Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06165-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06165-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06165-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 15 de noviembre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06165-01
Demandante: Jorge Eliecer Hurtado Pino
Demandados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA |
Incumplimiento de fallo de tutela – Subsidiariedad. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIA JUDICIAL | Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial adoptada en el trámite del incidente de desacato -Cierre de
incidente de desacato |Niega
Síntesis del caso: La parte demandante enjuició la providencia que dispuso el cierre
definitivo de un trámite incidental porque, en su parecer, no hubo cumplimiento de las
órdenes de tutela que se dictaron a su favor.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 6 de
julio de 2023, por medio de la cual la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado “rechazó” por improcedente la acción de tutela
por no satisfacer el requisito de inmediatez2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 18 de noviembre de 2022, Jorge Eliecer Hurtado Pino presentó
acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)3, el Juzgado 16
Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Jorge Eliecer Hurtado
Pino, a nombre propio, en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas – UARIV, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Juzgado Dieciséis
Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.”
3 Antes Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social). Ver Decreto
Ley 4155 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06165-01
Demandante: Jorge Eliecer Hurtado Pino
Demandados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – Declara improcedente y niega
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la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, sin precisar cuáles,
con ocasión del incumplimiento de unos fallos de tutela4 por parte de las 2
primeras autoridades y el cierre definitivo del trámite incidental No. 76001-
33-31-016-2010-00221-005 por parte del juzgado referido.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
“Que de inmediato se me cancele en dinero. El proyecto productivo de
acuerdo [con] lo entregado a las 40 familias que presentamos proyectos en el
año 2001/2002. Pagados a las familias y a mi grupo familiar.
Ordenar desacato reiterado contra funcionarios de prosperidad social –
reparación víctimas. Hasta que esta entidad me cancele mi reparación
administrativa directa, desde el año 2010 que deberá contener daños,
perjuicios, intereses, detrimento económico y todo lo concerniente a la
legalidad de la liquidación que se efectué hasta el pago a esta fecha
inmediata.
Llamar la atención al Juzgado 16 Administrativo de Cali y al Tribunal Superior
Administrativo de [Valle del Cauca], por su negativa a hacer cumplir lo
tutelado en el año 2010.
Ordenar a quién corresponda que se me asigne la vivienda que me
corresponde.
Ordenar a quien corresponda dar cupo para que mis hijos (…) estudien.
Que se ordene que yo, Jorge Hurtado, como cabeza de mi grupo familiar
reciba la totalidad de la reparación administrativa ayudas y beneficios, y que
mi grupo no sea dividido.
Solicito que se tutelen estos derechos y se obligue a prosperidad social a que
se cumpla antes de las 48 horas.
(…)
Que de inmediato se ordene que prosperidad atención victimas (sic) me
reconozca y pague mis ayudas humanitarias a partir de agosto 2010 a esta
fecha noviembre 2022.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) El 25 de junio de 2010, Jorge Eliecer Hurtado Pino, como víctima
del desplazamiento forzado, presentó acción de tutela, orientada a
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida, libre
desarrollo e independencia económica.
5. 2) Mediante Sentencia de 12 de julio de 2010, el Juzgado 16
Administrativo de Cali amparó los derechos fundamentales y ordenó lo
siguiente (se trascribe):
4 Sentencias de 12 de julio y 23 de agosto de 2010, proferidas, respectivamente, por el Juzgado 16 Administrativo
de Cali y el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.
5 Mediante Auto de 11 de mayo de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06165-01
Demandante: Jorge Eliecer Hurtado Pino
Demandados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – Declara improcedente y niega
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“PRIMERO. - TUTELAR los derechos fundamentales invocados (…).
SEGUNDO. En consecuencia, se ordena a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, para que dentro de los ocho (8)
días siguientes a partir de la notificación de este fallo, instruya al accionante
desplazado, sobre cuáles son sus derechos y se le informe de manera clara y
precisa sobre los trámites que deben cumplir para acceder as (sic) los
diferentes programas diseñados para brindarles la atención que demanda, de
acuerdo a los requerimientos y sus necesidades particulares, incluyendo lo que
respecta al subsidio del proyecto productivo para que pueda acceder a él.
