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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05846-01

Fecha
21 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05846-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia 25 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, para declarar improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05846-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05846-01
Accionante: Consorcio de Servicios de Tránsito y Transporte
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de controversias contractuales / MODIFICA PARA
DECLARAR LA IMPROCEDENCIA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR ACTIVA – Falta de capacidad de los consorcios y las uniones temporales para
ser parte del proceso de tutela.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 25 de noviembre de 2024 por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 29 de octubre de 2024 el Consorcio de Servicios de Tránsito y Transporte,
mediante apoderado judicial, promovió acción de tutela contra la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y defensa y audiencia.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia de 11 de septiembre de 2024,
emitida dentro del proceso de controversias contractuales1 que instauró contra el
municipio de Ginebra. Dicha demanda se encaminó a obtener la anulación de los
actos administrativos2 mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato
de concesión 1 de 20123 y se dispuso su caducidad y, en consecuencia, el pago de
los perjuicios ocasionados con esas decisiones.

1 Expediente 76001-23-33-000-2017-01359-01 (69240).
2 Resoluciones 286 y 287 de 13 de octubre de 2016.
3 Que tenía por objeto “implementar, operar y mantener el sistema integral de información sobre trámites y

comparendos; manejar y expedir las especias venales; prestar el servicio de registro de automotores,
conductores, infractores, tarjetas de operación, licencias de conducción y tránsito de empresas y vehículos de
transporte público particular, oficial”.

1

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Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B

3.
En la mencionada providencia se revocó la decisión adoptada el 31 de marzo de
2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que había accedido
parcialmente a las pretensiones ordinarias4, para en su lugar, declarar (i) probada la
excepción de inexistencia del contrato y (ii) la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Se consideró que el contrato de concesión
nunca se suscribió ni se elevó a escrito, formalidad necesaria para su existencia. Por
ende, no resultaba procedente el medio de control de controversias contractuales,
sino el de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, este al momento de
la presentación de la demanda (4 de septiembre de 2017) ya había caducado.
Habían transcurrido más de 4 meses desde la notificación de los actos acusados (13
de octubre de 2016).

4.
La parte actora afirmó que se configuró defecto sustantivo, en cuanto a la
declaratoria de inexistencia del contrato. Para su fundamentación trae a colación los
argumentos planteados en el salvamento de voto suscrito por el consejero Martín
Bermúdez Muñoz frente al fallo atacado, consistentes en que (i) el artículo 41 de la
Ley 80 de 1993 dispone que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se
logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve por escrito. Es
decir, no implica que deba existir un solo documento suscrito por las partes, sino que
el acuerdo conste por escrito, lo cual se cumple a través de la aceptación de la oferta;
(ii) lo dispuesto en la letra d) del numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 es
un ejemplo de que la solemnidad de constar por escrito puede cumplirse de manera
distinta (con la aceptación de la oferta); (iii) la aceptación de la oferta reunía los
requisitos previstos en el referido artículo 41 (objeto, contraprestación y cláusulas de
ejecución); y (iv) la ausencia de solemnidad de un contrato no conlleva la declaratoria
de inexistencia.

5.
Señaló que se pasó por alto que la oferta fue aceptada por el municipio de Ginebra
y tenía los mismos efectos establecidos en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, lo
cual demuestra que el acuerdo de voluntades existió y que el contrato era válido.

6.
En la sentencia acusada se incurrió en decisión sin motivación y defecto
sustantivo, en lo relativo a la declaratoria de caducidad del medio de control para
atacar la legalidad de los actos administrativos reprochados. También acogió los
planteamientos esbozados en el aludido salvamento de voto, así como en la
aclaración de voto presentada por el consejero Fredy Ibarra Martínez, según los
cuales (i) no se sabía con anticipación que se iba a modificar la naturaleza del acto
contractual por parte del juez, para convertirlo en un simple acto administrativo. Por
tanto, no resultaba exigible que acudiera a la jurisdicción dentro de los 4 meses
siguientes a su notificación; y (ii) no se debió adecuar la demanda a la de nulidad y

