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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00217-00

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00217-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la medida provisional decretada en el auto admisorio de la demanda. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2025-00217-00 Accionante: Víctor Alfonso Estupiñán Perdomo Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00217-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00217-00
Accionante: Víctor Alfonso Estupiñán Perdomo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: Acción de tutela contra actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos / Improcedencia / Subsidiariedad - existencia de otro mecanismo
judicial idóneo y eficaz – no se probó perjuicio irremediable.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El señor Víctor Alfonso Estupiñán Perdomo instauró acción de tutela contra la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura, en
busca de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a cargos públicos e igualdad, así como los principios de confianza legítima
y buena fe.

2.
Por medio de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la accionada
publicó los resultados obtenidos por los discentes que aplicaron a la evaluación de
la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial, en el marco de la
Convocatoria 27. El demandante obtuvo un puntaje inferior a 800, lo que implica que
reprobó.

3.
Contra esa decisión, el actor interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto
mediante la Resolución EJR24-1588 del 7 de noviembre de 2024, en el sentido de
reponer de forma parcial, ajustando la calificación obtenida inicialmente por el
discente a 773 puntos.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00217-00
Accionante: Víctor Alfonso Estupiñán Perdomo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

4.
La parte actora reprochó que la demandada se haya limitado hacer un recuento
de forma genérica acerca de las preguntas que fueron calificadas como válidas, pero
no explicara las razones que conllevaron a otorgarle ese puntaje.

5.
Alegó que la decisión adoptada por la Escuela no se ajusta a los propósitos de la
evaluación indicados en el Acuerdo Pedagógico que rige el curso de formación. Las
preguntas fueron calificadas sin tener en cuenta la apropiación del contenido
académico enfocado a la práctica judicial, el desarrollo de competencias sobre la
función judicial, la interpretación de textos jurídicos, entre otros aspectos.

6.
Esgrimió que la accionada no ha respetado las reglas que rigen el concurso, pues
modificó aspectos de relevancia que ya habían sido previamente establecidos en el
Acuerdo de la Convocatoria, el Acuerdo Pedagógico y el documento maestro, sin
una debida motivación.

7. Argumentó que de no ingresar prontamente, aunque sea de forma transitoria, a la

Subfase Especializada del curso de formación judicial, perdería la oportunidad de
acceder al empleo público en los cargos ofertados, si se tiene en cuenta que un
proceso ordinario puede tardar más de un año en resolverse, mientras que esa
Subfase culmina en agosto del 2025, lo que hace imperiosa la intervención del juez
constitucional a efectos de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

8.
Señaló que el debate planteado desborda el marco de las competencias del juez
de lo contencioso administrativo, en tanto lo que se discute es el cumplimiento del
artículo 125 de la Carta Superior, “que obliga a que los cargos de jueces y
magistrados de tribunales deben ser seleccionados por sistema de mérito”. A lo que
se suma que en el marco de un concurso de méritos está en juego el derecho al
trabajo.

9.
En ese sentido, las pretensiones están encaminadas a que se ordene a la entidad
accionada expedir un acto administrativo en el que se reconozca como acertadas las
preguntas objeto de debate y, en consecuencia, se disponga su inclusión definitiva
en la Subfase Especializada del IX Curso de Formación Judicial. De forma
subsidiaria, pidió su inclusión -provisional- hasta tanto el juez de lo contencioso
administrativo resuelva la demanda que impetraría y, que se expida un acto que
resuelva de fondo cada reparo formulado en el recurso de reposición que interpuso
contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024.

10.
Como medida provisional, solicitó que se ordenara su inclusión en la Subfase
Especializada del referido curso hasta tanto se resolviera la acción constitucional.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

11.
Inicialmente la demanda fue asignada por reparto al Juzgado 51 Administrativo
del Circuito de Bogotá. Por auto del 22 de noviembre de 2024, el titular de ese
despacho se declaró impedido para conocer del asunto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00217-00
Accionante: Víctor Alfonso Estupiñán Perdomo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

12.
Mediante auto del 25 de noviembre de 2024, el Juzgado 52 Administrativo del
Circuito de Bogotá declaró fundado el impedimento manifestado por el Juez 51
Administrativo de ese mismo circuito y, en consecuencia, lo separó del conocimiento
de ese asunto. A su vez, dispuso: (i) admitir la demanda; (ii) notificar de su
presentación a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; (iii) vincular al Consejo
Superior de la Judicatura, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, a la
Unión Temporal Curso de Formación Judicial 2019, así como a los discentes
(aprobados y reprobados) de la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial
dentro de la Convocatoria 27 y; (iv) conceder la medida provisional deprecada por la
parte actora.

13.
El 5 de diciembre de 2024 el Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá
dictó sentencia de primera instancia.

