
quienes de ordinario ejercen jurisdicción contencioso administrativa los consorcios
tienen capacidad para ser parte y pueden acudir a través del representado
designado en el acuerdo consorcial, a pesar de que el artículo 86 superior y los
artículos 1 y 10 del Decreto 2591 de 1991 exijan la calidad de persona para
reclamar la protección de los derechos fundamentales a través del mecanismo de
la tutela.
Como se sabe, el Consejo de Estado es el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pero esa calidad cambia cuando le es repartida una
acción de tutela y avoca conocimiento, pues en ese instante se despoja del ropaje
de juez administrativo y asume el rol de juez constitucional, esto es, empieza a
33
Corte Constitucional, sentencia C-284 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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ejercer jurisdicción constitucional. De modo que el examen de las cuestiones
procesales o sustanciales que atañen a este mecanismo de amparo constitucional
no están supeditadas al precedente contencioso administrativo, sino a la
aplicación e interpretación que como juez constitucional realiza de la Constitución,
de los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, así como del Código de
Procedimiento Penal, en lo que a las causales de impedimento concierne, y a las
normas del Código General del Proceso, para efectos de llenar vacíos procesales,
por expresa remisión del artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015.
• Análisis de la legitimación en el caso concreto
El señor Álvaro Andrés Beltrán García, quien afirmó ser el «representante legal
suplente» del Consorcio Infraestructura Vial 2009, otorgó poder a un profesional
del derecho para formular acción de tutela en contra de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por estimar que se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de los integrantes del consorcio, como consecuencia de la sentencia
dictada el 14 de octubre de 2021, en el proceso de controversias contractuales
con radicado 68001-23-33-000-2013-00362-01.
La Sala advierte que el accionante carece de legitimación en la causa para
reclamar la protección de los derechos fundamentales invocados, pues, como se
explicó en la parte considerativa de este fallo, los consorcios no son personas y,
por ende, no son titulares de derechos subjetivos, como para solicitar su
protección a través de este mecanismo constitucional. En estos casos, la
legitimación recae en cada uno de los miembros de la respectiva asociación.
De suerte que la tutela debió ser interpuesta por los integrantes del consorcio,
quienes, de conformidad con el documento denominado «MODELO DE LA CARTA
DE INFORMACIÓN DEL CONSORCIO» anexo a la solicitud de tutela, son:
NOMBRE PARTICIPACIÓN (%)
CARLOS URÍAS RUEDA ÁLVAREZ 30%
JULIO CÉSAR CASCAVITA PEÑA 5%
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ AMORTEGUI 5%
BP CONSTRUCTORES S.A. 30%
CONSTRUCCIONES BARSA LTDA. 30
TOTAL 100%
En el caso particular, ninguna de las personas naturales o jurídicas reseñadas en
el pacto consorcial fue la que acudió al trámite de la tutela, ni confirió poder al
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abogado para tal efecto. Si bien en el expediente consta un documento bajo el
título «OTROSÍ No. 1 COMPROMISO CONSORCIAL», en el que se señala34 que
el señor Álvaro Andrés Beltrán García es «representante legal suplente» del
consorcio, dicha representación no es propiamente una representación legal, dado
que no se trata de una persona jurídica y, por ende, no le otorga la capacidad para
representar a los integrantes del consorcio y conferir poder en su nombre, a
efectos de reclamar la protección de derechos fundamentales.
De acuerdo con la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, dictada
por la Sección Tercera de esta Corporación, el documento señalado podría servir
para acreditar la legitimación en las controversias planteadas ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo sobre la participación del consorcio en el proceso
de selección, celebración y ejecución del contrato, no así para reclamar, por vía de
acción de tutela, la protección de derechos fundamentales individuales de cada
una de las personas que integran la asociación.
