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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2023-00087-01

Fecha
29 de febrero de 2024
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2023-00087-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la UARIV. SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación presentada por la Procuraduría General de la Nación porque no se encuentra legitimada en la causa por pasiva. TERCERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar, para DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto a los cargos planteados contra la UARIV porque no se cumple con el requisito de la subsidiariedad. CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado con relación a las pretensiones de la acción de tutela dirigidas contra el Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, por los motivos aquí expuestos. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2023-00087-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

29 de febrero de 2024

Demandante: Jaime López Gutiérrez
Demandados: Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar y otros
Rad: 20001-23-33-000-2023-00087-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 20001-23-33-000-2023-00087-01
Demandante: JAIME LÓPEZ GUTIÉRREZ
Demandados: JUZGADO 3º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
VALLEDUPAR, UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tema: Tutela de fondo – confirma y modifica – declara improcedente –
requisito de subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el recurso de impugnación presentado por la parte accionante
contra la sentencia proferida en primera instancia el 31 de mayo de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Cesar. En ese fallo se declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado respecto del amparo solicitado por el accionante contra
el Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar por la presunta mora
judicial en la que incurrió.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El 19 de mayo de 2023, el señor Jaime López Gutiérrez interpuso acción de
tutela contra el Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV)
y la Procuraduría General de la Nación. Con la solicitud de amparo pretende que se
le protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la
igualdad.

2. El actor estimó vulneradas las anteriores garantías fundamentales por cuanto
el Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar no ha resuelto el
incidente de desacato que presentó contra la UARIV por el no cumplimiento del fallo
de tutela proferido el 15 de noviembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del

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Demandante: Jaime López Gutiérrez
Demandados: Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar y otros
Rad: 20001-23-33-000-2023-00087-01

Cesar en el que amparó su derecho fundamental al debido proceso y le ordenó a la
entidad en comento, entre otras cosas, el pago de una indemnización a favor del
señor Jaime López Gutiérrez1.

3. Además de lo anterior, el accionante consideró que la UARIV vulneró sus
derechos fundamentales por cuanto no ha dado cumplimiento al fallo de tutela
aludido. También, consideró que la Procuraduría General de la Nación desconoció
sus garantías constitucionales, al no haber ejercido una real vigilancia o control
sobre aquella entidad.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, el actor solicitó:

PRIMERO: Se ordene a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN DE
LAS VÍCTIMAS EN COLOMBIA de cumplimiento al debido proceso y de
cumplimiento como lo prometió por escrito al JUZGADO 03 ADMINISTRATIVO DE
VALLEDUPAR, CESAR y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
siendo este el medio expedito que tengo para pronunciarme me permito solicitar
también ordenar se de cumplimiento al fallo de tutela de segunda instancia,
también debe el JUZGADO accionado proceder a dar un trámite oportuno a la
sanción por omisión como debe la procuraduría realizar las acciones de su
competencia para garantizar los derechos de mi persona. Máxime cuando
presento DISCAPACIDAD VISUAL, HIPERTENSIÓN, SOY CABEZA DE MI
HOGAR, NO TENGO INGRESOS, MI COMPAÑERA SE ENCUENTRA
DESEMPLEADA Y TAMBIÉN CON PROBLEMAS DE SALUD, y que las
entidades accionadas realmente sean garante de lo que profesa el Estado
colombiano que es garante de los derechos constitucionales.

SEGUNDO: Ordene señor HONORABLE MAGISTRADO al representante legal o
quien haga sus veces de cada una de las entidades accionadas procedan de
conformidad con lo que le ordena su función de manera efectiva y pronta como
funcionario del Estado colombiano y no como víctimarios de las víctimas como se
ha venido haciendo desde hace más de 20 años.
(…)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia:

1.3.1. Sobre la acción de tutela

5. El accionante interpuso acción de tutela contra la UARIV y la Personería
Municipal de Agustín Codazzi, Cesar, por cuanto consideró vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de petición. Esto, por la falta de
reconocimiento y pago de la indemnización a la que tenía derecho por ser víctima
de desplazamiento forzado.

