Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06138-00
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Improcedencia por subsidiariedad: el tutelante cuenta con la posibilidad de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06138-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06138-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
12 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 110010315000202206138 00
Accionante: GARY NEIL CHARRIS MARTÍNEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
IMPROCEDENCIA POR SUBSIDIARIEDAD – El tutelante cuenta con la posibilidad de
acudir al recurso extraordinario de revisión, mecanismo procedente para cuestionar la
sentencia por nulidad en ella originada / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL – Presupuestos de procedencia / DEFECTO FÁCTICO – No se configuró porque
la decisión cuestionada fue dictada en ejercicio de la autonomía judicial y constituye una
decisión razonable.
La Sala se pronuncia, en primera instancia, en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Gary Neil Charris Martínez, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 333 de 2021.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Por escrito presentado el 18 de noviembre de 2022, Gary Neil Charris Martínez
instauró demanda de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en
condiciones dignas, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
1
Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
2. Hechos
El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la Universidad del Atlántico, con el fin de que se le reconociera y pagara las
prestaciones sociales y demás emolumentos adeudados con ocasión de la
prestación de servicios profesionales a través de diversos contratos de prestación
de servicios.
El Juzgado Tercero Administrativo de Oralidad de Barranquilla profirió sentencia el
30 de septiembre de 2019 y negó las pretensiones.
La sentencia fue apelada por el actor y el Tribunal Administrativo del Atlántico, el
12 de mayo de 2022, revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar, declaró
la nulidad del oficio No. QAJ 548-2016 del 05 de octubre de 2016 y condenó a la
Universidad del Atlántico solo al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
en virtud del contrato de prestación de servicios No. 000085 del 23 de enero de
2013, porque respecto de los demás vínculos, había operado la prescripción.
Indicó el demandante que esa valoración probatoria resultó insustancial, pues las
pruebas daban cuenta de circunstancias que debieron considerarse para
determinar la subordinación a la que el actor estuvo sometido con la entidad
contratante, como el mismo tribunal lo sostuvo en casos similares y de conformidad
con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021
del Consejo de Estado.
En contra de la decisión anterior, la parte actora presentó solicitud de adición y
aclaración con el fin de que se incluyera el pago de las prestaciones
correspondientes a los demás contratos; sin embargo, el tribunal, mediante
proveído del 14 de julio de 2022, no accedió a la solicitud porque los derechos
reclamados, en relación con los demás contratos, habían prescrito.
2
Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La parte actora indicó que la decisión cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia; como fundamento de la solicitud de
amparo, señaló lo siguiente (transcripción literal):
El Tribunal Administrativo del Atlántico, decide el caso sin resolver el recurso
de apelación presentado por mi apoderado contra el auto del Juzgado Tercero
Oral Administrativo del Atlántico que denegó la práctica de las pruebas
testimoniales.
Era contundente y necesario la práctica de esta prueba, sin haber mayores
argumentos para sostener su denegación, dado que la exigencia de haber
alegado el justificativo para su petición no es más que un exceso ritual
manifiesto, cercenando mi acceso a la justicia en su órbita procesal que
constitucionalmente está supeditada al derecho sustantivo de conformidad con
el artículo 29 constitucional.
De otra parte, la valoración indebida de las pruebas documentales,
atribuyéndoles un significado disociado de la realidad, conllevó a la accionada
inexorablemente a tomar una decisión errada sobre el derecho a las cesantías
como se explicará en el numeral próximo (…).
Hace una valoración inadecuada o indebida de las pruebas documentales,
pues al analizar los objetos contractuales de todos y cada uno de los contratos
de prestación de servicios que suscribí con la Universidad del Atlántico asegura
que sus objetos contractuales eran disímiles entre sí y a partir de allí aplica
indebidamente la figura de la prescripción.
(…).
La razón para denegar la prueba testimonial por parte del Juez Tercero
Administrativo fue la ausencia de justificación para la práctica de esta prueba,
lo cual no es más que un exceso ritual manifiesto, pues los testimonios per se
no tienen otra finalidad que probar a través de los testimonios de terceros que
tuvieron conocimiento directo de los hechos. Escuchar mis testigos, hubiera
ayudado sin duda a ratificar que yo siempre realicé las mismas funciones y de
hecho no solo hice las mismas funciones sino que cada vez me eran
adicionadas otras a medida que el tiempo transcurría, las cuales continuaron
una vez me posesione tras mi nombramiento en provisionalidad como consta
en certificado laboral.
