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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06050-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-06050-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 11 de diciembre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción y, en su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-06050-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06050-01
Accionante: Ana Diva Guerrero Rangel
Accionados: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Privación injusta de la
libertad. REVOCA SENTENCIA Y NIEGA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 11 de diciembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, a través de la cual declaró improcedente la acción.

ANTECEDENTES

La señora Ana Diva Guerrero Rangel pretende que se protejan sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la reparación integral, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo
del Cesar con las sentencias del 29 de septiembre de 2020 y 8 de mayo de 2025
proferidas, respectivamente, en el proceso de reparación directa, al que se le asignó
el número de radicado 20001-33-33-004-2017-00276-00/01.

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

La accionante narró que el 29 de mayo de 2014, fue capturada por la Fiscalía
General de la Nación, en virtud de una orden de captura por la supuesta comisión
del delito de secuestro extorsivo, por lo que fue privada de la libertad de manera
inmediata; el 4 de junio de ese año, la Fiscalía Tercera Delegada ante el Juzgado
Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar le impuso medida de

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aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario; y el 25 de
mayo de 2015, la Fiscalía Quinta Delegada precluyó la investigación a su favor
porque no cometió el hecho investigado, por lo que revocó la medida de
aseguramiento y libró la orden de libertad correspondiente.

Que por lo anterior, junto con su grupo familiar, instauró demanda de reparación
directa en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, con el fin de lograr la
indemnización por los perjuicios causados y, el 29 de septiembre de 2020, el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar profirió sentencia,
mediante la cual negó las pretensiones, por lo cual interpuso recurso de apelación,
pero el 8 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la
providencia recurrida con fundamento en que la medida de aseguramiento fue
necesaria, adecuada, proporcional y razonable.

Considera que las autoridades judiciales incurrieron en i) defecto fáctico porque no
tuvieron en cuenta que la Fiscalía certificó que la investigación fue precluida porque
no cometió el hecho, por lo cual no tenía el deber de soportar la privación de su
libertad; ii) decisión sin motivación, ya que no fundamentaron debidamente la
decisión adoptada, al concluir que estaba obligado a soportar dicho daño, máxime
cuando no tenían la calidad de juez natural para decidir sobre el particular; iii)
desconocimiento del precedente judicial, pues desatendieron tanto la sentencia del
28 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, radicado 68001-23-31-000-2002-02548-01, en la que se definió que
existe responsabilidad objetiva del Estado por privación injusta de la libertad,
cuando el sindicado no cometió el delito, lo que ocurrió en el caso, como la sentencia
del 3 de febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-
06040-00, en un asunto similar; y iv) violación directa de la Constitución, por
vulneración del derecho al debido proceso.

PRETENSIONES

La accionante solicitó que se revoquen las sentencias proferidas por las autoridades
judiciales en el proceso de reparación directa que instauró y, en consecuencia, se
les ordene dictar sentencia sustitutiva, en la que corrija los defectos advertidos.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 30 de octubre de 2025, se admitió la acción; se vinculó a la Fiscalía General de
la Nación y a los demás integrantes de la parte demandante del proceso ordinario,
como terceros con interés; y se corrió el traslado respectivo.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Tribunal Administrativo del Cesar afirmó que reiteraba y acogía los
argumentos constitucionales, legales y jurisprudenciales expuestos en la sentencia
del 8 de mayo de 2025.

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El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar indicó que
no incurrió en la irregularidad alegada por la accionante ni en la vulneración de
derechos fundamentales, pues las decisiones controvertidas en esta sede se
profirieron en estricto cumplimiento de la Constitución, la ley y la jurisprudencia
aplicable y con fundamento en las pruebas debidamente allegadas.

Que las providencias fueron el resultado de un análisis razonado, motivado y
conforme a derecho, en el que se valoraron de manera objetiva los elementos
probatorios y se aplicaron los criterios jurisprudenciales vigentes sobre la privación
injusta de la libertad, lo que lo llevó a concluir que las determinaciones adoptada no
constituyeron vías de hecho ni desconocieron las garantías procesales de las
partes, sino que reflejaron el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional, por lo cual
solicitó negar las pretensiones.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Fiscalía General de la Nación expuso que no tiene legitimación en la causa por
pasiva, ya que no existe relación de causalidad entre sus actuaciones y la presunta
vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante.