Además, Acción Social deberá continuar prestando la ayuda humanitaria de
emergencia hasta tanto se logre la estabilización económica del actor y su
familia. Como entidad coordinadora de los organismos encargados de las
ayudas a la población desplazada por el conflicto interno, a Acción Social le
corresponde prestar esta ayuda e incluir al accionante dentro de los
programas y proyectos tanto productivos como educativos, de salud y
vivienda.
TERCERO. - ABSTENERSE DE ORDENAR la reparación por vía administrativa
solicitada por el actor, por cuanto el término para decidir sobre la misma aún
no se ha vencido, pues tal como lo señala el art. 27 del Decreto 1290 de 2009,
el término para resolver su solicitud vence el día 26 de agosto de 2010,
teniendo en cuenta que su petición ¨[fue] presentada el día 26 de febrero de
2009 y la cual se encuentra radicada bajo el No. 198426 (…)”.
6. 3) El 23 de agosto de 2010, el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, al resolver la impugnación presentada contra la anterior
sentencia6, decidió confirmarla; sin embargo, exhortó a Acción Social,
luego DPS, para que, en cabeza del Comité de Reparaciones
Administrativas, resolviera la solicitud presentada por el accionante, el 26
de febrero de 2009, dentro del término establecido en el Decreto 1290 de
20087.
7. 4) El 24 de mayo de 2013, el señor Hurtado Pino presentó incidente
de desacato, y el Juzgado 16 Administrativo de Cali, mediante Auto de 24
de junio de 2013, lo archivó, pues, con fundamento en el informe rendido
por el DPS, determinó que este no había incurrido en desacato de la
Sentencia de 12 de julio de 20108.
6 En la cual, el señor Hurtado Pino manifestó que (se trascribe) “en principio se protegen aparentemente los
derechos invocados (…), por consiguiente, exijo que se acepte esta mi participación y se dé contundencia
exacta a mi protección fundamental, ya que sería injusto que vuelva a empezar a vincularme (…).”
7 El fundamento de la decisión fue (se trascribe) “En este estado, y luego de analizado el caso concreto, acoge
la Sala los planteamientos realizados por el Juez de primera instancia, en cuanto menciona que no se encuentra
debidamente probado en el expediente las condiciones en las que configuró el desplazamiento, ni los perjuicios
ocasionados al actor. De igual manera, comparte también la Sala lo manifestado por el a quo, en tanto
consideró abstenerse de ordenar por vía de tutela la reparación administrativa solicitada por el actor, (…). En
virtud de lo anterior, habrá de exhortarse a Acción Social, para que en cabeza del Comité de Reparaciones
Administrativas, resuelva la solicitud presentada por el actor el día 26 de febrero de 2009, dentro del término
estipulado por el Decreto 1290 de 2008. Por último, resulta igualmente acertada la decisión de amparar los
derechos fundamentales del actor, en cuanto a que deberá la accionada, brindar la atención que demande el
actor, en lo que tiene que ver con la información de derechos e inclusión en programas productivos, de salud,
educación y demás; así como continuar con el otorgamiento de las ayudas humanitarias de emergencia hasta
tanto se estabilice económicamente”.
8 “Encontrándose en trámite el incidente de desacato solicitado por la accionante, la parte accionada allegó
respuesta visible a folios 13 a 27 suscrita por la Dra. LUCY EDREY ACEVEDO MENESES en su calidad de Jefe Oficina
Asesora Jurídica reportando cumplimiento del fallo. De igual manera anexa copia del comunicado del 20 de
Junio de 2013, por la cual se da cumplimiento a la sentencia proferida por este Juzgado dentro de la acción de
tutela y la respuesta al derecho de petición vista a folio (22) del C/2. Siendo ello así, en el presente caso, la
situación que se evidencia un hecho superado a la luz de los ordenado en la sentencia proferida por este
Despacho Judicial.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06165-01
Demandante: Jorge Eliecer Hurtado Pino
Demandados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – Declara improcedente y niega
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8. 5) El 7 de febrero de 2022, el señor Hurtado Pino formuló incidente de
desacato por el presunto incumplimiento del fallo de tutela de 12 de julio
de 2010, ante lo cual, el Juzgado 16 Administrativo de Cali requirió a la
UARIV9 y esta manifestó que, a través de la Resolución No.