El hecho que se haya designado un representante legal principal y otro suplente
con facultades de representar legal, judicial y extrajudicialmente al consorcio y de
otorgar poderes, como bien se señala en el mismo documento, opera en los
términos de la Ley 80 de 1993, esto es, para los asuntos referidos al contrato;
situación que no se extiende a este mecanismo de defensa de derechos
fundamentales que se rige por el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591
de 1991, así como por las reglas del Código General del Proceso en cuanto a los
vacíos que se presenten respecto de su trámite. Ninguno de estos cuerpos
normativos confiere al consorcio capacidad para ser parte, por ende, tampoco
tiene legitimación para reclamar el amparo de derechos constitucionales
fundamentales.
Así pues, como el señor Álvaro Andrés Beltrán García, que fue quien otorgó el
poder para presentar la tutela, no figura como integrante del consorcio
Infraestructura Vial 2009, ni acreditó que en la actualidad ostenta la condición de
representante legal de alguna de las sociedades consorciadas, no podía arrogarse
34
«QUINTA: REPRESENTANTE: Los integrantes del consorcio de común acuerdo y con
aceptación de las partes designamos a LUIS ALEJANDRO BARBOSA RAMÍREZ, como
Representante Legal, y a ÁLVARO ANDRÉS BELTRÁN GARCÍA, como Representante
Legal Suplente, con amplias facultades en lo relacionado con el perfeccionamiento del
contrato y todas las decisiones que tengan que tomarse en relación con el objeto del
contrato a ser suscrito, en caso de salir favorecidos, con el INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS. Igualmente quedan facultados para representar al CONSORCIO judicial o
extrajudicialmente ante cualquier autoridad pública o privada, de conformidad con lo
preceptuado por la Ley 80 de 1.993 y normas concordantes.»
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Demandante: Consorcio Infraestructura Vial 2009
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la atribución de reclamar la protección de derechos subjetivos ajenos o de
terceros, ni de otorgar poderes para tal fin.
A lo anterior se suma que, de conformidad con lo pactado por los consorciados
«[l]a duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución, liquidación
del contrato y un (1) año más», por lo que, aun cuando se superara lo relativo a la
representación, ni siquiera se tiene certeza de que a la fecha el consorcio
Infraestructura Vial 2009 se encuentre vigente, en los términos del acuerdo
consorcial pactado.
Otro aspecto que advierte la Sala es que el poder presentado para promover la
demanda de controversias contractuales fue conferido por todos y cada uno de los
integrantes del consorcio; de manera que, si lo que se pretende es cuestionar la
vulneración de los derechos fundamentales de sus miembros, con mayor razón,
estos son los que deben concurrir directamente o por intermedio de sus
representantes legales o judiciales ante el juez de tutela, acreditando la respectiva
calidad.
Basta señalar que, en efecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 autoriza que
terceros reclamen la protección de los derechos de otras personas, bajo la figura
de la agencia oficiosa, siempre y cuando en estos eventos se justifique la
imposibilidad del titular de acudir directamente a la acción de tutela; sin embargo,
en la solicitud de tutela no se argumentó la imposibilidad de los integrantes del
consorcio de acudir directamente al juez constitucional.
Aún más, previo a la admisión de la demanda, la parte actora fue requerida para
que aportara los poderes y los certificados de existencia y representación legal de
las sociedades que integran el consorcio y así determinar si el accionante era
representante legal de alguna de ellas; no obstante, se rehusó a cumplir con dicha
exigencia con fundamento en que debía aplicarse la sentencia de unificación antes
citada sobre la capacidad para ser parte de los consorcios. Se reitera: como dicha
providencia no es vinculante para el juez constitucional, es decir, no es un
precedente obligatorio que irradie el trámite de las acciones de tutela, la Sala no
estima aplicable su contenido en estos casos y, por ende, concluye que quien aquí
presenta la solicitud de amparo carece de capacidad para comparecer al proceso
como demandante.
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Entonces, ante la inexistencia del presupuesto de legitimación en la causa por
activa, la Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Álvaro Andrés Beltrán García en nombre del Consorcio Infraestructura Vial 2009 y
de sus integrantes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor
Álvaro Andrés Beltrán García en nombre del Consorcio Infraestructura Vial 2009 y
de sus integrantes, de acuerdo con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o
dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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