14.
La anterior decisión fue objeto de impugnación, cuyo conocimiento le correspondió
a la Sección Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Dicha autoridad judicial, por medio de auto del 17 de enero de 2025, declaró la
nulidad del fallo de primera instancia, tras estimar que no le correspondía al Juzgado
52 Administrativo del Circuito de Bogotá conocer la solicitud de amparo, sino al
Consejo de Estado, de conformidad con lo previsto en el Decreto 333 de 2021. Por
consiguiente, ordenó remitir el expediente.

15.
Una vez ingresó el asunto a esta Corporación, por auto del 22 de enero de 2025,
se avocó el conocimiento, precisando que las actuaciones surtidas dentro del
proceso de tutela con anterioridad a que se profiriera la sentencia declarada nula,
tendrían plena validez y, por tanto, se continuaría con el trámite correspondiente.

16.
A efectos de integrar en forma debida el contradictorio, en ese proveído también
se dispuso la vinculación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
y la sociedad E Distribución S.A.S. ante el interés legítimo que les asiste para
intervenir en el proceso de la referencia, dada su calidad de integrantes de la Unión
Temporal de Formación Judicial 2019.

17.
Durante el curso del proceso, se allegaron las siguientes intervenciones:

(i) Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla2

18.
Sostuvo que la solicitud de amparo se torna improcedente, toda vez que la actora
tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento, y no acreditó la
configuración de los supuestos que habilitan la procedencia excepcional del amparo,
teniendo en cuenta que: (i) los cargos ofertados en la Convocatoria 27 no son
aquellos de periodo fijo determinados por la Constitución o por la ley; (ii) todavía no
se ha llegado a la etapa de conformación de la lista de elegibles, por lo que no puede
hablarse de la existencia de trabas para nombrar en el cargo a alguien que haya
ocupado el primer lugar en esa lista; (iii) no se probó una afectación a algún derecho

2 Intervenciones digitales contenida en 26 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00217-00
Accionante: Víctor Alfonso Estupiñán Perdomo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

fundamental; y, (iv) no se acreditó que la demandante se encontrara en alguna
situación particular por razones de edad, salud, condición social u otras, que llevaran
a considerar desproporcionada la exigencia de acudir al juez natural.

19.
Refirió que en el acto acusado se resolvió cada una de las objeciones planteadas
por la parte actora el recurso de reposición conforme a derecho. Precisó que aquellas
preguntas puntuadas como aciertos y no controvertidas por el recurrente no fueron
objeto de pronunciamiento, dado que no existía controversia que ameritara revisión
adicional. Por lo que es evidente que pretende utilizar el mecanismo de amparo como
un nuevo recurso, lo que no solo desconoce la naturaleza de la acción de tutela, sino
también supone una indebida intromisión en asuntos que deben ser definidos por el
juez de lo contencioso administrativo.

20.
En memorial 3 allegado con posterioridad a la contestación de la demanda, la
Escuela informó que, en atención al auto que declaró nula la sentencia proferida por
el Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá, procedió a deshabilitar el acceso
al accionante a la plataforma de la Subfase Especializada del IX Curso de Formación
Judicial Inicial.

(ii) Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca4

21.
Señaló que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, toda vez que
carece de competencia para atender lo pretendido por la parte accionante.

(iii) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia5

22.
Manifestó que la acción de tutela es improcedente respecto del ente universitario
ante la carencia actual de objeto y por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
Esto, por cuanto se está ante un caso concreto en el que no existe un hecho
vulnerador que demuestre la conculcación de los derechos fundamentales
invocados. Aunado a que los mismos hechos que fundamentan la acción
constitucional dan cuenta de que la accionada ha actuado en lo de su competencia
y participación del desarrollo del objeto de la Unión Temporal Formación Judicial
2019. No se evidencia que se esté presentando un perjuicio de carácter irremediable
en contra del aquí accionante por la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales invocados.

(iv) Unión Temporal Formación Judicial 20196

23.
El señor Hernán Felipe Wilson Martínez, quien manifestó actuar en calidad de
representante legal de la Unión Temporal Formación Judicial 2019, solicitó su
desvinculación del trámite de tutela, bajo el argumento de que la unión temporal
carece de competencia para atender lo pretendido por la parte accionante.

3 Visible a índice 4 del expediente digital.
4 Intervención digital contenida en 5 folios.
5 Intervención digital contenida en 4 folios.
6 Intervención digital contenida en 7 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00217-00
Accionante: Víctor Alfonso Estupiñán Perdomo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestiones previas

Competencia
24.
Como se refirió en los antecedentes, el presente caso llegó a conocimiento de
esta Sala, en virtud de la nulidad decretada por la Sección Segunda, Subsección F
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 17 de enero de 2025. Sin
perjuicio de la presente decisión y de la consideración de que la Subsección es
competente para conocer del asunto, se hace un llamado de atención al Tribunal
para que a futuro evite ese tipo de actuaciones. La Sala desaprueba que, bajo el
argumento de que el a quo desconoció una regla de reparto, desatendiera una norma
de competencia funcional, como lo es el artículo 32 del Decreto 2591 de 19917.

