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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00622-01

Fecha
18 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00622-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 4 de mayo de 2023, mediante la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado concedió el amparo solicitado por Martha Liliana Arteaga Pantoja, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin33. TERCERO: por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00622-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

18 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00622-01
Demandante: Martha Liliana Artega Pantoja
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Acto
administrativo que niega traslado de servidora judicial por razones de salud | Derechos al
mérito, carrera, salud, vida, trabajo e igualdad.

Síntesis del caso: La demandante, en su condición de servidora judicial de carrera, alegó
la vulneración de sus derechos fundamentales, con ocasión de la decisión que negó su
solicitud de traslado al cargo de magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Nariño.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por la parte demandada y el tercero con interés,
en contra de la Sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida, en primera
instancia, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la cual se concedió el amparo solicitado2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación. 1.3. Actuación posterior al fallo y a las impugnaciones.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 7 de febrero de 2023, Martha Liliana Artega Pantoja presentó
acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mérito, carrera,
salud, vida, trabajo digno e igualdad, junto con el principio de confianza

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Puntualmente resolvió (se trascribe) “PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al mérito, carrera

administrativa, igualdad, salud, vida y trabajo digno, y el principio constitucional de confianza legítima de la
señora Martha Liliana Arteaga Pantoja, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Oficio SJ-JAGF-00041 de 11 de enero de 2023, a través del cual la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial negó la solicitud de traslado invocada por la parte accionante.
TERCERO: ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro del término de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a trasladar a la señora Martha Liliana Arteaga
Pantoja al cargo de magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, para la vacante
creada mediante el Acuerdo PCSJA22-11970 de 30 de junio de 2022.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00622-01
Demandante: Martha Liliana Artega Pantoja
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - ampara
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legítima, con ocasión del Oficio SJ-JAGF-00041 de 11 de enero de 2023,
mediante el cual la entidad demandada le negó la solicitud de traslado
por razones de salud.

2. A título de amparo constitucional, la accionante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO: Declarar que la Accionada se encuentra subvirtiendo mis
derechos fundamentales de carrera, mérito, salud, vida y trabajo en
condiciones dignas, confianza legítima e igualdad.

SEGUNDO: Tutelar mis derechos fundamentales, actualmente transgredidos
por la Accionada, ordenándole a ésta, dejar sin efectos su decisión negativa
tomada en sesión de Sala No. 086 del 10 de noviembre de 2022 y
comunicada mediante oficio SJ-JAGF-00041 del 11 de enero de 2023 y en su
lugar exigirle disponer el traslado por razones de salud por mi deprecado, al
cargo de Magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Nariño.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) El 11 de febrero de 20213, Martha Liliana Arteaga Pantoja fue
nombrada magistrada en propiedad, en el régimen de carrera judicial, en
el despacho 4 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico,
cargo del cual tomó posesión el 25 de marzo de 2021, lo que implicó su
traslado de Pasto a Barranquilla.

5. 2) Mediante Acuerdo PCSJA22-11970 de 30 de junio de 2022, el
Consejo Superior de la Judicatura creó, entre otros, el cargo permanente
de magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, el
cual figuró dentro de las vacantes publicadas del 1 al 7 de septiembre de
2022 por la Unidad de Administración de Carrera Judicial en su página
web.

6. 3) El 7 de septiembre de 2022, la señora Arteaga Pantoja, dentro de
los 5 días hábiles siguientes a la publicación del cargo, radicó solicitud de
concepto favorable para traslado por razones de salud, concretamente,
por episodios depresivos asociados a un duelo (muerte de su hijo mayor) y
a la separación de su familia. Adujo que requería retornar a Pasto para su
restablecimiento psicológico y para el cuidado de su madre e hijo menor,
quienes sufrían varias patologías y/o trastornos. Para ello, adjuntó
conceptos psicológicos en los que se recomendaba el acompañamiento y
apoyo de la red familiar (esposo e hijo) y, en consecuencia, su traslado
laboral a Pasto.

