Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06400-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06400-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06400-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
2 de febrero de 2023
Demandantes: Rosa Edith Cruz Ospina y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2022-06400-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2022-06400-00
Demandantes: ROSA EDITH CRUZ OSPINA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por los señores Andrés Felipe
Garzón, Rosa Edith Cruz Ospina y Karent Daniela Garzón Murcia, en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 30 de noviembre de 2022 en la ventanilla virtual del
Consejo de Estado, los señores Andrés Felipe Garzón, Rosa Edith Cruz Ospina y
Karent Daniela Garzón Murcia, por conducto de apoderada, interpusieron acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño con el fin de que se protejan
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, “a la justicia, a la verdad, a la reparación y los demás que de
oficio precise y advierta la honorable Corporación”.
Consideraron vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia del 21 de abril de 2022, que revocó parcialmente el fallo del 28 de junio
de 2019, a través del cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Mocoa había accedido a las pretensiones de la demanda, en el sentido de
modificar el monto de la condena impuesta en primera instancia, dentro del
proceso de reparación directa con radicado 52001-33-33-751-2015-00066-
01(8944), promovido por los accionantes en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Armada Nacional.
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Demandantes: Rosa Edith Cruz Ospina y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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En concreto, solicitó a esta Corporación:
“PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, A LA
IGUALDAD, A LA JUSTICIA, A LA VERDAD A LA REPARACION Y LOS
DEMAS QUE DE OFICIO PRECISE Y ADVIERTA LA HONORABLE
CORPORACION que los demandantes son víctimas de desaparición
forzada y en consecuencia se decrete lo pertinente a fin de que se
restablezcan los derechos y garantías fundamentales vulnerados a los
demandantes en la acción de reparación directa y se ordene en un término
prudencial de 30 días, siguientes a la notificación de esta decisión emitir una
nueva sentencia en estricto acatamiento dicte otra providencia en la que se
liquide y actualice nuevamente el monto de los factores correspondientes al
lucro cesante reclamado por los Señores Demandantes, en el proceso de
reparación directa señalado, siguiendo la línea considerativa y se dicte el fallo
que quede plenamente otorgada reconocida el daño material actualizada la
indemnización como son las interpretaciones dadas por las Altas cortes.
SEGUNDA: Que se declare que la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, el 21 de abril del 2022 y Notificado el 31 de
mayo del 2022 dentro del proceso 86001333100220150006601, Cometido
defectos en la Sentencia Que como consecuencia de las anteriores
declaraciones, se sirvan ordenar al Tribunal Administrativo de Nariño, que
emita la providencia de remplazo y que en derecho corresponda en el
proceso Ordinario de Acción de Reparación Directa, referenciado con el
número 86001333100220150006601, en el que funge como demandante la
señora ROSA EDITH CRUZ OSPINA Y OTROS como demandados LA
NACION MINISTERIO DE DEFENSA ARMADA NACIONAL; sentencia que
no puede ser otra que la providencia que declare realizar el reconocimiento
pleno de los daños materiales y La liquidación que corresponde efectuar cuya
indemnización consolidada o histórica que se establecerá a partir de la
fórmula financiera que ha sido tradicionalmente utilizada por la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden, se llevará a cabo la
cuantificación de los perjuicios materiales, de conformidad cuya
indemnización debe ser consolidada o histórica se establecerá a partir de la
fórmula financiera que ha sido tradicionalmente utilizada por la Sección en
cada proceso para la indemnización integral de los Perjuicios Materiales.” (Sic
a lo transcrito. Resaltado del texto original).
2. Hechos
Del escrito de tutela y el expediente ordinario se extraen los siguientes supuestos
fácticos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a
adoptar dentro del presente asunto.
El señor Lucio Garzón Guzmán, familiar de los aquí accionantes, desapareció el 1°
de enero de 1998 mientras prestaba su servicio militar obligatorio para la Armada
Nacional en el Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina No. 04, ubicado en
Puerto Leguízamo, Putumayo.
Por lo anterior, la familia interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de
la Nación por el presunto delito de desaparición forzada.
