Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06036-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06036-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06036-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
20 de abril de 2023
Demandantes: Berta Cecilia Medina Castro y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06036-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06036-01
Demandantes: BERTA CECILIA MEDINA CASTRO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Tema: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del
precedente. Caducidad del medio de control de reparación
directa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena contra el fallo de 26 de enero de 2023, por
medio del cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados por los actores.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Berta Cecilia Medina Castro y otros1, por conducto de apoderado
judicial, presentaron acción de tutela2 contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
providencia de 27 de julio de 2022 proferida por la mencionada autoridad
judicial.
Lo anterior, por cuanto revocó el fallo 16 de diciembre de 2020 dictado por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, que
1
Los señores Leyner Alfonso Meriño Medina, Mayerlis de Jesús Meriño Medina, Mariluz Esther
Camacho Cerpa, Miriam Meriño Suárez, Katy Yulides Meriño Medina, Aljadys Meriño Medina,
Dani Luz Rúa Pérez, Jhon William Meriño Rúa, Luz Meri Meriño Guerrero, Ana Milena Barreto
Meriño, Alexander Barreto Meriño, Kevin Barreto Meriño, Ana Esther Alvis de Barreto, Ingris
Milena Barreto Alvis, Steven Barreto Alvis, Darlinson Barreto Alvis, Sania Barreto Alvis, María
Angélica Barreto Alvis, Luis David Barreto Orozco, Rubí Esther de Arco Acosta, Milena de Arco
Acosta, Luis Rafael de Arco Acosta, Edilsa Acosta Vanegas, Luz María Candelario Acosta,
Diana Patricia Varela Acosta, Dunia Esther Acosta Vanegas, Efraín Antonio Charris Acosta,
Marbel Cecilia Diaz Barros, Luis Manuel Acuña Diaz, Deleskar Castillo Durán, Wiston Antonio
Castillo Durán, Osiris del Carmen Martínez Castro, Edilma Rosa Ayala Donado, Milton Manuel
Mercado Ayala, Adolfo David Mercado Ayala y Martha Mercedes Meriño Medina.
2
Mediante escrito enviado el 11 de noviembre de 2022.
1
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Demandantes: Berta Cecilia Medina Castro y otros
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había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
declaró probada de oficio la caducidad; esto dentro del medio de control de
reparación directa que promovieron contra la Nación - Ministerio de Defensa -
Policía Nacional, proceso que se identificó con el radicado 47001-33-33-002-
2016-00284-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, los actores solicitaron:
“1. Que se declare procesalmente nula y/o se deje sin efectos ni valor jurídico la
sentencia de fecha julio de 2022, pero notificada el día 3 de octubre de 2022 en
virtud de la cual se declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa y cumplimiento, cuando el Juez Segundo
Administrativo de Santa Marta en la primera audiencia de trámite de acuerdo con
el articulo 180 del CPACA había resuelto declarar no probada la excepción de
caducidad propuesta por el demandado, notificada por estrados y ninguna de las
partes, especialmente la demandada, interpusiera recurso de apelación que era
lo procedente, quedando esa decisión en firme y debidamente ejecutoriada,
perdiendo a nuestro juicio el Tribunal posibilidad alguna de pronunciarse sobre
ese tema ya resuelto en primera instancia superando el control de legalidad, lo
que no queda duda viola el debido proceso y derecho de defensa, y se negaron
las pretensiones de la demanda contra la Nación Ministerio de Defensa - Policía
Nacional, originados por las muertes de los señores WILLIAM ANTONIO
MERIÑO MEDINA, DORA CAMACHO SERPA, ELKIN JOSE MERIÑO MEDINA
y ALEXANDER BARRETO ALVIS, en los hechos ocurridos en la ciudad de
Ciénaga (Magdalena) al ser masacrados por un grupo fuerte de hombres
armados que irrumpieron en el sector del Polvorín Municipio de Ciénaga.