3 Acuerdo No. 13.

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Demandante: Martha Liliana Artega Pantoja
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - ampara
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7. 4) El 31 de octubre de 2022, mediante Oficio CJO22-47574, la Unidad
de Administración de Carrera Judicial emitió concepto favorable de
traslado por razones de salud, al considerar que se cumplían los
presupuestos exigidos en los artículos 7, 8 y 9 del Acuerdo PCSJA17-10754
de 20175.

8. 5) El 11 de enero de 2023, mediante Oficio SJ-JAGF-00041, la
Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le
comunicó a la accionante la decisión de no acceder al traslado solicitado.

9. El fundamento de la vulneración radicó en que la accionada negó
la solicitud de traslado por razones de salud al cargo vacante de
magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño,
provisto por un funcionario en provisionalidad, a pesar de cumplirse con los
presupuestos legales y reglamentarios para su concesión.

10. Adujo que el traslado era un derecho que le asistía como funcionaria
de la carrera judicial, y que su decisión no era potestativa ni discrecional,
ya que (se trascribe) “si aquel decide negarlo, su justificación objetiva
deberá restringirse exclusivamente al no cumplimiento de todos los
requisitos que determina la norma para conferirlo”, escenario que no era el
suyo, comoquiera que, según los dictámenes médicos6, su traslado a Pasto
era necesario e indispensable para su salud mental y su bienestar, así como
el de su hijo y el de su madre. Por lo anterior, sostuvo que la accionada no
podía negar el traslado por razones de gravedad o no de su enfermedad.

11. Manifestó que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional7,
la tutela era el único y definitivo mecanismo para proteger los derechos de
carrera y el principio del mérito, trasgredidos por la demandada, y para
evitar que consolidara un perjuicio irremediable, por lo que no se le debía
exigir al afectado agotar el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y solicitar medida cautelar como forma de proteger sus
derechos de carrera y el principio del mérito, dado que este era ineficaz

4 Comunicado el 3 de noviembre de 2022, mediante Oficio CJO22-4824.
5 “ARTÍCULO SÉPTIMO. Traslado por razones de Salud. Los servidores judiciales en carrera, tienen derecho a ser

traslados por razones de salud, debidamente comprobadas, a otro despacho judicial, cuando las mismas le
hagan imposible continuar en el cargo o por éstas se encuentre afectado o afectada su cónyuge, compañero o
compañera permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil.
ARTÍCULO OCTAVO. Requisitos: Los dictámenes médicos que reflejan las condiciones de salud (diagnóstico
médico y recomendaciones de traslado), deberán ser expedidos por la Entidad Promotora de Salud (EPS) o
Administradora de Riesgos laborales (A.R.L) a la cual se encuentre afiliado el servidor. (…) Los dictámenes
médicos no deberán tener fecha de expedición superior a tres (3) meses. (…). ARTÍCULO NOVENO. Concepto.
Para efectos de emitir concepto sobre las peticiones de traslado por razones de salud, los Consejos Superior y
Seccionales tendrán en cuenta entre otros aspectos los siguientes: a) El diagnóstico médico sobre las
condiciones de salud que se invocan, expedido en los términos señalados en el artículo octavo de este Acuerdo,
en el cual se recomiende expresamente el traslado por la imposibilidad de continuar desempeñando el cargo
del cual es titular. (…)”.
6 Expedidos por la EPS a la que se encuentra afiliada y con una expedición no mayor a 3 meses a la fecha de

radicación de la solicitud de traslado.
7 Corte Constitucional, Sentencias T-302 de 2019 y T-340 de 2020.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - ampara
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por la demora en su resolución y por estar de por medio, además, los
derechos a la salud, trabajo, vida en condiciones dignas e igualdad8, junto
con el principio de confianza legítima.

1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

12. Mediante Sentencia de 4 de mayo de 20239, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos
fundamentales al mérito, carrera administrativa, igualdad, salud, vida y
trabajo digno de la accionante.

