Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05036-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-05036-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-05036-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05036-00
Accionante: Consorcio Torres de Centenario
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – improcedencia
/ FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA PROMOVER ACCIÓN DE
TUTELA – Falta de capacidad de los consorcios y las uniones temporales para ser
parte del proceso de tutela.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional formulado por el Consorcio Torres de
Centenario contra la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 21 de septiembre de 2022, el Consorcio Torres de Centenario, a través de su
representante legal, interpuso acción de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda y la Sección Tercera, Subsección B del Consejo
de Estado, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados
por las autoridades judiciales accionadas al proferir, respectivamente las sentencias
del 19 de julio de 2019 y 26 de enero de 20222, dentro del proceso de controversias
contractuales 3 que promovió el consorcio accionante en contra del Municipio de
Pereira.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 La Sentencia fue notificada el 25 de marzo de 2022.
3 Identificado con número de radicado 66001-23-33-000-2016-00733-00/01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05036-00
Accionante: Consorcio Torres de Centenario
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:
<< 4.1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de nuestra Carta Política,
respetuosamente solicitamos a esa Honorable Corporación Judicial, se ordene como
mecanismo de protección fundamental e inmediata, de los derechos constitucionales
fundamentales relativos al debido proceso, acceso a la justicia, garantía de una tutela judicial
efectiva para mis derechos, (arts. 29 y siguientes de la C. Pol.), que hacen parte de nuestro rol
como persona jurídica, los cuales están siendo amenazados, desconocidos y conculcados por
las entidades accionadas.
4.2. - Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos jurídicos la sentencia del 19 de
julio de 2019 emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, y la sentencia de
segunda instancia expedida por el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN B en el fallo del 26 de enero de 2022, EN CONSECUENCIA:
Se dé plena aplicación por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA y al CONSEJO
DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B a la sentencia de unificación del 23 de
agosto de 2012 rad. 18001-23-31-000-1999-00454-01 de la Sección Tercera – Sala Plena, en
lo relativo a REVOCAR LA CONDENA EN COSTAS IMPUESTA AL CONSORCIO TORRES
DE CENTENARIO y dar correcta aplicación e interpretación al numeral 3 artículo 5 de la Ley
80 de 1993 en lo concerniente a no supeditar las salvedades en los actos (SIC) modificatorios
del contrato como presupuesto para formular pretensiones judiciales, y en esa medida ordenar
al municipio de Pereira a indemnizarnos por los perjuicios sufridos ante el incumplimiento en la
entrega y transferencia de los lotes para la construcción de las viviendas de interés social.
4.3. - De manera subsidiaria y de conformidad con lo establecido en el artículo 8º del Decreto
2591 de 1991, se solicita el amparo transitorio de los bienes ius fundamentales, invocados con
el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable >> 4
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- El 30 de septiembre de 2016, el consorcio accionante, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra del municipio
de Pereira, con el propósito de que se ratificara la existencia del Contrato de
Asociación No. 2101 del 25 de octubre de 2021 y se declarara el incumplimiento del
mismo por parte del ente territorial.
5.- En la demanda el Consorcio indicó que, en el marco de dicho contrato, el
municipio de Pereira se obligó, a: (i) aportar los lotes de terreno en los cuales se
construiría el proyecto de vivienda “Torres de las Américas”, al fideicomiso que debía
constituir el constructor; (ii) efectuar el estudio y aprobación de los subsidios para los
beneficiarios que adquirirían cada unidad inmobiliaria; y (iii) entregar las listas con
los nombres de los potenciales beneficiarios.
4 Expediente digital, folios 21 y 22 del escrito de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05036-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
6. Según indica la parte accionante, el municipio debía aportar los lotes al proyecto
con la única condición de que se constituyera el fideicomiso, y no cumplió en tiempo
con dichas entregas, toda vez que no eran de su propiedad, sino del Instituto de
Valorización Municipal de Pereira - INDUVAL. Pese a esto, el traspaso de los
inmuebles a la entidad territorial solamente se verificó el 3 de mayo de 2012 y el
aporte a la fiducia mercantil se realizó el 19 de diciembre 2012, es decir, un año y 24
días después de que el Consorcio constituyó el fideicomiso pactado.
