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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06040-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: procede estudio

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06040-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Luis Fernando Machado Quiroz. SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 19 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad judicial que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, deberá proferir una decisión de reemplazo en la que se tenga en cuenta lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06040-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06040-00
Demandante: LUIS FERNANDO MACHADO QUIROZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – procede estudio
de fondo porque se acreditó cumplimiento de los requisitos generales; además, se
identificaron y sustentaron las causales específicas alegadas / DEFECTO
FÁCTICO – se configura en este caso, porque la autoridad judicial desconoció las
reglas que rigen el sistema de valoración de la prueba; no se analizaron en debida
forma aquellas pruebas relativas a la preclusión de la investigación penal del
demandante por atipicidad de la conducta imputada.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Fernando Machado
Quiroz contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 15 de noviembre de 20221, el señor Luis Fernando Machado Quiroz interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral, con ocasión de
la sentencia de segunda instancia dictada el 19 de mayo de 2022 en el medio de
control de reparación directa con radicado 20001-33-33-001-2017-00367-01.
Formuló las siguientes pretensiones:

1. Suplico a esa prestigiosa corporación, TUTELE el DERECHO
FUNDAMENTAL DEBIDO PROCESO, EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN

1
La Sala advierte que, el 1º de diciembre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la
magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06040-00
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Sentencia de tutela de primera instancia

DE JUSTICIA, DERECHO A LA IGUALDAD y DERECHO A LA REPARACIÓN
INTEGRAL incoado en la presente ACCIÓN DE TUTELA y como consecuencia
del amparo de los mencionados derechos constitucionales se REVOQUE LA
SENTENCIA PROFERIDA EN SEGUNDA INSTANCIA POR TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR – M.P. CARLOS MARIO ARANGO HOYOS EN
EL PROCESO CON RADICADO 20001333300120170036701, de conformidad a
lo consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, el cual
estimo se quebrantó.

2. Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR – M.P. CARLOS MARIO ARANGO HOYOS EN
EL PROCESO CON RADICADO 20001333300120170036701, dentro del
término razonable que considere, dictar la sentencia sustitutiva, donde se
corrijan los defectos advertidos a la sentencia que se deja sin efecto.

1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

La Fiscalía General de la Nación vinculó al señor Luis Fernando Machado a una
investigación penal por el homicidio de la señora Marilys de Jesús Hinojosa
Suárez. El 19 de junio de 2003, el ente investigador le impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva.

El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en sentencia del 7
de enero de 2009, condenó al señor Machado Quiroz a una pena de prisión de
422 meses por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir2. La
sentencia fue confirmada el 7 de diciembre de 2009 por el Tribunal Superior de
Bogotá, razón por la cual continuó privado de la libertad en cumplimiento de la
pena impuesta.

Posteriormente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mediante providencia del 5 de septiembre de 2012, declaró la prosperidad de la
acción de revisión promovida por el señor Machado Quiroz, dejó sin efectos las
sentencias de instancia y dispuso su libertad inmediata y la reanudación del
proceso penal, para que se calificara nuevamente el mérito de la instrucción.

Finalmente, la Fiscalía 66 Especializada de Bucaramanga, adscrita a la Unidad de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, mediante resolución del

2
Posteriormente, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia
del 19 de agosto de 2010, ordenó cesar el procedimiento por prescripción de la acción penal
respecto del delito de concierto para delinquir con la respectiva redosificación y reducción de la
pena a 345 meses por el delito de homicidio agravado.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06040-00
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Sentencia de tutela de primera instancia

22 de junio de 2015, precluyó la investigación a favor del demandante, porque
consideró que la conducta era atípica, en atención a que no se demostró que
estuviera vinculado al homicidio de la señora Marilys de Jesús Hinojosa Suárez.

Por lo anterior, el señor Luis Fernando Machado Quiroz y otros instauraron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación –
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, para que se declarara la
responsabilidad patrimonial de dichas entidades y se les condenara al pago de los
perjuicios derivados de la privación de la libertad a la que aquel fue sometido.

El Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar, mediante sentencia del 20 de
febrero de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de los perjuicios reclamados.

Contra la anterior decisión, la Fiscalía interpuso recurso de apelación y el Tribunal
Administrativo del Cesar, en providencia del 19 de mayo de 2022, revocó la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

1.3.1. Defecto fáctico, por cuanto el Tribunal negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en que el señor Machado Quiroz estaba en la
obligación de soportar una privación de la libertad, pese a que la parte accionada
ni siquiera contestó la demanda.