13. Precisó que, si bien, la accionante contaba con el medio de nulidad
y restablecimiento del derecho para controvertir la legalidad del acto
administrativo cuestionado, la acción de tutela era procedente para evitar
un perjuicio irremediable, dadas las condiciones de salud que padecía la
accionante, su madre y su hijo menor, como sujetos de especial
protección constitucional, la imposibilidad de movilizar a su núcleo familiar
al lugar actual donde reside (Barranquilla) y la necesidad de garantizar la
unidad familiar con el traslado. Tal y como sucedió en un caso con
similares supuestos fácticos10.

14. Respecto del Oficio SJ-JAGF00041 de 11 de enero de 2023
enjuiciado, indicó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial lo
expidió sin mayor motivación, pues, la accionante cumplió con los
presupuestos del Acuerdo PCSJA17-10754 de 18 de septiembre de 2017 y
de la Ley 771 de 2002, toda vez que: 1) presentó la petición de traslado el 7
de septiembre de 2022, es decir, dentro del término de publicación de la
vacante, 2) el cargo solicitado - magistrado de Comisión Seccional de
Disciplina Judicial – tiene funciones y categoría afines, 3) los diagnósticos
médicos recomendaron, expresamente, el traslado y el apoyo de la red
familiar, y 4) se acreditó el parentesco de la accionante con su madre y su
hijo menor, sumado al hecho de que 5) la Unidad de Administración de
Carrera Judicial dio concepto favorable al traslado.

15. En virtud de lo anterior, consideró que la solicitud de traslado
formulada por la accionante cumplía con los requisitos fijados por el
ordenamiento jurídico para su viabilidad, pues, (se trascribe) “el derecho a
la salud en el plano de la operatividad mental ha sido reconocido y
protegido por la Corte Constitucional”, por lo que, a su juicio, no era de

8 Señaló que a varios servidores públicos inscritos en carrera judicial se les ha concedido el traslado por razones

de salud. Para el efecto, citó la Sentencias de 15 de noviembre de 2018, rad. No. 11001-02-30-000-2018-00151-01
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; 5 de abril de 2019, rad. No. 11001-03-15-000-2018-
00412-00 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado; 21 de agosto de 2020, Rad. No. 2020-00552 de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
9 Notificada a las partes el 24 de mayo de 2023, según consta en el índice 28 del expediente en SAMAI.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-159 de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00622-01
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Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - ampara
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recibo el argumento de la demandada consistente en que la situación de
salud de la accionante no era nueva y que, pese a eso, ella aceptó el
cargo en el Atlántico, máxime cuando sobre el mérito se instituye el servicio
público. Por lo expuesto, dejó sin efectos el oficio enjuiciado y ordenó el
traslado de la señora Arteaga Pantoja al cargo de la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Nariño, para la vacante creada mediante el
Acuerdo PCSJA22-11970 de 30 de junio de 2022, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de dicha providencia.

16. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, impugnó la sentencia de
tutela de primera instancia y solicitó que se revocara y, en su lugar, se
declarara la improcedencia de la tutela. A su juicio, no hubo
pronunciamiento sobre la falta de inmediatez y subsidiariedad, habida
cuenta de que (se trascribe) “han transcurrido más de 2 años desde que la
accionante tomó posesión en el empleo y hace más de 4 años viene
tratando la afectación”, adicional a la existencia de otro medio de
defensa judicial idóneo para controvertir la decisión desfavorable.

17. Adicional a lo anterior, refirió que la decisión de aceptar o no la
solicitud de traslado era una competencia propia de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial como nominador11, en la cual no era determinante el
concepto favorable de la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
por lo que el juez constitucional no podía arrogársela.

18. De manera subsidiaria, solicitó que se negara el amparo porque no
se probó el perjuicio irremediable ni la imposibilidad o dificultad de ejercer
el cargo, pues, según el diagnóstico médico de 8 de julio de 2022 y la
historia clínica No. 59813814 de 3 de agosto de 2022, la paciente reflejaba
receptividad y compromiso, y su enfermedad estaba controlada.
Adicionalmente, porque el juez de tutela de primera instancia no precisó
las razones de la trasgresión de los derechos fundamentales, máxime
cuando la Sentencia T-159 de 2017, en la que fundó su decisión, negó el
amparo allí solicitado.

