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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06149-01

Fecha
1 de junio de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06149-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 3 de febrero de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-06149-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

1 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06149-01
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., primero (1) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06149-01
Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES-
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Incumplimiento de los
presupuestos de subsidiariedad e inmediatez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la actora contra la sentencia de 3 de febrero de 2023, dictada por
la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con los presupuestos de
subsidiariedad e inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte actora señaló que por medio de la Resolución No. 18355 de 17 de mayo
de 2012, el Instituto de los Seguros Sociales -hoy Colpensiones-, reconoció en
favor del señor José Antonio Serrano Martínez una pensión de vejez en cuantía de
$4.558.392 efectiva a partir de 1° de abril de 2012, en los términos establecidos en
el Decreto 546 de 1971, teniendo en cuenta que era beneficiario del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Indicó que posteriormente el señor Serrano Martínez, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a Colpensiones con el
objeto de que se reliquidara la pensión de vejez conforme con el 75% de la
asignación más elevada durante el último año de servicios en la Rama Judicial -21
de diciembre de 1998 y 22 de diciembre de 1999-, en el cargo de fiscal delegado
ante la Corte Suprema de Justicia.

Adujo que por sentencia de 19 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, declaró la nulidad parcial
del acto administrativo demandado y, en consecuencia, ordenó a Colpensiones
“RECONOCER la pensión de jubilación del demandante con el equivalente al 75%
de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de
servicio en actividades propias de la Rama Jurisdiccional, esto es, en la Fiscalía
General de la Nación (21 de diciembre de 1998 y el 22 de diciembre de 1999) de
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acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, incluyendo
como factores los siguientes en forma proporcional (doceavas partes): sueldo
básico, gastos en representación, prima especial de servicios, prima de navidad,
prima de vacaciones, de acuerdo con las siguientes consideraciones de esta
providencia, a partir de 1 de abril de 2012”.

Afirmó que para la época en que se expidió la precitada sentencia Colpensiones
se encontraba en empalme con el Instituto de los Seguros Sociales, lo que impidió
presentar el respectivo recurso de apelación contra dicha decisión judicial.

Por último, adujo que en cumplimiento de lo anterior se expidió la Resolución GNR
342325 de 5 de diciembre de 2013, a través de la cual se elevó el monto de la
pensión a $7.786.726 y se reconoció un retroactivo de $64.117.200. Frente a este
acto administrativo el beneficiario pidió una revisión de los montos reconocidos en
el mismo, por lo que mediante Resolución GNR 283301 de 12 de agosto de 2014,
la entidad modificó el monto de la pensión a $14.167.500 y el retroactivo a
$172.533.439.

2. Fundamentos de la acción

Colpensiones presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e
igualdad, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 19 de septiembre
de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”, que declaró la nulidad parcial de la Resolución No.
18355 de 17 de mayo de 2012 y, en consecuencia, ordenó que se reliquidara la
pensión de vejez reconocida en favor del señor José Antonio Serrano Martínez
conforme al 75% de la asignación más elevada durante el último año de servicio
en la Rama Judicial. Concretamente alegó la configuración de los siguientes
defectos:

2.1. Defecto sustantivo: consideró que se desconoció el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 que consagró un régimen de transición, con el fin de permitir que aquellas
personas que a la fecha de entrada en vigencia de esta norma tuvieran treinta y
cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de
edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, pudieran
acceder al reconocimiento pensional bajo las exigencias del régimen pensional
anterior, en lo pertinente a edad, tiempo y monto (tasa de reemplazo). Sin
embargo, se excluyó el IBL el cual se fijaría bajo los parámetros de nuevo sistema
pensional, esto es, conforme al promedio de los últimos diez años devengados y
conforme a los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994.

En ese marco, consideró que el Tribunal accionado incurrió en un yerro al ordenar
que se reliquidara el monto de la pensión de vejez reconocida en favor del señor
José Antonio Serrano Martínez conforme al 75% de la asignación más elevada
durante el último año de servicios en la Rama Judicial y con inclusión de todos los
factores salariales.

2.2. Desconocimiento de precedente judicial: afirmó que la decisión
cuestionada desconoció las sentencias C-168 de 1995, C-596 de 1997, C-258 de
2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-
631 de 2017, SU-023 de 2018, SU-068 de 2018, T-109 de 2019 y T-619 de 2019,
respecto de las cuales transcribió apartes en los cuales la Corte Constitucional
efectuó un pronunciamiento sobre el alcance del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y ha establecido que el IBL no
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es un aspecto sometido al régimen de transición, por lo que el monto pensional
deberá calcularse conforme al 75% del promedio de los percibido durante los
último diez años de servicio o el tiempo que le faltare.

También se refirió a la sentencia de unificación de 28 de septiembre de 2018,
proferida por el Consejo de Estado1, respecto de la cual resaltó que desde este
pronunciamiento la Corporación acogió la interpretación fijada por la Corte
Constitucional sobre el alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido
de que el IBL no es un aspecto del régimen de transición.

2.3. Violación directa de la Constitución: adujo que se configura esta causal
específica de procedencia de tutela contra providencia judicial porque, a su juicio,
la autoridad judicial accionada aplicó una interpretación sobre el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 que es contraria al alcance fijado por la Corte Constitucional de
los aspectos que integran el régimen de transición, y a los artículos 48, 229 de la
Constitución, así como el Acto Legislativo 01 de 2005.

En este punto, manifestó que la decisión cuestionada derivó en un abuso palmario
del derecho, “que se configura cuando los aumentos significativos de los ingresos
del funcionario en sus últimos años de servicio, no guarda ninguna relación con los
aportes que acumuló en su vida laboral2”, toda vez que, aseveró, la orden de
reliquidar el monto pensional conforme al 75% de la asignación más elevada
durante el último año de servicio derivó un incremento correspondiente al 141%
pues de $5.586.979 pasó a $ 8.564.720.

