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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06304-00

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06304-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-06304-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06304-00
Accionante: Daniel Eduardo Cortés Cortés
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: Acción de tutela contra actos administrativos de trámite expedidos en el
marco de un concurso de méritos / no se probaron los supuestos para su procedencia
excepcional

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El señor Daniel Eduardo Cortés Cortés, instauró acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, en busca de obtener la protección
de sus derechos fundamentales de petición, acceso a cargos públicos y debido
proceso.

2.
Por medio de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla publicó los resultados obtenidos por los discentes que aplicaron
a la evaluación de la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial, en el
marco de la Convocatoria 27. El demandante obtuvo un puntaje inferior a 800, lo que
implica que reprobó.

3.
El señor Cortés Cortés interpuso recurso de reposición contra esa decisión, el cual
fue resuelto mediante la Resolución EJR24-1200 del 5 de noviembre de 2024, en el

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06304-00
Accionante: Daniel Eduardo Cortés Cortés
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

sentido de reponer de forma parcial, ajustando la calificación obtenida inicialmente
por el discente a 803 puntos.

4.
En su escrito de tutela el accionante indicó que si bien continúa en el concurso por
haber aprobado el examen, lo cierto es que la calificación asignada no es correcta,
lo que incide en el puntaje final dentro de la Convocatoria.

5.
Alegó que en la decisión antes referida: (i) se omitió hacer un pronunciamiento
sobre algunas preguntas que aparecen calificadas como correctas; (ii) se incurrió en
un error aritmético en la sumatoria del puntaje final que le fue asignado; y, (iii) no se
resolvió de forma congruente, de fondo ni de manera objetiva cada uno de los
reparos que sustentaron el recurso de reposición, pues para tales efectos se hizo
uso -en forma indebida e irresponsable- de alguna herramienta de inteligencia
artificial.

6.
Aunado a lo anterior, esgrimió que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla es una
unidad del Consejo Superior de la Judicatura que no cuenta con personería jurídica
y no tiene capacidad para ser parte en los procesos judiciales, por lo que carecía de
competencia para expedir el acto administrativo objeto de reproche.

7.
De esta manera, las pretensiones están encaminadas a que se ordene al Consejo
Superior de la Judicatura que expida un acto administrativo en el que corrija el
puntaje que le fue asignado en la Subfase General del curso concurso.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

8.
Mediante auto del 21 de noviembre de 2024, se resolvió: (i) admitir la demanda;
(ii) notificar de su presentación a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura; (iii) vincular en calidad de terceros con interés a la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a la
sociedad E Distribution S.A.S. 2, así como a todos los discentes del IX Curso de
Formación Judicial que se adelanta en el marco de la Convocatoria 27, que hubieran
sido admitidos al curso de formación judicial para el cargo de juez civil municipal; (iv)
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y, (v)
negar la solicitud de pruebas formulada por la parte actora.

(i) Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla3

9.
Aseveró que la solicitud de amparo se torna improcedente, toda vez que la actora
tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento, y no acreditó la
configuración de los supuestos que habilitan la procedencia excepcional del amparo,
teniendo en cuenta que: (i) los cargos ofertados en la Convocatoria 27 no son

2 Esos dos últimos dada su calidad de integrantes de la Unión Temporal de Formación Judicial 2019.
3 Intervención digital contenida en 10 folios.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06304-00
Accionante: Daniel Eduardo Cortés Cortés
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

aquellos de periodo fijo determinados por la Constitución o por la ley; (ii) todavía no
se ha llegado a la etapa de conformación de la lista de elegibles, por lo que no puede
hablarse de la existencia de trabas para nombrar en el cargo a alguien que haya
ocupado el primer lugar en esa lista; (iii) no se probó una afectación a algún derecho
fundamental; y, (iv) no se acreditó que la demandante se encontrara en alguna
situación particular por razones de edad, salud, condición social u otras, que llevaran
a considerar desproporcionada la exigencia de acudir al juez natural.

10.
Esgrimió que el recurso de apelación interpuesto por la actora fue resuelto
conforme a derecho, en cumplimiento de los acuerdos que rigen el concurso.
Destacó que no ha hecho uso de la inteligencia artificial para redactar las decisiones
que se han adoptado en el marco de la Convocatoria 27. Las distintas solicitudes y
recursos que han presentado los discentes se han atendido de forma individual y con
fundamento en la razonabilidad y juicio profesional del equipo de trabajo.

11.
Explicó que las inconformidades planteadas por la accionante se resolvieron con
los insumos proporcionados por la Unión Temporal Formación Judicial 2019, a partir
de los cuales se constató que en el proceso de construcción de la prueba se surtió
un juicio de validación psicométrico, lingüístico, técnico y jurídico, avalado por
expertos en varias disciplinas, que evidenciaron que los ítems cumplieron con los
estándares adecuados para proceder con la aplicación de la evaluación.

