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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03187-00

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03187-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la acción de tutela presentada por las señoras Martiris Alvarado Pedrozo y Daniela Andrea Narváez Alvarado, así como los señores José Daniel Narváez Díaz, Martín Alonso Narváez Alvarado, Alex Centeno Alvarado y Aristóteles Centeno Alvarado, por los motivos descritos anteriormente. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03187-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

3 de agosto de 2023

Demandantes: Martiris Alvarado Pedrozo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03187-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03187-00
Demandantes: MARTIRIS ALVARADO PEDROZO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del
precedente. Caducidad del medio de control de reparación
directa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Las señoras Martiris Alvarado Pedrozo y Daniela Andrea Narváez Alvarado,
así como los señores José Daniel Narváez Díaz, Martín Alonso Narváez
Alvarado, Alex Centeno Alvarado y Aristóteles Centeno Alvarado, por conducto
de apoderado, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Cesar y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a
la administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al debido
proceso y a la reparación integral.

Lo anterior, con ocasión de las sentencias de 15 de diciembre de 2022 y 4 de
junio de 2019 proferidas por las mencionadas autoridades judiciales,
respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa que
promovieron contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional,
identificado con el radicado 20001-33-31-001-2017-00190-00/01, en el cual se
declaró probada la excepción de caducidad.

1.2. Pretensiones:

En consecuencia, la parte actora solicitó:

“5.1.- De conformidad con todos los planteamientos efectuados por nosotros,
ruego del Honorable Consejo de Estado, se amparen los derechos

1
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Demandantes: Martiris Alvarado Pedrozo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03187-00

fundamentales invocados del DEBIDO PROCESO, a un VERDADERO ACCESO
A LA JUSTICIA, y al DERECHO A LA IGUALDAD, A LA REPARACION
ADMINISTRATIVA, y para ello pido:

5.2.- Como primera consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto, la sentencia
emanada del Tribunal Administrativo del Cesar, con ponencia del Doctor
CARLOS MARIO HOYOS ARANGO, con fecha 15 de diciembre de 2022, ,
dentro del proceso Contencioso Administrativo, en el medio de Acción de
Reparación directa, radicado 20-001-3333-001-2017-00190-00, incoada por
MARTIRIS ALVARADO PEDROZO y otros, contra La NACION- MINISTERIO DE
DEFENSA- EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, la cual dispuso confirmar la
sentencia de primera instancia.

5.3.- Como segunda consecuencia, que se le ordene a los causantes del
agravio, que son los magistrados suscribientes CARLOS MARIO HOYOS
ARANGO (Magistrado Ponente) DORIS PINZON AMADO y MARIA LUZ
ALVAREZ ARAUJO, o quienes los remplacen si es del caso, en cumplimiento del
fallo de amparo ordenado, se sirvan dictar nueva sentencia en remplazo de la ya
dictada, conforme a las pautas, criterios y ordenes, que señale el Juez de
Amparo Constitucional que para este caso concreto es el Honorable CONSEJO
DE ESTADO, en su defecto la Honorable Corte Constitucional en el evento que
sea allí en sede de Revisión.

5.4.- Que se impartan las demás órdenes, prevenciones y comunicaciones
conforme lo exija la naturaleza de la acción de Tutela.”1

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte actora relató que el 17 de mayo de 2017 la señora Martiris Alvarado
Pedrozo y otros2 promovieron el medio de control de reparación directa para
que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional de la muerte de su hijo, el joven Álvaro Javier
Alvarado Pedrozo, ocurrida el 20 de junio de 2006.3

Narró que del asunto conoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Valledupar que, mediante providencia de 4 de junio de 2019, declaró probada
la excepción de caducidad tras advertir que los demandantes desde el
momento del deceso de su familiar tenían conocimiento que éste se originó por
el presunto actuar irregular del Ejército Nacional, así que el plazo con el que
contaban para presentar la demanda finalizó el 20 de junio del año 2008.

Precisó que dicha autoridad judicial consideró que no era dable aplicar la
posición del Consejo de Estado relacionada con la teoría del daño descubierto,
porque en el caso analizado no había una sentencia penal en la cual se
señalara que la víctima era una persona protegida y, por lo tanto, el Estado
desconoció su carácter de garante de aquella.