2. Que como consecuencia de ello se emita o dicte una nueva sentencia
ajustada a derecho, a la realidad jurídica en los términos de las pretensiones de
la demanda, es decir se confirme en su integridad la sentencia recurrida por la
demandada proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta,
adicionando a la misma a la señora Aljadis Meriño quien fuera excluida de la
parte resolutiva de la sentencia en primera instancia; aplicando para ello control
de convencionalidad o excepción de convencionalidad respecto de la sentencia
SU 2020, teniendo en cuenta que la acción o medio de control de reparación
directa no tiene término de caducidad conforme lo venía sosteniendo esa alta
Corporación para la fecha en que se presentó una segunda demanda, es decir
en el año 2016”.3
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La parte actora relató que el 27 de agosto del 2000 grupos armados al margen
de la ley ocasionaron la muerte de los señores Delexcar Antonio Castillo
Granados, Francisco Meriño Suárez, Rafael de Arco Ruíz, Luis Acuña
Londoño, David Mercado Parejo, William Antonio Meriño Medina, Elkin José
Meriño Medina, Alexander Barreto y Dora Isabel Camacho Serpa en el
municipio de Ciénaga (Magdalena)4.
3
Trascripción literal del original con posibles errores.
4
Acontecimiento conocido como la “masacre de polvorín”, la cual se produjo en horas de la
madrugada cuando un grupo de hombres armados ingresaron al barrio el Polvorín del
municipio de Ciénaga (Magdalena) y arremetieron contra la población civil hasta causarle la
muerte a varias personas que habitaban dicho asentamiento.
2
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Narró que, en vista de lo anterior, el 27 de agosto de 2002 la señora Berta
Cecilia Medina Castro y otros presentaron demanda5 en ejercicio del medio de
control de reparación directa para que se declarara patrimonialmente
responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por falla en
el servicio, dado que se omitió el llamado de auxilio de los vecinos del sector y
no se impidió el fallecimiento de sus familiares.
Aludió que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito judicial de Santa
Marta, mediante sentencia de 17 de junio de 2008, denegó las súplicas de la
demanda, lo cual fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Magdalena
en fallo de 5 de agosto de 2009.
Mencionó que el señor German Gamero y otros, quienes también eran
parientes de las personas que murieron en los hechos ocurridos el 27 de
agosto del 2000, radicaron otro proceso de reparación directa6 que fue resuelto
a su favor por el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta, decisión
que fue confirmada en providencia de 23 de agosto de 2013 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.
Refirió que el 11 de mayo de 2016 la señora Berta Cecilia Medina Castro y
otros promovieron nuevamente el medio de control de reparación directa
contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, debido a que
aparecieron nuevas pruebas7 que demostraban la omisión en la que incurrió la
parte demandada y en atención a la inaplicación del término de caducidad en
los casos relacionados con delitos de lesa humanidad.
Señaló que del asunto conoció el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Santa Marta que, por medio de sentencia de 16 de diciembre de
2020, accedió parcialmente a las pretensiones tras concluir que la Policía
Nacional no realizó alguna acción para evitar la masacre de la que fueron
víctimas sus parientes, pese a que tenía el deber constitucional de proteger la
vida de los ciudadanos.
Afirmó que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión, con sustento en que la entidad policiva realizó diversos
patrullajes el día y en el lugar de los hechos sin reportar ninguna novedad,
aunado a que su obligación de cuidado es de medio y no de resultado.
Indicó que el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó el fallo del a quo
mediante providencia de 27 de julio de 2022 y, en su lugar, declaró probada de
5
Proceso con radicado 47-001-23-31-001-2002-00839-01.
6
Identificado con radicado 47-001-33-31-005-2009-00263-01.
7
Al respecto, se indicó en la tutela: “La segunda demanda encabezada por German Gamero y
otros, que le correspondió en reparto al Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta,
mediante sentencia de fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil trece, despacho en forma
favorable las pretensiones de la demanda... siendo de anotar que en este proceso aparece
durante su desarrollo las pruebas de confesión de los paramilitares Tijeras y otros que
demuestran la participación por omisión de agentes del estado...
7o.- Teniendo en cuenta esta decisión y con base en las conductas cometidas por agentes del
Estado en combinación con Paramilitares procedí a presentar una nueva demanda dada la
imprescriptibilidad y no caducidad del medio de control conforme lo venía sosteniendo el H.
Consejo de Estado”. Trascripción literal del original con posibles errores.
3
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oficio la caducidad al encontrar que los demandantes tenían conocimiento del
suceso constitutivo de responsabilidad estatal desde el momento de su
acaecimiento, tan es así que otros familiares de los fallecidos promovieron
oportunamente un anterior proceso de reparación directa, el cual fue resuelto
de forma favorable.