Adujo que en el proceso se acreditó que la conducta era atípica, razón por la cual
no debía soportar una privación de la libertad por más de nueve años.

1.3.2. Decisión sin motivación, toda vez que no se fundamentó fáctica y
jurídicamente la premisa de que estaba en la obligación de soportar la privación
injusta de la libertad.

1.3.3. Desconocimiento del precedente, dado que debió aplicarse la sentencia

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06040-00
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Sentencia de tutela de primera instancia

del 28 de agosto de 2014, exp. 36149, por ser la última en materia de unificación
sobre la materia, «toda vez que la sentencia del año 2018 con radicado No. 2011-
00235-01 (46947)» quedó sin efectos por cuenta del fallo de tutela proferido por el
Consejo de Estado el 15 de noviembre de 2019 en el expediente con radicado
11001-03-15-000-2019-00169-01.

1.3.4. Violación directa de la Constitución, por vulneración del derecho
fundamental al debido proceso.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1 Mediante auto del 16 de noviembre de 2022, se admitió la acción de tutela y
se ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo del Cesar, en calidad de parte demandada; y al fiscal general de la
Nación, a la directora ejecutiva de Administración Judicial y a las demás personas
que fungieron como demandantes en el proceso de reparación directa, como
terceros con interés. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de su presidenta, citó las
razones contenidas en la decisión cuestionada y pidió que se negaran las
pretensiones de la tutela.

2.3 La Fiscalía General de la Nación solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela porque (i) no cumple el requisito de subsidiariedad, dado que no
se argumentó por qué a pesar de la existencia de otros mecanismos judiciales –
sin especificar cuáles–, no los utilizó; (ii) por falta de sustentación de las causales
específicas de procedibilidad, y (iii) porque se pretende «recuperar oportunidades
procesales perdidas».

De otra parte, expuso que tampoco se acreditaron los defectos fáctico y
«sustantivo» alegados, toda vez que la providencia contiene suficientes
elementos de juicio para soportar sus conclusiones y se basó en los parámetros
señalados en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.

2.4. La Rama Judicial sostuvo que no estaba legitimada en la causa por pasiva
porque no tiene dentro de sus funciones «conminar al magistrado a que cambie

4

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Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Sentencia de tutela de primera instancia

su criterio jurídico respecto de las decisiones que está tomando dentro los
procesos judiciales».

2.5. Los demás sujetos vinculados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
año 20123, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones que allí se adoptan y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

3
Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.

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Sentencia de tutela de primera instancia

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiere utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiere
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos 4 , la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes

4
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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Sentencia de tutela de primera instancia

mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, se abordará el
estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se configuraron los
defectos atribuidos a la sentencia del 19 de mayo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, y, por ende, se vulneraron los derechos
fundamentales del señor Luis Fernando Machado Quiroz.

3. Análisis del caso

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que la sentencia de segunda instancia data del 19 de mayo de 2022 y fue
notificada el 20 de mayo siguiente, mientras que la solicitud de amparo se
presentó el 15 de noviembre de 2022, esto es, dentro de los seis meses siguientes
a la expedición y notificación de la decisión. Este término resulta razonable.

3.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario, de allí que no sea de recibo el argumento de
la Fiscalía General de la Nación en cuanto a la inexistencia de subsidiariedad.

3.1.4 De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse al
requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin de establecer
si se cumple o no en el presente asunto.

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En sentencia del 5 de agosto de 20145, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se
agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i)
una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como
tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente6 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.

5
Expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103
de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

9

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Sentencia de tutela de primera instancia

La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha
desbordado el alcance de un derecho fundamental.

• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala estima que se cumple el requisito de relevancia constitucional, puesto que
los reparos versan sobre cuestiones relacionadas con la garantía de los derechos
constitucionales y plantean un debate de naturaleza iusfundamental, en la medida
en que no se proponen aspectos de simple discrepancia valorativa, sino que se
discute la afectación de derechos fundamentales, por la forma inadecuada en que
se habrían examinado las pruebas, así como por la posible insuficiente motivación
y la desconexión con el precedente constitucional.

La parte actora no pretende reabrir la discusión de instancia sobre la revocatoria de
la indemnización reconocida por el juez de primer grado, desprovista de
argumentos constitucionales, tanto así que el eje del disenso es que la autoridad
judicial accionada desbordó el margen de autonomía y de razonabilidad al
determinar que el señor Machado Quiroz estaba obligado a soportar el daño
reclamado, pese a que estuvo privado de la libertad por más de nueve años y, al
final, se dejó sin efecto la condena porque la conducta era atípica.