1
Trascripción literal del original con posibles errores.
2
Daniela Andrea Narváez Alvarado, José Daniel Narváez Díaz, Martín Alonso Narváez
Alvarado, Alex Centeno Alvarado, Aristóteles Centeno Alvarado, Luis Fernando Narváez
Alvarado, Johan Samir Centeno Alvarado, Miller Yesid Centeno Alvarado y Wilmary Pedrozo
Alvarado.
3
En hechos originados en el corregimiento de Casacará jurisdicción del municipio de Agustín
Codazzi a manos de miembros del Ejército Nacional, quienes presuntamente lo presentaron
como muerte en combate por pertenecer al frente 41 de las Farc, cuando en realidad se trató
de una ejecución extrajudicial.

2
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Demandantes: Martiris Alvarado Pedrozo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03187-00

Explicó que el apoderado de los accionantes interpuso recurso de apelación,
por cuanto en la anterior providencia no se tuvo en cuenta que el joven Álvaro
Javier Alvarado Pedrozo fue víctima de un crimen de lesa humanidad, de modo
que se debía exceptuar la aplicación de la figura de la caducidad del medio de
control de reparación directa.

Mencionó que el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de sentencia de
15 de diciembre de 2022, confirmó el fallo del a quo al concluir que para el año
2006 los accionantes tenían plena certeza de que el Ejército Nacional podría
estar involucrado en la muerte de su familiar, pese a ello no presentaron la
demanda oportunamente y tampoco expresaron alguna circunstancia especial
que les hubiera impedido hacerlo.

Aludió que dicha colegiatura desestimó los argumentos de la apelación con
respaldo en la tesis fijada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la sentencia de unificación de 29 de enero de 20204, según la
cual, los delitos considerados como de lesa humanidad, entre los que está el
denominado “falsos positivos”, no están exceptuados per se de la aplicación de
la caducidad.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de los tutelantes, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente, toda vez que en la providencia de 7 de julio
de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado5 se indicó que la sentencia de unificación proferida el 29 de enero de
2020 no moduló sus efectos, por lo que se entendía que operaba hacia el
futuro, así que debió darse aplicación a la jurisprudencia que regía para el
momento de la presentación de la demanda de reparación directa, en aras de
garantizar los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 20 de junio de 2023, el magistrado ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandados
a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Cesar, así como al
juez Primero Administrativo del Circuito de Valledupar.

Además, vinculó a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y a los
señores Luis Fernando Narváez Alvarado, Johan Samir Centeno Alvarado,
Miller Yesid Centeno Alvarado y Wilmary Pedrozo Alvarado6, en atención al
interés que les asiste en las resultas de este proceso.

Remitidas las respectivas comunicaciones7, se presentaron las siguientes
intervenciones:

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicado 85001-33-
33-002-2014-00144-01.
5
Al interior del trámite de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-01694-01.
6
Quienes también integraron la parte demandante del proceso dentro del cual se profirieron las
sentencias cuestionadas.
7
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 21 de junio y 5 de julio de 2023.

3
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1.5.1. Tribunal Administrativo del Cesar

La presidente de la corporación rindió informe el 26 de junio del año en curso,
por medio del cual se opuso al amparo solicitado por la parte actora y citó in
extenso apartes de la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2022 por ese
tribunal dentro del medio de control objeto de controversia, a partir de lo cual
señaló que en el asunto en estudio no se evidenciaba la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

1.5.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar remitió el
expediente digital del proceso promovido por la señora Alvarado Pedrozo y
otros. Los demás vinculados, pese a que fueron debidamente notificados de la
existencia del presente trámite, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el
numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el
Tribunal Administrativo del Cesar8 vulneró los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al
debido proceso y a la reparación integral de la parte actora, por presuntamente
incurrir en el desconocimiento del precedente planteado.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La sala plena de lo contencioso administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y en ella
concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra

8
Cabe aclarar que la acción de tutela se dirigió contra las providencias dictadas por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del
Cesar. Sin embargo, el estudio del caso se abordará conforme con los planteamientos
expuestos en la última de las decisiones objeto de reproche, por ser aquella que puso fin al
proceso que dio origen a la tutela.
9
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

4
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providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos...”.

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación modificó su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 26 de junio de 2022 explicó
que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada,
cuando se presente el mecanismo de amparo constitucional contra una

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decisión judicial “...el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros
puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues
tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada’.”

