Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06138-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-06138-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06138-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06138-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
11 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del
derecho. Reconocimiento de una relación laboral encubierta.
Prescripción. Defectos fáctico y procedimental.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por Gary Neil Charris Martínez en contra
de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2022 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, en la solicitud de tutela de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
Gary Neil Charris Martínez promovió solicitud de tutela 1 con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones
dignas, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 12 de mayo de 2022
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el núm. 08001333300320170008802.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
1 Visible a índice 2 de SAMAI, identificado como “expediente judicial”, bajo el radicado
11001031500020220613800
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
i) El actor, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda con el fin de obtener la anulación del Oficio núm. QAJ
548-2016 del 5 de octubre de 2016, por el cual la Universidad del Atlántico2 le negó
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas con ocasión de
los servicios profesionales proporcionados a través de diversos contratos de
prestación de servicios.
ii) El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, mediante
sentencia del 30 de septiembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda pese
a estar pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto contra el auto
que negó el decreto de una prueba testimonial.
iii) En contra de la decisión de primera instancia el demandante interpuso recurso
de apelación.
iii) El Tribunal Administrativo del Atlántico a través de sentencia del 12 de mayo de
2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró la nulidad acto acusado y
condenó a la universidad a reconocer y pagar las prestaciones sociales a que
tuviera derecho Gary Neil Charris Martínez, en virtud del contrato de prestación de
servicios núm. 000085 del 23 de enero de 2013. Así mismo, declaró la prescripción
trienal de los derechos reclamados derivados de los servicios prestados con
anterioridad al 23 de septiembre de 2016 y denegó las demás súplicas de la
demanda.
iv) El demandante presentó solicitud de adición y aclaración de la sentencia de
segunda instancia al considerar que el tribunal demandado no tuvo en cuenta que
las cesantías no habían prescrito y que, por lo tanto, se debía adicionar en el sentido
de incluir el reconocimiento de esa prestación social.
v) Mediante auto del 14 de julio de 2022 se negó la solicitud de adición, para lo cual
se reiteraron los razonamientos expuestos en el fallo.
2 En adelante UDEA
2
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
vi) La parte actora considera que la corporación judicial tutelada vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia al incurrir en defecto fáctico por
indebida valoración de las pruebas documentales aportadas, y defecto
procedimental por emitir decisión de fondo sin que se hubiera decidió el recurso de
apelación impetrado contra el auto que le negó la solicitud de una prueba
testimonial, la cual, según su decir, resulta relevante para establecer que ejerció las
mismas funciones durante todo el tiempo que estuvo vinculado a la universidad, de
tal forma que no le era aplicable la figura de la prescripción.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] 1. Que se tutelen mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, al trabajo en condiciones dignas y a los principios
mínimos fundamentales del trabajo.
2. Que se DECLARE que la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de mayo de
2022, proferida dentro del proceso 08001-33-33-003-2017-00088-01 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico Sección C, integrada por los Magistrados CÉSAR AUGUSTO
TORRES ORMAZA JORGE ELIECER FANDIÑO GALLO y JAVIER BORNACELLY
CAMPBELL, violó los artículos 13, 25, 29, 53, y 229 de la Constitución Política de
Colombia
3. Que se ORDENE la revisión de la sentencia de segunda instancia de fecha 12 de
mayo de 2022 proferida dentro del proceso 08001-33-33-003-2017-00088-01 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico Sección C, integrada por los Magistrados CÉSAR
AUGUSTO TORRES ORMAZA JORGE ELIECER FANDIÑO GALLO y JAVIER
BORNACELLY CAMPBELL.
4. En consecuencia de lo anterior, se ORDENE modificar y/o adicionar la sentencia de
segunda instancia proferida el 12 de mayo de 2022 por el Tribunal Superior de lo
Contencioso Administrativo del Atlántico Sección C, en el sentido que las cesantías a
favor de GARY NEIL CHARRIS MARTÍNEZ, correspondientes a los contratos de
prestación de servicios 00203 del 28 de febrero de 2008, 00261 del 05 de junio de 2008,
00410 del 11 de agosto de 2008, 00066 del 15 de enero de 2009, 00352 del 01 de julio
de 2009, 00020 del 18 de enero de 2010, 00496 del 8 de julio de 2010, 000047 del 24
de enero de 2011 y 000072 del 20 de enero de 2012, no se encuentran prescritas.