Solicitud de desvinculación

25.
La Sala no se pronunciará sobre la solicitud presentada por el señor Hernán Felipe
Wilson Martínez, pues a pesar de lo dispuesto por el Juzgado 52 Administrativo del
Circuito de Bogotá, quienes fungen en estricto sentido como sujetos procesales son
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la sociedad E Distribution
S.A.S, mas no la unión temporal, que carece de capacidad para ser tenida como
parte en los procesos de tutela8.

26.
Para pedir la desvinculación de las personas jurídicas que integran la unión
temporal -quienes ostentan la titularidad de los derechos fundamentales que podrían
verse afectados en el presente asunto- resultaba necesario que sus representantes
legales lo solicitaran. El señor Wilson Martínez no acreditó esa calidad ni aportó
poder conferido por dichas personas.

27.
En ese mismo sentido, se advierte que tampoco hay lugar a pronunciarse respecto
a la intervención de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca, en la medida que dicha Seccional no fue vinculada al trámite de
tutela, ni en calidad de accionada, ni como tercero con interés.

D. Análisis del caso concreto

7 En el Auto 550 de 2018 la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que, en materia de tutelas, los factores

de competencia son los previstos “en los artículos 86 de la Constitución y 8 transitorio del título transitorio de la
misma, así como en los artículos 32, 37 y 52 del Decreto 2591 de 1991 y 53 de la Ley 1922 de 2018, normas de
las que se desprenden los factores territorial, subjetivo y funcional”. Igualmente calificó como aparentes los
conflictos que aluden a “cualquier otra razón distinta de los factores de competencia”.
8 Esta Sala de Subsección ha defendido la tesis de que los consorcios y las uniones temporales no se encuentran

facultados para actuar como partes o terceros en un proceso de tutela, pues estas figuras se conforman con el
propósito de presentar conjuntamente una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un
contrato con una entidad estatal, pero no constituyen una persona jurídica diferente de sus miembros
individualmente considerados. De ahí que la titularidad de los derechos fundamentales se encuentre en cabeza
de quienes integran o integraron los consorcios y las uniones temporales, mas no de los representantes de este
tipo de asociaciones. Al respecto, se pueden revisar -entre otras- las sentencias del 7 de octubre de 2022 (Exp.
11001-03-15-000-2022-03777-00, C.P. María Adriana Marín) y del 4 de noviembre de 2022 (Exp. 11001-03-15-
000-2022-05036-00, C.P. José Roberto Sáchica Méndez).

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00217-00
Accionante: Víctor Alfonso Estupiñán Perdomo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

28.
Esta Subsección declarará improcedente la solicitud de amparo por no encontrar
acreditado el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad.

29.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de tutela, el interesado debió haber agotado todos los recursos -idóneos y
eficaces- que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene improcedente.

30.
Esta regla de procedencia se torna aún más estricta cuando se busca cuestionar
actos administrativos, los cuales se encuentran amparados por el principio de
legalidad. Se parte del supuesto de que la administración, al momento de expresar
su voluntad, acata las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra
subordinada. De manera que quien pretenda controvertir uno de tales actos, está
obligado a acreditar que aquel se apartó del ordenamiento jurídico, y ese debate
debe surtirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo9.

31.
Los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos no
escapan de esa consideración; sin perjuicio de que se deba indagar sobre su
naturaleza para establecer si son de carácter definitivo y por ende susceptibles de
control judicial, o si se trata de actos de trámite o de ejecución10.

32.
Lo anterior no significa que una vez determinada la existencia de otros medios
judiciales, la solicitud de amparo se torne improcedente de forma automática. Resulta
imperativo que el juez constitucional examine la idoneidad y eficacia del mecanismo
identificado para conjurar la posible afectación de los derechos fundamentales objeto
de reclamo de cara a las circunstancias particulares del caso.

33.
En el evento de encontrar que el instrumento judicial no es idóneo y eficaz se
activa la procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo. La
intervención del juez constitucional también se habilita cuando se advierte que,
siendo idóneo y eficaz, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable 11,
caso en el cual la solicitud de amparo procede de forma transitoria. Una tercera
excepción a esa regla general de improcedencia, ocurre cuando en la solicitud de
amparo se presenta una discusión de índole constitucional que desborda el marco
de competencia del juez de lo contencioso administrativo12.