Explicó que en dicha decisión se mencionó que el plazo con el que contaban
los accionantes para presentar la demanda finalizó el 28 de agosto de 2002,
según lo previsto en el literal i)8 del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 (CPACA). No obstante, acudieron a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo el 11 de mayo de 2016, sin que se evidenciara alguna de las
situaciones definidas en la sentencia de unificación de 29 de enero de 20209
que permitiera justificar la inacción de los actores.
1.4. Sustento de la petición
A juicio de la parte tutelante, el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió
en desconocimiento del precedente por cuanto omitió que el Consejo de
Estado10 y la Corte Constitucional11 inaplicaron el término de caducidad en los
casos de reparación directa por graves violaciones a derechos humanos
cometidas por agentes estatales.
Resaltó que si bien es cierto que se adelantó previamente un proceso con las
mismas pretensiones, también lo es que aparecieron pruebas mediante las
cuales se corroboraba la falla en el servicio de la Policía Nacional y, por ello,
presentó una nueva demanda al tratarse el asunto de un delito de lesa
humanidad, al cual no se le aplicaba el fenómeno jurídico de la caducidad
conforme con el criterio vigente para aquella época.
Puntualizó que en la audiencia inicial realizada el 17 de julio de 2017 por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, no se
declaró probada la excepción de caducidad bajo el argumento relativo a que
esta figura no operaba respecto de los delitos de lesa humanidad, lo que
impedía que en segunda instancia se efectuara algún pronunciamiento al
respecto.
Aseguró que la autoridad judicial accionada no podía aplicar con
retrospectividad al año 2016 la sentencia de unificación de 29 de enero de
8
“Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término
de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si
fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha
de su ocurrencia.”
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicado 85001-33-
33-002-2014-00144-01.
10
Al respecto, citó apartes de las sentencias de 17 de septiembre de 2013, 7 de septiembre de
2015 y 5 de septiembre de 2016, proferidas por la Sección Tercera, Subsección C de esta
Corporación, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicados 25000-23-26-000-2012-
00537-01, 85001-23-33-000-2013-0035-01 y 05001-23-33-000-2016-00587-01,
respectivamente.
11
Para tal efecto, citó apartes de las sentencias “SC 115 de 1998; C 565 de 2000; SC165 de
1993; SC 351 de 1994; SC 418 de 1994; C 565 de 2000; C 351 de 1994; C 832 de 2001 y C
781 de 1999”, así como la sentencia T-117 de 2022.
4
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2020 del Consejo de Estado y la SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional,
dado que no existían al momento de analizarse el caso, así que desconoció en
su integridad el bloque de constitucionalidad y la Convención Interamericana
de Derechos Humanos suscrita por Colombia.
Por último, refirió que las magistradas María Victoria Quiñones Triana y
Viviana López Ramos, integrantes del tribunal enjuiciado, no declararon
configurada la caducidad en los dos procesos que se promovieron
anteriormente por los hechos ocurridos en la “masacre de polvorín” con
radicados 47-001-23-31-001-2002-00839-01 y 47-001-33-31-005-2009-00263-
01, pese a que se trataban de casos similares al que nos ocupa.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 13 de diciembre de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta
decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Magdalena; además, vinculó al Ministerio de Defensa -
Policía Nacional, por tener interés en el resultado del presente mecanismo
constitucional.
Remitidas las respectivas comunicaciones12, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Ministerio de Defensa - Policía Nacional
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría General de la cartera
ministerial solicitó “denegar las súplicas de los accionantes ante la
improcedencia de la acción de tutela”, toda vez que la decisión objeto de
reproche se sustentó en la tesis fijada por la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, en torno a la
aplicación de la caducidad en asuntos relacionados con crímenes de presunta
lesa humanidad.
1.5.2. Tribunal Administrativo del Magdalena
El secretario de la corporación rindió informe en el que se opuso al amparo
deprecado por la parte actora, tras señalar que la acción de tutela está dirigida
a revivir los términos ya precluidos, especialmente si se tenía en cuenta que en
la sentencia debatida se declaró la caducidad del medio de control en atención
a los parámetros establecidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado en
la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en providencia de 26
de enero de 202313, luego de encontrar cumplidos los requisitos generales de
12
Mediante oficios enviados el 16 de diciembre de 2022.
13
Notificada el 2 de febrero de 2023.
5
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procedibilidad14 abordó el estudio del desconocimiento del precedente
invocado, análisis a partir del cual amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los actores.