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Posteriormente, el Juzgado Primero de Familia de Neiva, mediante sentencia del
22 de marzo de 2012, declaró la muerte presunta del señor Garzón Guzmán,
tomando como día probable de su fallecimiento el 1º de enero de 1998.
Con base en lo anterior, los señores Andrés Felipe Garzón Cruz, Rosa Edith Cruz
Ospina, Karent Daniela Garzón, Murcia, Leocalia Guzmán Betancourt, Lucio
Garzón Macías, Yineth Garzón Guzmán, Uwendy Garzón Guzmán, Zenaith
Garzón Guzmán y Jacob Guzmán Betancourt interpusieron demanda de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada
Nacional, con el fin de que fueran declarados administrativa y patrimonialmente
responsables de los daños ocasionados por la desaparición y muerte del señor
Lucio Garzón Guzmán.
El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Mocoa, autoridad que accedió a las pretensiones de la
demanda a través de sentencia del 28 de junio de 2019.
Al respecto, estableció que el estudio de los daños sufridos durante la prestación
del servicio militar obligatorio debía efectuarse a partir del régimen de
responsabilidad objetivo.
Explicó que aunque no estaban claras las condiciones de tiempo, modo y lugar en
las que se produjo la desaparición del señor Garzón Guzmán, esta ocurrió
mientras prestaba el servicio militar, es decir, cuando se encontraba bajo el
cuidado y custodia de la Institución.
Precisó que la víctima estaba sometida a una relación de especial sujeción cuando
se dio su muerte presunta, por lo que resultaba clara la responsabilidad de la
administración en el caso concreto.
Con base en lo anterior, resolvió condenar a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Armada Nacional a pagar la suma de $89.434.073 por concepto de lucro
cesante consolidado, la cual se pagaría en un 50% a la señora Rosa Edith Cruz
Ospina en su condición de compañera permanente, y el 50% restante en favor de
sus hijos Karen Daniela Garzón Murcia y Andrés Felipe Garzón Cruz.
Así mismo ordenó el pago de $31.777.787 como lucro cesante futuro, pagaderos a
la señora Cruz Ospina y a sus hijos en los mismos porcentajes.
Finalmente, dispuso pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes
sumas de dinero:
DEMANDANTE PARENTESCO INDEMNIZACIÓN
Garzón Murcia Karen Daniela Hija 100 S.M.M.LV
Garzón Cruz Andrés Felipe Hijo 100 S.M.M.LV
Compañera
Rosa Edith Cruz Ospina 100 S.M.M.LV
Permanente
Leocadia Betancourt Guzmán Madre 50 S.M.M.LV
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Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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Luciano Garzón (q.e.p.d) Padre 50 S.M.M.LV
Yineth Garzón Guzmán Hermana 25 S.M.M.LV
Uwendy Garzón Guzmán Hermana 25 S.M.M.LV
Zenaith Garzón Guzmán Hermana 25 S.M.M.LV
Inconformes con la anterior decisión, ambas partes la apelaron: la entidad con el
fin de que se declarara probada la causal de exoneración de culpa exclusiva de la
víctima, y los demandantes con el objeto de que se aumentara el monto de la
indemnización otorgada.
La providencia de segunda instancia fue revocada por el Tribunal Administrativo
de Nariño mediante sentencia del 20 de mayo de 2021, al considerar que se había
configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.
Por su parte, los accionantes interpusieron una acción de tutela contra este fallo,
argumentando que los casos de desaparición forzada han sido abordados por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, corporaciones
que han establecido que el término para demandar debe contarse desde la fecha
en que aparezca la víctima o desde la ejecutoria del fallo adoptado en el proceso
penal, circunstancias que no se habían presentado en el caso concreto.
El conocimiento de la solicitud de amparo le correspondió a la Sección Primera de
esta Corporación bajo el radicado 11001-03-15-000-2021-10925-00, autoridad que
amparó los derechos fundamentales de la parte actora mediante sentencia del 10
de marzo de 2022, en el que acogió la postura de los demandantes, dejó sin
efectos la providencia censurada y ordenó emitir una decisión de reemplazo en la
que se tuviera en cuenta el precedente sobre el término de caducidad del medio
de control de reparación directa en eventos sobre desaparición forzada.