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

“...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.”10

En tales condiciones, se advierte que en el caso en estudio se cumple este
presupuesto en atención a que i) se planteó un debate que implica determinar
si se configuró la posible transgresión de los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, a la igualdad, al
debido proceso y a la reparación integral de los actores, con ocasión de la
presunta irregularidad en la que incurrió la autoridad judicial accionada, el cual
amerita la intervención del juez de tutela.

ii) La controversia no es exclusivamente legal o de contenido estrictamente
económico por cuanto la parte accionante enfocó, desde una perspectiva
constitucional, por qué resulta necesario verificar si se configura el defecto por
desconocimiento del precedente planteado, consistente en que se desatendió
lo señalado en la providencia de 7 de julio de 2022 proferida por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado11 en torno a la inoperancia de
la caducidad en casos relacionados con delitos de lesa humanidad.

iii) Los demandantes expusieron argumentos suficientes que permiten entender
que la afectación que, en su sentir, se originó a los referidos derechos se
produjo debido a que no era dable aplicar a su caso la sentencia de unificación
proferida el 29 de enero de 2020 por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, pues la regla fijada en dicho pronunciamiento no se
encontraba vigente para la época en que se presentó la demanda.

10
Destacado por la Sala.
11
Al interior del trámite de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-01694-01.

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2.4.2. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa que promovió la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional, identificado con el radicado 20001-33-31-001-2017-00190-00/01.

2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la sentencia en cuestión se profirió el 15 de diciembre de
2022, la cual fue notificada mediante correo electrónico enviado el 16 de
diciembre de 2022, por lo que sin que sea necesario precisar la fecha en que
cobró ejecutoria, se puede concluir que la parte actora acudió en un término
razonable ante el juez de tutela en defensa de sus derechos fundamentales
invocados, comoquiera que la acción de tutela se radicó el 14 de junio de 2023,
es decir que transcurrieron menos de 6 meses.12

2.4.4. En lo referente al requisito de subsidiariedad, se observa que la parte
accionante no dispone de otros medios de defensa judicial, ordinarios o
extraordinarios, para censurar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, por cuanto no proceden los recursos extraordinarios
de revisión y de unificación de jurisprudencia, dado que no se configuran los
requisitos señalados en los artículos 248 y 258 de la Ley 1437 de 2011.

Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía
judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad
jurídica y la confianza en los fallos judiciales

2.5. Caso concreto

En el asunto en estudio la parte actora solicitó la protección de sus derechos
fundamentales invocados pues, en su sentir, fueron vulnerados por cuanto el
Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en desconocimiento del precedente
en la providencia que profirió el 15 de diciembre de 2022, dentro del medio de
control que promovió con el propósito de obtener la reparación de los perjuicios
ocasionados con la muerte de su familiar propiciada por integrantes del Ejército
Nacional.

Lo anterior, debido a que en la sentencia objeto de reproche se confirmó la
decisión mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad, pese
a que el daño alegado por los demandantes se derivó de la presunta ejecución
extrajudicial de la que fue víctima el joven Álvaro Javier Alvarado Pedrozo, es
decir, de un crimen de lesa humanidad respecto del cual no opera tal fenómeno
jurídico.

Según se tiene, la controversia expuesta por los actores radica en que la
autoridad judicial cuestionada no debió aplicar las reglas fijadas por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020 a hechos ocurridos con anterioridad a que se profiriera, sino que debía

12
Tiempo que esta Sala consideró razonable para ejercicio de este mecanismo constitucional
bajo los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

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resolver su caso conforme con la postura vigente para la fecha en que se
presentó la demanda, tal como se indicó en el fallo de tutela de 7 de julio de
2022 proferido por la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación.13

Sobre este punto, el Tribunal Administrativo del Cesar explicó en la providencia
debatida que el Consejo de Estado para la fecha en que se profirió la sentencia
de primera instancia –4 de junio de 2019– tenía diferentes posturas14, razón
por la cual la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, en
providencia de 29 de enero del 2020, unificó su criterio “en una sentencia que
lógicamente no pudo ser referente de análisis para que el a-quo solucionara el
asunto porque fue proferida con posterioridad a la providencia que es objeto
del presente pronunciamiento”.