En consecuencia, dejó sin efectos la providencia del 27 de julio de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena y ordenó a dicha
autoridad judicial que, en un plazo no superior a veinte (20) días contados a
partir de la ejecutoria de esa providencia, dictara una decisión de remplazo.
Arribó a dicha decisión al encontrar que la parte actora promovió el medio de
control de reparación directa el 11 de marzo de 2016, época en la cual la
posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo de Estado15 sostenía
que cuando las pretensiones de la demanda estaban encaminadas a obtener el
reconocimiento de los perjuicios causados por crímenes de lesa humanidad, la
imprescriptibilidad de la acción penal se extendía a la responsabilidad
patrimonial del Estado.
En ese sentido, indicó que la sentencia de unificación de la Sección Tercera
proferida el 29 de enero de 2020 no moduló sus efectos, por lo que se entendía
que operaba hacia el futuro, así que la colegiatura accionada debió dar
aplicación a la jurisprudencia que regía para el momento de la presentación de
la demanda.
1.7. Impugnación
Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 8 de febrero del
presente año a la Secretaría General de la corporación, la magistrada ponente
de la providencia proferida el 27 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo
del Magdalena impugnó la decisión del a quo, toda vez que en el asunto
sometido a su consideración aplicó el precedente vigente para la fecha en que
se profirió el fallo.
Recalcó que en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 se
estableció expresamente que el medio de control de reparación directa está
sujeto al término de caducidad cuando el hecho generador del daño alegado
constituye un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, bajo el
entendido de que el plazo de dos años para acudir al sistema judicial se
computa desde el momento en que los afectados conocieron o debieron
conocer la participación, por acción u omisión del Estado y advirtieron la
posibilidad de imputarle la responsabilidad patrimonial.
14
Al respecto, explicó que: “...los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados se encuentran plenamente individualizados... la parte accionante no contaba con
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional... la interposición
del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado desde
la fecha de notificación de la sentencia cuestionada (03 de octubre de 2022) hasta la radicación
de la acción de tutela (15 de noviembre de 2022)... el asunto a resolver es de marcada
relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración
iusfundamental como consecuencia del desconocimiento del precedente jurisprudencial en
que, presuntamente, incurrió la autoridad judicial cuestionada.”
15
“Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 17 de septiembre de 2013. Radicación
número: 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092) ...”.
6
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Puso de presente que en la sentencia SU-312 de 2020, la Corte Constitucional
aludió que “...no era necesario extender la figura de imprescriptibilidad que se
predica de [la] acción penal frente a los delitos de lesa humanidad al estudio de
la caducidad del medio de control de reparación directa para asegurar los
derechos de las víctimas...”.
Precisó que el Consejo de Estado16 aclaró que el cambio jurisprudencial tiene
efectos retrospectivos, lo que implica que el mismo sea aplicable a todos los
casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa, exceptuando
aquellos en los cuales exista una situación jurídica consolidada.
Entonces, resaltó que al analizar el caso de los actores no le era posible
apartarse del criterio señalado por el máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, máxime si no se materializó alguna de las causales que
permiten tal circunstancia excepcional, razón por la cual solicitó revocar el fallo
de primera instancia debido a que no incurrió en el cargo planteado.
1.8. Actuación procesal en segunda instancia
Estando el expediente al despacho para resolver la impugnación presentada
por el Tribunal Administrativo del Magdalena se advirtió que no se dispuso la
vinculación del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta, a pesar de que fue la autoridad judicial que conoció en primera instancia
el proceso dentro del cual se originó la decisión controvertida.
Es así como mediante auto de 21 de marzo del año en curso se ordenó
notificarlo en calidad de tercero con interés y, de conformidad con el artículo
137 del Código General del Proceso, se le puso en conocimiento la posible
configuración de la causal de nulidad prevista en el artículo 133 del mismo
código. A pesar de lo anterior, no efectuó algún pronunciamiento respecto a los
reproches expuestos en la tutela y la impugnación.
1.9. Berta Cecilia Medina Castro y otros
El apoderado de los accionantes reiteró los hechos narrados en el escrito de la
tutela y los reparos expuestos contra la providencia cuestionada, a partir de lo
cual solicitó que se confirme el fallo del a quo y se adicione “con el argumento
en la ratio decidendi de estar en este caso particular frente a una decisión
jurídica consolidada”.