0600120223585398 de 19 de abril de 2022 decidió suspender
definitivamente la entrega de la ayuda humanitaria a Jorge Eliecer
Hurtado Pino porque, luego de un procedimiento de identificación, se
constató que él había logrado su estabilización económica.
9. 6) Por lo anterior, el Juzgado 16 Administrativo de Cali ordenó el
cierre definitivo del trámite incidental por considerar, en Auto de 11 de
mayo de 2022, que ya se había cumplido con lo ordenado en el fallo de
tutela.
10. Como fundamento de la vulneración, el accionante alegó que
Prosperidad Social no ha cumplido lo ordenado por el Juzgado 16
Administrativo de Cali y lo confirmado por el Tribunal Administrativo de
Valle del Cauca, a saber, (se trascribe) “facilitar los medios de información
para lograr beneficios de ayuda humanitaria, proyecto productivo,
vivienda y el pago de indemnización o reparación económica
administrativa”. En esa medida, afirmó que, pese a los desacatos
interpuestos por el incumplimiento de las órdenes de tutela dadas en 2010,
el juzgado los ha cerrado inexplicablemente.
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
11. Mediante Sentencia de 6 de julio de 2023, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó por improcedente la
acción de tutela, tras considerar que no se satisfizo el requisito de
inmediatez porque la tutela se presentó luego de 6 meses y 8 días, y no se
señaló alguna razón válida que justificara la tardanza en la presentación
de la acción de tutela.
12. Además, precisó que su decisión no desconocía la condición del
señor Hurtado Pino como víctima del conflicto armado, ya que el juzgado
demandado señaló que el accionante ya no se encontraba en las
condiciones para hacerse acreedor de la ayuda humanitaria de
emergencia por haber logrado su estabilización económica y la de su
familia, tal y como se indicó en la Resolución No. 0600120223585398 de
2022 de la UARIV, la cual podía ser controvertida a través de los recursos
dispuestos en los procedimientos administrativo y judicial.
9 Mediante Autos de 4 y 28 de marzo de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06165-01
Demandante: Jorge Eliecer Hurtado Pino
Demandados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – Declara improcedente y niega
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13. La parte actora presentó escrito de impugnación en el que, además
de insistir en los argumentos de la solicitud de amparo encaminados al
reconocimiento y pago, desde el 20 de agosto de 2010, de la reparación
administrativa y las ayudas humanitarias ordenadas en decisiones de
tutela, manifestó que el fallo estaba viciado, manipulado y vulneraba sus
derechos fundamentales, frente a lo cual dejó constancia de que su salud,
movilidad y economía eran precarias10.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de derechos y defectos objeto de estudio. 2.2. Fijación de la
controversia. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra acción u omisión de
autoridad pública. 2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales adoptadas en el trámite del incidente de desacato. 2.5.
Verificación de defectos y/o vulneración alegada. 2.6. Conclusión.
2.1. Identificación de los derechos y defectos objeto de estudio
14. Si bien, la parte actora no mencionó, expresamente, cuáles
derechos vulneró la providencia enjuiciada – Auto de 11 de mayo de 2022
• ni en qué defectos incurrió, lo cierto es que, tanto en el escrito de tutela
como en la impugnación, manifestó que el incumplimiento de las órdenes
de tutela persistía y, aun así, el Juzgado 16 Administrativo de Cali ordenó el
cierre definitivo del incidente de desacato que presentó. En esa medida, la
Sala considera que dicho reparo puede encuadrarse en el estudio de un
presunto defecto fáctico, relacionado con la apreciación de las pruebas
allegadas en el trámite incidental y su incidencia en la decisión.
15. En relación con los derechos presuntamente vulnerados, la Sala, al
igual que el juez de primera instancia, analizará el mínimo vital, habida
cuenta de que el accionante aludió a que se encontraba en una situación
económica precaria y, por ende, necesitaba de las ayudas, proyectos y
programas referidos en los fallos de tutela, cuyo cumplimiento solicitaba.
Además, se examinará el derecho al debido proceso, comoquiera que se
enjuició una actuación judicial, y, en tal sentido, cobra relevancia estudiar
si fue o no lesionado dicho derecho durante el desarrollo del trámite
judicial.