La decisión adoptada por el colegiado en segunda instancia condenó la
posibilidad de ampliar la demostración de la verdad material en este caso,
cercenando mi derecho fundamental de acceso a la justicia, incurriendo con
ello en la vulneración de normas sustanciales a partir de la pétrea aplicación de
normas adjetivas.
Con base en lo anterior, la parte actora elevó las siguientes pretensiones (se
transcribe de manera literal, con posibles errores incluidos):
3
Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
1. Que se tutelen mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, al trabajo en condiciones dignas y a los
principios mínimos fundamentales del trabajo.
2. Que se DECLARE que la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de mayo
de 2022, proferida dentro del proceso 08001-33-33-003-2017-00088-01 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico Sección C, integrada por los Magistrados
CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA JORGE ELIECER FANDIÑO GALLO y
JAVIER BORNACELLY CAMPBELL, violó los artículos 13, 25, 29, 53, y 229 de la
Constitución Política de Colombia.
3. Que se ORDENE la revisión de la sentencia de segunda instancia de fecha 12
de mayo de 2022 proferida dentro del proceso 08001-33-33-003-2017-00088-01
por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección C, integrada por los
Magistrados CÉSAR AUGUSTO TORRES ORMAZA JORGE ELIECER FANDIÑO
GALLO y JAVIER BORNACELLY CAMPBELL.
4. En consecuencia de lo anterior, se ORDENE modificar y/o adicionar la
sentencia de segunda instancia proferida el 12 de mayo de 2022 por el Tribunal
Superior de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Sección C, en el sentido
que las cesantías a favor de GARY NEIL CHARRIS MARTÍNEZ, correspondientes
a los contratos de prestación de servicios 00203 del 28 de febrero de 2008, 00261
del 05 de junio de 2008, 00410 del 11 de agosto de 2008, 00066 del 15 de enero
de 2009, 00352 del 01 de julio de 2009, 00020 del 18 de enero de 2010, 00496
del 8 de julio de 2010, 000047 del 24 de enero de 2011 y 000072 del 20 de enero
de 2012, no se encuentran prescritas.
5. En consecuencia de lo anterior, se ORDENE modificar y/o adicionar la
sentencia de segunda instancia proferida el 12 de mayo de 2022 por el Tribunal
Superior de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Sección C, en el sentido
de CONDENAR a la Universidad del Atlántico al reconocimiento y pago a favor de
GARY NEIL CHARRIS MARTÍNEZ, de las cesantías correspondientes a los
contratos de prestación de servicios 00203 del 28 de febrero de 2008, 00261 del
05 de junio de 2008, 00410 del 11 de agosto de 2008, 00066 del 15 de enero de
2009, 00352 del 01 de julio de 2009, 00020 del 18 de enero de 2010, 00496 del 8
de julio de 2010, 000047 del 24 de enero de 2011 y 000072 del 20 de enero de
2012.
6. Así mismo, al no haber prescrito las cesantías, de manera consecuencial se
ORDENE modificar y/o adicionar la sentencia de segunda instancia proferida el
12 de mayo de 2022 por el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico Sección C, en el sentido de CONDENAR a la Universidad del Atlántico
al reconocimiento y pago a favor de GARY NEIL CHARRIS MARTÍNEZ, de los
intereses de cesantías correspondientes a los contratos de prestación de servicios
00203 del 28 de febrero de 2008, 00261 del 05 de junio de 2008, 00410 del 11 de
agosto de 2008, 00066 del 15 de enero de 2009, 00352 del 01 de julio de 2009,
00020 del 18 de enero de 2010, 00496 del 8 de julio de 2010, 000047 del 24 de
enero de 2011 y 000072 del 20 de enero de 2012.
7. Así mismo, al no haber prescrito las cesantías, de manera consecuencial se
ORDENE modificar y/o adicionar la sentencia de segunda instancia proferida el
12 de mayo de 2022 por el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo del
Atlántico Sección C, en el sentido de CONDENAR a la Universidad del Atlántico
al reconocimiento y pago a favor de GARY NEIL CHARRIS MARTÍNEZ, de la
sanción moratoria por no pago de las cesantías (art. 90 Ley 50/1990),
4
Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
correspondientes a los contratos de prestación de servicios 00203 del 28 de
febrero de 2008, 00261 del 05 de junio de 2008, 00410 del 11 de agosto de 2008,
00066 del 15 de enero de 2009, 00352 del 01 de julio de 2009, 00020 del 18 de
enero de 2010, 00496 del 8 de julio de 2010, 000047 del 24 de enero de 2011 y
000072 del 20 de enero de 2012.