Insistió que la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y en la providencia SU-312 de 2020 de
la Corte Constitucional eran inaplicables a la litis, por lo tanto, debía tenerse en
cuenta el criterio que regía para el año 2016, según el cual, el medio de control
de reparación directa era imprescriptible cuando el daño provenía de un delito
de lesa humanidad.
16
Como respaldo, citó apartes de la sentencia proferida el 29 de abril de 2021 por la Sección
Primera del Consejo de Estado, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, rad. 2021-01372-00
(AC).
7
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte demandada contra la providencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, el 26 de enero de 2023, según lo previsto en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 201517, así como en el Acuerdo 80 de 12
de marzo de 201918.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si el
Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora,
por presuntamente incurrir en el desconocimiento del precedente planteado.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales y ii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201219, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”20
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión
de unificación.
17
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
18
Reglamento interno de la corporación.
19
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
20
Ibídem. Negrilla fuera de texto original.
8
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Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Caso concreto
La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados
pues, en su sentir, fueron vulnerados por cuanto el Tribunal Administrativo del
Magdalena incurrió en desconocimiento del precedente en la providencia que
profirió el 27 de julio de 2022, dentro del medio de control que promovió con el
propósito de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la muerte
de sus familiares en la “masacre de polvorín” ocasionada por grupos al margen
de la ley, toda vez que declaró probada de oficio la caducidad.
En el asunto en estudio la controversia expuesta por los actores radica en que
la autoridad judicial demandada no debió aplicar las reglas fijadas por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020 y por la Corte Constitucional en la providencia SU-312 de 2020
a hechos ocurridos con anterioridad a que se profirieran, sino que debía
9
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resolver su caso conforme con la postura vigente para la fecha en que se
presentó la demanda.
De modo que el tribunal enjuiciado prescindió del criterio del Consejo de
Estado21 y la Corte Constitucional22 consistente en la inoperancia de la
caducidad en los medios de control de reparación directa cuando el daño
proviene de un delito de lesa humanidad, así como de sus propias decisiones23
en las cuales no declaró configurada tal figura procesal.
A juicio de la parte actora, era viable acudir por segunda vez ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo debido a que aparecieron pruebas mediante
las cuales se confirmaba la omisión en la que incurrió la Policía Nacional;
además, refirió que en la audiencia inicial realizada dentro del proceso objeto
de discusión se hizo referencia a la inoperancia de la caducidad en cuanto a
los delitos de lesa humanidad, lo que impedía que en segunda instancia se
efectuara algún pronunciamiento sobre ese punto.
Bajo este contexto, el a quo accedió al amparo solicitado por los tutelantes al
concluir que la colegiatura enjuiciada incurrió en el yerro invocado, toda vez
que la demanda de reparación directa se promovió el 11 de marzo de 2016,
fecha para la cual el criterio mayoritario consistía en que la imprescriptibilidad
de la acción penal se extendía a la responsabilidad patrimonial del Estado, sin
que fuera dable aplicar la tesis de la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020, dado que no se modularon sus efectos.
Inconforme con dicha decisión, la magistrada ponente de la sentencia proferida
el 27 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena la impugnó,
por cuanto resolvió la litis sometida a su consideración con sustento en el
criterio que regía para el momento en que se dictó el fallo, el cual era de
obligatorio cumplimiento por ser instituido por el máximo órgano de la
jurisdicción contenciosa y es aplicable a todos los casos pendientes de resolver
en vía judicial y administrativa, exceptuando aquellos en los cuales exista una
situación jurídica consolidada.
De la revisión del contenido de la providencia en cuestión se encuentra que el
Tribunal Administrativo del Magdalena verificó si se configuraba la caducidad
del medio de control de reparación directa a partir de la sentencia de 29 de
enero de 2020, mediante la cual la Sala Plena de la Sección Tercera de esta
corporación unificó su criterio en torno a la procedencia de tal figura procesal,
en los siguientes términos:
“...Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
se unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
21
Sentencias de 17 de septiembre de 2013, 7 de septiembre de 2015 y 5 de septiembre de
2016, Sección Tercera, Subsección C de esta corporación, M.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa, radicados 25000-23-26-000-2012-00537-01, 85001-23-33-000-2013-0035-01 y
05001-23-33-000-2016-00587-01, respectivamente.