2.2. Fijación de la controversia
16. Establecer, luego de verificar los requisitos de procedencia de la
acción de tutela, si la UARIV, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
vulneraron los derechos del accionante, por el presunto incumplimiento de
10 (se transcriben) “mi salud es precaria, ciego en un 97%- con enfermedad prostática. Coló y vejiga. Por lo cual
mi movilidad es imposible sin alimentos sin economía – viviendo de posada en una casa abandonada, mi esposa
inválida de sus manos y mis hijos sin empleo. Nuestra edad es de 73 años.”
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – Declara improcedente y niega
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los fallos de tutela de 12 de julio y 23 de agosto de 2010. Igualmente, luego
de examinar los requisitos de procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial adoptada en el trámite de incidente de
desacato, si el Juzgado 16 Administrativo de Cali incurrió en un defecto
fáctico, al haber dispuesto el cierre del trámite incidental 2010-00221-00, sin
que se hubiera acreditado el cumplimiento de las órdenes de tutela.
Como consecuencia de lo anterior, se procederá a confirmar, modificar o
revocar el fallo impugnado, según sea el caso.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra acción u omisión de
autoridad pública
17. Respecto del presunto incumplimiento de lo ordenado en los fallos
de tutela de 12 de julio y 23 de agosto de 2010, por parte de la UARIV, el
DPS y el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad11, en la medida en que existe un mecanismo de defensa
judicial idóneo y no se invocó ni, mucho menos, acreditó un perjuicio
irremediable.
18. Sobre la existencia de un mecanismo de defensa judicial idóneo, la
Sala advierte que como lo pretendido por el accionante fue el
cumplimiento de lo dispuesto en las providencias referidas, el trámite para
lograr eso es el incidente de desacato, previsto en el artículo 52 del
Decreto 2591 de 199112.
19. En esa medida, la acción de tutela no puede ser utilizada como una
acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, es decir,
en el presente caso, no se puede acudir al juez constitucional con el ánimo
de invocar un aspecto propio de un trámite incidental que, en el caso
concreto, ya se surtió en 2 oportunidades, bajo el radicado No. 2010-00221-
00, a saber, uno que se archivó mediante el Auto de 24 de junio de 2013, y
otro que se cerró con el Auto de 11 de mayo de 2022 que aquí se cuestiona.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales adoptadas en el trámite del incidente de desacato
20. La Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-34 de 2018, expresó
que para que la acción de tutela procediera contra decisiones adoptadas
11 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta
improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
12 “ARTICULO 52. DESACATO. <Inciso CONDICIONALMENTE exequible> <Ver Notas del Editor> La persona que
incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable
con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se
hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico
quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción”
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en el trámite del incidente de desacato, se requería la superación de los
siguientes requisitos: (1) que la decisión adoptada en el trámite de
desacato se encontrara ejecutoriada, es decir, que la acción de tutela era
improcedente si se interponía antes de finalizado el trámite, incluido el
grado jurisdiccional de consulta, si era el caso, (2) que se acreditaran los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustentara, por lo menos, la configuración de
una de las causales específicas (defectos) y (3) que los argumentos del
promotor de la acción de tutela debían ser consistentes con lo planteado
por él en el trámite del incidente de desacato13.
21. En el presente caso, se logró evidenciar que, el asunto superó los
requisitos aludidos, como pasa a explicarse.
22. (1) La decisión cuestionada - Auto de 11 de mayo de 2022 - se
encuentra ejecutoriada, en la medida en que a través de esta el Juzgado
16 Administrativo de Cali dispuso cerrar definitivamente el trámite de
incidente de desacato.
23. 2) Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial se cumplieron, dado que: No existe recurso
idóneo y eficaz que permita a la parte demandante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente
vulnerados, pues contra la decisión que decide el desacato no se prevé
ningún recurso, únicamente, el grado de consulta en casos de sanción. No
se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relaciona con un auto
proferido en un trámite incidental. Se identificaron los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos. Igualmente, la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de derechos
fundamentales con ocasión de una providencia judicial cuyo debate
central gira entorno al cierre definitivo de un incidente de desacato.
24. Frente al requisito de inmediatez, esta Sala disiente de lo decidido
por el juez constitucional, tras verificar que sí hubo un plazo razonable entre
la fecha de notificación de la providencia enjuiciada (18/5/2214) y la de
interposición de la presente acción de tutela (18/11/2215).
13 “(…) de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente
de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio”.