En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Nariño emitió la
sentencia de reemplazo el 21 de abril de 2022, en la que revocó parcialmente el
fallo 28 de junio de 2019.
Estableció que, tal y como fue establecido en primera instancia, la entidad
demandada era responsable de la muerte presunta del señor Lucio Garzón
Guzmán porque su desaparición y posterior deceso se produjo mientras prestaba
su servicio militar obligatorio.
Además, agregó que no existía prueba de que la víctima estuviera de permiso
cuando se dieron los hechos objeto de controversia, razón por la cual no estaba
acreditada la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima que había
sido invocada por la Armada Nacional.
No obstante, modificó la condena impuesta bajo el argumento de que el juzgado
de primera instancia incurrió en falencias que debían resarcirse para garantizar
una efectiva reparación para la parte demandante.
En tales condiciones, condenó a la entidad al pago de $100.668.760 en favor de la
señora Rosa Edith Cruz Ospina, $50.334.380 para Karen Daniela Garzón Murcia y
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$50.334.380 para Andrés Felipe Garzón Cruz, por concepto de perjuicios
materiales.
Así mismo, dispuso condenar en abstracto a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Armada Nacional, a pagar a la señora Cruz Ospina lo correspondiente al
lucro cesante futuro, para lo cual debía adelantarse el respectivo incidente de
liquidación de perjuicios.
Finalmente, modificó el monto de la indemnización por perjuicios morales, así:
DEMANDANTE PARENTESCO S.M.M.L.V.
Compañera
Rosa Edith Cruz Ospina 100
Permanente
Karen Daniela Garzón Murcia Hija 100
Andrés Felipe Garzón Cruz Hijo 100
Leocadia Betancourt Guzmán Madre 100
Luciano Garzón (q.e.p.d) Padre 100
Yineth Garzón Guzmán Hermana 50
Uwendy Garzón Guzmán Hermana 50
Zenaith Garzón Guzmán Hermana 50
3. Sustento de la vulneración
Según la parte actora, a través de la sentencia de segunda instancia se
desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, “a la justicia, a la verdad, a la reparación y
los demás que de oficio precise y advierta la honorable Corporación”.
Mencionó que en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño no se
hizo una condena integral, ya que no hubo un resarcimiento pleno ni en equidad.
Aseguró que no se usaron aplicativos técnicos actuariales y no se tuvo en cuenta
que en el recurso de apelación se había solicitado la integralidad de la
indemnización.
Consideró que la fuente jurídica de la indemnización integral radica en los deberes
del Estado de proteger la vida y libertad de las personas, así como de
solidarizarse con la descendencia de sus servidores.
Por lo anterior, alegó que se incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento
del artículo 16 de la Ley 446 de 2018, que dispone que “dentro cualquier proceso
que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a
las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y
equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.
Señaló que también se desconoció el deber que impone el artículo 357 del Código
de Procedimiento Civil, relativo a que la competencia del juez de segunda
instancia está limitada a los argumentos presentados contra la sentencia
impugnada.
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Agregó que se transgredió el contenido del artículo 283 del Código General del
Proceso, en el que se establece que el resarcimiento debe ser concreto, pleno y
en equidad, puesto que la autoridad judicial no tuvo en cuenta los criterios técnicos
actuariales y basó su decisión en su propio capricho.
Manifestó que se violó directamente la Constitución por desconocimiento del
artículo 228 superior, que prescribe que la administración de justicia es una
función pública en la que debe prevalecer el derecho sustancial.
Explicó que, por tal razón, el resarcimiento debió ser total por encontrarse probada
la responsabilidad de la Armada Nacional en el caso concreto.
Argumentó que se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
ya que desde el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia se había solicitado la imposición de una condena integral por los daños
materiales, así que el deber de la autoridad judicial era actuar jurídicamente y no a
capricho, máxime si se encontraba demostrada la responsabilidad de la entidad
demandada en la desaparición y muerte del señor Lucio Garzón Guzmán.
