Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04354-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Tutela: falta de capacidad de los consorcios y las uniones temporales para ser parte
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-04354-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-04354-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
7 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., octubre siete (07) de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 110010315000202204354 00
Accionante: CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA PARA PROMOVER ACCIÓN DE
TUTELA – Falta de capacidad de los consorcios y las uniones temporales para ser parte
del proceso de tutela por sí solos.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por el Consorcio San Sebastián 064, de conformidad con el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El Consorcio San Sebastián 064 -conformado por Alca Ingeniería, Ingeniería
Transporte y Maquinaria, Horacio Vega Cárdenas, Gama Ingeniería Arquitectos y
Harinsa Navasfalt Construcciones-, por conducto de su representante, instauró
demanda de tutela contra la Sección Primera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerado su derecho fundamental
“a presentar peticiones respetuosas”. Elevó las siguientes pretensiones (se trascribe
de manera literal, con posibles errores incluidos):
PRIMERO: Solicito al señor juez tutelar mi derecho fundamental a presentar
peticiones respetuosas, derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia.
1
Radicación número: 110010315000202204354 00
Accionante: Consorcio San Sebastián 064
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
SEGUNDO: Solicito al señor Juez disponer y ordenar al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, trasladar una respuesta congruente
y de fondo en relación a la petición elevada en el derecho de petición radicado
por el CONSORCIO SAN SEBASTIÁN el pasado 5 de julio de 2022.
2. Hechos relevantes
En el trámite de la acción popular promovida por la Procuraduría General de la
Nación contra el MINTIC y otros (radicado número: 250002341000202100779 00),
la Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante auto del 13 de septiembre de 2021, “decretó medidas cautelares
suspendiendo todos los contratos suscritos con la Unión Temporal Centros
Poblados de Colombia 2020 y los miembros que la integran”.
Con ocasión de lo anterior, por medio de Resolución No. 2694 de 16 de septiembre
de 2021, el INVIAS suspendió el contrato de obra 1006 de 2021, cuyo contratista es
el Consorcio San Sebastián 064.
El Consorcio San Sebastián 064 interpuso el recurso de reposición contra el anterior
acto administrativo, tras considerar que “la decisión allí adoptada no correspondía
a un acto de ejecución judicial, sino que, en realidad, se trataba de una decisión
autónoma que desbordaba el ámbito de aplicación de la medida cautelar”.
Mediante Resolución 3386 del 3 de noviembre de 2021, el INVIAS rechazó por
improcedente el recurso de reposición, “por tratarse la decisión recurrida de un ‘acto
de trámite’, que no es objeto de esa clase de recursos”.
Por medio de auto de 28 de marzo de 2022, la Sección Primera, Subsección A del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispuso:
PRIMERO.- DECRÉTASE, de manera provisional y por diez (10) días,
contados a partir de la notificación de esta providencia, EL
LEVANTAMIENTO PROVISIONAL de la medida cautelar contenida en el
ordinal DÉCIMO CUARTO del auto de medidas cautelares de urgencia de
13 de septiembre de 2021, solo con el único fin que se pueda realizar de
manera efectiva la cesión de los contratos suscritos con los miembros de
la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020, que se enlistas a
continuación: (…)
Contrato de Obra Pública núm. 1006 de 2021 (…)
2
Radicación número: 110010315000202204354 00
Accionante: Consorcio San Sebastián 064
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
CUARTO.- INDÍQUESE a las autoridades administrativas que la suspensión de
la medida cautelar es provisional, solo con el único fin que realicen la cesión de
los contratos por el término otorgado, y una vez, transcurrido dicho tiempo,
nuevamente, los contratos continuaran suspendidos hasta que esta autoridad
judicial levante las medidas cautelares (negrilla del original).
En observancia de esa decisión, se excluyó del Consorcio San Sebastián a la
sociedad ICM Ingenieros S.A.S., quedando su conformación, así: Alca Ingeniería –
35%, Ingeniería Transporte y Maquinaria – 20%, Horacio Vega Cárdenas – 20%,
Gama Ingeniería Arquitectos – 20% y Harinsa Navasfalt Construcciones – 5%. Esa
situación fue informada por el INVIAS al juez popular, mediante escrito del 26 de
abril de 2022.
El 12 de mayo de 2022, el Consorcio San Sebastián solicitó el levantamiento de
medida cautelar, para lo cual informó el cumplimiento de la orden contenida en la
providencia del 28 de marzo de 2022.