14 Si bien, el auto enjuiciado se notificó por mensaje de datos enviado el 13 de mayo de 2022, lo cierto es que, en
atención a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, la notificación se entiende realizada el 18 de
mayo de 2022, esto es, una vez trascurridas 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje.
15 Pese a que el juez de tutela de primera instancia tuvo como fecha de presentación de la tutela el 21 de
noviembre de 2022, se constató que, en realidad, fue el 18 de noviembre de 2022, fecha en la que la Oficina
Judicial de Reparto de Cali la remitió a esta Corporación. Dicha información reposa en un documento que obra
en el expediente digital.
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Decisión: Revoca – Declara improcedente y niega
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25. 3) Los argumentos expuestos por el demandante en el escrito de
tutela son consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente
de desacato, a saber, el presunto incumplimiento del fallo de tutela de 12
de julio de 2010.
2.5. Verificación de defectos y/o vulneración alegada
26. En el presente caso, la Sala revocará la decisión del juez de tutela de
primera instancia que “rechazó” 16 por improcedente la acción de tutela,
por los motivos que pasan a explicarse.
27. El accionante cuestionó el Auto de 11 de mayo de 2022, por medio
del cual el Juzgado 16 Administrativo de Cali dispuso el cierre definitivo del
incidente de desacato que él presentó el 7 de febrero de 2022. Adujo que
la autoridad judicial demandada tomó esa decisión sin tener en cuenta
que aún no se había cumplido con lo dispuesto en el fallo de tutela de 12
de julio de 2010, confirmado el 23 de agosto de 2010. Respecto de lo
anterior, la Sala negará el amparo solicitado, por las siguientes razones:
28. Revisado el trámite incidental, se advirtió que, de manera previa17, se
requirió a la UARIV para que se pronunciara sobre el cumplimiento de la
sentencia aludida y brindara cierta información18. Así, con fundamento en
la respuesta dada por la UARIV el 26 de abril de 2022, en la cual dio a
conocer la Resolución No. 0600120223585398 de 2022, mediante la cual
suspendió definitivamente la entrega de los componentes de la atención
humanitaria al hogar representado por el accionante, el Juzgado 16
Administrativo de Cali dispuso el cierre definitivo del incidente de
desacato, pues trascribe):
“(…) según lo considerado por la UARIV, el accionante no se encuentra en
condiciones para que proceda el reconocimiento de los componentes de la
atención humanitaria, situación que permite predicar el cumplimiento de la
orden de tutela y se advierte que, en caso de que exista inconformidad por
parte del accionante, deberá controvertir la decisión contenida en la
Resolución N° 0600120223585398 de 2022 con los recursos concedidos en ese
acto administrativo y directamente ante la entidad involucrada. Como se
explicó con anterioridad, el amparo de los derechos fundamentales se
encontraba condicionado a lo que decidiera la entidad accionada en
desarrollo de sus competencias, entonces, al haberse suspendido de manera
definitiva los componentes de la atención humanitaria del señor Hurtado Pino,
debe cerrarse definitivamente el presente incidente de desacato, pues los
16 Para la Sala, la figura del rechazo de la acción de tutela, según el Decreto 2591 de 1991, está prevista para los
casos en de temeridad o en los que, habiéndose requerido a la parte, previa admisión de la acción, esta no
atiende dicho requerimiento.
17 Mediante los Autos de 4 y 28 de marzo de 2022.
18 “• Relación histórica de las ayudas humanitarias reconocidas al señor Jorge Eliecer Hurtado Pino. • Relación
histórica de los demás componentes de la atención humanitaria que se le hubiesen reconocido al accionante
hasta la fecha. • Se informe sobre el estado actual del accionante en la base de datos de la entidad y los
componentes de la atención humanitaria a los que puede acceder. Así mismo, se deberán identificar a los
funcionarios responsables del cumplimiento de la sentencia, con el fin de garantizar el debido proceso de
aquellos.”
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Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – Declara improcedente y niega
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supuestos que permitían su trámite desaparecieron con la resolución expedida
por la Unidad de Víctimas.”
29. En esa medida, en efecto, se advirtió el cumplimiento del fallo, pero
en lo relacionado a la orden que dispuso (se trascribe) “continuar
prestando la ayuda humanitaria de emergencia hasta tanto se logre la
estabilización socioeconómica del actor y su familia”.