1
Rad. 20001-33-33-003-2022-00423-00/01.

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6. El asunto correspondió al Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, que en sentencia del 13 de octubre de 2022 negó las pretensiones de
la demanda.

7. En segunda instancia, el caso lo conoció el Tribunal Administrativo del Cesar,
que en sentencia del 15 de noviembre de 2022 revocó la decisión de primer grado.
En su lugar amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Jaime
López Gutiérrez y le ordenó a la UARIV: i) que dentro de los 10 días siguientes a la
notificación de esa decisión, le informara al accionante los documentos que debía
aportar para hacer efectivo el pago de la indemnización administrativa a la que tenía
derecho; y ii) que dentro de los 10 días posteriores, se le hiciera entrega al señor
Jaime López Gutiérrez de los dineros objeto de la indemnización.

1.3.2. Los incidentes de desacato promovidos por el accionante

8. Ante el presunto incumplimiento de la orden dispuesta en la sentencia de
tutela, el 7 de diciembre de 2022, el señor Jaime López Gutiérrez formuló incidente
de desacato contra la UARIV, el cual surtió el siguiente trámite:

Fecha Actuación
11 de enero de 2023 Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar
dispuso la apertura del incidente contra la UARIV.
23 de enero de 2023 El Juzgado accionado impuso sanción a la doctora María
Patricia Tobón Yagari con multa de 5 SMLMV.
2 de febrero de 2023 El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la anterior sanción.

9. Luego, el accionante nuevamente alertó sobre el incumplimiento del fallo de
tutela del 15 de noviembre de 2022, en razón de lo cual, se surtió nuevamente el
siguiente trámite incidental:

Fecha Actuación
13 de febrero de 2023 El juzgado accionado conminó a la representante legal de la
UARIV para que allegara prueba del cumplimiento del referido
fallo de tutela.
22 de febrero de 2023 El juzgado accionado ordenó abrir formalmente por segunda vez
el incidente de desacato contra la gerente de la UARIV.
9 de marzo de 2023 El Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar
impuso sanción a la representante legal de la UARIV, con multa
de 5 SMLMV y arresto de 1 día.
28 de marzo de 2023 El Tribunal Administrativo del Cesar en grado jurisdiccional de
consulta resolvió dejar sin efectos el auto del 9 de marzo de
2023 y ordenó tramitar un nuevo incidente en el cual se
subsanaran los defectos advertidos en esa providencia. Esto,
por cuanto no se había realizado una debida individualización
del funcionario que debía cumplir la orden de tutela.
14 de abril de 2023 El juzgado accionado en cumplimiento de la anterior
providencia, previo a ordenar seguir el trámite incidental oficio a

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la gerente o representante legal de la UARIV, para que informara
sobre el cumplimiento del fallo de tutela del 15 de noviembre de
2022.
La UARIV rindió informe en el que indicó que mediante
comunicación del 17 de marzo de 2023 se le informó al
accionante que el pago de la indemnización estaría disponible
para cobro a partir del 17 de mayo de 2023, lo cual además sería
28 de abril de 2023 debidamente notificado mediante acto administrativo.
El juzgado accionado requirió al señor Jaime López Gutiérrez
para que indicara si la UARIV dio cumplimiento al fallo de tutela
antes mencionado.
17 de mayo de 2023 El juzgado accionado ordenó abrir formalmente e incidente de
desacato contra la gerente de la UARIV al no advertirse el
cumplimiento del fallo de tutela aludido.

1.4. Fundamentos de la solicitud

10. El señor Jaime López Gutiérrez consideró que el Juzgado 3º Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar vulneró sus derechos fundamentales por cuanto
pese a que ha solicitado adelantar en diferentes oportunidades el trámite incidental
contra la UARIV, aquella autoridad judicial no ha decidido sobre aquel. Además,
indicó que la autoridad judicial accionada no le ha notificado ninguna actuación
relacionada con ese asunto.

11. Además de ello, el accionante indicó que la UARIV desconoció sus garantías
fundamentales por cuanto no ha realizado el pago de la indemnización ordenada en
el fallo del 15 de noviembre de 2022.