4 Bajo el argumento de que el municipio no le había otorgado al consorcio las oportunidades procedimentales

para defenderse, la comunicación no estuvo acompañada por los informes, no se cumplió con lo ordenado en el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, no se corrieron los traslados en debida forma y se negaron las solicitudes de
pruebas tendientes a defender al consorcio.
2

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restablecimiento del derecho, para declarar su caducidad. Esa decisión desconoció
el derecho de defensa de las partes, al impedirles discutir, oponerse o controvertir
cualquier aspecto relacionado con un medio de control ajeno a la contienda y
discusión zanjada en la primera instancia. Lo procedente era declarar probada de
oficio la excepción de ineptitud de la demanda por indebida escogencia del medio de
control judicial.

7.
En conclusión, el juez de segunda instancia lo sorprendió, al declarar la
inexistencia del contrato estatal y adecuar el medio de control al de nulidad y
restablecimiento del derecho, para declarar su caducidad, sin brindar la oportunidad
de controvertir esa determinación.

8.
De igual modo, la providencia acusada adolece de defecto fáctico, pues se
realizó una valoración equivocada de los hechos y las pruebas. Se (i) exigió un único
documento firmado por ambas partes para considerar que el contrato estaba
perfeccionado, lo cual desconoció el contexto probatorio, que demostraba que a
través de la aceptación de la oferta que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2012 se
cumplieron los requisitos para tal propósito; (ii) aportaron pruebas que acreditaban
la existencia de la voluntad de las partes de celebrar el contrato y de ejecutar las
obligaciones derivadas del mismo, las cuales no fueron examinadas; y (iii) omitió el
hecho de haber ejecutado el contrato sobre la base del acuerdo logrado, lo que
implicó que no se le reconociera el derecho a la contraprestación pactada y, con ello,
un enriquecimiento sin causa a favor del ente territorial.

9.
Indicó que la declaratoria de caducidad del medio de control incurrió en defecto
procedimental absoluto, por cuanto fue derrotada. Frente a esta determinación se
presentó salvamento y aclaración de voto por parte de dos de los tres magistrados
que integraban la sala de decisión, pues versaban sobre su desacuerdo sobre ese
aspecto. Lo anterior, contraría el artículo 49 (numeral 7) del Reglamento Interno del
Consejo de Estado.

B. Sentencia de primera instancia

10.
Mediante sentencia de 25 de noviembre de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, al
no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad, frente a los defectos procedimental
absoluto y sustantivo, en lo que atañe a la adecuación de la demanda contractual al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y declarar su caducidad.
Se precisó que al fundamentar el reproche en que aquella determinación fue
“derrotada”, es decir, no contó con el número de votos requerido para ser aprobada,
puede discutir tal cuestionamiento a través del recurso extraordinario de revisión,
conforme al numeral 5 del artículo 250 del CPACA.

11.
Por otro lado, negó el amparo constitucional reclamado respecto de los defectos
sustantivo y fáctico dirigidos contra la determinación de declarar la inexistencia del

3

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contrato de concesión. Se adujo que no se incurrió en defecto sustantivo, por cuanto
los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 exigen por regla general para el
perfeccionamiento del contrato estatal que conste por escrito. Por ende, la
interpretación que la autoridad judicial realizó de esas normas no resultó irrazonable
o arbitraria. Además, no se sorprendió a la parte actora con dicha declaración. Desde
el inicio del proceso ordinario, el objeto de discusión giró en torno a verificar la
suscripción del acuerdo de voluntades por escrito y, por consiguiente, a determinar
su existencia.

12.
Tampoco acaeció defecto fáctico, porque la tutela no habilita al juez constitucional
para revisar, de manera general o abstracta, todas las pruebas aportadas a un
proceso ordinario, so pena de invadir las competencias que son propias de los jueces
naturales de la causa.

13.
Frente al hecho de que presuntamente no se tuvo en cuenta que la aceptación de
la oferta acreditaba el requisito de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993,
conforme al numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, ello no corresponde a
la realidad. Diferente es que la autoridad judicial haya concluido que se trataba de
una regla de excepción al régimen contractual público, que no era posible extenderla
por analogía, pues se desconocía la regla general de los mencionados artículos 39
y 41.