22
“SC 115 de 1998; C 565 de 2000; SC165 de 1993; SC 351 de 1994; SC 418 de 1994; C 565
de 2000; C 351 de 1994; C 832 de 2001 y C 781 de 1999” y la sentencia T-117 de 2022.
23
Al respecto, trajo a colación los procesos con radicados 47-001-23-31-001-2002-00839-01 y
47-001-33-31-005-2009-00263-01.
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guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de
acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar al Estado la
indemnización de un daño es inaplicable en aquellos eventos en los que se
adviertan circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista
material, el ejercicio del derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el
que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado, pues para tales
efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la condición
particular de quien acude a la administración de justicia.”24
Igualmente, trajo a colación la sentencia SU-312 de 202025, por medio de la
cual la Corte Constitucional acogió la postura fijada por el Consejo de Estado
en el pronunciamiento de unificación previamente citado, bajo la siguiente línea
argumentativa:
“...6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[171], en la Sentencia del 29 de
enero de 2020[172], la Corte considera que no es necesario extender la figura
de imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los delitos de
lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio de control de
reparación directa para asegurar los derechos de las víctimas, puesto que,
además de tratarse de instituciones jurídicas con características y lógicas
diferentes[173], el término legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable al que lleva inmerso
dicha figura aplicable a la persecución penal, el cual busca ponderar los
principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.
6.42. Efectivamente, en clave con lo dispuesto por el legislador, los
perjudicados por un menoscabo originado en un delito de lesa humanidad,
un crimen de guerra o un genocidio imputable a una autoridad pública,
tienen un término de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y velar
por sus intereses en el entendido de que dicho plazo únicamente empezará
a contarse, bajo la misma lógica de la imprescriptibilidad penal que se
predica de las mencionadas conductas delictivas, una vez la persona tenga
conocimiento real de la participación, por acción u omisión, del Estado y se
encuentre en la posibilidad material de imputarle el daño causado.
...6.55. Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas, la Sala Plena
de la Corte estima que la aplicación del término legal de caducidad del
medio de control de reparación directa en tratándose de daños originados
en delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra es acorde a
los mandatos constitucionales y, por ello, decide unificar su jurisprudencia en
tal sentido con el fin de superar los criterios divergentes existentes dentro de la
Jurisdicción Constitucional.”26
Al tenor de la tesis jurisprudencial citada, el tribunal cuestionado puntualizó que
por regla general la oportunidad para acudir a esta jurisdicción se calcula
24
Destacado por la Sala.
25
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
26
Destacado por la Sala.
11
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desde la ocurrencia del daño, o cuando se tuvo o debió tenerse conocimiento
de los hechos y tan solo se dispuso como excepción a ello cuando los
perjuicios se deriven de la desaparición forzada. Adicionalmente, tras revisar el
material probatorio obrante en el plenario, evidenció lo siguiente:
i) El hecho objeto de la pretensión de declaratoria de responsabilidad estatal
fue la muerte de los señores William Antonio Merino Medina, Dora Camacho
Serpa, Elkin José Meriño Medina y Alexander Barreto Alvis el 27 de agosto de
2000 en el municipio de Ciénaga (Magdalena), como consecuencia de
laceraciones cerebrales y trauma craneoencefálico ocasionados por proyectil
de arma de fuego.
ii) Los demandantes tuvieron conocimiento del fallecimiento de sus familiares a
manos de grupos armados al margen de la ley desde el mismo momento de su
ocurrencia, pues dicha situación fue de conocimiento público, tan es así que en
la demanda se indicó que “toda la ciudadanía del municipio de Ciénaga,
Magdalena tuvo conocimiento del hecho, y durante la incursión del grupo
armado se dio aviso a las autoridades de policía”.
iii) Según lo previsto en el literal i)27 del numeral 2º del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 (CPACA), se determinó que el término de caducidad debió
empezar a computarse a partir del 28 de agosto de 2000, es decir que los
actores podían demandar hasta el 28 de agosto de 2002. Sin embargo, éstos
acudieron ante el juez contencioso administrativo a reclamar sus derechos el
11 de mayo de 2016, esto es, transcurridos más de 15 años.
iv) En el año 2002 otros familiares reclamaron vía judicial los perjuicios que le
fueron causados por la muerte de los mencionados ciudadanos, proceso dentro
del cual el Juzgado Segundo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa
Marta, mediante sentencia de 26 de septiembre de 2011, accedió a las
pretensiones de la demanda al encontrar responsable a la Nación - Ministerio
de Defensa - Policía Nacional, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena en fallo de 23 de agosto de 2013, en el que
además se ordenó medidas de naturaleza no pecuniaria.