Los cargos relacionados con el contenido de las pruebas documentales sobre la
decisión adoptada en la acción de revisión contra las sentencias penales
condenatorias, en el que se dispuso la ausencia de participación del señor
Machado Quiroz en el delito que le fue imputado, la resolución de preclusión de la
investigación por atipicidad y el tiempo efectivo de privación son cuestiones que
imponen al juez de tutela emitir un pronunciamiento de fondo para analizar la
afectación de los derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad personal, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, a partir de una
ponderación de la razonabilidad de la decisión en contraste con las pruebas
aportadas al proceso, al igual que del entendimiento del precedente contenido en la
sentencia SU-072 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, particularmente,
respecto de casos en los que se determina en el proceso penal que la conducta era
atípica porque el sindicado no la cometió o no participó del hecho.

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En consecuencia, hay una tensión de los mencionados derechos fundamentales
como de las garantías a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva,
elementos de marcada importancia constitucional, con mayor razón si se trata de
una pretensión indemnizatoria derivada de una posible afectación del derecho a la
libertad personal.

Ello no quiere decir que todas las acciones de tutela dirigidas contra sentencias en
las que se hubieran decidido controversias sobre privación injusta de la libertad
tengan relevancia constitucional y, por ende, deban estudiarse de fondo por el juez
de tutela. Nada más alejado de lo que aquí se plantea. Lo que ocurre es que, como
se explicó, en esta oportunidad dicho requisito se cumple porque se identificó y
sustentó el defecto fáctico alegado, porque no se busca convertir la tutela en
instancia adicional, porque no se habría considerado la atipicidad de la conducta
como fundamento para precluir la investigación y, además, por la posible falta de
razonabilidad de la decisión enjuiciada.

3.2. Requisitos específicos alegados por el demandante.

3.2.1. Del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En efecto, la Corte
Constitucional7 ha dicho que el defecto fáctico es un error relacionado con asuntos
probatorios y, además, reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión
negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso 8 ; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión9 o (iii) no decretar
pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo10.

7
Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2002.
8
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994.
9
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
10
Corte Constitucional, sentencia T-417 de 2008.

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La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del juez
en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas
ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión 11, o (v) por
decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar
el hecho en que se basa la providencia12.

4. Caso concreto y solución del problema jurídico

El señor Luis Fernando Machado Quiroz considera que el Tribunal Administrativo
del Cesar incurrió en los defectos fáctico, de desconocimiento del precedente,
decisión sin motivación y violación directa de la Constitución, al revocar la
sentencia de primera instancia, que había declarado patrimonialmente
responsable a la Fiscalía General de la Nación y condenado al pago de los
perjuicios reclamados, y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

La Sala analizará preliminarmente el defecto fáctico y la motivación de la
providencia cuestionada, a la luz del precedente establecido en la sentencia SU-
072 de 2018, proferida por la Corte Constitucional.

Así pues, se observa que el Tribunal Administrativo del Cesar, de manera extensa
y detallada explicó el tratamiento y evolución del régimen de responsabilidad
patrimonial por «detención preventiva» –privación injusta de la libertad– y concluyó
que cuando se levanta la medida restrictiva de la libertad, sin importar la causa,
debe analizarse el carácter antijurídico del daño, de conformidad con el artículo 90
de la Constitución. Tesis que, según relató, se acompasa con lo establecido por la
Corte Constitucional en 2018, esto es, que «la declaratoria de responsabilidad del
Estado…debía obedecer al análisis de los eventos que condujeron a la absolución
al interior del proceso penal».

En esa línea, explicó los que, a su juicio, eran los requisitos contenidos en la
sentencia SU-072 de 2018 para verificar el carácter injusto de la restricción de la
libertad: los fines constitucionales de la medida de detención preventiva y los
requisitos para su imposición, para determinar la razonabilidad de la medida de
aseguramiento y de la condena emitidas.

11
Ibidem.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-226 de 2013.

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Respecto del caso concreto, señaló que al no haberse aportado el expediente
penal de manera completa no podía verificar si concurrían los requisitos para
determinar la legalidad de la actuación penal, por lo que el análisis lo realizaría a
partir de las sentencias penales y de la decisión de preclusión ordenada por la
Fiscalía.

