Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06642-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-06642-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-06642-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06642-00
Accionante: Roberto Carlos Arrazola Morales
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Escuela Judicial Rodrigo
Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: Acción de tutela contra actos administrativos expedidos en el marco de un
concurso de méritos / Improcedencia / Subsidiariedad - existencia de otro mecanismo
judicial idóneo y eficaz – no se probó perjuicio irremediable.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de
amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El señor Roberto Carlos Arrazola Morales, instauró acción de tutela contra la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura, en
busca de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a cargos públicos, así como los principios de confianza legítima y buena fe.
2.
Por medio de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024, la accionada
publicó los resultados obtenidos por los discentes que aplicaron a la evaluación de
la Subfase General del IX Curso de Formación Judicial, en el marco de la
Convocatoria 27. El demandante obtuvo un puntaje inferior a 800, lo que implica que
reprobó.
3.
El señor Arrazola Morales interpuso recurso de reposición contra esa decisión, el
cual fue resuelto mediante la Resolución EJR24-930 del 6 de noviembre de 2024, en
el sentido de reponer de forma parcial, ajustando la calificación obtenida inicialmente
por el discente a 780 puntos. Indicó el actor que la demandada no dio respuesta de
fondo, clara y precisa a cada uno de los planteamientos formulados en el recurso de
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06642-00
Accionante: Roberto Carlos Arrazola Morales
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
• Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
reposición en comento, pues, de manera genérica les dio la misma respuesta a todos
los recurrentes.
4.
En el escrito de tutela, alegó que la entidad demandada no cumplió con las reglas
concebidas para desarrollar el curso de formación y ello tuvo incidencia en el pésimo
diseño del instrumento de medición. Citó las preguntas del concurso que admitían
“más de una respuesta válida”, “las mal formuladas” y “las que desbordaron el rango
de las páginas que constituían las lecturas obligatorias”; que planteó en su recurso
de reposición.
5.
Explicó que la tutela procede contra un acto administrativo de trámite que elimina
a un participante del concurso de mérito. Afirmó que indiscutiblemente al ser
eliminado en la Subfase General y excluido del curso de formación judicial, pese a
superar la prueba de conocimiento, su derecho de acceder a un cargo en la carrera
judicial se perjudicó notoriamente, comoquiera que jamás fue formado al igual que
los demás participantes que aún siguen en el proceso de selección, para ocupar el
cargo al que aspiró, por lo que es marginado del aludido concurso.
6.
Indicó que el suceso que la demandada enviara cada semana muchas lecturas,
varias descontextualizadas y desactualizadas, para que cada discente asimilara lo
que a bien pudiera y luego evaluarlo con un examen de dudosa calidad, durante 2
días, por espacio de 8 horas en cada jornada, no tiene nada de formativo, más bien,
lo que se impuso fue la “deformación”.
7.
Sostuvo que el yerro de la accionada es evidente y trascendente, susceptible de
ser demandado ante el juez contencioso administrativo, pero se trata de un proceso
que puede llegar a tardar 4 o 5 años, lo que eliminaría por completo las esperanzas
del actor, en el sentido que cuando exista el fallo de rigor ejecutoriado ya no existirá
el aludido proceso formativo, conforme al cronograma del concurso.
8.
Arguyó que si se admiten las respuestas relacionadas el inicio del escrito de tutela,
que objetivamente deben validarse, sumaría alrededor de 27,91 puntos, superando
los 800 exigidos para seguir a la Subfase Especializada; lo cual impone la necesidad
y urgencia de la intervención del juez constitucional en este caso.
9.
En tal sentido, las pretensiones están encaminadas a que se ordene a la entidad
accionada expedir un acto administrativo en el que se reconozca como acertadas las
preguntas objeto de debate y, en consecuencia, se disponga su inclusión definitiva
en la Subfase Especializada del IX Curso de Formación Judicial. De forma
subsidiaria, pidió su inclusión -provisional- hasta tanto el juez de lo contencioso
administrativo resuelva la demanda que impetraría y, que se expida un acto que
resuelva de fondo cada reparo formulado en el recurso de reposición que interpuso
contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06642-00
Accionante: Roberto Carlos Arrazola Morales
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
10.
Inicialmente el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Noveno de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, el cual, por auto del 22 de
noviembre de 2024, dispuso: (i) admitir la demanda; (ii) notificar de su presentación
a la accionada; (iii) vincular a los concursantes de la Convocatoria 27; y (iv) negar la
medida provisional deprecada. Mediante proveído de 29 de noviembre de 2024 la
autoridad judicial vinculó al trámite a la Unión Temporal Formación Judicial 2019 y,
en auto de 2 de diciembre siguiente ordenó remitir el expediente al Consejo de
Estado por competencia.
11.