12. Por último, señaló que la Procuraduría General de la Nación desconoció sus
garantías fundamentales al no haber ejercido una real vigilancia o control sobre la
UARIV por el no pago de la indemnización reconocida en el fallo de tutela antes
mencionado.

1.5. Trámite de la acción de tutela

13. Mediante auto del 23 de mayo de 2023, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar al
Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, a la UARIV y a la
Procuraduría General de la Nación.

1.6. Intervenciones

14. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron los siguientes
informes:

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Demandante: Jaime López Gutiérrez
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Rad: 20001-23-33-000-2023-00087-01

1.6.1. Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar

15. La autoridad judicial accionada rindió informe en el que realizó un recuento
de las actuaciones surtidas en el trámite incidental y precisó que en auto del 24 de
mayo de 2023 ordenó imponer una sanción a la Directora General de la UARIV,
consistente en 1 día de arresto y 5 SMLMV, ante el incumplimiento del fallo del 15
de noviembre de 2022.

16. Por lo anterior, el juzgado accionado consideró que no vulneró los derechos
fundamentales del accionante. Por esto, solicitó negar las pretensiones de la acción
de tutela.

1.6.2. UARIV

17. La entidad demandada rindió informe en el que indicó que no tiene
competencia para pronunciarse sobre lo requerido por el accionante. Por esto,
consideró que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

18. Agregó que el fin natural de la Unidad es realizar un acompañamiento a las
víctimas del conflicto armado para que puedan acceder a los beneficios que les
corresponde para restablecer los derechos que les fueron arrebatados en el
momento de ocurrencia de los hechos victimizantes, función que no se encuentra
relacionada con lo pretendido en este caso.

1.6.2. Procuraduría General de la Nación

19. La entidad demandada rindió informe en el que sostuvo que revisado su
sistema de información, se encontró una solicitud presentada por el accionante, la
cual fue remitida a la UARIV mediante oficio PRC-90210 del 26 de abril de 2023,
entidad que en el marco de sus competencias es la llamada a atender lo pretendido
por el actor.

20. Por lo anterior, señaló que no existe vulneración de derecho fundamental
alguno –en lo que a ellos atañe– y que carecen de legitimación en la causa por
pasiva.

21. Por último, indicó que se evidencia un actuar temeriario por parte del actor,
dado que ha presentado multiplicidad de acciones de tutela.

1.7. Sentencia de primera instancia

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22. El Tribunal Administrativo del Cesar en providencia del 31 de mayo de 20232
resolvió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado por los siguientes
motivos:

23. Advirtió que, de la revisión del expediente contentivo de la acción de tutela,
se pudo constatar que efectivamente el Juzgado 3º Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar en auto del 24 de mayo de 2023 resolvió el incidente de
desacato propuesto por el accionante, en el que sancionó a la Directora General de
la UARIV con un día de arresto y una multa de 5 SMLMV ante el incumplimiento del
fallo del 15 de noviembre de 20223.

24. Por lo anterior, el juez de primer grado consideró que el hecho que motivó la
presente acción de tutela ha sido satisfecho en el curso de la primera instancia. Por
esto, en su sentir, se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por
hecho superado.

1.8. Impugnación

25. La parte accionante presentó recurso de impugnación4 en el que solicitó que
se revocara el fallo de primer grado. Esto, por cuanto en su sentir, la UARIV aún no
le ha notificado sobre el acto administrativo que dispone la respectiva
indemnización.