En ese orden de ideas, concluyó su análisis bajo la premisa de que las
autoridades judiciales contaron con méritos suficientes para investigar al señor
Luis Fernando Machado Quiroz, razón por la cual revocó la sentencia que había
declarado la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, dado
que, si bien se absolvió al demandante, «no se puede decir que la medida de
aseguramiento fuera dictada obviando las formalidades legales exigibles para la
época», ni que las sentencias que fueron objeto de la acción de revisión «se
hubieren dictado desprovistas de acervo probatorio, en tanto el recurso se fundó
precisamente en pruebas producidas o allegadas con posterioridad a la
producción de dichas sentencias».

Precisado lo anterior, la Sala estima que sí se configura el defecto fáctico alegado,
puesto que el Tribunal, en su análisis, incurrió en un desatino al limitar la
responsabilidad por privación injusta de la libertad a aspectos referidos a la
legalidad de la medida de aseguramiento y a la supuesta fundamentación de las
sentencias penales condenatorias, con la cual desconoció que no solo existió
medida de aseguramiento, sino la ejecución efectiva de la pena de prisión —por
más de nueve años— como consecuencia de una sentencia condenatoria que,
posteriormente, fue infirmada.

De manera que era relevante examinar los hechos y pruebas posteriores porque la
demanda de reparación directa se fincó en la preclusión de la investigación por
atipicidad de la conducta del condenado, después de más de nueve años de
privación de la libertad, y no en el desacierto de la medida de aseguramiento o en
la falta de pruebas para la condena.

Ciertamente, el Tribunal Administrativo del Cesar hizo un intento por valorar las
pruebas aportadas en la demanda, sin embargo, ese ejercicio resultó fraccionado,
caprichoso e irracional, puesto que no podía apartarse de la realidad fáctica y
jurídica de lo ocurrido en todo el proceso penal, del régimen de responsabilidad

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patrimonial del Estado en materia de privación injusta de la libertad y del contenido
que sobre esos aspectos ha abordado la Corte Constitucional.

No parece razonable que se afirme que lo importante es la legalidad y
razonabilidad de la medida de aseguramiento o que la sentencia condenatoria
estuviera soportada en las pruebas que existían para ese momento, cuando en
este caso se aportó como prueba una decisión de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efectos la sentencia condenatoria y que
dio lugar a la preclusión de la investigación por atipicidad del delito de homicidio,
en lo concerniente a la autoría del señor Machado Quiroz.

El Tribunal hizo un estudio ligero, a partir de la responsabilidad por «detención
preventiva», cuando, como se indicó, el fundamento de la demanda de reparación
directa por privación de la libertad no devino exclusivamente de esa decisión, sino
también del cumplimiento de una condena por más de nueve de años, para que,
finalmente, se precluyera la investigación por atipicidad de la conducta.

Es decir, los nueve años de privación de la libertad también fueron con ocasión de
la ejecución de una sentencia que la Corte Suprema de Justicia dejó sin efectos.
La autoridad judicial accionada tenía el deber de valorar la prueba y los efectos de
las decisiones penales posteriores a la condenatoria, pues sobre esos pilares se
anclaron las pretensiones de la demanda: la libertad derivada de la decisión
adoptada en la acción de revisión y de la nueva resolución de calificación del
mérito con decisión de preclusión por atipicidad ante la falta de autoría
inicialmente atribuida al señor Luis Fernando Machado Quiroz.

Con la justificación que hizo el tribunal de que la condena penal fue motivada,
desconoció las pruebas documentales sobre lo decidido en la acción de revisión y
la resolución de preclusión, restándole eficacia a dichas decisiones, al punto de
que, bajo esa lógica, jamás se comprometería la responsabilidad patrimonial del
Estado si se dejara sin efectos una decisión previa que condenó a una persona
por pruebas o hechos sobrevinientes, con la simple afirmación de que la medida
de aseguramiento fue legal y/o que la sentencia infirmada que dio lugar a la
privación de la libertad estuvo motivada.

Valga insistir, era imprescindible el análisis de esas pruebas, aunado a la
responsabilidad a partir de los diferentes títulos de imputación, circunstancia que

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el Tribunal echó de menos, pues implícitamente limitó su juicio a las pruebas
documentales bajo la falla del servicio, como si fuera el único título de imputación
existente, sin fijarse, por las particularidades del caso, en la eventual aplicación o
valoración de títulos propios del régimen de responsabilidad objetiva, a partir del
desenlace que se derivó del resultado de la acción de revisión. Dicho en otras
palabras, en el examen de los elementos de confirmación procesal el Tribunal
convirtió la responsabilidad patrimonial por privación injusta de la libertad en un
régimen exclusivo de falla del servicio, sin que ello tenga asidero en la
Constitución o la ley.