v) Con los testimonios traídos como prueba trasladada del medio de control de
reparación directa “47-001-3331-002-2002-00840-00 (47-001-33-31-002-2009-
00263-00)”28, el oficio que daba cuenta de la inclusión de los demandantes en
el RUV29 por el hecho victimizante de homicidio (masacre) y las certificaciones
relacionadas con las investigaciones penal y en el marco de Justicia y Paz por
la muerte de los hijos de la señora Berta Medina Castro, se corroboró que los
demandantes desde el 27 de agosto del año 2000 estaban enterados no solo
de la muerte de sus familiares, sino también de las circunstancias que rodearon
su ocurrencia.
27
“Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en
la fecha de su ocurrencia.”
28
Procesos que se presentaron por los mismos actores y otros familiares.
29
Registro Único de Victimas.
12
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Por último, en la providencia debatida se recalcó que no se observaba la
existencia de alguna situación mediante la cual se evidenciara que la
comparecencia tardía ante la administración de justicia estuvo justificada, para
poder inaplicar de manera excepcional la caducidad, en consonancia con lo
establecido en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020.30
Ahora bien, para esta Sección el precedente hace referencia a la regla de
derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es
decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado
que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla
de derecho.
Es de anotar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Cortes, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus
funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como en la coherencia del ordenamiento
jurídico.
La parte que invoca el desconocimiento de un precedente debe cumplir con la
carga mínima de i) identificar la decisión que considera desatendida, ii) la ratio
de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.
En el asunto que nos ocupa, la Sala considera acertado que el tribunal
demandado analizara si se había configurado la caducidad, pues justamente
ello obedeció a la regla de unificación fijada por la Sección Tercera del
Consejo de Estado relativa a que en las acciones derivadas de delitos de lesa
humanidad sí opera tal figura en los términos del literal i) del numeral 2º del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), la cual fue acogida por la Corte
Constitucional en la SU-312 de 2020.
Contrario a lo señalado por el a quo, dicho criterio era el aplicable al caso en
estudio por estar contenido en un fallo de unificación, de modo que debía
observarse con preferencia respecto de los demás precedentes, máxime si se
tiene en cuenta que estaba vigente para la fecha en que se dictó la providencia
en cuestión.31
Diferente es que se encontrara demostrado con grado de certeza que los
demandantes tuvieron conocimiento del daño desde el momento en que se
originó y que éste era atribuible a la Policía Nacional, aunado a que no se
30
Sobre el particular, en esta sentencia de unificación se adujo que: “...En síntesis, el juez de lo
contencioso administrativo debe, excepcionalmente, inaplicar el término de caducidad de la
pretensión de reparación directa cuando advierta que la no comparecencia ante la
administración de justicia se encuentra justificada por razones materiales, pues el paso del
tiempo no puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración
de justicia, lo cual, se insiste, depende de las circunstancias especiales de cada sujeto.”
31
En este mismo sentido se pronunció esta Sección, entre otras, en las sentencias de 2 de
marzo de 2022, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2022-05570-01, 25 de
agosto de 2022, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-02074-01 y 30
de marzo de 2023, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2023-01098-00.
13
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advirtió alguna circunstancia que objetivamente les haya impedido acudir de
manera oportuna.
La Sala Plena del Consejo de Estado32 precisó que, por regla general, el
precedente se aplica en forma retrospectiva cuando las reglas o subreglas de
derecho fijadas cobijan trámites cuya solución está pendiente, tanto en vía
administrativa como judicial “salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables”.
A su vez, la Sección Tercera de esta corporación33 aludió que las sentencias
de unificación cuentan con dicho carácter vinculante, así que los jueces “…
deben aplicar los criterios de unificación vigentes al momento de proferir sus
providencias, pues, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ello redunda
en una mayor coherencia del sistema jurídico y garantiza de mejor manera la
vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos”.
Entonces, si bien las sentencias de unificación de 29 de enero de 2020 y SU-
312 del mismo año se profirieron después que los actores presentaron la
demanda de reparación directa –11 de marzo de 2016–, lo cierto es que el
carácter retrospectivo de éstas vincula a los jueces que conocen del proceso
que aún no ha hecho tránsito a cosa juzgada, por lo tanto, su aplicación
resultaba obligatoria para el Tribunal Administrativo del Magdalena.