El 5 de julio de 2022, el Consorcio San Sebastián 064 presentó una petición ante la
Sección Primera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con
el fin de que se ordenara “el levantamiento de manera definitiva de la medida
cautelar impuesta el 13 de septiembre 2021 numeral 14, en lo que refiere al contrato
de obra 1006 de 2021”, sin que a la fecha de presentación de la demanda de tutela
dicha corporación se hubiese pronunciado al respecto, lo que “está vulnerando
injustificadamente mi derecho a presentar peticiones respetuosas”.
3. El trámite de la demanda de tutela
3.1. Mediante providencia de 18 de agosto de 2022, se requirió al señor Carlos
Alfonso Morales Rigueros para que allegara copia del documento de constitución
del Consorcio San Sebastián 064 en el cual constara su calidad de representante.
Cumplido lo anterior, por medio de auto de 31 de agosto de 2022, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi
Moreno, integrante de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la que se pronunció en los siguientes términos:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, dijo
que el amparo solicitado es improcedente porque la petición en la que fundamenta
3
Radicación número: 110010315000202204354 00
Accionante: Consorcio San Sebastián 064
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
la vulneración del derecho de petición, fechada el 5 de julio de 2022, se presentó
dentro de un proceso judicial con regulación especial, como lo es el medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos y, en ese sentido, según lo ha
establecido el Consejo de Estado1, “… las solicitudes deben presentarse y ser
resueltas en los términos que la ley señale para el efecto”.
Sin perjuicio de lo anterior, informó que, mediante auto de 12 de agosto de 2022,
esa autoridad judicial decretó el levantamiento definitivo de la medida cautelar a la
que se refiere el consorcio tutelante.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que señale la ley.
Respecto de la legitimidad e interés para promover la acción de tutela, el artículo 10
del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada
en el artículo 86 de la Constitución Política”, consagra (trascripción literal):
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida,
en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales (se destaca).
En ese sentido, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer la acción
de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación
de otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de protección
constitucional supone que no existan requisitos mínimos de procedibilidad como la
legitimación en la causa por activa2. Al respecto, sostuvo:
1 Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P.: Mauricio Torres Cuervo, sentencia de 22 de junio de
2012, radicado: 13001-23-31-000-2012-00167-01.
2 Corte Constitucional, sentencia T-417 del 8 de julio de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Radicación número: 110010315000202204354 00
Accionante: Consorcio San Sebastián 064
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige
que quien solicita el amparo constitucional se encuentre ‘legitimado en la causa’
para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha
legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el
derecho cuya protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en
principio, de otra persona3. La segunda se entiende satisfecha con la correcta
identificación de las autoridades responsables de la amenaza o vulneración de
los derechos fundamentales invocados4, destacando a la vez que su adecuada
integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la
defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que
les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia
constitucional.
Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda
en causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar
debidamente acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para
instaurar la acción de tutela (…)5.
Así mismo, esa corporación ha establecido que los sujetos del proceso en el que se
dicta la decisión que se cuestiona son los legitimados para presentar la demanda
de tutela. Al respecto, se ha sostenido:
En el presente caso, se cumplen los requisitos de legitimación en la causa tanto
por activa como por pasiva. Por una parte, la tutelante, por medio de su
apoderado, fue sujeto demandante en el proceso de Nulidad de
Matrimonio Civil promovido por ella en contra de los herederos de su
otrora esposo, hoy fallecido, que concluyó con la sentencia de segunda
instancia que se cuestiona. De otra parte, la acción de tutela se interpuso en
contra de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, autoridad judicial
que profirió la sentencia objeto de conocimiento en sede de tutela6 (se destaca).
Por su parte, respecto de la capacidad de los consorcios y las uniones temporales
para comparecer en los procesos judiciales, la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 25 de septiembre de 20137, expuso:
[D]ebe puntualizarse que si bien las uniones temporales y los consorcios
no constituyen personas jurídicas distintas de quienes integran la
respectiva figura plural de oferentes o de contratistas, lo cierto es que
además de contar con la aptitud para ser parte en el correspondiente
procedimiento administrativo de selección de contratistas –comoquiera que por
ley cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y
obligaciones derivadas tanto de los procedimientos administrativos de selección
contractual como de los propios contratos estatales─, también se encuentran
facultados para concurrir a los procesos judiciales que pudieren tener
origen en controversias surgidas del mencionado procedimiento
3 Original de la cita: “Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)”.
4
Original de la cita: “En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: ‘Artículo 13. La acción
se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental [...]’”.