Es más, la misma sentencia SU-072 de 2018 señala que el juez podrá aplicar el
régimen de responsabilidad objetiva en algunos casos. Por tanto, aun cuando no
existe la obligación de aplicar los títulos de imputación propios del régimen
objetivo, el precedente constitucional tampoco supuso su eliminación o
desconocimiento absoluto, sino que su aplicación dependerá de las
particularidades de cada caso. Sobre el particular, expuso la Corte Constitucional:

De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el
examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado
y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de
imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por
el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos
deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era
objetivamente atípica- es posible predicar que la decisión de privar al
investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para
esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en
el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores
esfuerzos.

En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener
claro que el hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego,
en este tipo de casos el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de
vista probatorio y valorativo, en tanto en estas circunstancias es evidente que
la Fiscalía, hoy los jueces13, disponen de las herramientas necesarias para
definir con certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la
administración la que acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su
gestión, las que propiciaron la imposición de la medida.

…

109. Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva
judicial-- del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece
un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez
contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un

13
Cita Original de la providencia: Artículos 39 y 306 de la Ley 906 de 2004.

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ciudadano se apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas
preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para todos los
casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la
providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit curia14, aceptado
por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca cuál
será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que
le asiste al demandante15.

En criterio de la Sala, aun cuando es cierto que el juez de la reparación directa
tiene libertad para valorar las pruebas y para elegir el título de imputación
aplicable, ninguna de esas dos prerrogativas puede ser el resultado de un ejercicio
arbitrario o caprichoso en el que simplemente se afirme, sin más, que se aplicará
uno u otro régimen o, como en este caso, que no se justifique expresa o
tácitamente la elección de uno u otro. Esa labor debe ajustarse a las
particularidades del caso, por ejemplo, al análisis integral del contenido de las
decisiones penales, circunstancia que fue desconocida en la sentencia porque
dejó de ponderar la incidencia de la decisión de la acción de revisión y la
preclusión de la investigación en la definición del carácter antijurídico del daño.

A pesar de que el Tribunal afirmó haber valorado las decisiones de la acción de
revisión y la resolución de preclusión, en el fondo se limitó a justificar las
sentencias condenatorias que fueron infirmadas por la Corte Suprema de Justicia,
bajo la convicción de que el demandante no participó del hecho punible del
homicidio. Esa premisa exigía una valoración cuidadosa y especial del daño
antijurídico, no solo a partir de la falla del servicio, sino de la responsabilidad
objetiva, pues, aun cuando pudiera decirse que la imposición de la medida de
aseguramiento y la sentencia estaban fundadas, no era un asunto menor la
existencia de pruebas que con posterioridad edificaron la invalidez de la sentencia
y la preclusión de la investigación.

Particularmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al
desatar la acción de revisión, dijo:

En este caso, quienes han declarado, a pesar de algunas contradicciones que
en forma coherente han sido explicadas, acudieron no solamente para
rechazar la participación de quienes fueron condenados por la muerte de la
entonces juez de Becerril, sino que han reiterado que de una u otra manera
son ellos -los testigos- ios responsables de la conducta punible, la cual, han
admitido en los juicios a los que han sido sometidos y algunos de ellos han

14
Cita Original de la providencia: El juez conoce el derecho. En la sentencia T-577 de 2017 se
entendió que: “corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por
las partes (…) la determinación correcta del derecho”.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

16

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sido condenados y se encuentran cumpliendo las sanciones respectivas.
Otros, han aceptado la responsabilidad dentro del trámite de sometimiento al
proceso de justicia y paz de que trata la Ley 975 del 2005.

En esa línea de pensamiento, la Corte tiene conocimiento de que el testigo-
sindicado Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40”, aceptó los cargos por la
muerte de la juez, se acogió a sentencia anticipada y fue condenado a 26
años y 8 meses como determinador de ese homicidio; otro declarante, Ospino
Pacheco, alias "Tolemaida", igualmente se allanó a los cargos y aceptó su
participación; Marciales Pacheco, alias "Cebolla", mediante sentencia
anticipada fue condenado a 200 meses de prisión por la muerte de la
juzgadora; a Mattos Tabares, alias "Samario”, igual le fue impuesta pena de
prisión por el mismo hecho.