Una vez ingresado el asunto a esta Corporación, por auto de 9 de diciembre de
2024 se avocó el conocimiento. En proveído de 22 de enero de 2025, en aras de
integrar en forma debida el contradictorio, se dispuso la vinculación de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la sociedad E Distribución S.A.S. ante el
interés legítimo que les asiste para intervenir en el proceso de la referencia, dada su
calidad de integrantes de la Unión Temporal de Formación Judicial 2019.
(i) Unión Temporal Formación Judicial 20192
12.
El señor Hernán Felipe Wilson Martínez, quien manifestó actuar en calidad de
representante legal de la Unión Temporal Formación Judicial 2019, solicitó su
desvinculación del trámite de tutela, bajo el argumento de que la unión temporal
carece de competencia para atender lo pretendido por la parte accionante.
(ii) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia3
13.
Manifestó que la tutela es improcedente respecto del ente universitario ante la
carencia actual de objeto y por no cumplir con el requisito de subsidiariedad; toda
vez que se está ante un caso concreto en el que no existe un hecho vulnerador que
demuestre la conculcación de los derechos fundamentales invocados. Aunado a que
los mismos hechos que fundamentan la acción constitucional dan cuenta de que la
accionada ha actuado en lo de su competencia y participación del desarrollo del
objeto de la Unión Temporal Formación Judicial 2019. No se evidencia que se esté
presentando un perjuicio de carácter irremediable en contra del aquí accionante por
la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
14.
La Sala no se pronunciará sobre la solicitud presentada por el señor Hernán Felipe
Wilson Martínez, pues a pesar de lo dispuesto por el Juzgado Noveno de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, quienes fungen en estricto sentido
como sujetos procesales son la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2 Intervención digital contenida en 5 folios.
3 Intervención digital contenida en 26 folios incluidos anexos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06642-00
Accionante: Roberto Carlos Arrazola Morales
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
• Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
y la sociedad E Distribution S.A.S, no a la unión temporal, que carece de capacidad
para ser tenida como parte en los procesos de tutela4.
15.
Para pedir la desvinculación de las personas jurídicas que integran la unión
temporal -quienes ostentan la titularidad de los derechos fundamentales que podrían
verse afectados en el presente asunto- resultaba necesario que sus representantes
legales lo solicitaran. El señor Wilson Martínez no acreditó esa calidad ni aportó
poder conferido por dichas personas.
D. Análisis del caso concreto
16.
Esta Subsección declarará improcedente la solicitud de amparo por no encontrar
acreditado el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad.
17.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
únicamente procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una
solicitud de tutela, el interesado debió haber agotado todos los recursos -idóneos y
eficaces- que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación que
amenaza o lesiona sus derechos. De lo contrario, la tutela deviene improcedente.
18.
Esta regla de procedencia se torna aún más estricta cuando se busca cuestionar
actos administrativos, los cuales se encuentran amparados por el principio de
legalidad. Se parte del supuesto de que la administración, al momento de expresar
su voluntad, acata las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra
subordinada. De manera que quien pretenda controvertir uno de tales actos, está
obligado a acreditar que aquel se apartó del ordenamiento jurídico, y ese debate
debe surtirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo5.
19.
Los actos administrativos proferidos en el marco de un concurso de méritos no
escapan de esa consideración; sin perjuicio de que se deba indagar sobre su
naturaleza para establecer si son de carácter definitivo y por ende susceptibles de
control judicial, o si se trata de actos de trámite o de ejecución6.
20.
Lo anterior no significa que una vez determinada la existencia de otros medios
judiciales, la solicitud de amparo se torne improcedente de forma automática. Resulta
imperativo que el juez constitucional examine la idoneidad y eficacia del mecanismo
4 Esta Sala de Subsección ha defendido la tesis de que los consorcios y las uniones temporales no se encuentran
facultados para actuar como partes o terceros en un proceso de tutela, pues estas figuras se conforman con el
propósito de presentar conjuntamente una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un
contrato con una entidad estatal, pero no constituyen una persona jurídica diferente de sus miembros
individualmente considerados. De ahí que la titularidad de los derechos fundamentales se encuentre en cabeza
de quienes integran o integraron los consorcios y las uniones temporales, mas no de los representantes legales
de este tipo de asociaciones. Al respecto, se pueden revisar -entre otras- las sentencias del 7 de octubre de 2022
(Exp. 11001-03-15-000-2022-03777-00, C.P. María Adriana Marín) y del 4 de noviembre de 2022 (Exp. 11001-
03-15-000-2022-05036-00, C.P. José Roberto Sáchica Méndez).
5 Corte Constitucional, Sentencia T -332 de 2018.
6 Al respecto, ver sentencias SU-067 de 2022, T-081 de 2022, entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06642-00
Accionante: Roberto Carlos Arrazola Morales
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
• Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
identificado para conjurar la posible afectación de los derechos fundamentales objeto
de reclamo de cara a las circunstancias particulares del caso.