7.- La parte actora sostuvo que la venta de las viviendas del proyecto, a los
potenciales beneficiarios, se estableció en un valor fijo proyectado en salarios
mínimos, por lo que la utilidad esperada del Contrato de Asociación No. 2101 de
2021 dependía de la velocidad con la que se realizaran las ventas. Como
consecuencia de los retrasos que derivaron del incumplimiento del municipio de
Pereira se generó una ruptura del equilibrio del contractual en la medida en que:
(i) Se afectó la expectativa de utilidad de capital que el Consorcio tenía al
momento de contratar.
(ii) La prolongación del crédito constructor incrementó los gastos financieros, los
costos de insumos y materiales.
(iii) Se aumentaron los desembolsos operativos.
(iv) Se generaron innumerables gastos y costos, que se derivan de la mora en la
ejecución del proyecto de construcción, afectando la tasa de retorno de la
inversión proyectada inicialmente por los consorciados.
8.- El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió a la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, corporación que, mediante fallo
del 19 de julio de 2019, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que las
mismas carecían de sustento, toda vez que encontró probado que las partes de
mutuo acuerdo, tomaron las medidas para subsanar la situación generada por los
retrasos en la ejecución del contrato. En ese sentido advirtió que se celebraron
adiciones de plazo, otrosíes, así como suspensiones, y en ninguna de estos
momentos el contratista reclamó los conceptos que demandaba como generadores
de los sobrecostos. Por lo anterior, el Tribunal indicó que la conducta del demandante
era contraria a los deberes de corrección, claridad y lealtad negociales, pues en
virtud de éstos, debió manifestar sus reclamaciones económicas al suscribir tales
documentos, ya que el propósito de los mismos precisamente es el de ajustar los
contratos a la realidad fáctica, financiera y jurídica que existía al momento de su
realización.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
9.- Por último, al referirse al presunto incumplimiento de la entidad territorial,
concluyó que de conformidad con el contrato, las partes sólo establecieron un
término al Consorcio para constituir el contrato de fiducia, sin que se fijara algún
plazo al municipio para transferir la propiedad de los lotes de terreno e indicó que,
en el contrato tampoco se estableció un término para realizar la aprobación de los
subsidios, teniendo en cuenta que las ventas no estaban supeditadas al
otorgamiento de estos.
10.- Inconforme con la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de
apelación, el cual fue decidido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en sentencia de segunda instancia con fecha de 26 de enero de 2022,
confirmando la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
11.- Como fundamento de derecho de las pretensiones, el accionante adujo que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia al incurrir
en defecto sustantivo y fáctico, por las siguientes razones:
12.- En cuanto al defecto sustantivo, indicó que las autoridades accionadas,
interpretaron de forma indebida el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 5.
Sobre el particular, señaló que, no existe una norma legal que exija al contratista
plasmar una reclamación en el desarrollo del contrato como presupuesto para
formular pretensiones judiciales, así estas versen sobre hechos ocurridos antes de
la suscripción de convenios modificatorios o suspensiones, pues la ley sólo establece
este requisito respecto del acta de liquidación bilateral. Además, precisó que, que el
numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece que al contratista no se le
puede imponer << la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones,
demandas y reclamaciones por parte de éste>>. En consecuencia, no era posible
concluir que el silencio del Consorcio equivalía a renunciar a su derecho a realizar
una reclamación judicial.
13.- En lo referente al defecto fáctico, adujo que este se configuró en razón a que las
entidades demandas no tuvieron en cuenta: (i) el material probatorio aportado en
relación a la solicitud que realizó el Consorcio al municipio de Pereira para que
5 “ARTÍCULO 5.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el
artículo 3o. de esta Ley, los contratistas:
(….)
3o. Podrán acudir a las autoridades con el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y
la sanción para quienes los desconozcan o vulneren.
Las autoridades no podrán condicionar la participación en licitaciones o concursos ni la adjudicación, adición o
modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al contratista, a la renuncia,
desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y reclamaciones por parte de éste.