Las sanciones decretadas corroboran la veracidad de los relatos, máxime
cuando Sixto Arturo Fuentes Hernández, alias “Peter” o “El negro”, igualmente
fue condenado a 26 años 8 meses como coautor del homicidio de que se
trata. Si bien el último no declaró dentro de las diligencias, lo cierto es que el
mismo es señalado por los testigos ya referidos, como uno de los partícipes
en el hecho y la sentencia proferida en su contra ratifica, otra vez, que lo
narrado por los últimos coincide con la verdad.

…

Y es que, en esencia, las pruebas novedosas no controvierten lo sustancial
de aquellos testimonios de oídas que fueron el soporte para que los
jueces de instancia emitieran los fallos de condena. En efecto, con
independencia de las menciones a los hermanos Machado Quiroz, lo cierto es
que los testigos de cargo fueron contestes en referir que el atentado que
costó la vida a la juez de Becerril y heridas graves a su acompañante, fue
planeado y ejecutado por las AUC que operaban en la región, y las nuevas
pruebas señalan lo mismo, en tanto quienes se han responsabilizado del
doble homicidio eran integrantes de esa organización armada ilegal.

Ya se dijo, y se reitera, que, en últimas, el soporte de los fallos
demandados estuvo dado por testigos de referencia, de oídas, en
oposición a los cuales aparecen no solamente elementos de juicio
directos, sino procedentes de quienes han confesado ser los
responsables de ese delito y algunos de ellos están cumpliendo la pena
impuesta por ese acto.

No se muestra coherente con el normal desenvolvimiento de las cosas, que
tal número de personas se hubiese confabulado para admitir la comisión de
un delito grave y exonerar del mismo a los verdaderos culpables. Pero aún
más ilógico resultaría que, si esa era la motivación, hubiesen esperado el
transcurso de más de un lustro para armar la conspiración, en detrimento
precisamente de los supuestos beneficiados, pues por ese prolongado lapso
han estado privados de su libertad.

En el mismo contexto se tiene que los elementos probatorios novedosos
fueron recibidos el 3 de diciembre de 2007, 4 y 29 de febrero y 11 de abril de
2008 (escrito, declaración y versión ante Justicia y Paz de Maltos Tabares,
"Samario”): 19 de junio de 2007 (declaración de Ochoa Quiñones, "El
mecánico"); 25 de junio de 2008 (indagatoria de Marciales Pacheco,
"Cebolla"); 3 de marzo de 2006 y 14 de febrero de 2007 (escrito e indagatoria
de Tovar Pupo, "Jorge 40°); 18 de marzo de 2010 (versión de Ospino
Pacheco, "Tolemaida").

Así, con la excepción de "Tolemaida”, los nuevos elementos de juicio fueron
practicados con mucha antelación a la sentencia condenatoria de primera

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instancia (del 7 de enero de 2009), desde donde surge un elemento adicional
para descartar una supuesta confabulación a favor de los hermanos Machado
Quiroz, en tanto una lógica en ese sentido exigiría que tales pruebas se
allegasen dentro del juicio original para lograr un fallo de absolución, lo cual
no solamente no se hizo en ese entonces, sino que se aportaron mucho
tiempo después de tal sentencia lo cual paradójicamente resultaría perjudicial
para quienes se pretendían beneficiar, en razón de que
continuaban en prisión.

…
6. En fin, la valoración individual, conjunta y conforme a la sana crítica de los
medios de convicción obrantes en el proceso y de las pruebas nuevas
allegadas a esta acción, ofrece una clara conclusión son otros los
responsables de las conductas punibles por las que fueron condenados Luis
Fernando y Javier Machado Quiroz16. (Resaltado de la Sala)

De esta forma, el Tribunal no podía justificarse exclusivamente en las decisiones
penales previas y su razonabilidad, como si se tratara de un juicio exclusivo de
error judicial o de responsabilidad por falla del servicio. Es más, la decisión de la
acción de revisión le restó valor a la fundamentación de las sentencias penales
porque, según concluyó, se limitaron a condenar con testimonios de oídas y de
referencias; pero, con independencia de ello, lo cierto fue que la decisión de la
Corte Suprema de Justicia determinó que el demandante no cometió el hecho que
condujo a su privación de la libertad por más de nueve años; motivo por el cual, al
retrotraerse la investigación penal, la Fiscalía 66 Especializada de Bucaramanga,
mediante Resolución del 22 de junio de 2015 (Radicado 1655), ordenó la
preclusión de la investigación del demandante, así:

Como quedó visto en el contenido de esta decisión, se estableció que los
delitos de Homicidio en Persona Protegida en MARILYS DE JESÚS
HINOJOSA SUÁREZ y el de Tentativa de Homicidio en Persona Protegida en
BETSY MIGUELINA RAMÍREZ, cometidos el 27 de enero de 2007, los aquí
procesados no cometieron las correspondientes conductas y por ende
las mismas no son típicas, por lo que es necesario precluir la
instrucción en su favor. (Resaltos de la Sala)

En virtud de ello, reiteramos, se calificará el mérito del presente sumario
mediante resolución de Preclusión en favor de YONNY AMAYA AMAYA,
JAVIER MACHADO QUIROZ, LUIS FERNANDO MACHADO QUIROZ Y
FABIÁN ANDRÉS RENGIFO MOLINA, por los delitos de Homicidio en
Persona Protegida en MARILYS DE JESÚS HINOJOSA SUÁREZ y el de
Tentativa de Homicidio en Persona Protegida en BETSY MIGUELINA
RAMÍREZ, cometidos el 27 de enero de 2007.

De haberse estudiado detalladamente las decisiones posteriores a la sentencia
penal condenatoria, el Tribunal se habría cuestionado sobre la posible atipicidad
de la conducta de homicidio y, a partir de ello, considerar si era factible o no

16
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 5 de diciembre de 2012, exp.
36.147, M.P José Luis Barceló Camacho.

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examinar la responsabilidad estatal bajo el régimen objetivo –como lo autoriza la
Corte Constitucional–. En su lugar, la providencia cuestionada pasó por alto dicha
situación como si el asunto debiera definirse exclusivamente con base en la falla
del servicio. En suma, la elección de un título de imputación exclusivo para definir
la controversia no fue suficientemente motivada, circunstancia que, de cara a la
incidencia que sobre ella habría tenido la decisión penal y la falta de análisis del
otro régimen de responsabilidad, la convierte en arbitraria por la deficiente
motivación en ese aspecto.

Desde luego, eso no significa que la autoridad judicial accionada esté obligada a
emitir una condena bajo el régimen de responsabilidad objetivo. No. Su deber
consiste en aplicar la jurisprudencia vigente, pero bajo el entendido de que en
esos mismos pronunciamientos se establece que es factible analizar la
responsabilidad estatal desde la perspectiva de un título de imputación objetivo,
por ejemplo, en aquellos eventos en los que la atipicidad objetiva de la conducta
constituye el fundamento de la decisión absolutoria o de la preclusión de la
investigación.

Ahora bien, aun cuando la Corte Constitucional señala que en los casos de
privación injusta de la libertad el juez administrativo debe analizar la legalidad, la
razonabilidad, la proporcionalidad y la ponderación de la medida de
aseguramiento, dicha premisa no puede verse como una regla absoluta, porque
desconocería los supuestos en los que la misma jurisprudencia constitucional —e
incluso esta misma Corporación— ha dicho que es factible la responsabilidad
objetiva en casos como atipicidad de la conducta o inexistencia del hecho.

En estas circunstancias, aun cuando la medida de aseguramiento pudo estar
precedida de un acertado examen de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad,
o que supuestamente la sentencia condenatoria tuvo elementos de prueba para
justificar la condena, no se puede perder de vista que una decisión posterior
consideró la atipicidad de la conducta respecto del demandante, y ello, incluso, a
pesar del acierto de la medida de aseguramiento o de la sentencia condenatoria
infirmada. Por consiguiente, la privación podría tornarse injusta en virtud de
decisiones posteriores a las legales, razonables y proporcionales que restringieron
la libertad, razón por la cual era necesaria la valoración integral y ponderada de
todas las decisiones, y no solo de la medida de aseguramiento o de la sentencia
condenatoria inicial.

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El hecho de que la medida de aseguramiento hubiese estado ajustada a derecho o
que la sentencia estuviera aparentemente fundada en testimonios, que hoy se
califican de oídas o de referencias, no podía dar lugar a omitir el análisis de la
responsabilidad objetiva, pues sería tanto como petrificar el régimen de daños por
privación injusta de la libertad y encasillarse en aquellos casos derivados de una
falla del servicio.