Agregó que ello produce un impacto económico futuro pues los recursos del
sistema pensional que se tomarían para pagar la mesada que ordenó reconocer la
autoridad judicial accionada equivalen a $2.495.410.107, lo que causa un grave
detrimento patrimonial.

Asimismo, se refirió al cumplimiento de los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por cuanto adujo
(i) es un asunto que reviste relevancia constitucional, en tanto involucra la garantía
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia de Colpensiones, y se ataca una decisión judicial que desconoce el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional al ordenar una
reliquidación pensional desproporcionada en tanto originó un incremento de la
pensión de vejez equivalente al 141%; (ii) se cumple el presupuesto de
subsidiariedad, pues aun cuando no se presentó recurso de apelación contra la
decisión cuestionada, ello se encuentra justificado por la imposibilidad de ejercer
una defensa técnica por parte de Colpensiones, originadas por las dificultades
administrativas que se presentaron durante el empalme con el ISS al comenzar
sus funciones -28 de septiembre de 2012-, lo que ha sido reconocido por la Corte
Constitucional3 en el análisis de este presupuesto; (iii) por las mismas razones,
consideró que debe flexibilizarse el estudio de la inmediatez, además teniendo en
cuenta que la afectación a la sostenibilidad del sistema pensional y el detrimento
patrimonial originados en la decisión judicial cuestionada es permanente, continúa
y actual porque se trata de prestación de tracto sucesivo; (iv) se identificaron los
hechos que originaron la vulneración ius fundamental invocada y (v) no se trata de
tutela contra tutela.

Precisó que la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016 además de
reiterar que el IBL no es un aspecto que integre el régimen de transición,

1 M.P. Cesar Palomino Cortes. Expediente No 52001233300020120014301.
2 Aparte de la sentencia T-591 de 2016 transcrito en la demanda.
3 Particularmente se refirió a la sentencia SU-427 de 2016.

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estableció algunas reglas aplicables para determinar la procedencia de la acción
de tutela en situaciones de abuso del derecho, tales como:

“1. Las entidades de pensión están legitimadas para iniciar el recurso de revisión.

2. Ante la existencia de dicho recurso, en principio, las acciones de tutela son
improcedentes, salvo que, de manera palmaria, se evidencie dicha irregularidad.

3. De encontrarse demostrada la configuración del abuso del derecho, el juez
constitucional está facultado para dejar sin efectos las providencias judiciales
que avalaron el mismo y deberá ordenar el reajuste de la prestación en debida
forma”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de Colpensiones al debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad ante la ley,
orientados a la Defensa del patrimonio público y a la protección del principio de
sostenibilidad financiera, en consideración a que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, incurrió en violación directa a la
Constitución, desconocimiento del precedente jurisprudencial y defecto sustantivo,
en la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2013, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No. 25000234200020130020300.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO de manera definitiva la sentencia proferida el 19
de septiembre de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 25000234200020130020300, teniendo en cuenta que la decisión allí
adoptada es contraria a la normatividad y a la jurisprudencia constitucional fijada
en la materia. En su lugar, ORDENE al despacho accionado, proferir nueva
decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela ”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente copia de la sentencia de 19 de septiembre de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”.

5. Trámite procesal

Por auto de 23 de noviembre de 2022, la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte
demandante y a la autoridad judicial accionada, así como al señor Antonio José
Serrano Martínez, en calidad de tercero interesado en el resultado del proceso.

Del mismo modo, dispuso que se oficiara al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, para que remitiera en calidad
de préstamo el expediente No. 25000-23-42-000-2013-00203-00 correspondiente
al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el
señor Antonio José Serrano Martínez contra Colpensiones.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”

El Magistrado ponente de la sentencia objeto de tutela rindió informe sobre los
hechos y las pretensiones de la acción de tutela. Al respecto, comenzó por
referirse a las actuaciones surtidas en el trámite del proceso de la demanda
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nulidad y restablecimiento del derecho formulada por el señor Antonio José
Serrano Martínez contra Colpensiones con el fin de que se declarara la nulidad
parcial de la Resolución No. 18355 de 17 de mayo de 2012 que reconoció en su
favor la pensión de vejez y, en consecuencia, se reliquidara el monto conforme al
75% de la asignación más elevada percibida el último año de servicios en virtud de
los establecido en el Decreto 546 de 1971.

Manifestó que la acción de tutela resulta improcedente porque no se cumple el
presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que la actora no agotó las
herramientas de defensa judicial ordinarias que tenía a su disposición para
controvertir la decisión judicial cuestionada, en tanto no formuló recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.

Con todo, señaló que la decisión se profirió conforme al precedente judicial vigente
para ese momento en virtud del cual el IBL era un aspecto que integraba el
régimen de transición. Afirmó que, en ese sentido, en el fallo cuestionado se
expresó como fundamento de la decisión la sentencia de 12 de julio de 2012
proferida por el Consejo de Estado, Subsección “B” del Consejo de Estado, que
abordó un caso de contornos similares y ordenó reliquidar la pensión de vejez
teniendo en cuenta la asignación más elevada percibida en el último año de
servicio en aplicación del Decreto 546 de 1971.

Finalmente, afirmó que el Consejo de Estado por sentencia de unificación de 11
de junio de 2020 unificó su jurisprudencia en el sentido de determinar que el IBL
no es un aspecto que integre el régimen de transición, sin embargo, en esa
providencia dispuso que los efectos de la misma se aplicarían a asuntos nuevos o
pendientes por resolver, y no en los que ya había operado el fenómeno de cosa
juzgada como ocurre en el presente caso.

6.2. Respuesta del señor Antonio José Serrano Martínez

El señor Serrano Martínez, vinculado como tercero interesado teniendo en cuenta
que es el demandante del proceso judicial objeto de la presente acción
constitucional, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela al
considerar que no se cumplen los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad.