A su vez, la colegiatura accionada refirió que aplicaría el criterio unificado por
ser de “...inmediato y obligatorio cumplimiento”, lo que no afectaría el
resultado del proceso “...pues el a quo tom[ó] postura de criterios
concordantes con los ahora descritos...”. Es así como el tribunal
cuestionado desestimó los reparos expuestos en el recurso de apelación, bajo
la siguiente línea argumentativa:

“... Particularmente se itera que, conforme con lo señalado por el Consejo de
Estado, en la Sentencia de Unificación15, muchas veces referenciada, no puede
compartirse el argumento de la parte demandante en el sentido de que el medio
de control de reparación directa no caduca en el presente caso por tratarse de
un crimen de lesa humanidad, toda vez que, como lo señaló el Máximo Órgano
de lo Contencioso Administrativo, excepcionalmente, es posible inaplicar el
“término de caducidad de la pretensión de reparación directa cuando se advierta
que la no comparecencia ante la administración de justicia se encuentra
justificada por razones materiales, pues el paso del tiempo no puede empezar a
correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, lo
cual, se insiste, depende de las circunstancias especiales de cada sujeto”, por
ello, no basta que en el presente caso se haya invocado una conducta
supuestamente constitutiva de un delito de lesa humanidad, sino que debía
la parte demandante alegar y demostrar alguna situación que hubiera
afectado de manera ostensible los derechos al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia y que obstaculizaron objetivamente el
ejercicio del derecho de acción, y no lo hizo.”16

Es preciso señalar que en la providencia debatida se recalcó que no se
observaba la existencia de alguna situación mediante la cual se evidenciara
que la comparecencia tardía ante la administración de justicia estuvo
justificada, para poder inaplicar de manera excepcional la caducidad, en
consonancia con lo establecido en la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020.17

13
Al interior del trámite con radicado 11001-03-15-000-2022-01694-01.
14
“...en el sentido de extender la imprescriptibilidad de la acción penal al escenario de la
responsabilidad patrimonial del Estado, o de aplicar la consecuencia de la caducidad en los
términos del literal i), numeral 2 del artículo 164 del CPACA”.
15
“Del 29 de enero de 2020.”
16
Trascripción literal del original con posibles errores. Negrilla fuera del texto original.
17
Sobre el particular, en esta sentencia de unificación se adujo que: “...En síntesis, el juez de lo
contencioso administrativo debe, excepcionalmente, inaplicar el término de caducidad de la
pretensión de reparación directa cuando advierta que la no comparecencia ante la
administración de justicia se encuentra justificada por razones materiales, pues el paso del
tiempo no puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la administración
de justicia, lo cual, se insiste, depende de las circunstancias especiales de cada sujeto.”

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Demandantes: Martiris Alvarado Pedrozo y otros
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La razón de ello la justificó en que si los demandantes para la fecha de la
ocurrencia de los hechos –20 de junio de 2006– contaban con elementos de
juicio para inferir que el Ejército Nacional era susceptible de ser demandado en
ejercicio del medio de control de reparación directa, tal y como lo indicaron en
el informe de 22 de mayo de 2012 rendido ante el coordinador Policía Judicial
adscrito a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario de Bucaramanga18, el término de dos años para ejercer el medio
de control de reparación directa comenzó a correr a partir del siguiente en que
habían conocido del hecho dañoso y de la presunta participación de agentes
del Estado.

Entonces, el tribunal accionado explicó que la solicitud de conciliación ante el
Ministerio Publico fue presentada el 24 de marzo de 2017, fecha en la que
había operado el fenómeno de la caducidad, lo mismo que para el momento en
que se radicó la demanda –17 de mayo de 2017–, tal como fue declarado en
primera instancia, pero con la aclaración relativa a que los delitos de lesa
humanidad, entre los que está considerado el denominado “falsos positivos”,
no están exceptuados per se de la aplicación de la caducidad.

Ahora bien, para esta Sección el precedente hace referencia a la regla de
derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es
decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado
que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla
de derecho.

Es de anotar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Cortes, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus
funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como en la coherencia del ordenamiento
jurídico.

La parte que invoca el desconocimiento de un precedente debe cumplir con la
carga mínima de i) identificar la decisión que considera desatendida, ii) la ratio
de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.