Indicó que se configuró un defecto fáctico porque el Tribunal Administrativo de
Nariño estaba obligado a aplicar formulas actuariales y no concedió la totalidad de
la indemnización por daños materiales pese a que así le fue solicitado en la
alzada.
Aseveró que se desconoció el precedente contenido en la sentencia SU-061/18,
en la que la Corte Constitucional estableció que, en casos excepcionales, “debe
interpretar la relación jurídico procesal trabada por las partes y no simplemente aplicar el
principio de justicia rogada cuando: (i) la falta de técnica jurídica le impide comprender
con suficiencia algunos de los presupuestos relevantes que orientan su labor en el
proceso ; (ii) la aplicación estricta de este principio desconozca normas o principios
consagrados en la Constitución Política; (iii) deje por fuera el cumplimiento de
compromisos asumidos por el Estado colombiano en materia de derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y, por último, (iv) en la
resolución del caso concreto, aun aplicándose normas procesales pertinentes, se
ignoran otras disposiciones jurídicas relevantes para la adopción de una adecuada
decisión”. (Resaltado del escrito de tutela)
Añadió que no se tuvo en cuenta la sentencia del 18 de julio de 2019, proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado en el expediente 44.572, en la que se
precisaron los criterios para el reconocimiento del lucro cesante y el daño
emergente por privación injusta de la libertad.
Finalmente, sostuvo que se desconoció la sentencia del 28 de agosto de 2014,
proferida por la Sección Tercera de esta Corporación dentro del expediente
05001-23-25-000-1999-01063-01 (32988), en la que se estudió un caso de
desaparición forzada y se estableció que la entidad demandada había incumplido
los compromisos asumidos por el Estado colombiano en materia de derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
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Expresó que tales decisiones no fueron acatadas por la autoridad judicial porque
no quiso desarrollar las fórmulas matemáticas o actuariales para otorgar un
resarcimiento justo y pleno.
4. Trámite de la acción de tutela
A través de auto del 5 de diciembre de 2022 se admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño.
Adicionalmente, se vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso
al juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa, a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional y a los señores Leocadia
Betancurt Guzmán, Yineth Garzón Guzmán, Uwendy Garzón Guzmán, Zenaith
Garzón Guzmán y Jacobo Guzmán Betancourt, demandantes del trámite de
reparación directa en el cual se profirió la providencia atacada.
Para la debida vinculación de estos últimos, se ofició al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa para que, haciendo uso del medio
más expedito y eficaz, practicara dichas comunicaciones y acreditara tales
diligencias; de igual forma, se dispuso la publicación correspondiente en la página
web del Consejo de Estado y se ordenó librar oficio al Tribunal Administrativo de
Nariño para que también realizara una publicación en su página web o en un sitio
de la Corporación visible al público.
5. Argumentos de defensa
Realizadas las notificaciones de rigor, se dieron las siguientes intervenciones:
5.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa
El despacho judicial de primera instancia se limitó a enviar copia digital del
expediente ordinario.
5.2. Tribunal Administrativo de Nariño
El magistrado ponente de la decisión cuestionada pidió que se denegara el
amparo solicitado por la parte actora.
Afirmó que en el trámite ordinario se garantizó el debido proceso y el derecho de
defensa de todos los intervinientes.
Señaló que la providencia de segunda instancia está debidamente motivada y en
ella se realizó una relación detallada de las normas y jurisprudencia aplicable al
caso concreto, por lo que no es posible calificarla como irregular.
Consideró que en el fallo se hicieron las valoraciones probatorias adecuadas, pues
se estudió de manera conjunta todo el material que obraba en el expediente y, a
partir de allí, se adoptaron las decisiones correspondientes en relación con el
reconocimiento de los perjuicios materiales.
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Aseguró que no se encuentran configuradas las causales de procedencia de la
tutela contra providencia judicial, por lo que no hay lugar a acceder a las
pretensiones de la acción.
5.3. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional
La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional de la entidad alegó que
con la presente solicitud de amparo se había incurrido en temeridad.