9 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
10 Al respecto, ver sentencias SU-067 de 2022, T-081 de 2022, entre otras.
11 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la

amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00217-00
Accionante: Víctor Alfonso Estupiñán Perdomo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

34.
En el presente asunto, el actor tiene a su disposición el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho 13 para cuestionar la legalidad de la decisión que
censura, esta es, la Resolución EJR24-1588 del 7 de noviembre de 2024, que
resolvió el recurso de reposición que interpuso contra la Resolución EJR24-298 del
21 de junio de 2024.

35.
La decisión de excluirlo del concurso ya se encuentra en firme, comoquiera que
aquella únicamente era susceptible del recurso de reposición y aquél ya se agotó14.
A lo que se suma que ese acto administrativo consolidó la situación jurídica de la
parte actora como participante, en tanto lo excluyó de manera definitiva del concurso.

36.
Esta Corporación 15 ha considerado que el carácter definitivo de un acto no
depende necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, sino de los
efectos que el mismo genere de manera concreta en cada participante. En ese
sentido, cuando un acto administrativo impide a una persona continuar en el
concurso -como acontece en el caso de marras- se considera definitivo con respecto
a ella y, por tanto, se activa la posibilidad de controvertir su validez ante el juez de lo
contencioso administrativo.

37.
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho no solo le permite al
demandante debatir la presunción de legalidad del acto objeto de reproche y obtener
el restablecimiento integral de sus derechos presuntamente vulnerados, sino que
también le otorga la posibilidad de solicitar medidas cautelares en cualquier estado
del proceso, incluso antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, como
la suspensión provisional del acto o cualquier otra que considere necesaria con el fin
de garantizar -provisionalmente- el objeto del proceso16.

38.
Por lo tanto, el eventual tiempo que pueda llegar a tardar en decidirse ese asunto
mientras el concurso continúa en trámite no resulta suficiente para activar la
procedencia de la acción de tutela, pues durante el curso del proceso ordinario el
demandante tiene a su disposición diferentes instrumentos jurídicos para evitar la
consumación o agravación de los daños que estima provienen de la presunta
transgresión de los derechos invocados, hasta tanto se adopte una decisión
definitiva.

39.
En tales condiciones, para la Sala el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se constituye como el mecanismo judicial idóneo y

13 El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 prevé que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo

amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (…)”.
14 De conformidad con el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, contra los resultados de la evaluación de la Subfase

General del IX Curso de Formación Judicial Inicial únicamente procede el recurso de reposición.
15 Al respecto, ver sentencias del 2 de octubre de 2019 (exp. 66001-23-33-000-2016-00794-01), 5 de noviembre

de 2020 (exp. 25000-23-41-000-2012-00680-01), 3 de marzo de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2023-00415-00),
entre otras.
16 De conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 “En todos los procesos declarativos que se

adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado
del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (...)”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00217-00
Accionante: Víctor Alfonso Estupiñán Perdomo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

eficaz para perseguir la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora estima vulnerados con ocasión de la decisión de haberla excluido del
concurso de méritos. Sin embargo, el accionante ha optado por no hacer uso del
mismo, sin que haya ofrecido una razón válida que justifique dicha abstención.

40.
Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la
intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio, pues para tales
efectos el accionante se limitó aducir que la exigencia de acudir ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo conllevaría a que perdiera la oportunidad de acceder
al cargo que aspira dentro del concurso de méritos, si se tiene en cuenta el tiempo
que podría tardar en resolverse el proceso ordinario, frente a lo cual debe reiterarse
que aquel cuenta con la posibilidad de solicitar medidas cautelares en el marco de
ese proceso, cuyo objeto no es otro que asegurar la eficacia de los derechos
reclamados mientras se decide de forma definitiva la controversia.

41.
Otro aspecto que desvirtúa la configuración del alegado perjuicio irremediable es
que las posibilidades de ejercer su profesión no están limitadas por el curso de la
referida convocatoria, de manera que no se advierte un compromiso a sus medios
de subsistencia.

42.
Aunado a todo lo anterior, no se encuentra que se esté en presencia de una
discusión que trascienda la esfera de lo constitucional, pues todos los argumentos
que fundamentan la solicitud de amparo están orientados a debatir la legalidad del
acto acusado, asunto cuya definición compete a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.

43.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud
de amparo.

44.
Finalmente, en atención a que la presente decisión resuelve de manera definitiva
la acción constitucional, se dejara sin efectos la medida provisional decretada en el
auto admisorio de la demanda, proferido por el Juzgado 52 Administrativo del Circuito
de Bogotá.

45.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la medida provisional decretada en el auto
admisorio de la demanda.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00217-00
Accionante: Víctor Alfonso Estupiñán Perdomo
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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