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante auto del 22 de noviembre de 2022, se admitió la demanda de tutela
y se ordenó notificar a la autoridad accionada; se vinculó como tercero interesado
a la Universidad del Atlántico y se le comunicó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, los que se pronunciaron en los siguientes términos:
4.2. La Universidad del Atlántico, luego de referirse a cada uno de los hechos que
motivó la demanda de tutela, indicó que al actor no le violaron sus derechos.
4.3. Las demás partes, a pesar de haber sido debidamente notificadas, guardaron
silencio.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales1.
Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional
contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y
excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el
artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características 2.
1
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 31 de julio de 2012,
exp. 2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5
Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son 3:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
• Que no se trate de sentencias de tutela.
A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:
• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.
3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 2016-03336-00 (AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre muchas otras
providencias.
6
Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
• La violación directa de la Constitución Política.
Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado4.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016-00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, entre otras.
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Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
2. Caso concreto
La cuestión que aquí se discute tiene relevancia constitucional, toda vez que la
parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró sus derechos
fundamentales la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, porque, pese a que se interpuso
oportunamente el recurso de apelación en contra de la decisión proferida por el
juzgado en la audiencia de pruebas, este no fue decidido.
Ahora, en atención a que la parte demandante cuestiona una providencia judicial
por varios defectos, la Sala procede al análisis de cada uno de ellos, de conformidad
con las siguientes consideraciones:
2.1. Defecto procedimental
En relación con defecto procedimental alegado, porque el tribunal profirió un fallo
sin que se hubiera resuelto el recurso de apelación en contra de la decisión
proferida en la audiencia de pruebas por parte del juez de primera instancia, la
Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo, por cuanto no
se cumple con el requisito de subsidiariedad, tal como pasa a explicarse.
Al revisar las pruebas aportadas al proceso y el sistema de gestión del Tribunal
Administrativo del Atlántico, se advierte que, en efecto, la parte actora interpuso
recurso de apelación en contra de la decisión proferida en la audiencia de pruebas
y el recurso se concedió mediante auto de 24 de abril de 2018, en cuanto en ella
se negaron unas pruebas testimoniales, concretamente la recepción de siete
testimonios pedidos por la parte actora.
Esa apelación se concedió en el efecto devolutivo, lo cual se advierte de las
anotaciones realizadas en el sistema de gestión, pues una vez concedido el recurso
se continuó con la etapa procesal siguiente y se profirió sentencia de primera
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
instancia, sin haber sido resuelta la apelación del auto proferido por el juzgado de
primera instancia; el tribunal administrativo ad quem, por su parte, procedió
igualmente a dictar sentencia en atención al recurso de apelación interpuesto contra
el fallo de primera instancia, según se extrae de la siguiente información:
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Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
Posteriormente, la parte actora solicitó adición del fallo de segunda instancia en los
siguientes términos (trascripción literal, incluidos posibles errores):
De lo anterior se colige que es confusa la decisión del honorable tribunal al
condenar a la universidad el Atlántico al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales a que tenga derecho el señor Gary Neil Charris Martínez,
identificado con cédula de ciudadanía No. 72.288.480, en proporción al período
ejecutado, en virtud del contrato de prestación de servicios No. 000085 de 23
de enero de 2013.
A la vez en el artículo séptimo en la sentencia se DECLARA la prescripción
trienal de los derechos reclamados derivados de los servicios prestados con
anterioridad al 23 de septiembre de 2016, situación que se torna confusa y
ofrece un verdadero motivo de duda en cuanto a la fecha de la cual se aplica
la prescripción, porque si tomamos la fecha con anterioridad al 23 de
septiembre de 2016, se incluiría entonces los derechos reconocidos por el
periodo ejecutado en virtud al contrato de prestación de servicios No. 000085
de 23 de enero de 2013, periodo que no está prescrito, razón potísima por la
cual solicito a ese despacho conceda una aclaración al numeral séptimo de la
providencia del día doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022).