30. Sin embargo, la Sala observa que la anterior no fue la única orden
que se dio en la acción de tutela No. 76001-33-31-016-2010-00221-00, pues
también se dispuso que Acción Social, hoy Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social (DPS), brindara la atención y ayuda al señor
Hurtado Pino, en lo relativo a la información de derechos e inclusión en
programas productivos, de salud y de educación, aspecto que, aunque
no fue analizado en este incidente de desacato, sí se estudió en uno
anterior, iniciado en 2013 y dirigido contra el director administrativo para la
Prosperidad Social.
31. En dicho trámite incidental, el DPS informó acerca de la oferta
institucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (SNARIV) a la que podía acceder el accionante, a saber:
Educación, a través del Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías
de Educación Departamental y Municipal, salud, a través del Ministerio de
Salud y Protección Social y las Secretarías de Salud Departamental y
Municipal, subsidio de vivienda, a través del Fondo Nacional de Vivienda,
estabilización socioeconómica, a través del SENA, Bancóldex y Banco
Agrario, adjudicación de tierras, a través del INCODER, ahora Agencia
Nacional de Tierras19 y ayuda psicológica a menores por parte del ICBF. En
ese orden, precisó que debía acercarse a las aludidas entidades, ya que
DPS no podía asumir competencias que no le correspondía y que no le
eran propias.
32. Además, en el fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo
de Valle del Cauca exhortó al Comité de Reparaciones Administrativas de
Acción Social, para que resolviera la solicitud presentada por el
accionante el 26 de febrero de 2009, aspecto sobre el cual, obra una
respuesta de 20 de junio de 2013, radicado No. 20137207869581, en la que
la UARIV indicó que en atención a la solicitud de ayuda humanitaria,
otorgó un giro a nombre del señor Hurtado Pino, como jefe de hogar, para
que fuera cobrado en la sucursal del Banco Agrario de Cali; ayuda
humanitaria que, como se evidenció anteriormente, fue suspendida
definitivamente por ausencia de carencias en los componentes de
alojamiento y alimentación básica.
19 Decreto 2363 de 2015.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06165-01
Demandante: Jorge Eliecer Hurtado Pino
Demandados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
33. En esa medida, la Sala considera que la decisión enjuiciada estuvo
sustentada y, por ende, no incurrió en un defecto fáctico ni vulneró el
derecho al debido proceso, al ordenar el cierre definitivo del incidente de
desacato No. 2010-00221-00, pues, como se comprobó, esta se
fundamentó en el cumplimiento de las órdenes de tutela dadas por el
Juzgado 16 Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca. Es más, tampoco se acreditó una trasgresión del derecho
fundamental al mínimo vital, pues, aunque el accionante alegó que su
salud, movilidad y economía eran precarias, lo cierto es que no acreditó
dicha condición.
2.6. Conclusión
34. Por las consideraciones expuestas, esta Sala revocará la Sentencia
de 6 de julio de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado que “rechazó”20 por improcedente la acción de
tutela, para en su lugar: (1) declarar improcedente el amparo respecto de
la acción u omisión de autoridad pública, esto es, el presunto
incumplimiento de lo ordenado en los fallos de tutela de 12 de julio y 23 de
agosto de 2010, por no satisfacerse el requisito de subsidiariedad y (2)
negar el amparo frente a los reparos contra el Auto de 11 de mayo de
2022, por no configurarse un defecto fáctico ni la vulneración al debido
proceso o al mínimo vital.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 6 de julio de 2023, mediante la cual
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó por
improcedente la acción de tutela. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la
acción de tutela promovida por Jorge Eliecer Hurtado Pino para obtener el
cumplimiento de unos fallos de tutela, por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad, y NEGARLA frente a los reparos expuestos contra el Auto de
11 de mayo de 2022, por las razones dadas en la parte motiva de esta
providencia.
20 Para la Sala, la figura del rechazo de la acción de tutela, según el Decreto 2591 de 1991, está prevista para los
casos en de temeridad o en los que, habiéndose requerido a la parte, previa admisión de la acción, esta no
atiende dicho requerimiento.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06165-01
Demandante: Jorge Eliecer Hurtado Pino
Demandados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca – Declara improcedente y niega
______________________________________________________________________________________________________________
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin21.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
21 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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