14.
La autoridad judicial también estimó que el acto de aceptación de la oferta y de
adjudicación del contrato de concesión, es decir, la sola manifestación unilateral de
la administración, no tenía la potencialidad de “remover” una formalidad impuesta en
la ley. Apreciación que encuentra respaldo jurídico en los precitados artículos 39 y
41, distinto es que la parte actora no comparta esa conclusión.

C. La impugnación

15.
La parte actora señaló que la nulidad, en virtud de la cual procedería el recurso
extraordinario de revisión, se configuró en un momento previo a la sentencia,
circunstancia que constituiría un obstáculo para su interposición, pues, en ese
evento, la autoridad judicial tenía que haber declarado dicha nulidad de manera
oficiosa y previa al fallo.

16.
Insistió en que se le sorprendió con la declaratoria de inexistencia del contrato y
que la interpretación normativa realizada no se encuentra conforme al marco
constitucional, esto es, a sus valores, principios y derechos, como los que se le
vulneraron. Es decir, tanto la norma como la interpretación con base en las cuales
se adoptó la decisión recurrida, si bien es aplicable al caso, resulta contraria a los
mandatos constitucionales, entre estos, el de confianza legítima.

17.
Declarar la inexistencia del contrato y la caducidad del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho por el solo hecho de no encontrarse por escrito en los

4

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términos de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, constituye un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto sustentado como “formalidad ad
substantiam actus” y una vulneración a sus derechos fundamentales y a la
Constitución Política, en cuanto a la prevalencia del derecho sustancial.

Memorial de pronunciamiento sobre impugnación por parte del municipio de
Ginebra
18.
Advirtió que la impugnación que interpuso la parte actora involucra una
inconformidad con el fallo de segunda instancia, encaminada a emplear la tutela
como una tercera instancia para resolverla y fundamentada en el salvamento de voto
del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, por consiguiente, no se cumple el requisito
de relevancia constitucional.

19.
En todo caso, frente a que la oferta es un contrato estatal de acuerdo con el
artículo 2 (numeral 5, letra d) de la Ley 1150 de 2007, se tiene que esto no aplica a
un contrato de concesión, el cual se inició mediante una licitación pública, siendo una
regla de excepción, mas no general como lo interpreta el accionante. La Ley 80 de
1993 prevé en forma expresa que los contratos estatales son solemnes, es decir, el
simple conocimiento de las partes no los perfecciona.

20.
Además, ese ente territorial propuso, entre otras, la excepción de “inexistencia del
contrato de concesión”, respecto de la cual no se pronunció el juez ordinario de
primera instancia, por lo que expuso tal reparo en su apelación. Planteamiento
conocido por el extremo activo del litigio y frente al cual pudo pronunciarse en los
alegatos de conclusión de segunda instancia. De igual modo, precisó que la norma
procesal le permite al juez declarar la caducidad de la acción de oficio en primera o
segunda instancia si se encuentra configurada.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

21.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19915.

F. Análisis del caso concreto

22.
La Sala advierte que la solicitud de amparo no supera el presupuesto de
procedibilidad de legitimación en la causa por activa. Aunque el a quo estimó que
dicha figura se acreditaba, porque el tutelante actuó como demandante en el proceso
ordinario dentro del que se profirió el fallo acusado y, por ende, es el titular de los

5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

5

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derechos fundamentales cuya protección se invoca, lo cierto es que ello carece de
asidero jurídico, como se expone a continuación.

23.
Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, cualquier persona puede acudir
a la acción de tutela, bien sea -por sí misma o a través de un representante, para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública y, excepcionalmente de los particulares. Mandato constitucional
que se consagró en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

24.
De acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, los titulares de la acción de tutela podrán
solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por intermedio de
un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado
con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de agente oficioso
(cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su propia
defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran legitimados
para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los personeros
municipales (facultados para intervenir en representación de terceras personas,
siempre que el titular de los derechos haya autorizado6.