En relación con el primero, señaló que la parte actora formuló la acción de tutela
transcurridos nueve años y dos meses desde que se profirió la sentencia objeto de
tutela -19 de septiembre de 2013-, y respecto del segundo presupuesto, aseveró
que no se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial que tenía a su
disposición la parte actora para controvertir la decisión cuestionada, en tanto no
formuló recurso de apelación, así como tampoco los recursos extraordinarios
previstos en la Ley 1437 de 2011. En este punto, también puso de presente que la
autoridad demandada no contestó la demanda, pese a que fue notificada del auto
admisorio en debida forma.

Al respecto, afirmó que, en contraste con lo señalado por la actora, no existió una
situación de fuerza mayor que hubiera impedido presentar el recurso de apelación,
pues ese escenario se configura cuando ocurre un imprevisto imposible de resistir
como un terremoto, naufragio, entre otros.

En ese orden, señaló que no se configuraron los defectos alegados. Al respecto,
explicó que al ser beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a acceder al reconocimiento de la
pensión de vejez en el marco de lo establecido en el régimen anterior, esto es, el
Decreto 546 de 1971 que en su artículo 6 establecía como requisitos para obtener
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la pensión de vejez tener 55 años de edad, de tiempo de servicios veinte años de
cotizaciones en empresas públicas o privadas y al menos diez en la Rama Judicial
o en el Ministerio Público, y tenía previsto que el monto pensional correspondería
al 75% de la asignación más elevada durante el último año de servicios.

Sobre el desconocimiento del precedente judicial adujo que al momento de
expedir la sentencia, el Consejo de Estado sostenía la tesis de que el IBL era un
aspecto que integraba el régimen de transición porque se encontraba inmerso
dentro de la noción de monto.

Finalmente, sobre el abuso palmario del derecho indicó que no es cierto que con
la decisión judicial se esté causando un detrimento al erario, en tanto cumple los
presupuestos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez bajo los
parámetros establecidos en el Decreto 546 de 1971, en virtud del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 3 de
febrero de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir los
presupuestos de subsidiariedad e inmediatez. Al respecto, señaló que la acción de
tutela se formuló transcurridos más de seis meses desde la expedición de la
sentencia objeto de tutela, a lo que agregó que no se formuló el recurso de
apelación contra la misma.

Al respecto, evidenció que la sentencia de 19 de septiembre de 2013 proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”,
fue notificada el 4 de octubre de 2013 y frente a la misma no se formularon
recursos. De acuerdo con ello, indicó que teniendo en cuenta que la acción de
tutela se radicó el 19 de noviembre de 2022, es claro que transcurrieron nueve
años y un mes, es decir, que no se interpuso dentro del plazo razonable de seis
meses establecido por la Corte Constitucional.

En ese orden, refirió que la parte actora considera que debe flexibilizarse el
análisis de estos presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales por los múltiples problemas administrativos y de
gestión del ISS y la declaratoria de cosas inconstitucional efectuada por la Corte
Constitucional lo que, a su juicio, habilita las acciones de tutela aunque no se
hayan agotado todos los recursos ordinarios o extraordinarios o que hubiere
transcurrido más de seis meses.

No obstante, consideró que ello no aplica en el presente asunto porque las
razones aducidas por Colpensiones para justificar la tardanza en la presentación
de la acción de tutela y no haber agotado los recursos ordinarios de defensa
judicial, “carecen de validez jurídica” por las siguientes razones:

Explicó que la Corte Constitucional en distintos pronunciamientos a los cuales hizo
referencia de manera detallada4, precisó que deben flexibilizarse los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez en los casos en los cuales Colpensiones y las
administradoras de pensiones aleguen reconocimientos pensionales derivados de
un abuso palmario del derecho y que generan una grave afectación al erario y un
perjuicio a la entidad, aun cuando tiene a su disposición el recurso extraordinario
de revisión de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

4 En este punto se refirió a las sentencias SU-427 de 2016, SU-631 de 2017 y T-334 de 2021.

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Sin embargo, aseveró que “en el presente caso no se justificó debidamente la
inactividad de la parte actora, pues aduce argumentos tan generales que por su
solo enunciado revelan aspectos que solo son imputables al negligente
funcionamiento del sistema, supuesto que no es oponible al titular de un derecho
social como es el pensional, reconocido bajo decisiones de autoridad ya hace
varios años, los que por demás no solo obviaría la exigencia de inmediatez sino la
de subsidiariedad, pues convertiría al juez de tutela en un juez de instancia, lo que
constitucionalmente resulta inadmisible”.

En línea con lo expuesto, aseveró que tampoco es posible flexibilizar los requisitos
de inmediatez y subsidiariedad a partir del estado de cosas inconstitucional
declarado por la Corte Constitucional, en tanto el 18 de diciembre de 2015 esa
situación se declaró superada por sentencia T-774 de 2015, es decir, seis años
atrás a la radicación de la acción de tutela. A lo que agregó que Colpensiones no
puede alegar el desconocimiento de la decisión cuestionada, pues expidió dos
actos administrativos dando cumplimiento a la misma, tales como las
Resoluciones GNR 342325 de 5 de diciembre de 2013 y GNR 283301 de 12 de
agosto de 2014.

También se refirió a la configuración del abuso del derecho que se configura por la
vinculación precaria que deriva un incremento excesivo de la mesada pensional y
que habilitaría la intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue definido
por el juez natural, pese a que no se cumplen los presupuestos de subsidiariedad
e inmediatez. Sin embargo, concluyó que en este caso no se presenta este
escenario, porque el señor Antonio José Serrano Martínez estuvo vinculado a la
Rama Judicial y al Ministerio Público por periodos superiores a catorce meses y el
último cargo (fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia) lo ejerció durante
un año y seis meses.