ADICIÓN A LA SENTENCIA
Resulta que la honorable sala al momento declarar la prescripción trienal, no
tuvo en cuenta que en el caso de las cesantías las mismas se causan y se
pagan, anualmente en el mes de febrero de cada año, pero en el caso bajo
examen no hubo nunca su pago, por tal motivo su causación se acumula hasta
el final y debe ser pagada hasta la fecha en que está reclamando estos
derechos, hasta el 23 de septiembre de 2016 el demandante solita el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral por el periodo
comprendido desde el 28 de febrero de 2008 hasta el 13 de noviembre de 2013,
así como el pago de las prestaciones sociales derivadas de la misma, por tal
motivo se requiere que su Despacho se pronuncia y realice las adiciones
correspondientes a la mencionada sentencia.
Al revisar el fallo -aquí cuestionado- se advierte que el tribunal únicamente hizo
referencia a que la parte actora había presentado recurso de apelación en contra
del fallo de primera instancia, de modo que no se decidió el recurso de apelación
en contra de la decisión adoptada en la audiencia de pruebas que negó la práctica
de varios testimonios; así se extrae de su contenido (trascripción literal, incluidos
posibles errores):
Dentro de la oportunidad debida, la parte actora presentó y sustentó recurso de
apelación contra la decisión que se dejó reseñada, cimentando su disentimiento
en los siguientes cargos:
(…)
10
Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
v) Denegación de acceso a la justicia: sostiene que el juez de primera instancia
denegó, en audiencia de pruebas, la práctica de la prueba testimonial solicitada
en la demanda, consistente en recepcionar el testimonio de siete (7) personas,
decisión que según afirma fue objeto de recurso de apelación, cuyo
conocimiento correspondió al Magistrado Óscar Wilches Donado, sin que hasta
la fecha de presentación del recurso de apelación que ahora nos ocupa, se
hubiese efectuado pronunciamiento alguno. En ese orden, estima que “al dictar
sentencia sin escuchar a los testigos no permite al juzgador buscar la verdad
procesal con el fin de tener certeza al momento de proferir sentencia”
El señor Gary Neil Charris Martínez, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho (Laboral) contra la UDEA, solicitando se declare
la nulidad del Oficio No. OAJ 548-2016 de 05 de octubre de 2016, suscrito por
la Jefe Oficina de Asesoría Jurídica, a través del cual se denegó el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos
salariales, que en su sentir, tenía derecho por haber prestado sus servicios al
referido establecimiento educativo, vinculado a través de contratos de
prestación de servicios, y en consecuencia, se declare la existencia de una
relación laboral con el respectivo reconocimiento de los haberes prestacionales
derivadas de la misma.
Frente a lo anterior, la Jueza de primera instancia, denegó las pretensiones de
la demanda, por cuanto no encontró probado el elemento de la subordinación
en la relación contractual.
Inconforme con la decisión, la parte actora sostiene que la A-quo no valoró la
totalidad de las pruebas allegadas al proceso, las que en su parecer,
demuestran la configuración de los elementos de la relación laboral, precisando
que “al dictar sentencia sin escuchar a los testigos no permite al juzgador
buscar la verdad procesal con el fin de tener certeza al momento de proferir
sentencia”.
Bajo esta óptica, el Tribunal establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si efectivamente se encubrió a través de contratos de
prestación de servicios una relación laboral.
De lo anterior, la Sala concluye que, en efecto, a la parte demandante se le dejó de
resolver un recurso; sin embargo, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
Política prevé que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral
1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.
En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.
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Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
En efecto, en atención a que la parte actora sostuvo que se violó el debido proceso,
al proferirse el fallo de segunda instancia sin haberse resuelto su recurso de
apelación en contra de la decisión que negó las pruebas testimoniales solicitadas,
conviene precisar que el legislador contempló un instrumento idóneo y eficaz para
cuestionar decisiones como las que ahora ataca el accionante por vía de tutela,
esto es, el recurso extraordinario de revisión, el cual “constituye una verdadera
acción impugnatoria con efectos rescisorios y se dirige a reexaminar circunstancias
fácticas o probatorias que ameritan que se adopte una nueva decisión, contraria a
aquella objeto de revisión”.