25.
En ese sentido, uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela es
que quien la instaure esté legitimado en la causa por activa para buscar la protección
de sus derechos fundamentales. Es decir, que quien la presente sea, en principio, el
titular de los derechos presuntamente vulnerados.

26.
Frente a dicha titularidad respecto de los consorcios y uniones temporales, esta
Sala en las sentencias de 7 de octubre7 y 4 de noviembre8 de 2022 ha defendido la
tesis de que aquellos no se encuentran facultados para actuar como partes o terceros
en un proceso de tutela. Estas figuras se conforman con el propósito de presentar
conjuntamente una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución
de un contrato con una entidad estatal, pero no constituyen una persona jurídica
diferente de sus miembros individualmente considerados. De ahí que la titularidad
de los derechos fundamentales se encuentre en cabeza de quienes integran o
integraron los consorcios y las uniones temporales, mas no de sus representantes.

6 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción

de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
7 Expedientes 11001-03-15-000-2022-03777-00, C. P. María Adriana Marín, y 11001-03-15-000-2022-04354-00,

C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
8 Expediente 11001-03-15-000-2022-05036-00, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.

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27.
En los referidos fallos, la Sala precisó que aunque esta Corporación en la
sentencia de unificación de 25 de septiembre de 20139 sostuvo que los consorcios y
uniones temporales contaban con la capacidad para comparecer como sujetos
procesales en los procesos judiciales en los cuales se debaten asuntos relacionados
con los derechos o intereses de las personas que los integran, tal premisa no era
aplicable en sede de tutela.

28.
Lo anterior, por cuanto (i) operaba en litigios derivados de los contratos estatales
o correspondientes procedimientos de selección; (ii) dicha providencia constituía un
precedente vinculante para los jueces administrativos y no para los jueces de tutela;
y (iii) la tutela se instituyó para que toda persona tuviera una vía expedita para
resguardar sus garantías constitucionales, de modo que busca proteger derechos
subjetivos, los cuales por su naturaleza, requieren de la existencia de un titular que,
en principio, debe ser una persona natural o jurídica, por lo que al no ostentar dicha
calidad estas asociaciones tampoco están facultadas para elevar una pretensión
constitucional en su favor.

29.
A partir de las precitadas consideraciones, no se advierte la existencia de razones
que impongan la necesidad de dar un trato especial, en sede de tutela, a los
consorcios y uniones temporales, por lo que no es posible aplicar una excepción al
contenido normativo del artículo 86 Superior, ni a los artículos 1 y 10 del Decreto
2591 de 1991 y extender la expresión “persona” a este tipo de asociaciones,
reiterando que al no ser titulares de derechos subjetivos, no cuentan con la
capacidad para instaurar acciones de tutela.

30.
En este punto es importante precisar que, si bien en sentencia T-150 de 2016 la
Corte Constitucional sostuvo que los consorcios son titulares de derechos
fundamentales, esta Subsección se distanció de esa postura. Para ilustrar lo anterior,
resulta relevante citar la sentencia de 7 de octubre de 202210, en la cual se explicó,
entre otras cosas que: “(…) dicha tesis [del Tribunal Constitucional] se fundó
íntegramente en la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013, proferida
por la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin que le mereciera a la Corte una
reflexión específica sobre por qué los consorcios eran titulares de derechos, a pesar
de que no eran personas jurídicas y por qué la vulneración podía ser alegada por
ellos y no por sus miembros, con la dificultad de que, si esa afirmación encuentra
sustento en el contenido de la Ley 80 de 1993, norma sobre la cual se interpretó el
asunto por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, podrían quedar
excluidos de su alcance los consorcios o uniones temporales que celebran contratos
no sujetos al Estatuto General de la Contratación Pública”.

31.
En esa ocasión la Sala igualmente cuestionó que se pretendiera dar a estas
figuras asociativas el tratamiento de personas jurídicas, titulares de derechos
fundamentales; y destacó que la sentencia T-150 de 2016 se originó en una

9 Expediente 25000-23-26-000-1997-03930-01 (19933).
10 Expediente 11001-03-15-000-2022-03777-00, C. P. María Adriana Marín.