Del mismo modo, evidenció que la decisión cuestionada se fundamentó en
sentencias proferidas por el Consejo de Estado5 en las que, en casos idénticos, se
reliquidó el monto de la pensión de vejez conforme al 75% de la asignación más
elevada percibida durante el último año de servicios, en virtud de lo establecido en
el Decreto 546 de 1971,lo que no puede considerarse un yerro por parte de la
autoridad judicial accionada, pues solo hasta el 28 de septiembre de 2018 se
unificó jurisprudencia en torno a que el IBL no es un aspecto que integra el
régimen de transición.

Finalmente, advirtió que flexibilizar en este caso los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez después de que ha transcurrido tanto tiempo, pone en riesgo los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual solicitó que se
revocara y se acceda a las pretensiones de la solicitud. Los argumentos en los
que sustentó su escrito se pueden resumir, así:

En relación con el presupuesto de la inmediatez manifestó su desacuerdo con la
decisión de declarar que este no se cumple en el caso bajo análisis, pues en su
sentir, el artículo 86 de la Constitución Política consagra la acción de tutela como

5 Sentencia de 17 de marzo de 2011, proferida por la Sección Segunda – Subsección A (25000-23-25-000-

2005-03884-01 / 0538-09) y de 12 de julio de 2012, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, M.P.
Gerardo Arenas Monsalve (Rad. 25000-23-25-000-2005-05008-01).

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un mecanismo para la protección de los derechos fundamentales que puede
emplearse dentro de un término razonable, lo que se determina de acuerdo con
las circunstancias específicas de cada caso y en aplicación de las reglas de la
sana crítica con el fin de determinar si la inactividad del accionante se encuentra o
no justificada y si la afectación de los derechos fundamentales es actual,
permanente y continua que amerite la intervención del juez constitucional y “la
interposición de una medida de corrección”.

Al respecto, aseveró que en el caso bajo análisis se cumplen esos aspectos
porque la prestación pensional reconocida a través de la sentencia de 19 de
septiembre de 2013 proferida por el Tribunal accionado es de tracto sucesivo y
actualmente se encuentra activa en la nómina de pensionados, por lo tanto, la
afectación es continua, permanente y actual.

En ese sentido, insistió en que se debe flexibilizar el requisito de la inmediatez
porque la sentencia cuestionada desconoce los derechos fundamentales de
Colpensiones al aplicar una interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, que es contraria a la ley y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a lo
que agregó que se configuró una situación de abuso del derecho, en virtud de los
siguientes argumentos:

• Asevero que la decisión cuestionada “incrementó el valor de la mesada en
suma equivalente a $20.717.281 en la actualidad, cuando en derecho le
correspondería la suma de $8.564.720, es decir, la decisión judicial generó
un incremento comprobado del 141% del valor de la mesada que en
derecho le correspondería”, lo que desfinancia el sistema pensional.

• Aplicó una interpretación sobre el alcance del régimen de transición
contraria a la fijada por la Corte Constitucional.

En ese marco, afirmó que el presupuesto de la inmediatez no se puede analizar
bajo la regla de los seis meses como plazo razonable para promover la acción de
tutela contra sentencias judiciales, pues a su juicio, el hecho de que la prestación
pensional esté activa en la nómina es suficiente para habilitar la intervención del
juez constitucional en un asunto que involucra abuso palmario del derecho y el
detrimento patrimonial del sistema pensional.

Del mismo modo, consideró que se debe flexibilizar el requisito de la
subsidiariedad, toda vez que la falta de interposición del recurso de apelación
contra la sentencia de 19 de septiembre de 2013, se encuentra justificada en que
el ISS atravesaba problemas institucionales por la planta insuficiente de personal y
el excesivo número de peticiones, la carencia de un sistema integrado de
información tecnológica, el represamiento de expedientes administrativos, bloqueo
institucional, inconsistencias en las historias laborales, entre otros, que le
impedían atender oportunamente las peticiones de los afiliados y ejercer una
debida defensa en los procesos judiciales que cursaban en su contra, lo que en
efecto condujo a la Corte Constitucional a declarar el estado de cosas
inconstitucionales.

Se refirió a la sentencia SU-427 de 2016 para reiterar que la Corte Constitucional
ha señalado que cuando el reajuste pensional deriva de una providencia judicial
proferida con abuso del derecho, el juez de tutela deberá dejar sin efectos el
respectivo fallo y reliquidar el monto conforme al ordenamiento jurídico, a lo que
agregó que, en estos casos, la acción de tutela procede como mecanismo
principal.

8

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Adicional a lo anterior, señaló que la intervención del juez de tutela en este caso
es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el que se
concreta en la afectación a la sostenibilidad del sistema pensional por el pago de
una prestación pensional reconocida con abuso del derecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si,
como lo sostuvo el a quo, la solicitud de tutela incumple con los requisitos de de
subsidiariedad e inmediatez.

En caso de que la respuesta sea negativa y se cumplan los restantes requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala deberá determinar
si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia e igualdad con la sentencia de 19 de septiembre de
2013 que declaró la nulidad parcial de la Resolución No. 18355 de 2012, a través
de la cual el ISS reconoció en favor del señor Antonio José Serrano Martínez una
pensión de vejez y del acto ficto negativo generado por la falta de respuesta al
recurso presentado contra dicho acto administrativo, y a título de restablecimiento
del derecho ordenó a Colpensiones reconocer la pensión de jubilación conforme al
75% de la asignación más elevada devengada durante el último año de servicio en
la Rama Judicial, en virtud de lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de
1971, incluyendo los siguientes factores salariales: sueldo básico, gastos de
representación, prima especial de servicios, prima de navidad y prima de
vacaciones.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
9

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los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20156:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos
y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela”7. (Negrilla por fuera del texto)

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos8, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro
medio de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.

6 Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
8 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.

