Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06087-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06087-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06087-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
14 de abril de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06087-01
Accionante: Jeider Leonardo Mendoza Rodríguez y otros
Se confirma la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06087-01
Accionante: Jeider Leonardo Mendoza Rodríguez y otros
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de
Carrera Judicial
Temas: Acción de tutela contra actos administrativos / Solicitud de traslado de
funcionario judicial / Requisito de subsidiariedad / Se confirma la sentencia de
primera instancia que negó el amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 15 de diciembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B mediante la cual se negó la acción de tutela interpuesta por
Jeider Leonardo Mendoza Rodríguez y otros contra el Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 31 de octubre de 2022 el señor Jeider Leonardo Mendoza Rodríguez y Jessica
Paola Lamilla Rúgeles, quien actúa en nombre propio y en representación de la
menor Anna Victoria Osorio Lamilla, interpusieron una acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial con
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Accionante: Jeider Leonardo Mendoza Rodríguez y otros
Se confirma la sentencia de primera instancia
ocasión del oficio CJO22-3433 del 2 de septiembre de 2022 y la Resolución CJR22-
0422 del 19 de octubre de 2022, pues mediante dichos actos administrativos la
autoridad accionada emitió concepto desfavorable a la solicitud de traslado del señor
Mendoza Rodríguez. La parte actora pretende obtener la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, debido proceso, familia, igualdad y al acceso a ejercer
cargos públicos.
2.- Como pretensiones, los accionantes formularon las siguientes (se transcriben):
<<1. Declare que la Unidad de Administración de Carrera Judicial se encuentra
vulnerando nuestros derechos fundamentales al mérito y al acceso a ejercer cargos
públicos, al trabajo, al debido proceso, a la familia, a la igualdad y a la legalidad.
2. En concordancia a lo anterior, se ampare los derechos fundamentales previamente
relacionados.
3. Ordenar dejar sin efecto el oficio CJO22-3433 del 2 de septiembre de 2022 y la
Resolución CJR22-0422 del 14 de octubre de 2022, mediante las cuales se emitió
concepto desfavorable de traslado por mi solicitado al cargo de Oficial Mayor del
Juzgado 6° Civil Municipal de Ibagué, esto por cuanto para su resolución se
solicitaron requisitos no contenidos en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996.
4. Se ordene a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de La Judicatura que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la
sentencia, proceda a emitir nuevo concepto del traslado teniendo para ello
únicamente en cuenta los requisitos contenidos en el artículo 134 de la Ley 270 de
1996.
5. Se exhorte a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de La Judicatura que, en lo sucesivo, evite seguir requiriendo el cumplimiento de
requisitos inconstitucionales para las solicitudes de traslado de empleados de carrera
de la rama judicial, pues con ello se está desconociendo derechos fundamentales y
laborales de los empleados públicos, lo que constituye una vulneración directa del
artículo 29 y 125 de la Constitución Política de Colombia>>.
B. Hechos
3.- La parte actora basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El señor Jeider Leonardo Mendoza Rodríguez ingresó a trabajar a la Rama
Judicial desde el 1º de agosto de 2018, en el cargo de oficial mayor en provisionalidad
del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué.
3.2.- Mediante Resolución No. 012 del 27 de octubre de 2021 fue nombrado como
oficial mayor en propiedad del Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot. Sin
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embargo, como para esa fecha estaba laborando en el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Ibagué, solicitó la prórroga del término para tomar posesión.
3.3.- El 13 de enero de 2022 tomó posesión en el cargo de oficial mayor en propiedad
del Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot; no obstante, solicitó licencia no
remunerada para laborar nuevamente en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Ibagué entre el 14 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022, por lo que se reintegró
al cargo en propiedad el 1º de abril de 2022.
3.4.- La Juez Cuarta Civil del Circuito de Ibagué le expidió calificación de servicios1
por el tiempo laborado entre el 14 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022, dando
cumplimiento a lo establecido en el inciso final del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-
10618 de 20162.
3.5.- El 2 de agosto de 2022, el señor Mendoza Rodríguez solicitó el traslado para el
mismo cargo al Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué. Mediante oficio CJO22-
3433 del 2 de septiembre de 2022 la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
emitió concepto desfavorable del traslado solicitado. Como fundamento de la
decisión, consideró que el actor aportó un formato de calificación de servicios del
periodo comprendido entre el 14 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022, pero,
para estar en firme, la calificación integral de servicios tanto para jueces como para
empleados debe ser anual. Así, en concepto de la entidad, no se cumplió con el
requisito contemplado en el artículo 4 del Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre
de 2016.
3.6.- Dicho oficio fue objeto de recurso de reposición por parte del actor, y fue
confirmado mediante Resolución No. CJR22-0422 del 19 de octubre de 2022.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La parte actora indica que, a través del oficio CJO22-3433 del 2 de septiembre de
2022 y la Resolución CJR22-0422 del 19 de octubre de 2022, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial emitió concepto desfavorable a la solicitud de
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Le fue otorgada una calificación de 96 puntos sobre 100, la cual fue notificada por correo electrónico al Juzgado
Tercero Civil Municipal de Girardot el 16 de junio de 2022.