Así, el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –normativa aplicable al caso analizado–, prevé que “el recurso
extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por
las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos”.
Como consecuencia, la Sala encuentra, que no se cumple el requisito de la
subsidiariedad, el que, como lo ha indicado la Corte Constitucional, busca
garantizar que la acción de tutela “no sea considerado en sí mismo una instancia
más en el trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos
otros diseñados por el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso,
un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes para
corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios”.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que, como lo ha establecido esta Subsección en
anteriores oportunidades5, el recurso extraordinario de revisión establecido en el
artículo 248 del C.P.A.C.A., bajo la causal de “nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación”, sí constituye
el mecanismo judicial idóneo para alegar la violación al debido proceso al proferirse
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A,
sentencia del (12) de agosto de dos mil veintidós (2022), Radicación número:
110010315000202202346 01.
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Radicación: 110010315000202206138 00
Actor: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Referencia: Acción de tutela
un fallo a pesar de encontrarse pendiente un recurso de apelación, como ocurre en
la acción de tutela de la referencia. Al respecto, puntualmente se ha sostenido:
… la Sala advierte que la parte actora cuenta con otro medio de defensa para
la protección de los derechos invocados, como lo es el recurso extraordinario
de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, específicamente
bajo la causal de <<nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación>>, (…).
(…) El recurso extraordinario de revisión no está previsto para cuestionar los
fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad
interpretativa del juez, sino para discutir y ventilar ciertos hechos procesales
externos a la labor funcional del juez, que afectan el principio de justicia. De
hecho, la mayoría de las causales del recurso extraordinario de revisión
previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 tienen que ver justamente
con vicios de naturaleza procesal, mas no sustancial, como ocurre, por ejemplo,
con la causal de revisión denominada <<nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación>>. Según
lo ha entendido la Sala Plena de esta Corporación, la causal de revisión
mencionada está ligada a las causales de nulidad procesal del artículo 140
C.P.C. (hoy artículo 133 del C.G.P).
Es decir, se trata de irregularidades procesales que surgen, justamente, con la
expedición de la sentencia y que, como no son pasibles del recurso de
apelación, pueden cuestionarse mediante el recurso extraordinario de revisión,
por tratarse de la nulidad originada en la sentencia. Esto es, la causal prevista
para proteger el debido proceso que fue desconocido al momento en que se
dictó la sentencia, que es el momento en que se advierte la violación (…).
Por lo anterior, la Subsección considera que ante la procedencia del recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia proferida el 12
de mayo de 2022, por la Subsección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, no
se cumple en este caso el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, razón
por la cual se declarará improcedente la petición de amparo en relación con el
defecto procedimental.
En todo caso, la Sala observa que las pruebas testimoniales cuya práctica no se
logró y que, por ende, quedaron pendientes porque no hubo una resolución del
recurso de apelación interpuesto contra el auto que las negó, no tendrían realmente
la entidad suficiente para modificar o alterar el sentido de la decisión final y, de esa
manera, no se configura el defecto procedimental alegado porque, como lo ha dicho
la jurisprudencia constitucional6, ese defecto debe trascender más allá de la
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Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005 y Sentencia SU061/18, MP. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
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irregularidad y afectar derechos fundamentales, situación que no ocurrió en el caso
concreto, toda vez que las pruebas testimoniales estaban encaminadas a
demostrar el elemento de la subordinación, el cual, el tribunal encontró acreditado
con las demás pruebas obrantes en el proceso.
En efecto, pese a la irregularidad procesal que se presentó, se estima que los
testimonios que no se practicaron no contaban con la virtualidad necesaria -en caso
de haber sido practicados- de modificar el sentido de la decisión, por cuanto la
prescripción declarada por el tribunal administrativo ad quem, se estableció a partir
del estudio de los contratos -y sus vigencias- allegados al proceso y en acatamiento
y aplicación de la sentencia de unificación relativa a la materia.
En ese sentido, la prescripción de los derechos reclamados -que ahora se cuestiona
en sede de tutela, porque se omitió resolver la apelación del auto que negó unos
testimonios- no fue consecuencia de una ausencia de prueba o de una indebida
valoración probatoria, sino que ello obedeció, se reitera, a la valoración razonable
de otros medios de acreditación que permitían arribar a esa decisión, por lo que, en
todo caso, el defecto alegado no estaría llamado a configurarse.