5. En consecuencia de lo anterior, se ORDENE modificar y/o adicionar la sentencia de
segunda instancia proferida el 12 de mayo de 2022 por el Tribunal Superior de lo
Contencioso Administrativo del Atlántico Sección C, en el sentido de CONDENAR a la
Universidad del Atlántico al reconocimiento y pago a favor de GARY NEIL CHARRIS
MARTÍNEZ, de las cesantías correspondientes a los contratos de prestación de servicios
00203 del 28 de febrero de 2008, 00261 del 05 de junio de 2008, 00410 del 11 de agosto
de 2008, 00066 del 15 de enero de 2009, 00352 del 01 de julio de 2009, 00020 del 18
3
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
de enero de 2010, 00496 del 8 de julio de 2010, 000047 del 24 de enero de 2011 y
000072 del 20 de enero de 2012.
6. Así mismo, al no haber prescrito las cesantías, de manera consecuencial se ORDENE
modificar y/o adicionar la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de mayo de
2022 por el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Sección C,
en el sentido de CONDENAR a la Universidad del Atlántico al reconocimiento y pago a
favor de GARY NEIL CHARRIS MARTÍNEZ, de los intereses de cesantías
correspondientes a los contratos de prestación de servicios 00203 del 28 de febrero de
2008, 00261 del 05 de junio de 2008, 00410 del 11 de agosto de 2008, 00066 del 15 de
enero de 2009, 00352 del 01 de julio de 2009, 00020 del 18 de enero de 2010, 00496
del 8 de julio de 2010, 000047 del 24 de enero de 2011 y 000072 del 20 de enero de
2012.
7. Así mismo, al no haber prescrito las cesantías, de manera consecuencial se ORDENE
modificar y/o adicionar la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de mayo de
2022 por el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo del Atlántico Sección C,
en el sentido de CONDENAR a la Universidad del Atlántico al reconocimiento y pago a
favor de GARY NEIL CHARRIS MARTÍNEZ, de la sanción moratoria por no pago de las
cesantías (art. 90 Ley 50/1990), correspondientes a los contratos de prestación de
servicios 00203 del 28 de febrero de 2008, 00261 del 05 de junio de 2008, 00410 del 11
de agosto de 2008, 00066 del 15 de enero de 2009, 00352 del 01 de julio de 2009, 00020
del 18 de enero de 2010, 00496 del 8 de julio de 2010, 000047 del 24 de enero de 2011
y 000072 del 20 de enero de 2012. […]»
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.3.1. La Universidad del Atlántico3 solicitó negar las pretensiones del actor, pues
no se le desconocieron los derechos fundamentales invocados. Manifestó que la
tutela no es el medio judicial procedente para exponer sus inconformidades respecto
de la sentencia del 12 de mayo de 2022.
1.3.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico4 guardó silencio. No obstante, aportó
los antecedentes del proceso ordinario.
1.4. Sentencia de primera instancia5
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 12
de diciembre de 2022, declaró improcedente la solicitud de tutela en relación con el
defecto procedimental alegado y negó el amparo en cuanto al defecto fáctico.
3 Visible a índice 9 de SAMAI, identificado como “recibe memoriales por correo electrónico”, bajo el
radicado 11001031500020220613800
4 Visible a índice 12 de SAMAI identificado como “RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_2022120 7(.zip)”,
en el radicado 11001031500020220613800
5 Visible a índice 14 de SAMAI identificado como “sentencia”, en el radicado
11001031500020220613800
4
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
En lo que respecta al defecto procedimental indicó que si bien es cierto el tribunal
demandado profirió sentencia de segunda instancia pese a que se encontraba
pendiente de resolver un recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó
una prueba testimonial, el actor cuenta con el recurso extraordinario de revisión
establecido en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, para alegar tal circunstancia
bajo la causal 5: «nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede el recurso de apelación».
En cuanto al defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas consideró que
la autoridad judicial tutelada efectuó un análisis probatorio fundado en la sana
crítica, con una carga argumentativa válida y razonable, lo cual deja ver que lo
pretendido es lograr un nuevo estudio respecto de una controversia ya decidida por
el juez ordinario.
1.5. Escrito de impugnación6
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia al considerar que se
desconocieron las reglas jurisprudenciales existentes sobre la procedencia de la
solicitud de tutela contra sentencias judiciales. Sobre el particular, manifestó que
conforme al artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, las causales de revisión son
taxativas y, por lo tanto, no procede el recurso por indebida o inadecuada valoración
probatoria, así como tampoco cuando el fallo se hubiera proferido antes de que se
resolviera un recurso de apelación contra el auto que negó la práctica de pruebas.