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<<Artículo 5. Período mínimo de evaluación. (… ) La calificación del servidor judicial que estando en
propiedad se desempeñe en provisionalidad en otros cargos de carrera o por traslado se desempeñe en varios
cargos durante el período, se hará en forma proporcional al lapso laborado en cada uno de ellos>>.
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traslado con fundamento en un requisito que no está contemplado en la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia, como es la calificación integral de servicios.
4.1.- Aseveró que las únicas normas que pueden regir los requisitos para ingreso,
ascenso y traslado de cargos de carrera son los determinados en la ley, máxime si
se tiene en cuenta que el Consejo Superior de la Judicatura únicamente tiene la
facultad de regular la carrera judicial, pero no puede limitar o imponer requisitos que
afecten los derechos laborales de los empleados judiciales.
4.2.- En todo caso, destacó que si bien el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017
(modificado por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022) del Consejo Superior de la
Judicatura estableció en su artículo 13 que se efectuaría una evaluación sobre la
situación de los traslados de los servidores de carrera teniendo en cuenta, entre otros
criterios, la última evaluación de servicios, dicha norma no indicó que la calificación
de servicios debiera ser anual o integral.
4.3.- Advirtió que mediante sentencia del 24 de abril de 20203, la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró la nulidad de los artículos 18 y 19 del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 2017, por lo que analógicamente la nulidad procedía en el caso
en cuestión, habida cuenta de que el requisito de la calificación de servicios exigido
por la Unidad de Administración de Carrera Judicial es un obstáculo para la
materialización de los derechos laborales.
4.4.- Por último, alegó que reside con su familia en una vivienda propia ubicada en
Ibagué, de modo que la negativa del traslado para esa ciudad también vulnera los
derechos fundamentales de su compañera permanente y de su hija de crianza a la
dignidad humana, familia y a no ser separado de ella.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Unidad de Administración de la Carrera Judicial (accionada) solicita declarar
la improcedencia de la acción o, en su defecto, que se nigue el amparo. Indica que
el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para cuestionar los
actos administrativos que negaron la solicitud de traslado, en los que además se
pueden solicitar medidas cautelares. Así mismo, manifiesta que no se demostró la
existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 24
de abril de 2020, Rad: 11001-03-25-000-2015-01080-00 (4748-2015). C.P. César Palomino Cortés.
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Agregó que, respecto de la solicitud de traslado, la calificación de servicios que fue
aportada no cumple con lo establecido en el Acuerdo PSAA16-10618 de 2016, pues
dicha calificación se realizó con base en el periodo comprendido entre el 14 de enero
de 2022 y el 31 de marzo de 2022, desconociendo que según la normativa el período
de calificación para empleados es el comprendido entre el primero (1º) de enero y el
treinta y uno (31) de diciembre del respectivo año.
6.- El Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot (tercero con interés) indica que la
competencia para emitir un concepto de traslado de un servidor de carrera recae
directamente en la Unidad de Administración de Carrera Judicial. Sostiene que el
señor Mendoza Rodríguez reside en la ciudad de Ibagué (Tolima), ciudad desde la
cual se traslada todos los días hasta la sede judicial de Girardot, pues el Consejo
Seccional de la Judicatura, mediante Resolución No. CSJCUR22-330 del 9 de junio
de 2022, le concedió una autorización para residir en esa ciudad.
7.- El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca (tercero con interés)
solicita su desvinculación del proceso, con fundamento en que las solicitudes de
traslados son evaluadas por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por
lo que dicha autoridad es la competente para pronunciarse frente al objeto de la
tutela.
8.- El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué (tercero con interés) señala que el
despacho se no se ha pronunciado sobre la solicitud de traslado, pues está pendiente
del concepto favorable de la entidad competente para tal fin.
9.- Consejo Seccional de la Judicatura de Tolima y el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Ibagué (terceros con interés) pese a estar debidamente notificados,
guardaron silencio.
E. Fallo impugnado
10.- Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2022 el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B negó el amparo solicitado. Estudió el requisito de
subsidiariedad frente a las acciones de tutela contra actos administrativos referentes
a traslados de servidores de carrera, y mencionó que, excepcionalmente, la Corte
Constitucional ha admitido la procedencia de la acción como mecanismo transitorio
en casos donde se vean amenazados o vulnerados los derechos fundamentales
derivados de los traslados, pues en algunas ocasiones, el agotamiento de las
acciones ordinarias impide la eficaz protección de los derechos.
