Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06257-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06257-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06257-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06257-00
Accionante: Karina Causil Archbold
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: Acción de tutela contra actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos / Improcedencia / Subsidiariedad - existencia de otro mecanismo
judicial idóneo y eficaz – no se probó perjuicio irremediable
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.
La señora Karina Causil Archbold, instauró acción de tutela contra la Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura, en busca de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
cargos públicos, así como los principios de confianza legítima y buena fe.
2.
Por medio de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la accionada
publicó los resultados obtenidos por los discentes que aplicaron a la evaluación de
la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial, en el marco de la
Convocatoria 27. La demandante obtuvo un puntaje inferior a 800, lo que implica que
reprobó.
3.
La señora Causil Archbold interpuso recurso de reposición contra esa decisión, el
cual fue resuelto mediante la Resolución EJR24-831 del 1° de noviembre de 2024,
en el sentido de reponer de forma parcial, ajustando la calificación obtenida
inicialmente por la discente a 774 puntos.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06257-00
Accionante: Karina Causil Archbold
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
4.
El 14 de noviembre de 2024, la accionante solicitó corrección, aclaración y
complementación de la Resolución EJR24-831 del 1° de noviembre de 2024, tras
estimar que la decisión contiene múltiples errores aritméticos que podrían tener
incidencia en el puntaje que le fue asignado.
5.
En el escrito de tutela, alegó que la entidad demandada se apartó del Acuerdo
Pedagógico que rige el concurso y el documento maestro del mismo, toda vez que:
(i) no valoró la apropiación del contenido académico enfocado a la práctica judicial,
el desarrollo de competencias sobre la función judicial, la interpretación de textos
jurídicos ni la lógica del razonamiento para la solución de los problemas jurídicos que
fueron planteados en el examen; (ii) incluyó aspectos que no se informó serían objeto
de calificación; (iii) modificó la forma de evaluación que allí se había determinado; y,
(iv) omitió pronunciarse de forma congruente frente a los reparos propuestos en el
recurso de reposición, lo que se debe, entre otras cosas, a los parámetros utilizados
en la implementación de la inteligencia artificial para la resolución del recurso.
6.
Para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, sostuvo
que de no ser incluida en la Subfase Especializada -aunque sea de forma transitoria-
perdería la oportunidad de acceder al cargo que aspira, si se tiene en cuenta que un
proceso ordinario podría tardar en resolverse más de un año, mientras que esa fase
del concurso está prevista para culminarse en agosto de 2025, lo que además la
pone en una situación de desventaja frente a los participantes que iniciaron dicha
fase el 16 de noviembre de 2024.
7.
Sumado a ello, adujo que la solicitud de amparo es procedente, toda vez que el
problema que se plantea trasciende la esfera de la simple legalidad, en tanto lo que
se discute es el cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política, y en esa
medida el asunto desborda la competencia del juez de lo contencioso administrativo.
8.
En tal sentido, las pretensiones están encaminadas a que se ordene a la entidad
accionada expedir un acto administrativo en el que se reconozca como acertadas las
preguntas objeto de debate y, en consecuencia, se disponga su inclusión definitiva
en la Subfase Especializada del IX Curso de Formación Judicial. De forma
subsidiaria, pidió su inclusión -provisional- hasta tanto el juez de lo contencioso
administrativo resuelva la demanda que impetraría en caso de concederse un
amparo transitorio.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
9.
Mediante auto del 21 de noviembre de 2024, se resolvió: (i) admitir la demanda;
(ii) notificar de su presentación a la entidad accionada; (iii) vincular en calidad de
terceros con interés a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a la
sociedad E Distribution S.A.S., integrantes de la Unión Temporal de Formación
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Accionante: Karina Causil Archbold
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Judicial 2019, así como a todos los discentes del IX Curso de Formación Judicial que
se adelanta en el marco de la Convocatoria 27, que hubieran sido admitidos al curso
de formación judicial para el cargo de magistrado de tribunal administrativo; (iv)
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y, (v)
negar la solicitud de medida provisional formulada por la actora2.
(i) Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla3
10.
Aseveró que la solicitud de amparo se torna improcedente, toda vez que la actora
tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento, y no acreditó la
configuración de los supuestos que habilitan la procedencia excepcional del amparo,
teniendo en cuenta que: (i) los cargos ofertados en la Convocatoria 27 no son
aquellos de periodo fijo determinados por la Constitución o por la ley; (ii) todavía no
se ha llegado a la etapa de conformación de la lista de elegibles, por lo que no puede
hablarse de la existencia de trabas para nombrar en el cargo a alguien que haya
ocupado el primer lugar en esa lista; (iii) no se probó una afectación a algún derecho
fundamental; y, (iv) no se acreditó que la demandante se encontrara en alguna
situación particular por razones de edad, salud, condición social u otras, que llevaran
a considerar desproporcionada la exigencia de acudir al juez natural.