Cabe agregar que los cambios jurisprudenciales no pueden regular eventos en
los que se configuró la cosa juzgada, es decir, no pueden afectar situaciones
jurídicas consolidadas. Sin embargo, en el marco del medio de control de
reparación directa objeto de reproche no se hizo alusión a la existencia de tal
figura.
Así las cosas, no es de recibo el cuestionamiento atinente a que el tribunal
accionado no tuvo en cuenta que el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta no declaró probada la excepción de caducidad
en la audiencia inicial que se llevó a cabo el 17 de julio de 2017, dado que no
operaba respecto de los delitos de lesa humanidad.
Esto, debido a que la Sección Tercera del Consejo de Estado en aquella época
no tenía una postura consolidada en torno a la inaplicación de la caducidad
cuando el daño reclamado es el resultado de una grave violación a los
derechos humanos, como si sucedió al momento de resolverse la litis en
segunda instancia, a lo que se suma que el ad quem está facultado para
pronunciarse respecto de las excepciones propuestas o la que encuentre
probada de oficio.34
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto
de 18, M.P. César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ),
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 30 de julio de 2021, M.P. Marta Nubia Velázquez Rico, rad. 05001-23-33-000-
2018-01831-01(66941).
34
Al respecto, el artículo 187 del CPACA prevé que “...en la sentencia se decidirá sobre las
excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada”. El artículo
328 del CGP señala que el “juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
14
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Además, no le asiste razón a la parte actora al considerar que el tribunal
cuestionando desatendió el criterio del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional contenido en las providencias referenciadas en la tutela, en
tanto que fueron proferidas antes de que se unificara el tema de la caducidad
en juicios como el analizado y se recogieran las tesis divergentes que existían
mediante el fallo de 29 de enero de 2020.
En cuanto a la sentencia T-117 de 2022 de la Corte Constitucional se advierte
que no constituye precedente vinculante, sino a lo sumo un criterio auxiliar,
dado que esta clase de pronunciamiento no corresponde a una sentencia que
unifique el criterio de esa corporación o resuelva una demanda de
inconstitucionalidad; además, en dicho proveído se abordó una controversia
distinta a la que nos ocupa, pues giró en torno a la existencia de pruebas
dirigidas a demostrar la condición de víctimas por desplazamiento forzado.
Para finalizar, los actores sugieren que se le dio un trato desigual por cuanto
las magistradas María Victoria Quiñones Triana y Viviana López Ramos,
integrantes del tribunal enjuiciado, conocieron los dos procesos35 que se
presentaron antes por el mismo suceso y no declararon configurada la
caducidad.
Sin embargo, tras realizar un examen estricto de igualdad se encontró que no
es acertado considerar que la misma autoridad judicial con idénticos supuestos
fácticos y jurídicos decidió dos litigios de manera diferente, toda vez que las
Salas de Decisión estuvieron conformadas por funcionarios judiciales
diferentes, incluso, la magistrada Viviana López Ramos no participó en el
proceso dentro del cual se dictó la sentencia cuestionada.
De hecho, los medios de control de reparación directa anteriores se resolvieron
por el tribunal accionado en los años 2009 y 2013, fechas en las que, se
reitera, no existía un criterio único en torno a la materia en discusión, así que
podía optarse por cualquiera de las tesis existentes en ejercicio de los
principios de autonomía e independencia judicial.
En este orden de ideas, la Sala revocará la providencia impugnada, que
accedió al amparo solicitado por los actores para, en su lugar, denegar la
acción de tutela pues no se vislumbra la vulneración de sus derechos
fundamentales sino, por el contrario, que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena se encuentra en consonancia con el precedente
aplicable al asunto bajo estudio.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley...” y el artículo 278 del CGP contempla que “...En
cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los
siguientes eventos: ...3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la
caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa.”
35
Con radicados 47-001-23-31-001-2002-00839-01 y 47-001-33-31-005-2009-00263-01.
15
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FALLA
PRIMERO: Revócase la sentencia de 26 de enero de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y, en su lugar,
deniégase la acción de tutela presentada por la señora Berta Cecilia Medina
Castro y otros, por los motivos descritos anteriormente.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
16
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