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Accionante: Jeider Leonardo Mendoza Rodríguez y otros
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10.1.- Señaló que el razonamiento efectuado por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial para emitir concepto desfavorable a la solicitud de traslado del señor
Mendoza Rodríguez mediante los actos administrativos cuestionados fue adecuado,
toda vez que dicha autoridad encontró que el actor no acreditó en debida forma el
requisito de la última evaluación integral de servicios anual contemplado en artículo 4º
del Acuerdo PSAA16-10618 del 7 de diciembre de 20164. Lo anterior, pues aportó un
formato de calificación de servicios del periodo comprendido entre el 14 de enero de
2022 y el 31 de marzo de 2022, que no cumple con el tiempo de periodicidad
establecido.
10.2.- Si bien sostuvo que mediante la sentencia del 24 de abril de 2020 se declaró la
nulidad de los artículos 18 y 19 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, el artículo 13
que establece la calificación integral de servicios como un requisito para la
procedencia del traslado no fue sido declarado nulo y, por tanto, es de obligatorio
cumplimiento.
10.3.- Indicó que la exigencia del requisito para el traslado no vulneraba los derechos
fundamentales de la parte actora, pues se fundó en criterios objetivos, concretos y
razonables, de acuerdo con los parámetros normativos y jurisprudenciales que
regulan el tema de los traslados de los servidores judiciales. En consecuencia, no
hubo una actuación irregular que ameritara la intervención del juez de tutela para
adoptar medidas urgentes de protección. Sin perjuicio de lo anterior, afirmó que la
parte actora podría hacer uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para cuestionar la legalidad de los actos administrativos enjuiciados.
F. Impugnación
11.- La parte actora impugna la sentencia de primera instancia. Sostiene que no se
debió declarar el incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción, en tanto
<<resulta irrisorio y un chiste>> pretender la protección de sus derechos
fundamentales y los de su núcleo familiar mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues a través de ese medio de control no se
materializaría la suspensión del nombramiento de los aspirantes que se encuentran
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<<Artículo 4. Periodicidad. La calificación integral de servicios de los magistrados de tribunales superiores,
administrativos y de la sala jurisdiccional disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura o comisiones
seccionales de disciplina judicial, se llevará a cabo bienalmente; la de los jueces y empleados, anualmente.
El período de calificación para magistrados estará comprendido entre el primero (1.o) de enero del primer año y
el treinta y uno (31) de diciembre del segundo año y para jueces y empleados estará comprendido entre el primero
(1.o) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del respectivo año. La consolidación de todos los factores que
la integran se hará a más tardar el último día hábil del mes de agosto del ano
̃ siguiente a la finalización del período
anual o bienal, respectivamente. (…)>> (Se destaca).
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en lista de elegibles para el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué, debido a la
congestión judicial que existe en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
II. CONSIDERACIONES
12.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó el amparo
solicitado.
13.- De entrada, resulta pertinente advertir que, a través de la sentencia de primera
instancia, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no declaró
el incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción, sino que negó el
amparo porque consideró que la Unidad de Administración de Carrera Judicial no
vulneró los derechos fundamentales de la parte actora a través de los actos
administrativos cuestionados.
13.1.- La Sala comparte la postura del juez de primer grado frente al requisito de
subsidiariedad, según la cual, por regla general, la acción de tutela contra actos
administrativos de carácter particular es improcedente, toda vez que estos pueden
ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; no obstante,
excepcionalmente se ha admitido su procedencia como mecanismo transitorio en
aquellos casos en los que, según las particularidades del caso, los medios judiciales
ordinarios resultaren ineficaces para la protección de los derechos amenazados o
vulnerados.
13.2.- En el caso en concreto, se consideró que la tutela debía ser utilizada como
mecanismo transitorio para, si a ello hubiere lugar, adoptar las medidas urgentes de
protección que permitieran salvaguardar los derechos del señor Mendoza Rodríguez,
en su calidad de servidor de carrera judicial en propiedad, pues si el Juzgado Sexto
Civil Municipal de Ibagué —al cual había solicitado el traslado— nombraba en
propiedad al primer aspirante de la lista de elegibles para la vacante de oficial mayor,
se cercenaría la pretensión principal del actor.
13.3.- En ese sentido, no le asiste razón a la parte actora cuando afirma que la
sentencia de primera instancia no debió haber declarado el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, en tanto dicha autoridad dio por superado ese requisito
y estudió de fondo el asunto. Ahora bien, el juez constitucional de primera instancia
encontró que los actos administrativos enjuiciados no contenían una decisión
caprichosa ni arbitraria, pues la autoridad accionada simplemente exigió uno de los
requisitos que debía cumplirse para que el traslado se tornara procedente, como lo
era la calificación de servicios contemplada en el artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-
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10754 de 2017 y que, en concordancia con el artículo 4 del Acuerdo PSAA16-10618
de 2016, debía ser anual para los jueces y empleados. Sin embargo, como la
calificación de servicios aportada por el actor solo comprendió el periodo entre el 14
de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022, no se cumplió con el tiempo de
periodicidad necesario. Conclusión que esta Sala comparte.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 15 de
diciembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que
negó el amparo.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: Por Secretaría, PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web
de esta Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Ausente con permiso
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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