5 Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
6 Sentencia T-269 de 2018.
7 Radicación número: 250002326000199703930 01 (19.933).
5
Radicación número: 110010315000202204354 00
Accionante: Consorcio San Sebastián 064
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución
del contrato estatal respectivo –legitimatio ad processum-, por intermedio
de su representante.
(…)
[L]a tesis expuesta sólo está llamada a operar en cuanto corresponda a
los litigios derivados de los contratos estatales o correspondientes
procedimientos de selección, puesto que la capacidad jurídica que la Ley 80
otorgó a los consorcios y a las uniones temporales se limitó a la celebración de
esa clase de contratos y la consiguiente participación en la respectiva selección
de los contratistas particulares, sin que, por tanto, la aludida capacidad
contractual y sus efectos puedan extenderse a otros campos diferentes,
como los relativos a las relaciones jurídicas que, de manera colectiva o
individual, pretendan establecer los integrantes de esas agrupaciones con
terceros, ajenos al respectivo contrato estatal, independientemente de que
tales vínculos pudieren tener como propósito el desarrollo de actividades
encaminadas al cumplimiento, total o parcial, del correspondiente
contrato estatal (se destaca).
Según el anterior pronunciamiento, si bien los consorcios y las uniones temporales
cuentan con capacidad para comparecer como parte en los procesos judiciales
originados en en controversias surgidas del procedimiento administrativo de
selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal, lo cierto
es que esa capacidad no puede “extenderse a otros campos diferentes”, lo que
implica que no se encuentran facultados para acudir a la tutela con el fin de reclamar
la protección de derechos fundamentales.
El anterior criterio fue adoptado por esta Subsección, en fallo proferido el mismo día
en que se dicta esta decisión, en los siguientes términos:
… en aquella decisión unificadora se estableció que la capacidad para
comparecer a los procesos judiciales, que se les reconoció a los consorcios, no
se extendía a otros escenarios, relaciones u obligaciones, como lo es el de
protección de los derechos personalísimos. La esencia de la tutela contra
providencia judicial es la supuesta configuración de un defecto en la decisión
judicial y no conflictos o litigios relacionados con la celebración o ejecución de
un contrato estatal, así la sentencia atacada hubiera dirimido un debate de esa
naturaleza.
Entonces, la falta de legitimación en la causa de los consorcios para ejercer la
acción de tutela obedece a una razón elemental: el mecanismo de amparo se
instituyó para que «toda persona» tuviera una vía expedita para resguardar sus
garantías constitucionales, de ahí que, si estas asociaciones no ostentan la
calidad de personas, tampoco están facultadas para elevar una pretensión
constitucional en su favor.
La Sala no advierte que existan razones que impongan la necesidad de dar un
trato especial y aplicar una excepción al contenido normativo del artículo 86
superior o de los artículos 1 y 10 del Decreto 2591 de 1991 y extender la
expresión «persona» a asociaciones como las que surgen de los consorcios o
6
Radicación número: 110010315000202204354 00
Accionante: Consorcio San Sebastián 064
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
uniones temporales. Tampoco se vislumbra en este caso la afectación de un
interés superior, como para que se le permita instaurar acciones de tutela a
quienes no tienen la calidad de titular de derechos subjetivos (consorcios y
uniones temporales), con mayor razón cuando cada uno de sus miembros
cuenta con dicha prerrogativa.
Se insiste, la acción tutela busca proteger derechos subjetivos y es de la esencia
de estos la existencia de un titular que, en principio, debe ser una persona
natural o jurídica, aunque en algunas ocasiones la jurisprudencia constitucional
ha debatido por esta vía judicial la protección de los animales y de la naturaleza.
(…)
Es cierto que en sede ordinaria esta Corporación ha sostenido que la capacidad
para ser parte no necesariamente exige la condición de persona, y que los
consorcios y uniones temporales pueden concurrir a los procesos judiciales
originados en controversias derivadas del procedimiento administrativo de
selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal; sin
embargo, conviene precisar que esta regla se fijó en una sentencia de
unificación proferida en sede de lo contencioso administrativo, es decir, se trata
de un precedente vinculante para los jueces administrativos, mas no es
obligatorio para los jueces de tutela, quienes ejercen jurisdicción constitucional
cuando profieren decisiones de tutela.