(La expresión "Concurso" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007)”
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
suscribiera los documentos exigidos en la fiducia para poder hipotecar los lotes para
el crédito constructor, pues la entidad territorial tardó 3 meses en aceptar el
cumplimiento de una de las actuaciones que eran propias de sus obligaciones
contractuales y (ii) que el parágrafo único de la cláusula primera del contrato fue
objeto de modificación por las partes, en el mes de enero de 2012 por medio del
otrosí número 001, en el entendido que se debía aumentar el plazo para alcanzar el
punto de equilibrio, debido a que en la mencionada fecha el municipio no había
aportado los lotes de terreno, hecho que sólo se consumó el día 19 de diciembre del
2012, es decir, 1 año y 24 días después de que el consorcio constituyera el encargo
fiduciario.
14.- Por último, indicó que, en la sentencia de segunda instancia, el Consejo de
Estado, resolvió condenar en costas a la parte actora, sin tener en cuenta las reglas
establecidas en la Sentencia de Unificación de 23 de agosto de 2012 6 proferida por
la Sección Tercera de esta Corporación, según la cual sólo hay lugar a la imposición
de costas cuando alguna de las partes haya actuado de forma temeraria, de modo
que al no haber actuado de esta manera, no había lugar a imponer la antedicha
condena en costas.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
15.- Mediante auto de 3 de octubre de 2022, el Despacho admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas y vinculó al municipio de
Pereira como tercero interesado en el proceso.
16.- Además, requirió al Tribunal Administrativo de Risaralda – Sala Tercera de
Decisión para que remitiera, en calidad de préstamo, el expediente identificado con
el radicado número 66001-23-33-000-2016-00733-00/01.
(i) Consejo de Estado – Subsección B – Sección Tercera7
17.- El Magistrado Ponente del fallo cuestionado afirmó que considera que dicha
providencia y el expediente de la respectiva acción de controversias contractuales,
contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela tome la
decisión que en derecho corresponda. Por ende, adujo estar presto a atender lo que
disponga la Sentencia que decida la acción de tutela.
18.- Los demás vinculados al proceso guardaron silencio, a pesar de haber sido
debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
6 Rad. 18001-23-31-000-1999-00454-01
7 Intervención digital contenida en 1 folio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05036-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
C. Legitimación en la causa por activa
19.- El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública y, excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente
previstos por la ley.
20. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de
1991, por el cual se reglamenta el ejercicio de la acción de tutela, establece que <<
[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante (…) >>.
21. Así mismo, el Decreto 2591 de 19918, señala que los titulares de la acción de
tutela podrán solicitar el amparo constitucional (i) bien sea en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal (caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso), (iv) así como a través de
agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de promover su
propia defensa). De igual manera, según se dispone en la ley, se encuentran
legitimados para ejercer esta acción, (v) tanto el Defensor del Pueblo como (vi) los
personeros municipales (facultados para intervenir en representación de terceras
personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado9.
22. De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que quien la instaure esté legitimado en la
causa por activa para buscar la protección de sus derechos fundamentales. Es decir,
que quien la presente sea, en principio, el titular de los derechos presuntamente
vulnerados.
23.- Recientemente, en las Sentencias de 7 de octubre de 2022, Rad.
11001031500020220377700 y 11001031500020220435400 , esta Sala estableció
que los consorcios y las uniones temporales, no se encuentran facultados para
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política”
9 La propia jurisprudencia constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la acción
de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de sus notas características, cuyo fundamento estriba
precisamente en la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales,
también lo es que ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos mínimos de procedibilidad,
dentro de los cuales se encuentra el atinente a la debida acreditación de la legitimación por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Cfr. Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de
2008 de la Corte Constitucional.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
solicitar, en nombre propio o por conducto de su representante legal, la protección
de un derecho subjetivo, a través de la acción de tutela, pues estas figuras se
conforman con el propósito de presentar conjuntamente una misma propuesta para
la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato con una entidad estatal, y no
constituyen una persona jurídica diferente de sus miembros individualmente
considerados, por lo que la titularidad de los derechos al debido proceso y el acceso
a la administración de justicia se encuentran en cabeza de quienes conforman los
consorcios y las uniones temporales, no de los representantes legales de este tipo
de asociaciones.