19. Igualmente, Eduardo de Jesús Hurtado Cárdenas, en su calidad de
tercero interesado12, impugnó la decisión de 4 de mayo de 202313 y solicitó
su revocatoria. Manifestó que como la situación de la señora Arteaga

11 Cuyas razones para negar el traslado fueron las siguientes: (se trascribe) “i) no había vacante en la Comisión

Seccional de Nariño, al estar nombrado en provisionalidad el doctor Eduardo de Jesús Hurtado Cárdenas; ii) no
hay lista de elegibles, por haber perdido vigencia el 19 de marzo de 2022; iii) no existió una razón sustancial para
considerar que la prestación del servicio público de administrar justicia sería diferente en el departamento del
Atlántico que en el Nariño; iv) la distancia temporal entre el proceso terapéutico (5 de marzo de 2019) y la
posesión como Magistrada (25 de marzo de 2021), y v) era opcional para la doctora Arteaga Pantoja aceptar o
no el cargo de Magistrada en el Atlántico.”
12 Vinculado al asunto mediante Auto de 21 de marzo de 2023.
13 Se advirtió que el Auto de 6 de junio de 2023, mediante el cual se concedió la impugnación de la parte

accionada, no relacionó la impugnación del tercero [Eduardo de Jesús Hurtado Cárdenas]; sin embargo, por la
efectividad de los derechos de las partes, así como del principio de economía, se tendrán en cuenta los
argumentos del tercero porque presentó en tiempo la impugnación - 29/5/23 - y estaba legitimado para hacerlo.

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Pantoja tuvo un origen anterior a la actuación objeto de la tutela, la
actuación administrativa – negativa del traslado - no pudo haberle
causado un perjuicio irremediable.

20. Indicó que el concepto médico que recomendó, expresamente, el
traslado de la accionante a Pasto fue emitido el 13 de febrero de 2023,
cuando ya había sido negado, por lo que el mismo no podía ser tenido en
cuenta, además que los otros dictámenes presentados con la solicitud no
fueron expedidos ni refrendados por la EPS a la cual está afiliada la
servidora, aspectos sobre los cuales el fallador no dijo nada.

21. Consideró que, el juez de tutela de primera instancia omitió
pronunciarse sobre el hecho de que el cargo para proveer el traslado no
se encontraba en vacancia definitiva, pues, aunque se publicó así en
septiembre de 2022, eso (se trascribe) “se debió a un error pues el cargo
estaba en estado de vacancia temporal debido a una incapacidad
médica”.

1.3. Actuación posterior al fallo y a las impugnaciones

22. El 1 de junio de 2023, la accionante, de un lado, informó que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante Acuerdo No. 58 de 25
de mayo de 2023, la trasladó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Nariño14. De otro lado, desestimó cada uno de los reproches puestos de
presente en las impugnaciones15 y solicitó que se protegieran sus derechos
fundamentales y se confirmara íntegramente la decisión de primer grado.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra autoridad pública. 2.2. Fijación
de la controversia. 2.3. Verificación de la afectación de derechos fundamentales. 2.4.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra autoridad pública

23. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales16 al mérito, carrera, salud, vida,
trabajo digno e igualdad. Martha Liliana Arteaga Pantoja es la titular de los

14 En efecto, aportó el acuerdo referido, junto con e acta de posesión en dicho cargo.
15 Cargos como: que el cargo no estaba vigente y que no había lista de elegibles, que no existía una razón

sustancial para considerar que la prestación del servicio público de administrar justicia sería diferente en
Atlántico que en Nariño, la aceptación del cargo y su distancia temporal con el inicio del proceso terapéutico,
que no se acreditaron todos los presupuestos para el traslado, etc.
16 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.

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derechos invocados como violados, por lo cual, se tiene por acreditada la
legitimación activa en la causa17.

24. De igual manera, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tiene
legitimación pasiva en la causa18, porque de esta se predica la
vulneración al expedir el Oficio SJ-JAGF-00041 de 11 de enero de 2023
enjuiciado.