2.2. Defecto fáctico
En relación con el defecto fáctico alegado, porque la valoración indebida de las
pruebas documentales, atribuyéndoles un significado disociado de la realidad trajo
como consecuencia la negación de las pretensiones en la sentencia del 12 de mayo
de 2022, la Sala no encuentra que se haya configurado, de conformidad con las
siguientes consideraciones:
En la sentencia cuestionada, luego de realizar un recuento jurisprudencial y
probatorio, se concluyó lo siguiente (trascripción literal):
Las pruebas relacionadas en precedencia, son demostrativas que el señor Gary
Neil Charris Martínez prestó personalmente sus servicios a la UDEA en el
Departamento de talento Humano, desarrollando actividades relacionadas con
situaciones administrativas de empleados administrativos, docentes de hora
cátedra y ocasionales, referidas al aspecto pensional, bajo la modalidad de
órdenes/contratos de prestación de servicios.
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En lo que atañe a la remuneración por el trabajo cumplido, se acreditó que en
cada uno de los contratos de prestación de servicios se determinó una cláusula
en la cual se precisó la cantidad de dinero que tenía derecho a percibir y la
“forma de pago”, infiriéndose que se trata de la remuneración pactada por el
servicio o el trabajo prestado, independiente de la denominación adoptada
(honorarios o salarios), que en este caso era pagada al actor de forma mensual,
según lo acordado en cada contrato.
En cuanto a la continuada subordinación, o dependencia continuada advierte
la Sala que las probanzas evidencian que la función desplegada por el
demandante no fue de carácter transitorio o esporádico -característica propia
del contrato de prestación de servicios-, sino que por el contrario, se trató de
una relación prolongada en el tiempo, como lo demuestran los diversos
contratos celebrados entre ambas partes desde el 29 de febrero de 2008 hasta
el 08 de noviembre de 2013 –salvo sus interrupciones-, que permiten entrever
que la contratación se produjo con el ánimo de emplearlo de modo permanente,
pero, en franco desconocimiento de sus derechos salariales y prestacionales
de carácter irrenunciable y en abierta pugna, no solo con la ley y con la
jurisprudencia, sino también con el principio constitucional de igualdad.
Aunado a lo anterior, del material probatorio obrante en el expediente, se
advierte que durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios
suscritos entre la UDEA y el aquí demandante, este último recibió órdenes del
Secretario General de la Universidad, imponiéndole el cumplimiento de
determinadas actividades, no podía delegar el ejercicio de sus actividades en
terceras personas –prohibición establecida en cada uno de los vínculos
contractuales-, ejerció sus funciones en forma personal en las instalaciones y
con los instrumentos, materiales, insumos provistos por la demandada,
circunstancias que permiten inferir que no se trató de una relación de
coordinación contractual, sino de una en la que imperó la subordinación.
Así mismo, al examinar el contenido de cada uno de los vínculos contractuales,
se evidencia que la labor contratada se trata de aquellas que son propias del
giro normal y obligacional de la entidad, las cuales implican cumplimiento de
horario, de directrices y de órdenes por parte del Jefe de Departamento de
Talento Humano, pues, de lo contrario, tales funciones no podrían llevarse a
cabo. Para la Sala es claro que las actividades encomendadas no eran
ocasionales, accidentales o transitorias, toda vez que el servicio contratado por
el estamento educativo demandado, contradice el carácter temporal propio de
este tipo de acuerdo.
Debe recordarse que la modalidad contractual de prestación de servicios se
encuentra justificada como un instrumento temporal y excepcional, para
atender funciones ocasionales y no funciones permanentes o propias de la
entidad, o que siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de
planta o requieran conocimientos especializados. En el presente caso, las
actividades desarrolladas son permanentes e inherentes a la misión/objeto de
la UDEA, y en ese orden, corresponden al giro ordinario de la entidad.
De igual modo, no pierde de vista el Tribunal que en el proceso no se acreditó
la existencia de cargos similares dentro de la planta de personal de la entidad
para el desarrollo de las actividades contratadas, sin embargo, dicha situación
no exonera de responsabilidad a la UDEA, toda vez que por tratarse de
actividades inherentes al objeto de la entidad que debían ser desarrolladas de
forma permanente y subordinada, no podían ser contratadas con terceros, al
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tenor del artículo 7 del Decreto 1950 de 1973 que prohíbe la contratación de
prestación de servicios para el desempeño de funciones públicas de carácter
permanente, caso en el cual debieron crearse los empleos correspondientes
para atender con personal de planta las funciones propias y permanentes de la
entidad, con el fin de asegurar los fines y cometidos de la entidad, y no acudir
a la celebración de contratos de prestación de servicios como ocurrió.