Los demás vinculados guardaron silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 11 de diciembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Quinta, negó la solicitud
de desvinculación de la Fiscalía General de la Nación, por tener la calidad de tercero
con interés, al haber actuado como parte demandada en el proceso ordinario, y
declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.

Sobre este último aspecto, consideró que la actora no cumplió con la carga
argumentativa necesaria para acreditar dicha exigencia, en la medida que frente al
defecto fáctico, se limitó a manifestar su desacuerdo con la decisión de negar las
pretensiones, pues, a su juicio, la preclusión de la investigación implicaba que no
debía soportar la medida restrictiva de su libertad; respecto a la decisión sin
motivación, simplemente reiteró su inconformidad, sin plantear argumentos precisos
con los que demostrara la carencia de fundamentación de la sentencia; en cuanto
al desconocimiento del precedente, se circunscribió a afirmar que debía aplicarse el
régimen de responsabilidad objetivo, sin precisar el motivo por el que el juez erró en
su aplicación; y respecto a la violación directa de la Constitución, no expuso
argumentos aplicables al caso.

Concluyó que los reproches de la solicitante del amparo distaban de la finalidad de
la tutela, consistente en la protección de garantías fundamentales amenazadas o
vulneradas, lo que no sucedió en el asunto.

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IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia, al considerar que el requisito de relevancia
constitucional estaba plenamente acreditado, pues la controversia planteada no se
limita a una discrepancia probatoria o de mera legalidad, sino que involucra la
afectación directa de derechos fundamentales, por la falta de valoración probatoria,
como lo ha concluido la Sección Tercera del Consejo de Estado, en casos de
privación injusta de la libertad.

Afirmó que cuando el juez contencioso desconoce que la restricción de la libertad
se prolongó durante un lapso significativo y que el proceso penal concluyó
favorablemente al ciudadano, no se está ante una simple inconformidad con el fallo,
sino ante una tensión constitucional intensa entre la autonomía judicial y la
protección efectiva de derechos fundamentales, lo que exige un estudio de fondo.

Indicó que la decisión recurrida vulnera el derecho a la igualdad, pues se aparta del
trato otorgado por el Consejo de Estado en casos similares, sin ofrecer una razón
objetiva y suficiente que justifique el trato diferenciado. En consecuencia, solicitó
revocar la sentencia y acceder a las pretensiones.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

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jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el
juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Análisis del caso concreto

A esta Subsección corresponde definir si se encuentran cumplidos los requisitos
generales de procedencia, especialmente el de relevancia constitucional, que no se
encontró satisfecho en primera instancia de esta acción, pues solo en ese caso,
habría lugar al estudio de los disensos del accionante.

Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general, puesto
que lo pretendido por la actora es lograr la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la reparación integral, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados con las sentencias

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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del 29 de septiembre de 2020 y 8 de mayo de 2025 proferidas por las autoridades
judiciales accionadas, por la incursión en los defectos fáctico, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución, mas no plantear un asunto de mera legalidad, desconocer la
autonomía e independencia judicial del juez natural de la causa o convertir esta
acción en una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, la solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de
las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la
procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales
sustentó de forma que resultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la
providencia controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una
incidencia en la decisión adoptada.

En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se
observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que la sentencia
de segunda instancia discutida en esta sede fue notificada mediante mensaje de
datos enviado el 9 de mayo de 2025 y esta acción fue instaurada el 25 de septiembre
de ese año; ii) se agotaron los mecanismos de defensa judicial; iii) no se está
invocando una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar a su estudio; iv) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
estimados como transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de tutela.

En consecuencia, se procederá al análisis de los reparos expuestos por el
accionante respecto a la sentencia del 8 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, por ser la que puso fin al litigio.

En dicha providencia, la autoridad judicial confirmó la decisión de negar las
pretensiones de la demanda porque advirtió que la imposición de la medida de
aseguramiento cumplió con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad, así como los requisitos legales previstos en los artículos 355, 356 y 357
de la Ley 600 de 2000, aplicable al asunto.