25. Frente a la subsidiariedad19, esta Sala, al igual que el juez de tutela
de primera instancia, considera que dicho requisito se supera porque,
aunque la accionante cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para enjuiciar el acto administrativo aludido,
la tutela resulta ser el mecanismo idóneo y eficaz para proteger, de
manera inmediata y definitiva, los derechos de carrera e, incluso, el
derecho a la salud, así como para evitar un perjuicio irremediable, dada la
brevedad y perentoriedad del trámite de las solicitudes de traslado.

26. Lo anterior con fundamento en la Sentencia T-302 de 2019, en la que
la Corte Constitucional estableció que, por regla general, la acción de
tutela no procede contra actos administrativos de carácter particular y
concreto. No obstante, al tratarse de actos administrativos que
presuntamente lesionan derechos de la carrera judicial, se ha aceptado la
procedencia excepcional de la misma.

27. A su vez, la Corte Constitucional20 y la Corte Suprema de Justicia21
han establecido que la acción de tutela procede excepcionalmente
cuando los actos administrativos versan sobre peticiones de traslado por
razones de salud, pues la tutela (se trascribe) “proporciona una solución
más integral, máxime cuando está en entredicho el derecho a la salud de
quien acude a ella”.

28. Por lo anterior, y al encontrarse acreditada la situación de
vulnerabilidad de la actora, quien presenta episodios depresivos y,
adicionalmente, tiene a su hijo menor y a su madre con otras patologías o
enfermedades, se entenderá, como en casos anteriores22, superado el
requisito general de subsidiariedad.

29. En relación con el requisito de inmediatez23, este se satisface, pues el
11 de enero de 2023 se expidió el acto administrativo que negó el traslado,

17 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
18 Ibidem.
19 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
20 Sentencias T-947 de 2012 y T-396 de 2015.
21 Sentencia del 15 de noviembre de 2018. Radicado No. 11001-02-30-000-2018-00151-01.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencias de tutela de 19 de enero de 2023, Rad. 11001-

03-15-000-2022-05449-01 y 14 de abril de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-06087-01.
23 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)

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mientras que el 7 de febrero de 2023 se presentó la acción de tutela, esto
es, en un término oportuno y razonable. Vale la pena precisar que,
contrario a lo que sostuvo la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en su
impugnación, la inmediatez, en este caso, no se puede contabilizar desde
que la accionante tomó posesión en el cargo de magistrada de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico o desde que
empezó a tratar su afectación, ya que la vulneración de sus derechos no
la atribuyó a esos sucesos sino a la decisión que negó su traslado.

2.2. Fijación de la controversia

30. Corresponde a la Sala determinar, si la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial vulneró los derechos fundamentales al mérito, carrera,
salud, vida, trabajo digno e igualdad de la accionante, al haber negado
su traslado por razones de salud al cargo de magistrado de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Nariño. Como consecuencia de lo
anterior, se procederá a confirmar, revocar o modificar la sentencia
impugnada.

2.3. Verificación de la afectación de derechos fundamentales

31. La Sala confirmará la Sentencia de 4 de mayo de 2023, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado por las
razones que pasan a explicarse:

32. En el caso concreto, se enjuicia el acto administrativo por medio del
cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial negó la solicitud de
traslado que presentó la accionante por razones de salud - Oficio SJ-JAGF-
00041 de 11 de enero de 2023, pese al concepto favorable que emitió la
Unidad de Administración de Carrera Judicial en el Oficio No. CJ022-4824
de 3 de noviembre de 2022.

33. Respecto del traslado por razones de salud, reglado tanto por el
artículo 134 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 771 de 2002,
como por los artículos 7, 8 y 9 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 201724, se
destaca que, para su viabilidad, es necesario que: 1) el solicitante sea un
funcionario o empleado de carrera, 2) exista un empleo vacante con
iguales requisitos, funciones afines y de la misma categoría que el cargo
que ocupa el interesado, 3) estén debidamente comprobadas las razones
de salud25 que imposibilitan continuar en el cargo o afectan al cónyuge,

24 “Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras disposiciones

en la materia”.
25 “ARTÍCULO OCTAVO. Requisitos: Los dictámenes médicos que reflejan las condiciones de salud (diagnóstico

médico y recomendaciones de traslado), deberán ser expedidos por la Entidad Promotora de Salud (EPS) o
Administradora de Riesgos laborales (A.R.L) a la cual se encuentre afiliado el servidor. Cuando se trate de su
cónyuge, compañero o compañera permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de

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Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - ampara
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compañero o compañera permanente, descendiente o ascendiente en
primer grado de consanguinidad o único civil del servidor judicial. Además,
el artículo 17 del citado acuerdo dispone que, 4) la solicitud de traslado
debe presentarse, por escrito, dentro de los 5 días hábiles de cada mes.