Afirmó que no se pide que se decrete la nulidad de la sentencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico, sino que se subsane el defecto procedimental que
afectó sus derechos fundamentales. Así mismo explicó que las pruebas
testimoniales dejadas de decretar si tenían la entidad suficiente para cambiar el
sentido de la decisión, pues habrían sido un sustento determinante para corroborar
que las actividades contractuales fueron las mismas durante toda su vinculación con
el ente universitario.
6Visible a índice 18 de SAMAI identificado como “RECIBE MEMORIALES POR CORREO
ELECTRONICO”, en el radicado 11001031500020220613800
5
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
Agregó que el tribunal tutelado no se pronunció sobre el análisis de las pruebas
documentales presentado en la demanda y en el recurso de apelación, por lo cual
existió una indebida valoración probatoria: pues, de haberlo hecho, hubiera
constatado que existía continuidad en la actividad contractual ante la similitud del
objeto desarrollado en cada vínculo.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 20007 y el literal b) de los artículos
13 y 25 del Acuerdo N.° 80 del 12 de marzo de 20198, esta Sala es competente para
conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido el 12 de
diciembre de 2022, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 10 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
7 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
8 Por medio del cual se modifica el Reglamento del Consejo de Estado.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]»
[Resalta la Sala].
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena, 11 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hubieran agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,13 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado, y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.14
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los
derechos fundamentales de Gary Neil Charris Martínez con ocasión de la sentencia
del 12 de mayo de 2022, mediante la cual, en segunda instancia, si bien reconoció
la existencia de una relación laboral encubierta, declaró la prescripción de los
derechos laborales reclamados con anterioridad al 23 de enero de 2013, al incurrir,
presuntamente, en defecto fáctico por indebida valoración de los objetos de las
órdenes de trabajo y falta de valoración de las demás pruebas obrantes en el
expediente?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto fáctico
13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional,15 tiene una dimensión negativa y otra positiva.
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,16 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».17 La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».18
Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.3. Caso concreto
Gary Neil Charris Martínez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, se
ordenara la adición o modificación de la sentencia proferida el 12 de mayo de 2022,
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido de que se declare que las
prestaciones sociales correspondientes a los contratos de prestación de servicios
anteriores al 000072 del 20 de enero de 2012, incluido este, no se encuentran
prescritas en tanto el objeto contractual siempre fue el mismo; lo anterior, al
considerar que la referida decisión incurrió en defectos fáctico y procedimental.
Para mayor claridad, resulta relevante precisar que las pretensiones propuestas en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
17 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
18 Sentencia T-538 de 1994.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
08001333300320170008800/02 19 , se circunscribieron al reconocimiento de la
existencia de una relación laboral encubierta entre Gary Neil Charris Martínez y la
Universidad del Atlántico, con ocasión de los diferentes contratos de trabajo
suscritos entre el 29 de febrero de 2008 y el 8 de noviembre de 2013.
El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, mediante sentencia del 12 de
mayo de 2022, al desatar el recurso de apelación impetrado por el demandante
contra la decisión desfavorable de primera instancia, resolvió revocarla y, en su
lugar, declaró la nulidad del acto acusado y reconoció la existencia de la relación
laboral encubierta entre Gary Neil Charris Martínez y la Universidad del Atlántico del
29 de febrero de 2008 al 8 de noviembre de 2013 (salvo sus interrupciones), no
obstante, declaró la «prescripción trienal de los derechos reclamados derivados de los
servicios prestados con anterioridad al 23 de septiembre de 2016», en tanto «los objetos
contractuales y las obligaciones emanadas de [cada orden de prestación de servicios] no
son iguales o similares».
La anterior decisión fue aclarada mediante providencia del 14 de julio de 2022, en
los siguientes términos:
«PRIMERO.- ACLARAR la parte considerativa y resolutiva de la sentencia calendada 12
de mayo de 2022, en el entendido que la declaratoria de prescripción efectuada
comprende los derechos reclamados derivados de los contratos de prestación de
servicios que a continuación se relacionan:
De acuerdo con la información que antecede, se precisa que no está en discusión
el reconocimiento de la relación laboral encubierta entre Gary Neil Charris Martínez
19 Como se determinan de los antecedentes aportados al proceso por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, visibles a índice 12 de SAMAI identificado como “recibe pruebas”, bajo el radicado
11001031500020220613800
10
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
y la Universidad del Atlántico, sino la declaratoria de prescripción de los derechos
laborales reclamados derivados de los servicios prestados con anterioridad al 30 de
diciembre de 2012 (Contrato 000072 de 20 de enero de 2012), pues, según lo
consideró el tribunal demandado, de acuerdo con «los contratos de prestación de
servicios allegados al expediente, [cuyas] interrupciones no superan los treinta (30) días
hábiles, […] no puede predicarse que no hay solución de continuidad entre el contrato
anterior y el sucedáneo, toda vez que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas
de ellos no son iguales o similares en cada uno las [ó]rdenes de prestación de servicios,
[…]».