21.
En el evento de encontrar que el instrumento judicial no es idóneo y eficaz se
activa la procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo. La
intervención del juez constitucional también se habilita cuando se advierte que,
siendo idóneo y eficaz, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable 7,
caso en el cual la solicitud de amparo procede de forma transitoria. Una tercera
excepción a esa regla general de improcedencia, ocurre cuando en la solicitud de
amparo se presenta una discusión de índole constitucional que desborda el marco
de competencia del juez de lo contencioso administrativo8.
22.
En el presente asunto, el señor Roberto Carlos Arrazola Morales tiene a su
disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 9 para
cuestionar la legalidad de la decisión que censura, esta es, la Resolución EJR24-930
del 6 de noviembre de 2024, que resolvió el recurso de reposición que interpuso
contra la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024.
23.
Además, la decisión de excluirlo del concurso ya se encuentra en firme,
comoquiera que aquella únicamente era susceptible del recurso de reposición y
aquél ya se agotó10. Además, ese acto administrativo consolidó la situación jurídica
de la parte actora como participante, en tanto lo excluyó de manera definitiva del
concurso.
24.
Esta Corporación 11 ha considerado que el carácter definitivo de un acto no
depende necesariamente de hallarse situado en el final del trámite, sino de los
efectos que el mismo genere de manera concreta en cada participante. En ese
sentido, cuando un acto administrativo impide a una persona continuar en el
concurso -como acontece en el caso de marras- se considera definitivo con respecto
a ella y, por tanto, se activa la posibilidad de controvertir su validez ante el juez de lo
contencioso administrativo.
25.
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho no solo le permite al
demandante debatir la presunción de legalidad del acto objeto de reproche y obtener
el restablecimiento integral de sus derechos presuntamente vulnerados, sino que
también le otorga la posibilidad de solicitar medidas cautelares en cualquier estado
del proceso, incluso antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda, como
7 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022.
9 El artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 prevé que “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (…)”.
10 De conformidad con el Acuerdo PCSJA19-11400 de 2019, contra los resultados de la evaluación de la Subfase
General del IX Curso de Formación Judicial Inicial únicamente procede el recurso de reposición.
11 Al respecto, ver sentencias del 2 de octubre de 2019 (exp. 66001-23-33-000-2016-00794-01), 5 de noviembre
de 2020 (exp. 25000-23-41-000-2012-00680-01), 3 de marzo de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2023-00415-00),
entre otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-06642-00
Accionante: Roberto Carlos Arrazola Morales
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
• Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
la suspensión provisional del acto o cualquier otra que considere necesaria con el fin
de garantizar -provisionalmente- el objeto del proceso12.
26.
Por lo tanto, el eventual tiempo que pueda llegar a tardar en decidirse ese asunto
mientras el concurso continúa en trámite no resulta suficiente para activar la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo definitivo, pues durante el curso
del proceso ordinario el demandante tiene a su disposición diferentes instrumentos
jurídicos para evitar la consumación o agravación de los daños que estima provienen
de la presunta transgresión de los derechos invocados, hasta tanto se adopte una
decisión definitiva.
27.
En tales condiciones, para la Sala el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se constituye como el mecanismo judicial idóneo y
eficaz para perseguir la protección de los derechos fundamentales que la parte
actora estima vulnerados con ocasión de la decisión de haberla excluido del
concurso de méritos. Sin embargo, el señor Roberto Carlos ha optado por no hacer
uso del mismo, sin que haya ofrecido una razón válida que justifique dicha
abstención.
28.
Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la
intervención del juez constitucional como mecanismo transitorio, pues para tales
efectos el accionante se limitó aducir que la exigencia de acudir ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo conllevaría a que perdiera la oportunidad de acceder
al cargo que aspira dentro del concurso de méritos, si se tiene en cuenta el tiempo
que podría tardar en resolverse el proceso ordinario, frente a lo cual debe reiterarse
que aquel cuenta con la posibilidad de solicitar medidas cautelares en el marco de
ese proceso, cuyo objeto no es otro que asegurar la eficacia de los derechos
reclamados mientras se decide de forma definitiva la controversia.
29.
Otro aspecto que desvirtúa la configuración del alegado perjuicio irremediable es
que las posibilidades de ejercer su profesión, no están limitadas por el curso de la
referida convocatoria, de manera que no se advierte un compromiso a sus medios
de subsistencia.
30.
Aunado a todo lo anterior, no se advierte que se esté en presencia de una
discusión que trascienda la esfera de lo constitucional, pues todos los argumentos
que fundamentan la solicitud de amparo están orientados a debatir la legalidad del
acto acusado, asunto que corresponde definir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
31.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela.
12 De conformidad con el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011 “En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado
del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en
providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (...)”.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-06642-00
Accionante: Roberto Carlos Arrazola Morales
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
• Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
32.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE13
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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