26. El juez de tutela de primera instancia mediante auto del 20 de febrero de
5
2024 concedió el recurso de impugnación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. Esta sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 31 de mayo de 2023
por el Tribunal Administrativo del Cesar. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2
Esta decisión fue notificada el 31 de mayo de 2023.
3
Verificada la plataforma SAMAI, se logra evidenciar que esta decisión fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Cesar en auto del 5 de junio de 2023.
4
El accionante presentó el recurso de impugnación el 5 de junio de 2023.
5
El juez de tutela de primera instancia indicó que por error involuntario omitió dar trámite a la
impugnación y envío el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esto, sin
advertir que la sentencia de primera instancia fue impugnada. Por lo anterior, solicitó a la Corte
Constitucional la devolución del expediente a ese Tribunal. Sin embargo, teniendo en cuenta que
había transcurrido un tiempo considerable desde el momento en que fue advertido dicho error (15
de noviembre de 2023), consultó la página web de aquella corporación y evidenció que dicho cuerpo
colegiado excluyó la presente acción de tutela de la eventual revisión. Por esto, le dio trámite
inmediato a la impugnación presentada por el actor el día 5 de junio de 2023.

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2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Sobre el limite de la impugnación

28. La sala al verificar la argumentación expuesta en el escrito de tutela y en
sede de impugnación y en aras de garantizar el derecho al debido proceso de la
accionante, circunscribe el debate a la posible vulneración de los derechos
fundamentales por parte de la UARIV al no dar cumplimiento al fallo de tutela del 15
de noviembre de 2022.

29. En consecuencia, de encontrar superados los requisitos generales de
procedibilidad, esta sección procederá a pronunciarse en segunda instancia sobre
la posible vulneración de las garantías fundamentales del actor por parte de la
UARIV.

2.2.2. Sobre la posible temeridad en el caso concreto

30. La sala nota que la Procuraduría General de la Nación señaló que el
accionante ha presentado distintas acciones de tutela ante distintas jurisdiccionales,
generando con ello una congestión judicial innecesaria.

31. Al respecto, verificado el sistema de consulta de procesos, se encuentra que
aquel no ha presentado otra acción de tutela que guarde identidad de partes, de
causa petendi y de objeto con la presente. Además, se evidencia que el señor Jaime
López Gutiérrez si bien ha presentado diferentes demandas6, lo cierto es que
aquellas han sido presentadas en ejercicio de los medios de control ordinarios,
diferentes a este mecanismo constitucional y en contra de entidades distintas a las
aquí demandadas.

32. Por lo anterior, habrá que descartarse en esta oportunidad la configuración
del fenómeno de la temeridad en relación con el actuar del señor Jaime López
Gutiérrez.

2.3. Legitimación en la causa y solicitudes de desvinculación

33. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

6
Al verificar la página de consulta de procesos, se evidencian 42 registros de procesos en curso.

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34. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la sala advierte que el
señor Jaime López Gutiérrez se encuentra legitimado en la causa por activa, porque
promovió el incidente de desacato, en el cual se predica la posible mora judicial por
parte del Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar. Además, es
el beneficiario de la indemnización ordenada en el fallo de tutela del 15 de
noviembre de 2022, de la cual extraña su pago por parte de la UARIV.

35. De otra parte, se observa que el Juzgado 3º Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar se encuentra legitimada en la causa por pasiva, en atención
a que de ella se desprende la omisión en decidir sobre el incidente de desacato
adelantado en contra de la UARIV por el no cumplimiento del citado fallo de amparo.

36. Igualmente, la UARIV se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por
cuanto es la entidad de la cual se desprende la falta de cumplimiento del aludido
fallo de tutela. Por esto, su solicitud de desvinculación será negada.

37. Por último, la sala considera que la Procuraduría General de la Nación no se
encuentra legitimada en la causa por pasiva. Al respecto, si bien el accionante
desprende la posible vulneración de sus derechos fundamentales ante una falta de
vigilancia administrativa contra la UARIV por el no cumplimiento del fallo de tutela
del 15 de noviembre de 2022, lo cierto es que tal como aquella entidad lo indicó en
su informe, dentro de sus funciones, preventiva y disciplinaria no se encuentra
contemplada la de vigilar el cumplimiento de los fallos de tutela.

38. En este punto, es preciso indicar que la verificación del cumplimiento de los
fallos de tutela es propia del juez constitucional en los términos previstos en los
artículos 277 y 528 del Decreto 2591 de 1991.