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4. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo
momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede
solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los
derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe
valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional9 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una
persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica”10.

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar11, en cada caso, si se ha cumplido con el
requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
201612, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación
personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que
se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los
derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no
debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta
la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que
esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los
derechos de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la
demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de
derechos fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige
la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez
puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los
derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser

9 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
10 Ibídem.
11 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia

T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño ,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
12 Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.

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más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los
efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que
justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los
efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente ”13

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 14
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria
de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal
que también ha sido acogido por la Corte Constitucional15.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Colpensiones presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e
igualdad, los cuales considera vulnerados con la sentencia de 19 de septiembre
de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”, en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Antonio José Serrano
Martínez contra Colpensiones. En esa decisión se declaró la nulidad parcial del
acto administrativo demandado y a título de restablecimiento del derecho ordenó a
Colpensiones reliquidar la pensión de vejez reconocida en favor del demandante
conforme al 75% de la asignación más elevada percibida en el último año de
servicios en la Rama Judicial, en virtud de lo establecido en el artículo 6° del
Decreto 546 de 1971.

Concretamente, alegó la configuración de (i) un defecto sustantivo por la
aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que consagra el régimen
de transición y define los beneficiarios y los aspectos que lo conforman, (ii)
desconocimiento del precedente judicial relativo al alcance del régimen de
transición, en el que se establece que el IBL no es un aspecto sujeto a transición y
(iii) violación directa de la Constitución porque la decisión cuestionada desconoce
los artículos 48, 229 de la Constitución Política y el Acto Legislativo 01 de 2005 y,
además, contradice el alcance fijado por la Corte Constitucional en torno a los
aspectos que integran el régimen de transición.

Por sentencia de 3 de febrero de 2023, la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no
se cumplen los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad.

Del mismo modo, adujo que no es posible flexibilizar el análisis de estos
presupuestos bajo las circunstancias descritas por la parte actora para justificar la
tardanza en la presentación de la acción de tutela y la omisión de interponer el
recurso de apelación, tales como: (i) los problemas administrativos que atravesaba
el ISS, (ii) el estado de cosas inconstitucionales declarado por la Corte
Constitucional y (iii) el abuso palmario del derecho que, supuestamente, deriva en
el incremento excesivo e injustificado de la mesada pensional reconocida en favor
del señor Serrano Martínez y que afecta el principio de sostenibilidad financiera
del sistema pensional.

13 Ibídem.
14 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
15T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo
Ocampo.
12

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Al respecto, explicó que la Corte Constitucional ha admitido que se inapliquen
estos presupuestos cuando Colpensiones o las administradoras de pensiones
alegan reconocimientos pensionales derivados de un abuso palmario del derecho
que afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema, sin embargo,
evidenció que en este caso esos escenarios no se cumplen.

Del mismo modo, señaló que el estado de cosas inconstitucionales decretado por
la Corte Constitucional tampoco permite flexibilizar el estudio de estos
presupuestos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales,
porque esta situación se declaró superada por sentencia T-774 de 2015 es decir
hace más de seis años y no hay razones que justifiquen la inacción durante dicho
periodo.

5.2. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia en escrito que reiteró los
argumentos expuestos en la demanda inicial. En ese sentido, insistió en que los
presupuestos de inmediatez y subsidiariedad deben flexibilizarse en este caso
teniendo en cuenta que la afectación es actual, permanente y continua, ya que la
prestación pensional reconocida a través de la sentencia de 19 de septiembre de
2013 proferida por el Tribunal accionado es de tracto sucesivo y actualmente se
encuentra activa en la nómina de pensionados.

Así mismo, refirió que la prestación pensional reconocida a través de la sentencia
cuestionada deriva de un abuso palmario del derecho porque “incrementó el valor
de la mesada en suma equivalente a $20.717.281 en la actualidad, cuando en
derecho le correspondería la suma de $8.564.720, es decir, la decisión judicial
generó un incremento comprobado del 141% del valor de la mesada que en
derecho le correspondería”, lo que desfinancia el sistema pensional, a lo que
agregó que la autoridad judicial accionada aplicó una interpretación sobre el
alcance del régimen de transición contraria a la fijada por la Corte Constitucional.

De igual modo, consideró que se debe flexibilizar el requisito de la subsidiariedad,
toda vez que la falta de interposición del recurso de apelación contra la sentencia
de 19 de septiembre de 2013, se encuentra justificada, pues el ISS atravesaba
problemas institucionales por la planta insuficiente de personal y el excesivo
número de peticiones, la carencia de un sistema integrado de información
tecnológica, el represamiento de expedientes administrativos, bloqueo
institucional, inconsistencias en las historias laborales, entre otros, que le
impedían atender oportunamente las peticiones de los afiliados y ejercer una
debida defensa en los procesos judiciales que cursaban en su contra, lo que en
efecto condujo a la Corte Constitucional a declarar el estado de cosas
inconstitucional.

Se refirió a la sentencia SU-427 de 2016 para reiterar que la Corte Constitucional
ha señalado que cuando el reajuste pensional deriva de una providencia judicial
proferida con abuso del derecho, el juez de tutela deberá dejar sin efectos el
respectivo fallo y reliquidar el monto conforme al ordenamiento jurídico, a lo que
agregó que, en estos casos, la acción de tutela procede como mecanismo
principal.

5.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala anticipa que confirmará la sentencia
de primera instancia, al no encontrar razones válidas para revocar la decisión
impugnada. Lo anterior, con fundamento en que no se cumplen los presupuestos
de subsidiariedad e inmediatez, y las circunstancias que rodean el caso bajo
análisis no se enmarcan en los escenarios fijados por la Corte Constitucional para
flexibilizar su estudio.