Para mayor claridad, la Sala recuerda la información referida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, para arribar a dicha conclusión:
Orden/Contrato de Objeto Fecha de inicio –
prestación de Fecha de
servicio terminación
00203 de 28 febrero Actividades: Digitación de datos y diligenciamiento Desde 29 de
2008 de los formatos requeridos por el ISS y otros fondos febrero de 2008
de pensiones para la determinación del monto de hasta 29 de marzo
pensión y bonos pensionales, de los servidores de 2008
públicos docentes y administrativos cobijados por el
plan pensional que actualmente adelanta la UDEA.
0261 de 05 junio de Igual que el anterior Desde 05 de junio
2008 de 2008 hasta 05
de julio de 2008
00410 de 11 agosto Igual que el anterior Desde 11 de
de 2008 agosto de 2008
hasta 31 de
diciembre de 2008
0066 de 15 de enero Igual que el anterior, y se adicionó la siguiente Desde 15 de enero
2009 actividad: b) recopilación de toda la documentación de 2009 hasta 30
necesaria para tramitar las pensiones ante el ISS y de junio de 2009
los Fondos de Pensiones.
00352 de 01 julio de Actividades: a) Digitación de datos y Desde el 01 de
2009 diligenciamiento de los formatos requeridos por el julio de 2009
ISS y otros fondos de pensiones para la hasta 31 de
determinación del monto de pensión y bonos diciembre de 2009
pensionales, de los servidores públicos docentes y
administrativos cobijados por el plan pensional que
actualmente adelanta la UDEA. b) recopilación de
toda la documentación necesaria para tramitar las
pensiones ante el ISS y los Fondos de Pensiones.
c) proyección de los actos administrativos para
desvinculación del personal administrativo y
docente a pensionarse, d) proyección de respuestas
a derechos de petición de personal de la
Universidad Administrativo y docente a
pensionarse.
0020 de 18 enero Gestión proceso de pensiones. Actividades: Desde el 18 de
2010 proyectar las resoluciones de desvinculación del enero de 2010
personal administrativo y docente por hasta el 30 de
reconocimiento de pensión. Gestionar todas las junio de 2010
11
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
actividades inherentes al manejo de pensiones ante
el ISS y las Administradoras de Fondos de
Pensiones. Publicar en el link de talento humano el
estado del proceso de trámites y pensiones.
Publicar el listado de las personas que reúnen los
requisitos para solicitar pensión. Reportar los
indicadores de gestión de los pensionados. Las
demás actividades que le sean encomendadas por
el Jefe de Departamento.
00496 de 08 julio Actividades: Comunicar a los funcionarios a quienes Desde el 08 de
2010 el seguro Social les ha resuelto solicitud de pensión, julio hasta el 30 de
a efectos de que asistan a la oficina competente de diciembre de 2010
esas Entidad para notificarse. Proyectar respuestas
a derechos de petición y solicitudes varias
relacionadas con el proceso de pensiones.
Recopilar documentación para solicitar nuevas
pensiones. Coordinar con el Seguro Social el
ingreso a nómina de pensionados de esa entidad,
de los funcionarios desvinculados de la Universidad.
Comunicar a los funcionarios que reúnen requisitos
de pensión para que alleguen los documentos
requeridos a fin de solicitar la pensión. Consultar la
situación de los funcionarios que se encuentran
pensionados por el Seguro Social por tiempos
laborados con otra entidad y al mismo tiempo están
activos en la UDEA. Cooperar con la posesión de
docentes Hora Cátedra y Ocasionales y su
activación en el sistema Gestasoft.
000047 de 24 enero Productos: No. de funcionarios notificados por el Desde el 01 de
2011 Seguro Social. No. de derechos de petición, oficios febrero de 2011
y requerimientos de juzgados, así como solicitudes hasta 30 de
de confirmación de información laboral y de salarios diciembre de 2011
requeridas por el Seguro Social para Bono
Pensional. No. funcionarios que reúnen requisitos
para acceder al derecho de pensión. No.
funcionarios incluidos en la nómina del Seguro
Social (se procedió a excluirlos definitivamente de
la nómina de la Universidad). No. funcionarios
solicitados que reúnen los requisitos de ley para
pensionarse a fin de que alleguen los documentos
requeridos para iniciar el trámite de su pensión.