39. Además de lo anterior, la sala no pasa inadvertido que le corresponde la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial ,creada mediante Acto Legislativo No. 02

7
ARTICULO 27. Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirla sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del
responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento
disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el
superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas
para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior
hasta que cumpla su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la
competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza.
8
ARTICULO 52. Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en
el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta
de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una
consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción
será impuesta por el mismo juez mediante el trámite incidental y será consultada al superior
jerárquico, quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta
se hará en el efecto devolutivo.

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de 2015, la función jurisdiccional disciplinaría sobre los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial y no a la Procuraduría General de la Nación.

40. En ese orden de ideas, la sala considera que la Procuraduría General de la
Nación no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, razón por la que
accederá a su solicitud de desvinculación. Esto, porque se reitera no es la entidad
encargada de vigilar el cumplimiento del fallo de tutela y tampoco tiene a su cargo
la función jurisdiccional disciplinaria sobre los jueces de la República, la cual podría
darse en el evento en que la autoridad judicial no ejerza la función que le ha sido
para asegurar el cumplimiento de los fallos de tutela9.

2.4. Problema jurídico

41. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta, el material probatorio
recaudado y los informes presentados; los problemas jurídicos a resolver en el caso
concreto son los siguientes:

42. ¿La UARIV vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida
digna y a la igualdad del señor Jaime López Gutiérrez al no dar cumplimiento a la
orden de tutela dada por el Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia del 15
de noviembre de 2022, relativa al pago de una indemnización a favor del accionante
como víctima de desplazamiento forzado?

2.5. Naturaleza de la acción de tutela

43. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

44. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.6. Procedencia de la acción de tutela en este asunto

45. Como se mencionó, el artículo 86 de la Constitución Política condiciona la
procedibilidad de toda acción de tutela a que solo procederá cuando el afectado «no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como un

9
Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido: «Cuando el juez competente no ejerza la función
de vigilancia que le ha sido asignada para asegurar el cumplimiento de los fallos de tutela, debe
responder disciplinariamente». Auto 045 de 2004.

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mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». Lo anterior implica que
su ejercicio solo es procedente de manera subsidiaria, es decir, cuando no sea
posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

2.6.1. Análisis del requisito de subsidiariedad

46. En el presente caso, se tiene que el accionante acudió a la presente acción
constitucional, debido a que en su sentir, la UARIV aún no ha dado cumplimiento al
fallo de tutela del 15 de noviembre de 2022 en el que el Tribunal Administrativo del
Cesar dispuso el pago a su favor de una indemnización al ser víctima de
desplazamiento forzado, lo cual atenta contra sus derechos fundamentales.

47. Sin embargo, la sala considera que no se cumple con el requisito de la
subsidiariedad por los motivos que pasa a exponer.

48. Verificada la plataforma SAMAI, esta sección encuentra que, con
posterioridad al fallo de primera instancia proferido dentro de este mecanismo
constitucional, el día 21 de junio de 2023, el accionante nuevamente le solicitó al
Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar que ordenara la
apertura del incidente de desacato contra la UARIV, por cuanto para esa fecha no
había dado cumplimiento al fallo de tutela del 15 de noviembre de 2022.

49. Esta solicitud ha surtido el siguiente trámite ante el Juzgado 3º Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar:

Fecha Actuación

30 de junio de 2023 El juzgado accionado dispuso la apertura del incidente de
desacato contra la Directora de la Dirección de la UARIV,
ya que no se advierte el cumplimiento del fallo de tutela
proferido el 15 de noviembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

4 de julio de 2023 El juzgado accionado notificó la anterior decisión10.

50. En ese orden de ideas, la sala advierte que la acción de tutela resulta
improcedente toda vez que ante el aparente incumplimiento por parte de la UARIV
frente al fallo de tutela del 15 de noviembre de 2022, nuevamente se dispuso la
apertura del incidente de desacato en contra de la Directora General de esa entidad,
el cual además no ha finalizado.

51. En otras palabras, aún no existe una decisión definitiva sobre el aparente y
reiterado incumplimiento por parte de la UARIV. En ese orden, este medio
constitucional no tiene la facultad de modificar el trámite del proceso incidental

10
Esta decisión fue comunicada al accionante al correo electrónico: jademe81@hotmail.es dispuesto
por el accionante para surtir las notificaciones.