13

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5.3.1. Sobre el presupuesto de la subsidiariedad, la Sala considera que le asiste
razón al a quo al señalar que no se cumple en el caso bajo análisis porque
Colpensiones no agotó los recursos ordinarios y extraordinarios que tenía a su
disposición para controvertir la sentencia cuestionada tales como el de apelación
contra la decisión de primera instancia, así como el recurso extraordinario de
revisión el cual resultaba idóneo teniendo en cuenta que, el sustento de la parte
actora, es que la mesada pensional que ordenó reconocer el Tribunal accionado
configura un abuso palmario del derecho.

En efecto, para controvertir providencias judiciales relacionadas con el
reconocimiento o reliquidación de prestaciones periódicas, el ordenamiento
jurídico prevé herramientas de defensa judicial ordinarias a las que podía acudir
Colpensiones, como lo es el recurso extraordinario de revisión consagrado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que prevé la posibilidad de acudir a esta
herramienta para proteger el patrimonio público, el interés general y el equilibrio
financiero del sistema pensional, “[c]uando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso, y b) [c]uando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables”.

También, el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la
Constitución Política estableció que la ley definiría un procedimiento breve para la
revisión de las pensiones reconocidas (i) con abuso del derecho o (ii) sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y
laudos arbitrales válidamente celebrados, es decir, con fraude a la ley.

En ese sentido, las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado en el
trámite del recurso extraordinario de revisión han abordado el estudio de
decisiones judiciales que ordenan reconocimientos pensionales en casos
promovidos por la UGPP, lo que también resulta aplicable a Colpensiones, en los
que ha precisado que esas determinaciones imponen la obligación de cubrir
sumas periódicas que desconocen el ordenamiento jurídico y afectan la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Por medio de sentencia de 25 de octubre de 202116, la Sala Once Especial de
Decisión del Consejo de Estado conoció del recurso extraordinario de revisión
formulado por la UGPP contra una sentencia dictada por la Sección Segunda,
Subsección “A” de esta Corporación, en el que se alegó que allí se ordenó el
reconocimiento pensional sin tener en cuenta los topes pensionales. En aquella
oportunidad, se reiteró la procedencia de este mecanismo en virtud de las
causales establecidas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en los siguientes
términos:

“El legislador contempló la acción de revisión de las providencias que hacen
reconocimientos pensionales, como un mecanismo para salvaguardar el interés
general ante los posibles excesos que pudieran presentarse, en detrimento de los
principios de la moralidad administrativa, solidaridad y equilibrio financiero.

La acción fue recogida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y habilita la revisión
judicial de las sentencias ejecutoriadas que hayan decretado reconocimientos que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en los siguientes
eventos: (i) Por las causales señaladas en la ley para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión. (ii) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso, y (iii) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables”.

16M.P. María Adriana Marín. Expediente No 11001-03-15-000-2017-00129-00.

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Entonces, teniendo en cuenta la existencia de otro mecanismo de defensa judicial,
por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir
sentencias judiciales que establecen montos pensionales que presuntamente
desbordan lo establecido en el ordenamiento jurídico. No obstante, la Corte
Constitucional ha establecido que excepcionalmente se habilita la acción de tutela
cuando se presenta un abuso palmario del derecho que puede presentarse
cuando se alega el incremento excesivo en la mesada pensional.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-115 de 201817, reiteró las
reglas establecidas en las Sentencias SU-427 de 201618 y SU-631 de 201719 y
precisó que el abuso palmario por el incremento de la mesada pensional surgirá
cuando “se presente un incremento excesivo de la mesada pensional y con él una
ventaja ilegítima, que comprometa los principios de igualdad y solidaridad en el
caso concreto”. Por tanto, según consideró la Sala, debe haberse “generado un
incremento protuberante de la mesada pensional”, pues, solo así, “la aplicación del
IBL de un régimen especial, cobra una importancia tal que es imperiosa la
intervención del juez de tutela”.

En ese sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-136 de 202220 se refirió
a la revisión de las pensiones reconocidas con abuso palmario del derecho, y
recordó que la acción de tutela resulta procedente en tales escenarios, aun
cuando el ordenamiento jurídico ha establecido el recurso extraordinario de
revisión, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se traduce en la
afectación al erario por el pago de una prestación reconocida irregularmente.

Al respecto, recordó que conforme a lo establecido en las sentencias SU-427 de
2016 y SU-631 de 2017 se debe revisar, en cada caso concreto, la existencia de
un ejercicio abusivo de un derecho en materia pensional, atendiendo las reglas de
apoyo interpretativo que se establecieron, de forma enunciativa, para tal efecto,
tales como: (i) que el abuso debe “saltar a la vista” y que los mecanismos de
defensa judicial ordinarios no son idóneos para evitar detrimento del sistema
pensional, (ii) también se debe evaluar la forma en que el beneficiario de la
prestación pensional accedió al reconocimiento de la misma y (iii) como criterio de
identificación, que se hubiere declarado judicialmente un incremento porcentual
trascendental en el monto pensional.

En ese escenario, la Corte Constitucional concluyó que, “en principio, las acciones
de tutela presentadas en contra de las providencias judiciales en las que se
reconocen pensiones con aparente abuso del derecho son improcedentes ante la
existencia del recurso extraordinario de revisión de que trata el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Sin embargo, excepcionalmente es posible que las entidades
legitimadas para recurrir a ese mecanismo ordinario de defensa acudan a la
acción de tutela cuando se acredite la existencia de un abuso palmario del
derecho”.