Distinto es que, en ciertos casos, se apliquen reglas que permitan dar un trato
preferente o preponderante a un título de imputación en lugar de otro, pero no por
ello se pueden vaciar de contenido los restantes y, por esa vía, eliminar de tajo la
potencial aplicación del régimen objetivo, con el pretexto de la legalidad de la
medida de aseguramiento o de la condena inicial, cuando existen pruebas o
circunstancias posteriores que, sin desmerecer la validez de la medida preventiva
o de la condena con las pruebas existentes para el momento en que se produjo,
podrían configurar el injusto en la privación de la libertad, se reitera, por razones
como la inexistencia del hecho o la atipicidad objetiva de la conducta. Todo ello sin
perjuicio del análisis del hecho exclusivo de la víctima, como causal de
exoneración, que debe hacerse en todos los casos, incluso en el régimen objetivo.

Verdaderamente el Tribunal no tuvo en cuenta las decisiones posteriores a la
sentencia penal condenatoria y, a pesar de que las citó, le restó importancia a su
contenido por ocuparse en justificar las primeras. La mención que se hiciera de
esas pruebas fue un aspecto marginal, que deja claro que enunciar o hacer
referencia a una prueba no equivale a valorarla.

En nuestro ordenamiento jurídico, la valoración probatoria se encuentra gobernada
por el principio de la sana crítica o de la apreciación razonada de las pruebas;
actividad en la cual el fallador es libre de formarse su convencimiento sobre la
verificación de los enunciados fácticos, a partir de un análisis conjunto e integral
de los elementos probatorios, pero sujeta a las reglas de la lógica y de la
experiencia, y no a una convicción arbitraria, caprichosa o al margen de lo que
revelen los medios de prueba. Esa tarea se logra cuando se motiva la decisión de
manera racional con las pruebas que obran en el proceso, asignándole explícita o
implícitamente el valor a cada una de ellas, o restándole mérito probatorio a uno
de los medios de prueba, respecto de un hecho o enunciado fáctico.

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Por tanto, hacer referencia a la decisión de la acción de revisión y a la resolución
de preclusión, en desconexión de las particularidades del caso, y no examinar en
detalle su contenido, constituye no solo un defecto fáctico, sino que desemboca en
el desconocimiento del precedente, porque, como consecuencia de ello, bien
podría surgir la posibilidad de aplicar el régimen de responsabilidad objetivo, de
conformidad con la sentencia SU-072 de 2018. En este caso, el valor probatorio se
le asignó casi de manera exclusiva a la supuesta legalidad de la medida de
aseguramiento y a la fundamentación de una condena que fue revisada y retirada
del ordenamiento jurídico.

Como corolario de todo lo señalado, vale decir que, aunque la decisión penal
definitiva contenga una declaración de que el hecho no existió o que la conducta
es objetivamente atípica, no surge la obligación automática de aplicar el régimen
objetivo de responsabilidad, pues podría presentarse el caso en el que, pese a
que aquellas hubieran sido las razones para absolver o precluir la investigación,
sea necesario indagar por la conducta del investigado. Lo determinante es que el
juez no descarte de plano, como lo hizo el Tribunal, el régimen objetivo por el
simple hecho de no existir falla del servicio, sin considerar las pruebas y el
contenido integral de la decisión penal absolutoria.

Entonces, al haberse demostrado el defecto fáctico en concordancia con el
desconocimiento del precedente, se prescindirá del estudio de las otras causales
específicas alegadas. De manera que se ampararán los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante y,
como consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia proferida el 19 de mayo de
2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que, en el término de
treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia,
profiera una nueva decisión en la que se valore y determine el alcance probatorio
y su incidencia en los diferentes títulos de imputación aplicables a la
responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad:

(i) De la providencia del 5 de septiembre de 2012, mediante la cual se declaró
próspera la acción de revisión promovida por el señor Luis Fernando
Machado Quiroz, se dejaron sin efectos las sentencias de instancia y se
dispuso su libertad inmediata y la reanudación del proceso penal para que
se calificara nuevamente el mérito de la instrucción.

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(ii) De la Resolución del 22 de junio de 2015, emanada de la Fiscalía 66
Especializada de Bucaramanga, adscrita a la Unidad de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, por medio de la cual
precluyó la investigación a favor del demandante, por atipicidad de la
conducta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia del señor Luis Fernando Machado Quiroz.

SEGUNDO. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 19 de mayo de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad judicial que, en el término de treinta
(30) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, deberá
proferir una decisión de reemplazo en la que se tenga en cuenta lo señalado en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

CUARTO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha del encabezado y
firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e
integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que
aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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