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime López Gutiérrez
Demandados: Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar y otros
Rad: 20001-23-33-000-2023-00087-01

cuando todavía existen temas por resolver, pruebas por recaudar, estudios por
realizar y, en todo caso, el juez no ha adoptado una decisión definitiva sobre el
cumplimiento de la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2022.

52. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática en
señalar que la autoridad que brindó la protección de los derechos fundamentales,
tiene competencia para lograr la efectividad del amparo al derecho conculcado.
Como principio general, es el juez de primera instancia el encargado de hacer
cumplir la orden impartida, así provenga del fallo de segunda o de revisión, ya que
mantiene la competencia hasta tanto no se cumpla la orden a cabalidad de
conformidad con lo previsto en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 199111.

53. Luego entonces, es claro concluir que la parte accionante cuenta con otro
medio de defensa judicial idóneo para evitar un daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre sus derechos fundamentales por
parte de la UARIV, esto es el incidente de desacato previsto en el artículo 52 del
Decreto 2591 de 199112, el cual, además, se encuentra actualmente en trámite en
el Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar.

54. En esa medida, la acción de tutela no puede ser utilizada como un
mecanismo judicial sustitutivo de los recursos ordinarios, es decir en el presente
caso, no se puede acudir al juez constitucional con el ánimo de invocar un aspecto
propio de un trámite incidental, que en el caso concreto se advierte que actualmente
se encuentra surtiendo un nuevo trámite incidental en contra de la UARIV ante el
aparente incumplimiento del fallo de tutela del 15 de noviembre de 202213.

55. Por los motivos aquí expuestos, esta sala modificará la decisión de primera
instancia proferida el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar,
para declarar improcedente la acción de tutela respecto a las pretensiones dirigidas
por el accionante contra la UARIV por cuanto no se encuentra superado el requisito
general de subsidiariedad.

11
Corte Constitucional. Sentencia T- 458 de 2003. En sentido similar, ver: Corte Constitucional. Autos
159 de 2015 y 288 de 2020.
De conformidad con el alto tribunal, esto obedece a que las órdenes contenidas en los fallos de tutela
deben cumplirse. La autoridad o el particular obligado lo debe hacer de la manera que fije la
sentencia. Si el funcionario público o el particular a quien se dirige la orden no la cumple, se viola
no solo el artículo 86 de la C. P., sino la norma constitucional que establece el derecho fundamental
que se ha infringido, y la eficacia que deben tener las decisiones judiciales. De ahí las amplias
facultades otorgadas al juez de tutela para concretar el respeto al derecho fundamental. Corte
Constitucional. Sentencia SU- 1158 de 2003.
12
Artículo 52.-Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el
presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta
de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una
consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior
jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La consulta
se hará en el efecto devolutivo.
13
Esta corporación se ha pronunciado en sentido similar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 15 de noviembre de 2023. Rad. 11001-
03-15-000-2022-06165-01.

11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jaime López Gutiérrez
Demandados: Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar y otros
Rad: 20001-23-33-000-2023-00087-01

56. Sin embargo, la sección confirmará en lo demás la decisión de primer grado
que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado con relación a los
cargos dirigidos en contra del Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar. Esto, en la medida en que, frente a esta decisión, el accionante no
presentó ningún reproche en el recurso de impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la UARIV.

SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación presentada por la
Procuraduría General de la Nación porque no se encuentra legitimada en la causa
por pasiva.

TERCERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, para DECLARAR improcedente la acción de
tutela respecto a los cargos planteados contra la UARIV porque no se cumple con
el requisito de la subsidiariedad.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 31 de mayo de 2023
por el Tribunal Administrativo del Cesar que declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado con relación a las pretensiones de la acción de tutela dirigidas
contra el Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, por los
motivos aquí expuestos.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Jaime López Gutiérrez
Demandados: Juzgado 3º Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar y otros
Rad: 20001-23-33-000-2023-00087-01

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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