En aplicación de los anteriores criterios jurisprudenciales, la Corte Constitucional
en la sentencia T-290 de 202221, confirmó las sentencias de tutela proferidas en
primera y segunda instancia que habían declarado improcedente la acción de
tutela promovida por la UGPP contra el Tribunal Administrativo de Casanare, al
considerar que no se cumplía el presupuesto de la subsidiariedad en tanto la
entidad demandante tenía a su disposición el recurso extraordinario de revisión

17 M.P. Carlos Bernal Pulido.
18 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
19 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
20 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
21 M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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para controvertir la decisión judicial objeto de tutela y no se acreditó el abuso
palmario del derecho. Al respecto, expresó lo siguiente:

“66. Por otro lado, la Sala encuentra que la UGPP no acreditó la configuración de
un abuso palmario del derecho para acudir de forma excepcional a la acción de
tutela. En primer lugar, la entidad no demostró una vinculación precaria en el caso
de GLFA. En el escrito de tutela señaló que este prestó sus servicios al Estado, en
el Ministerio de Trabajo desde el 12 de abril de 1966 hasta el 30 de noviembre de
1970 y en la Rama Judicial desde el 1 de abril de 1971 al 31 de diciembre de
2000, y que su último cargo desempeñado fue el de Magistrado Grado 21 del
Tribunal de Yopal, Sala Civil Familia. Sin embargo, no especificó el tipo de
vinculación ni la duración de este último cargo y tampoco adjuntó la historia laboral
de GLFA. Esta falta de información contrasta con lo expuesto por GLFA, quien
sostuvo que de los treinta (30) años que laboró en la Rama Judicial, diez (10) los
desempeñó como Magistrado de Tribunal Superior, al cual llegó por concurso de
méritos. Asimismo, en el expediente obran certificaciones respecto del tiempo
laborado por GLFA como Magistrado de Tribunal Superior: (i) la Presidenta y
Secretaría General del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de
Viterbo certificaron que GLFA desempeñó varios cargos en dicho Distrito, en
propiedad y sin interrupción, dentro de los cuales se incluye el de Magistrado de la
Sala Laboral de dicha corporación desde el 1 de septiembre de 1990 hasta el 30
de junio de 1998; y (ii) el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Yopal certificó que GLFA se desempeñó como Magistrado de dicha corporación
desde el 1 de julio de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2000, en propiedad.

67. La Corte ha señalado que la vinculación precaria se presenta cuando un
servidor, durante la mayor parte de su vida laboral, aportó con una base de
cotización y luego, en el transcurso del último año de servicios, es
nombrado para un cargo de mayor remuneración por un tiempo corto y con
fundamento en esa vinculación obtiene un ingreso más alto que sirve para
calcular su IBL y estimar su mesada pensional. También ha resaltado que el
carácter exiguo del vínculo solo puede impactar a los nombramientos de libre
nombramiento y remoción, en provisionalidad y aquellos hechos en encargo, a
diferencia de los nombramientos en propiedad por concurso de méritos cuyo nivel
de estabilidad es alto y no dan lugar a una vinculación precaria. En este sentido,
para la Sala resulta claro que de lo expuesto por la UGPP y de las pruebas
obrantes en el expediente no es posible acreditar que: (i) el cargo que ejerció
GLFA en el último año de servicios hubiese sido fugaz, por el contrario, se advierte
que dicho cargo lo desempeñó durante 2 años, 5 meses y 30 días; o (ii) el
nombramiento de dicho cargo hubiese sido de libre nombramiento y remoción, en
provisionalidad o en encargo, generando un nivel de estabilidad bajo.

68. En segundo lugar, si bien la UGPP señaló que la pensión de GLFA, para el
año 2019, pasó de $13.322.862.42 a $19.358.249.19 generando una diferencia de
$6.035.386.77 y que por concepto de retroactivos se le ha pagado la suma de
$635.761.311.51, esta información es insuficiente por sí sola para acreditar un
incremento excesivo de la mesada pensional. Primero, la suma de $6.035.386.77
es desvirtuada por GLFA, quien niega dicha cifra. Segundo, si en gracia de
discusión se aceptara tal monto como incremento pensional, este no se desprende
de una vinculación precaria de GLFA, pues este último elemento no fue
acreditado. Y, tercero, la suma de $19.358.249.19 por concepto de mesada
pensional no viola el tope pensional de 25 SMLMV fijados constitucional y
legalmente22. Este último criterio fue utilizado en las sentencias T-212 de 2018 y T-
080 de 2019 como parte de los elementos analizados para desvirtuar la
configuración de un abuso palmario del derecho.

69. En tercer lugar, no se constata la ausencia de correlación entre la historia
laboral de GLFA y la pensión. En efecto, en el escrito de tutela, al referirse al
abuso palmario del derecho, la UGPP no hizo referencia a tal aspecto y tampoco
aportó la historia laboral de GLFA, por lo cual la Sala carece de elementos
probatorios para inferir dicho elemento”.

22 Acto Legislativo 01 de 2005 y Ley 797 de 2003. Lo anterior, teniendo en cuenta que el salario mínimo en el

año 2019 correspondió a $828.116 y que, al multiplicar dicha suma por 25, arroja como resultado
$20.702.900, monto que no es sobrepasado por la mesada pensional referida por la UGPP
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Sobre ese mismo particular, esta Sala en sentencia de 23 de febrero de 202323,
declaró improcedente una acción de tutela promovida por Colpensiones contra
una providencia judicial que había reconocido una prestación pensional con abuso
del derecho al considerar que el medio idóneo para controvertir esa decisión
judicial era el recurso extraordinario de revisión establecido en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, en aplicación del criterio fijado en la sentencia SU-427 de 2016
para un caso de la UGPP.

En todo caso, recordó que no puede desconocerse que en atención a la especial
circunstancia dada por el estado de cosas inconstitucionales que se había
declarado respecto de la UGPP y de Colpensiones, la Corte Constitucional
encontró la necesidad de aplicar un “tratamiento diferencial” en el cómputo de
caducidad del recurso de revisión, en el sentido de que no se tomara como
referente la ejecutoria de la sentencia cuestionada sino la fecha en que se asumió
la representación judicial en los procesos judiciales.