24.- En los referidos fallos, la Sala precisó que en la Sentencia del 25 de septiembre
de 201310, esta Corporación unificó la jurisprudencia respecto de la capacidad de los
consorcios y uniones temporales para comparecer como sujetos procesales en los
procesos judiciales en los cuales se debaten asuntos relacionados con los derechos
o intereses de las personas que los integran. Con base en la interpretación
sistemática de los artículos 1111 y 53 (numeral 4)12 del Código General del Proceso,
el artículo 7 de la Ley 80 de 199313 y el artículo 159 del CPACA14 concluyó que:
<< tanto los consorcios como las uniones temporales sí se encuentran legalmente
facultados para concurrir, por conducto de su representante, a los procesos judiciales
que pudieren tener origen en controversias surgidas del procedimiento administrativo
de selección de contratistas o de la celebración y ejecución de los contratos estatales
en relación con los cuales tengan algún interés, cuestión que de ninguna manera
10 Rad. 250002326000199703930 01 (19933).
11 “Artículo 11. INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. Al interpretar la ley procesal el juez
deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la
ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse
mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo
caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales
fundamentales. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias”.
12 “Artículo 53. CAPACIDAD PARA SER PARTE. Podrán ser parte en un proceso:
1. Las personas naturales y jurídicas.
2. Los patrimonios autónomos.
3. El concebido, para la defensa de sus derechos.
4. Los demás que determine la ley”.
13 “Artículo 7 Entidades a contratar. Para los efectos de esta ley se entiende por:
(…)
6. Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.
7. Unión Temporal: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de
la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los
miembros de la unión temporal (...)”.
14 “Artículo 159. Capacidad y representación. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones
públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al
proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso
administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados”.
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Accionante: Consorcio Torres de Centenario
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
excluye la opción, que naturalmente continúa vigente, de que los integrantes de tales
consorcios o uniones temporales también puedan, si así lo deciden y siempre que para
ello satisfagan los requisitos y presupuestos exigidos en las normas vigentes para el
efecto, comparecer a los procesos >>.
25.-La Sala indicó que la postura asumida por esta Corporación respecto de la
capacidad de los consorcios y uniones temporales para constituirse en parte
procesal, en los litigios que se tramitan ante la jurisdicción contencioso
administrativa, no era aplicable a en sede de tutela, debido a que:
(i) En el mencionado fallo de unificación se aclaró que la tesis expuesta sólo estaba
llamada a operar en los litigios derivados de los contratos estatales o
correspondientes procedimientos de selección, puesto que la capacidad jurídica que
la Ley 80 de 1993 otorgó a los consorcios y a las uniones temporales se limitó a la
celebración de esa clase de contratos y la consiguiente participación en la respectiva
selección de los contratistas particulares, sin que, por tanto, la aludida capacidad
contractual y sus efectos puedan extenderse a campos diferentes.
(ii) La precitada regla se fijó en una sentencia de unificación proferida en sede de lo
contencioso administrativo, por lo que se trata de un precedente vinculante para los
jueces administrativos y no constituye un precedente para los jueces de tutela,
quienes ejercen jurisdicción constitucional cuando profieren decisiones de tutela.
(iii) La falta de legitimación en la causa de los consorcios para ejercer la acción de
tutela obedece a que el mecanismo de amparo se instituyó para que toda persona
tuviera una vía expedita para resguardar sus garantías constitucionales, de modo
que la acción tutela busca proteger derechos subjetivos, derechos que, por su
naturaleza requieren de la existencia de un titular que, en principio, debe ser una
persona natural o jurídica, por lo que al no ostentar dicha calidad estas asociaciones
tampoco están facultadas para elevar una pretensión constitucional en su favor.
26.- Adicional a lo indicado en estas 2 providencias de tutela del 7 de octubre de
2022, resulta importante resaltar que esta Sala en sentencia del 23 de octubre de
2020 proferida en el marco del proceso contractual 47001233100020070041501
(41.277) también tuvo la oportunidad de referirse a la forma en que debe ser
entendida y aplicada la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013 15. En
dicho fallo se precisó que “(…) la postura unificada según la cual los consorcios y las
uniones temporales tienen capacidad para ser parte en procesos judiciales supone
la aplicación de la Ley 80 de 1993”. En ese sentido, debe entenderse que estas
figuras asociativas no están habilitadas para actuar como sujetos procesales en
15 Rad. 250002326000199703930 01 (19933).
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
cualquier proceso judicial, sino sólo en aquellos litigios derivados de contratos
estatales sometidos a la Ley 80 de 1993.