Al respecto, observó que la declaración juramentada del señor José Luis Torres
Delgado, los informes de la policía judicial y la entrevista realizada a la víctima
permitían inferir que la señora Ana Diva Guerrero Rangel había participado en la
planeación y ejecución del secuestro de la señora T.J.A.C., por lo que constituían
indicios graves de responsabilidad.

Además, precisó que para la imposición de la medida de detención no podía exigirse
a la Fiscalía tener plena certeza de la responsabilidad penal de la investigada, pues
esta seguía amparada por la presunción de inocencia y para el decreto de dicha
medida solo se requerían al menos dos indicios graves de responsabilidad que
permitieron colegir que la procesada pudiese ser la autora o partícipe de la conducta
delictiva de la investigada y que el delito tuviera prevista una pena de prisión de
mínimo 4 años, lo que se cumplía en el asunto.

Por último, aclaró que no resultaba aplicable el régimen de responsabilidad objetiva,

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pues existían circunstancias que tornaban procedente la medida y exigían adelantar
la respectiva investigación penal, lo que impedía reconocer la existencia de un daño
susceptible de ser calificado como antijurídico.

Efectuado el recuento de los razonamientos jurídicos del Tribunal Administrativo del
Cesar, esta Subsección observa que en la sentencia discutida en esta sede no se
desconoció que la Fiscalía precluyó la investigación penal, pero la autoridad judicial
consideró que esa circunstancia no era suficiente para declarar la responsabilidad
estatal, pues el análisis de la imposición de la medida de aseguramiento no exigía
plena certeza de la responsabilidad penal de la sindicada, sino la existencia de al
menos dos indicios graves, los cuales se encontraban demostrados, al momento de
la detención preventiva, lo que evidenciaba la legalidad de la medida impuesta.

En ese orden de ideas, no se encuentra acreditado el defecto fáctico invocado,
debido a que la determinación adoptada se fundamentó en las pruebas recaudadas
en el proceso, entre ellas, la decisión del 25 de mayo de 2015, a través de la cual la
Fiscalía Quinta Delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado
de Valledupar precluyó la investigación a favor de la hoy accionante y revocó la
medida de aseguramiento impuesta en su contra; distinto es que la solicitante del
amparo no esté conforme con la conclusión a la que llegó el Tribunal, luego de
valorar los elementos probatorios, lo que en modo alguno constituye el yerro
alegado.

Tampoco se observa la configuración del defecto de decisión sin motivación, ya que
la autoridad judicial justificó tanto probatoria como jurídicamente la decisión de
confirmar la negativa de acceder a las pretensiones de reparación directa y,
contrario a lo afirmado por la actora, no invadió la órbita de competencia del juez
penal, sino que analizó la responsabilidad estatal acorde con las actuaciones
desarrolladas en el proceso penal.

Ahora bien, respecto al desconocimiento de la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, radicado 68001-23-31-000-2002-02548-01, basta con señalar que el hecho
de que la sentencia de unificación que se profirió con posterioridad sobre la materia,
esto es, el 15 de agosto de 2018 (rad. 2011-00235-01), haya sido dejada sin efectos
a través de la sentencia del 15 de noviembre de 2019 proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la tutela con radicado 11001-03-
15-000-2019-00169-01, no implica una suerte de reviviscencia de la decisión de
unificación anterior, como lo pretende la actora.

En todo caso, debe recordarse que en el ordenamiento jurídico no se privilegia un
régimen de responsabilidad específico, por lo cual este dependerá de las
particularidades del asunto, en atención al principio iura novit curia y a la
jurisprudencia actual de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre la
materia.

En relación con la sentencia del 3 de febrero de 2023 proferida por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado (radicado 11001-03-15-000-2022-

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06040-00), debe señalarse que no constituye precedente judicial, por tratarse de
una decisión adoptada en sede de tutela, en la que no se fijó una regla o subregla
de obligatorio acatamiento.

Lo expuesto conlleva colegir que no se encuentra demostrada la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso ni de algún otro, lo que desvirtúa la violación
directa de la Constitución.

En consecuencia, al encontrarse superados los requisitos generales de
procedencia, pero no hallarse demostrados los defectos invocados, se revocará la
sentencia del 11 de diciembre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, que declaró improcedente la acción y, en su lugar, se negará el amparo
solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 11 de diciembre de 2025 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción y, en
su lugar, NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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