Sobre el particular señaló que, en el caso de Colpensiones, la Corte Constitucional
por Auto 110 de 2013 declaró el estado de cosas inconstitucionales y que esa
situación se declaró superada a través de la sentencia T-774 del 18 de diciembre
de 2015, a lo que agregó que la oportunidad del recurso de revisión deberá ser
analizado por el juez natural.

Finalmente, adujo que la Corte Constitucional también ha admitido, de manera
excepcional, la intervención del juez constitucional aun existiendo otros
mecanismos de defensa judicial, para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable en el erario y las finanzas del Estado en asuntos que involucra
reconocimientos pensionales derivados del “palmario abuso del derecho” por
“vinculación precaria” bajo los criterios establecidos en la sentencia SU-631 de
2017 ya citados.

En el caso bajo estudio, en el escrito de impugnación, Colpensiones adujo que el
abuso palmario del derecho se origina en la orden de reliquidar el monto pensional
conforme con el 75% de la asignación más elevada percibida durante el último año
de servicios que implica un incremento del 141% de la mesada pensional
reconocida inicialmente por el ISS y que fue calculada conforme el promedio de lo
devengado durante los últimos diez años de servicios como lo establece el
ordenamiento jurídico.

No obstante, para la Sala esa circunstancia no permite acreditar la configuración
de los escenarios en los que la Corte Constitucional ha habilitado la acción de
tutela de manera excepcional, pese a la existencia de otra herramienta judicial
para que las administradoras de pensiones puedan controvertir mesadas
pensionales que exceden los montos establecidos en el ordenamiento jurídico y
que afectan gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional, tales
como “abuso palmario del derecho” y “vinculación precaria”.

Ello, principalmente, porque no se evidencia que hubiere existido una vinculación
precaria que se configura “cuando la relación de los empleados o funcionarios con
el Estado tiene una vigencia reducida en el tiempo, con lo cual la “fugacidad” es el
elemento que lo acredita24”, en tanto, como lo señaló el a quo, el señor Antonio
José Serrano Martínez estuvo vinculado en la Procuraduría General de la Nación
por un periodo de trece años (entre 1° de agosto 1978 y 31 de julio de 1991), en la

23 M.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello. Expediente 11001-03-15-000-2022-06146-00. La Sala seguirá de
cerca esta sentencia para resolver el caso concreto, teniendo en cuenta que se trata de casos de contornos
similares.
24 Sentencia SU-136 de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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Fiscalía General de la Nación dos años, 4 meses y 22 días (entre el 20 de julio de
1997 y 22 de diciembre de 1999), en el Ministerio de Transporte cuatro años (entre
agosto de 2006 y de 2010) y en Ferrocarriles Nacionales de Colombia por nueve
meses (desde el 2 de junio de 2011 hasta 31 de marzo de 2012), en donde ocupó
los cargos de, entre otros, procurador delegado, fiscal delegado, asesor y
secretario general.

Además, sobre el “incremento protuberante” ha establecido la jurisprudencia de la
Corte Constitucional como otra condición para que de manera excepcional
proceda la acción de tutela aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial,
Colpensiones señaló que para el año 2022 la mesada pensional era de
$20.717.281 cuando el monto correcto era $8.564.720, es decir que, en su sentir,
el sistema pensional pierde $12.152.561 mensuales lo que produce un detrimento
patrimonial que cuantifica en $2.495.410.107.

Para la Sala, la información expresada por la parte actora permite evidenciar el
monto a su juicio excesivo que percibe el señor Serrano Martínez; no obstante, no
es suficiente para determinar las razones por las que esos valores que sin duda
son cuantías altas, pueden impactar el sistema general de pensiones al punto que
amerite la intervención del juez constitucional en un asunto que corresponde
resolver al juez del recurso de revisión. A lo que debe agregarse lo el siguiente:
¿si la mesada pensional genera tan grave afectación al erario por qué
Colpensiones ha permitido que transcurran nueve años para objetar la decisión
judicial?

5.3.2. Sobre el presupuesto de la inmediatez, la Sala encuentra que no hay
discusión en que la acción de tutela se presentó por fuera del plazo de seis meses
que ha fijado la jurisprudencia constitucional como razonable, cuando se
promueve contra una providencia judicial. Entonces, lo que corresponde
determinar es si existen razones para flexibilizar este requisito.

En ese sentido, la Sala encuentra que las razones expresadas por Colpensiones
para justificar la tardanza en la presentación de la acción de tutela, tales como, los
problemas administrativos del ISS y el estado de cosas inconstitucionales
declarado por la Corte Constitucional por Auto 110 de 2013, fueron escenarios que
se tuvieron en cuenta para flexibilizar el requisito de la inmediatez.

Empero, en este momento cuando han transcurrido más de seis 6 años desde que
la sentencia T-744 de 2015 declaró superada la situación inconstitucional que
atravesaba la entidad y que le había impedido ejercer oportunamente las
herramientas de defensa judicial para defender los intereses de la misma, resulta
inadmisible que continúen amparándose en lo mismo, porque no existe
justificación válida para a inacción en estos últimos años. En otras palabras, no
puede ser de recibo que aún se siga amparando la demandante en esa
circunstancia que justamente fue superada y que llevaría a concluir todo lo
contrario, que al haberse organizado administrativamente la entidad en su
funcionamiento hubiera podido acudir con oportunidad a la presentación del
recurso extraordinario de revisión.

Además, el hecho de que la prestación pensional se encuentre en nómina
tampoco permite desconocer el presupuesto de la inmediatez, porque se trata de
controvertir la decisión judicial que ordenó su reconocimiento, en este caso la
sentencia de 16 de septiembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, con sustento en el precedente
judicial vigente para la época, y para ello siempre se debe tomar como referente el

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momento en que se conoció la respectiva providencia lo que ocurrió desde el 21
septiembre de 2015.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 3 de febrero de
2023, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con los requisitos
de subsidiariedad e inmediatez.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 3 de febrero de 2023, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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