Tampoco pasa por alto esta Sala, que en desarrollo del contrato No. 000085
de 23 de enero de 2013, el aquí demandante fue nombrado en provisionalidad
para desempeñar el cargo de Técnico Administrativo adscrito al Departamento
de Gestión del Talento Humano de la UDEA, nombrado según Resolución
Rectoral No. 001923 de 08 de noviembre de 2013, posesionado el 12 siguiente,
empleo que según se dejó constancia en la certificación expedida por el Jefe
de Departamento de talento Humano, le corresponden funciones muy similares
a las actividades ejecutadas por el señor Gary Neil Charris Martínez durante el
período que estuvo vinculado con la entidad demandada en calidad de
contratista.
En ese orden de ideas, la regla general es que el ejercicio de funciones
permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de
planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración
mediante el concurso de méritos y no a través de la contratación de servicios
con terceros, pues aunque se trata de una modalidad legalmente válida, puede
resultar inconstitucional su uso indebido, como cuando se emplea con la
finalidad de disfrazar una verdadera relación de trabajo.
Así las cosas, y contrario a lo considerado por la jueza de primera instancia, la
Sala encuentra demostrados los elementos constitutivos de una verdadera
relación laboral, razón por la cual procederá a revocar la sentencia la sentencia
objeto de apelación, a través de la cual se denegaron las pretensiones de la
demanda, toda vez que la administración utilizó equívocamente la figura
contractual para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada por el
actor, por lo que se configura en este caso el contrato realidad en aplicación de
los principios consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política, en tanto
la demandante cumplió funciones permanentes y propias de la entidad
demandada, bajo condiciones de subordinación.
Por lo anterior, estima el Tribunal que el cargo estudiado en apelación prospera,
por lo que se declarará la nulidad del Oficio No. OAJ 548-2016 de 05 de octubre
de 2016, expedido por la Jefe Oficina Asesoría Jurídica de la UDEA, a través
del cual se denegó la existencia de una relación laboral y el pago de
prestaciones sociales derivados de la misma.
(…).
En cuanto a este tópico, se tiene que mediante sentencia de unificación CE-
SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016, dictada por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, se dejó establecido el momento
a partir del cual el derecho se hace exigible, en tratándose de controversias
conocidas bajo el rótulo de contrato realidad
Descendiendo al caso concreto, y de conformidad a los contratos de prestación
de servicios allegados al expediente, se tiene que si bien las interrupciones no
superan los treinta (30) días hábiles, no lo es menos que no puede predicarse
que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo”,
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toda vez que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos no
son iguales o similares en cada uno las ordenes de prestación de servicios, por
lo que habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización.
(…).
La anterior posición fue ratificada en la sentencia de unificación por importancia
jurídica fechada 09 de septiembre de 2021, dictada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del expediente radicado No. 05001-23-33-000-
2013-01143-01 (1317-2016), al considerar que “la tesis que actualmente
impera en la Sección Segunda, en materia de prescripción de derechos
derivados del contrato realidad (o relación laboral encubierta o subyacente), es
que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando no se presenta la
reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los 3 años
siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.”
En atención a los referentes jurisprudenciales reseñados, resulta claro que el
término para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “(...)
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de
las relaciones laborales" (artículo 53 constitucional), es de tres años, contados
a partir de la terminación de su vínculo contractual, so pena de que se extinga
el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella.
Ahora bien, también considera oportuno la Sala, a efectos de estudiar el cargo
de apelación planteado (existencia o no de la prescripción), traer10 a colación
el pronunciamiento efectuado en la sentencia de unificación de 09 de
septiembre de 2021, aludida en párrafos precedentes, en tanto el término de
interrupción de los contratos estatales de prestación de servicios o solución de
continuidad, (…).