27.- A partir de las consideraciones expuestas, la Sala concluye que no advierte la
existencia de razones que impongan la necesidad de dar un trato especial, en sede
de tutela, a los consorcios y uniones temporales, por lo que no es posible aplicar una
excepción al contenido normativo del artículo 86 superior, ni a los artículos 1 y 10 del
Decreto 2591 de 1991 y extender la expresión “persona” a este tipo de asociaciones,
reiterando que no al ser titulares de derechos subjetivos estas no cuentan con la
capacidad para instaurar acciones de tutela.
D. Análisis del caso concreto
28.- En el caso objeto de estudio, se tiene que, el Consorcio Torres de Centenario,
representado legalmente por Harol Alejandro Calderón Hoyos, promueve la acción
de tutela, en nombre propio, con el propósito de que se deje sin efectos las
providencias proferidas el 19 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda y el 26 de enero de 2022 por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, dentro del proceso de controversias contractuales (66001-23-
33-000-2016-00733-00/01.), que adelantó en contra del municipio de Pereira, pues,
a su juicio, dichas decisiones vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia al incurrir en un defecto sustantivo
por interpretaron de forma indebida el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993
y en un defecto fáctico por valorar de manera arbitraria el material probatorio allegado
al proceso.
29.- Atendiendo al escenario fáctico descrito y al material probatorio obrante en el
expediente, se observa que al trámite de tutela solo se allegó el documento de 13
de septiembre de 2011, denominado como “Anexo 03: Modelo de Carta de
Conformación Consorcio”, en el que: (i) se indica que el Consorcio está integrado
por Conenco S.A., Octavio Patiño Cardona, Ingestructuras de Occidente S.A.S.; y
Consultores y Constructores de Occidente S.A.; (ii) se establece que el consorcio
sería denominado como Consorcio “Torres de Centenario”; (iii) se señala que Harold
Alejandro Calderón Hoyos es el representante legal de la asociación; y (iv) se
especifica que la duración del mismo será “(…) por el término comprendido entre la
presentación de la propuesta y la liquidación del contrato, incluyendo la prolongación
de sus efectos”.
30.- Sobre el particular, la Sala advierte en aplicación de la regla establecida en el
Rad. 11001-03-15-000-2022-03777-00 y reiterada en el Rad. 11001-03-15-000-
2022-04354-00, el representante del consorcio accionante, carece de legitimación
en la causa por activa para reclamar la protección de los derechos fundamentales
invocados pues, como se mencionó anteriormente, la asociación no es la titular de
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-05036-00
Accionante: Consorcio Torres de Centenario
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
los derechos presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas y
al no allegar poder alguno que permitiera inferir que en el presente asunto,
representa los intereses de quienes la componen, tampoco es posible concluir que
el Consorcio actúa en representación de estos, de modo que la acción de tutela
debió ser interpuesta por sus integrantes, de conformidad con el listado contenido el
documento Anexo 03: Modelo de Carta de Conformación Consorcio.
31.- Bajo este trámite se propugna por la defensa de derechos fundamentales, de
los cuales, el consorcio ni sus representantes son titulares, pues los mismos recaen
en las personas que con las acciones y omisiones de las autoridades judiciales cuya
decisión se cuestionan. El hecho de que el consorcio hubiera representado los
intereses patrimoniales de sus integrantes en el proceso ordinario, no lo legitima
para reclamar la vulneración de derechos propios o ajenos de orden ius
fundamental, que son diversos de los que se debatieron en el juicio ordinario, pues
tal legitimación, a no dudarlo, recae en sus titulares, a saber, las sociedades y
personas que lo integraron.
32.- Por las razones anotadas, la acción de tutela que se examina no satisface el
requisito de legitimación en la causa por activa, habida cuenta de que el Consorcio
accionante no es titular de los derechos presuntamente vulnerados por las
autoridades judiciales. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la solicitud
de amparo constitucional promovida por el Consorcio Torres de Centenario.
33.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-05036-00
Accionante: Consorcio Torres de Centenario
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE16
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
16 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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