11.
Esgrimió que el recurso de apelación interpuesto por la actora fue resuelto
conforme a derecho, en cumplimiento de los acuerdos que rigen el concurso.
Destacó que no ha hecho uso de la inteligencia artificial para redactar las decisiones
que se han adoptado en el marco de la Convocatoria 27. Las distintas solicitudes y
recursos que han presentado los discentes se han atendido de forma individual y con
fundamento en la razonabilidad y juicio profesional del equipo de trabajo.
12.
Explicó que las inconformidades planteadas por la accionante se resolvieron con
los insumos proporcionados por la Unión Temporal Formación Judicial 2019, a partir
de los cuales se constató que en el proceso de construcción de la prueba se surtió
un juicio de validación psicométrico, lingüístico, técnico y jurídico, avalado por
expertos en varias disciplinas, que evidenciaron que los ítems cumplieron con los
estándares adecuados para proceder con la aplicación de la evaluación.
(ii) Unión Temporal Formación Judicial 20194
13.
El señor Hernán Felipe Wilson Martínez, quien manifestó actuar en calidad de
representante legal de la Unión Temporal Formación Judicial 2019, solicitó su
desvinculación del trámite de tutela, bajo el argumento de que la unión temporal
carece de competencia para atender lo pretendido por la parte accionante.
2 La parte accionante solicitó que se ordenara su inclusión en la Subfase Especializada del IX Curso de
Formación Judicial, hasta tanto se decidiera la presente acción constitucional.
3 Intervención digital contenida en 11 folios.
4 Intervención digital contenida en 4 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06257-00
Accionante: Karina Causil Archbold
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
14.
La Sala no se pronunciará sobre la solicitud presentada por el señor Hernán Felipe
Wilson Martínez, pues a quien se vinculó fue a la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia y a la sociedad E Distribution S.A.S, no a la unión temporal,
que carece de capacidad para ser tenida como parte en los procesos de tutela5.
15.
Para pedir la desvinculación de las personas jurídicas que integran la unión
temporal -quienes ostentan la titularidad de los derechos fundamentales que podrían
verse afectados en el presente asunto- resultaba necesario que comparecieran al
proceso sus representantes legales. El señor Wilson Martínez no acreditó esa
calidad ni aportó poder conferido por dichas personas.
D. Análisis del caso concreto
16.
Esta Subsección declarará improcedente la solicitud de amparo por no encontrar
acreditado el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad.
17.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de tutela, el interesado debió haber agotado todos los recursos -idóneos y
eficaces- que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene improcedente.
18.
Esta regla de procedencia se torna aún más estricta cuando se busca cuestionar
actos administrativos, los cuales se encuentran amparados por el principio de
legalidad. Se parte del supuesto de que la administración, al momento de expresar
su voluntad, acata las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra
subordinada. De manera que quien pretenda controvertir uno de tales actos, está
obligado a acreditar que aquel se apartó del ordenamiento jurídico, y ese debate
debe surtirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo6.
5 Esta Sala de Subsección ha defendido la tesis de que los consorcios y las uniones temporales no se encuentran
facultados para actuar como partes o terceros en un proceso de tutela, pues estas figuras se conforman con el
propósito de presentar conjuntamente una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un
contrato con una entidad estatal, pero no constituyen una persona jurídica diferente de sus miembros
individualmente considerados. De ahí que la titularidad de los derechos fundamentales se encuentre en cabeza
de quienes integran o integraron los consorcios y las uniones temporales, mas no de los representantes legales
de este tipo de asociaciones. Al respecto, se puede revisar -entre otras- la sentencia del 4 de noviembre de 2022
proferida en el marco de la acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05036-00 (C.P. José Roberto Sáchica
Méndez).
6 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06257-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
19.
Los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos no
escapan de esa consideración; sin perjuicio de que se deba indagar sobre su
naturaleza para establecer si son de carácter definitivo y por ende susceptibles de
control judicial, o si se trata de actos de trámite o de ejecución7.
20.
Lo anterior no significa que una vez determinada la existencia de otros medios
judiciales, la solicitud de amparo se torne improcedente de forma automática. Resulta
imperativo que el juez constitucional examine la idoneidad y eficacia del mecanismo
identificado para conjurar la posible afectación de los derechos fundamentales objeto
de reclamo de cara a las circunstancias particulares del caso.
21.
En el evento de encontrar que el instrumento judicial no es idóneo y eficaz se
activa la procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo. La
intervención del juez constitucional también se habilita cuando se advierte que,
siendo idóneo y eficaz, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable8,
caso en el cual la solicitud de amparo procede de forma transitoria. Una tercera
excepción a esa regla general de improcedencia, ocurre cuando en la solicitud de
amparo se presenta una discusión de índole constitucional que desborda el marco
de competencia del juez de lo contencioso administrativo9.