Así pues, el contenido de la providencia de unificación del 25 de septiembre de
2013, dictada por la Sección Tercera de esta Corporación, no constituye una
regla que necesaria y estrictamente deban seguir los jueces de tutela para
definir los asuntos bajo su conocimiento.
Sería un contrasentido que, si se dicta un precedente por cualquier especialidad
o jurisdicción que no sea la constitucional, este sea vinculante en el trámite de
todas las acciones constitucionales y para todos los jueces de tutela, incluidos
aquellos que pertenecen a la especialidad en la que el órgano de cierre definió
un asunto propio de su competencia.
Debe quedar claro que lo que se afirma es diferente al deber de analizar en
sede constitucional el defecto por violación o desconocimiento del precedente,
que bien podría ocurrir, por ejemplo, cuando un juez administrativo decide en
un proceso de esta especialidad desatender el precedente jurisprudencial
sentado por el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, mas no es
equivalente a señalar que los precedentes de cada especialidad son extensibles
al juez constitucional en los aspectos propios del trámite de tutela.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia también ha advertido
que la capacidad de los consorcios para comparecer a los procesos judiciales,
definida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se predica
exclusivamente de aquellas controversias con origen en el procedimiento
administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución del
contrato estatal, mas no es extensible a las acciones de tutela: (…)
(…) en lo que concierne a la legitimación para ejercer la acción de tutela, la Sala
discrepa de la tesis amplia vertida en la sentencia T-150 de 2016, toda vez que
ello implicaría acoger el criterio organicista de los consorcios y de las uniones
temporales, en el entendido de que estas figuras asociativas constituyen una
persona jurídica autónoma y distinta de quienes las integran, sin que exista
justificación para que el juez de tutela les dé tratamiento de persona jurídica o
titular de derechos cuando claramente no ostentan dichas condiciones. Desde
luego que esto no impide que los miembros de un consorcio o de una unión
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Radicación número: 110010315000202204354 00
Accionante: Consorcio San Sebastián 064
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
temporal reclamen la protección judicial de sus derechos fundamentales, en
caso de que consideren que han sido vulnerados o que están bajo amenaza.
(…)
Como se sabe, el Consejo de Estado es el órgano de cierre de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, pero esa calidad cambia cuando le es
repartida una acción de tutela y avoca conocimiento, pues en ese instante se
despoja del ropaje de juez administrativo y asume el rol de juez constitucional,
esto es, empieza a ejercer jurisdicción constitucional. De modo que el examen
de las cuestiones procesales o sustanciales que atañen a este mecanismo de
amparo constitucional no están supeditadas al precedente contencioso
administrativo, sino a la aplicación e interpretación que como juez constitucional
realiza de la Constitución, de los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, así
como del Código de Procedimiento Penal, en lo que a las causales de
impedimento concierne, y a las normas del Código General del Proceso, para
efectos de llenar vacíos procesales, por expresa remisión del artículo 2.2.3.1.1.3
del Decreto 1069 de 20158.
En línea con el anterior criterio, se tiene que en el presente asunto el Consorcio San
Sebastián 064 reclama la protección del derecho fundamental “a presentar
peticiones respetuosas”, supuestamente vulnerado porque la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no se ha pronunciado
frente a la petición del 5 de julio de 2022 respecto de “decretar el levantamiento de
manera definitiva la medida cautelar del 13 de septiembre 2021 numeral 14, en lo
que refiere al Contrato de Obra 1006 de 2021 celebrado entre el Consorcio San
Sebastián y el Instituto Nacional de Vías, toda vez que, ICM INGENIEROS S.A.S.,
cesiono (sic) su posición Contractual, trámite que ante la entidad Contratante
INVIAS está legalizado”.
En ese contexto y teniendo en cuenta que “los consorcios no son personas y, por
ende, no son titulares de derechos subjetivos, como para solicitar su protección a
través de este mecanismo constitucional. En estos casos, la legitimación recae en
cada uno de los miembros de la respectiva asociación”9, la Sala estima que la
demanda de tutela presentada por el Consorcio San Sebastián 064 no debe ser
analizada de fondo, sino que lo propio es declarar la improcedencia del amparo
solicitado por falta de legitimación en la causa por activa.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 7 de octubre de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2022-03777-00, C.P.: María
Adriana Marín,
9 Ibídem.
8
Radicación número: 110010315000202204354 00
Accionante: Consorcio San Sebastián 064
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE :
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia del amparo solicitado a nombre del
Consorcio San Sebastián 064, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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