12.
Particularmente, en lo que respecta a las preguntas que el accionante aduce no
fueron objeto de pronunciamiento, indicó que no fueron sustentadas, toda vez que el
discente las tuvo como acierto y por ende no existía controversia sobre las mismas.
Además, refirió que no se incurrió en ningún error aritmético en la asignación del
puntaje total.

13.
En ese sentido, sostuvo que el accionante pretende utilizar el mecanismo de
amparo como un nuevo recurso para atacar la decisión que resolvió el recurso de
reposición, lo que desconoce la naturaleza de la acción de tutela.

(ii) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia4

14.
Señaló que no ha incurrido en vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, pues todas las actuaciones adoptadas en el marco de
la Convocatoria 27 se han ajustado al acuerdo pedagógico, así como a los
documentos expedidos con posterioridad que rigen las reglas del concurso.

(iii) Unión Temporal Formación Judicial 20195

4 Intervención digital contenida en 4 folios.
5 Intervención digital contenida en 4 folios.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06304-00
Accionante: Daniel Eduardo Cortés Cortés
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

15.
El señor Hernán Felipe Wilson Martínez, quien manifestó actuar en calidad de
representante legal de la Unión Temporal Formación Judicial 2019, solicitó su
desvinculación del trámite de tutela, bajo el argumento de que la unión temporal
carece de competencia para atender lo pretendido por la parte accionante.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

16.
La Sala no se pronunciará sobre la solicitud presentada por el señor Hernán Felipe
Wilson Martínez, pues a quien se vinculó fue a la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia y a la sociedad E Distribution S.A.S, no a la unión temporal,
que carece de capacidad para ser tenida como parte en los procesos de tutela6.

17.
Para pedir la desvinculación de las personas jurídicas que integran la unión
temporal -quienes ostentan la titularidad de los derechos fundamentales que podrían
verse afectados en el presente asunto- resultaba necesario que lo solicitaran sus
representantes legales. El señor Wilson Martínez no acreditó esa calidad ni aportó
poder conferido por dichas personas.

D. Análisis del caso concreto

18.
Esta Subsección declarará improcedente la solicitud de amparo por no acreditar
el cumplimiento de los requisitos establecidos jurisprudencialmente para que
proceda la acción de tutela contra un acto de trámite que ha sido proferido en el
marco de un concurso de méritos.

19.
La Corte Constitucional ha puntualizado que cuando se pretende controvertir
actos administrativos expedidos dentro de un concurso de méritos a través de la
acción de tutela, resulta imperativo identificar la naturaleza de la actuación que se
reprocha, con el fin determinar si existe o no un mecanismo judicial que permita
demandar la protección de los derechos fundamentales invocados, pues no todos
los actos que se expiden dentro de un concurso de méritos pueden ser sometidos a
escrutinio judicial7.

6 Esta Sala de Subsección ha defendido la tesis de que los consorcios y las uniones temporales no se encuentran

facultados para actuar como partes o terceros en un proceso de tutela, pues estas figuras se conforman con el
propósito de presentar conjuntamente una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un
contrato con una entidad estatal, pero no constituyen una persona jurídica diferente de sus miembros
individualmente considerados. De ahí que la titularidad de los derechos fundamentales se encuentre en cabeza
de quienes integran o integraron los consorcios y las uniones temporales, mas no de los representantes legales
de este tipo de asociaciones. Al respecto, se puede revisar -entre otras- la sentencia del 4 de noviembre de 2022
proferida en el marco de la acción de tutela 11001-03-15-000-2022-05036-00 (C.P. José Roberto Sáchica
Méndez).
7 Al respecto, ver sentencias SU-067 de 2022, T-081 de 2022, entre otras.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06304-00
Accionante: Daniel Eduardo Cortés Cortés
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

20.
De acuerdo con el procedimiento para su expedición, se han distinguido tres
clases: (i) los actos de trámite, preparatorios o accesorios, que corresponden a
aquellos que se profieren en el curso de la actuación administrativa, con el fin de
darle impulso a la misma; (ii) los actos definitivos, los cuales resuelven de forma
directa o indirecta el fondo del asunto o hacen imposible continuar con la actuación8
y; (iii) los actos de ejecución, que se limitan a dar cumplimiento a una actuación, ya
sea administrativa o judicial9.

21.
En reiteradas oportunidades 10 , esta Corporación ha señalado que, por regla
general, únicamente los actos definitivos son susceptibles de ser enjuiciados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto deciden de manera definitiva
la situación del interesado, así como los de trámite que imposibiliten continuar con la
actuación.

22.
En esta oportunidad se pretende cuestionar la Resolución EJR24-1200 del 5 de
noviembre de 2024, por medio de la cual se repuso parcialmente el puntaje
inicialmente obtenido por el actor en la prueba de la Subfase General del IX Curso
de Formación Judicial, llevada a cabo en el marco de la Convocatoria 27.