34. Así las cosas, al revisar el acto administrativo enjuiciado, de cara al
Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, se constató que el mismo no abordó las
circunstancias particulares del caso, pues, simplemente se limitó a señalar
que (se trascribe) “(…) en sesión de sala No 086 realizada el día 10 de
noviembre de 2022, se trató el oficio No CJ022-4824 proveniente de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, (…) el cual fue informado y
estudiado en Sala; con decisión de no acceder al traslado solicitado”.

35. En esa medida, la Sala encuentra que el acto enjuiciado no tuvo
una motivación/ justificación objetiva, no indagó sobre el cumplimiento o
no de los requisitos para el traslado solicitado por la señora Arteaga
Pantoja, es decir, no valoró, como lo determinó la primera instancia, que:
1) la accionante es una funcionaria de carrera, 2) el cargo respecto del
cual solicitó el traslado – magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Nariño- tiene categoría, funciones y requisitos afines con el
cargo que desempeña - magistrada de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Atlántico-, 3) tanto la historia clínica26 como los
conceptos médicos dieron cuenta de las condiciones de salud de la

consanguinidad o único civil, según corresponda, también se aceptará el dictamen médico que provenga del
Sistema de Seguridad Social en Salud. Los dictámenes médicos no deberán tener fecha de expedición superior a
tres (3) meses. Igualmente, si el diagnóstico proviene de un médico particular éste deberá ser refrendado, por la
EPS o, por la Administradora de Riesgos Laborales de la Rama Judicial cuando se trate de una enfermedad
profesional del servidor. Si se trata de enfermedades crónicas, progresivas, degenerativas, o congénitas, que
causen deterioro progresivo de su estado de salud, ante las circunstancias de debilidad manifiesta en que se
encuentren, la vigencia de los dictámenes médicos podrá ser superior a los tres (3) meses, sin exceder los seis (6)
meses de expedición.”
26 En la cual se evidencia el proceso terapéutico de la accionante y su respuesta a este. La historia clínica da

cuenta que en los años 2019 y 2020 mostró un avance significativo y tuvo una adecuada adherencia al
tratamiento, pero que, en los años 2021 y 2022, la separación con su familia impactó y afectó su proceso de
duelo, de la siguiente manera (se trascribe) “«La paciente Martha Liliana Arteaga, inició proceso terapéutico en
el servicio de Psicología el 05 de marzo de 2019, siendo el motivo de consulta el afrontamiento y proceso de
duelo por el fallecimiento de su hijo mayor. En el ingreso al servicio de Psicología se establece que la paciente
presenta sintomatología asociada a Trastorno de ajuste (F432) Duelo en elaboración. El proceso terapéutico se
orientó a reestablecer su estado anímico y reconstrucción de proyecto de vida. La paciente presentó durante el
proceso terapéutico, adecuada adherencia al tratamiento, asistiendo de manera regular una vez por semana a
las sesiones, hasta el mes de julio de 2019. En ese periodo la paciente mostró un avance significativo en el
desarrollo de recursos psicológicos que le permitieron afrontar de manera adaptativa su situación de duelo. El
[tr]atamiento se interrumpe debido a situaciones familiares relacionadas con la salud y posterior fallecimiento del
padre. El 26 de noviembre de 2019 retoma el proceso terapéutico hasta el mes de enero de 2020, periodo en el
que la paciente continúa avanzando en su proceso de elaboración de duelo, en la restructuración de su
proyecto de vida junto a su familia (esposo e hijo menor) que se constituye en la red de apoyo principal a nivel
emocional. (…) Durante el año 2021 la paciente asistió a cuatro controles, en los cuales se encontró que la
separación de su familia por motivos labores, es un factor que ha impactado en su proceso de duelo, debido a
que ha limitado la interacción con los miembros de la misma, generándole estados emocionales de tristeza y
nostalgia que afectan su proceso adaptativo. Se trabaja con la paciente en el reconocimiento y
aprovechamiento de sus recursos psicológicos para lograr avanzar en el proceso de duelo y adaptación a las
nuevas situaciones laborales y familiares. La paciente refleja receptividad, compromiso y adherencia hacia el
proceso, además de capacidad de autogestión de otros recursos de apoyo. En el año 2022 la paciente ha
asistido a tres controles, en los cuales se hace evidente que la familia continúa siendo un factor que la afecta
emocionalmente y que ha conllevado a alteraciones en su estado anímico con presencia de síntomas como
alteraciones del sueño y la alimentación, dificultades en procesos cognitivos que le implican mayor esfuerzo
para lograr cumplir con sus actividades laborales. De igual manera se identifican pensamientos y
preocupaciones asociados con su hijo menor, debido a que por la distancia no puedo brindarle el
acompañamiento que requiere al encontrarse en la etapa de la adolescencia”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00622-01
Demandante: Martha Liliana Artega Pantoja
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - ampara
______________________________________________________________________________________________________________