22.
En el presente asunto, la actora tiene a su disposición el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 10 para cuestionar la legalidad de las dos
decisiones que censura: la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, por medio
de la cual fue excluida del XI Curso de Formación Judicial que se adelanta en el
marco de la Convocatoria 27; y la Resolución EJR24-831 del 1° de noviembre de
2024, que resolvió desfavorablemente el recurso de reposición que interpuso contra
esa decisión.
23.
Si bien contra la Resolución EJR24-831 del 1° de noviembre de 2024 la
accionante presentó una solicitud de corrección, aclaración y complementación que
para el momento en que se radicó la tutela aún estaba en trámite, en los términos
del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, la decisión de excluirla del concurso ya se
encuentra en firme, comoquiera que esta únicamente era susceptible del recurso de
reposición y aquél ya se agotó 11 . Además, ese acto administrativo consolidó la
7 Al respecto, ver sentencias SU-067 de 2022, T-081 de 2022, entre otras.
8 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022.
10 El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 prevé que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (…)”.
11 De conformidad con el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, contra los resultados de la evaluación de la Subfase
General del IX Curso de Formación Judicial Inicial únicamente procede el recurso de reposición.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06257-00
Accionante: Karina Causil Archbold
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
situación jurídica de la actora como participante, en tanto la excluyó de manera
definitiva del concurso.
24.
Esta Corporación 12 ha considerado que el carácter definitivo de un acto no
depende necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, sino de los
efectos que el mismo genere de manera concreta en cada participante. En ese
sentido, cuando un acto administrativo impide a una persona continuar en el
concurso -como acontece en el caso de marras- se considera definitivo con respecto
a ella y, por tanto, se activa la posibilidad de controvertir su validez ante el juez de lo
contencioso administrativo.
25.
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho no solo le permite a la
demandante debatir la presunción de legalidad del acto objeto de reproche y obtener
el restablecimiento integral de sus derechos presuntamente vulnerados, sino que
también le otorga la posibilidad de solicitar medidas cautelares en cualquier estado
del proceso, incluso antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, como
la suspensión provisional del acto o cualquier otra que considere necesaria con el fin
de garantizar -provisionalmente- el objeto del proceso13.
26.
Por lo tanto, el eventual tiempo que pueda llegar a tardar en decidirse ese asunto
mientras el concurso continúa en trámite no resulta suficiente para activar la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo, pues durante el curso
del proceso ordinario la demandante tiene a su disposición diferentes instrumentos
jurídicos para evitar la consumación o agravación de los daños que estima provienen
de la presunta transgresión de los derechos invocados, hasta tanto se adopte una
decisión definitiva.
27.
En tales condiciones, para la Sala el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se constituye como el mecanismo judicial idóneo y
eficaz para perseguir la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora estima vulnerados con ocasión de la decisión de haberla excluido del
concurso de méritos. Sin embargo, la actora ha optado por no hacer uso del mismo,
sin que haya ofrecido una razón válida que justifique dicha abstención.
28.
Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la
intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio, pues para tales
efectos la accionante se limitó aducir que la exigencia de acudir ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo conllevaría a que perdiera la oportunidad de acceder
12 Al respecto, ver sentencias del 2 de octubre de 2019 (exp. 66001-23-33-000-2016-00794-01), 5 de noviembre
de 2020 (exp. 25000-23-41-000-2012-00680-01), 3 de marzo de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2023-00415-00),
entre otras.
13 De conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 “En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado
del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (...)”.
6
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Accionante: Karina Causil Archbold
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
al cargo que aspira dentro del concurso de méritos, si se tiene en cuenta el tiempo
que podría tardar en resolverse el proceso ordinario, frente a lo cual debe reiterarse
que aquella cuenta con la posibilidad de solicitar medidas cautelares en el marco de
ese proceso, cuyo objeto no es otro que asegurar la eficacia de los derechos
reclamados mientras se decide de forma definitiva la controversia.
29.
Otro aspecto que desvirtúa la configuración del alegado perjuicio irremediable es
que las posibilidades de ejercer su profesión, no están limitadas por el curso de la
referida convocatoria, de manera que no se advierte un compromiso a sus medios
de subsistencia.
30.
Aunado a todo lo anterior, no se advierte que se esté en presencia de una
discusión que trascienda la esfera de lo constitucional, pues aun cuando la actora
afirmó que la controversia que planteaba desborda la competencia del juez natural,
todos los argumentos que fundamentan su solicitud están orientados a debatir la
legalidad del acto acusado, asunto que corresponde definir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
31.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela.
32.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
14 VF
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06257-00
Accionante: Karina Causil Archbold
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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