Información funcionarios de la Universidad frente al
Sistema General de Pensiones. No. docentes
ocasionales y hora cátedra activos con posesión.
00072 de 20 de Igual que el anterior, se adicionaron las siguientes Desde el 20 de
enero de 2012 actividades: Reporte actualizado y clasificado de enero de 2012
pensionados para inclusión en actividades del plan hasta el 30 de
de bienestar laboral. Cartelera actualizada con diciembre de 2012
novedades del proceso
000085 de 23 de Productos: 1) Plan de trabajo, acompañado de un Desde el 23 de
enero de 2013 cronograma en lo que respecta a la radicación de enero de 2013
las solicitudes de pensiones de los empleados de la hasta el 08 de
Universidad. 2) Solicitudes de reconocimiento de las noviembre de
pensiones de los empleados de la Universidad que 2013
cumplen los requisitos de ley. 3) Documentos
gestionados que son necesarios para radicar ante
COLPENSIONES y/o AFP la respectiva solicitud de
pensión, entre otras, todas relacionadas con
trámites pensionales.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
En este punto, de conformidad con la información que antecede, contrario a la
conclusión del tribunal demandado, la Sala observa que los objetos contractuales
desarrollados por Gary Neil Charris Martínez resultan similares, todos en el marco
de los procesos administrativos adelantados respecto del reconocimiento de
pensiones o bonos pensionales en favor del personal de la Universidad del Atlántico,
sin perjuicio de que, en algunos casos, se asignaran funciones adicionales.
Ahora, si en gracia discusión no hubiera sido sencillo establecer la similitud de los
referidos objetos contractuales, tampoco se observa que el Tribunal Administrativo
del Atlántico los valorara de cara a las demás pruebas aportadas al expediente,
como, por ejemplo, los «informes de actividades mes a mes, respecto de las actividades
desarrolladas, resultados logrados y eficacia, en cada una de las [ó]rdenes/contratos de
prestación de servicios suscritos con la UDEA»20.
A juicio de la Sala, las anteriores consideraciones permiten concluir que la decisión
acusada vulneró los derechos fundamentales de Gary Neil Charris Martínez al
incurrir en defecto fáctico.
Por otra parte, en cuanto al defecto procedimental alegado, la Sala se abstendrá de
desarrollar dicho cargo, al resultar irrelevante en atención a la orden de amparo que
se emitirá a continuación en favor del demandante.
Así pues, se concluye que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C,
incurrió en defecto fáctico en la dimensión positiva, por indebida valoración de los
objetos contractuales establecidos en cada una de las órdenes de trabajo, y
negativa, por la falta de valoración de la totalidad de las pruebas en conjunto, por lo
que, se ampararán los derechos fundamentales al debido proceso y del acceso a la
administración de justicia de Gary Neil Charris Martínez, por lo cual, i) se dejará sin
efectos la sentencia del 12 de mayo de 2022, y su providencia aclaratoria del 14 de
julio de 2022, proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 08001-33-33-003-2017-00088-02, y ii) se le ordenará a dicha corporación
judicial que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación
de la presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo, en el que,
20 Pruebas referidas en la sentencia que se acusa.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
decida nuevamente, lo pertinente a la prescripción de los derechos laborales
reclamados dada la similitud de los objetos contractuales desarrollados por Gary
Neil Charris Martínez, en la relación laboral encubierta reconocida respecto de la
Universidad del Atlántico.
Se aclara que, si bien se deja sin efecto la totalidad de la sentencia acusada, pese
a que la orden de amparo se dirige únicamente respecto de la prescripción, ello
obedece a circunstancias de técnica y mejores prácticas en aras de evitar confusión.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2022, por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la solicitud
de tutela en relación con el defecto procedimental y negó el amparo en cuanto al
defecto fáctico. En su lugar:
Segundo. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de Gary Neil Charris Martínez, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 12 de mayo de 2022, y su
providencia aclaratoria del 14 de julio de 2022, por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho 08001333300320170008802.
Cuarto. Ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C que, en el
término de 20 días siguientes, contado a partir de la notificación de la presente
providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo, en el que, decida
nuevamente, lo pertinente a la prescripción de los derechos laborales reclamados
dada la similitud de los objetos contractuales desarrollados por Gary Neil Charris
14
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06138-01
Demandante: Gary Neil Charris Martínez
Martínez, en la relación laboral encubierta reconocida respecto de la Universidad
del Atlántico.
Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.