accionante y recomendaron su traslado27, y 4) la petición de traslado se
presentó el 7 de septiembre de 2022, esto es, en los 5 días hábiles siguientes
del mes en que se publicó la vacante.

36. Es más, la Sala advirtió que la autoridad demandada tampoco tuvo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del citado acuerdo, a saber, el
diagnóstico médico sobre las condiciones de salud de la señora Arteaga
Pantoja ni el parentesco, dadas las enfermedades invocadas respecto de
su ascendiente (hijo) y descendiente (madre). Omisión que, ahora, en la
contestación o impugnación presentada no puede subsanar. Pues,
aunque en dichas actuaciones informó las razones por las cuales negó el
traslado28, lo cierto es que eso no reposa en el Oficio SJ-JAGF-00041 de 11
de enero de 2023.

37. En todo caso, dentro de las razones esgrimidas por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, no se evidencia algún pronunciamiento
frente a la situación de salud de la accionante y los conceptos médicos
sobre esta, pues, simplemente, se limita a reprochar que dicha situación no
era nueva y que pese a ello aceptó el cargo en el departamento de
Atlántico, así como también que el cargo objeto de la solicitud de traslado
no estaba vacante por estar ocupado, en provisionalidad, por Eduardo de
Jesús Hurtado Cárdenas, quien como tercero con interés también puso de
presente tal aspecto en su impugnación.

38. Respecto de los reparos formulados en las impugnaciones, la Sala
concuerda con el juez de primera instancia, en el sentido que no son de
recibo, ya que, independientemente de que la accionante hubiera
aceptado el cargo en el Atlántico a sabiendas de su proceso de duelo, lo
cierto es que accedió a este a través de concurso de méritos y por estar
inscrita en la carrera judicial, goza del derecho a ser traslada por razones
de salud29.

39. En relación con el reparo del tercero interesado, consistente en que
el concepto médico que recomendó el traslado de la accionante a Pasto
fue emitido el 13 de febrero de 2023, cuando este ya había sido negado, la
Sala advirtió que dicha fecha corresponde a una anotación realizada con

27 Al igual que el juez de tutela de primera instancia, se resalta que, en un concepto médico de 16 de enero de

2023, emitido por un psiquiatra de Trabajemos Juntos IPS SAS, EPS Sanitas SAS, se diagnosticó (se trascribe)
“Subjetivo. (…) Hijo en tratamiento psicológico. Abandonó estudios universitarios. Madre con problemas
cardíacos. Hermana con retraso mental moderado. Escasa red de apoyo en la ciudad. Disminución de apetito,
insomnio mixto de conciliación y de mantenimiento. Eszopiclona y sertralina, los cuales toma regularmente. (…)
Plan. Paciente cursando episodio depresivo moderado. Continúa en tratamiento con sertralina y eszopiclona.
Control en un mes. Se sugiere traslado laboral a la ciudad de Pasto como parte importante del proceso
terapéutico y de apoyo mutuo desde y hacia su familia. Continúa en psicoterapia individual por psicología.”
28 Ver pie de página 10 de esta providencia.
29 “ARTÍCULO SÉPTIMO. Traslado por razones de Salud. Los servidores judiciales en carrera tienen derecho a ser