En el asunto que nos ocupa, la sala19 considera acertado que el tribunal
demandado analizara si se había configurado la caducidad, pues justamente
ello obedeció a la regla de unificación fijada por la Sección Tercera del
Consejo de Estado relativa a que en las acciones derivadas de delitos de lesa
humanidad sí opera tal figura en los términos del literal i) del numeral 2º del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), la cual fue acogida por la Corte
Constitucional en la SU-312 de 2020.

18
“...en el que se deja consignado que la señora Martiris Alvarado Pedrozo madre del occiso
solicita la verificación de las diligencias adelantadas por la Justicia Penal Militar de la Décima
Brigada del Ejército en Valledupar, pues la investigación por la muerte de su hijo fue archivada,
pero tiene la esperanza de que se haga justicia y se pueda limpiar el nombre de su hijo quien
según su decir fue asesinado sin ninguna justificación, pero presentado como muerte en
combate, lo que demuestra un caso de Falso Positivo.”
19
En este mismo sentido se pronunció, entre otras, en la sentencia de 20 de abril de 2023,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-06036-01.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Martiris Alvarado Pedrozo y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03187-00

A lo que se suma que dicho criterio era el aplicable al caso en estudio por estar
contenido en un fallo de unificación, de modo que debía observarse con
preferencia respecto de los demás precedentes, máxime si se tiene en cuenta
que estaba vigente para la fecha en que se dictó la providencia en cuestión.20

Diferente es que se encontrara demostrado con grado de certeza que los
demandantes tuvieron conocimiento del daño desde el momento en que se
originó y que éste era atribuible al Ejército Nacional, aunado a que no se
advirtió alguna circunstancia que objetivamente les haya impedido acudir de
manera oportuna.

La Sala Plena del Consejo de Estado21 precisó que, por regla general, el
precedente se aplica en forma retrospectiva cuando las reglas o subreglas de
derecho fijadas cobijan trámites cuya solución está pendiente, tanto en vía
administrativa como judicial “salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables”.

A su vez, la Sección Tercera de esta corporación22 aludió que las sentencias
de unificación cuentan con dicho carácter vinculante, así que los jueces “…
deben aplicar los criterios de unificación vigentes al momento de proferir sus
providencias, pues, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ello redunda
en una mayor coherencia del sistema jurídico y garantiza de mejor manera la
vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos”.

Quiere ello decir que si bien la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020
se profirió después que los actores presentaron la demanda de reparación
directa –17 de mayo de 2017–, lo cierto es que el carácter retrospectivo de
éstas vincula a los jueces que conocen del proceso que aún no ha hecho
tránsito a cosa juzgada, por lo tanto, su aplicación resultaba obligatoria para el
Tribunal Administrativo del Cesar.

Finalmente, se advierte que la parte actora considera que la autoridad judicial
censurada se apartó de la postura señalada por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado en la sentencia de 7 de julio de 202223; no
obstante, al revisar esta providencia se verificó que se trata de aquel proferido
en el marco de una acción de tutela, el cual no puede ser tenido en cuenta
como precedente para el caso objeto de estudio, pues no fue dictado por la
Sala Plena de la Corte Constitucional, órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional.

Por lo tanto, la sala concluye que no se vislumbra la vulneración de los
derechos fundamentales invocados sino, por el contrario, se observa que la
20
Al respecto, se pueden consular las sentencias de 2 de marzo de 2022, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2022-05570-01, 25 de agosto de 2022, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2022-02074-01 y 30 de marzo de 2023, M.P.
Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2023-01098-00.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto
de 18, M.P. César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ),
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de 30 de julio de 2021, M.P. Marta Nubia Velázquez Rico, rad. 05001-23-33-000-
2018-01831-01(66941).
23
Al interior del trámite de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-01694-01.

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decisión proferida por el tribunal cuestionado se encuentra en consonancia con
la tesis fijada por la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte
Constitucional en torno a la aplicación de la figura de la caducidad en los
eventos derivados de delitos de lesa humanidad, razón por la cual se denegará
el amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la acción de tutela presentada por las señoras Martiris
Alvarado Pedrozo y Daniela Andrea Narváez Alvarado, así como los señores
José Daniel Narváez Díaz, Martín Alonso Narváez Alvarado, Alex Centeno
Alvarado y Aristóteles Centeno Alvarado, por los motivos descritos
anteriormente.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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