Descendiendo al caso concreto, y de conformidad a los contratos de prestación
de servicios allegados al expediente, se tiene que si bien las interrupciones no
superan los treinta (30) días hábiles, no lo es menos que no puede predicarse
que no hay solución de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo”,
toda vez que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos no
son iguales o similares en cada uno las ordenes de prestación de servicios, por
lo que habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización.
Vistas así las cosas, tenemos que el término de prescripción, en el presente
caso, se contabiliza de la siguiente manera (…).
En ese orden, se advierte que los derechos laborales derivados de los servicios
prestados y que no fueron reclamados con anterioridad al 23 de septiembre de
2016, se encuentran prescritos (…).
No así ocurre respecto de los servicios prestados con posterioridad al 23 de
septiembre de 2016, inclusive, cuyos derechos laborales fueron reclamados en
tiempo, por lo que se accederá al reconocimiento de las prestaciones sociales
derivadas del Contrato de prestación de servicios No. 000085 de 23 de enero
de 2013 (…).
Así mismo, se declarará que el tiempo laborado por el demandante como
contratista bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios con la
UDEA, desde el 29 de febrero de 2008 hasta el 08 de noviembre de 2013 (salvo
sus interrupciones), se debe computar para efectos pensionales.
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A juicio de la parte accionante, la anterior decisión incurrió en un defecto fáctico,
dado que el tribunal accionado no realizó una valoración detallada acerca de lo
realmente acontecido.
Revisada la anterior providencia, se observa que la autoridad judicial accionada, en
ejercicio de la autonomía funcional que caracteriza la actividad de los jueces,
concluyó que sí existió una relación laboral; sin embargo, en aplicación de la
jurisprudencia de esta Corporación encontró que, respecto de algunas
vinculaciones, había operado la prescripción.
En todo caso, si la declaratoria de tal prescripción encontró fundamento en un
acervo probatorio incompleto, porque se dejó de resolver un recurso de apelación
contra el auto que negó unas pruebas testimoniales y, por ende, se cercenó la
posibilidad de que la parte actora tuviera la posibilidad de allegar al proceso otros
elementos de acreditación, ello, como ya se dijo, debió plantearlo vía adición,
porque era evidente que el tribunal dejó de resolver un aspecto de la litis, el cual
podía y debía definirse -de ser posible, en la misma sentencia -, según los precisos
términos del artículo 323 del CGP, según el cual “[e]n caso de apelación de la
sentencia, el superior decidirá en esta todas las apelaciones contra autos que
estuvieren pendientes, cuando fuere posible”.
En línea con lo anterior, debe señalarse que la Corte Constitucional ha sostenido
que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en
la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente
conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia…”7 (se
destaca).
En ese sentido, la Subsección estima que no le es dable al juez de tutela efectuar
un nuevo análisis de las pruebas allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento
7
Corte Constitucional, sentencia T-567 de 1998, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; reiterada en
sentencia T- 393 de 2017, M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
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del derecho, es decir, reemplazar por completo al juez natural de la causa, como
pretende la parte actora.
Adicionalmente, la Subsección advierte que el fallo atacado en esta oportunidad
tuvo como soporte la jurisprudencia de unificación de esta Corporación, sentencia
SUJ-025-CE S2-2021 proferida el 9 de septiembre de 2021, que precisamente le
sirvió para concluir que había operado la prescripción en relación con algunas de
las relaciones laborales acreditadas.
En definitiva, la Subsección estima que las conclusiones del tribunal accionado son
producto de un análisis probatorio fundado en la sana crítica, con una carga
argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del operador judicial
frente a la apreciación de las pruebas que consideró conducentes y pertinentes
para adoptar una decisión en el proceso de reparación directa.
La Sala aclara que, por el hecho de que la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico no resultara favorable al ahora accionante, no puede
predicarse que la valoración del acervo probatorio allegado al proceso ordinario y,
por ende, la decisión, fueron contrarias a derecho. Lo que sí encuentra la
Subsección es el claro propósito del accionante en reabrir en su integridad el debate
probatorio que ya terminó, en forma válida, en sede del juez natural de la causa y
propiciar una instancia adicional.
Por lo expuesto, la Subsección negará el amparo solicitado, respecto del defecto
fáctico alegado, tras considerar que no se configuró el defecto planteado en la
demanda de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, en relación con el
defecto procedimental alegado, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado, en relación con el defecto fáctico
alegado, por las razones expuestas en esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
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