Explicó que la parte actora ya había proferido una acción de tutela por los mismos
hechos, la cual fue tramitada por la Sección Primera del Consejo de Estado bajo el
radicado 11001-03-15-000-2021-10925-00.
Mencionó que, en esa ocasión, se dejó sin efectos la sentencia del 20 de mayo de
2021, con la cual el Tribunal Administrativo de Nariño había declarado la
caducidad del medio de control de reparación directa y, en su lugar, ordenó dictar
una decisión de reemplazo en la que se hiciera el pronunciamiento de fondo
respecto de las pretensiones de la demanda.
Agregó que la autoridad judicial, en cumplimiento de la orden de amparo, profirió
la sentencia de reemplazo del 21 de abril de 2022, la cual es controvertida con la
presente acción de tutela.
Consideró que tal situación denotaba que la parte actora actuaba de forma
temeraria al interponer una nueva solicitud de amparo por los mismos hechos.
Sostuvo que tampoco se presenta ninguno de los defectos que hacen procedente
la acción de tutela contra providencia judicial, máxime si se tiene en cuenta que ya
hay una sentencia en la que se ampararon los derechos fundamentales de los
accionantes.
Por tal razón, solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción por
configurarse el fenómeno jurídico de la temeridad.
5.4. Demás demandantes del proceso ordinario
Los señores Leocadia Betancurt Guzmán, Yineth Garzón Guzmán, Uwendy
Garzón Guzmán, Zenaith Garzón Guzmán y Jacobo Guzmán Betancourt no se
pronunciaron, a pesar de que el contenido del auto admisorio les fue notificado
mediante Oficio IMLS No. 3251 del 13 de diciembre de 2022, entregado en la
dirección de correspondencia aportada por la parte actora, y mediante avisos
publicados en las páginas web del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo
de Nariño el 7 y 9 de diciembre de 2022, respectivamente.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
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La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
el Tribunal Administrativo de Nariño desconoció sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, “a la
justicia, a la verdad, a la reparación y los demás que de oficio precise y advierta la
honorable Corporación”, con ocasión de la del 21 de abril de 2022, que revocó
parcialmente el fallo del 28 de junio de 2019, a través del cual el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Mocoa había accedido a las pretensiones de
la demanda, en el sentido de modificar el monto de la condena impuesta en
primera instancia, dentro del proceso de reparación directa con radicado 52001-
33-33-751-2015-00066-01(8944), promovido por los accionantes en contra de la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional.
Para el efecto, habrá de estudiarse si la autoridad judicial vulneró las garantías
constitucionales de los actores al abstenerse de ordenar el pago de una
indemnización integral por los perjuicios ocasionados con ocasión de la
desaparición y muerte presunta del señor Lucio Garzón Guzmán.
En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 20121, mediante el cual
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales2, conforme al cual:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el
criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido
el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes
y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-
10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
1
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
2
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”3.
La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de
tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de
tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de
unificación.
Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues
la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento
jurisprudencialmente…”.
En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 de la Carta y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia4 a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia
sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -
procedencia adjetiva-.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que el asunto
sea relevante desde el punto de vista constitucional, ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
3
Idem.
4
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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Demandantes: Rosa Edith Cruz Ospina y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Rad: 11001-03-15-000-2022-06400-00
Se resalta que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
4. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
Constitucional
Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que el
caso objeto de estudio no es relevante desde el punto de vista constitucional, por
cuanto al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela se puede colegir
que la parte actora únicamente planteó una inconformidad netamente económica,
sin que sea posible establecer una verdadera vulneración de garantías del orden
superior como lo son los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad, “a la justicia, a la verdad, a la
reparación y los demás que de oficio precise y advierta la honorable Corporación”.
Lo anterior, en consonancia con la sentencia del 29 de septiembre de 20225, en la
que la Sección Quinta declaró la improcedencia de la acción por no superar el
requisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate
jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía
era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.
Esto, de conformidad con la postura fijada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, a través de la cual se unificaron los criterios respecto
del precitado presupuesto.