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controversia netamente contractual, sin que mediara una providencia judicial de la
que se pudiera predicar una vulneración de derechos, como los casos que le ha
correspondido conocer a la Subsección en aquella oportunidad y en la presente
acción constitucional.

32.
En el sub lite se evidencia que el Consorcio de Servicios de Tránsito y Transporte
de Ginebra, representado por la señora Luz Mary Usma Gaviria, como suplente,
promovió, a través de apoderado judicial, la presente acción de tutela, para cuyo
efecto se aportó (i) el poder otorgado por dicha representante al profesional del
derecho; (ii) “acta de constitución consorcio”, que da cuenta de que el Consorcio está
integrado por Tecnología Industrial, representada por Fabián Antonio Flórez Pinzón,
y Sistemas y Servicios de Transporte de Colombia Ltda. (Systracol Ltda.),
representada por el señor Héctor Molano Rojas; su representación la ejercerá el
primero de estos; tenía como objeto la presentación de una propuesta para la
adjudicación, celebración y ejecución de la licitación pública LP-001 -2012 y su
duración sería el que se emplee en la ejecución del contrato de concesión; (iii)
Resolución 38 de 19 de febrero de 2015 emanada de la alcaldía de Ginebra,
mediante la cual se autorizó la cesión del 50% de la participación del señor Flórez
Pinzón en ese Consorcio a la firma H & Vargas Ingenieros Ltda., representada por la
señora Mariluz Vargas González, y se reconoció que la representación del Consorcio
la asumía Systracol S. A. S.; y (iii) certificado de existencia y representación legal de
Systracol SAS en Liquidación, en el que se evidencia que el señor Molano Rojas
actúa como representante legal principal y la señora Usma Gaviria como suplente.

33.
Con base en la documentación relacionada en precedencia y en la postura
referente a la capacidad de los consorcios para acudir a este tipo de trámites, resulta
evidente que la representante del mencionado consorcio carece de legitimación en
la causa por activa para reclamar la protección de los derechos invocados. Aquella
asociación no es la titular de aquellas prerrogativas superiores y al no allegar poder
alguno que permitiera inferir que en el presente asunto representa los intereses de
quienes la componen, tampoco es posible concluir que el Consorcio actúa en su
representación, de modo que la acción de tutela debió ser interpuesta por sus
integrantes.

34.
Bajo este trámite se propugna por la defensa de derechos fundamentales, de los
cuales ni el consorcio ni sus representantes son titulares, pues los mismos recaen
en las personas que con las acciones y omisiones de la autoridad judicial accionada
afectaron, es decir, sobre las sociedades o personas que lo conformaron. El hecho
de que el consorcio hubiera representado los intereses patrimoniales de sus
integrantes en el proceso ordinario, no lo legitima para reclamar la vulneración de
derechos propios o ajenos de orden ius fundamental, que son diversos de los que se
debatieron en el juicio ordinario.

35.
Además, cabe precisar que en el escrito de tutela se solicita de manera expresa
la protección constitucional de “los derechos al debido proceso, audiencia y a la
8

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defensa, igualdad, y el acceso a la administración de justicia del Consorcio de
Servicios de Tránsito y Tra[n]sporte de Ginebra”, de lo cual se infiere que no se
reclama el amparo de garantías superiores de los integrantes de dicha asociación.

36.
Por las razones anotadas, la acción de tutela que se examina no satisface el
requisito de legitimación en la causa por activa, habida cuenta de que el Consorcio
accionante no es titular de los derechos presuntamente vulnerados por la autoridad
judicial.

37.
En ese orden de ideas, se modificará la sentencia impugnada, para declarar la
improcedencia del trámite constitucional en razón a la falta de legitimación en la
causa por activa del Consorcio tutelante.

38.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia 25 de noviembre de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, para declarar
improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: Por Secretaría General, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

11 VF

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