23.
A través de esa decisión, la administración repuso un acto administrativo previo y
ajustó el puntaje asignado al accionante en un examen que hace parte de una de las
fases del concurso. En la medida que ese nuevo puntaje es superior a 800 y, según
las reglas del concurso, le permitió al señor Cortés Cortés continuar en el proceso
de selección, es claro que se trata de un acto de trámite. Por ende, no es de recibo
la afirmación según la cual aquel tiene a su disposición en este momento el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho para debatir la legalidad del
acto. Como ya se anotó, ese tipo de actuaciones no son pasibles de control
jurisdiccional dada su naturaleza.

24.
En razón a esa ausencia de mecanismos que permitan el control judicial de los
actos de trámite, el Alto Tribunal Constitucional ha admitido, de forma excepcional,
la procedencia de la acción de tutela, siempre que concurran los siguientes
requisitos: (i) que la actuación administrativa en la que se haya expedido el acto no
haya culminado; (ii) que el acto tenga la potencialidad de definir una situación
especial y sustancial que se proyecte en la decisión final y; (iii) que la decisión
adoptada sea producto una actuación arbitraria o desproporcionada que afecte algún
derecho fundamental11.

8 Artículo 43 de la Ley 1437 de 2011.
9 Forero Hernández. El acto administrativo. (3ª ed.) Grupo Editorial Ibañez.
10 Al respecto, ver auto del 28 de marzo de 2019 (exp. 25000-23-42-000-2013-02026-01), sentencias del 13 de

agosto de 2020 (exp. 25000-23-42-000-2014-00109-01), 5 de agosto de 2021 (exp. 25000-23-42-000-2015-
01777-01 2808-18) y 3 de marzo de 2023 exp. (11001-03-15-000-2023-00415-00) entre otras.
11 Al respecto, ver sentencias T-405 de 2018 y SU-067 de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06304-00
Accionante: Daniel Eduardo Cortés Cortés
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

25.
En el presente asunto se encuentran acreditados los dos primeros supuestos. La
Convocatoria 27 (dentro de la cual fue expedida el acto que se acusa) aún continua
en curso. A lo que se suma la incidencia que tiene la actuación en la decisión final,
toda vez que allí se repuso un puntaje que le fue asignado al accionante dentro del
concurso, el cual además de haberle permitido continuar en el proceso de selección,
una vez aprobadas las dos fases del IX Curso de Formación Judicial, será ponderado
a efectos de integrar el correspondiente Registro Nacional de Elegibles12.

26.
Sin embargo, no se evidencia -prima facie- que la actuación objeto de reproche
pueda ser catalogada como irracional, desproporcionada o arbitraria, lo que impone
concluir que la solicitud de amparo se torna improcedente.

27.
En acatamiento al debido proceso administrativo, la Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla -en el marco de sus competencias13- no solo le impartió trámite al recurso de
reposición interpuesto por el actor, sino que, además, abordó el estudio de fondo de
las inconformidades planteadas en el recurso. Tan es así que a partir de dicho
análisis advirtió unos yerros en la calificación asignada inicialmente al discente, que
conllevaron a reponer parcialmente la decisión, lo que permitió al señor Cortés
Cortés obtener una calificación superior a 800 puntos, que posibilitó su continuidad
en el proceso de selección, en garantía de sus derechos. El hecho de que no esté
de acuerdo con el puntaje que se le asignó de forma posterior no implica per se que
la decisión adoptada hubiera sido el resultado de un capricho o arbitrariedad.

28.
Ahora, debe destacarse que si bien en estos momentos no puede acudir ante la
jurisdicción contencioso administrativa para plantear los yerros en que sustenta su
solicitud de amparo, ello se debe justamente a la dinámica de los concursos de
mérito y la naturaleza de trámite del acto. Sin embargo, ello no supone una limitación
ilegítima al acceso a la administración de justicia ni mucho menos la carga de tolerar
actuaciones irregulares; pues una vez finalice la actuación y se expida el acto
administrativo definitivo, el accionante podrá acudir ante el juez natural a cuestionar
esa decisión, poniendo de presente los argumentos con que censura el puntaje
parcial que se le asignó en la Subfase General del curso de formación judicial.

29.
El hecho de que el accionante continúe en el curso de formación judicial y -al igual
que el resto de participantes- tenga que esperar una decisión definitiva, para
cuestionar la actuación de la administración ante el juez natural descarta la
necesidad de intervención del juez de tutela que, dicho sea de paso, no funge como
interventor o auditor de los concursos de mérito, y su papel institucional es hacer

12 Acuerdo PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019.
13 En el acuerdo pedagógico que rige el IX de Formación Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso

lo siguiente: “Facúltese a la Directora de la Escuela Judicial ‘Rodrigo Lara Bonilla’ para expedir, en el marco de
sus competencias, las disposiciones de carácter general y particular tendientes a lograr una adecuada
implementación del presente acuerdo, que consulte los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad.”
6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-06304-00
Accionante: Daniel Eduardo Cortés Cortés
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

efectivas las garantías constitucionales en ausencia de otros medios de defensa
ordinarios.

30.
Por lo expuesto en las líneas anteriores, la Sala declarará la improcedencia de la
acción de tutela.

31.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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