traslados por razones de salud, debidamente comprobadas, a otro despacho judicial, cuando las mismas le
hagan imposible continuar en el cargo o por éstas se encuentre afectado o afectada su cónyuge, compañero o
compañera permanente, descendiente o ascendiente en primer grado de consanguinidad o único civil.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00622-01
Demandante: Martha Liliana Artega Pantoja
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - ampara
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esfero en el concepto médico referido, el cual, en realidad, fue emitido el
16 de enero de 2023, como se evidencia en la parte superior izquierda del
mismo. En esa medida, aunque este se emitió 5 días después del Oficio SJ-
JAGF-00041 de 11 de enero de 2023, lo cierto es que lo suscribió el médico
psiquiatra que, con anterioridad, había atendido a la señora Arteaga
Pantoja y había manifestado, por ejemplo, que ella no contaba con un
grupo de apoyo en Barranquilla30.

40. En todo, caso, el concepto favorable de traslado CJO22-4824 de 3
de noviembre de 2022 dio cuenta de que en el sistema de registro clínico
Avicena de la EPS Sanitas y en el informe del servicio de psicología consta
la necesidad fortalecer el vínculo con el núcleo familiar y de contar con el
acompañamiento y apoyo de la red familiar respecto de la accionante.
Por lo expuesto, no hay lugar a desestimar dichos documentos que, en
conjunto, fundamentaron la solicitud del traslado y su visto bueno.

41. Ahora, frente al reparo de que no procedía el traslado porque no
existía una vacancia definitiva, la Sala destaca que, mediante el Acuerdo
PCSJA22-11970 de 30 de junio de 2022, artículo 1, segundo literal l), el
Consejo Superior de la Judicatura dispuso la creación de un despacho de
magistrado en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño,
conformado, entre otros, por un cargo de magistrado, cuya vacante se
publicó en septiembre, de manera que era viable la solicitud de traslado
presentada por la señora Arteaga Pantoja el 7 de septiembre de 2022, y
aunque el tercero interesado señaló que dicha publicación (se trascribe)
“se debió a un error pues el cargo estaba en estado de vacancia temporal
debido a una incapacidad médica”, lo cierto es que su nombramiento en
provisionalidad31 no puede primar sobre el derecho al mérito ni impedir
que opere la figura del traslado frente a un cargo que no ha sido provisto
por un servidor de carrera.

42. En ese orden, se recuerda que los funcionarios nombrados en
provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, en
virtud de que el ordenamiento jurídico estableció que la provisión del
empleo público está sujeta, por regla general, al concurso de méritos y no
a la discrecionalidad del nominador, tal y como lo establece el artículo 125
de la Constitución Política. En concordancia, no es posible otorgarles a los
servidores públicos en provisionalidad un derecho indefinido a permanecer
en un cargo de carrera administrativa, toda vez que prevalecen los
derechos de los servidores públicos de carrera administrativa32.

30 Concepto médico de 9 de noviembre de 2022. Trabajemos Juntos IPS SAS.
31 A través del Acuerdo No. 77 de 13 de julio de 2022.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-014 de 2019 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia

de 11 de julio de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2023-00018-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00622-01
Demandante: Martha Liliana Artega Pantoja
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma - ampara
______________________________________________________________________________________________________________

2.4. Conclusión

43. Dada la trasgresión de los derechos fundamentales de la
accionante, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
concedió su amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 4 de mayo de 2023, mediante la
cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
concedió el amparo solicitado por Martha Liliana Arteaga Pantoja, por las
razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin33.

TERCERO: por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMUDEZ MUÑOZ FREDY MARTÍNEZ IBARRA
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

33 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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