En el aludido pronunciamiento, el Alto Tribunal revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de
Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S.
contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre6.
En esa oportunidad, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección
Quinta se limitó a examinar la inmediatez, que no se tratara de una acción de
tutela contra una decisión de la misma naturaleza y la subsidiariedad.
5
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01. Demandante:
DARÍO JOSÉ MONTERO GUERRERO. Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA ORAL A.
6
En dicho proceso, la Sección Quinta definió en primera instancia declarar la improcedencia por no
encontrar satisfecho el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros cargos
de la acción constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la
decisión del a quo. Con la acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido contra las liquidaciones
oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como ingresos gravados la tarifa
del IVA por los servicios de producción prestados por RTI S.A.S. y se le sancionó por inexactitud
frente a las declaraciones sobre el impuesto sobre las ventas que presentó por el año gravable
2010.
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Por su parte, la Sección Primera encontró satisfechos los requisitos generales que
ha señalado la Corte Constitucional7, salvo el de la subsidiariedad frente a uno de
los cargos y, sobre la relevancia constitucional determinó que «se invocaron los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados».
No obstante, la Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos
en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional.
En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «…el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada
señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y
exhaustivo de la providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se
cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser
más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de
cierre…».
El Alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
cuestionado, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia
adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada Corporación precisó que las finalidades de este requisito son
las siguientes:
«(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal8» (Énfasis de la Sala).
Así mismo, luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo
que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, puesto que:
i) No tenía la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental,
7
i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
8
Sentencia SU 573 de 2019.
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ii) involucraba un debate eminentemente legal,
iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,
iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
En el caso objeto de estudio, la acción de tutela presentada por los señores
Andrés Felipe Garzón, Rosa Edith Cruz Ospina y Karent Daniela Garzón Murcia
no satisface el requisito de relevancia constitucional, ya que solo se plantea un
debate sobre aspectos meramente económicos, sin que exista una argumentación
tendiente a demostrar la grave violación de los derechos fundamentales
invocados.
Por lo mismo, el debate planteado por la parte actora no tiene la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental.
En efecto, la solicitud de amparo se limita a advertir una inconformidad con la
decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Nariño frente al hecho de que
no se haya otorgado una indemnización integral frente a los perjuicios causados
con ocasión de la desaparición y muerte presunta del señor Lucio Garzón
Guzmán, sin que se identifiquen de manera razonable las razones de la
transgresión de las garantías de los accionantes.
Aunque en el escrito de tutela se planteó la configuración de los defectos
sustantivo, procedimental absoluto, fáctico, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución, lo cierto es que los argumentos presentados
por la parte actora se traducen en una única inconformidad, que consiste en que la
autoridad judicial no haya ordenado pagar una indemnización integral al liquidar
los perjuicios materiales dentro del proceso ordinario.
De lo expuesto, es evidente que los tutelantes solo alegaron un desacuerdo de
tipo económico con el monto de la condena impuesta por el Tribunal
Administrativo de Nariño en la sentencia de segunda instancia, sin que de ello se
advierta un esfuerzo tendiente a demostrar algún tipo de irregularidad que se
traduzca en la vulneración de sus garantías fundamentales y que haga procedente
el estudio de fondo por parte del juez de tutela.
En consecuencia, como el debate relacionado con la indemnización de los
perjuicios a cargo de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional,
ya fue resuelto por las autoridades judiciales a través de los mecanismos
ordinarios dispuestos para tal fin y no se evidencia una problemática
constitucional, no es posible que el juez de tutela se inmiscuya en cuestiones que
desbordan su competencia; de lo contrario, se desnaturalizaría el carácter
excepcional y especial de la solicitud de amparo.
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Así las cosas, la Sala considera que no se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia constitucional, ya que la solicitud de amparo solo plantea
una discusión de tipo económico y no tiene la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental.
Por tal razón, la acción de tutela será declarada improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por los
señores Rosa Edith Cruz Ospina, Andrés Felipe Garzón y Karent Daniela Garzón
Murcia, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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